El Congreso de los Diputados ha aprobado instar al Gobierno a reducir la tasa máxima de alcohol en sangre permitida a conductores durante los dos años siguientes a la obtención del permiso de conducir, a 0,2 g/l en sangre (0,1 mg/l en aire espirado).

Así lo han acordado este jueves los grupos parlamentarios de la Comisión de Seguridad Vial de la Cámara Baja, al aprobar la Proposición no de Ley del PSOE, con 32 votos a favor y cinco abstenciones.

La propuesta también insta al Ejecutivo a reducir la tasa máxima de alcohol en sangre permitida a conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales, a 0,2 g/I en sangre (0,1 mg/l en aire espirado).

Según la iniciativa del grupo socialista, que ha rechazado incorporar una enmienda de Vox, el objetivo de estos cambios es adecuarse a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y de la Comisión Europea.

Durante la sesión, también se ha aprobado, por unanimidad, una Proposición no de Ley del PSOE relativa a fomentar el uso del airbag entre motoristas. A esta iniciativa se ha presentado una enmienda del PP, por lo que ambos grupos han acordado un nuevo texto.

Así, la Cámara Baja insta al Ejecutivo a promover, en colaboración con las administraciones competentes y los diferentes agentes sociales, el uso del airbag y otros elementos de protección individual del motorista, con el objetivo último de reducir el número de fallecidos y lesionados en las carreteras y viales españoles.

La tercera iniciativa que ha recibido el respaldo de la Comisión ha sido la presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para implantar un plan específico de medidas para reducir la accidentalidad de los usuarios vulnerables e incentivar la movilidad activa.

En este caso, la formación 'naranja' ha aceptado las enmiendas de PP y Vox, y la iniciativa ha salido adelante con 29 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones.

En esta propuesta se quiere elaborar una guía de buenas prácticas sobre la configuración de infraestructura viaria para incentivar la movilidad activa y garantizar la seguridad de los usuarios vulnerables, sobre todo en entornos urbanos y periurbanos.

También se aboga por, en aquellos tramos de carreteras en los que tenga lugar un mayor número de accidentes de peatones y ciclistas, realizar una auditoría de la infraestructura desde la perspectiva de los usuarios vulnerables y elaborar un plan de intervención para reducir los elementos que aporten peligrosidad a la vía.

Por el contrario, los grupos han rechazado una proposición del PP sobre la reanudación del servicio público de exámenes de tráfico y su no suspensión en ningún día laborable del año 2020 en ninguna Jefatura Provincial y Local de Tráfico para paliar en su totalidad los efectos del estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis del COVID-19.

Tampoco ha salido adelante otra propuesta 'popular' sobre la modificación de las medidas especiales dictadas por el Gobierno para la inspección técnica de vehículos (ITV) en aras a no retrotraer la fecha de revisión a los plazos originales de vencimiento para ningún vehículo cuya inspección caducara durante el estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Finalmente, se ha rechazado una proposición de Vox relativa a vehículos de movilidad personal post COVID-19, así como la del Grupo Parlamentario Republicano sobre la transferencia a la Generalitat de Cataluña de la competencia en materia de examinación y expedición del permiso de conducir.

Los obispos han tachado de "anacrónico" que el Gobierno quiera convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil, defienden la permanencia de la Cruz como "signo de reconciliación" y de los monjes benedictinos, y se muestran "preocupados" porque la Ley de Memoria Democrática "quiere escribir una especie de historia oficial".

Así lo ha indicado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, este jueves 1 de octubre en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la CEE.

"Resulta anacrónico hablar de cementerios civiles", ha opinado, añadiendo que en la actualidad, "los cementerios parroquiales acogen a todos los que quieren ser enterrados, creyentes y no creyentes, personas que tienen una comprensión de la vida de una forma u otra".

A los obispos les "preocupa" la Ley de Memoria Democrática pero no solo por el Valle de los Caídos sino, sobre todo, porque consideran que "es grave querer escribir una especie de historia oficial y que quiera luego hacerse pauta educativa".

"La ley tiene varios aspectos, uno hace referencia al Valle de los Caídos, es importante, pero la gravedad de otros aspectos de la ley me parece de mayor relevancia, en el sentido de que siempre es grave querer escribir una especie de historia oficial y que quiera luego hacerse pauta educativa", ha subrayado.

El obispo ha recordado que en los años 70 del siglo XX él estaba cercano a la Junta Democrática, encabezada por el partido comunista, y gritaba por las calles 'amnistía y reconciliación', pero ha subrayado que el "corazón" de la propuesta era "de reconciliación, de mirar adelante".

"Nos parece grave sobre todo en la actual situación que se quiera hacer una enmienda a la transición democrática en lo que tuvo de reconciliación", ha subrayado Argüello.

Respecto a la gran Cruz que preside el Valle de los Caídos, los prelados la entienden como "un signo de reconciliación" y, por ello, creen que debe permanecer, aunque se "resignifique" el lugar. También piden que permanezca la basílica y la comunidad de monjes benedictinos para mantener el culto.

"En ese lugar, incluso resignificado y acogiendo diversas perspectivas, sigue habiendo un templo, una basílica en la que se ore por el eterno descanso de los difuntos, en la que la eucaristía sea referencia de esperanza para aquellos que quieran consolar su dolor. Si hay cruz, si hay basílica, es importante que haya una comunidad que mantenga el culto en la misma", ha subrayado.

EXEQUIAS E INHUMACIONES

En la reunión de la Comisión Permanente, los obispos han estudiado, entre otros asuntos, el borrador de la 'Instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y el duelo. Anuncio de la Vida eterna. La celebración de exequias e inhumaciones', en el que trabajan de manera conjunta las Comisiones Episcopales para la Doctrina de la Fe y para la Liturgia.

El texto se presentará en la Asamblea Plenaria de noviembre y desarrollará cinco puntos: el sentido de la muerte del cristiano; el sentido de las exequias cristianas; sentido y significado de la inhumación y de la incineración; normas sobre la inhumación y de la incineración; y la pastoral con ocasión de la enfermedad, muerte y exequias de los cristianos.

La estrategia Ebro Resilience, mecanismo de coordinación entre administraciones para promover actuaciones que reduzcan el impacto de las inundaciones del tramo medio del río Ebro, Logroño (La Rioja)-La Zaida (Zaragoza), ha presentado a los ayuntamientos afectados el primer estudio en detalle de tramo que analiza la situación y las posibles medidas combinadas en el Tramo 8: Ebro en Cabañas de Ebro.

El Gobierno de Aragón y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, coordinados en esta estrategia, han realizado esta presentación a los consistorios interesados --Cabañas de Ebro, Alagón y Torres de Berrellén-- y a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, en el seno de la Comisión de Municipios Afectados por el Ebro.

Se responde así al compromiso adquirido con estas localidades, en reuniones previas de divulgación de la Estrategia, de darles a conocer los contenidos de los estudios, según ha informado el Ejecutivo autonómico en rueda de prensa.

IMPLICACIÓN ADMINISTRACIONES

La estrategia, además de en la coordinación, se basa en la promoción de medidas que cuenten con el aval técnico de los estudios y sean fruto del mayor consenso, fomentando la implicación de administraciones locales, afectados y sociedad en general en cada zona. Por ello, este estudio, y los del resto de tramos, se presentarán a los interesados en sesiones en formato presencial y online y que se celebrarán de forma próxima en este primer caso. Además, toda la información del estudio estará disponible durante este proceso en la página web 'www.ebroresilience.com'.

En la presentación de este jueves, celebrada en el Centro 'Joaquín Roncal' de Zaragoza, han participado la directora del Instituto Aragonés del Agua, Dolores Fornals; el secretario técnico del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón; José Luís Castellano, y el comisario de Aguas de la Confederación, Carlos Arrazola, junto con personal técnico de ambas Administraciones.

TRAMO 8 EBRO EN CABAÑAS

El planteamiento de la Estrategia Ebro Resilience para todos los tramos es la protección de las zonas urbanas para avenidas con periodo de retorno de 25 años y para zonas no urbanas, conseguir la reducción de afecciones para avenidas hasta un periodo de retorno de diez años.

La modelización hidráulica realizada para el estudio del Tramo 8 ha mostrado que la población de Cabañas de Ebro es, en la actualidad, vulnerable para avenidas de 25 años de periodo de retorno. Además, en los trabajos previos realizados para el estudio se ha detectado que el efecto erosivo del río junto a las defensas de la localidad es mayor del esperado. Una situación similar ocurre en el meandro situado aguas abajo de la población, donde existe una erosión activa que puede llegar a afectar a la carretera que une Alagón con Cabañas.

Para cumplir los objetivos de esta estrategia se han estudiado varias alternativas de actuación. La alternativa más eficiente pasa por recrecer el camino de Alcalá a Cabañas, impidiendo el desbordamiento por margen derecha que llegaría al casco urbano de Cabañas de Ebro, y reducir la velocidad y el caudal de paso junto a las defensas del pueblo, ampliando la llanura de inundación mediante la retirada parcial de la mota en el meandro frente a la población y construyendo un cauce de alivio en el cuello del meandro.

En el caso de la carretera, se han planteado idénticas soluciones al ser el problema similar, con la retirada de los restos de defensas presentes en el meandro y la creación de otro cauce de alivio en la zona hidráulicamente más eficiente. Estas alternativas se presentarán a los interesados en los procesos de participación de la Estrategia Ebro Resilience.

EBRO RESILIENCE

La estrategia, en la que participan el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la CHE y las Comunidades Autónomas de La Rioja, Navarra y Aragón es la respuesta a la Directiva Europea de Inundaciones en esta zona de la cuenca y concreta el plan de medidas para el tramo medio del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Demarcación.

Para ello, los técnicos de todas estas administraciones participan en cinco grupos de trabajo: Prevención y Preparación; Conservación y Protección; Valores Ambientales; Financiación y Terrenos; y Participación y Divulgación.

Las claves de Ebro Resilience son la coordinación y los nuevos enfoques para reducir el efecto negativo de los episodios de inundación, apostando por medidas combinadas que mejoren la capacidad de recuperación del territorio. Las inundaciones son fenómenos naturales e inevitables y se parte de la consideración de que no existe una única medida efectiva y de la necesidad de aplicar acciones compatibles con un desarrollo sostenible.

Las medidas suman técnicas novedosas, variadas y complementarias que pretenden la protección de núcleos y la recuperación del espacio del río donde sea posible --retranqueo de motas, creación de cauces de alivio, zonas de inundabilidad controlada-- y también fomentar los usos compatibles --con la promoción de cultivos boscosos inundorresistentes-- y potenciar la autoprotección, con la mejora de la divulgación de adaptación de edificaciones y de explotaciones.

En total son ya 260 kilómetros de río en estudio, divididos en 15 tramos, concluidos ya seis de ellos, y alcanzando las 48.000 hectáreas del área de implantación de Ebro Resilience, centrada en el río Ebro y los tramos bajos de sus afluentes desde Logroño (La Rioja) a La Zaida (Zaragoza).

EXPLOTACIONES AGRARIAS

Además, se está desarrollando una acción pionera para la evaluación del riesgo de inundación en 100 explotaciones agrícolas y ganaderas con las que se realiza un cuestionario de autoevaluación que permite conocer su grado de exposición a la inundación, las medidas más eficientes para prevenir, proteger y preparar la explotación y el coste de su aplicación.

