La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, alertó este lunes el Congreso de que la mayoría de los asesinatos machistas se producen en poblaciones de menos de 150.000 habitantes.

Carmona ofreció este dato en el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, donde compareció y donde pidió más recursos para las mujeres que son asesinadas en estas poblaciones a las que llegan menos los recursos.

En esa comparecencia la presidenta del Obervatorio reconoció que «no disponemos aún de estadísticas oficiales sobre el número de denuncias presentadas» durante el estado de alarma porque «la paralización ha afectado a la elaboración de los boletines de estadística judicial, donde se recoge de forma escrupulosa toda la actividad de los órganos judiciales». «Pero la percepción en los juzgados ha sido la de un importante descenso de las denuncias entre marzo y mayo», aunque las llamadas al 016 «entre el 15 de marzo y el 15 de mayo, ascendieron a 18.700, un 61,6% más que en el mismo periodo de 2019», indicó.

Asimismo, Carmona instó al Congreso a que impulse las modiicaciones legislativas necesarias «para dar más efectividad a la persecución de los delitos de violencia de género».

Como la reforma de la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género «para ampliar el concepto de violencia de género e incluir en él cualquier tipo de violencia que se ejerza sobre la mujer por el hecho de ser mujer». «Y ello de acuerdo con los principios aprobados en el Convenio de Estambul, suscrito por España, que declara como formas de violencia contra las mujeres la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de género, el aborto forzado y la esterilización forzada, incluso en los casos en los que no existe relación con el agresor».

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Un equipo multidisciplinar de expertos -liderados por el secretario general del Consejo General de la ONCE y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Rafael de Lorenzo, además de por el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez- reivindican la creación del Derecho de la Discapacidad como rama propia del ordenamiento jurídico en España.

Esta es la tesis principal del libro ‘Fundamentos del Derecho de la Discapacidad’, editado por Thomson Reuters Aranzadi dentro de su colección Grandes Tratados. Se trata del primer título de una serie de publicaciones sobre este mismo tema, promovida por Cermi y por la Fundación Derecho y Discapacidad.

En declaraciones a Servimedia, Rafael de Lorenzo explica la utilidad y conveniencia de especializarse en dichos estudios. «En España hay más de 4 millones de personas con discapacidad que, sumadas a sus familias, representan un porcentaje muy notable de población». «Somos también el 10% de la ciudadanía europea».

Así pues, la primera razón tiene que ver con el gran número de personas afectadas por estas regulaciones, detalló, a lo que hay que añadir «la gran cantidad de normas reguladoras que ya existen al respecto».

Por eso, «convendría aunar todo este conocimiento», prosiguió, para abordar todas las cuestiones jurídicas relativas a las personas con discapacidad de forma sistemática.

En su opinión, «sería especialmente útil de cara a la especialización profesional de jueces, fiscales, procuradores y, sobre todo, abogados». «Podría así surgir la figura del abogado experto en discapacidad, avanzó De Lorenzo. Este es uno de los objetivos de hecho del libro y de la serie acordada con la editorial.

Según De Lorenzo, «se ha llegado además a un acuerdo con una universidad mexicana para replicar esta misma propuesta adaptada a su derecho nacional», con el fin de expandir la disciplina en el contexto latinoamericano.

También «pretendemos llegar al Consejo General de la Abogacía a través del Colegio de Abogados de Madrid, para que en todos los colegios de abogados de España (que estén interesados) se imparta un título o diploma de Experto en Derecho de la Discapacidad», aseguró.

Más a largo plazo, «trabajamos para la creación de un máster interuniversitario sobre Derecho de la Discapacidad, que se ofrezca en varias universidades y proporcione una formación seria y profunda sobre el tema a los estudiantes interesados».

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

La obra consta de dos grandes partes bien diferenciadas. La primera está dedicada a la metodología y análisis del cambio paradigmático propuesto y a los argumentos jurídicos y científicos que sostienen la existencia del Derecho de la Discapacidad como rama jurídica propia, mientras que la segunda se dedica a desgranar los diferentes temas específicos que conforman el contenido material de la nueva disciplina desde una perspectiva de Derecho Positivo.

Por su parte, esta última se divide en tres bloques: ‘Sustrato social, principios y valores’, con un capítulo dedicado a cada uno de estos temas; ‘Contenido material del Derecho de la Discapacidad’, con ocho apartados sobre los contenidos principales, y ‘Políticas, mecanismos y estructuras’, que ofrece una sección sobre cada una de estas tres materias desde un prisma filosófico y político.

Los capítulos abordados en el segundo bloque versan sobre el concepto y sistema de fuentes en la nueva disciplina; las libertades fundamentales como el derecho a la vida y a la intimidad en el apartado de las personas; derechos, igualdad y no discriminación, a fin de tratar la invisibilidad y la discriminación múltiple que sufre este colectivo, con especial mención a la infancia; derechos y accesibilidad, como un amplio derecho que ha de garantizarse en múltiples facetas de la vida; libertad, en referencia a la autonomía personal y a la vida independiente; las prestaciones y obligaciones de los poderes públicos que las administraciones han de procurar para asegurar estos derechos; la garantía y tutela de los derechos, sobre el acceso a la justicia y la protección jurídica, y los deberes de las personas con discapacidad.

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Endesa ha sido reconocida como la empresa que mejor informa sobre cuestiones fiscales por segundo año consecutivo, según el ‘Informe de Contribución y Transparencia 2019’ que acaba de publicar la Fundación Compromiso y Transparencia.

