Una habitación en Madrid cuesta 550 euros de media y condiciona ya qué carrera puede estudiar miles de jóvenes. El precio del alquiler ha dejado de ser un asunto de adultos: se ha colado en la decisión de dónde y qué se estudia.
El alquiler se ha convertido en el primer filtro de la universidad. El precio de una habitación en la capital roza esos 550 euros de media en el primer semestre del año, según los datos de Idealista. Elegir carrera depende ya de cuánto cuesta vivir en la ciudad.
¿Qué ha aprobado el Gobierno y a quién beneficia?
El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de 45 millones de euros en subvenciones para construir o rehabilitar infraestructuras destinadas a universitarios, docentes e investigadores. Siete proyectos se reparten los 45 millones del nuevo decreto, con la Universidad Autónoma de Madrid a la cabeza (13,3 millones) y el campus de Albacete de Castilla-La Mancha detrás (8,1). Figuran también la Pablo de Olavide de Sevilla (6,5), la Universidad de Burgos (5,9), la de Jaén (3,5) y el Ayuntamiento de Lleida (2,9).
El modelo no son residencias al uso, sino alojamientos con espacios comunes como cocinas, bibliotecas, o gimnasios, más cerca del piso compartido. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió que la iniciativa sirva de inspiración a otras administraciones y que facilite el acceso a quien más lo necesita, porque se ha detectado que hay jóvenes que renunciaron a estudiar donde querían por el precio del alojamiento. Las viviendas deberán mantener ese fin social y precios asequibles con luz y wifi incluidos.
¿A quién afecta y cómo cambia su día a día?
Los estudiantes desplazados representan el 48,8% del alumnado y el alojamiento se come buena parte de sus becas. Cursar fuera de casa implica entre 6.000 y 15.000 euros anuales por alumno, contando alojamiento, manutención y transporte, y la cifra puede duplicarse en las grandes ciudades, según el informe La situación socioeconómica del estudiantado de educación superior en España (Fundación CYD / Eurostudent).
La cuenta llega antes de matricularse. El 58% de los jóvenes revisa los precios del mercado residencial antes de decidir dónde estudiar y el 45% descarta ciudades por demasiado caras, según un informe de Live4Live.
El alojamiento decide hoy una matrícula: antes de elegir titulación, miles de jóvenes comprueban cuánto cuesta una habitación en la ciudad de destino.
La movilidad académica está en riesgo, según los colectivos de estudiantes. Montserrat Rius, portavoz de UCM por la Pública, recuerda los casos de este verano: jóvenes con la EVAU aprobada y una carta de admisión en una universidad pública madrileña que renunciaron a la plaza porque no podían pagar un alquiler. También señala el SICUE, el programa de intercambio entre campus.
Lucía Siles Vera, vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, apunta a un efecto más profundo: si la vivienda es un privilegio, estudiar en determinadas ciudades también lo es. En el mejor de los casos, los jóvenes se quedan en su ciudad con una carrera distinta; en el peor, se quedan fuera de la educación superior o asumen hasta cuatro horas diarias de desplazamiento. La juventud rural es la más expuesta, añade.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) advierte de que el encarecimiento de los pisos, unido a la falta de plazas en residencias públicas, erosiona la igualdad de oportunidades. Los números lo sostienen: hay 1,7 millones de matriculados, según el Ministerio de Universidades, frente a 132.000 plazas en colegios mayores y residencias.
El precedente: del 10% obligatorio a los pisos compartidos
No es la primera vez que se intenta atajar el problema. En 2021, el real decreto de creación de universidades obligó a los nuevos campus a facilitar alojamiento estudiantil equivalente al 10% de sus plazas educativas. El nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, aprobado a la par que el decreto de Vivienda, refuerza la orientación sobre alojamiento en los campus e insiste en que las universidades promuevan plazas para quien tiene menos recursos.
El mercado tampoco ayuda. La inversión en residencias de estudiantes superó los 755 millones en 2024 y, en los últimos años, han cobrado fuerza las residencias privadas premium, orientadas a un perfil de clase alta y en buena parte extranjero. Un colegio mayor adscrito a la Complutense puede costar más de 1.000 euros al mes, frente a los más de 500 de uno de la Universidad de Granada, según Rius.
El llamado decreto Maricarmen, aprobado por el Consejo de Ministros, incluye mejoras para los inquilinos: en las zonas con la ley de Vivienda aplicada, la suma de las rentas por habitación no puede superar la de un contrato completo, y quedan prohibidos los honorarios y los gastos de gestión. La duda ahora es cómo se gestionarán los nuevos alojamientos: Siles pide precios asumibles para la mayoría social y Rius teme que se acabe especulando con ellos.
Queda por concretar el calendario. Las comunidades autónomas y las universidades tendrán que definir cómo se adjudican las plazas y con qué criterios de renta, mientras el ministerio sostiene que los proyectos elegidos cuentan con suelo y planificación para ejecutarse a corto plazo. La CRUE anima a otras administraciones a replicar el modelo. Cada curso, miles de familias repiten la misma cuenta.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: El Gobierno reparte 45 millones entre siete proyectos de alojamiento para universitarios.
- 👥 Quiénes son los afectados: Estudiantes que se desplazan, sus familias y la juventud rural sin campus cerca.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Menos movilidad académica y carreras elegidas por precio de la vivienda.
