El responsable federal de Justicia de IU y secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, ha calificado de «preocupante», además de «ilustrativa», la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar la diligencia informativa abierta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, en relación con unas manifestaciones realizadas en una entrevista televisiva en la que aseguraba que la democracia está «en solfa» debido a la presencia «del Partido Comunista» en el Gobierno de España.
A su juicio, el órgano de gobierno de los jueces, a través de su Servicio del Promotor de la Acción Disciplinaria, «vuelve a eludir» así aplicar cualquier tipo de sanción a este polémico magistrado.
Y es que el año pasado, en los meses iniciales de la pandemia, IU recuerda que «cargó también» contra el conjunto del Gobierno de coalición por sus medidas frente al Covid-19, todas ellas refrendadas desde el Congreso de los Diputados.
El archivo de la diligencia informativa abierta al magistrado José Luis Concepción se produce después de las denuncias que presentaron por separado hace poco más de dos meses ante el CGPJ la vocal de este mismo órgano de gobierno de la judicatura María Concepción Sáez y el Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas y Red de Abogados Demócratas (FAI-RADE).
Ambas partes consideran que las manifestaciones del magistrado cuestionando el «talante democrático» de los miembros del Gobierno que pertenecen al PCE vulneraban «gravemente» la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tras conocer este dictamen, Santiago ha trasladado su «total consideración y respeto» a la vocal Sáez y a FAI-RADE «por la actuación que decidieron llevar a cabo», siguiendo «escrupulosamente» los cauces establecidos por el propio CGPJ.
«Lamentamos que sus razonados y legítimos argumentos no se hayan tenido en cuenta. Un órgano como el CGPJ, que ha dado sobradas muestras de una férrea defensa de la separación de poderes, parece que no esté muy de acuerdo en hacerla respetar de la misma forma por todos los actores implicados», ha añadido el dirigente federal de IU y máximo responsable del PCE.
También ha destacado que «no es aceptable» que desempeñe «una función judicial que constitucionalmente exige neutralidad e imparcialidad» una persona que «ataca y discrimina en declaraciones públicas como representante de un alto tribunal a una fuerza política que participó en la redacción de la Constitución, además de ser probablemente la que más esfuerzos hizo junto a la ciudadanía para devolver la democracia a España».
Para Santiago, «en momentos especialmente delicados, cuando fuerzas políticas como el PCE, IU o Unidas Podemos soportan ataques a sus instalaciones o miembros de las mismas son objeto de un continuo acoso y amenazas, decisiones como la conocida hoy no ayudan a aumentar la confianza de la ciudadanía en destacados órganos de nuestros sistema democrático que se suponen ponderados y neutrales por naturaleza».
GRAVEDAD DE LAS AMENAZAS A IGLESIAS
Sobre este punto, ha constatado la «especial gravedad» de las amenazas de muerte por escrito, con «balas incluidas», recibidas ayer tanto por el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, como por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
«Quienes militamos y participamos en formaciones políticas que ya mucho antes de recuperarse la democracia defendían la división de poderes y la libertad de expresión en nuestro país, esperamos que nadie trate ahora de apropiarse de unos principios y derechos fundamentales para aplicarlos en una sola dirección y ampararlos en función de la relevancia y proximidad de quien los utiliza», ha zanjado.