A esto se ha sumado los avances en la ejecución del proyecto de adecuación morfológica y restauración ambiental del río Ebro en el paraje de La Nava, en Alfaro (La Rioja), que supone una inversión de 2,2 millones de euros para la reducción del riesgo de inundación y la recuperación de los sotos ribereños.

La posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez aborde una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para lograr que se produzca una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pese al bloqueo del PP, ha sido recibida por las distintas asociaciones de jueces con disparidad de opiniones, unos ven necesaria pero difícil la reforma, otros la tachan de "abiertamente inconstitucional" y otros apuestan por esa modificación pero en el sentido de quitar poder de decisión a las Cortes sobre el órgano de gobierno de los jueces.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, ha señalado que si bien desconocen por el momento esa posible propuesta de reforma de la ley por el Ejecutivo, si ésta supone una reducción en las mayorías necesarias para la elección de vocales, "sería abiertamente inconstitucional".

Apunta que iría "contra el espíritu constitucional" y que sería "incongruente" que para elegir a 8 de los 20 vocales --los juristas-- hiciera falta el apoyo de tres quintos de la Cámara, mientras que para la elección de los 12 restantes, los jueces, bastara con una mayoría absoluta (la mitad más uno).

A esto, ha sumado que desde años, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) dependiente del Consejo de Europa insiste en que se cambie el modelo de elección de los vocales en España. "Y no solo no se cambia sino que se profundiza en el intento de politización", ha lamentado.

"ES NECESARIO EL ACUERDO"

La portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), Ascensión Martín, ha señalado que es necesaria esa reforma de la legislación vigente para modificar el sistema de elección de vocales del CGPJ.

Al hilo, ha abogado por que las distintas formaciones políticas, y en especial las dos mayoritarias, lleguen a un acuerdo para evitar el fracaso en esa renovación. Y ha incidido en que desde su asociación ven necesaria la reforma de la ley para "evitar bloqueos" por parte de determinados grupos políticos, máxime cuando la Constitución "obliga a renovar en plazo".

Por su parte, desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Jorge Fernández Vaquero ha coincidido con Martín en que es necesaria esa reforma, pero ha advertido que debe hacerse para que se "reduzca la intervención de los políticos" a la hora de nombrar vocales del órgano de gobierno de los jueces.

"Lo que quiere el Gobierno es lo contrario, facilitar más la intervención de los políticos", ha explicado, para luego añadir que buscan no necesitar una mayoría cualificada en el Congreso. En este sentido, ha añadido que la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del líder de la oposición, Pablo Casado, y del líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, le recuerda mucho "a la de tres chiquillos que se pelean por un trozo del pastel".

"Se pelean por un trozo del pastel, por ver quien coge su parte, a quien le toca el trozo más grande, pero en realidad el pastel no es suyo, es de los ciudadanos, y se lo están comiendo ellos", ha indicado, para acabar apuntando que se debe cambiar la ley pero "al contrario de lo que se plantea".

"UN INTENTO DE POLITIZAR MÁS EL CGPJ"

Asimismo, en un comunicado la AJFV afirma que "la peor forma de desbloquear la grave anomalía en la que se encuentra el CGPJ es politizarlo más todavía de lo que ya está". "No haría más que agravar uno de los principales problemas que arrastra la Justicia en nuestro país desde hace décadas por culpa de PSOE y PP, que son los auténticos responsables de que se haya llegado a esta situación", añaden.

De hecho, recuerdan que las asociaciones de jueces llevan años exigiendo que se cambie la LOPJ para que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por un sistema en el que puedan votar y ser votados todos los jueces del país, de manera que "no se negocien y se repartan" por los dos grandes partidos, como "ha venido ocurriendo desde que hace 35 años se cambió esta ley para que, en la práctica, todos los vocales del CGPJ dependan de un acuerdo entre PSOE y PP".

Por su parte, la portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, ha señalado que se encuentra "estupefacta" ante esa posibilidad de que el Ejecutivo reforme la ley y lamenta que se intente por no haber conseguido una mayoría "para el control político del poder judicial".

"SEPARAR LOS PODERES PARA UNA VERDADERA DEMOCRACIA"

El FJI apuesta porque no se dé ese control político de la renovación porque afecta al Estado de Derecho. Y recuerda que si se debe renovar con tres quintos de la cámara, debe seguir siendo así: "No procede el reparto proporcional entre las distintas fuerzas, hay que separar los poderes para que haya una verdadera democracia".

Según esa LOPJ, el Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años --leva en funciones desde 2018--, contados desde la fecha de su constitución. Y los residentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.

El artículo 567 de dicha ley orgánica, reza que los veinte vocales del CGPJ serán designados por las Cortes Generales. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial.

La Audiencia de Valladolid ha reintegrado la capacidad a una mujer con retraso mental que fue incapacitada en el año 2007, después de que haya demostrado que desde entonces se ha esforzado y ha desarrollado habilidades que le permiten autogobernarse y hacerse cargo de varios miembros de su familia.

La mujer, que tiene un retraso mental moderado, fue declarada incapaz a instancia de sus padres con motivo de su noviazgo y posterior embarazo con un hombre que la abandonó, y por el temor de que dicho hombre pudiera quedarse con los bienes de la apelante, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

Aquella decisión judicial le privaba de la posibilidad de tomar cualquier decisión sobra actos de la vida civil salvo el manejo del dinero de bolsillo. Sin embargo, desde entonces y sobre todo a raíz de la enfermedad de su madre, que sufrió una embolia pulmonar, la apelante se ha convertido en el sustento principal de la casa y de la familia.

La Sección Primera de la Audiencia vallisoletana, en una decisión infrecuente, ha decidido ahora revertir la incapacidad de la mujer por considerar que "ha adquirido a lo largo de los últimos años capacidades y responsabilidades, entre ellas la preparación y el acceso al mercado laboral o la obtención del permiso de conducir, que la colocan como el principal sostén de su familia, incluidas su madre e hija, a las que cuida con la mayor diligencia, y sus tres hermanos varones (dos de los cuales viven en la casa familiar), a los que atiende con sus labores domésticas, de modo que, de hecho, viene actuando con plena autonomía y atendiendo perfectamente sus propias necesidades y las de su familia".

La Sala acuerda reintegrarle sus derechos para que pueda tomar sus propias decisiones. Y lo hace con el apoyo de su madre, que es quien tiene la tutela, y en contra del criterio de la Fiscalía y del forense, que mantienen que "aunque la incapaz haya adquirido en la actualidad destrezas que no tenía y aumentado sus habilidades de autocuidado y las instrumentales de la vida cotidiana, no puede olvidarse que sus facultades mentales siguen ligeramente disminuidas por su retraso mental como lo estaban cuando se dictó la sentencia de incapacitación", circunstancia ésta que, según el Ministerio Público, "le impiden gobernarse por sí misma con plena autonomía y la hacen vulnerable especialmente en el ámbito patrimonial".

Frente a este argumento, los magistrados destacan que "dentro de su nivel y posibilidades (solo estudió hasta 8º curso de EGB), sus conocimientos y habilidades, por su propia iniciativa y gestión ha hecho varios cursos para acceder más fácilmente al mercado laboral, ha sacado el carnet de moto y el de coche (no ha tenido nunca accidentes, ni multas), ha comprado ella sola su automóvil, ha firmado sola y por su propia voluntad e iniciativa varios contratos de trabajo y, también por su propia iniciativa, contactando con la asistente social y el Colegio de Abogados, ha instado el presente procedimiento de reintegración de su capacidad.

Es decir, la apelante realiza una vida de plena autonomía, trabaja, toma decisiones y es consciente del valor de los bienes y del dinero que administra con prudencia. Es más, la apelante se ocupa de cubrir las necesidades de los familiares que de ella dependen".

CONSCIENTE DEL RIESGO

El Tribunal admite que es una decisión arriesgada por cuanto "siempre existirá un riesgo de que resulten frustrados sus intereses en alguna de las actividades que pueda emprender, siempre habrá un cierto componente de vulnerabilidad derivado de sus escasos estudios y formación. Pero este Tribunal de apelación no aprecia que ese riesgo sea relevantemente mayor que en el resto de personas con su mismo nivel de estudios y formación.

Es más, la propia conciencia de su retraso mental ha hecho que la apelante siempre tenga presente la conveniencia de recabar previos asesoramientos y consultas antes de realizar las operaciones que entrañan un mayor desembolso económico (así, por ejemplo, consultó con su hermano antes de comprar el coche)".

En este sentido, la Sala subraya que "entre la absoluta o quasi absoluta seguridad que propugna el Ministerio Fiscal, con apoyo en el informe del médico forense, y el mantenimiento de la incapacitación aunque sea bajo el régimen de protección menos intenso de la curatela; frente al mantenimiento ad cautelam de la figura de un tutor o curador por si en una situación de stress o fuera de la vida ordinaria fuera necesario, como defiende el médico forense, este Tribunal de apelación debe optar por la libertad, nunca exenta de cierto riesgo aunque no solo para las personas con discapacidad, y por el reconocimiento de que la apelante puede gobernarse por sí misma y tomar sus propias decisiones".

Andalucía registra este jueves 1.303 casos de coronavirus por PCR, mayor aumento diario desde el pasado sábado, según los datos difundidos por la Consejería de Salud y Familias, que contabilizan 19 muertes por Covid-19 en 24 horas, dos menos que las contabilizadas este miércoles.

En cuantos a los decesos, en Sevilla se han producido seis en las últimas 24 horas, seguida de Málaga con cinco y Cádiz con tres, mientras que en Granada y en Jaén ha habido dos. En Córdoba ha fallecido una persona y Almería y Jaén no han sumado decesos en 24 horas.

Sevilla, con 307 casos confirmados por PCR se vuelve a situar como la provincia con más positivos en las últimas 24 horas, seguida de Cádiz con 210, Granada con 208, Córdoba con 190, Málaga con 129, Jaén con 125, Almería con 96 y Huelva con 38.

Por su parte, los hospitales andaluces reducen este jueves por segunda jornada consecutiva los pacientes ingresados por coronavirus Covid-19 hasta los 1.043, 41 menos en 24 horas, pero 26 más que hace una semana, de los que 144 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), siete menos que este miércoles y nueve más que hace siete días.

La evolución acumulada de los datos en los últimos siete días refleja 6.184 casos por PCR, con 413 hospitalizados, 24 ingresados en UCI y 75 fallecidos en toda Andalucía.

La situación más preocupante sigue concentrada en las residencias de mayores, donde se han notificado en 24 horas cuatro fallecimientos en centros de Málaga, Córdoba y Sevilla, mientras que cinco centros de mayores han incrementado sus casos.

Además, se han dado nuevos brotes en una residencia de San Juan del Puerto (Huelva) con 16 casos (14 residentes y dos trabajadores), un foco se ha detectado en un entorno laboral en Málaga con 47 afectados y otro afecta al Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) con 13 positivos, de ellos cinco son trabajadores, cinco son pacientes y tres acompañantes.

