Diputados de PSOE, Unidas Podemos y otros partidos tanto del Congreso como de otros parlamentos autonómicos así como de la Eurocámara han lanzado este lunes en Madrid un nuevo Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia con el que buscan llamar la atención sobre la creciente violencia y represión que vive este país.
Entre sus integrantes hay miembros de PSOE, Unidas Podemos, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, EH Bildu, BNG, JxCat y Cataluña en Comú «preocupados por el alarmante agravamiento de la violencia» en Colombia, con «masacres, asesinatos, hostigamientos, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, torturas, actos de violencia sexual» así como por «la represión de la protesta social», lo que conlleva una «emergencia humanitaria y grave crisis de los Derechos Humanos».
Así las cosas, los integrantes de este intergrupo han acordado coordinar esfuerzos a sus distintos niveles para apoyar el proceso de paz que arrancó en 2016 con el acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC y también para una «defensa incondicional de los Derechos Humanos» en el país.
En este sentido, según han indicado en su declaración constitutoria, realizarán «un seguimiento de la situación que atraviesa Colombia con especial atención al desarrollo o estancamiento del Proceso de Paz» además de instar a los distintos parlamentos a que expresen un «apoyo inequívoco» a dicho proceso y más en concreto a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Por otra parte, los parlamentarios que lo componen tratarán de incidir ante el Gobierno y la UE para que antepongan los «valores democráticos a los intereses económicos» y ejerzan su capacidad diplomática para «eliminar los obstáculos al Proceso de Paz, adoptando una posición más activa de acompañamiento a dicho proceso y de exigencia al Gobierno colombiano del cumplimiento cabal de los acuerdos firmados».
Asimismo, reclaman tanto a España como a la UE «una política de asilo realmente garantista que proteja a las personas refugiadas colombianas que solicitan protección internacional» además de fortalecer los programas de protección para defensores de Derechos Humanos en situación de riesgo.
Por último, quieren que tanto el Gobierno como la UE contribuyan a «garantizar la observación internacional del ciclo electoral que tendrá lugar en Colombia en 2022».
