Más de 28.000 personas han firmado ya una petición ciudadana para que España deje de arder cada verano. Mientras, el Gobierno y el PP se enredan en una disputa sobre si el acuerdo debe llamarse Pacto de Estado contra la Emergencia Climática o, simplemente, contra Incendios.
Hace casi un año, el presidente del Gobierno presentó una propuesta ambiciosa para un Pacto de Estado contra la Emergencia Climática. Incluía ejes como la extensión de una gestión forestal del siglo XXI, el apoyo a la ganadería extensiva, la agricultura regenerativa y la dotación permanente de medios para combatir eventos extremos. Pero el PP la rechazó por considerarla demasiado amplia y ha puesto sobre la mesa su propio plan con 50 medidas específicas contra incendios. El choque de marcos mantiene el pacto en el congelador.
La pelea política por el nombre del acuerdo
El Ejecutivo defiende que cualquier pacto contra incendios debe integrarse en una estrategia más amplia de lucha contra la emergencia climática, porque el calentamiento global multiplica por 20 la probabilidad de grandes incendios en el centro peninsular. El PP, en cambio, sostiene que mezclar objetivos diluye la urgencia y reclama un acuerdo específico que priorice la prevención y la extinción.
Ese desencuentro mantiene en el aire un acuerdo que, para los expertos, es imprescindible. “Lamentamos que pese a la situación tan grave que vivimos en 2025, no haya habido un impulso para que todos se sienten a trabajar en la misma línea”, denuncia Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF. Su organización pide “un plan de acción a nivel estatal que tenga que ver específicamente con los incendios; nos da igual que se llame pacto o conjunto de medidas”. Suárez insiste en que el futuro del territorio no es de derechas ni de izquierdas.
Qué piden los científicos: de la extinción a la gestión
El consenso técnico es aplastante: hay que reequilibrar la inversión entre apagar fuegos y prevenir que se produzcan. Hoy el gasto se concentra en la extinción, mientras la gestión forestal recibe migajas. Las medidas que los especialistas llevan años reclamando incluyen:
- Aplicar al completo el Real Decreto 716/2025, que fija criterios comunes para los planes autonómicos de prevención, vigilancia y extinción.
- Gestionar cada año al menos el 1 % de la superficie forestal –unas 260 000 hectáreas– mediante actuaciones estratégicas y mantenidas.
- Recuperar mosaicos agroforestales, apoyar la ganadería extensiva y generar actividad económica viable en el medio rural.
- Reforzar la autoprotección en urbanizaciones y viviendas situadas en zonas de interfaz urbano-forestal.
El ecólogo del CSIC Fernando Valladares ha impulsado esta semana una petición ciudadana, “España arde: pacto de estado de adaptación y prevención de incendios”, que ya reúne más de 28 000 firmas. Entre otras medidas, reclama una ley con presupuesto plurianual garantizado para que ninguna comunidad autónoma pueda desmantelar sus cuerpos de agentes medioambientales por falta de fondos, y redirigir las subvenciones tóxicas hacia el pastoreo, la ganadería extensiva y unas condiciones laborales dignas para quienes producen alimentos.
Los ingenieros de montes ponen el dedo en otra llaga: el 72 % de los montes está en manos de propietarios particulares que, sin ayudas fiscales ni técnicas, no pueden gestionarlos. “Se necesita un Pacto de Estado que incida en las verdaderas causas del problema, no solo en el cambio climático”, apunta Ignacio Pérez-Soba, decano en Aragón. Subraya que en su comunidad las líneas eléctricas causan el 51 % de los fuegos y que soterrar más cableado y renovar redes rurales serían medidas de gran impacto.
Más de dos tercios de los montes están en manos privadas sin capacidad para prevenir incendios.
Un desequilibrio histórico que el pacto debe corregir
La paradoja es conocida: España gasta cientos de millones en medios aéreos y retenes para apagar los fuegos, pero apenas invierte en la gestión forestal que los prevendría. El decano del COIM, Eduardo Tolosana, propone que el pacto se estructure en tres ejes: prevención, autoprotección de las personas y fomento de una gestión activa que, además, genere materias primas para la bioeconomía.
Los incendios devastadores no son una fatalidad, insiste la portavoz del COIM, Margarita Hernández. “Es hora de dejar de mirar al cielo esperando que cambie el tiempo y empezar a mirar al suelo, transformando la manera en que gestionamos nuestro territorio con rigor, valentía política y visión estratégica”. El pacto, recalcan, no puede esperar otro agosto.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno (PSOE) y el PP mantienen bloqueado un pacto de Estado contra incendios por discrepancias sobre si debe llamarse “contra la emergencia climática” o “contra incendios”.
- Por qué te importa: La falta de acuerdo impide aplicar medidas urgentes de prevención y gestión forestal que reduzcan el riesgo de grandes incendios cada verano.
- A quién afecta: A toda la población, especialmente a quienes viven en zonas rurales, urbanizaciones cercanas a montes, ganaderos y agricultores.
- Hacia dónde vamos: Los expertos reclaman que se desbloquee el pacto y se reequilibre la inversión hacia la prevención, con presupuestos plurianuales y coordinación entre administraciones.
