Si pensabas que la regularización de migrantes aprobada en abril ya era cosa juzgada, la batalla judicial la mantiene viva. Este viernes, la Abogacía del Estado ha plantado cara al Tribunal Supremo y se ha opuesto a que eleve una cuestión prejudicial ante la justicia europea, tal y como pedían tres magistrados conservadores. El mensaje es claro: la regularización es una medida de política nacional y no choca con las normas de la UE.
El escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso elDiario.es, rechaza de plano la consulta a Luxemburgo. Los servicios jurídicos del Gobierno llevaban trabajando en ello desde que el pasado martes la sección quinta de lo contencioso abriera la vía europea, a raíz de los recursos de Aragón y la Comunidad Valenciana (ambas gobernadas por el PP). Ahora, con las alegaciones sobre la mesa, el Supremo tendrá que decidir si da el paso o acepta los argumentos del Ejecutivo.
Los argumentos del Gobierno: por qué no hace falta ir a Luxemburgo
La Abogacía del Estado sostiene que la providencia de los magistrados tiene “omisiones relevantes” y una motivación “insuficiente”. En su opinión, elevar la cuestión ahora sería prematuro porque “todavía no se ha iniciado ningún tipo de debate sobre el fondo de las pretensiones”. Lo comparan con un dictamen consultivo sobre escenarios futuros e hipotéticos, no con una necesidad real de interpretar el derecho de la UE.
El núcleo de la defensa es temporal. La regularización empezó el 16 de abril y acabó el 30 de junio, mientras que el reglamento europeo de 2024 —que los jueces consideran vulnerado— entró en vigor el 12 de junio de 2026. “No es posible que pueda comprometer, no ya gravemente, sino en modo alguno la efectividad de este reglamento”, argumentan. Además, recuerdan que el real decreto se aplica solo a quienes residían en España antes del 1 de enero de 2026, lo que descarta cualquier conflicto con la norma comunitaria.
Respecto a la falta de notificación previa a los socios europeos, la Abogacía insiste en que no era obligatoria porque se trata de una “medida de política legislativa migratoria exclusivamente nacional”. Aun así, aseguran que la iniciativa sí fue comunicada a la Red Europea de Migraciones. Sobre la posible colisión con la directiva de retorno, subrayan que el Tribunal de Justicia de la UE ya tiene “una clara y reiterada jurisprudencia” que resuelve esa duda.
Lo que planteaba el Supremo: ¿choca la regularización con las reglas europeas?
Tres jueces de la sala de lo contencioso consideran que el real decreto podría contravenir el reglamento europeo de 2024 sobre protección internacional y asilo, además de incumplir el principio de “cooperación leal” con la UE por no haberse informado al resto de países. Su auto describe la medida como una “regularización masiva” fruto de una “mera decisión política” sin “condicionamiento alguno”, y advierte del riesgo de que más de un millón de personas circulen libremente por el espacio Schengen sin coordinación previa.
Los servicios jurídicos replican que esas expresiones son imprecisas y se apartan de la obligación de los órganos judiciales de describir con exactitud el marco fáctico. Destacan que la regularización sí exige requisitos —como acreditar la ausencia de antecedentes policiales— y que no pone en peligro el control de fronteras. Además, reprochan al tribunal que no distinga entre las distintas fases del proceso (solicitantes, admisión a trámite o resolución favorable) y que “parece desconocer la grave situación de ese colectivo de personas”.
Nueve regularizaciones en España y ningún conflicto europeo hasta ahora
El choque actual tiene un precedente demoledor: esta es la novena regularización que se aprueba en el país sin que ninguna chocara con las instituciones comunitarias. La Abogacía recuerda que el acuerdo de Schengen no regula estas políticas nacionales y que todos los gobiernos anteriores, del PP y del PSOE, han ejercido la misma competencia. “Este real decreto no pone en riesgo los objetivos del control de fronteras”, insisten.
Mientras tanto, las comunidades recurrentes mantienen su pulso. Aragón ha pedido que se frene la regularización hasta que el tribunal europeo se pronuncie, alegando que “la reversibilidad de la situación es absoluta” porque las solicitudes permanecerían pendientes. La Generalitat Valenciana, que presentó sus alegaciones el primer día, exige la paralización inmediata y acusa al Gobierno de actuar “sin coordinación suficiente” con Bruselas. En el otro extremo, el Ejecutivo ha acelerado al máximo la tramitación: casi 610.000 expedientes de un total de 1.175.000 solicitudes han sido ya admitidos a trámite, lo que otorga un permiso de residencia provisional a cientos de miles de migrantes.
La decisión del Supremo puede marcar un antes y un después en la política migratoria española, pero el Gobierno ya ha dado pasos para blindar el proceso en el ámbito nacional.
El tribunal dispone ahora de todas las alegaciones para decidir si eleva la cuestión prejudicial. Si lo hace, el caso podría demorarse meses en Luxemburgo, pero mientras tanto la maquinaria administrativa sigue rodando. Lo que está en juego no es solo una disputa competencial: afecta a más de un millón de personas que han depositado su futuro en esta regularización. La pelota está en el tejado de la sección quinta.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Abogacía del Estado ha rechazado que el Supremo eleve una cuestión prejudicial a la justicia europea sobre la regularización extraodinaria de migrantes.
- Por qué te importa: La decisión impacta directamente en quienes esperan una resolución favorable; más de 610.000 solicitudes ya han superado el primer filtro.
- A quién afecta: A los migrantes con expediente en trámite, a las comunidades autónomas que han recurrido la norma y al conjunto del sistema migratorio español.
- Hacia dónde vamos: El Supremo decidirá si consulta a Europa, pero el Gobierno acelera la tramitación para reducir la incertidumbre mientras dure el litigio.
