Los desahucios de familias que viven en pisos públicos de la Generalitat se han intensificado en las últimas semanas, con operativos policiales que ya han expulsado a varias familias del barrio barcelonés de La Mina. Hay 58 viviendas en ese barrio que serán desalojadas de aquí a final de año, según fuentes oficiales, mientras la mesa de emergencia de Barcelona alcanza un récord de 754 familias en espera de una vivienda social.
Los números retratan un giro drástico en la política habitacional de la Generalitat: en 2025 se registraron más de 200 desahucios de pisos de la Agència d'Habitatge de Catalunya, el doble que en 2023. Es el resultado de una decisión explícita del Govern de no regularizar a familias que ocupan inmuebles sin título habilitante, tal y como denuncian los sindicatos de vivienda.
Qué está pasando en la calle: tres desahucios en un día y decenas en cartera
El pasado jueves, un dispositivo de los Mossos d'Esquadra desalojó a tres familias —dos de ellas monomarentales— en el barrio de La Mina, en Sant Adrià del Besòs. Siete menores se quedaron sin la casa en la que vivían desde 2017, cuando ocuparon los pisos que llevaban años vacíos.
No son casos aislados. La Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (Coshac) ha identificado al menos diez familias más en Barcelona y Sant Adrià con causas judiciales abiertas, a la espera de sentencia de desahucio. Ninguna de ellas tiene una alternativa habitacional si el juez ordena el lanzamiento.
En el barrio de La Mina hay 55 desahucios programados hasta diciembre. La Generalitat y el Consorcio del barrio defienden que esos pisos se destinaron originalmente al realojo de vecinos del bloque Venus. Pero para muchos afectados, el problema no es quién ocupa, sino que la Administración ha decidido no buscar soluciones intermedias.
El impacto en las familias: de la mesa de emergencia a la calle
Saray es una de las madres afectadas. Vive en un piso público de El Polvorí, en Barcelona, con dos hijos pequeños. En marzo recibió una sentencia que la obligaba a marcharse en mayo, pese a tener un certificado de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales. Aunque ese primer desahucio se suspendió, ella teme que la segunda orden llegue en cualquier momento: 'vivo con miedo, con ansiedad, y sé que en nada me voy a tener que ir', explicó al diario El Salto.
Los sindicatos denuncian que a estas familias se les niega el acceso a la mesa de emergencia cuando son desahuciadas. La Agència justifica su negativa acusando a los ocupantes de 'quitarle el piso a otra persona', un discurso punitivo que, según Marta López de Coshac, es contradictorio: al mismo tiempo se les prohíbe entrar en la lista de espera.
En Barcelona, la lista de espera de la mesa de emergencia alcanzó en mayo las 754 familias, la cifra más alta desde que se tienen registros. El dato coincide con los recortes del Ayuntamiento: en 2025 solo se cedieron 59 pisos a esa mesa, frente a los 143 de 2022. Y mientras, el presupuesto municipal para vivienda pública ha bajado a la mitad en solo tres años.
Por qué la Administración ha cambiado de estrategia: un giro de 180 grados en cuatro años
El cambio de paradigma se remonta a 2022, cuando la Agència dejó de regularizar a familias sin contrato en vigor. Desde entonces, todos los casos se judicializan y la mayoría acaba en desahucio. Las cifras de desalojos en pisos públicos se han duplicado: de 165 en 2023 a 203 en los primeros diez meses de 2025. El Govern no lo esconde: la conselleria entiende que ocupar una vivienda pública vacía es saltarse la lista y desincentiva cualquier vía extrajudicial.
Los colectivos por la vivienda ven en este endurecimiento un cambio de protocolo judicial y policial para acelerar los lanzamientos. Martí de las Heras, portavoz de PAHC Bages, habla de una 'violencia judicial y policial' que no se veía hacía años. Además, el año pasado se abrieron 88 expedientes sancionadores —la mayoría multas de la Ley de Seguridad Ciudadana— contra activistas que acudían a parar desahucios.
La mesa de emergencia de Barcelona tiene la lista más larga de su historia mientras se aceleran los desalojos.
Las posturas están enfrentadas: la Generalitat insiste en que no puede permitir que se eluda el sistema de asignación, mientras las entidades sociales acusan a la Administración de actuar como un gran tenedor insensible. El resultado es que familias con menores y en situación acreditada de vulnerabilidad se quedan sin techo y sin acceso prioritario a la vivienda pública.
En ciudades como Manresa, la situación es aún más tensa. Varios bloques ocupados por colectivos como PAHC Bages están en el punto de mira del fondo buitre Cerberus y de la Sareb. Aquí también la AHC ha sancionado a familias que rechazan un piso por no ser adecuado: les excluye de la mesa de emergencia durante dos años, como le ocurrió a Abderrahman Latrach, padre de cuatro hijos, que considera que el piso ofrecido era insuficiente.
De cara a los próximos meses, los sindicatos prevén más movilizaciones. La mesa de negociación abierta con la AHC tras la ocupación de su sede en mayo se ha limitado a los casos de subrogación de contrato e impagos, excluyendo expresamente las ocupaciones. Así que la mayoría de las familias afectadas no tienen vía de diálogo. La pelota está en el tejado del Govern, que deberá decidir si mantiene la línea dura o abre un cauce para buscar alternativas antes de que se multipliquen los lanzamientos.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Generalitat ejecuta decenas de desahucios en viviendas públicas, especialmente en Barcelona, y tiene previsto continuar con el calendario de lanzamientos hasta final de año.
- Por qué te importa: Más de 750 familias esperan un piso de emergencia mientras la Administración desahucia a familias vulnerables, muchas sin alternativa habitacional.
- A quién afecta: Familias con menores, madres monomarentales y hogares que ocupaban pisos públicos vacíos, además de los colectivos que reclaman un alquiler social.
- Hacia dónde vamos: Si no se abre una vía de negociación para todos los casos, los desahucios seguirán al alza y crecerá el conflicto social en torno a la vivienda pública.
