2No está en el Estatuto de los Trabajadores: la desconexión se coló en la ley de protección de datos
Que el derecho a no contestar mensajes del jefe fuera de jornada no naciera donde cabría esperar es una de las rarezas de la legislación laboral española. España lo introdujo en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), la norma con la que se adaptó el ordenamiento al Reglamento General de Protección de Datos europeo. Aprobada en el Senado con 221 votos a favor y 21 en contra, entró en vigor el 7 de diciembre de 2018 y, aprovechando el mandato del artículo 18.4 de la Constitución sobre limitar el uso de la informática para proteger la intimidad, sus redactores colaron en su Título X todo un catálogo de "derechos digitales". Entre ellos, el artículo 88, titulado "Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral", reconoció a trabajadores y empleados públicos el derecho a que fuera de su tiempo de trabajo se respete su descanso, sus permisos, sus vacaciones y su intimidad personal y familiar.
La peculiaridad de que un derecho laboral se regulara en una norma ajena al ámbito del trabajo no se quedó ahí: el artículo 88 obligó a las empresas a elaborar una política interna de desconexión, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, y solo después, mediante su disposición final 13ª, la LOPDGDD añadió al Estatuto de los Trabajadores un artículo 20 bis que se limita a remitirse a la propia ley de protección de datos. Ese encaje explica buena parte de sus problemas prácticos: al quedar el contenido real fuera de la norma laboral, su vigilancia depende de la Inspección de Trabajo a través de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con multas de 751 a 7.500 euros por faltas graves, y el cumplimiento sigue siendo bajo: según datos de UGT, solo el 8,4% de los convenios firmados en 2023 mencionaba siquiera el protocolo de desconexión.
