El alcalde de Sant Julià de Ramis (Gerona), Marc Puigtió, ha acudido este miércoles a la Audiencia Nacional para reclamar por la vía contencioso-administrativa al Ministerio de Justicia más de 13.000 euros por los daños provocados por la Guardia Civil en el pabellón municipal durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, una actuación que ha considerado «desproporcionada», por lo que se ha mostrado seguro de que «en un país normal» ganaría, aunque ha dudado que lo haga tras la sentencia del ‘procés’.
Según ha contado Puigtió en declaraciones a la prensa realizadas a la entrada del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10, el 1-0 unos 20 furgones de Policía y Guardia Civil se trasladaron a Sant Julià de Ramis, «un pueblo de 3.600 habitantes», para impedir la celebración del referéndum. Con este propósito intentaron adentrarse en el pabellón municipal forzando las puertas.
Esto provocó «unos desperfectos totalmente desproporcionados, que no eran coherentes con la conducta que tenían los vecinos», ha sostenido el dirigente de ERC. El Ayuntamiento ha valorado en 13.427 los daños ocasionados, la mayoría en puertas, cerraduras y carpintería (más de 10.000 euros), aunque también incluye los ordenadores portátiles de los que se incautaron las fuerzas de seguridad y que, según Puigtió, pertenecían a los vecinos (unos 2.600 euros).
En diciembre de 2017, el Ayuntamiento presentó una reclamación por vía administrativa ante el Ministerio de Justicia para que reconociera su responsabilidad patrimonial e indemnizara los daños en dicha cuantía. La queja se dirigió contra esta cartera porque ese día, el 1-0, la Guardia Civil estaba actuando como policía judicial bajo las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
ACTUACIÓN PROPORCIONADA DE LA GUARDIA CIVIL
El Ministerio de Justicia rechazó las reclamaciones de Sant Julià de Ramis el pasado mes de marzo, tras lo cual el Gobierno local presentó una demanda por la vía contencioso-administrativa cuya vista se ha celebrado este miércoles.
En ella, el abogado del Estado ha defendido el informe elaborado por el Consejo General del Poder General (CGPJ) que consta en el expediente administrativo, conforme al cual hubo una actuación culposa del Ayuntamiento al celebrar el referéndum independentista y la respuesta de la Guardia Civil fue proporcionada, por lo que sostiene que no habría responsabilidad patrimonial ni procedería indemnizar, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
La otra parte, en cambio, ha reivindicado el contenido del informe redactado por el aparejador municipal para acreditar que los desperfectos del pabellón municipal fueron obra de la Guardia Civil y cuantificarlos. Ha comparecido como perito-testigo para ratificarse en el mismo y añadir algún detalle. El alcalde también ha estado presente en la vista pero no ha intervenido.
EL PRECEDENTE DEL ‘PROCÉS’
Tras una media hora, el caso ha quedado visto para sentencia, que se espera en un plazo de diez días. «En un país normal no habríamos llegado aquí porque la Guardia Civil no habría actuado así, y en una justicia normal lo ganaríamos, estoy convencido, porque todo el mundo vio cómo actuó la Guardia Civil ese día pero, vista la injusticia española, seguramente lo tendremos complicado», ha dicho Puigtió.
A este respecto, ha explicado que a él le gustaría ganar «por todos nuestros vecinos, por lo mal que pasaron ese día». «Pero será complicado. Viendo el resultado del juicio del ‘proceso’, pues no entiendo que ahora nos dieran la razón», ha insistido.
Además, Puigtió ha aprovechado para lanzar una crítica a otros ayuntamientos, indicando que «habría estado bien que más pueblos hubieran hecho esta denuncia porque así tenemos más fuerza». «Pero bueno, nosotros dijimos que llegaríamos hasta el final y aquí estamos», ha zanjado.