CUATRO MUERTES EN RESIDENCIAS DE MAYORES

En concreto, las muertes contabilizadas este jueves se registran en la residencia Sierra de las Nieves de Guaro (Málaga), donde ha fallecido una persona más, ascendiendo a siete los decesos y con 94 contagios; el Yate Vitalia Alcolea de Córdoba ha registrado un fallecido más --tres en total-- y los positivos se mantienen en 84. Por su parte, la residencia Vitalia de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha sumado dos muertes, siendo ya nueve las personas residentes en este centro que han fallecido, y los positivos son 79.

Aumentan la cifra de positivos la residencia San José de Jerez de la Frontera (Cádiz), con 15 casos confirmados (ocho residentes y siete trabajadores); la residencia Opera Sierra de Córdoba con 97 casos de Covid-19 (72 residentes y 25 trabajadores); la residencia Orpea Centro de Córdoba con 37 (28 residentes y nueve trabajadores; la residencia de Utrera (Sevilla) con 99 positivos y la residencia San Cristóbal de Las Gabias (Granada) con 39.

En la provincia de Granada, el brote del Hospital Virgen de las Nieves alcanza los 95 casos confirmados y el de una residencia de estudiantes de la capital los 48 positivos, mientras que el brote laboral localizado en Cártama (Málaga) afecta ya a 58 casos.

83 BROTES EN LA ÚLTIMA SEMANA CON 660 CASOS

Durante la última semana se han declarado 83 brotes en Andalucía, que suman un total de 660 casos, siendo Sevilla la provincia en la que se han detectado más focos: un total de 23 con 133 positivos. De ellos, nueve focos afectan al distrito Sevilla este, el más numeroso con once positivos; cuatro brotes se localizan en la capital; tres focos afectan al distrito norte; tres brotes se ubican en el distrito Sevilla Sur, con seis, 13 y tres positivos y cuatro focos están localizados en el Aljarafe.

Por su parte, la provincia granadina es la que presenta más casos en brotes con 157 positivos en doce focos, cuatro de ellos en el distrito Granada Sur (el más numeroso con doce casos); tres en la capital --uno de ellos con 42 positivos-- y dos en Granada Nordeste.

En Almería se han detectado diez brotes que suman un total de 82 casos repartidos en Levante-Alto Almanzora (cuatro brotes de 29, cuatro, once y cuatro casos), Poniente (un brote de cinco casos) y capital (cinco brotes, el más numeroso de nueve casos).

En Cádiz hay 48 personas afectadas por once focos ubicados en Bahía de Cádiz-La Janda (siete brotes --el más numeroso de seis casos) y Campo de Gibraltar (cuatro brotes --el más significativo con siete--).

Las provincias de Jaén y de Málaga tienen 91 casos en 14 brotes y 99 en nueve focos, respectivamente. En la provincia jiennense la mayoría de los brotes se ubican en el distrito Jaén nordeste, donde se han detectado nueve focos y donde el más numeroso afecta a una decena de positivos, mientras que en la capital hay dos brotes con siete y cuatro casos y en el distrito Norte se han localizado tres más.

En Málaga son 99 los casos relacionados con nueve brotes detectados en la última semana, dos en la capital (con 29 y tres casos), uno con 25 afectados en Costa del Sol, tres en Serranía, uno con seis casos en Axarquía y dos en Valle del Guadalhorce con 14 y tres positivos.

Huelva y Córdoba son las menos afectadas por los brotes, en la primera se han detectado tres con 43 afectados, dos brotes de siete positivos en el distrito Condado-Campiña y el tercer brote en el distrito Sierra de Huelva con 29. Córdoba cuenta con siete casos en un foco de la capital. Además, de la semana pasada siguen activos 115 brotes: 39 en Sevilla, 23 en Málaga, 12 en Jaén, nueve en Almería, Cádiz, Córdoba y Granada y cinco en Huelva.

HUELVA SIGUE SIN PACIENTES EN UCI

Actualmente, 1.043 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales, de los que 154 se encuentran en UCI. Sevilla repite como la provincia con más hospitalizados con 346 --44 de ellos en UCI--, seguida de Málaga con 191, 30 en UCI; Córdoba con 133, 18 en UCI; Cádiz con 123 hospitalizados, 26 en UCI; Granada con 105, doce en UCI; Jaén con 82, once en UCI; Almería con 44, 13 en UCI; y Huelva con 19, ninguno en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 63.378 casos confirmados por PCR, 1.303 más en 24 horas, después de sumar 1.071 el miércoles, y ha alcanzado las 1.862 muertes tras sumar 19 en 24 horas.

Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 9.793, 83 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI llega a 1.045 tras sumar doce en 24 horas y el número de curados llega a los 31.118 --755 más en 24 horas--.

De las 1.861 muertes desde el inicio de la pandemia --19 más en 24 horas--, Málaga se mantiene como la provincia con más fallecidos con 380 --cinco más--, seguida de Sevilla con 374 --seis más--, Granada con 340 --dos más--, Cádiz con 229 --tres más--, Jaén con 209 --dos más--, Córdoba con 157 --uno más--, Almería con 115 y Huelva con 57.

MAYOR AUMENTO DE PCR DESDE EL SÁBADO

Por su parte, los casos confirmados por PCR alcanzan los 63.378 desde el inicio de la pandemia --1.303 más en 24 horas y mayor aumento diario desde el sábado--, liderados por Málaga con 15.950 --129 más--, seguida por Sevilla con 11.588 --307 más--, Almería con 7.931 --96 más--, Granada con 7.688 --208 más--, Cádiz con 7.090 --210 más--, Córdoba con 6.792 --190 más--, Jaén con 4.859 --125 más-- y Huelva con 1.480 --38 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan los 9.793 --83 más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 2.309 --18 más--, seguida por Sevilla con 2.053 --28 más--, Granada con 1.549 --cinco más--, Jaén con 1.008 --siete más--, Cádiz con 944 --once más--, Córdoba con 939 --once más--, Almería con 723 --uno más-- y Huelva con 268 --dos más--. De ellos, 1.045 han pasado por la UCI en Andalucía, doce más en 24 horas, y los curados alcanzan los 31.118 tras sumar 755 en 24 horas.

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha instado a "no enquistar" la política catalana en el 1-O, y ha pedido dejar atrás la agenda de los partidos independentistas para empezar una nueva basada en la sensatez.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa después de visitar a comerciantes del paseo Fabra y Puig de Barcelona junto a la líder de Cs en el Ayuntamiento, Luz Guilarte, para preguntarles sobre los efectos de la pandemia sobre sus ventas.

Preguntado por el tercer aniversario del 1-O, Carrizosa ha lamentado que los partidos soberanistas "invitaran a los ciudadanos a ir a los colegios a sabiendas de que había una orden judicial que decía que se trataba de un referéndum ilegal que no podía celebrarse".

Asimismo, ha señalado al entonces Gobierno central del PP por su "defectuosa gestión, que permitió urnas y papeletas", y ha añadido que la celebración del 1-O fue posible por el uso de datos de los catalanes.

CORTES EN LA MERIDIANA

Carrizosa ha afirmado que los comerciantes del distrito de Nou Barris no solo están afectados por las consecuencias de la pandemia del Covid-19, sino que "también tienen que soportar que unas 30 personas cortes la avenida Meridiana cada día" en apoyo a los presos del 1-O.

El diputado ha señalado que hay informes técnicos de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra que indican "formas menos lesivas de manifestarse", y ha pedido al conseller de Interior, Miquel Sàmper, que haga cumplir dichos informes.

ALIANZA CONSTITUCIONALISTA

Ha asegurado que intentarán introducir una ley en el próximo pleno para acabar con "todos los privilegios" de los expresidentes, y ha criticado que el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, cobre 120.000 euros al año por haber estado en el cargo solo dos años.

"Un señor que ha estado dos años en la Generalitat y ha acabado delinquiendo cobrara 120.000 euros al año. Cuando se jubile serán 92.000 euros al año. Seguimos manteniendo faraónicamente a más y más presidentes", ha dicho.

En relación a una hipotética alianza con las fuerzas constitucionalistas, Carrizosa ha dicho que las conversaciones continúan: "Lo deseable sería que nos pusiéramos todos de acuerdo en una candidatura única", ha afirmado.

La cuarta temporada de nombramiento de borrascas con gran impacto en los países del suroeste de Europa ha dado comienzo este jueves y lo ha hecho con la borrasca 'Álex', una profunda borrasca intensificada por un proceso de ciclogénesis explosiva que someterá a la Península y a Baleares hasta el inicio de la próxima semana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha actuado en colaboración con los servicios meteorológicos de Francia (Méteo-France), Portugal (IPMA) y Bélgica (RM).

De acuerdo con la predicción de la AEMET, 'Álex' se caracterizará por un intenso temporal de viento y oleaje acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas y con precipitaciones fuertes, persistentes e incluso tormentosas.

Además, la agencia ha estrenado un nuevo formato de visualización del nombramiento de estas borrascas con gran impacto que aúna información tanto de qué borrascas han sido nombradas como, mediante un código de colores, la evolución temporal de la temporada.

La información se ha dispuesto en una infografía que se puede visualizar en su página web (www.aemet.es) en la que se puede observar los nombres de hasta 21 borrascas que tendrán lugar hasta el mes de julio del año 2021.

Según esta predicción, el mes más afectado por este fenómeno será el mes de diciembre con hasta tres borrascas de gran impacto (Dora, Ernest y Filomena). Sin embargo, las próximas que tendrán lugar serán Bárbara y Clement que se producirán durante el mes de noviembre.

Dicha infografía se ha dispuesto en círculo en sentido antihorario para emular el movimiento de las borrascas en el hemisferio norte.

Asimismo, recuerda que una borrasca o depresión es un sistema de bajas presiones que suele llevar asociados vientos fuertes o muy fuertes, que serán más intensos cuanto menor sea el mínimo de presión en el centro de la baja. Las borrascas a las que se les da nombre serán aquellas que se profundicen de tal manera que puedan producir un gran impacto de bienes y personas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido que los recursos sobre los acuerdos que adopten los consejos interterritoriales son competencia de la Audiencia Nacional, ya que no se tratan de actuaciones del Consejo de Ministros, ni de comisiones delegadas del Gobierno.

Así lo ha determinado en un auto dictado tras revisar el recurso planteado por la Asociación de Consumidores ACUS contra un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 16 de julio de 2020 sobre actuaciones coordinadas frente a la pandemia del coronavirus.

Los magistrados no comparten ni el criterio de los recurrentes, que entendían que era su competencia resolver este asunto, ni el de la Abogacía del Estado, que consideraba que la competencia es del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Según razonan en la resolución, en la conferencia sectorial participa un miembro del Gobierno, esto es un ministro, así como representantes de todas las comunidades autónomas, por lo que lo adecuado es atribuir la competencia a la Audiencia Nacional de acuerdo al artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ya que lo impugnado es un convenio entre Administraciones Públicas.

"No estamos ante actuaciones del Consejo de Ministros ni de comisiones delegadas del Gobierno en los que sí sería competente este órgano judicial", explica el auto.

La Sala apunta que esta conclusión "no es novedosa", pues con anterioridad ya ha resuelto varios recursos contra sentencias de la Audiencia Nacional en las que diversas comunidades autónomas requirieron al titular del Ministerio de Sanidad y Consumo, en su condición de presidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para que procediera a la convocatoria de un Pleno solicitado por más de la tercera parte de sus miembros.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha culpado al Partido Popular de "cuestionar legitimidades" y crear "un marasmo de confusión sobre competencias" de cada administración a la hora de afrontar la gestión de la pandemia sanitaria, al tiempo que ha lamentado que tras su "problema de irresponsabilidad" se esconda "sus prejuicios ideológicos".

