El área de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE ha organizado para este jueves a las 16.00 horas un seminario web sobre la perspectiva de la discapacidad en cooperación internacional. Se analizarán los retos pendientes para una verdadera implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tras el Covid-19 y el rol de las agencias de cooperación en la promoción de los derechos de este colectivo, entre otros temas.

La experiencia de la cooperación internacional en el campo de la discapacidad, tanto como donante, articuladora, receptora y/o promotora de los derechos de las personas con discapacidad, así como la transversalización de la discapacidad en la cooperación, serán algunos de los asuntos que se abordarán en el webinar.

En este evento participarán la jefa del departamento de Cooperación Sectorial de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ECID), Miriam Ciscar; Karen Van Rompaey, de la Agencia de Cooperación de Uruguay; Kenji Kuno, oficial senior en Seguridad Social de la Agencia de Cooperación Japonesa; Yetnebersh Nigussie Molla, responsable del Secretariado GLAD (Etiopía), y Rosario Galarza, Oficial de Derechos Humanos de IDA/RIADIS (Perú).

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Casi el 50% de las personas con discapacidad intelectual cuya capacidad jurídica ha sido modificada en España viven por debajo del umbral de la pobreza, según se desprende del tercer estudio sobre la situación de la tutela en España de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), correspondiente al período 2015-2019.

Este trabajo, en el que participaron las fundaciones tutelares de la red de la AEFT, hace una radiografía de la población apoyada por estas entidades y concluye que el 47% se encuentra por debajo del umbral de la pobreza o en situación de pobreza relativa.

Ello dificulta aún más el acceso a derechos recogidos en la Convención de Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad, como el de elegir su lugar de residencia, contar con los apoyos que precisen y ser parte de la comunidad en igualdad de condiciones, según indicó la entidad.

El estudio señala que una amplia mayoría de estas personas se ocupan en Centros Especiales de Empleo, pero ha habido un aumento del porcentaje de personas que cuentan con un empleo ordinario. Sin embargo, un 15% de las personas apoyadas no tiene ninguna ocupación.

Ha crecido el número de quienes viven de forma independiente, aunque la mayoría de las personas apoyadas por esta red están institucionalizadas.

Según la AEFT, esta situación puede responder a la falta o imposibilidad de acceso a otros recursos, a situaciones sobrevenidas o a una decisión tomada por la propia persona. «Debemos indagar en el motivo y trabajar para ofrecer oportunidades a quienes desean vivir en otro tipo de hogar”, propuso.

El estudio revela, además, que el 10% de las personas apoyadas por estas entidades han sufrido situaciones de abuso o violencia, incluyendo la violencia de género. Por este motivo, se ha creado un Observatorio de Derechos para detectar casos de abuso o violencia y poder darles respuesta de manera eficaz entre toda la red.

Como dato positivo, la investigación identifica un cambio de tendencia en el tipo de sentencias que se dictan en los procesos de modificación de la capacidad jurídica. En los últimos años, se observa una disminución del número de tutelas frente a las curatelas, siendo estas últimas figuras más adaptadas a los apoyos y necesidades de las personas y, por tanto, más acordes con la Convención de la ONU.

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La financiación a las organizaciones del Tercer Sector a partir de la ‘X Solidaria’ del IRPF y del impuesto de sociedades alcanza este año los 398 millones de euros, 53 millones más que el año pasado, e incluirá a organizaciones ecologistas y de cooperación internacional, además de las ONG de Acción Social.

La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 se encuentra en pleno proceso de gestión para distribuir la recaudación obtenida gracias a la casilla solidaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto de Sociedades, según explicó en un comunicado.

Esta recaudación, que en 2020 alcanza los 398 millones de euros, se destina de forma íntegra a financiar el Tercer Sector español, con la novedad de que este año también llegará a ecologistas y entidades de cooperación internacional.

La financiación al Tercer Sector correspondiente al IRPF se incrementará en 19,3 millones de euros, mientras que la aplicación de la recaudación obtenida en el Impuesto de Sociedades conlleva otros 33,9 millones de euros adicionales.

