El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó este viernes la flexibilización del objetivo de déficit de las comunidades autónomas para 2020 al 0,2% del PIB, dos décimas más sobre el actual objetivo vigente de equilibrio presupuestario.
Así lo anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al CPFF reunido esta tarde, en el que la senda fue aprobada por 12 votos a favor y 6 en contra. En concreto, votaron a favor el Ministerio de Hacienda, los consejeros del PSOE (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana y Navarra), el de Cantabria (PRC) y Melilla (gobernada por Ciudadanos). Por el contrario, las autonomías gobernadas por el PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y Ceuta) votaron en contra.
La senda aprobada también fija para las comunidades autónomas un objetivo del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario a partir de 2022. La ministra señaló que el reparto del objetivo entre el resto de administraciones se conocerá la próxima semana, ya que el lunes se reunirá con la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para informar a los municipios sobre el objetivo que tendrán que cumplir.
En cuanto a la deuda, los objetivos aprobados son del 23,4% en 2020; 22,8% para 2021; 22,1% en 2022; y 21,4% para 2023.
Este objetivo del 0,2% para 2020 supondrá que las comunidades autónomas tengan que reducir el déficit en una décima, ya que, según fuentes presentes en la reunión de esta tarde, se prevé que el déficit de las autonomías cerró 2019 en el 0,5%, cifra de la que dos décimas son imputables al impacto de la liquidación del IVA, por lo que el déficit de 2019 sería del 0,3% si no se tiene en cuenta este elemento.
IVA DE 2017
Precisamente sobre el problema con la liquidación del IVA de 2017, por la que las comunidades autónomas recibieron sólo once mensualidades, Montero anunció que Hacienda no lo tendrá en cuenta cuando analice si las regiones cumplieron con el objetivo de déficit de 2019. En concreto, si tras descontar el efecto del IVA, las comunidades registran un déficit del 0,1% o inferior, Hacienda entenderá que cumplieron el objetivo en 2019.
De esta forma, si una comunidad cumple con el objetivo de déficit tras descontar el efecto del IVA de 2017, no tendrá que presentar un Plan Económico Financiero (PEF). Asimismo, si se acogen a los mecanismos de financiación, quedarán asignadas al Fondo de Facilidad Financiera y no al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por lo que podrán compaginar la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez con la salida a los mercados.
Sobre este tema, la titular de Hacienda recordó que el problema de la liquidación del IVA de 2017 fue generado por el Gobierno del PP y señaló que los populares y Ciudadanos impidieron solucionarlo al rechazar la propuesta incluida en los Presupuestos de 2019. Por ello, reconoció entender el malestar de las comunidades autónomas «como yo lo sentí al ser rechazados los Presupuestos», y criticó la “incoherencia” del PP al reclamar ahora una solución,
En cualquier caso, Montero indicó que este problema con la liquidación del IVA no sólo no ha provocado recortes del gasto de las comunidades autónomas, sino que éstas han gastado ese dinero, ya que hicieron sus presupuestos de 2019 contando con ese ingreso. De esta forma, agregó, la falta de ese ingreso se ha traducido en un mayor déficit público en 2019 y en un probable incremento del periodo medio de pago a proveedores.
En la misma línea, la ministra recordó que ya no es posible revisar la liquidación del año 2017, por lo que ha propuesto a las comunidades medidas para mitigar el problema, como la ya mencionada de no tener en cuenta la parte correspondiente al IVA en el déficit de 2019 o poner a disposición de las comunidades autónomas un extra FLA con un tipo de interés del 0%.
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