Sin contrato, sin informes concretos y con todo de palabra. Así defendió el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero su labor en la consultora Análisis Relevante durante el interrogatorio del juez José Luis Calama. Y el juez no quedó convencido. El pasado jueves, en la Audiencia Nacional, Zapatero se enfrentó a preguntas incómodas que ponen en duda la legalidad de los casi 500.000 euros que cobró entre 2020 y 2024.
La investigación apunta a un presunto tráfico de influencias relacionado con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra en 2021. La aerolínea recibió 53 millones de euros del fondo de solvencia para empresas estratégicas, una decisión que siempre ha estado envuelta en polémica.
Sin contrato, sin huella: lo que pasó en la Audiencia Nacional
Zapatero explicó que su relación con Julio Martínez, dueño de Análisis Relevante, comenzó por una afición común: correr por El Pardo. En 2020, Martínez le propuso trabajar como consultor. Aceptó, pero no firmaron ningún contrato. El acuerdo era verbal y se basaba en una «confianza mutua», con una retribución anual de unos 90.000 euros.
El juez Calama no lo vio normal. «Lo de no firmar contrato no es normal, en mi opinión, y normalmente en la de la Agencia Tributaria», le espetó. Para el instructor, la ausencia de un contrato escrito es una bandera roja en casos de posible fraude fiscal. Y Zapatero no pudo mostrar correos electrónicos, hojas de encargo ni informes dirigidos a clientes concretos. Solo informes genericos que, según el juez, parecían más destinados a promocionar la propia marca de la consultora que a asesorar a nadie.
Zapatero insistió en que su labor era real: reuniones, viajes y asesoramiento estratégico. «Yo he dedicado muchísimo tiempo y trabajo a las tareas de Análisis Relevante en apoyo de sus clientes», declaró. Pero cuando el juez le pidió nombres y pruebas, el expresidente se escudó en su secretaria y en que los encargos los recibía «de viva voz».
Las hijas, otra pata investigada
El caso no se limita al expresidente. Un día después del interrogatorio, Calama acordó imputar también a sus dos hijas, Alba y Laura Rodríguez, por el papel de su empresa de marketing, Whathefav. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospecha que esta agencia era una sociedad instrumental utilizada para canalizar pagos.
Según la investigación, Whathefav recibió más de 800.000 euros de sociedades vinculadas a los negocios de Zapatero. De Análisis Relevante cobró 239.755 euros, y otros 600.000 provinieron de Inteligencia Prospectiva, una empresa de origen venezolano sin sede física que también está bajo sospecha. Para el juez, existen «indicios racionales» de que ambas compañías eran pantallas sin actividad real.
Un caso que va más allá: ¿qué dice la ley?
En España, un contrato verbal tiene la misma validez que uno escrito ante el Código Civil. Así lo ha recordado José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Sin embargo, Mollinedo también aclara que el juez puede exigir una transcripción de los términos pactados para comprobar que las facturas no están falseadas. La falta de cualquier registro escrito complica la defensa de Zapatero.
Y el problema es que aquí no hay ni siquiera eso. El delito de tráfico de influencias se construye a menudo sobre la sospecha de que alguien vendió su capacidad de influir en la administración. Zapatero niega cualquier intervención en el rescate de Plus Ultra, pero la coincidencia temporal entre los pagos y las decisiones políticas es lo que mantiene abierta la investigación.
Sin correos, sin contratos y con informes genéricos, el juez Calama ve difícil distinguir la consultoría de un posible caso de corrupción.
El caso recuerda a otras investigaciones que han salpicado a altos cargos tras dejar sus puestos. La «puerta giratoria» entre la política y la empresa privada es un terreno pantanoso que en España ya ha llevado a condenas por tráfico de influencias, como en la trama Gürtel o la operación Púnica. Ahora, la Audiencia Nacional deberá determinar si el trabajo de Zapatero fue un asesoramiento legítimo o una coartada para cobrar por contactos.
La imputación de las hijas amplía el foco. Si la UDEF demuestra que las sociedades no tenían actividad real, todo el dinero percibido podría considerarse ilícito. La familia Zapatero se enfrenta a un proceso largo y a la necesidad de demostrar que cada euro lo ganaron con trabajo genuino.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El expresidente Zapatero declaró ante el juez Calama por presunto tráfico de influencias. No presentó contrato escrito ni informes específicos que acreditaran su labor de consultoría.
- Por qué te importa: El rescate de Plus Ultra costó 53 millones de euros públicos, y el caso cuestiona si antiguos mandatarios pueden monetizar sus contactos eludiendo la ley.
- A quién afecta: Al expresidente, a sus hijas (ya imputadas) y a la credibilidad del sistema político. La sociedad paga las consecuencias de posibles corruptelas.
- Hacia dónde vamos: La investigación sigue abierta. Las hijas tendrán que declarar y se esperan nuevas diligencias para aclarar si las sociedades instrumentales realmente tenían actividad.