Este informe sitúa a Endesa en primera posición del Ibex 35 en materia de transparencia y responsabilidad fiscal y le otorga la puntuación máxima, 24 sobre 24 puntos, mejorando los registros de 2018.

Entre las fortalezas de Endesa se destaca su apartado en la web, denominado ‘Transparencia en el cumplimiento de la legislación tributaria’, que ha venido mejorando año tras año, donde informa de forma detallada, entre otros temas, de su estrategia fiscal, de su política de gestión y control de riesgos fiscales, de sus compromisos en materia de cumplimiento cooperativo, de su contribución fiscal, de la inspección y litigios en materia tributaria, de la conciliación del gasto por Impuesto sobre Sociedades y, en general, de toda la información fiscal.

Asimismo, Endesa destaca por incluir enlaces desde su web al ‘Informe de Actividades de Comisión de Auditoría’ donde queda reflejada la asistencia periódica del responsable de asuntos fiscales de la compañía al mismo para informar de la situación tributaria de la entidad y por contar con canales de denuncia de comportamientos irregulares y poco éticos y por sus sistemas de prevención de delitos y de blanqueo de capitales.

En 2019, la contribución tributaria total de Endesa ascendió a 4.113 millones de euros, de los cuales 1.669 millones corresponden a impuestos pagados y 2.444 millones a importes recaudados a consecuencia de la actividad empresarial de Endesa. Un 92% del pago y recaudación de impuestos durante 2019 se realizó en España donde se abonaron impuestos por importe de 1.656 millones y se recaudaron 2.114 millones de euros.

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El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, pidió este lunes que el gasto turístico realizado por los españoles durante este año pueda desgravarse en la declaración del IRPF de 2020.

Así se expresó Marichal en su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, donde recordó que en los hoteles españoles trabajan 300.000 personas.

“Necesitamos una serie de medidas para garantizar la supervivencia y la recuperación del sector turístico”, afirmó Marichal, quien sostuvo que hay “margen de maniobra para apoyar al sector hotelero que necesita de la ayuda y solidaridad de todos”.

Además de las desgravaciones, Marichal pidió la prolongación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo en el sector hasta el final de 2020 ante la posibilidad de que no haya una buena respuesta de la demanda o de que se produzcan rebrotes del Covid-19.

En cuanto a la demanda, advirtió de que existe una gran incertidumbre tanto por el hecho de que la gente pueda tener miedo a viajar en avión como por el impacto que ha podido tener esta crisis “en los bolsillos de los clientes”.

Por ello, propuso que se estudie la posibilidad de aplicar bonificaciones en los billetes aéreos como las que benefician a los archipiélagos para el transporte aéreo a los residentes en toda España para la temporada de este verano o el impulso de programas públicos de viaje como el del Imserso.

Por otro lado, solicitó medidas para evitar que las empresas hoteleras sufran problemas de tesorería como carencias en los préstamos hipotecarios y operaciones de financiación y un sistema de aseguramiento con aval del Estado español para las operaciones con turoperadores extranjeros.

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La Fundación Cermi Mujeres (FCM) analizará en un webinario este miércoles, 17 de junio, a las 16.00 horas, los efectos que ha tenido la pandemia en el derecho a la educación de las estudiantes con discapacidad y las necesidades de esta parte del alumnado de cara al nuevo curso.

Esta será la materia central del octavo webinario del ciclo ‘No estás sola’, una iniciativa con la que la FCM analiza cada miércoles de manera telemática un asunto concreto relacionado con la pandemia de coronavirus y con la que impulsa el acompañamiento y participación de las mujeres con discapacidad y las madres y cuidadoras en primera persona.

Este encuentro telemático contará con la participación de Mariluz Sanz, representante del Cermi Estatal en el Consejo Escolar del Estado; Norma Pujol, portavoz de Esquerra Republicana en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad y en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados, e Irma Iglesias, presidenta de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down.

Como testimonios intervendrán Irene, una estudiante con discapacidad de sexto de Primaria; Inés Martínez, joven sorda estudiante de Medicina; María del Carmen La Osa, madre de una estudiante con discapacidad, y Juana Aide, profesora itinerante con discapacidad.

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El líder del Partido Popular, Pablo Casado, exigió este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejar “perfectamente planificado un ‘plan b’ jurídico” para no tener que recurrir de nuevo a la declaración del estado de alarma en el caso de que se produjera algún rebrote de la pandemia del Covid-19 en los próximos meses.

En una reunión con los alcaldes del PP, Casado replicó a Sánchez que “el patriotismo es defender los intereses de España” y “no callarse ente los errores del Gobierno”. De esta forma, reprochó que el jefe del Ejecutivo apele al patriotismo del principal partido de la oposición mientras “pacta” con formaciones como ERC o EH Bildu.

Advirtió a Sánchez de que no aceptará “un nuevo estado de alarma” en el caso de que hubiera algún rebrote. En este sentido, se remitió a la legislación existente, en concreto a la ley orgánica de Sanidad del año 1986, que “faculta al Gobierno de España no sólo a mantener el mando único sanitario, sino incluso a tener que hacer alguna restricción de movimiento en el caso de los rebrotes”.

Así, el presidente de los populares urgió a Sánchez a actuar “antes” de que haya algún posible rebrote y aproveche que el Gobierno “ahora puede tramitar proyectos de ley para que las Cortes Generales dejen perfectamente planificado un ‘plan b’ jurídico por si hubiera algún tipo de contingencia en los próximos meses”.

