Las quejas de organizaciones como la "Plataforma Stop Concerts" en Cataluña, pasando por lo que ha ocurrido en Madrid con Ruido Bernabéu y ahora grupos como Ruido Metropolitano o Stop Mad Cool, empiezan a tener consecuencias en una industria clave para la economía, y en particular para el turismo en España, como es la música en vivo.
Durante el pasado fin de semana, el reconocido "Festival de les Arts" de Valencia, que reunía a unas 70 000 personas, fue cancelado en su segundo día por las críticas de unos 15 vecinos de la zona. Esto sucedió después de un primer día en el que artistas como Leire Martínez o La La Love You no fueron escuchados más allá de las primeras filas por las limitaciones de los decibelios, y la imagen de Siloé protestando por el limitador de volumen ya se ha hecho viral en redes y entre los músicos. "Esto es una falta de respeto para trabajadores, artistas y público", se leía en el cartel con el que Siloé subió al escenario.
No es el único evento reciente que ha estado marcado, más o menos, por las reclamaciones de un pequeño grupo de vecinos que ha conseguido viralizar su protesta en redes. Tras el empuje inicial en internet, se arman de abogados y equipos de medición hasta conseguir mediciones por encima de las normativas comunitarias y después multiplicar las denuncias. El problema es que este relato se ha mantenido incluso en recintos donde no ha habido una sola sanción por límites de volumen, como en el caso del Estadio Metropolitano en Madrid, o que tienen años desde la última, como el recinto Iberdrola Music, donde se celebra el Mad Cool.
Estas protestas ponen en una situación delicada a la industria, que sigue insistiendo en pedir protección jurídica para que dejen de multiplicarse este tipo de conflictos. Según el "Anuario de la Música en Vivo" de la Asociación de Promotores Musicales (APM), el año pasado la música en vivo generó 807,2 millones de euros por venta de entradas en España, y esto sin calcular el dinero que ingresó el país por los visitantes que se acercan a los festivales o grandes giras. Sin ir demasiado lejos, el cálculo del portal especializado Jenesaispop es que, sin contar la venta de entradas, la gura de Bad Bunny ha generado unos 200 millones de euros en la Comunidad de Madrid.
LA BÚSQUEDA DE LEGISLACIONES PARA DAR SEGURIDAD JURÍDICA A LOS GRANDES CONCIERTOS
Hace unas semanas, desde la propia industria se abrió la conversación sobre la necesidad de una legislación que protegiera los grandes eventos musicales. Durante el Primavera Pro, el evento para profesionales del sector que todos los años organiza la promotora del festival Primavera Sound, se abordó la necesidad de una nueva legislación que sirviera para dar protección a este tipo de eventos, o al menos para tener las normas claras, recordando que la actual está desfasada, pues fue firmada en 2003.
De momento, tanto Cataluña como la Comunidad de Madrid han abierto la conversación al respecto. Es cierto que es un debate complicado y rara vez popular, pero se perfila como necesario en ciudades que esperan seguir recibiendo grandes eventos y festivales en los próximos años.
En la Generalitat, la normativa que originalmente había entrado en debate hace cinco años iba a ser tan restrictiva que era posible que se cancelaran eventos públicos como las Fiestas de Gràcia, las de Sants o el Mercat de Música Viva de Vic. En Madrid, por otro lado, la presidenta de la Comunidad ha prometido revisar la normativa actual en los próximos meses, señalando incluso que "hay que entender que vivimos en una ciudad y en un país que somos de ruido".
¿OTROS EVENTOS EN RIESGO POR LAS CRÍTICAS DEL RUIDO?
Con la residencia de Bad Bunny a punto de acabar este jueves y el Primavera Sound celebrando una nueva edición exitosa, los siguientes eventos que van a tensar la cuerda tendrán lugar en Madrid. En particular, los eventos en el recinto Iberdrola Music tendrán que enfrentar una revisión permanente con lupa, lo que incluye tanto al festival que lleva el nombre del espacio como al Mad Cool y la residencia de Shakira.
Pero también es cierto que la revisión de la normativa catalana puede ser la que abra el camino al resto de las comunidades que quieran dar espacio a los conciertos. La nueva propuesta eleva el peso del arte y la cultura, derechos también incluidos en la Constitución Española, en el marco legal de la Generalitat. Esto obligaría a que hubiese un "juicio de ponderación" y evitaría que hubiese procedimientos legales contra los eventos ante las protestas de unos pocos vecinos con una pancarta. Es un precedente que puede ser clave para toda España, e incluso para Europa.
Por supuesto, mientras tanto, los organizadores seguirán actuando con pies de plomo. El desastre que ha sido el intento de llevar los conciertos al Santiago Bernabéu sigue complicando la actividad en otros recintos, pero en un país donde el turismo musical es clave, es necesario que los promotores tengan una protección legal lógica.
