¿Qué hace un Gobierno cuando no logra aprobar sus Presupuestos? Mueve partidas de un lado a otro. Desde 2023, sin unas cuentas públicas nuevas, el Ejecutivo ha acumulado 182.000 millones de euros en modificaciones presupuestarias, una ingeniería contable que ahora el PP quiere que investigue el Tribunal de Cuentas.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. Este descontrol presupuestario afecta al dinero de todos los contribuyentes y deja en el aire la legalidad de gastos clave, como el pago de pensiones con fondos europeos.
Más de 182.000 millones en traspasos sin permiso parlamentario
Los números son claros: sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados, el Ministerio de Hacienda ha recurrido a las 'modificaciones presupuestarias' para seguir gastando. Según la Intervención General del Estado, en 2023 se desviaron 20.995 millones, cifra que se disparó a 52.341 millones en 2024 y alcanzó los 76.944 millones en 2025. Solo en los primeros cuatro meses de 2026 ya suman 32.200 millones. En total, la legislatura acumula 182.468 millones de euros en movimientos sin control parlamentario.
La comparación con otros ejercicios deja claro el salto: en 2017, último año completo con presupuestos propios bajo el PP, los trasvases apenas llegaron a 5.715 millones. Ahora, el Gobierno justifica que estas prácticas se han usado antes, pero la magnitud en plena bonanza económica no tiene precedentes recientes.
El PP fuerza la máquina: tres meses para aclarar el caos
El Partido Popular ha registrado una iniciativa en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, compuesta por diputados y senadores, que pide tumbar la Cuenta General del Estado de 2024. ¿El motivo? Exigen que el órgano fiscalizador cumpla el artículo 13 de su ley orgánica, que obliga a analizar si las alteraciones presupuestarias del Gobierno respetan la Constitución y si la emisión de deuda tiene amparo legal. La norma está clara: la ley orgánica del Tribunal de Cuentas le atribuye esa función por delegación de las Cortes.
Con mayoría de PP y Vox, la comisión podría devolver el informe al Tribunal de Cuentas y exigir un dictamen en tres meses, sin las alegaciones que su presidenta, Enriqueta Chicano, había planeado para retrasar el proceso. De aprobarse, sería la primera vez en democracia que se rechaza una Cuenta General.
El conflicto interno en el Tribunal también está servido: la mayoría afín al PSOE suavizó el informe inicial, pese a que varios consejeros denunciaron las irregularidades con los fondos europeos para pagar pensiones. La Comisión Europea ya dio su visto bueno, pero los presidentes de las comisiones de control presupuestario y de Presupuestos del Europarlamento advierten de que el asunto no está cerrado.
La oposición dispone de mayoría para forzar un examen exprés de las cuentas públicas, algo que nunca se ha hecho.
El precedente que dispara las alarmas
El uso de modificaciones presupuestarias no es nuevo, pero su volumen actual desborda cualquier referencia. En plena crisis financiera de 2012, los traspasos se mantuvieron por debajo de los 30.000 millones. Hoy, con la economía creciendo y la recaudación en máximos, las alteraciones se multiplican. El informe de Goldman Sachs que elogia el alza de ingresos también urge a tener Presupuestos para 2027, cuando acaben los fondos europeos.
Además, la práctica de usar liquidez de los fondos Next Generation para pagar pensiones, aunque legal según Bruselas, ha generado malestar en el Parlamento Europeo. Los presidentes de las comisiones de Presupuestos y Control Presupuestario han advertido de que los 'enjuagues' contables tendrán consecuencias, lo que añade presión al Gobierno en la recta final de la legislatura.
Ahora, todo queda en manos del Tribunal de Cuentas. Si la Comisión Mixta tumba la Cuenta General y exige el informe, el Ejecutivo se enfrentará a un varapalo parlamentario que subraya su debilidad para aprobar las cuentas de 2027. La cita de otoño que prometió Sánchez para presentar los PGE se antoja más cuesta arriba.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno ha movido 182.000 millones en modificaciones presupuestarias desde 2023 sin que el Congreso apruebe unas cuentas nuevas.
- Por qué te importa: El gasto público se gestiona sin control parlamentario, lo que puede afectar a la deuda y a cómo se financian servicios como las pensiones.
- A quién afecta: A todos los contribuyentes, ya que el dinero público se reasigna sin el debate y las garantías de un Presupuesto aprobado.
- Hacia dónde vamos: El PP utiliza su mayoría en la comisión del Tribunal de Cuentas para exigir un informe en tres meses; si se aprueba, será un golpe político para el Gobierno.