MODIFICACIONES LEGISLATIVAS

“Lo que pedimos es que analicen las seis leyes sanitarias, de protección civil y de seguridad nacional que hace ya un mes pusimos encima de la mesa incluso para colaborar a su modificación legislativa si fuera necesario, aunque pensamos que están perfectamente en vigor para cualquier contingencia futura”, sintetizó el líder de la oposición.

Casado se hizo eco de las palabras del expresidente Felipe González comparando al Gobierno de coalición con “el camarote de los hermanos Marx”, ya que “entre los bandazos e improvisaciones la salud de los españoles está en juego”. Se refirió, por ejemplo, a la apertura de las fronteras y a las distintas fechas que se han ido poniendo sobre la mesa.

“Son bandazos que generan una incertidumbre en los españoles, una falta de confianza en el exterior y, sobre todo, para nosotros generan una preocupación en cuanto a qué instrumentos jurídicos tenemos a nuestro alcance si hubiera algún tipo de rebrote”, insistió Casado, para quien “no” supone una “complicación” utilizar la legislación ordinaria en vez del estado de alarma.

Casado también volvió a cargar contra el Gobierno porque “ni siquiera es capaz de contar bien a los fallecidos” y “sigue sin responder a por qué no hace caso al Instituto Nacional de Estadística, a la Seguridad Social o al Instituto Carlos III a la hora de reconocer que ha habido probablemente 43.000 fallecidos al menos por culpa del Covid-19”.

PEDIR PERDÓN

Avisó de que el PP seguirá planteando “la necesidad de que haya una comisión de investigación” sobre la gestión de la crisis del coronavirus una vez que se levante el estado de alarma. No se trata de dilucidar las responsabilidades penales, “que para eso están los juzgados”, pero sí “las responsabilidades políticas” de un Gobierno que “ni siquiera ha querido pedir perdón”.

“En Italia, el primer ministro comparece ante un tribunal. En Francia, la Fiscalía de oficio está investigando las posibles responsabilidades del francés. Hemos visto cómo incluso en Chile el ministro de Sanidad ha tenido que dimitir o ser cesado por tener un cambio en el cómputo de fallecidos por el Covid-19. Sin embargo, Sánchez ayer una vez más alardeó de su gestión”, trasladó Casado.

Reclamó que el ministro del Interior y el secretario de Estado de Seguridad den explicaciones en sede parlamentaria sobre el cese del exdirector de compras de la Policía Nacional, “que ha denunciado que fue cesado por pedir más mascarillas para los agentes”. “En Chile dimiten por cambiar el método de contabilidad de fallecidos. Aquí lo han cambiado cuatro veces”, se reafirmó.

«NOS ACUSAN DE CRISPAR»

Del mismo modo, recordó cómo Sánchez censuraba la gestión del PP en el Gobierno “por sacrificar a un perro en la crisis del ébola”. “Sin embargo, ahora parece ser que lo que tenemos que hacer es aplaudir una gestión que ha sido claramente mala y si no nos acusan de crispar”, se quejó el presidente de los populares.

Igualmente, criticó que Sánchez haya tardado dos meses en plantear un plan para la automoción y le reprochó que en el día de la presentación se haya olvidado de mencionar a los 25.000 afectados de Nissan en Barcelona. “Nos preocupa que no sepa gestionar crisis como la de Alcoa o Nissan”, manifestó.

Casado aseguró que coincide con los empresarios en su análisis de que son necesarios acuerdos en economía, en recuperación social, en fortalecimiento del sistema sanitario y a la hora de mostrar “una voz común de España en el exterior”. “Es lo que llevo pidiendo dos años”, subrayó, y en el contexto actual apuntó a la conveniencia de llegar a un pacto sanitario que legar a las futuras generaciones.

Por último, defendió que el PP “es un partido leal” que tiene “una posición de apoyo a la solidaridad europea pidiendo un buen uso de esas ayudas”. Por tanto, rechazó la pretensión del Gobierno de derogar la reforma laboral que “tan buenos réditos ha dado”. “Para el PP, el patriotismo es defender los intereses de España”, remachó.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió este lunes, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, con el delegado territorial de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo, y la presidenta de su Consejo Territorial en la Comunidad de Madrid, Teresa Rodríguez Peco.

La cita se produce el día en el que se reanuda la actividad de los 19.000 vendedores del cupón con los que cuenta la organización, 2.000 de ellos en la región.

Debido al estado de alarma por el Covid-19, su impresión quedó suspendida por primera vez en sus casi 82 años de historia.

Por otro lado, la presidenta regional visitó recientemente en Madrid la imprenta de la ONCE tras su reapertura.

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La Plataforma estatal por una Escuela Extraordinaria acoge «con esperanza el compromiso con la educación inclusiva» que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, «ha manifestado en múltiples comparecencias públicas».

Así lo aseguró la organización en una nota después de reunirse de forma telemática este lunes con Celaá. En la cita, la plataforma pidió a la responsable de las políticas educativas «la necesidad» de que la nueva ley educativa (Lomloe) elimine «la segregación forzosa» de las personas con discapacidad en el sistema educativo.

La plataforma aseguró que, «a pesar de que la educación inclusiva es un derecho prescrito en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), doce años después de que España ratificase dicha convención, a día de hoy hay muchas familias que ven truncado su derecho a educarse en entornos inclusivos junto a sus hermanos y vecinos bien por segregación directa por discapacidad, bien por la segregación indirecta cuando no se ponen los ajustes y apoyos necesarios en las escuelas ordinarias».

