A sus catorce años, Sarah ya había aprendido el peso del silencio. Hablaba en un susurro, bajita y menuda, con las uñas de los pies pintadas de rojo y el pelo recogido bajo un pañuelo color melocotón. En su vientre, un embarazo de seis meses avanzaba sin estridencias, el fruto de una violación cometida por un vecino que desapareció poco después de la agresión. Cuando su madre supo que estaba encinta, la echó de casa. Sin otro lugar al que ir, Sarah encontró acogida en la vivienda de la madre del supuesto violador, una mujer que se prestó a recibirla aunque a cambio le exige cocinar, limpiar y hacer la colada. Si el agotamiento la vence y no completa las tareas, la golpea.
Sarah no es un caso aislado. En Sierra Leona, un pequeño país de África occidental encajado entre Guinea y Liberia y habitado por unos seis millones de personas, nacer niña equivale a encadenar una sucesión de barreras que convierten la infancia en un campo minado. La guerra civil que desgarró el país durante más de una década, entre 1991 y 2002, dejó heridas profundas, entre ellas la violación sistemática de miles de mujeres y niñas. El brote de Ébola que estalló en 2014 y se cobró unas 4.000 vidas en menos de dos años terminó de fracturar una sociedad ya frágil. Las secuelas de ambos traumas caen con especial dureza sobre las más jóvenes.
Una tradición que marca el cuerpo
La mutilación genital femenina (MGF) es uno de los ritos de paso más arraigados en el país. Consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos y se practica, según estimaciones de Unicef, en el 90% de las mujeres sierraleonesas. «Si vas a las provincias te encuentras con chicas de trece, de quince años, ya casadas y con sus bebés en brazos», describe Annie Mafinda, comadrona del Rainbo Center, un centro de Freetown que atiende a víctimas de violencia sexual. La mutilación se considera un requisito de pureza y un pasaporte para el matrimonio, pero es también un eficaz instrumento de control: la reducción del placer sexual y el dolor asociado al acto desalientan cualquier atisbo de deseo fuera del vínculo conyugal. Las consecuencias físicas son igualmente brutales: infecciones, hemorragias y, a largo plazo, un riesgo elevado de complicaciones obstétricas que convierten el momento del parto en una trampa mortal.
La media de Sierra Leona en mortalidad materna es la más alta del mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una de cada veinte mujeres muere por causas relacionadas con el embarazo o el alumbramiento, una cifra que se deriva en buena medida de la falta de atención sanitaria cualificada y de las secuelas de la mutilación. La práctica está prohibida por ley desde 2019, pero la norma apenas se aplica en las comunidades rurales, donde la influencia de las sociedades secretas femeninas —las llamadas sande— mantiene intacta su autoridad sobre el tránsito a la vida adulta.
Matrimonio y embarazo antes de la adolescencia
En paralelo, casi la mitad de las chicas se casan antes de cumplir los 18 años, y muchas quedan embarazadas en los primeros ciclos menstruales, a menudo sin haber recibido ningún tipo de educación sexual. Los números dibujan una realidad asfixiante: en 2013, más del 25% de las sierraleonesas de entre 15 y 19 años ya eran madres o estaban gestando, una de las tasas más elevadas del planeta para esa franja de edad. Las uniones tempranas son a menudo transacciones económicas en las que la dote convierte a la menor en moneda de cambio, y la violencia sexual queda frecuentemente impune. En Freetown, el Rainbo Center atiende a diario a pacientes de entre 12 y 15 años que llegan tras haber sufrido abusos.
«Cuando te quedas embarazada, te marginan», resume Elizabeth Dainkeh, coordinadora de uno de los centros educativos para jóvenes gestantes y madres que funcionaron durante la crisis del Ébola en la capital. Ella misma se quedó embarazada a los 17 años y fue expulsada de casa por su padre; su hija murió de desnutrición antes de cumplir el primer año de vida. A sus 35 años, Dainkeh dedica sus días a convencer a sus alumnas de que no abandonen los estudios, aunque el sistema se lo ponga difícil.