En total, la financiación se incrementará en 53,2 millones de euros respecto a 2019. Los 398 millones de euros recaudados se distribuyen entre el Tercer Sector de Acción Social, al que van a parar 310 millones de euros; organizaciones de cooperación internacional, que reciben 77 millones de euros, y a ecologistas, a quienes corresponden 11 millones de euros.

Según el Gobierno, “todos los sectores del Tercer Sector ven incrementada su financiación”. Lo recaudado por la casilla solidaria del impuesto de sociedades se destinará exclusivamente a financiar a las entidades estatales del Tercer Sector, mientras que la financiación del IRPF se distribuye entre un tramo para las estatales y otro para locales y autonómicas.

La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha propuesto en el Consejo Territorial que el tramo autonómico del IRPF aumente en 23 millones de euros, pasando del 81,1% al 85,1%, con el objetivo de que las comunidades autónomas puedan distribuirlos entre las entidades del Tercer Sector de su territorio.

En cuanto a la financiación de las entidades estatales del Tercer Sector de Acción Social, el tramo estatal del IRPF se situará en el 14,9%, a lo que se sumará la nueva financiación recaudada gracias a la casilla del 0,7% del Impuesto de Sociedades.

En total, la financiación de las entidades estatales aumenta en 18,6 millones, según el Gobierno, hasta llegar a los 68,5 millones de euros. Para la Vicepresidencia Social, esto supone un incremento del 37,3%, “el mayor de todos los grupos de entidades que forman el Tercer Sector del conjunto del país”.

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La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 28.000 ONG, exige al Gobierno de España la elaboración de un plan de rescate económico y financiero urgente para no poner en peligro a los más de seis millones de personas en situación de pobreza o exclusión que atienden las ONG al año y que han aumentado de manera exponencial por la pandemia del Covid-19.

Así lo manifestó el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, en un encuentro con medios de comunicación, que tuvo lugar este miércoles, en el que se analizó el peligro que supone para las entidades, y su acción social, no dotarle de los medios financieros necesarios en un contexto de crisis social y económica, que requiere, más que nunca, de su presencia e intervención.

Poyato aseguró que “la pandemia ha cronificado aún más las situaciones de vulnerabilidad” y en este sentido subrayó que “han sido las entidades del Tercer Sector las que han desplegado todos sus medios”, por lo que, a su juicio, es preciso disponer de más recursos para poder atender las nuevas demandas sociales.

“Es el momento de incrementar y potenciar nuestra capacidad de atender a las personas porque es ahora cuando más nos necesitan. Ya estamos trabajando con una financiación pública muy precaria y haciendo un enorme esfuerzo para soportar más de 43 millones de atenciones sociales directas”, criticó Poyato, al tiempo que alertó de que “el sector se encuentra al borde del colapso intentando atajar el impacto social de la pandemia”.

En este sentido, el vicepresidente de Financiación y Sostenibilidad de la PTS y secretario general de Cruz Roja Española, Leopoldo Pérez, puso sobre la mesa la necesidad de “ejecutar un Plan Especial de Emergencia Financiera, que contemple fórmulas compensatorias de financiación para paliar los graves desajustes que está padeciendo el Tercer Sector y para dotar a las entidades de una estructura futura, estable y suficiente”.

FINANCIACIÓN ESTABLE Y SUFICIENTE

De la misma manera, Pérez defendió la necesidad de establecer un nuevo modelo de financiación estable y suficiente que dote de seguridad jurídica y económica a las entidades para poder dar continuidad a los programas de atención a las personas y que permita actuar con certidumbre y desarrollar el trabajo en las mejores condiciones en favor de las personas más desfavorecidas.

Por su parte, el vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la PTS y presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), Carlos Susías, reclamó la presencia activa de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en la gestación de los grandes consensos nacionales de recuperación del país para no dejar a nadie atrás y para que los valores y principios de lo social, de la igualdad y la solidaridad se incorporen a la nueva realidad que resulte del proceso de reconstrucción social y económica. “Sin duda, el diálogo civil es parte imprescindible de la nueva gobernanza y de una democracia avanzada y participativa”, subrayó.

