El 84% de las firmas de capital privado en España ya incluye criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG, Environmental, Social and Governance) tanto en su gestión como en sus decisiones de inversión, según recoge la guía de inversión responsable para el sector del private equity y venture capital elaborada por PwC y por la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (Ascri).
La guía refleja que el 75% de las firmas encuestadas aseguró que en la actualidad cuenta con una política de inversión responsable y el 50% adoptaron un compromiso público en esta materia. Esta situación va en línea con lo que sucede en el ámbito internacional, donde estos porcentajes son del 91% y del 79%, respectivamente.
La encuesta refleja que las nuevas tendencias globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los riesgos climáticos y los derechos humanos están teniendo un impacto significativo en la inversión responsable en España. En concreto, el 56% de los entrevistados ya tienen en cuenta los ODS en su enfoque o estrategia de inversión y el 63% dice estar preocupado por el cambio climático.
No obstante, existen algunas cuestiones donde todavía queda camino por recorrer, por ejemplo, en aspectos más prácticos como la monitorización de los indicadores de desempeño ESG, en los que solo el 28% de las firmas españolas encuestadas cuentan con este tipo de indicadores, o los medios humanos que se dedican a esta materia, de los que solo el 14% cuenta con un equipo o una persona dedicada en exclusiva a estas cuestiones.
La guía de inversión responsable para el sector del private equity y venture capital destaca distintos retos a los que deben hacer frente las organizaciones en general y el sector financiero en particular y que hacen fundamental la integración de los aspectos no financieros en la gestión y en el desarrollo de sus actividades.
Entre esos retos se encuentran los relativos a la apuesta por la transparencia; implicación de los accionistas; la gestión de la crisis climática; la necesidad de entender sus actividades como parte de una cadena de valor global; la necesidad de evolucionar hacia una economía circular; y el papel del sector privado en la consecución de los ODS.
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La reforma del sistema de financiación autonómica, por un lado, y una relajación de la regla de gasto que permita utilizar el superávit acumulado en las administraciones cumplidoras de las normas fiscales, por otro, son los ejes en los que se sustentan las demandas planteadas por Canarias ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El nuevo edificio de tres plantas, que tiene previsto entregar el Consistorio a lo largo de las próximas semanas, está conformado por un bloque adosado a dos edificaciones existentes, situadas en la calle Guayaberos en el barrio de La Galera. Cuenta con pisos de siete tipos diferentes que tienen una superficie que oscila entre los 66 y los 83 metros cuadrados construidos. Además, dispone de una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida.
