El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha abierto un expediente para investigar la demanda que Ecologistas en Acción ha presentado contra España. La demanda denuncia la «falta de solución» a la «emergencia radiológica» existente en Palomares (Almería) desde 1958 y la «inacción» de los «sucesivos gobiernos» para resolver esta situación que, según el grupo, ha puesto «en riesgo la vida de las personas».
La Secretaría del Tribunal de Estrasburgo ha indicado que estudiará la demanda tan pronto como sea posible, basándose en la documentación aportada por Ecologistas en Acción en febrero. Durante el proceso, el TEDH podría solicitar la comparecencia personal de los denunciantes si fuera necesario.
Según la denuncia, los habitantes de Palomares han sido «sometidos» a «experimentos científicos sin su consentimiento» en el marco del proyecto ‘Indalo’, acordado entre España y Estados Unidos, lo que el colectivo considera «trato degradante». La contaminación radiactiva en la zona, que ha persistido desde el accidente en 1966, no ha sido adecuadamente abordada, y los terrenos afectados continúan expuestos.
La demanda solicita que el TEDH no solo reconozca la existencia del problema en Palomares, sino que también revoque la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2022, que exoneró al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de la responsabilidad de limpiar la zona contaminada sin determinar qué organismo debería hacerlo.
Ecologistas en Acción argumenta que la gestión del accidente ha sido deficiente desde el principio, acusando a los gobiernos de ocultar la situación y usar la zona como un «laboratorio a cielo abierto». Además, critican que la falta de un almacén nuclear adecuado se ha utilizado como excusa para no proceder con la limpieza, a pesar de que la construcción de un almacén temporal podría haber sido una solución.
Obstáculos Legales y la Pausa en las Labores de Remediación
Ecologistas en Acción también afirma que España les ha impedido acceder a la justicia respecto a la limpieza de Palomares. Según la denuncia, mientras se esperaba una sentencia del Tribunal Supremo, un Real Decreto del Gobierno atribuyó al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) las competencias del CSN, lo cual consideran una maniobra para hacer perder el pleito al cambiar al sujeto pasivo.
El colectivo destaca que, desde la entrada en vigor de este Decreto, el MITECO no ha avanzado en la gestión del accidente y que el CSN sigue actuando como antes. La demanda pide al TEDH que declare que el regulador atómico es el organismo competente para ordenar la limpieza y que España, al cambiar el sujeto pasivo del pleito, no solo ha impedido el acceso a la justicia, sino que también ha puesto en riesgo la vida de las personas y las ha sometido a un trato degradante.
Un informe reciente del Gobierno de Estados Unidos reconoce la presencia de «contaminación residual» en Palomares, superior a los niveles normativos europeos, pero no insta a tomar medidas concretas. El documento señala que la ayuda de Estados Unidos es «vital» para solucionar el problema y menciona negociaciones en curso entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el español, Pedro Sánchez.
Las actividades de remediación en Palomares han sido pausadas mientras España negocia con la esperanza de alcanzar un acuerdo final vinculante con Estados Unidos. Mientras tanto, los programas de vigilancia en la zona consideran que el impacto radiológico potencial para el público es muy pequeño.
En mayo de 2023, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, discutió el tema durante su visita a Washington, encontrando una actitud «muy constructiva» por parte del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Además, el Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental y de la población de Palomares continúa revelando concentraciones de americio y plutonio en la zona, aunque los niveles de contaminación se han mantenido estables en la última década.
El Gobierno español ha expropiado varias fincas en la zona afectada como medida para abordar la contaminación. Sin embargo, Ecologistas en Acción insiste en que se necesitan acciones más concretas y efectivas para resolver definitivamente el problema y garantizar la seguridad de los residentes y el medio ambiente.