El colegio como refugio y la paradoja del embarazo
En un país donde el Estado apenas garantiza protección, la escuela es el único espacio que puede romper el círculo de pobreza y sumisión. Pero estudiar cuesta dinero y, además, la legislación ha puesto palos en las ruedas a las alumnas que quedan encinta. Desde 2015, el Gobierno de Sierra Leona prohíbe que las jóvenes embarazadas asistan a clase con el argumento de que podrían influir en sus compañeras y para protegerlas de las burlas. La medida fue formalizada por el Ministerio de Educación a pesar de que, entre 2008 y 2012, solo una de cada tres chicas lograba cursar estudios secundarios.
«Es un ejemplo de moralismo anticuado e irreflexivo que lanza un mensaje equivocado —afirma la escritora Aminatta Forna, fundadora de una escuela rural en Sierra Leona en 2003—. Hablamos de jóvenes vulnerables, que en este país son objeto de continuas depredaciones». La prohibición expulsa del itinerario educativo a miles de adolescentes que, de otro modo, podrían obtener un título y aspirar a un empleo cualificado. Durante la epidemia de Ébola, cuando las escuelas cerraron durante nueve meses, Unicef y otras organizaciones abrieron centros temporales para que las alumnas embarazadas o puérperas no perdieran el hilo académico. Alrededor de 14.000 jóvenes se matricularon en ellos, pero en agosto de 2016 esos establecimientos echaron el cierre. Elizabeth Dainkeh teme que, desde entonces, «un gran número de chicas haya quedado marginado del sistema educativo».
Regina Mosetay es uno de los contados rostros que consiguió regresar a las aulas. Madre a los 17 años, alumna aplicada y habladora, fue expulsada de su instituto de Freetown cuando se supo el embarazo. Era 2015, el Ébola aún rondaba las calles y los colegios permanecían cerrados. «Sentí que estaba decepcionando a todo el mundo. Tenía vergüenza. Algunas compañeras decían que éramos un mal ejemplo», recuerda. Durante la gestación, una tía le habló de los centros temporales y Regina no lo dudó. «Era feliz solo con estar allí, y no en casa sin hacer nada». Allí permaneció tres meses, hasta que dio a luz a Aminata en diciembre de ese año. Un mes después volvió a la escuela pública.
Hoy Regina compagina las tomas y los pañales con los libros. Vive con su novio, ya graduado en ciencias empresariales, con la madre y la abuela de este. «No quiero que mi hija pase por lo mismo que yo. Quiero que tenga un futuro mejor», dice. Su objetivo es terminar la secundaria, acceder a la universidad y trabajar en una organización de ayuda a la infancia. «Cuando termine los estudios podré cuidar de mi familia; cuidaré de mí misma».
La herencia de la guerra y el Ébola
La fragilidad actual de la infancia femenina en Sierra Leona no se entiende sin las cicatrices que dejó la guerra civil. Durante más de diez años, los grupos rebeldes sembraron el terror violando sistemáticamente a mujeres y niñas, utilizando la agresión sexual como arma bélica para desarticular comunidades. Decenas de miles de personas fueron asesinadas y más de dos millones se desplazaron. La paz llegó en 2002, pero las estructuras sociales quedaron tan dañadas que los abusos contra las menores nunca dejaron de ser moneda corriente.
En 2014, cuando el país empezaba a levantarse, un nuevo azote biológico volvió a hundirlo. El virus del Ébola se expandió desde Guinea y encontró en Sierra Leona un terreno abonado por la pobreza y la desconfianza hacia las autoridades. Más de 14.000 personas se contagiaron y unas 4.000 fallecieron. La epidemia dejó un reguero de huérfanos; muchas niñas tuvieron que asumir el cuidado de sus hermanos pequeños sin estar preparadas para ello, y la violencia sexual se disparó. Como recuerda Regina, «durante el Ébola muchas chicas se quedaron embarazadas. Como no había clase, teníamos mucho tiempo libre».
