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Canarias destaca su «cero positivos» en las residencias

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, y la viceconsesjera del área, Gemma Martínez, han hecho este lunes un balance de la situación de las residencias tras un año desde que se activaran los diferentes protocolos motivados por la pandemia del coronavirus, destacando su «cero positivos» tras la vacunación.

Al respecto, la consejera regional ha afirmado que actualmente el 96 por ciento de los residentes de los centros residenciales y del personal «está ya vacunado en Canarias y las 17.000 personas, entre usuarias y profesionales de las residencias, cuentan ya con las dos dosis de las vacunas».

Añade que a esta cifra hay que sumar otras 500 personas que se encuentran a la espera de la segunda dosis, lo que para Santana «demuestra que los protocolos se han cumplido y se llevado a cabo con efectividad en los centros sociosanitarios».

Respecto a los centros de atención diurna, ha matizado que se prevé que a mediados de junio esté vacunada «la mayoría de usuarios de estos recursos». De todos modos, ha subrayado que «a día de hoy» hay «cero positivos» en las residencias de Canarias, tanto en los usuarios de los centros como en el personal que los atiende.

Por ello, ha indicado que Canarias «es un lugar seguro» para las personas mayores y con discapacidad, «una comunidad libre de Covid-19», según informó el Gobierno regional en nota de prensa.

Sin embargo, Santana ha lamentado que en este año de pandemia 80 personas de las residencias canarias han fallecido por coronavirus, un dato que ha admitido es «muy duro y dramático», a pesar de ser la comunidad autónoma que «menos defunciones ha registrado por la Covid-19, lo que demuestra el buen trabajo que se ha hecho en cuanto a los protocolos de atención, ya que en comparación a otras comunidades la cifra de defunciones es muy inferior».

FLEXIBILIZACIÓN DE VISITAS

Por otro lado, Santana ha indicado que es la situación actual de las residencias la que ha llevado al decreto de una orden conjunta de las consejerías de Sanidad y de Derechos Sociales que permitirá «flexibilizar el régimen de visitas, desplazamientos, salidas e ingresos en residencias de personas mayores y con discapacidad».

Esto es el resultado del «camino positivo» que ha registrado el archipiélago en lo que a la atención de las personas dependientes se refiere durante la pandemia, citando que Canarias fue «la primera comunidad en realizar cribados masivos en las residencias, un camino que se refleja también en el número de fallecimientos».

Canarias tiene 6.915 personas mayores en 133 residencias, en las que trabajan 6.092 profesionales para su atención. En cuanto a las residencias para personas con discapacidad hay 95 con 1.777 residentes, atendidos por unas 2.000 personas técnicas.

Por su parte, la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, ha destacado que gracias a las medidas adoptadas «en este año tan duro para los residentes mayores y personas con discapacidad y sus familias, y gracias a la vacunación, el escenario hoy es totalmente diferente», de ahí que ha indicado que se puede «comenzar a flexibilizar el régimen de visitas y salidas de los centros».

Agregó que la nueva Orden aprueba las medidas de prevención aplicables a recursos de atención de personas en situación de dependencia y discapacidad, en función de la situación vacunal de la persona y el nivel de alerta de la isla.

Asimismo, regula el régimen de visitas, salidas y desplazamientos de las personas usuarias de residencias y hogares de ancianos, hogares, instalaciones de vida asistida, además de las viviendas tuteladas y hogares funcionales para personas con discapacidad, con problemas de salud mental o para personas mayores.

En relación con ello expone que el régimen de visitas variará en función de la situación vacunal de la persona y del nivel de alerta en el que se encuentre la isla donde esté ubicado el recurso, de tal forma que las residencias en territorio en nivel de alerta 1 y 2, si la persona mayor residente visitada ha completado la vacunación se asegurará el derecho a recibir, al menos, tres visitas semanales.

Añade que si el residente visitado no ha completado la vacunación, mientras ésta no se complete, se asegurará una visita semanal de duración no superior a una hora. Por su parte, en el nivel de alerta 3 y 4, si el residente visitado ha completado la vacunación podrá hacer hasta dos visitas semanales de duración no superior a una hora, y si el residente visitado no ha completado la vacunación se mantendrá el mismo régimen de visitas que en los niveles de alerta 1 y 2 aunque con la supervisión de un trabajador.

Respecto al régimen de salidas y desplazamientos de las personas usuarias, en el caso de las residencias de personas mayores que hayan completado la vacunación se contemplarán las salidas de residentes en todos los niveles de alerta conforme a las recomendaciones de protección mientras que, en el caso de los centros residenciales de personas con discapacidad o con problemas de salud mental estará permitida la salida de las personas residentes a cualquier vía o espacio de uso público, en los términos que se establecen según el nivel de alerta y su estado vacunal, procurando siempre que sea posible la participación en la comunidad de manera autónoma.

EL RETORNO Y LOS NUEVOS INGRESOS

En cuanto al retorno y nuevos ingresos de personas usuarias a los centros y demás establecimientos residenciales, se establece que, de forma general, no se realizará la prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) a la salida y reingreso de residentes vacunados.

Para el residente no vacunado, se realizará la prueba de PCR teniendo en cuenta el perfil de la salida (duración, actividades realizadas) y la situación epidemiológica de la isla.

Al reingreso, se mantendrá una vigilancia activa de síntomas y se extremarán las medidas de prevención, procediendo a un aislamiento preventivo y PDIA inmediata ante cualquier síntoma sospechoso de COVID-19.

Por su parte, en lo que se refiere a las viviendas tuteladas y hogares funcionales para personas con discapacidad, con problemas de salud mental o para personas mayores, dado que son recursos integrados en la comunidad, quedarán equiparados y sujetos a la normativa vigente en cada momento para la población en general según el nivel de alerta existente en cada momento, particularmente en lo relativo a las medidas referidas a las relaciones sociales y familiares.