CAMPAÑA #TERCERSECTORESENCIAL

En relación a esto, Susías puso de manifiesto que de cara a la reconstrucción habría que reformar la Constitución para blindar los derechos sociales como derechos fundamentales, así como promover el desarrollo de leyes autonómicas de garantía de derechos y de servicios sociales, eliminar el sinhogarismo, poner en pleno funcionamiento la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, eliminar la brecha digital y proteger a las personas con discapacidad adaptando del ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Además, desde el Tercer Sector consideran “absolutamente necesario” promover los derechos de la infancia y de las personas mayores, así como proteger a las personas inmigrantes en situación irregular, aumentar los fondos de cooperación al desarrollo y aplicar de manera efectiva la perspectiva de género en todas las políticas públicas, entre otras actuaciones.

Por último, con el encuentro se dio el pistoletazo de salida a la campaña #TercerSectorEsencial, con el objetivo de defender que las ONG de Acción Social son las que, con sus estructuras, redes e intervenciones, están contribuyendo a dar respuesta a las necesidades reales de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Así, durante los próximos días se realizarán diferentes acciones en redes sociales para promover su difusión y se trabajará la incidencia política con el propio Gobierno, los partidos políticos y los grupos parlamentarios.

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Saint-Gobain Placo y Saint-Gobain Isover, compañías especializadas en fabricación de yeso y placa de yeso laminado (PYL) y en aislamientos y climatización, respectivamente, han agradecido a sus empleados el compromiso demostrado durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria de la Covid-19 en España.

Las compañías informaron de que han realizado un «emotivo» vídeo con imágenes de sus colaboradores desempeñando sus actividades, tanto de manera presencial como en modalidad de teletrabajo, en el que los propios trabajadores difunden diversos mensajes de apoyo para sus compañeros.

Desde Saint-Gobain Placo y Saint-Gobain Isover, a través de este vídeo, agradecen el compromiso, profesionalidad y fortaleza demostradas por sus empleados en esos momentos “emocionalmente delicados y novedosos”. El espíritu de resiliencia es la esencia del vídeo creado por Isove y Placo®, que agradece el esfuerzo adicional, el trabajo en equipo, la disponibilidad y entusiasmo mostrados por sus trabajadores, así como la confianza y fortaleza.

También hace un guiño al término “héroes”, acuñado durante la crisis para hacer referencia a los sanitarios y que emplean para referirse a su plantilla: ‘Sois los héroes de Placo® e Isover’, concluye el vídeo.

Los empleados de Placo® e Isover han mostrado su solidaridad a través de diversas iniciativas que surgieron de los propios trabajadores en los momentos más críticos, a través de las cuales se fabricaron numerosos trajes de protección sanitaria realizados con materiales de sus centros productivos y que Placo® e Isover donaron a diferentes hospitales. El vídeo de agradecimiento muestra también estas iniciativas.

El grupo ha demostrado que la salud es lo primero, tanto para sus empleados como para los visitantes y colaboradores, por lo que, desde que comenzó la emergencia sanitaria, Saint-Gobain Placo y Saint-Gobain Isover pusieron en marcha un protocolo de medidas de prevención específicas frente a la Covid-19″, indican las compañías.

De esta forma, ambas entidades, que cuentan con fábricas repartidas por la geografía española –Saint-Gobain Placo en San Martín de la Vega (Madrid), Quinto y Gelsa (Zaragoza), Viguera (La Rioja), Soneja (Castellón), Morón de la Frontera (Sevilla) y Sorbas (Almería); e Isover en Azuqueca de Henares (Guadalajara)- pueden desempeñar sus procesos de producción «garantizando la máxima salud y seguridad de sus trabajadores.

Las medidas que incluye el protocolo de prevención se dividen en cinco grandes bloques: higiene personal y EPIs; control de acceso; limpieza y desinfección de instalaciones; áreas comunes y distancia de seguridad entre el personal; y servicios de paquetería y contacto con personal externo; todas ellas siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para los servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

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La campaña ‘Ahora, a por ellos’ de la Fundación Mapfre ayudó a 50.000 personas mayores que viven solas. El objetivo de la iniciativa era cubrir las necesidades urgentes de los mayores en la soledad de sus domicilios y con precariedad sanitaria y económica, con motivo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19.