La historia de Salmatu Fofanah, una chica que hoy tiene 17 años, condensa ese reguero de pérdidas. Cuando la epidemia alcanzó su barrio, Mountain Cut, su padrastro contrajo el virus tras asistir a un funeral. Su madre, enfermera, lo cuidó en casa hasta que falleció en el coche camino del hospital; ella misma murió unas semanas después. Enseguida enfermaron la tía, el tío, la hermana mayor, el hermano, el abuelo y varios primos de Salmatu. «Todos teníamos miedo», dice. Ingresaron en un centro de tratamiento, pero solo sobrevivieron ella y tres primos. A finales de 2014, Salmatu regresó tambaleante al hogar de unos tíos que la acogieron. Cada vez que sentía fiebre, la invadía el pánico. Sin embargo, en marzo volvió a clase porque, afirma, la educación es «la única manera de cambiar las cosas».
La precariedad emocional que arrastran las huérfanas del Ébola se suma a un sistema institucional que, según la activista Fatou Wurie, nacida en Sierra Leona y criada en el extranjero, «no importa la vida, ni el cuerpo, ni el alma de las mujeres jóvenes». Wurie, que trabaja por los derechos de las mujeres en Freetown, sentencia: «Hasta la última política que implantamos excluye la voz de las jóvenes sierraleonesas».
Una cultura que asigna valor al cuerpo, no a la mente
La mirada externa suele encontrarse en Sierra Leona con recelo y con una exuberancia menos hospitalaria que la de otros países vecinos. «.
La partera Annie Mafinda lo ve a diario en el Rainbo Center. Allí llegan adolescentes con embarazos fruto de una violación, niñas que han sido mutiladas sin anestesia, madres que apenas han dejado atrás la niñez. El centro les ofrece atención médica, asesoría psicológica y una oportunidad de romper el aislamiento. «Si no les damos apoyo —señala Mafinda—, seguirán siendo invisibles».
El problema, coinciden las voces consultadas, es sistémico. La mutilación genital, los matrimonios forzosos, la exclusión de las escuelas, la impunidad de las agresiones sexuales y la pobreza extrema tejen una telaraña de la que apenas se sale. Los datos de Unicef y la OMS confirman que una niña nacida en Sierra Leona tiene más probabilidades de sufrir violencia sexual que de terminar la secundaria, y más riesgo de morir en el parto que de llegar a la universidad. La ausencia de registros fiables y la debilidad del poder judicial vuelven casi invisible la magnitud del drama.
Pequeñas fracturas en el muro
Pese a todo, algunas grietas se abren paso. Organizaciones locales e internacionales tratan de mantener centros de acogida, becas y espacios seguros para las menores. La labor de comadronas como Annie Mafinda, de educadoras como Elizabeth Dainkeh o de escritoras como Aminatta Forna, que vuelca su prestigio en crear oportunidades en el ámbito rural, demuestra que el cambio es posible si se invierte en educación y en protección.
Regina Mosetay, mientras acuna a su hija en la biblioteca del instituto, encarna esa pequeña victoria cotidiana. «Algunas compañeras decían que éramos un mal ejemplo», recuerda con un deje de tristeza. Pero ella ya no se esconde. Ha retomado los exámenes, aconseja a sus amigas que se protejan y alimenta el sueño de convertirse en trabajadora social. «Cuando termine los estudios podré cuidar de mí misma», repite. En un país donde nacer niña marca un destino de desventaja, esa declaración de independencia es, en sí misma, un acto revolucionario.
Sarah, la chica que hablaba en susurro con las uñas pintadas de rojo, sigue viviendo con la madre del que fue su agresor. Su día a día es una lucha por sobrevivir al hambre, al castigo y al olvido. Pero cuando se le pregunta por el futuro, responde con tres palabras que contienen toda la dignidad posible: «Quiero estudiar». En Sierra Leona, el simple deseo de aprender es ya un aldabonazo contra la tradición.