A preguntas de los medios tras mantener en Toledo una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Ábalos ha mostrado su "decepción" al escuchar las "informaciones" que llegan desde el Partido Popular, apuntado que "el conjunto de los ciudadanos asiste atónico a una polémica que está muy lejos de satisfacer sus inquietudes y preocupaciones".

"Lo mismo piden ejercicio de competencias que dicen que la epidemia no es una competencia; lo mismo piden autoridad única que no quieren asumir recomendaciones de esa autoridad única; lo mismo piden una estrategia nacional, pero cuando se asume de modo mayoritario, ellos no la asumen, no quieren diluirse en la estrategia de los demás", ha aseverado.

Con todo, si el problema fuera solo de "incoherencia", ésta solo afectaría a la "credibilidad" de los 'populares'. Pero como está en juego la salud de las personas", pasa a ser "un problema de irresponsabilidad que esconde prejuicios ideológicos", ha abundado.

Para el ministro, "más allá de los resultados de una gran incapacidad para la gestión que decepciona y produce alarma", es evidente que la reacción dispar de los gobiernos del PP en el territorio español "responde a una estrategia de Pablo Casado".

Con todo, el problema en Madrid es que "se ha preferido optar por la disciplina de partido y no por la salud de los madrileños. "Todo es legítimo, pero no sobre la salud de las personas ni utilizando la salud de las personas ni teniendo a los madrileños como rehenes".

DA POR HECHO QUE MADRID CUMPLIRÁ AUNQUE RECURRA

En alusión al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que "cada vez habla más de España y menos de Madrid", criticando que hable "en términos poblacionales" o que use la Comunidad "en función de la población que puede representar".

"Nadie puede apropiarse de la población. Cada ciudadano no es de nadie y hay unos responsables que gestionan pero no pueden apropiarse de la voluntad de ningún ciudadano. Tiene secuestrados al 57% de la población, y es tremendo arrogarse la voluntad de personas que te han votado y no te han votado", ha aseverado el ministro.

En su opinión, "miserias sobran muchas y gestos de grandeza, de momento, solo los de la ciudadanía y los profesionales". Con todo, entiende que los ciudadanos de Madrid "deben de estar decepcionados porque su esfuerzo no encuentre un paralelismo en quienes tienen que gestionar su salud".

Según sus palabras, la Comunidad de Madrid tiene "todo el derecho a recurrir" la decisión impuesta desde el Ministerio de Sanidad, pero "plantear un recurso no te evita el cumplimiento". "Confiamos en que van a cumplir con la legalidad y están en derecho de presentar los recursos que quieran".

PAGE PIDE COHERENCIA AL PP

De su lado, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha pedido a los dirigentes del PP que tengan "coherencia" en los mensajes, ya que "si hay algo negativo es la confusión".

En la necesidad de conformar un "mensaje determinante" para "combatir la pandemia", ha puesto como ejemplo el momento en el que el Gobierno decretó la obligatoriedad de llevar mascarilla. De no haber sido así, aún habría "dudas" sobre "si es bueno o no llevarla", por lo que ha pedido "no desorientar a la población".

Así, ha agregado que ya ha escuchado varias versiones distintas en el argumentario del PP en las últimas horas. "Les he escuchado decir --en Castilla y León-- que se va a aplicar lo propuesto sin recurrir; a otros dirigentes, les escucho decir que lo aplican, pero que lo van a recurrir", ha indicado.

"Sinceramente, pienso que el virus es el mismo en todas las regiones. Por eso les pido que sean coherentes con la última 'Doctrina Casado', que viene a decir que la competencia es exclusiva del Gobierno de España", ha agregado, indicando que en todo caso las autonomías "quieren seguir dando el callo y trabajar conjuntamente".

Pero, "si el propio presidente del PP dice que la competencia es del Gobierno de España, lo que me parece obligado es que sus dirigentes sean coherentes con esa nueva doctrina, porque lo contrario conduce a un lío extraordinario".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este jueves a la Comunidad de Madrid que "abandone" el debate político y jurídico sobre las medidas a adoptar para combatir la expansión del Covid-19 y priorice la salud de los ciudadanos. "No estamos para perder el tiempo", ha avisado sobre una situación que ha calificado de "difícil, seria y preocupante".

En la base de Retamares de Madrid, desde donde el Mando de Operaciones dirige las actuaciones de las Fuerzas Armadas contra el coronavirus, la ministra ha insistido en que el avance del virus obliga a todas las administraciones a "dejar de lado" disputas y centrarse en las necesidades sanitarias.

Según ha reconocido, no puede "concebir" que la Comunidad de Madrid se pudiera "perder" en cuestiones jurídicas para no aplicar las restricciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "No estamos para perder el tiempo en debates jurídicos. Las resoluciones cuando se dictan hay que cumplirlas", ha reivindicado.

Robles ha insistido en que la situación es "muy preocupante" y ha puesto el ejemplo del hospital militar Gómez Ulla, que tiene ya una lista de espera de 1.100 personas para someterse a intervenciones quirúrgicas pospuestas por la pandemia.

"No están a la altura de las circunstancias quienes solo piensan en la confrontación política", ha avisado poniendo como ejemplo la neutralidad con la que actúan las Fuerzas Armadas. Si trabajamos unidos y dejamos de lado las diputas podemos salir adelante", ha animado.

Por ello, no "concibe" que la Comunidad de Madrid pudiera negarse a aplicar las medidas acordadas porque el objetivo debe ser "salvar vidas" y "no generar más problemas y confrontación".

El portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha reiterado que no retira la propuesta de nombrar Hijo Predilecto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y ha tildado de "autoritaria" la actitud del alcalde, Jorge Azcón, por el rechazo a esta propuesta que decaerá en la votación del pleno de este viernes al sumar PP, Cs y Vox la mayoría.

Santisteve ha contado que en la reunión de la Junta de Portavoces extraordinaria de este jueves han propuesto a Cs que se abstuviera para que la votación saliera adelante y se pudiera nombrar a Fernando Simón Hijo Predilecto de la ciudad, pero la formación naranja ha declinado tal petición.

"El guiño a Cs es porque está en una posición que se puede abstener para que el pluralismo político se exprese como otros años, pero se ha negado en redondo y vemos como se traslada un problema político de enconamiento hacia el representante de Rajoy en la epidemia del ébola y de Sánchez en la pandemia del coronavirus. Vemos como un cargo institucional es objeto de una política encarnizada cuando esto no había ocurrido hace cuatro meses cuando se dejó caer el tema".

En rueda de prensa, Santisteve ha dicho que anteriormente no se había debatido ese asunto en la Junta de Portavoces y en la reunión de este jueves "se pide mantener el consenso que salve el acto de concesión de distinciones porque sino se puede tocar la línea de flotación de un acto conmemorativo que por tradiciones se lleva a cabo en las fiestas del Pilar" aunque en esta edición será en otras fechas al suspenderse todo los actos por la pandemia.

"Nos parece que el alcalde Azcón ha puesto sus intereses de partido por encima de sus intereses como alcalde y, por encima del espíritu de las fiestas del Pilar, en el que los Hijos Predilectos y Adoptivos son de todos y expresan la diversidad"

Para Santisteve, la conducta del alcalde es "contraria al pluralismo de la Constitución y Azcón cede ante su militancia y ante Vox". "Es lamentable el seguidismo de Cs hacia el PP, que ante su falta de personalidad hace el caldo a un Gobierno con Vox". ha incidido.

A FAVOR

El portavoz avanzado que en el pleno de este viernes, ZeC votará a favor de todos los demás candidatos que proponen el resto de grupos, y mantendrá la "visión de ciudad para que los galardonados sientan que es la Corporación y no un partido el que les da la distinción. Sería bonito que este acto no se lo cargara el Gobierno por una actitud tan autoritaria".

Pedro Santisteve ha razonado que ZeC propone a Fernando Simón porque "representa al país en una situación complicada y difícil y como tal merece apoyo anímico, psicológico y que en su ciudad se está con él".

Para finalizar ha dicho: "Estamos desconcertados y dolidos por el maltrato a la oposición y al grupo de ZeC porque revela que es un Gobierno autoritario con tintes muy totalitarios y es un comportamiento poco respetuoso con la Constitución y el apoyo a la diversidad"

El líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado este jueves que cumplirán la orden de Sanidad con restricciones ante la segunda oleada de coronavirus aunque sea "injusta" y "contra el PP" porque son "un partido responsable y de Estado". Eso sí, ha echado en cara al Ejecutivo que ahora sí limite la movilidad con la legislación vigente cuando hace unos meses utilizó a la Abogacía del Estado como escudo para asegurar que no podía hacerlo.

En una visita a una explotación agropecuaria en Cáceres, junto al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, Casado ha afirmado que la "discrecionalidad" acompaña al Ejecutivo "sectario" de Sánchez "a la hora de tomar medidas que perjudiquen al PP". A su entender, actúa por "razones partidistas".

En este sentido, Casado ha acusado al Gobierno de reaccionar "tarde y mal" y ha señalado que ha estado "usando como escudos humanos a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas". "Ahora resulta que entran como un elefante en cacharrería sin base científica", ha afirmado, tras añadir que el propio Ejecutivo reconoció por escrito hace unos meses que no había un comité de expertos.

Tras asegurar que el Gobierno les ha dejado "seis meses abandonados", el líder del PP ha recordado que pidió una legislación acorde para actuar ante el Covid y limitar la movilidad, policía para aplicar esas medidas o pruebas PCR en puntos clave como el aeropuerto de Barajas. También se ha quejado de que no se haya impulsado un plan de choque económico para afrontar las consecuencias de la crisis.

UNA ORDEN QUE "NI ILLA SE HA ATREVIDO A FIRMAR"

Casado ha afirmado que el ministro no presentó este miércoles una "orden ministerial sino una resolución administrativa discrecional" que, según ha dicho, Salvador Illa, "ni se ha atrevido a firmar". "Quizá porque sabe que puede tener responsabilidades y a lo mejor lo que hace es atacar al PP para ser candidato en Cataluña", ha aseverado.

En cualquier caso, ha indicado que el PP "va a cumplir" con esa orden porque "es un partido responsable y un partido de Estado". "Nosotros cumplimos la ley, aunque sea a la carta contra el PP, aunque sea tardía, aunque sea injusta y aunque ni siquiera sepan ellos qué es lo que están aprobando", ha aseverado

Tras asegurar que "por encima de todo está la salud de los españoles", ha señalado que su partido lleva seis meses pidiendo al Gobierno que "coja el toro por los cuernos" ante el Covid-19 y asuma "criterios objetivos para toda España. "No lo hicieron jugando a que se quemaran las autonomías. Vemos que ahora los que se están quemando son ellos", ha avisado, para lamentar el "espectáculo" que se ha dado a toda España estos días.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de una parte, y el secretario para las relaciones con los Estados, Paul Gallagher, acompañado por el cardinal Pietro Parolin, por otra, han confrontado oficialmente posiciones sobre China y el acuerdo para designar obispos.

