En un crudo y desconcertante giro de los acontecimientos, la Justicia de Aragón se ha visto obligada a intervenir en un caso de presunto abuso y maltrato a menores dentro del Centro de Atención a Menores (CAM) de Ateca, Zaragoza.
La apertura de este expediente de oficio por parte de la institución encargada de velar por los derechos de los ciudadanos aragoneses ha puesto en evidencia la gravedad de los hechos denunciados y la urgente necesidad de tomar medidas para garantizar el bienestar y la seguridad de los jóvenes bajo la custodia de la Administración.
La Justicia de Aragón, liderada por su Defensora, Concepción Gimeno, ha dado un paso decisivo al poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos denunciados y mantener una estrecha colaboración con la misma con el objetivo de esclarecer las graves acusaciones que pesan sobre el director y varios trabajadores del centro. Asimismo, la institución se ha interesado por la situación actual de los menores realojados en otros recursos, demostrando su compromiso con la protección de este colectivo vulnerable.
Detenciones y Cierre Provisional del Centro
Las investigaciones han llevado a la detención del director del Centro de Atención a Menores de Ateca, Iván R. M., y de otros cuatro trabajadores del centro – Mohamed B., Youssef B., Abdelilah A. y Alexandru R.A. – quienes han ingresado en prisión de forma provisional, comunicada y sin fianza, como presuntos autores de delitos cometidos contra la integridad moral, torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal infringidos a los menores residentes.
Además, la jueza instructora considera que algunos de los detenidos podrían ser también responsables de delitos de agresión sexual a una menor, basándose en los testimonios claros y detallados de los dos menores denunciantes, un chico y una chica, que han relatado episodios de maltrato físico y psicológico, así como atentados a su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada.
Ante la gravedad de los hechos, la jueza ha decretado el cierre provisional del CAM de Ateca, centro concertado con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), hasta el total esclarecimiento de los acontecimientos. Paralelamente, se han dictado diligencias de cese de internamiento para cinco de los menores residentes, con la posibilidad de extender estas medidas a otros nueve menores que habían huido del centro.
Respuesta del Gobierno de Aragón
El Gobierno de Aragón, a través de la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, ha anunciado que se están analizando las mejores opciones para reubicar a los jóvenes alojados en el Centro de Menores de Ateca en otros recursos. El IASS ha asegurado que todas las acciones emprendidas tienen como objetivo primordial garantizar el bienestar y la seguridad de los menores, quienes en este momento se encuentran bajo la guarda y custodia de la Administración.
Asimismo, el Ejecutivo regional ha manifestado su colaboración absoluta para el esclarecimiento de los hechos denunciados y ha ofrecido la cooperación del Departamento de Bienestar Social y Familia, así como del propio IASS. Además, el Gobierno de Aragón se personará como parte perjudicada en la causa judicial, demostrando su compromiso con la protección de los derechos de los menores.
La Justicia de Aragón, por su parte, ha recibido el apoyo y la preocupación del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien ha mostrado su interés por mantener una vía de comunicación abierta con la institución aragonesa. Esta unidad de acción entre los diferentes organismos encargados de velar por el bienestar de los ciudadanos es fundamental para abordar con éxito un caso de tal gravedad y complejidad.
