Cinco ayuntamientos de Zamora dejarán de ingresar cerca de 200 millones de euros. El origen es un centro de datos que la Junta de Castilla y León tramita en el polígono Zamora Norte, en Monfarracinos, y que quedará exento del impuesto municipal que grava las obras.
El tributo en cuestión es el ICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que regula la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Lo cobra el ayuntamiento donde se levanta la obra y equivale a entre el 2,4% y el 4% del coste de edificación. Con proyectos milmillonarios, la factura se cuenta en decenas de millones por instalación.
Qué se está tramitando en Monfarracinos
La Junta tramita la inversión como Proyecto Regional, una figura creada para atraer inversiones estratégicas que acelera los plazos, permite la expropiación forzosa de terrenos y relaja los exámenes ambientales. La consecuencia fiscal no aparece en el texto de la declaración, pero es decisiva: la empresa no necesita licencia municipal de obras y el ayuntamiento no ejerce el control. Sin licencia municipal no se genera el hecho imponible y el ICIO se queda en cero.
No es una interpretación improvisada. En Aragón, donde se utiliza la figura del PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón), todas las inversiones con el trámite aprobado han fijado el ICIO en cero. Lo reconoce la propia Microsoft en la memoria económica de su proyecto: 'ni la expedición de la licencia de obras ni la de actividad de control corresponden al municipio, no se genera el hecho imponible'. Traducido: la empresa admite que el ICIO será nulo.
Cómo se pasa de millones a cero
Los 200 millones son el cálculo global que maneja el Ayuntamiento de Zamora. El desglose por municipio no está cerrado, entre otras cosas porque los promotores dejan en blanco ese apartado en sus memorias económicas. Los consistorios aragoneses que sí han hecho números dan la escala: Villamayor de Gállego calcula una merma de unos 100 millones, La Muela dejaría de ingresar 52 millones de Microsoft, Villanueva de Gállego perdería 23 y El Burgo de Ebro, unos 20.
Las cifras son provisionales y cubren solo una parte del impacto: únicamente en Aragón hay al menos 15 pueblos y ciudades que albergarán estas infraestructuras. El caso de Zamora es el mismo pulso, con un matiz: aquí el dinero se reparte entre cinco consistorios de pocos habitantes.
La figura autonómica no elimina el impuesto con una línea: lo vacía de contenido al quitarle al ayuntamiento la licencia que lo activa.
Raúl Burillo, inspector de Hacienda en Aragón, describe el efecto en los pueblos que ya conocen el proyecto: 'El impacto que deja el ICIO es muy importante para un municipio de estas características, es un salvavidas para una larga temporada'. Burillo sostiene que la decisión autonómica 'choca con las competencias municipales', aunque ningún ayuntamiento ha llevado el asunto a los tribunales.
El precedente de Aragón y lo que falta por decidir
Aragón es el ejemplo más desarrollado: suma siete declaraciones de PIGA concedidas y dos más en camino, según los datos recogidos por infoLibre. El modelo lo impulsa el Ejecutivo autonómico del PP, primero en solitario y ahora con Vox en el Gobierno. Castilla y León ha replicado la fórmula con otra etiqueta y el ahorro no termina en el ICIO.
Incluso si un tribunal cambiase el criterio, el PIGA aragonés incluye una exención del 95% de ese tributo. Añade además una bonificación del 95% en el IBI (el impuesto sobre bienes inmuebles) durante los primeros cinco años y del 100% en el IAE (el de actividades económicas) durante los dos primeros, con un 95% en los cinco siguientes.
El centro de datos de ACS en La Puebla de Alfindén, si arranca en 2030, no pagaría IAE hasta 2032: de los 14.262,30 euros anuales que le corresponderían, abonaría 713,12.
En el lado crítico, el coordinador de IU Zaragoza, Jesús García Usón, califica la figura de 'alfombra roja' para las multinacionales y sostiene que 'tiene apariencia de inconstitucionalidad'. Los gobiernos autonómicos que impulsan estas declaraciones las defienden como una vía para captar inversión tecnológica en territorios con poca actividad económica. Y el choque de fondo sigue abierto: qué pasa cuando una autonomía decide sobre los ingresos de un ayuntamiento.
Ese conflicto tendría que resolverlo el Tribunal Constitucional, pero para eso hace falta que alguien recurra. Hasta entonces, el proyecto de Monfarracinos seguirá su tramitación y los cinco ayuntamientos zamoranos seguirán sin poder contar con un ingreso que, con la interpretación vigente, no se va a producir.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Junta de Castilla y León tramita un centro de datos en Monfarracinos (Zamora) como Proyecto Regional, una figura que deja el ICIO en cero para la empresa.
- Por qué te importa: Cinco ayuntamientos de Zamora dejarán de ingresar cerca de 200 millones que financian servicios públicos, según la denuncia del alcalde de la capital.
- A quién afecta: A los vecinos de esos municipios, a sus ayuntamientos y a las tecnológicas, que se ahorran impuestos municipales.
- Hacia dónde vamos: Ningún consistorio ha recurrido todavía. Falta un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el choque de competencias.