Así lo ha confirmado la sala de prensa de la Santa Sede en un comunicado en el que también han dado cuenta de que las conversaciones que se han desarrollado "en un clima de respeto, distendido y cordial" Y también han afrontado otros temas de la política internacional como la situación en el Caucaso, en Medio Oriente y el Mediterráneo Oriental.

El encuentro, que se ha producido en el Palacio Apostólico del Vaticano y ha durado en total 45 minutos, ha estado precedido por un clima de desavanencias políticas entre el Vaticano y el Gobierno de Estados Unidos.

A pocos días de la renovación del acuerdo entre el Vaticano y China para la designación episcopal en el gigante asiático sin relaciones diplomáticas con la Santa Sede desde hace casi 70 años, Pompeotrató de boicotearlo: "Hace dos años la Santa Sede concordaba un acuerdo con el Partido Comunista China con la esperanza de ayudar a los católicos chinos. Pero el abuso del Partido comunista china ha solo empeorado la situación de los fieles. El Vaticano pondría en peligro su autoridad moral si renovase el acuerdo", advirtió en su cuenta de Twitter.

Además, en un encuentro en la Embajada de los Estados Unidos ante la Santa Sede sobre el avance y la defensa de la libertad religiosa en el mundo, Pompeo aseguró que no hay "ningún lugar en que la libertad religiosa esté más amenazada que en China".

A continuación, Gallagher comentó ante los periodistas presentes: "¿Me escuchasteis mencionar a China? No me escuchasteis decir el nombre de ningún país, nosotros no nombramos y no culpamos a nadie. Éste es uno de los principios de la diplomacia vaticana", dijo.

El Papa decidió no recibir en el Vaticano al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para no interferir en la campaña electoral de ese país que celebrará elecciones presidenciales el próximo 3 de noviembre y en las que el voto católico será fundamental. De hecho, preguntado sobre el riesgo de que el Papa sea instrumentalizado por la administración Trump, Gallagher indicó que "es una de las razones por las que el Papa no le recibirá".

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés y su esposa han negado este jueves de forma "categórica" en el Tribunal Supremo que el incidente que motivó la detención del miembro del tribunal de garantías el pasado mes de agosto pueda enmarcarse en una agresión , si bien han reconocido que hubo discusión de pareja que pudo ser "sacada de contexto" por las personas que la escucharon desde la calle y alertaron a las autoridades.

Así lo han señalado fuentes presentes en la declaración, que añaden que, por su parte, los testigos del presunto delito de maltrato que se investiga se han ratificado en sus declaraciones anteriores, relatando al instructor del Supremo, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, las palabras que escucharon y el estado de Valdés cuando les abrió la puerta cuando llamaron a su domicilio pidiendo explicaciones.

Valdés llegó al alto tribunal acompañado de su esposa y salió también acompañado por ella y la abogada María Rosa Barcenilla. Se da la circunstancia de que este jueves cumplen 52 años de casados. La pareja abandonó el tribunal en un coche que les recogió en la puerta.

Además de Valdés, su esposa y los dos jóvenes que presenciaron el incidente y alertaron a las autoridades, también ha comparecido este jueves en el Supremo el médico del SUMMA que acudió al lugar, y cuatro guardias civiles y cuatro policías locales destinados en Majadahonda (Madrid), donde se encuentra el domicilio del letrado. Por parte de la Fiscalía ha estado presente María Ángeles Gullón.

APARTADO DE LAS DELIBERACIONES DEL TC POR SALUD

La citación de Valdés en el Supremo llegó después de que el magistrado solicitara acogerse a una baja por motivos de salud que le apartará temporalmente de las deliberaciones del TC, ya que en dicho momento se encontraba ingresado en un hospital de Madrid donde obtuvo el alta el pasado viernes, según fuentes del entorno del magistrado.

Miembro del Constitucional desde 2012 a propuesta del PSOE para un mandato que ya ha caducado, Valdés fue arrestado el pasado 11 de agosto por agentes de la Guardia Civil en su domicilio de Majadahonda, después de que unos vecinos llamaran a la Guardia Civil tras escuchar una fuerte discusión con su mujer en el interior de la vivienda.

Estuvo detenido unas horas pero finalmente la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda acordó su puesta en libertad sin fianza tras valorar la salud y la edad de Valdés, de 75 años, y en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Aunque inicialmente el asunto recayó sobre este juzgado de Majadahonda, especializado en Violencia Sobre la Mujer, el magistrado está aforado ante el Supremo, de modo que la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal es la única que puede investigarle.

El pasado 15 de septiembre, la Sala Segunda abrió una causa penal a Valdés al apreciar indicios de la comisión de los delitos de maltrato recogidos en los artículos 153.1 y 153.3 del Código Penal, misma posición adoptada por el juzgado de Majadahonda y la Fiscalía.

A criterio de la Sala, las declaraciones de dos testigos y la de un agente, a pesar de las del propio Valdés y su esposa, "conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias" para esclarecer los hechos.

Además de los interrogatorios a Valdés, su mujer y los testigos, entre las pruebas a practicar por el Supremo estaría un informe pericial solicitado sobre los efectos en el magistrado de la medicación que toma por la enfermedad que padece.

Las fuentes presentes en la declaración han señalado que estos efectos no se relacionan en modo alguno con una situación violenta o de agresión, si bien reconocen que el estado de nerviosismo o temblores que pudieron ver los testigos cuando el magistrado les abrió la puerta pueden deberse a dicha medicación.

El Tribunal Constitucional salió en defensa del magistrado mediante una nota en la que apelaba a respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia "mientras continúe el procedimiento judicial en curso".

El Congreso y el Senado ha aprobado este jueves, en una reunión conjunta de las Mesas de ambas Cámaras, el nuevo Código de Conducta de las Cortes Generales, un documento por el que se extienden al Senado el grueso de las normas que ya se aprobaron para el Congreso hace dos legislaturas aunque nunca se llegaron a aplicar. El texto ha sido aprobado por todos los partidos con presencia en estos órganos salvo Vox, que ha votado en contra, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La Cámara Baja, en las últimas semanas de la presidencia de la 'popular' Ana Pastor, aprobó en febrero de 2019 el Código ético para los diputados. Lo hizo siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), pero esta misma institución conminó a las autoridades españolas a extenderlo al Senado, por lo que los servicios jurídicos de las Cortes Generales redactaron un documento con este fin.

Tras ser analizado por separado por las Mesas de ambas Cámaras y una vez estudiadas las aportaciones de los grupos, el texto ha sido aprobado, quedando derogado el código del Congreso. Las nuevas normas han salido adelante con el apoyo de los representantes de PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV en los órganos de gobierno.

Ahora las Mesas de cada una de las Cámaras deberán poner una fecha para que los diputados y senadores de la presente legislatura rellenen sus declaraciones de intereses económicos que quedarán publicadas, como ya lo están las de patrimonio y actividades, en la webs de cada Cámara.

Los agentes de la Policía Nacional que participaron en marzo de 2019 en la detención de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre acusada de un delito de sustracción de menores, han relatado en el juicio el estado en el que se encontraban sus dos hijos, a quienes tenía sin escolarizar ocultos en una finca de Villar de Cañas (Cuenca).

"Había operaciones en las ventanas y versos de la Biblia en las paredes. Nos impactó la palidez de los niños y que la niña -hija con su actual pareja- hacía cosas raras, gestos y sonidos imitando al perro olfateando el aire", ha narrado uno de los agentes en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid.

María Sevilla está acusada de un delito de sustracción de menores dentro de la causa penal abierta a instancias de su exmarido por hacer desaparecer en 2017 a su hijo cuando debía entregarlo por orden judicial a su padre.

La Fiscalía de Madrid solicita una pena de tres años y medio de prisión y otros cinco de inhabilitación de la patria potestad. La acusación particular en nombre de su exmarido eleva la solicitud a cuatro años y medio, mientras que su defensa pide la libre absolución.

En la vista, la acusada ha explicado que en febrero de 2017 abandonó el domicilio al tener la custodia del hijo que tuvo con su exmarido, manifestando que no tenía constancia del auto por el que un juez la obligaba a entregar al pequeño. Según su versión, no se le notificó la resolución.

Además, ha hecho alusión a varios informes médicos de la Seguridad Social que desaconsejaran que el pequeño estuvieran con su padre. "Todos recomiendan el no contacto del hijo. Solo hay uno que dice que no hay abusos, mientras ha estado alejado de su padre ha estado perfectamente", ha recalcado y ha añadido que incluso el niño "presenta retrasos cuando tiene contacto con el padre".

El padre del niño ha explicado que en 2017 tenía la custodia de su hijo pero éste estaba en paradero desconocido. "Todos los domicilios que aportó la madre no existían o nunca había estado la madre ahí. Desde que desapareció del colegio de Villanueva de la cañada, se realizaron búsquedas por parte de la guardia civil y no fue posible encontrarle", ha relatado.

También ha manifestado que a su hijo no se le vacunó y que empezó a faltar al colegio de Granada al que se lo llevó la madre desde finales de 2016. "Al colegio de Granada fue 15 días y por problemas de salud no volvió. Me reuní con la psiquiatra y me dijo que nunca había visto a S., solo a la madre y unas cartas escritas supuestamente por el", ha apuntado.

En la prueba testifical, los policías han relatado que localizaron el coche de la madre en una zona de Cuenca, siguiendo al vehículo tras dar con él en una rotonda y que les llevó a una finca.

Tras tirar la puerta de la casa, se encuentran con la mujer y sus dos hijos en una habitación. "Había operaciones en la ventana, versos de la Biblia en la ventana. El Niño estaba pálido como si no le hubiera dado la luz del sol", ha señalado, agregando que la niña que tenía con su actual pareja hacía "cosas raras", gestos y sonidos de animales, olfateando el aire como si imitaran al perro.

"Me dice el hijo que su padre no le quiere porque se lo ha dicho Dios. Que su abuelo abusaba de su padre porque se lo había dicho Dios", ha narrado. Según su relato, nunca vieron a los niños salir de la casa en todas las vigilancias.

INFANCIA LIBRE

María Sevilla también estuvo inmersa en otra investigación abierta por la Fiscalía por la existencia de una supuesta trama criminal y que fue archivada al no haber "datos objetivos" para poder asegurar que Infancia Libre funcionaba como una organización ilícita.

Los hechos se remontan al 7 de diciembre de 2017 cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Valdemoro dictó un auto en cuya virtud se acordó atribuir la guarda y custodia de un menor de diez años de edad a su padre.

La acusada debía proceder a la entrega del niño, en el plazo de dos días. Sin embargo, según el fiscal, "la acusada era plenamente conocedora de la indicada resolución judicial, luego confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid".

La mujer hizo caso omiso y se llevó consigo al menor, con la intención de "no entregarlo en ningún momento al padre, instalándose la acusada y el menor juntos en diferentes puntos de España, sin que nunca el padre del menor tuviera conocimiento del lugar en que éste se encontraba".

"La acusada ocultó su localización y la de su hijo menor, impidiendo con ello la acusada que el menor estuviera con su padre así como que este ejerciera los derechos y deberes inherentes a la custodia que le correspondían", señala el fiscal.