Otras peticiones que le han realizado a Celaá versaron sobre la «urgente necesidad de recursos que tiene el sistema educativo español» y el largo camino judicial que soportan las familias para defender los derechos de sus hijos, en los que «aun cuando se ganan las sentencias, se pierde gran parte de la infancia y adolescencia de los niños y niñas afectados».

«Una sociedad democrática, plural y diversa no puede seguir consintiendo que el sistema educativo viole la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención sobre los Derechos de la Infancia, ratificada por España en 1990, y la de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, todas ellas amparadas por el Artículo 10.2 de la Constitución Española. Recordemos que por este motivo España recibió la condena expresa de la ONU en dos informes de mayo de 2018 y de mayo de 2019», expuso la plataforma.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) avisó este lunes de que “la situación gravísima» que la pandemia ha generado en las personas con discapacidad y en sus organizaciones “no se puede resolver con una respuesta continuista” por parte de los poderes públicos, por lo que hizo un llamamiento para encontrar “nuevas fórmulas” que garanticen la sostenibilidad del tejido asociativo, “el último y único apoyo con el que cuentan muchas personas y familias”.

Lo que más se necesita es “ambición y audacia políticas, no más de lo mismo”. Así lo defendió el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, durante la Asamblea Anual Ordinaria de Representantes del Cermi Estatal, que se celebró este lunes de manera telemática, durante la que se abordaron las principales cuestiones de la agenda política de las personas con discapacidad y sus familias, y a cuyo inicio se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia del Covid-19.

El responsable de la plataforma representativa de la discapacidad en España alabó la labor de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias durante la pandemia, tanto a nivel estatal, como autonómico y local, con especial mención a los Cermis Autonómicos. A su juicio, este trabajo realizado, “sin ánimo de caer en la autocomplacencia, ha vuelto a revelar que “somos útiles, aportamos mucho bien y evitamos mucho mal”.

VIDAS DE MENOR VALOR

Por su parte, el delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, esbozó las principales conclusiones del informe del Cermi sobre la vulneración de derechos fundamentales de las personas con discapacidad durante la pandemia. En este sentido, denunció que en esta crisis “ha aflorado un cuestionamiento grave y severo” sobre los derechos humanos de esta parte de la ciudadanía, por “la premisa perniciosa de vidas ya amortizadas de las personas mayores o de menor valor en el caso de las personas con discapacidad”.

Exigió también “revisar los servicios públicos en clave de inclusión” y avanzar en aspectos como la accesibilidad universal, que ha afectado a cuestiones como el acceso a la educación en línea durante la pandemia. Igualmente, alertó de los efectos en el empleo de las personas con discapacidad y afirmó que “el escudo infranqueable para proteger la integridad de las personas con discapacidad ante las consecuencias de la pandemia” será el respeto a los derechos humanos.

En el apartado de repaso a las acciones en materia de género y discapacidad, la vicepresidenta ejecutiva de Cermi Mujeres y comisionada de Género del Cermi Estatal, Ana Peláez, destacó los webinarios del ciclo ‘No estás sola’, que cada miércoles durante la pandemia, a las 16.00 horas, aborda un tema concreto e impulsa la participación en primera persona de las mujeres con discapacidad y sus cuidadoras.

Igualmente, resaltó los avances legislativos de los últimos meses en materia de género y discapacidad, como la toma en consideración de la reforma del Código Penal para erradicar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, práctica que sufren sobre todo las adolescentes y mujeres.

RECONSTRUCCIÓN

Mientras, el secretario general del Cermi, Alberto Durán, repasó las principales propuestas planteadas por el movimiento Cermi en su reciente comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. Del mismo modo, diferentes representantes de Cermis Autonómicos expusieron la labor que están realizando en los diferentes territorios para que se tenga en cuenta a la discapacidad en los planes de reconstrucción de las autonomías.

Por otro lado, la representación de los Cermis Autonómicos y de las diferentes entidades de la discapacidad planteó diferentes cuestiones específicas, como la importancia de “seguir trabajando desde la unidad”; la necesidad de reforzar la apuesta por la autonomía personal y la vida independiente; la preocupación por el modo en que se atenderá al alumnado con discapacidad durante el próximo curso al tener que compatibilizarse la enseñanza presencial con la telemática, y la necesidad de apoyar el empleo de las personas con discapacidad.

Las diferentes entidades expresaron también su satisfacción por el hecho de que este lunes los agentes vendedores de la ONCE hayan vuelto a “llevar la ilusión a las calles” al retomarse, tras tres meses, la venta del cupón de la ONCE y sus diferentes juegos.

Por último, en la Asamblea se presentaron y aprobaron documentos de trabajo del Cermi como las cuentas anuales del pasado ejercicio, la memoria de actividad de 2019 y el plan de actuación para 2020, entre otros, a cargo de la directora ejecutiva del Cermi y el gerente de la entidad, Pilar Villarino y Luis Alonso, respectivamente.

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El presidente del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS), Juan Abarca Cidón, propuso la creación y el desarrollo de una historia clínica “única interoperable” con el objetivo de dar continuidad en la asistencia a los pacientes, independientemente de los niveles de atención y la titularidad de los centros.

Estas sugerencias se produjeron en el grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública dentro de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica creada en el Congreso de los Diputados, y cuyo objetivo es llegar a un acuerdo para reforzar el Sistema Sanitario de Salud tras ponerse de manifiesto algunas carencias antes y durante la crisis sanitaria actual.

