La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) denunció este lunes en el Congreso de los Diputados los problemas que algunas residencias encontraron a la hora de limitar las visitas de familiares al principio de la crisis causada por la Covid-19.
Según su secretario general, Jesús Cubero, «en algunas comunidades nos costó tirar de los políticos» y «hubo también familias que no lo entendieron, aunque luego nos lo terminaron agradeciendo».
Cubero realizó estas declaraciones ante el grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, donde reclamó un «sistema de alertas tempranas» que evite este tipo de situaciones ante un posible rebrote. Manifestó que al inicio de la crisis «fuimos las propias residencias las que en muchos casos empezamos a informar y a solicitar el cierre a las administraciones. Esto no puede volver a repetirse».
En su opinión, «tenemos un posible rebrote en otoño, a la vuelta de la esquina, y hemos de estar preparados». Por eso, junto al sistema de alertas tempranas, solicitó una dotación suficiente de tests diagnósticos que permita «su realización de forma masiva a usuarios y trabajadores», a fin de poder determinar la situación real de cada centro.
Además, pidió «responsabilidad» al sector para «tener listo un ‘stock’ suficiente de Equipos de Protección Individual (EPI) de cara al otoño» y evitar así «los problemas de abastecimiento (que hubo en marzo y abril) cuando el mercado se saturó».
Finalmente, reclamó una mayor coordinación entre los sistemas de salud autonómicos y las residencias, los centros de día y los servicios de atención a domicilio y de teleasistencia. «Debemos poder contar con el sistema de atención primaria para responder a los primeros síntomas de la Covid-19».
Esta coordinación resulta «básica», prosiguió, y reclamó que cada centro realice su propio plan de contingencia, que ha de ser supervisado y autorizado por la consejería autonómica competente. De este modo, «todo el mundo sabrá que tiene que hacer ante un posible rebrote: de cuántos profesionales sanitarios dispone su residencia, quién es el geriatra de enlace, qué centro de atención primaria le corresponde, a qué hospital podría ser derivado…».
NUEVO MODELO
Por otro lado, Cubero defendió la creación de una mesa de trabajo para rediseñar «entre todos» el sistema de servicios sociales y el modelo de atención a la dependencia que existe en España, en la que participen «sindicatos, empresas del sector, trabajadores, expertos y las propias asociaciones de mayores». De hecho, lamentó que ninguna asociación de este tipo vaya a intervenir en la comisión. «Ya está bien de que siempre hablemos en su nombre».
En cuanto al nuevo diseño, propuso avanzar hacia un modelo sociosanitario como el que existe en Cataluña, donde se establecen unos objetivos de recuperación para cada persona y, en función de estos, se determina la financiación. A su juicio, «las residencias no son hospitales ni deben convertirse en ellos, sino que son el hogar de las personas mayores».
Sí defendió más apoyos para los centros de día y los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia, que «permiten a las personas quedarse en casa y previenen la gran dependencia», y pidió una mayor «acreditación del sistema», para saber exactamente qué es capaz de hacer cada centro y a qué tipo de usuarios puede atender.
En esta línea, se mostró partidario de crear un nuevo tipo de centro medicalizado, especializado en la atención de personas mayores con enfermedades crónicas y con mayor dotación de personal sanitario. Sin embargo, insistió en que los servicios públicos deben ser el último garante de la salud de las personas mayores, por lo que han de mejorar su coordinación con las residencias.
Además, Cubero solicitó aumentar la ratio de personal sanitario en las residencias de mayores, con la creación de la figura del médico coordinador, encargado de vigilar los itinerarios sanitarios y la coordinación con los hospitales.
Asimismo, apostó por una mayor profesionalización del sector, con mejores sueldos y un refuerzo de la formación profesional. «Todo esto pasa por garantizar una financiación suficiente del sistema de la dependencia», y lamentó que 13 años después de la aprobación de la ley «miles de personas sigan muriendo cada día sin recibir una prestación que les ha sido reconocida por derecho».
Exigió también mayor colaboración público-privada y mejorar la financiación de las plazas concertadas.
A su juicio, «el sector de la dependencia ha sido el gran olvidado histórico de las administraciones públicas. Somos el hermano menor de la sanidad».
«Esto no puede seguir así», por lo que apostó por una reforma de la Ley de Atención a la Dependencia, que «aunque es relativamente reciente, se ha demostrado insuficiente en esta crisis».
Para Cubero, dicha reforma «debería ayudar a mejorar la confianza en el sector y la coordinación con los profesionales sanitarios. Porque no se trata del fallo de una administración concreta, sino de un sistema que no estaba preparado para la crisis que ha venido y que ha hecho aflorar muchas carencias». Por ello, reclamó a todos los grupos políticos trabajar «juntos» y que «aparquen por un momento sus disputas», pues «no podemos permitirnos el lujo de que un posible rebrote de la pandemia nos pille otra vez discutiendo y sin estar preparados».
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