Tras decretarse la detención de María Sevilla, la acusada y el menor fueron localizados el 30 de marzo de 2019 en una finca situada en la localidad de Villar de Cañas, Cuenca, "practicándose por agentes de policía nacional la entrada en la misma con autorización judicial, lugar donde fue detenida la acusada, procediéndose inmediatamente a la entrega del menor a su padre, para dar cumplimiento a la resolución judicial"

El Juzgado de Instrucción 27 de Madrid dictó un auto en abril de 2019 por el que prohibía a la mujer acercarse a su hijo, a menos de 200 metros, o a su domicilio, colegio o lugar de estudio, o donde pudiera encontrarse transitoriamente.

Dicho auto fue reformado por otro de fecha 27 de junio de 2019, por el que se modificaba la indicada medida cautelar en el sentido de autorizar a la acusada las visitas al menor, supervisadas, en el punto de encuentro más próximo al domicilio del menor.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha adelantado este jueves que el paro registró en septiembre un descenso récord, "la mejor cifra desde los años noventa y tantos", según ha precisado.

De este modo, ha añadido, no sólo serán buenos los datos de afiliación a la Seguridad Social de septiembre, sino también los de desempleo. Ambos se publicarán mañana a partir de las 9.00 horas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya avanzó ayer que en septiembre se crearon unos 100.000 empleos en términos medios y desestacionalizados.

Para la titular de Trabajo, esta evolución supone que, si se controla la enfermedad, "las cosas van a ir bien". "Y además tenemos el colchón de los ERTE", ha recordado.

Díaz, en declaraciones a La Sexta, ha afirmado que es consciente de que, pese a las buenas cifras de empleo de septiembre, "el sufrimiento de la gente es ajeno a estos datos".

El Ministerio de Transportes y Agenda Urbana ha publicado este jueves una orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que prorroga hasta noviembre el plazo para solicitar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado para los arrendatarios de vivienda con dificultades como consecuencia del Covid-19.

En concreto, el Ministerio ha decidido prorrogar la 'Línea de avales de arrendamiento Covid-19' hasta el 30 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre la prórroga del plazo para su formalización, de acuerdo con la orden del BOE que ha entrado en vigor este jueves.

En el Real Decreto Ley de 31 de marzo por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia y que regulaba una serie de medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables, se establecía la aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del virus.

En este artículo se autorizaba al Ministerio de Transportes Movilidad y a Agenda Urbana para que, mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), desarrollase una línea de avales con total cobertura del Estado para que las entidades de crédito pudiesen ofrecer ayudas transitorias de financiación a los arrendatarios de vivienda habitual que se encontrasen en una situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogables otros cuatro, y sin que "devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante".

Se estableció que podrían acceder a estas ayudas transitorias de financiación todos los arrendatarios que se encontrasen en una situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la expansión del Covid, de acuerdo con los criterios y requisitos que se definían a través de una orden del Ministerio publicada el pasado mes de mayo.

Posteriormente, el Ministerio y el ICO suscribieron un convenio para la gestión de los avales y la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la línea de avales de arrendamiento del coronavirus.

La Comisión de Seguimiento del Convenio, que se reunió el pasado 9 de septiembre, ha considerado ahora la necesidad de prorrogar la posibilidad de acceso a estos préstamos a los arrendatarios de su vivienda actual que, cumpliendo con la orden publicada en mayo y en el convenio, puedan ser vulnerables como consecuencia de la evolución más reciente de la pandemia.

También ha acordado proponer la ampliación de los plazos para la solicitud de los préstamos hasta el 30 de noviembre y para la formalización de los mismos hasta el 31 de diciembre de este año.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se seguirán prorrogando mientras lo necesiten empresas y trabajadores, una postura que, según ha apuntado, es común en todo el Gobierno.

Díaz, en declaraciones a La Sexta ha señalado que "no tiene sentido" desplegar todos los recursos públicos que el Gobierno ha puesto en marcha para sostener y ayudar a las empresas y luego dejarlas caer.

Así, ha afirmado que "sin lugar a dudas" y si es necesario, se prorrogarán los ERTE más allá del 31 de enero de 2021 y ha recordado que la Comisión Tripartita examinará diariamente cómo está funcionando el esquema que se acaba de poner en marcha.

La ministra ha destacado que el nuevo acuerdo de ERTE, que extiende este instrumento de momento hasta el 31 de enero, no deja a ningún sector "atrás", porque si fuera así, ha añadido, la CEOE no lo habría firmado.

"Todas las empresas saben que están protegidas con ingentes cantidades de recursos públicos", ha subrayado Díaz, que ha señalado que la patronal tenía "dificultades internas" para firmar el acuerdo que "legítimamente defendió" en la mesa de negociación.

Por otro lado, la ministra ha insistido en la necesidad de reformar la legislación laboral para combatir la precariedad, una "anomalía" que tiene el mercado español y contra la que han pedido que se actúe desde el FMI ó el Banco de España.

"Lo vamos a hacer, no porque lo diga el FMI, sino porque es un compromiso imprescindible", ha dicho la ministra, que ha advertido de que si en el acuerdo de los ERTE "no se hubiera bordeado" la reforma laboral del PP y ésta se hubiera aplicado, en España se habrían producido "despidos masivos, devaluaciones salariales y pobreza a espuertas".

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha admitido este jueves tener "muchísimas dudas de la evolución de la pandemia" de coronavirus en la comunidad autónoma, donde en los últimos días se combinan datos "positivos", como la bajada en el número de pacientes hospitalizados, con otros "más negativos", y ha expresado que "ojalá estuviera todo controlado".

Así lo ha trasladado el consejero en respuesta a una pregunta sobre rastreadores de casos de coronavirus que le ha formulado en comisión parlamentaria el diputado del PSOE-A Carmelo Gómez, a quien Jesús Aguirre ha subrayado que la actual pandemia es "muy difícil de controlar", no sólo en Andalucía, sino "a nivel mundial".

El titular de Salud ha realizado estas consideraciones tras cifrar en 8.183 el número de profesionales "dedicados a labores de rastreo y seguimiento" en Andalucía, entre los que hay 4.315 que es "personal de Enfermería", y 3.788 que son "facultativos médicos", según ha precisado.

PSOE-A: "NI EL CONSEJERO SE CREE LAS CIFRAS" DE RASTREADORES

Carmelo Gómez ha replicado al consejero que "ni usted se cree la cifra" de rastreadores, y le ha acusado de vivir en una "especie de mundo paralelo que nada tiene que ver con la realidad", que es que, en la salud pública, "se tarda siete u ocho días" en obtener resultados de una PCR, así como que "no se están haciendo los rastreos".

En ese sentido, el parlamentario socialista ha señalado que son "numerosos" los testimonios de ciudadanos que "están llamando insistentemente a Salud Responde para intentar que se siga investigando, haciendo un rastreo" de casos positivos en coronavirus, que "no se está haciendo en la actualidad", según ha aseverado antes de sentenciar que "la realidad es la que es".

Tras cuestionar si por parte de la Junta mantienen "una estrategia de, mientras menos PCR y rastreo haga, menos número de contagios" saldrá reflejado, el parlamentario socialista ha subrayado el dato actualizado este jueves de 1.303 nuevos casos positivos de contagios y 19 muertes en las últimas 24 horas en Andalucía, y ha criticado que, pese a esas cifras, "todavía tenemos que soportar" del consejero decir "que aquí está todo controlado".

Frente a ello, el titular de Salud ha replicado que "ojalá estuviera todo controlado", y ha precisado que el número de rastreadores que ha dado es el total de profesionales que se dedican a ello, pero no sólo "a tiempo total", sino también a tiempo "parcial, en jornadas de 20% o en jornadas de tarde".

"GRAN EQUIPO" DE RASTREADORES

El consejero ha defendido que todos ellos forman "un gran equipo de rastreadores que lo están haciendo muy bien", y que Andalucía presenta una "ratio" de estos profesionales en relación a su población "muy alta, mayor que la media estadística del resto de comunidades autónomas".

En todo caso, sobre los rastreadores, Aguirre ha apuntado que por parte de la Consejería de Salud se está ahora "reforzando con 100 nuevos profesionales", así como que se han impulsado "dos 'call center' para rastreo", se han puesto en marcha "dos centros nuevos en Huelva para rastreo y seguimiento de los casos", así como "la plataforma centralizada de información con un 'feed back' a nivel de que se haga a la mayor rapidez posible el rastreo".

También ha recordado que Andalucía está contando ahora también con la labor de rastreo que están llevando a cabo 360 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que comenzaron su tarea el pasado 14 de septiembre, así como ha remarcado que se están "incorporando 14 epidemiólogos más en Atención Primaria", y "33 profesionales más de enfermería vinculados a epidemiología".

De igual modo, ha reiterado que la Consejería de Salud está contactando con colegios profesionales para "intentar que se incorporen trabajadores jubilados de médicos, veterinarios, farmacéuticos y enfermeros a las labores de seguimiento" de casos, y así tratar de "liberalizar a médicos y enfermeros para focalizarlos más en la atención sanitaria", según ha concluido Jesús Aguirre.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este viernes que el "teatro" de la moción de censura que ha presentado Vox terminará con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "aclamado por la mayoría Frankenstein que le aupó al Gobierno". Además, ha recalcado al partido de Santiago Abascal que "para ser patriota hay que saber sumar".

"La moción no es útil, lo que hace es reforzar a Sánchez y a la mayoría que escribe estos boes infames contra la Comunidad de Madrid", ha señalado, en relación a la orden del Ministerio de Sanidad con restricciones ante el Covid-19 publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El 'número dos' del PP ha recalcado una vez más que la moción de censura no sale porque para ello tendrían que sumarse Bildu, ERC y JxCAT. Por eso, ha dicho que "el teatro terminará con Sánchez aplaudido, loado y aclamado".

En este punto, ha pedido a Vox no llevar a la gente a "engaño" porque no hay mayoría para que prospere esa iniciativa. "Para ser patriota hay que saber sumar", ha enfatizado el secretario general de los 'populares' en una entrevista en esRadio.

Es más, García Egea ha indicado que Sánchez es el "único presidente de la historia" que ha pedido que le presenten una moción de censura con el fin, ha dicho con ironía, de que "haya un debate en el que gane algo". El PP ha asegurado que no apoyará esa moción, pero no ha precisado si votará en contra u optará por la abstención.

LA DIVISIÓN DEL CENTRO-DERECHA

El secretario general de los 'populares' ha recalcado que la división del centro-derecha les impidió llegar al Gobierno en las pasadas elecciones generales. "O unimos los votos en torno a la única alternativa de Gobierno que es el PP o tenemos Sánchez para rato", ha advertido.

También se ha referido a la protesta que realizó este miércoles el líder del PP en el Pleno del Congreso ante las "ofensas" al Rey. "Frente a los insultos de Rufián y la ignominia de la presidenta del Congreso, quién defendió ayer la democracia, la monarquía y el Estado de Derecho fue Pablo Casado", ha proclamado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que su Gobierno no seguirá los pasos del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y no recurrirá la orden del Ministerio de Sanidad sobre restricciones a la movilidad en función de los casos de coronavirus, que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En declaraciones a los periodistas durante una visita a Jerez de la Frontera (Cádiz), Moreno ha expresado su "máximo respeto" a la decision que tome el Gobierno de Comunidad de Madrid, pero ha recalcado que desde Andalucía no se va a recurrir esa orden ministerial, sino que se confía en que de cara a la nueva Conferencia interterritorial del próximo miércoles, el Ministerio "replantee" su posición y esté dispuesto al diálogo y a atender propuestas de las comunidades.