Juan Abarca Cidón apostó durante su intervención por la promoción de un “marco estable” entre el sector público y el privado y propuso la creación de una “historia clínica única interoperable” que dé continuidad asistencial a los pacientes “con independencia de los diferentes niveles de atención y con independencia de si las instituciones son públicas o privadas”, con el objetivo de “evitar duplicidades e ineficiencias”. “Se debe de renovar, recíprocamente, la confianza en las relaciones entre el sector público y el privado”, dijo.

Antes de enumerar y detallar las propuestas de IDIS, aclaró que la entidad quiere “un sistema público fuerte”, que dé “la mejor asistencia sanitaria posible a los ciudadanos” y con “el máximo nivel de coberturas” tanto en la cartera de servicios como en prestaciones.

También afirmó que la gestión de la asistencia sanitaria “debe estar transferida a las comunidades autónomas”, pero debe ser en un marco en el que Ministerio de Sanidad defina los servicios y las prestaciones que se incluyan, “de forma equitativa”, en todas las autonomías.

En este sentido, sugirió que el Estado debería ser responsable del control y cumplimiento de los indicadores definidos, así como tener “capacidad sancionadora” a través de un organismo público, “Alta Inspección del Estado o alguna otra Agencia que se cree ad hoc”.

“Para garantizar la equidad, las coberturas deben de estar definidas por el Ministerio y debe de ser igual en todas las CCAA. Entre no poder hacer nada y aplicar el artículo 155, deben existir posibilidades intermedias”, declaró.

En cuanto a la financiación, consideró “imprescindible” incrementar la destinada a la sanidad pública, “como mínimo” al nivel del resto de países del entorno español.

Otras medidas que mencionó para mejorar el SNS fueron: digitalizar las estructuras sanitarias, fomentar una publicación “obligatoria” de resultados e indicadores sanitarios, incrementar el número de enfermeras y promover la Investigación y el Desarrollo.

Además, apuntó la necesidad de impulsar el papel de los profesionales y la corresponsabilidad de los ciudadanos en la toma de decisiones de gestión y en el manejo y cuidado de la salud.

Juan Abarca Cidón finalizó su intervención recordando la predisposición del sector privado a “aportar valor por encima de sus propios intereses empresariales” y afirmó que la “transformación profunda” del SNS “no es una opción”, si no “una obligación”.

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Representantes de ILUNION, ManpowerGroup, Altran y Mercasa han participado en el tercer encuentro virtual del ciclo ‘La salida del túnel de la crisis por el coronavirus’, una mesa redonda online organizada por el Club Excelencia en Gestión.

El Club Excelencia en Gestión es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que ayuda a compartir conocimiento sobre gestión excelente, innovadora y sostenible y que reconoce el nivel de las organizaciones a través de Premios a las Buenas Prácticas y del Sello EFQM.

En la tercera mesa redonda online del ciclo ‘La salida del túnel de la crisis por el coronavirus’ han participado varios CEO, dentro de la iniciativa ‘Construyendo Futuro’, que han compartido sus experiencias a lo largo de estas semanas de confinamiento y sus estrategias de arranque en la nueva etapa postcoronavirus.

En concreto, han intervenido Alejandro Oñoro, CEO de Ilunion; Luis Abad, CEO de Altran España y SVP Iberia; José Ramón Sempere, presidente de Mercasa; y Raúl Grijalba, presidente ejecutivo de ManpowerGroup España. El encuentro ha estado moderado por Ignacio Babé, CEO y secretario general del Club Excelencia en Gestión.

Durante el debate se puso de manifiesto que dos de los sectores que mejores perspectivas tienen a corto y medio plazo son el de las tecnologías y el de la alimentación.

“Las inversiones en digitalización se van a acelerar en el medio plazo, sobre todo enfocadas a salud, movilidad y en el cuidado del medio ambiente”, afirmó el portavoz de Altran.

Por su parte, el presidente de Mercasa añadió que tanto la producción como la distribución alimentaria van a seguir aportando valor a la economía española. “Un buen comportamiento que se ha mantenido desde el inicio de la crisis sanitaria y que en buena parte se debe al talento y la creatividad de las personas que trabajan en el sector”, reconoció.

Respecto al turismo, Alejandro Oñoro indicó que tardará en recuperarse. “Aunque somos optimistas, sobre todo porque las circunstancias van cambiando cada poco tiempo. Hace apenas tres semanas no sabíamos si íbamos a poder abrir nuestros hoteles y ahora ya prácticamente están preparados para acoger visitantes”, aseguró.

Raúl Grijalba, que expuso datos recabados por ManpowerGroup en las últimas semanas, declaro que calculan que «a raíz de esta situación 1,5 millones de personas van a perder su trabajo. Vamos a tardar cuatro o cinco años en recuperar los niveles que teníamos antes de que empezase la crisis”.

Desde su punto de vista y el de sus compañeros, hay un factor clave sobre el que empezar a trabajar desde las organizaciones para evitar una crisis social a medio plazo: las personas. “Nuestros recursos humanos han sido capaces en muy poco tiempo de resolver muchos de los problemas a los que nos hemos enfrentado con los recursos que tenían a su alcance”, relató Grijalba.

“Contamos con un capital humano y un talento que anteriormente no habíamos sabido valorar. Tenemos que apostar por ello”, ha comentado José Ramón Sempere. “Ahora nuestra realidad es distinta, tenemos que adaptarnos a ella y aprovechar las oportunidades que nos ofrezca”, ha recomendado Luis Abad.

