El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dicta sentencia este jueves 16 de julio sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont ya sabe que, gane o pierda, su vuelta a España no será cosa de unos días. La decisión de Luxemburgo es clave para su futuro judicial, pero los tribunales españoles se tomarán su tiempo antes de mover ficha.
El fallo del TJUE, en un vistazo
El tribunal europeo debe aclarar si la ley de amnistía choca con la normativa comunitaria que protege los intereses financieros de la UE y la lucha contra el terrorismo. El abogado general ya dio pistas en su dictamen no vinculante: consideró que la norma no encubre una «autoamnistía» y que los actos de malversación del procés no tienen un vínculo directo con una reducción del presupuesto europeo. Ahora los jueces decidirán si confirman ese criterio.
Por qué el regreso no será inmediato
El instructor del procés en el Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Llarena, está de vacaciones y, aunque trabaje en agosto en la Sala de Vacaciones, no resolverá de un plumazo. Lo previsible es que dé traslado a las partes para que aleguen antes de pronunciarse sobre si retira la orden nacional de busca y captura que mantiene contra Puigdemont. Ese trámite puede consumir semanas.
Además, el Tribunal Constitucional no tiene prisa. Fuentes del propio tribunal apuntan a EL MUNDO que el recurso de amparo del ex president no se resolverá hasta octubre. La corte de garantías quiere digerir la sentencia europea y también dejar margen al Supremo para que decida primero cómo aplicarla. Es decir, el laberinto judicial español le va a añadir al menos dos meses de espera a Puigdemont, incluso si el TJUE le da la razón.
La sentencia europea es clave, pero el regreso de Puigdemont se cocinará a fuego lento en los tribunales españoles.
El nudo de la malversación: lo que frena al Supremo
Llarena ya argumentó en julio de 2024 que la amnistía no cubre el desvío de fondos del 1‑O porque la propia ley orgánica excluye los actos que afecten a los intereses financieros de la UE. El juez sostiene que los fondos públicos se usaron para una iniciativa ilegal y que eso no es amnistiable. El TJUE debe pronunciarse justo sobre esa cuestión: si la protección de las finanzas europeas impide borrar la responsabilidad penal.
El abogado general ya dijo que no hay oposición directa, pero el Supremo querrá leer la letra pequeña de la sentencia. Cualquier matiz sobre el concepto de beneficio patrimonial podría reforzar la postura del instructor o forzarle a reconsiderarla.
Lo que viene: octubre, el mes clave
El impacto de la decisión del TJUE va más allá de la esfera judicial. La legislatura de Pedro Sánchez depende de los votos de Junts, y Puigdemont ha condicionado su apoyo a que se le aplique la amnistía sin reservas. Un fallo favorable pero con plazos dilatorios mantendrá la tensión en el bloque de investidura durante meses, como ya ocurrió con otras promesas legislativas que se atascaron en los tribunales.
De hecho, el Constitucional ha esperado más de un año antes de entrar en el fondo de los amparos del procés. Esa estrategia de contención se repite ahora: la corte que preside Conde‑Pumpido quiere que el Supremo se moje antes de pronunciarse. Así, aunque el TJUE falle a favor de la amnistía, la vuelta de Puigdemont podría no materializarse hasta finales de 2026.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El TJUE dictará sentencia el 16 de julio de 2026 sobre si la ley de amnistía es compatible con el derecho de la UE.
- Por qué te importa: La decisión afecta directamente al futuro de Carles Puigdemont y a la estabilidad del Gobierno de Sánchez, que necesita los votos de Junts.
- A quién afecta: Al ex president, a los líderes del procés, al Tribunal Supremo, al Constitucional y a la legislatura.
- Hacia dónde vamos: Aunque el fallo sea favorable, el regreso de Puigdemont no será inmediato: el Supremo y el Constitucional tardarán semanas o meses en aplicarlo.
