El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha recurrido su imputación en la pieza ‘Kitchen’ del caso ‘Tándem’ -que investiga el presunto uso fraudulento de fondos reservados para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas- en un escrito en el que niega autenticidad a cuatro mensajes de texto que le implicarían en este asunto y que habría intercambiado con su número dos, Francisco Martínez.
Los mensajes fueron guardados por el entonces secretario de Estado de Seguridad, que incluso levantó acta notarial de los mismos.
En el recurso remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa impugna el valor probatorio de las comunicaciones, afirmando que al haber sido aportadas a la causa mediante archivos de impresión, «se desplaza la carga de la prueba a quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria», por lo que considera imprescindible la práctica de una prueba pericial que acredite la realidad de estas conversaciones.
En uno de los mensajes aportados por el también imputado Francisco Martínez el exministro de Mariano Rajoy le señala al entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como un elemento «importante» para averiguar cuestiones relativas al extesorero de los populares, según obra en el sumario.
En todo caso, la defensa de Fernández Díaz, que ejerce el abogado Jesús Mandri, señala que el exministro tiene una «absoluta disposición» a prestar declaración ante el juez del caso, Manuel García-Castellón, si bien en calidad de testigo, «pero no de investigado, pues de esta última derivan otras connotaciones y una estigmatización que en este caso no resulta justificada ni necesaria». Está citado para el próximo 30 de octubre.
A lo largo de su escrito de 14 páginas, el letrado defiende la «inexistencia absoluta de indicios incriminatorios» respecto su cliente, a quien la Fiscalía Anticorrupción imputa indiciariamente los delitos de prevaricación, descubrimiento, revelación de secretos y malversación de caudales públicos.
Frente a ello, el abogado de Fernández Díaz alega que el juicio de imputación a su cliente «no se sustenta en auténticos indicios racionales de criminalidad sino en meras conjeturas», y más con una instrucción se supone que ya avanzada, que a juicio de esta parte exige un juicio de ponderación que «debe ser extremado» para evitar una investigación judicial prospectiva.
Así, sobre los mensajes con Francisco Martínez, Mandri insiste en que el exministro ni los envió ni los recibió, que solo constan impresos en dos actas notariales «que parece que se dan por buenos y se presume su autenticidad», siendo el resto de referencias a su cliente en el sumario «genéricas, vagas, imprecisas» y no sustentadas en elementos de los que pueda inferirse su participación en los hechos.
A ello se suma que los mensajes fueran borrados voluntariamente por el exsecretario de Estado tras sus comparecencia.
EL ÚNICO SIN APODO
Sobre los apodos utilizados en sus conversaciones por el excomisario en prisión José Manuel Villarejo, imputado por organizar el operativo de espionaje a Bárcenas, -como el de ‘Asturiano’, atribuido a Rajoy- la defensa de Fernandez Díaz recuerda que la propia Fiscalía apunta en un informe a diversas personas identificadas en la investigación con estos sobrenombres, ninguno de los cuales es su cliente.
«Esta circunstancia es muy significativa, es decir, no aparece su nombre en el listado de personas identificadas durante la investigación de la operación Kitchen», por lo que no entiende como el juez instructor le considera «centro nuclear» de la operación investigada.
Para la defensa, además, el origen de la operación ‘Kitchen’ según se deduce de la propia investigación tiene que ver con documentación en poder de Bárcenas, pero «ni estuvo ni afectaba al Ministerio del Interior».
«Y resulta obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior, y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio», afirma, para añadir que a Fernández Díaz nos se le ha relacionado jamás con el asunto de los ‘papeles de Bárcenas’ que se venía investigando en la Audiencia Nacional.
También apunta el abogado Mandri a que el propio Martínez se refiere en textos encontrados en su móvil «contacto cecilio» que aparece en el sumario (que según los investigadores se refiere al CNI), por lo que considera que «focalizar» y «encapsular» la investigación judicial en Interior «constituye cuando menos un exceso interpretativo».
En todo caso, concluye que la gestión de los fondos reservados corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad por delegación del Ministerio del Interior, por lo que, al margen de conjeturas, «no existe causa o elemento» que permita concluir que Fernández Díaz estuviera al corriente o participara en la gestión de los fondos que fueron destinados, según la tesis de Fiscalía, a pagar a Ríos. Niega también que su cliente tuviera que participar en la asignación al chófer de una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía.
Esta operación policial encubierta se puso en marcha entre 2013 y 2014 por parte de Villarejo -entonces adjunto a la DAO de la Policía- y se trataba, según las investigaciones, de un plan para captar como confidente a Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas, con el objetivo de acceder a documentación que el tesorero tuviera en su poder.
La petición de Anticorrupción se apoyó en un informe redactado por los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano tras tener acceso a documentos, mensajes personales de Martínez al exministro y los recibos de los pagos al exchófer de Bárcenas, que habría recibido más de 53.000 euros por su colaboración en un operativo ‘parapolicial’ en el que habrían participado más de 70 agentes.