“Ante todo, hemos que tener los pies en la tierra e intentar fomentar las buenas prácticas para que todos podamos salir cuanto antes de la crisis”, ha añadido Alejandro Oñoro.

APORTACIONES

Desde los primeros días de la pandemia estas cuatro organizaciones han sabido adaptarse a las circunstancias y a los constantes cambios normativos. “Un entorno VUCA inesperado que hemos podido abordar modificando estrategias de forma flexible y ágil, siempre cumpliendo los propósitos que nos mueven, que en nuestro caso han sido proveer de alimentos a la población, transmitir tranquilidad y mantener todas las garantías de seguridad”, ha remarcado el portavoz de Mercasa.

La llegada fulminante del teletrabajo no supuso graves problemas a ninguna de ellas, puesto que sus equipos ya estaban acostumbrados a esta modalidad de trabajo a menor escala. “Todo parece indicar que nos vamos a quedar con un mix de trabajo online y offline”, ha comentado el CEO de Ilunion.

De la misma forma, todas ellas han puesto en marcha toda una serie de buenas prácticas que han abarcado desde las alianzas con diversas empresas para paliar la falta de recursos y equipos de protección hasta la donación y puesta a punto de equipos tecnológicos para enfermos de Covid-19 aislados, pasando por la atención constante a sus empleados.

ILUNION, Altran, Mercasa y ManpowerGroup, las cuatro compañías representadas en esta mesa redonda, han demostrado una rápida adaptación a la situación gracias a sus estrategias de negocio y sus sólidos modelos de gestión, basados en el Modelo EFQM, promovido en España por el Club Excelencia en Gestión. Se trata de un marco de gestión de referencia internacional útil para abordar la transformación y mejorar el rendimiento empresarial que en Europa utilizan más de 50.000 organizaciones», explicó la entidad.

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Niños y adolescentes con sordera de Navarra y Burgos son los ganadores del concurso ‘El libro viajero’ de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), cuyo fallo se publicó este lunes.

Este certamen forma parte del Programa de Fomento de la Lectura de Fiapas que, por séptimo año consecutivo, se realiza con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte y la cofinanciación de la Fundación ONCE.

El objetivo del programa es fomentar la motivación hacia la lectura y promover una lectura reflexiva entre los jóvenes con discapacidad auditiva, para que descubran la literatura española y adquieran también conocimientos y valores de convivencia, entre otros los vinculados al fomento de la igualdad.

Los libros viajeros se realizan de manera colectiva entre los participantes, que habrán de recrear en ellos una entretenida y original visión de una obra de la literatura española.

En la categoría de Pequeños, los ganadores fueron los niños y niñas de la Asociación Eunate de Navarra, por la elaboración del cuento ‘La pandilla de la ardilla’.

En la modalidad de Mayores, el premio recayó en la Asociación Arans-Bur de Burgos por su obra ‘Isabel’, basada en ‘La casa de Bernarda Alba’.

En ella, presentan una interesante recreación que contrapone la actitud y el entorno de una mujer de principios del pasado siglo con los de una mujer del siglo XXI. Fueron finalistas ‘Gloria Fuertes’, un libro elaborado por los más pequeños de ASPAS-Ciudad Real, y ‘El Tenorio’, de los jóvenes adolescentes de ASPAS-Valencia.

Los libros ganadores y los finalistas de este certamen se publicarán en formato accesible en la Biblioteca Virtual de Fiapas.

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La situación actual que estamos viviendo por la crisis del Covid-19, su repercusión y los retos de futuro marcan en parte la temática de esta 33 edición de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial, que se celebrará del 20 al 31 de julio.

Segun informó este lunes la UCM, diferentes cursos abordarán el coronavirus desde la perspectiva de género, el uso de las tecnologías, la ciencia ante la enfermedad, el papel de la profesión farmacéutica o la divulgación científica. También se ofertarán cursos que reflexionarán sobre el futuro de la Educación Superior, la transformación digital en distintas instituciones, las garantías para la independencia judicial o las noticias falsas, sin olvidar la crisis económica que ha traído esta pandemia y las medidas que se han de adoptar para la recuperación económica. En el área de salud destaca una cuestión tan trascendente como los retos de la sanidad pública ante la Hepatitis C.

Asimismo, la actualidad protagoniza el debate de los partidos políticos. El PP abordará el empleo, la salud pública y la sociedad digital en el curso ‘Activemos España’; el PSOE se centrará en la mujer y el liderazgo antes, durante y después de la Covid-19; y Podemos reflexionará sobre las desigualdades, conferencia extraordinaria de Pablo Iglesias, y la Agenda 2030.

