El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes 24 de mayo, el anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria que pone fin al Reglamento de disciplina académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y Enseñanza Técnica, firmado por Franco en 1954 y todavía vigente y que aún sanciona manifestaciones contra la Iglesia o «palabras indecorosas».
«Es un reglamento, por tanto, anticonstitucional», advirtió el minsitro de Universidades, Manuel Castells, el pasado mes de febrero recordando que se trata del «único instrumento que tienen las universidades en este momento» sobre el tema.
El minsitro ya avanzó que, ante la idea incial de derogar el reglamento, finalmente se ha optado por sustituirlo por una ley «en consonancia con los valores democráticos», así como con los «principios constitucionales», tal y como ya reclamaron el año pasado los recetores unviersitarios que avisaron que de no hacerlo así se generaría un «limbo jurídico» en la universidad.
Según avanzó Castells, será una norma que «trascienda lo meramente punitivo para promover una convivencia basada en la tolerancia, el pluralismo, el respeto a la diversidad, la garantía de los derechos y la resolución pacífica de los conflictos, fomentando la corresponsabilidad entre todos los miembros de la comunidad universitaria».
Según Universidades, la vigencia del reglamento franquista pone de manifiesto la existencia de un régimen preconstitucional totalmente obsoleto que es el que rige esta cuestión; y conlleva la ausencia de una regulación homogénea en todo el estado adaptada al régimen constitucional. De este modo, con la nueva norma, se pretende actualizar el régimen sancionador y además crear un nuevo marco de convivencia común para todo el sistema universitario español.
Así, la futura regulación pretende facilitar la creación de entornos de convivencia fijados democráticamente por las propias universidades; promover la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad universitaria en la convivencia; fomentar la mediación como vía de resolución de conflictos; y establecer un nuevo régimen disciplinario adaptado al ordenamiento jurídico vigente y realidad social actual, que fije claramente qué comportamientos se deben considerar reprochables en el ámbito de la convivencia universitaria, así como unas sanciones proporcionadas y adecuadas no solamente a la vida en el campus universitario, sino también a las circunstancias personales y sociales de los estudiantes.
