El PP acusa a Sánchez de una 'mentira de Estado' sobre Ceuta tras los informes desclasificados. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha reclamado hoy la dimisión del presidente, mientras Vox pide activar el artículo 102 de la Constitución para juzgarle por traición.
Qué dicen los informes desclasificados
Los documentos que el Gobierno ha hecho públicos recogen avisos que se sucedieron durante todo el mes de julio. El 8 de julio, la Guardia Civil pidió refuerzos para Ceuta y planteó modificar la Ley de Extranjería para sortear los efectos de una sentencia del Tribunal Supremo. Días después, el PP registró una proposición de ley en ese sentido y, según Muñoz, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la metió en un cajón.
El 29 de julio, la Policía Nacional alertaba ya de 'riesgo extremo' y el CNI contactó con la Delegación del Gobierno en Ceuta, con la Guardia Civil y con Marruecos. Un aviso directo llegó un día antes de la entrada masiva a la ciudad autónoma. Para el PP, esos datos desmontan la versión que Moncloa mantuvo durante semanas.
Muñoz ha insistido en que Sánchez negó esta mañana en el Congreso y en TVE que hubiera datos concretos para prever la entrada de cerca de 80.000 personas. 'Nos ha mentido durante 40 días', ha recalcado, 'dijeron que no había informes, que no se sabía nada'.
De la dimisión al artículo 102: la escalada de Vox
La portavoz popular ha recordado que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, llamó a Moncloa y al Ministerio del Interior y no le cogieron el teléfono. El PP responsabiliza directamente al presidente de las entradas masivas y de los fallecidos. Para los populares, 'el Gobierno es responsable directo de la invasión y de los fallecidos'.
Vox da un paso más. Pepa Millán, portavoz en el Congreso, ha calificado la actuación de Sánchez de 'mentira criminal' y ha reclamado a los grupos activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar al presidente por un presunto delito de traición. El PP, en cambio, exige la dimisión y la disolución de las Cortes.
Los avisos existieron y llegaron en cascada durante julio; la disputa es si Moncloa podía prever la magnitud de lo ocurrido.
El artículo 102 regula la responsabilidad penal del presidente y de los ministros. Ese artículo de la Constitución solo puede activarse por traición o delitos contra la seguridad del Estado, con la iniciativa de una cuarta parte del Congreso y el respaldo de la mayoría absoluta. Vox necesitaría reunir una cuarta parte de la Cámara para plantear la acusación y, después, la mayoría absoluta para aprobarla. El procedimiento apenas tiene precedentes en democracia.
El PP también sostiene que lo desclasificado es 'muy grave' y que lo que no se ha hecho público puede serlo 'mucho más'. Muñoz ha rematado: 'Sánchez ya ha puesto a todos a mentir por él'. No cabe, dice, con que dimita cualquier responsable político.
Qué precedente pesa en esta crisis
El choque recuerda a crisis migratorias anteriores en las que la desclasificación de informes convirtió una emergencia fronteriza en una crisis política de primera magnitud. La diferencia ahora es el salto institucional: Vox lleva el debate al terreno penal, una vía casi inédita en democracia.
En el Congreso, las posiciones se han repartido. El PNV habla de una situación 'muy preocupante' y cree que los documentos apuntan a Marruecos. Sumar defiende la versión del Ejecutivo; ERC culpa al CNI: 'Una parte del Estado está en contra del Gobierno'.
Enrique Santiago citó a José María Aznar para responder a Vox: 'el que pueda hacer que haga'. La oposición exige responsabilidades y el Ejecutivo insiste en que no se podía anticipar el alud.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno ha desclasificado informes del CNI y la Guardia Civil sobre la avalancha de Ceuta del 30 y 31 de julio.
- Por qué te importa: El PP exige la dimisión de Sánchez y Vox reclama una investigación penal por traición, lo que agita la agenda parlamentaria.
- A quién afecta: Al presidente del Gobierno, al ejecutivo de Ceuta y a los miles de migrantes que cruzaron la frontera.
- Hacia dónde vamos: Habrá debate en el Congreso y Vox necesitará apoyos para activar el artículo 102, algo que hoy no tiene garantizado.