La campaña de microdonaciones se lanzó el pasado 30 de marzo. “Desde su puesta en marcha, y gracias a la solidaridad de las personas que han donado, la campaña ha recaudado 75.000 euros más otros 75.000 euros donados por la Fundación, que se comprometió a igualar la aportación hasta un máximo de 300.000 euros”, según indicó la entidad en un comunicado.

En total se beneficiaron de esta campaña 50.000 mayores en Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia. El proyecto fue llevado a cabo en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones de Personas Mayores.

Entre las iniciativas que se llevaron a cabo, destacan la adquisición y entregada de alimentos y medicinas a 1.851 mayores que viven en soledad, la atención por teléfono de más de 470 consultas médicas y de nutrición y 961 llamadas para evitar el abuso y maltrato en este periodo.

Además, un grupo de voluntarios atendió más de 16.000 llamadas y se distribuyeron 110 tablets a mayores sin recursos y personas con visión reducida para que pudieran mantener contacto con sus familias.

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Las fundaciones asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) han destinado un total de 135.538.820 euros en potenciar la inversión en Obra y Acción Social durante la pandemia y han contado con la colaboración de 19.300 voluntarios.

Según informa la CECA, sus entidades asociadas están ofreciendo soluciones de urgencia en materia de Obra y Acción Social para atender las necesidades más básicas impuestas por la situación actual derivada de la crisis sanitaria.

Así, han desarrollado durante este periodo cerca de 350 proyectos de investigación sobre la Covid-19 y han donado 551.528 mascarillas y pantallas faciales, 13 respiradores, 6.600 tablets, y 2.500 lotes de productos básicos y alimentarios.

Entre la multitud de iniciativas y programas que se han llevado a cabo, destacan la atención directa a las necesidades de las familias con menos recursos. En este sentido, todas las fundaciones están colaborando con los comedores sociales, han ampliado las becas que venían ofreciendo o han lanzado campañas con los bancos de alimentos de sus ciudades.

También han alojado en sus plataformas digitales una variada oferta de recursos culturales, didácticos, y de orientación académica y profesional para facilitar su acceso a todas las personas, desde cualquier lugar.

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Un total de 1.063 personas con discapacidad de la Comunidad Foral de Navarra se beneficiarán de los Programas Operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y del de Empleo Juvenil (POEJ) que Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, están desarrollando dentro del nuevo periodo de programación del Fondo Social Europeo.

El POEJ se está ejecutando desde noviembre de 2018 y finalizará en diciembre de 2022 y el Poises, desde enero de 2019 hasta diciembre de 2023.

Estos programas, así como las actuaciones llevadas por Inserta en Navarra desde que se decretara el estado de alarma, han sido los temas tratados en el webinario ‘El empleo de las personas con discapacidad, prioridad de Inserta en Navarra antes, durante y después de la pandemia’ que organizó este miércoles Inserta Empleo y en el que intervinieron el delegado territorial de la ONCE en Navarra, Valentín Fortún; la secretaria general de Inserta, Virginia Carcedo, y la directora regional de Inserta Empleo en Navarra, Lorena Basols.

Los objetivos vuelven a ser ambiciosos para este periodo: más de 103.740 destinatarios, de los cuales 35.300 recibirán formación para la mejora de su empleabilidad y 40.272 lograrán un contrato laboral.

Concretamente, en la comunidad autónoma de Navarra los programas Poises y POEJ atenderán a 1.063 personas y gracias a ellos recibirán formación 298 alumnos y se promoverán 387 contratos de trabajo para personas con discapacidad.

POISES

De acuerdo con las bases de la nueva convocatoria del Poises, Fundación ONCE presentó cuatro proyectos en la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (FSE), dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Refrendada por los buenos resultados de la gestión de los anteriores programas operativos, el organismo público le concedió a Fundación ONCE 87,2 millones de euros en términos de coste total y 59,5 de ayuda del FSE, cifra que supone un 82,8% de la cuantía solicitada.

