El Consejo Económico y Social de España (CES) considera necesario reforzar la participación de los interlocutores sociales en la reforma de la Formación Profesional, según contempla el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley orgánica de ordenación e integración de la FP, aprobado por el Pleno a finales de julio.
En este sentido, el Consejo afirma que la reforma requiere «consensos amplios en el marco del diálogo social y en el plano político parlamentario para lograr un efectivo desarrollo reglamentario y garantizar una suficiente financiación del sistema: objetivos que van más allá de los tiempos políticos».
En términos generales, valora de forma positiva la iniciativa normativa «en tanto que actualiza el sistema de FP, así como los objetivos y fines que persigue la reforma proyectada, sobre todo a la hora de ofrecer a las personas el acceso a una formación profesional de calidad y de permitir a las empresas contar con las personas trabajadoras que se demandan para cubrir los puestos de trabajo». Sin embargo, estima que el procedimiento de consulta seguido «no es adecuado».
A su juicio, el anteproyecto es «un punto de partida prometedor para una actualización del sistema de FP que sea capaz de responder a los importantes retos que marcan las transiciones digital y ecológica, y de contribuir a la recuperación económica post-Covid, además de generar sinergias dentro de una palanca de transformación como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)».
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA
Por otro lado, el CES entiende que debería garantizarse una financiación «suficiente y estable que permita el logro de los objetivos y fines establecidos en la misma». «Además, la articulación adecuada del esquema de financiación debería asegurar el desarrollo y mantenimiento del nuevo sistema a medio y largo plazo, dando respuesta a una demanda de inversión suficiente para hacer frente a los retos de adaptación contemplados en la norma», ha subrayado.
En cuanto a la integración de la FP en un sistema único, el Consejo piensa que «se trata de un objetivo tan ambicioso y complejo como necesario, que dista aún de conseguirse con la actual redacción del Anteproyecto». «Esta cuestión central del Anteproyecto es uno de los elementos clave de debate que se está abordando actualmente en la Mesa de Diálogo Social, pudiendo dar lugar a una modificación sustancial de las previsiones contenidas en el texto», ha señalado.
A juicio del CES, el tratamiento de la igualdad de oportunidades de la formación profesional que se realiza en el Anteproyecto «resulta insuficiente y fragmentado, siendo necesario que se dote a la norma de un enfoque integral, que recoja las obligaciones en materia de educación inclusiva y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema nacional de formación profesional».
En paralelo, el CES valora positivamente que el Anteproyecto reconozca a los interlocutores sociales como actores relevantes para la transformación global del sistema, pero considera que debería dotarse de mayor coherencia al articulado referido a su papel en la gobernanza, especificándose de manera clara que cuentan con potestad decisoria tanto en su diseño como en su gestión y seguimiento.
Según ha puntualizado, en el momento de recibirse en el Consejo la solicitud de este Dictamen, la reforma proyectada estaba en negociación en la Mesa tripartita de diálogo social para la formación profesional, en la que se están abordando numerosos aspectos de calado.
«Esta circunstancia puede determinar que el texto del Anteproyecto sometido a dictamen del CES no sea definitivo, lo que, de producirse, limitaría el ejercicio pleno de las competencias consultivas y de participación de este Órgano, que, además, no puede ni debe condicionar la dinámica del diálogo social autónomo que se está desarrollando entre el Gobierno (a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional) y los interlocutores sociales», ha matizado.
Es por ello que el Consejo critica «el tratamiento que se le ha dado como un organismo más en el proceso de consulta pública» y que considere pertinente pronunciarse en este Dictamen «únicamente acerca de las líneas generales de la reforma del sistema de la FP que se proyecta, mediante observaciones asimismo de carácter general, sin que proceda entrar a valorar cuestiones más concretas, aunque no menos importantes, contenidas en el articulado del Anteproyecto».