Asimismo, asistirán a los cursos como ponentes la vicepresidenta primera Carmen Calvo, la vicepresidenta tercera Nadia Calviño, el ministro de Universidades Manuel Castells, la ministra de Igualdad Irene Montero, la presidenta del Senado Pilar Llop, el presidente del PP Pablo Casado, el secretario general del PP Teodoro García Egea, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, el viceconsejero de Sanidad de Madrid Antonio Zapatero, el diputado socialista Ángel Gabilondo, la eurodiputada socialista Iratxe García o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros políticos; directivos empresariales como el presidente de la CEOE Antonio Garamendi, el presidente de ATA Lorenzo Amor o el presidente de Icogam Fernando Jesús Santiago; el presidente del CGPJ Carlos Lesmes y los magistrados Manuel Almenar, Mercedes Guerrero, Alejandro Abascal, Celso Rodríguez y Ricardo Enríquez; los científicos, investigadores y divulgadores Juan Luis Arsuaga (Premio Príncipe de Asturias), Rafael Puyol, Alberto Bosch, Margarita del Val, Lluis Montoliu, Luis Enjuanes, Juan García Arriaza, Marian García, Guillermo Pérez Tijerín o Francesc Gacó; los escritores Antonio Pérez Henares, Isabel San Sebastián, Javier Sierra, Santiago Posteguillo, Elvira Roca Barea, Eva Díaz, José Calvo Poyato o Almudena de Arteaga; filósofas como Adela Cortina; periodistas como Magis Iglesias, Antonio Martínez Ron, Javier Fernández Arribas o Alfredo Laín; representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo como Mari Mar Blanco y Florencio Domínguez; o directivos como Sergio Rodríguez Márquez, director General de Pfizer, España o Luis González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, entre otros.

PRESENCIAL

El rector de la UCM, Joaquín Goyache, subraya el deseo de «mantener el formato presencial» porque es «una de las señas de identidad más importantes del capítulo estival de la UCM» y porque son conscientes «del prestigio y el peso de estos cursos como eje central de análisis y debate social, científico y político en el que destaca la pluralidad, en el que todas las voces tienen cabida”.

Los cursos no se olvidan del centenario de la muerte de Pérez Galdós, que es homenajeado en un curso sobre novela histórica, que incluye, además, la conferencia extraordinaria ‘Un cuadro para la historia de España’, a cargo del pintor Augusto Ferrer-Dalmau.

Finalmente, destaca el taller de Lily Brick sobre muralismo y la técnica del espray, artista que, junto a Sara Torres, es autora de la imagen de la 33 edición de los Cursos de Verano.

La matrícula se realiza a través de la web ‘www.ucm.es/cursosdeverano’, donde se recoge más información sobre los cursos, que desde 2008 patrocina Banco Santander. Destacan también Destacan también Hispasat, Aguas Bezoya y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

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Un total de treinta emprendedores con discapacidad han comenzado un curso de formación para impulsar el uso de las nuevas tecnologías en sus modelos de negocio. El objetivo de esta acción formativa, que se lleva a cabo dentro del programa ‘Por Talento Digital’, es fomentar el conocimiento en áreas como el e-commerce, marketing digital y social media.

Los participantes, que han sido seleccionados dentro de la iniciativa ‘Por Talento Emprende’, tendrán un total de 160 horas lectivas hasta el próximo 15 de diciembre. El curso, que ha sido inaugurado por Sabina Lobato, directora de Formación y Empleo, Operaciones y Transformación de Fundación ONCE, se ha puesto en marcha de la mano de la empresa especializada Canal Empresarial.

La formación consta de un total de siete módulos. En el primero de ellos se explicarán conceptos básicos de tecnología para la transformación digital. También se abordará en qué consiste un plan de medios digital y las claves para contar con una adecuada página web.

Los usuarios aprenderán cómo usar las redes sociales para el desarrollo de sus negocios, el uso del ‘email marketing’ y contarán con un taller de e-commerce. Para finalizar la formación, los participantes estudiarán casos prácticos tanto de forma individual como grupal.

De esta forma, se trata de consolidar un repertorio de conceptos fundamentales para hacer efectiva la transformación digital de los proyectos de emprendimiento, ofreciéndoles herramientas de análisis necesarias para evaluar las acciones llevadas a cabo y tomar decisiones.

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La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) denunció este lunes en el Congreso de los Diputados los problemas que algunas residencias encontraron a la hora de limitar las visitas de familiares al principio de la crisis causada por la Covid-19.

Según su secretario general, Jesús Cubero, «en algunas comunidades nos costó tirar de los políticos» y «hubo también familias que no lo entendieron, aunque luego nos lo terminaron agradeciendo».

Cubero realizó estas declaraciones ante el grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, donde reclamó un «sistema de alertas tempranas» que evite este tipo de situaciones ante un posible rebrote. Manifestó que al inicio de la crisis «fuimos las propias residencias las que en muchos casos empezamos a informar y a solicitar el cierre a las administraciones. Esto no puede volver a repetirse».

En su opinión, «tenemos un posible rebrote en otoño, a la vuelta de la esquina, y hemos de estar preparados». Por eso, junto al sistema de alertas tempranas, solicitó una dotación suficiente de tests diagnósticos que permita «su realización de forma masiva a usuarios y trabajadores», a fin de poder determinar la situación real de cada centro.

Además, pidió «responsabilidad» al sector para «tener listo un ‘stock’ suficiente de Equipos de Protección Individual (EPI) de cara al otoño» y evitar así «los problemas de abastecimiento (que hubo en marzo y abril) cuando el mercado se saturó».

Finalmente, reclamó una mayor coordinación entre los sistemas de salud autonómicos y las residencias, los centros de día y los servicios de atención a domicilio y de teleasistencia. «Debemos poder contar con el sistema de atención primaria para responder a los primeros síntomas de la Covid-19».

Esta coordinación resulta «básica», prosiguió, y reclamó que cada centro realice su propio plan de contingencia, que ha de ser supervisado y autorizado por la consejería autonómica competente. De este modo, «todo el mundo sabrá que tiene que hacer ante un posible rebrote: de cuántos profesionales sanitarios dispone su residencia, quién es el geriatra de enlace, qué centro de atención primaria le corresponde, a qué hospital podría ser derivado…».