Ha expuesto que la Junta acudirá con una actitud propositiva, de diálogo y con la voluntad de ensanchar el acuerdo que se cerró en la reunión de ayer y que rechazaron algunas comunidades, entre ellas Andalucía.

A su juicio, ese acuerdo sólo se puede ensanchar si por parte del Ministerio de Sanidad hay receptividad a las propuestas de Andalucía, que proceden del comité técnico-científico, son "sensatas, oportunas y que identifican el problema de la pandemia en Andalucía de una manera más certera y rigurosa de acuerdo con nuestro contexto territorial".

Respecto al rechazo de Andalucía a las medidas del ministerio ayer de la consejo interterritorial, Moreno ha dicho que cuando la Junta vota en cualquier órgano colegiado, vota en conciencia sobre la representación de que es lo mejor para los andaluces, la única "medida y objetivo que nos marca la posición en cada una de las conferencias sectoriales".

Tras recordar que Andalucía es la comunidad más poblada de España y por tanto, de la que más ciudades tiene con más de 100.000 habitantes, ha señalado que el comité técnico-científico andaluz ha puesto sobre la mesa que no puede haber sólo tres requisitos a la hora de adoptar restricciones, sino que tienen que ser más, por las circunstancias que tenemos en esta comunidad, para hacerlos "más certeros y seguros".

Ha indicado que atendiendo a esa recomendación del comité, se trasladó al Gobierno de España, que no la tuvo en cuenta.

El presidente ha indicado que ahora mismo en Andalucía no estamos en ninguna circunstancia que nos obligara, tomando los requisitos que ha decidido el Ministerio de Sanidad, a limitar la movilidad en ciudades de más de 100.000 habitantes. "Estamos todavía lejos, afortunadamente, por ahora", según ha apuntado.

Juanma Moreno ha confiado en que de aquí al miércoles que viene, cuando se celebrará una nueva conferencia sectorial, el Gobierno central "replantee y aclare".

Ha expuesto que las propuestas que la Junta ha hecho son sensatas y, en consecuencia, lo que se pide es diálogo y que podamos llegar a un consenso mucho más amplio, que sería mucho mas positivo para todos. Ha considerado que ha existido premura para unas decisiones tan importantes, que se tienen que tomar con serenidad y equilibrio y ponderando las propuestas de cada uno.

Respecto al apoyo del presidente de Castilla-León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), a las medidas del Ministerio de Sanidad, Moreno ha expresado su respeto a la posición de su compañero de partido, apuntando que seguro que lo ha hecho atendiendo al interés de sus ciudadanos. Ha indicado que Andalucía y Castilla-León, con una gran diferencia poblacional, tienen unas circunstancias muy diferentes.

La flota atunera española trabaja para convertirse en la más sostenible del mundo a lo largo de 2021, lo que le permitirá alcanzar su objetivo solo cinco años después de que anunciara este propósito, tanto en la Conferencia de los Océanos de la ONU como en la Our Ocean en 2017.

En concreto, tras certificar toda su captura de atún tropical, cerca del 8% de la total mundial, como 'Atún de Pesca Responsable' que garantiza la sostenibilidad social de la actividad pesquera, la flota de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) entra en el proceso de certificación de la organización mundial Marine Stewardship Council (MSC), para acreditar con su 'sello azul' la totalidad de su actividad en los tres océanos en los que opera.

De esta forma, la flota española, formada por 52 buques atuneros cerqueros, se convierte en la primera que opta a esta certificación de forma integral, para lo que ha solicitado la evaluación simultánea de todos sus buques y capturas en los tres océanos.

La evaluación será realizada por la entidad independiente Lloyd's Register y comprende las cuatro zonas geográficas en las que opera la flota y son gestionadas por las organizaciones regionales de pesca (ORPs): ICCAT, CIAT WCPFC y CTOI.

"El próximo año, los pescadores podemos marcar la forma de progresar hacia la sostenibilidad integral en la pesca. Ha llegado el momento de que todos los que creemos que es posible producir sostenible y responsablemente alimentos saludables procedentes del mar, nos unamos para promover estos principios en aquellas flotas y mercados que no consideran los derechos humanos y la sostenibilidad como fundamentales para el futuro de la alimentación del mundo", ha señalado el director gerente de Opagac, Julio Morón.

La evaluación incluye todos los stocks de túnidos tropicales mundiales -atún rabil (Thunnus albacares), atún patudo (Thunnus obesus) y atún listado (Katsuwonus pelamis)- y todas las modalidades de pesca, tanto banco libre como FADs, en los océanos Índico, Atlántico y Pacífico.

REFERENTE INTERNACIONAL

Por otro lado, el certificado Aenor - Atún de Pesca Responsable (APR), impulsado por la propia flota, se está extendiendo como un referente internacional a la hora de abordar el desarrollo de certificaciones sociales por parte de otros actores de este mercado, especialmente en su vertiente de derechos laborales a bordo de los buques de pesca, al ser la norma española, la única que la contempla.

Aenor, en colaboración con Opagac, ha firmado un convenio con el mayor productor de conservas de atún del mundo Thai Union y GSA3 para que ambos puedan tomar como referencia el tratamiento de los derechos laborales a bordo contemplado en la norma española con vistas a incorporarlo a sus sistemas de certificación social de la actividad pesquera.

Igualmente, y como parte de esta internacionalización, las entidades españolas han iniciado contactos con The Consumers Good Forum, que engloba a más de 400 productores, distribuidores y proveedores de servicios de 70 países, y también busca desarrollar un estándar de sostenibilidad social aplicable a la pesca dentro de una iniciativa denominada Cadena de Custodia Sostenible.

La posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez aborde una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para lograr que se produzca una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pese al bloqueo del PP, ha sido recibida por las distintas asociaciones de jueces con disparidad de opiniones, mientras unos ven necesaria pero difícil la reforma, otros apuestan por esa modificación pero en el sentido de quitar poder de decisión al Congreso sobre el órgano de gobierno de los jueces.

La portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), Ascensión Martín, ha señalado en declaraciones a Europa Press que para reformar el sistema de elección de vocales del CGPJ habría que modificar esa ley orgánica, la LOPJ, que es la que lo regula, y por tanto haría falta mayoría cualificada de tres quintos de la cámara, por lo que apunta que ése es el problema y que será "muy difícil" en un Hemiciclo que abarca tantas sensibilidades.

Por este motivo, ha abogado por que las distintas formaciones políticas, y en especial las dos mayoritarias, lleguen a un acuerdo para evitar el fracaso, y ha incidido en que desde su asociación ven necesaria la reforma de la ley para "evitar bloqueos" por parte de determinados grupos políticos, máxime cuando la Constitución "obliga a renovar en plazo". "O se reforma la ley o nos quedamos varados", ha añadido.

Por su parte, desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Jorge Fernández Vaquero ha coincidido con Martín en que es necesaria esa reforma, pero ha advertido que debe hacerse para que se "reduzca la intervención de los políticos" a la hora de nombrar vocales del órgano de gobierno de los jueces.

"Lo que quiere el Gobierno es lo contrario, facilitar más la intervención de los políticos", ha explicado, para luego añadir que buscan no necesitar una mayoría cualificada en el Congreso. En este sentido, ha añadido que la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del líder de la oposición, Pablo Casado, y del líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, le recuerda mucho "a la de tres chiquillos que se pelean por un trozo del pastel".

"Se pelean por un trozo del pastel, por ver quien coge su parte, a quien le toca el trozo más grande, pero en realidad el pastel no es suyo, es de los ciudadanos, y se lo están comiendo ellos", ha indicado, para acabar apuntando que se debe cambiar la ley pero "al contrario de lo que se plantea".

Por su parte, la portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, ha señalado que se encuentra "estupefacta" ante esa posibilidad de que el Ejecutivo reforme la ley y lamenta que se intente por no haber conseguido una mayoría "para el control político del poder judicial".

El FJI apuesta porque no se dé ese control político de la renovación porque afecta al Estado de Derecho. Y recuerda que si se debe renovar con tres quintos de la cámara, debe seguir siendo así: "No procede el reparto proporcional entre las distintas fuerzas, hay que separar los poderes para que haya una verdadera democracia".

Según esa LOPJ, el Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años -lleva en funciones desde 2018-, contados desde la fecha de su constitución. Y los residentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.

El artículo 567 de dicha ley orgánica, reza que los veinte vocales del CGPJ serán designados por las Cortes Generales. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial.

La mitad de los empresarios españoles considera que deberá reducir sus costes o reestructurar su negocio para poder seguir operando por culpa del impacto del Covid-19, según el informe 'Global Business Pulse' de la firma Grant Thornton.

El texto indica que las malas perspectivas están provocando que los directivos aceleren la implementación de nuevas medidas de contingencia para reimpulsar sus negocios, acorde con el "dinamismo y agilidad" del 'mid market' español a la hora de enfrentarse a los impactos económicos de la pandemia.

Los empresarios creen que necesitarán tomar medidas de alcance para poder seguir operando y que, además de recortes y reestructuración financiera, se verán obligados a buscar nuevas fórmulas de financiación, tanto privadas como públicas.

En concreto, un 20% reconoce que baraja un plan futuro en este sentido, aunque todavía existe un 27% de directivos que se ve con capacidad suficiente para seguir operando haciendo uso de recursos propios, una cifra que se encuentra cuatro puntos por debajo de la media europea y global (31%).

La evolución de la pandemia, explica el texto, ha generado una respuesta rápida en estos primeros meses de impacto entre los empresarios, de modo que casi siete de cada diez aseguran haber implantado ya el teletrabajo o la jornada flexible, siendo la medida más adoptada para hacer frente al brote vírico, seguida por los ajustes en la estrategia de negocio (58%) y por la revisión de presupuestos y planes de inversión (55%).

Además, los directivos españoles se han visto obligados también a recurrir a los ajustes temporales o permanentes de personal (27%), en línea con la media europea (26%) y en mejor posición que otros países como Italia (28%) o Reino Unido (34%).

FINANCIACIÓN Y FLUJO DE CAJA EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

La gestión de efectivo también "ha sido y sigue siendo crítica", recoge el informe, por lo que, en general, las empresas españolas han preferido acudir a ayudas de la Administración en lugar de la financiación externa.

Entre las compañías encuestadas, la principal medida para garantizar el flujo de caja fue recurrir a algún tipo de apoyo público a su alcance (42%), seguido de la solicitud de ventajas fiscales (34%) y la conversión de efectivo inactivo en capital de trabajo (33%).

Solo dos de cada diez encuestados han buscado la financiación a través de inversores externos durante la pandemia, en contraste con el 15% de la media europea y 11 puntos por debajo de los alemanes y 8 de los franceses.

"En un contexto en que, en especial durante el confinamiento, los flujos de efectivo han sido un grave problema para las empresas, resulta positivo comprobar que la mayoría ha optado por llevar a cabo múltiples estrategias a la vez para mantener unos buenos niveles de liquidez", resalta el presidente de Grant Thornton, Ramón Galcerán.

Galcerán apostilla que las medidas de apoyo financiero introducidas por el Gobierno "han sido un refuerzo clave para el 'mid market' español, aunque las empresas deben tomar consciencia de que no van a durar para siempre, y que es imperativo empezar a trabajar para ser más resilientes".

