Las medidas aprobadas por el Gobierno de ahorro energético siguen generando críticas por parte de varias comunidades autónomas, que piden más flexibilidad a la hora de aplicarlo y reprochan la falta de diálogo.
Así, han expresado su rechazo regiones como la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia o Andalucía, gobernadas por el PP. Normas como apagar los escaparates o limitar la temperatura en transportes públicos, centros de trabajo y comercios tampoco han conquistado a la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Instituto de la Ingeniería de España. Unas medidas, no obstante, que chocan con la normativa de prevención de riesgos laborales. Lo repasamos.
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El plan de medidas urgentes para el ahorro energético choca con la ley
El plan de medidas urgentes para el ahorro energético presentado por el Gobierno, choca frontalmente con el decreto que regula la temperatura máxima que deben tener los lugares de trabajo cerrados para evitar el estrés térmico, un trastorno considerado enfermedad laboral y, por lo tanto, motivo de baja y de denuncia ante la inspección de trabajo.
El Gobierno, entre otras, ha decretado que en los meses de invierno, la temperatura de los establecimientos, centros comerciales, estaciones, grandes superficies, supermercados, etc. no podrá subir de 19 grados y en verano no podrá bajar de los 27 grados.
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Los comercios dispondrán de siete días para efectuar estas medidas de ahorro energético
Esta batería de medidas del ahorro energético, aprobada en el Consejo de Ministros extraordinario del 1 de agosto quedan registradas en el Real Decreto-ley 14/2022, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 2 de agosto.
Esta norma dispone que desde el día posterior a su publicación los establecimientos afectados cuentan con siete días naturales para que estas medidas entren en vigor.
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Desde el próximo 9 de agosto la población tendrá controles de temperatura debido a las medidas de ahorro energético
En esas, se recoge la obligatoriedad en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte, espacios culturales y hoteles de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno.
Esto ha generado un intenso debate público y, sobre todo, muchas dudas sobre cómo será su aplicación, puesto que desde el próximo 9 de agosto la población tendrá estos controles de temperatura (y otros).
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Los expertos afirman que el ahorro de estas medidas para el plan energético serán mínimas
Es entonces cuando los expertos estiman que el ahorro por las medidas aprobadas por el Gobierno será mínimo, ya que el sector que más consume es el industrial. Los especialistas estiman que habrá un ahorro sobrevenido los próximos meses por los altos precios.
“La mayor parte de tecnologías de iluminación de los escaparates son led, y las bombillas led consumen muy poca energía”, señala el experto energético Jorge Morales de Labra. Las recomendaciones de Bruselas para disminuir el consumo energético, como la de reducir el consumo de gas en un 15%, no llegaban tan lejos como las medidas españolas. Aunque todavía no se han pronunciado sobre la idoneidad de estas medidas, aunque han insistido en que son necesarias de cara al próximo invierno.
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Ahorro energético: limitación de los termostatos de 19º en invierno y 27 en verano
Fue entonces cuando la responsable de Transición Ecológica ha explicado en el Consejo de Ministro que las medidas aprobadas este lunes se extenderán hasta noviembre del año 2023. De todos modos, Ribera ha recordado que el paquete de respuesta se ampliará en septiembre, por lo que los márgenes temporales pueden variar.
Con medidas para la eficiencia, tenemos como principal atención a la limitación de los termostatos a un máximo de 19 grados en invierno y a un mínimo de 27 en verano en los edificios administrativos, espacios comerciales, estaciones de autobús, tren y aeropuertos, entre otros, hasta el 1 de noviembre de 2023. «Es una medida más eficiente en invierno que en verano», señalan los expertos.
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Los establecimientos deberán apagar los escaparates y los sistemas de iluminación exteriores
Por su parte, el Gobierno da siete días para que los establecimientos apaguen los escaparates y los sistemas de iluminación exteriores a partir de las 22 horas, que es también una de las medidas estrella de este ahorro energético. A esta última medida se sumarán edificios públicos que no estén en uso, por lo que se acelerarán las contrataciones del sector público relativas a la mejora energética de dichos edificios.
En caso de incumplirlas, se aplicaría un régimen sancionador basado en el reglamento de instalaciones térmicas de edificación y el código de alumbrado, dependiente de las comunidades autónomas. Así, podrían afrontar multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, aunque podrán ascender a seis millones de euros si son graves y hasta 100 millones de euros en el caso de ser muy graves. Sin embargo, esta norma no influirá en los alumbrados navideños, tal y como ha aclarado la ministra de Transición Ecológica durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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Climatización, rehabilitación energética y otros consejos para ahorrar gas
Por otro lado, el Gobierno dice que, aunque «se está haciendo mucho hincapié en el termostato», lo cierto es que «se han aprobado medidas bastante más importantes». Entre ellas, el profesor ha señalado la climatización y la rehabilitación energética. Mejorar el aislamiento de los edificios, de hecho, podría reducir a la mitad la demanda energética.
Si lo que se busca es ahorrar gas, se puede también mejorar el funcionamiento de las máquinas de aire acondicionado y, en invierno, de las calderas. Buscar sombras en nuestras casas con toldos o al simplemente echar las persianas en las horas de más calor son también otras actuaciones que pueden ayudar con dicho objetivo.
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El plan tiene problemas de inseguridad jurídica que impiden unas garantías de condiciones de trabajo adecuadas
Sin embargo, para los expertos sigue habiendo un problema de «inseguridad jurídica» y lamentan que muchas cuestiones quedan al «arbitrio de la Administración».
«En función de lo que la Administración quiera hacer en cada caso, se podría acabar sancionando a la empresa», expresan expertos como Liébana, que recuerda que la normativa sobre prevención de riesgos laborales establece la obligación de que el empresario garantice unas condiciones de trabajo adecuadas y que la Inspección de Trabajo debe vigilar su cumplimiento.
Sin embargo, según agrega, los técnicos de Industria también han de velar por que se apliquen las medidas de ahorro energético, contradictorias con las anteriores, lo que supone una sobrecarga para la empresa.
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