Si un juez te dice que en una semana vas a tener los documentos que llevas meses esperando y luego desaparece del mapa, lo que tienes es un bloqueo en toda regla. Es justo lo que pasa con la investigación del presunto soborno de la pareja de Ayuso: seis meses de parálisis mientras la Unidad Central Operativa (UCO) aguarda la autorización que el magistrado prometió pero nunca llegó a firmar.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. Cuando el compañero sentimental de una presidenta autonómica está bajo sospecha y el juez instructor congela la causa sin explicación pública, la confianza en las instituciones se resiente. Millones de ciudadanos se preguntan si la justicia funciona igual para todos.
El juez dijo “sí” y lleva un mes sin mover el expediente
El pasado 30 de abril, el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Antonio Viejo, se reunió con agentes de la UCO y el fiscal del caso. Según fuentes cercanas a la investigación, el juez se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Cinco semanas después, el silencio es total.
No es la primera vez que el procedimiento se atasca. La UCO pidió acceder a las cuentas y sociedades de Alberto González Amador hace medio año, poco después de que la primera jueza, Inmaculada Iglesias, se jubilara. Viejo tomó posesión en octubre de 2025 y, según explicó un portavoz de el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tuvo que “empezar de cero” revisando todas las causas. Sin embargo, la promesa rota del 30 de abril hace difícil sostener que es solo carga de trabajo.
Un empresario, una sociedad sin valor y medio millón de euros
La investigación, bautizada por la UCO como Operación Cirbelia, gira en torno a una operación de película de serie B: Alberto González Amador compró en 2020 la empresa Círculo de Belleza S.L. por 500.000 euros. La sociedad apenas facturaba 30.000 euros al año y su activo eran tres máquinas de depilación y un ordenador portátil.
La dueña era Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, el gigante sanitario que factura casi 1.000 millones de euros al año de fondos públicos madrileños. Fiscalía y acusación popular sospechan que ese medio millón era en realidad un soborno encubierto por favorecer los negocios de González Amador con Quirón y por una comisión millonaria en la venta de material covid.
Las declaraciones de González Amador y Carrasco han sido un choque de trenes. Cada uno explicó de forma distinta por qué una empresa fantasma valía medio millón, y esas contradicciones llevaron a la Fiscalía a pedir el salto a la UCO. Las dos versiones no cuadran ni de lejos.
La jueza jubilada ya había trazado la hoja de ruta
Antes de irse, Inmaculada Iglesias dejó instrucciones precisas a la Unidad Central Operativa: debían analizar el “incremento patrimonial” de González Amador, el posible uso instrumental de sus sociedades y los flujos financieros para detectar un posible blanqueo de capitales. La magistrada incluso apuntó a una nueva imputación por integración en grupo criminal.
La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia y el cambio de modelo en los juzgados fueron las excusas oficiales para el primer trimestre de retraso. Pero ahora, con medio año acumulado y una reunión donde se prometió acción inmediata, el bloqueo tiene más pinta de parálisis calculada que de atasco burocrático.
Cada día que pasa sin autorizar los registros, la sombra de la duda crece: ¿alguien está ganando tiempo?
Seis meses sin respuestas: ¿qué vigilar a partir de ahora?
Comparado con otras causas con preso, la investigación de la pareja de Ayuso no ha tenido ningún trámite urgente. El argumento de priorizar las víctimas se cae cuando medio país sigue esperando luz y taquígrafos sobre un caso que afecta a la cúpula de la sanidad privada subvencionada.
El bloqueo recuerda a otros episodios en los que la justicia tardó meses en reaccionar pese a existir indicios sólidos, erosionando la fe ciudadana. Aquí no se trata de un olvido administrativo: hay un juez que dio su palabra y no la cumplió, y un empresario que mientras tanto factura sin que se hayan podido cruzar sus cuentas.
Las próximas semanas serán claves. Si el magistrado no se pronuncia, la única salida será que la Fiscalía o las acusaciones populares pidan medidas que fuercen su mano. Porque seis meses son demasiado tiempo para esconder una decisión bajo la alfombra.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El juez Antonio Viejo prometió a la UCO el 30 de abril autorizar los registros sobre Alberto González Amador, pero no lo ha hecho. La investigación lleva medio año bloqueada.
- Por qué te importa: El caso implica un presunto soborno a un directivo de Quirón, el principal contratista sanitario del Gobierno de Ayuso. Tu dinero público está en juego.
- A quién afecta: A la credibilidad del sistema judicial y a la transparencia de los contratos públicos sanitarios. Más de 7 millones de madrileños son los pacientes potencialmente afectados.
- Hacia dónde vamos: Si el juez no desbloquea la causa, la Fiscalía y las acusaciones populares podrían exigir diligencias o incluso su recusación. La presión política y social va a aumentar.