Con respecto a qué medidas de apoyo de la Administración se han acogido más los directivos españoles en la pandemia, encabezan la clasificación la presentación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con un 33%; seguidos de las facilidades para desarrollar la reducción de jornada y las ayudas para implantar el teletrabajo, ambas con un 26%.

Entre los directivos que han accedido a la herramienta del ERTE, un 44% contempla reincorporar al 100% de los trabajadores afectados, de modo que seis de cada diez ya admite que su plantilla se verá reducida tras la pandemia.

LOS EMPRESARIOS, PREVISORES Y TECNOLÓGICOS

En cuanto a las medidas desplegadas de cara a la vuelta a la normalidad, los directivos españoles son mucho más previsores que los vecinos europeos, ya que el 56% de los directivos españoles ha afirmado que reforzará la seguridad de los centros de trabajo, mientras que el 50% se enfocará en dotar a sus empresas de los recursos financieros necesarios para seguir operando con normalidad.

El porcentaje que ya ha previsto distintas medidas supera en 9 puntos a la media europea, Alemania, Francia o Italia.

"Es una muy buena noticia que nuestros empresarios lideren la clasificación europea de los más concienciados en materia de prevención, incluso durante una segunda ola de contagios", destaca Galcerán.

PERSPECTIVAS CON PEQUEÑAS DOSIS DE CONFIANZA

Las perspectivas futuras de los empresarios revelan preocupación por la evolución inmediata de sus negocios, de modo que un 75% de los encuestados cree que sus ingresos bajarán este año, dato por encima de la media europea (67%) y mundial (66%).

Sin embargo, los empresarios españoles que prevén un impacto positivo de la pandemia en sus organizaciones (13%) está por encima de la media europea (11%), y también de países como Francia y Alemania, ambos con un 10%.

Preguntados sobre cuánto creen que tardarán en volver a los niveles de negocio anteriores a la pandemia, un 54% de los empresarios confían en que ocurra en entre 3 y 12 meses y un 12% restante que lo haga en menos de tres meses. Por otro lado, un 66% de directivos estiman recuperar sus niveles de ventas prepandemia antes de 12 meses.

"Si bien ha habido una indudable disminución en las expectativas de ingresos y beneficios, y 2020 no será un año fácil hasta que la economía empiece a desbloquearse, es alentador ver que una parte de las empresas españolas mantienen perspectivas optimistas", afirma Galcerán.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha apuntado que la arquitectura institucional provoca una "ceremonia de confusión" sobre quién debe emitir las normas y ha señalado que esta situación demuestra un "fracaso del sistema autonómico".

En una entrevista en 'TVE' Espinosa de los Monteros ha liberado de "toda la responsabilidad" de la pandemia a los políticos, "bastante ineptos en muchos sitios", porque "parte del problema está en la manera en la que se ha desarrollado el sistema de comunidades autónomas".

El dirigente de Vox ha deslizado en esta línea que este sistema "impide que incluso un buen gestor pueda hacer las cosas bien". "Hay una confusión administrativa, sobre quién es el responsable de quién", ha añadido.

"En casos como este de una epidemia, lo que hace falta es todo lo contrario, lo que hace falta es orden y concierto, claridad de criterio, que los ciudadanos sepan qué esperar", ha apuntado.

Asismismo, ha puesto el foco sobre los ciudadanos que se levantan cada mañana con incertidumbre y que, en el caso de los madrileños, son "rehenes" de una "pelea entre el PSOE y el PP". Al ser preguntado por una valoración sobre la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para acometer las medidas del Gobierno, ha apostillado que es una "demostración más del fracaso de la arquitectura institucional.

De estar Vox en el Gobierno, el portavoz parlamentario ha detallado que hubieran puesto en marcha las medidas que sugerían en enero como el cierre de los aeropuertos de Barajas a todos los viajeros procedentes de China. Entre otras medidas, ha mencionado la realización de test masivos a todos los españoles.

Por último, ha lamentado la respuesta que ha dado España al virus. "Deberíamos estar a la cabeza y estamos a la cola en dar una respuesta", ha afirmado.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido este jueves a la Comunidad de Madrid que cumpla "sin más comentarios" la orden de nuevas restricciones publicada por el Ministerio de Sanidad, aunque ha reconocido el derecho del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso de recurrir dicha orden.

"Resulta muy duro escuchar al PP, a través de la gobernanza de una institución como es Madrid, decir que va a cumplir la ley pero que la va a cumplir con algún comentario que no viene al caso", ha reprochado la vicepresidenta durante la rueda de prensa que ha ofrecido con el presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP), Abel Caballero, tras su reunión para abordan la Ley de Memoria Democrática en las entidades locales.

Al ser preguntada sobre el hecho de que Ayuso haya anunciado ya que va a recurrir a los tribunales la orden del Ministerio, que la obliga a restringir las entradas y salidas de la ciudad de Madrid y otros nueve grandes municipios, Calvo ha señalado que está en todo su derecho, pero ha criticado que lo haga con reproches al Gobierno.

"Cuando estamos en un Estado de Derecho tiene que cumplir, como todas, y lo tendrían que hacer sin más comentarios. También puede recurrirlo. Saben que ese acuerdo tiene un pie de recursos como lo tienen todos en un Estado riguroso. Está en su perfecto derecho de recurrirlo", ha afirmado, para añadir, a continuación, que también está "en su obligación de Ejecutarlo".

EL GOBIERNO, "A LO QUE DIGA LA JUSTICIA"

En todo caso, ha defendido que todo se ha hecho desde "la vía correcta, desde el punto de vista jurídico, y desde la cortesía" y que, por ello, todos deben cumplirlo. En este sentido, ha reiterado que la orden tiene "pocas interpretaciones", que se deben "cumplir por el bien común" y que "todo lo demás no existe para el Gobierno".

"En nuestro país ninguna administración pública está al margen de las leyes, nadie puede hacer otra cosa que cumplirlas", ha remarcado, tras señalar que, por ello, no contemplan el escenario de que Madrid no cumplan con las medidas adoptadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) entre el Gobierno y las Comunidades, y que Sanidad llevó después a una orden al Boletín Oficial del Estado (BOE), de obligado cumplimiento.

A su juicio, "absolutamente nadie" entendería que no lo hicieran. "Venimos trabajando sobre la calidad de una democracia y que nadie se considere de ninguna de las maneras que las normas se pueden incumplir o se puedan zafar", ha avisado.

Eso sí, ha asegurado que el Gobierno está "a lo que la justicia diga", aunque ha añadido que "todo lo demás sobra". "Absolutamente sobra, porque si el único objetivo es luchar contra la pandemia de la mano, la ciudadanía nos dice que todo lo demás sobra, y resulta muy difícil entender la posición del PP cuando hace este tipo de comentarios que nosotros no hacemos", ha enfatizado.

Y mientras tanto, ha defendido que el Gobierno va a seguir ejerciendo su papel de "garante" de que las normas se cumplan. "A partir de ahí, el gobierno se coloca en su sitio. Somos los garantes en las competencias, de que las normas se cumplan, lo hacemos siempre", ha afirmado.

"Así que ahora también lo haremos, más ahora incluso, porque la salud y la vida de sus ciudadanos es la cuestión mayor, porque es de la propia vida. Estaremos en todos los peldaños y lo haremos para que todo se cumpla", ha afirmado.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha lamentado este jueves que Madrid "no está siendo solidaria" y debe entender que debe aplicar las medidas de restricción a la movilidad al haber alcanzado los indicadores marcados porque "el virus no conoce ni fronteras ni Gobiernos".

Barceló, en una entrevista en la Cadena Ser ha lamentado al respecto que "algunas posiciones no hacen bien a la coordinación que tiene que haber para poder combatir a este pandemia".

En ese sentido, ha reivindicado el papel ejercido por el Consejo Interterritorial de Salud durante estos meses de pandemia ya que el virus "no conoce de comunidades autónomas ni de Gobiernos" y por ello "siempre" todos los consejeros de Sanidad "nos hemos regido por criterios epidemiológicos y se ha valorado muy positivamente las acciones coordinadas".

De este modo, ha destacado que durante este tiempo se ha demostrado "una solidaridad y un entendimiento entre todas las comunidades autónomas que no se había dado nunca" hasta ahora porque estamos viviendo "momentos excepcionales".

Por ello, ha reprochado "romper este consenso que siempre se ha regido por criterios epidemiológicos y de solidaridad entre territorios" ya que, ha defendido, "tenemos que estar todos contemplando escenarios que se puedan dar en cualquier momento y esta bien marcar estos criterios".

Barceló, pregunta pro si está preocupada por Madrid, ha replicado: "estamos preocupados de lo que ocurre en cada una de nuestras comunidades, pero especialmente nos preocupa por la movilidad que existe en todo el territorio nacional, Madrid también traslada esa movilidad al resto de territorio igual que nuestros ciudadanos viajan hacia Madrid.

Por eso, ha mantenido que "no se entiende esta posición" de Madrid porque debe asumir que "dado que el virus no conoce fronteras hay que ser solidarios y comprender que cuando se alcanzan una serie de indicadores las medidas tienen que adoptarse".

Barceló ha confirmado que en la noche de este mismo miércoles recibieron ya la orden ministerial con las restricciones que este jueves se detallan en el BOE y ha explicado que no es necesario que se publique también del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) porque el acuerdo establece que las territorios que "cumplan los criterios tienen un plazo para su aplicación".

Andalucía registra este jueves 1.303 casos confirmados de coronavirus por PCR, mayor aumento diario desde el pasado sábado, según los datos difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan 19 muertes por Covid-19 en 24 horas, dos menos que las contabilizadas este miércoles.

En cuantos a los decesos, en Sevilla se han producido seis muertes en las últimas 24 horas, seguida de Málaga con cinco fallecimientos y Cádiz con tres, mientras que en Granada y en Jaén ha habido dos. En Córdoba ha fallecido una persona y Almería y Jaén son las únicas provincias andaluzas que no han sumado decesos en 24 horas.

Sevilla, con 307 casos confirmados por PCR se vuelve a situar como la provincia con mayor número de positivos en las últimas 24 horas, seguida de Cádiz con 210, Granada con 208, Córdoba con 190, Málaga con 129, Jaén con 125, Almería con 96 y Huelva con 38.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha preguntado este jueves si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será "inhabilitada" por "desobedecer" la orden del Ministerio de Sanidad publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con las nuevas restricciones acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud para hacer frente al coronavirus en las zonas con más contagios.

Rufián ha aprovechado su intervención en Pleno, durante el debate sobre la comisión de investigación relativa a la 'Operación Kitchen', para acusar al PP de "traficar literalmente de forma política con la vida de los madrileños".

En este contexto, se ha preguntado si la negativa del Gobierno regional a aplicar las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud derivarán en la "inhabilitación" de su presidenta.

"¿Si Ayuso desobedece una orden del BOE será inhabilitada o tendrá que poner una pancarta diciendo de no va a obedecer?", ha preguntado Rufián, intentando hacer un paralelismo con la inhabilitación a la que el Tribunal Supremo ha condenado al expresidente Quim Torra por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar de la sede de la Presidencia de la Generalitat un cartel de apoyo a los presos independentistas durante la campaña electoral.