NUEVO MODELO

Por otro lado, Cubero defendió la creación de una mesa de trabajo para rediseñar «entre todos» el sistema de servicios sociales y el modelo de atención a la dependencia que existe en España, en la que participen «sindicatos, empresas del sector, trabajadores, expertos y las propias asociaciones de mayores». De hecho, lamentó que ninguna asociación de este tipo vaya a intervenir en la comisión. «Ya está bien de que siempre hablemos en su nombre».

En cuanto al nuevo diseño, propuso avanzar hacia un modelo sociosanitario como el que existe en Cataluña, donde se establecen unos objetivos de recuperación para cada persona y, en función de estos, se determina la financiación. A su juicio, «las residencias no son hospitales ni deben convertirse en ellos, sino que son el hogar de las personas mayores».

Sí defendió más apoyos para los centros de día y los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia, que «permiten a las personas quedarse en casa y previenen la gran dependencia», y pidió una mayor «acreditación del sistema», para saber exactamente qué es capaz de hacer cada centro y a qué tipo de usuarios puede atender.

En esta línea, se mostró partidario de crear un nuevo tipo de centro medicalizado, especializado en la atención de personas mayores con enfermedades crónicas y con mayor dotación de personal sanitario. Sin embargo, insistió en que los servicios públicos deben ser el último garante de la salud de las personas mayores, por lo que han de mejorar su coordinación con las residencias.

Además, Cubero solicitó aumentar la ratio de personal sanitario en las residencias de mayores, con la creación de la figura del médico coordinador, encargado de vigilar los itinerarios sanitarios y la coordinación con los hospitales.

Asimismo, apostó por una mayor profesionalización del sector, con mejores sueldos y un refuerzo de la formación profesional. «Todo esto pasa por garantizar una financiación suficiente del sistema de la dependencia», y lamentó que 13 años después de la aprobación de la ley «miles de personas sigan muriendo cada día sin recibir una prestación que les ha sido reconocida por derecho».

Exigió también mayor colaboración público-privada y mejorar la financiación de las plazas concertadas.

A su juicio, «el sector de la dependencia ha sido el gran olvidado histórico de las administraciones públicas. Somos el hermano menor de la sanidad».

«Esto no puede seguir así», por lo que apostó por una reforma de la Ley de Atención a la Dependencia, que «aunque es relativamente reciente, se ha demostrado insuficiente en esta crisis».

Para Cubero, dicha reforma «debería ayudar a mejorar la confianza en el sector y la coordinación con los profesionales sanitarios. Porque no se trata del fallo de una administración concreta, sino de un sistema que no estaba preparado para la crisis que ha venido y que ha hecho aflorar muchas carencias». Por ello, reclamó a todos los grupos políticos trabajar «juntos» y que «aparquen por un momento sus disputas», pues «no podemos permitirnos el lujo de que un posible rebrote de la pandemia nos pille otra vez discutiendo y sin estar preparados».

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La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) solicitó este lunes al Ayuntamiento de la capital que mantenga la regulación que permite el funcionamiento del 40% de la flota de taxis, aun cuando finalice el estado de alarma el próximo domingo, 21 de junio.

Los taxistas defendieron que, aunque finalice el estado de alarma, la demanda del taxi no será la misma que en situación normal pues no se dan las condiciones para ello, ya que no se producen eventos o circunstancias que requieran el servicio del taxi en cifras anteriores a la pandemia.

Tal y como explicó el presidente de la FPTM, Julio Sanz, “el fin del estado de alarma no trae de vuelta actos como festivales, viajes, partidos de fútbol o eventos públicos que requieran el volumen del servicio previo a la pandemia. Además, el nivel de turismo no es el habitual en estas fechas y las estaciones y los aeropuertos están aún lejos de una operativa normalizada, por lo que creemos irresponsable someter a los compañeros a una sobreexposición innecesaria ante la escasa demanda”.

En este sentido, Sanz consideró que el Consistorio, y en concreto su delegado de movilidad y medioambiente, Borja Carabante, “están muy alejados de la realidad de los miles de familias que forman el sector del taxi, cuando hablan de liberalización del sector y competitividad frente a otros sectores, pues el nuestro es un sector regulado que ofrece garantías”.

Y es que, según Sanz, “el abandono al sector por parte del Ayuntamiento ha sido mayúsculo durante esta pandemia, una actitud que dista bastante de las formas que han mantenido otras áreas de la administración como la Comunidad de Madrid con quien hemos mantenido y mantenemos una relación de diálogo y trabajo conjunto para afrontar la difícil situación que hemos atravesado y de la que, muy a nuestro pesar, aún queda para abandonar”.

Así, la FPTM instó al Ayuntamiento a “atender las peticiones de la mayoría del colectivo” y mantener la regulación actual del 40% que permita ofrecer un servicio con todas las garantías a los ciudadanos.

“Grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Vitoria o Bilbao cuentan con una regulación similar, por lo que creemos que Madrid debería tener también esa posibilidad y apelamos a la responsabilidad y sensibilidad del Ayuntamiento que, por el momento, no se está dando”, lamentó Sanz.

En paralelo, el sector solicitó al Gobierno central que mantenga las ayudas a través de la prestación por cese de actividad, algo que venía haciendo durante el estado de alarma gracias a las cifras del informe emitido por la CAM, que cifran la reducción de la demanda del servicio en más de un 80%.

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