La jueza del caso Azud cierra la instrucción: Rita Barberá estaba al tanto de la corrupción urbanística valenciana. El auto de 314 páginas lo notificó el juzgado a las partes y sitúa al cuñado de la exalcaldesa, el abogado José María Corbín, como el enlace entre las empresas y el Ayuntamiento de Valencia.
No es una sospecha nueva sin recorrido. La magistrada Pepa Tarodo, titular del Juzgado de Instrucción 13 de Valencia, habla de tres tramas urbanísticas: el PAI del Grao (programa de actuación integrada), el hospital fallido de la Universidad Católica y la UTE Los Hornillos. En las tres, según el auto, el papel de Corbín era vender acceso directo a la alcaldesa, no asesoramiento jurídico real.
Qué dice el auto sobre José María Corbín
Corbín Abogados SA nació en 1999 a 400 metros del consistorio y estuvo a punto de cerrar por falta de trabajo. Luego, sin causa aparente, empezó a facturar a empresas adjudicatarias del Ayuntamiento. Ese giro es, para la instructora, un dato central.
Los ingresos procedían, sobre todo, de seis contratistas municipales. En 2017, la Guardia Civil amplió la investigación para analizar pagos sin causa aparente. La jueza concluye que Corbín era un simple cuñado, sin otra función que estar casado con la hermana de Rita Barberá.
La hermana de la alcaldesa, María Asunción Barberá Nolla, era además su jefa de gabinete y llevaba su agenda. La magistrada considera que ese canal familiar explicaba muchos silencios: la relación con el cuñado no podía aflorar públicamente porque la empresa de Jaime Febrer, Acinelav Inversiones 2006 SL, tenía intereses directos en el sector del Grao.
El abogado cobraba una tarifa plana de 3.000 euros al mes para informar de los deseos de la alcaldesa en el concurso del Grao.
Los 3.000 euros al mes y el concurso del Grao
El empresario Jaime Febrer pagó esa cantidad durante veinte meses a Corbín. Según el auto, le encargó transmitir los pormenores y deseos de la alcaldesa en un concurso de ideas en el que Rita Barberá era miembro del jurado. Esa información valía dinero porque no era pública.
Los contactos continuaron en 2007, 2008, 2010 y 2011. La instrucción recoge reuniones con la alcaldesa, con el vicealcalde Alfonso Grau y con Carlos Masià, gerente de Aumsa, ya fallecido. Incluso se cita un correo de 12 de abril de 2011 para que Barberá recibiera a un grupo inversor de Dubái.
El hospital de la Universidad Católica siguió el mismo patrón: 3.000 euros al mes durante 18 meses. La jueza sostiene que no existían informes ni trabajo verificable, solo una comisión por las relaciones personales con altos cargos municipales. Alfonso Grau habría transmitido la necesidad del pago al empresario.
En la UTE Los Hornillos, la instructora describe once facturas de 17.400 euros cada una y ningún informe que justifique el trabajo. La conclusión es similar: no hubo asesoramiento real, solo contactos con la alcaldesa que propiciaban abonos en adjudicaciones públicas.
Qué implica el auto de cierre para la causa
La investigación arrancó en 2017 a raíz de una pesquisa previa de Hacienda, que recibió en enero de 2016 un anónimo sobre el nivel de vida de la familia Corbín Barberá. Desde entonces, la macrocausa ha crecido hasta poner en la diana una etapa entera del urbanismo valenciano, con piezas separadas y decenas de investigados.
El auto de pase a procedimiento abre ahora una fase nueva: las acusaciones deberán concretar si piden apertura de juicio oral y contra quién. Rita Barberá no está imputada en esta pieza, pero su papel deja de ser una sombra. La jueza lo documenta con reuniones, correos y facturas.
En las próximas semanas se sabrá qué delitos se imputan: cohecho, tráfico de influencias o blanqueo. El caso Azud ya no es solo una investigación; es una acusación escrita con nombres, fechas y pagos.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La juez del caso Azud cierra la instrucción con un auto de 314 páginas y sitúa a Rita Barberá al tanto de tres tramas urbanísticas.
- Por qué te importa: La decisión documenta cómo se pagaban comisiones disfrazadas de asesorías para acceder a contratos públicos y recalificaciones urbanísticas.
- A quién afecta: A los investigados de la macrocausa y, de fondo, a la ciudadanía valenciana que convivió con decisiones urbanísticas marcadas por estos pagos.
- Hacia dónde vamos: Las acusaciones deben ahora calificar los hechos y decidir si piden juicio oral; las próximas semanas marcarán el ritmo de la causa.
