Pilar Alegría llega al Ministerio de Educación y Formación Profesional (FP) con el reto de aplicar la reforma educativa que aprobó su antecesora y que se conoce por su apellido la ‘Ley Celaá’ así como aprobar la Ley de Formación Profesional. Además, deberá hacer frente a la implementación de las medidas sanitarias en las escuelas por la pandemia.
La LOMLOE, octava ley educativa de la democracia española, ha sido una norma duramente criticada y ante la que se han rebelado varias comunidades autónomas gobernadas por el PP.
La norma contempla el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la oferta «suficiente» de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las nota media; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la «excepcionalidad» de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.
Asimismo, la norma suprime la referencia al castellano como «lengua oficial del Estado», así como la consideración de «lenguas vehiculares» tanto del castellano como de las demás lenguas cooficiales, un asunto que según el Gobierno no supondrá cambio alguno en la práctica. El Ejecutivo de coalición recuerda que el castellano no quedó plasmada como una lengua vehicular en la enseñanza hasta la ‘Ley Wert’ de 2013.
La oposición ha visto con esta modificación (que vino de una enmienda conjunta entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC) una concesión al independentismo para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta polémica suscitó que PP, Cs y Vox recurrieran la norma al Tribunal Constitucional.
Además ha provocado que los tres partidos, en especial el PP, hayan puesto en marcha una serie de acciones para no tener que aplicar la nueva Ley de cara al siguiente curso. De hecho, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acaba de aprobar el proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa para blindar la educación concertada y la especial.
Pero Celaá deja a Alegría otro de sus caballos de batalla, una nueva Ley de la Formación Profesional, cuya previsión era que viese a luz este mismo año.
Por otro lado, la pandemia seguirá marcando el fin de este curso escolar y el comienzo del próximo, la hasta ahora ministra de Educación había emplazado al mes de agosto para evaluar de nuevo con las comunidades autómas las medidas a aplicar el próximo curso.
