Vox ha dado un paso más en su oposición al reparto de los menores migrantes llegados a Ceuta: se ausentará de la reunión convocada por la ministra de Infancia, Sira Rego, este jueves y ya prepara una ofensiva judicial para frenar el proceso. El partido de Santiago Abascal quiere revisar cada expediente y, si fuera necesario, llevará a los tribunales cualquier decisión que obligue a las comunidades autónomas a acoger a estos jóvenes. El movimiento, más duro que el de su socio el PP, pone en jaque la distribución solidaria que defiende el Gobierno.
La tensión viene de la entrada masiva de migrantes del pasado 31 de julio, que dejó atrapados en Ceuta a cerca de 1.300 menores, según datos oficiales. Desde entonces, el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de pactar un reparto con las autonomías para aliviar la presión en la ciudad. Pero Vox se niega en redondo y ya ha enviado tres cartas al Ministerio de Infancia advirtiendo de que el traslado solo se hará bajo sus condiciones: expedientes individualizados, con pruebas como la radiografía de muñeca, y siempre manteniendo la posibilidad de impugnación judicial.
Qué exige Vox y por qué habla de llevarlo a los tribunales
Los vicepresidentes autonómicos de Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León —Óscar Fernández, Alejandro Nolasco y Carlos Pollán— han sido claros en las misivas remitidas a Rego. Solicitan que el Gobierno central paralice cualquier movimiento de menores hasta que no se complete una filiación exhaustiva de cada uno. El partido insiste en que la competencia en extranjería y fronteras es del Estado, y que distribuir a los jóvenes equivale a “endosar” el problema a las autonomías.
En privado, fuentes de la formación aseguran tener “armado jurídicamente” el veto, y no descartan recurrir ante los tribunales cada expediente que no se resuelva con una devolución al país de origen. El argumento, además, incluye un giro polémico: califican la avalancha del 31 de julio como un acto de “guerra híbrida” de Marruecos, por lo que cualquier medida que no sea la repatriación supondría “colaborar con el invasor”. El PP, por su parte, comparte la desconfianza en las filiaciones —recuerda que la mitad de los menores llegados a Madrid y Baleares hace dos años resultaron ser mayores de edad—, pero acepta un reparto si se hace con ese rigor.
El efecto inmediato sobre las comunidades y los menores
La negativa de Vox retrasa cualquier acuerdo en un escenario ya complicado. Las cuatro comunidades donde sus vicepresidentes tienen peso —Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura— pueden bloquear la recepción o condicionarla a recursos judiciales que dilaten el proceso meses. Para los menores, esto implica más tiempo hacinados en centros de Ceuta sin una solución clara, mientras las administraciones se enzarzan en un pulso competencial.
Además, la ley obliga a las comunidades a acoger a los niños y adolescentes no acompañados, según la normativa de protección de menores, pero el partido de Abascal sostiene que esa obligación cede ante la prioridad de repatriarlos. Si los tribunales admiten alguna impugnación, el sistema de protección podría quedar en entredicho y abrir un conflicto sin precedentes entre el Estado y las autonomías gobernadas con presencia de la ultraderecha.
El precedente canario y la nueva estrategia judicial
No es la primera vez que Vox utiliza el reparto de menores como línea roja. En 2024, cuando Canarias vivió una crisis similar, el partido rompió todos sus gobiernos de coalición con el PP al negarse a aceptar a una sola persona migrante. Aquella decisión provocó un terremoto político y dejó a Feijóo sin varios ejecutivos autonómicos. Ahora, la coyuntura es distinta: Vox descarta romper las coaliciones, pero ha optado por judicializar el proceso para forzar una parálisis administrativa.
El cambio táctico no es menor. Mientras el PP intenta marcar perfil propio pidiendo devoluciones a Marruecos pero participando en la reunión, Vox se descuelga y busca el foco en los tribunales. Esta vía, aunque menos explosiva que la ruptura de gobiernos, puede ser igual de efectiva para ralentizar las derivaciones. Además, el discurso de la “guerra híbrida” —que el propio Abascal evitó en un primer momento para no señalar a Mohamed VI— se alinea ahora con el lenguaje de aliados internacionales como Donald Trump.
La ministra Rego ha defendido que la acogida es un imperativo legal y humanitario, pero las cartas de Vox demuestran que cualquier distribución va a toparse con una maraña de recursos. Mientras los expedientes se revisan uno a uno, los jóvenes seguirán esperando en una ciudad autónoma saturada, y la disputa competencial entre administraciones amenaza con enquistarse. Lo que está en juego no es solo el reparto de 1.300 menores, sino la capacidad del Estado para coordinar la política migratoria cuando parte del poder autonómico la rechaza frontalmente.
El partido de Abascal exige pruebas médicas individualizadas antes de cualquier traslado y estudia impugnar cada caso que no termine en devolución al país de origen.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Vox no acudirá a la reunión con la ministra de Infancia este jueves y prepara acciones judiciales para frenar el reparto de menores migrantes llegados a Ceuta.
- Por qué te importa: La postura dilata la acogida de los jóvenes, tensa la relación entre administraciones y podría colapsar el sistema de protección en las comunidades que se nieguen.
- A quién afecta: A los cerca de 1.300 menores que esperan en Ceuta y a las comunidades autónomas, en especial las gobernadas con presencia de Vox (Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura).
- Hacia dónde vamos: Si los recursos judiciales prosperan, el reparto podría bloquearse durante meses, agravando la crisis humanitaria en la ciudad autónoma y abriendo un frente judicial inédito.