Los objetivos que se propone en toda España son atender a 78.240 destinatarios, de los cuales 27.600 recibirán formación para la mejora de su empleabilidad y 32.872 lograrán un contrato laboral. En la Comunidad Autónoma de Navarra el programa Poises atenderá a 868 personas, de las cuales 229 serán formadas, obteniéndose 332 contratos de trabajo para personas con discapacidad.

Tres de los programas presentados, denominados ‘Impulsa tu talento 4.0’, ‘Fortalece tu talento 4.0’ y ‘Talento diverso para el desarrollo sostenible’, dan continuidad a las actuaciones de orientación, formación, intermediación laboral y relaciones con empleadores desarrolladas en el Poises, que finalizaba en octubre de 2019.

MUJERES EN MODO ON-VG

De todos los programas presentados en esta convocatoria, el más novedoso es el denominado ‘Mujeres en Modo ON-VG’. Con él, Fundación ONCE e Inserta Empleo dan continuidad y un mayor impulso a las acciones que ya vienen desarrollando para mejorar la vida y el empleo de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.

El objetivo es atender a 1.140 mujeres y para ello las entidades gestoras disponen de 3.939.153 euros.

Este proyecto será liderado por la figura del ‘compass’, especialista en violencia de género, con el apoyo de un equipo multidisciplinar especializado en orientación e intermediación que dotará a estas mujeres de las competencias y capacidades necesarias para iniciar el proceso de recuperación de sus ciclos vitales. El pilar fundamental para el desarrollo de su autonomía personal será su incorporación al mercado laboral o el desarrollo de proyectos de emprendimiento.

POEJ

El Programa Operativo de Empleo Juvenil tiene por destinatarios a jóvenes con discapacidad de entre 16 y 29 años que deberán estar dados de alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para beneficiarse de las acciones programadas. Este programa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.

Los objetivos específicos de este programa son formar al personal de orientación en metodologías de actuación con familias; desarrollar y aplicar una metodología de trabajo en el entorno social y familiar de los jóvenes con discapacidad; conseguir que las familias actúen como prescriptoras de otras que estén en su misma situación y generar unidades de proximidad en la actuación con las familias, que permitirán acceder a los entornos rurales y trabajar con orientadores de colegios y centros.

El POEJ quiere atender a 25.500 personas, formar a 7.700 alumnos y conseguir 7.400 inserciones laborales. En Navarra serán 195 los destinatarios del POEJ, 69 los alumnos formados y 55 las inserciones laborales.

Inserta Empleo, tal y como reza en el título de su webinario, se ha preocupado y ocupado de las personas con discapacidad en Navarra, antes de la pandemia y durante la misma y lo seguirá haciendo cuando todo pase y se instaure la ‘nueva normalidad’.

DISCAPACIDAD ANTES DEL COVID

En la Comunidad Foral se registraban antes de la pandemia 15.400 personas con certificado de discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, con una mayor presencia de hombres (58,4%) y personas con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años (64,3%) así como un 7,1% de jóvenes. El 43,5% de las discapacidades registradas eran de tipo físico y predominan aquellas con porcentajes comprendidos entre el 33% y el 44% (45,2%). La tasa de actividad era del 41,1%, más de 34 puntos por debajo de la correspondiente a la población sin discapacidad en Navarra.

Respecto a la tasa de empleo, al igual que la tasa de paro, la fuente oficial presenta los datos agregados junto con La Rioja (por falta de tamaño muestral) y el dato se fija en el 35,4% (0,4 puntos porcentuales por encima de la media nacional para personas con discapacidad). La tasa de paro era notablemente inferior a la media nacional del colectivo (9,7 puntos menos), situándose en el 16,5%.

Atendiendo al nivel de estudios, el 22,0% de la población con discapacidad en Navarra había alcanzado formación superior, dato muy superior al resto del colectivo a nivel nacional, que equivale al 16,8% y lejos del 34,4% para la población sin discapacidad.

En 2018 hubo 1.140 contratos específicos de discapacidad y el salario medio bruto anual en Navarra se fijaba en 25.423,9 euros. No obstante, en el caso del colectivo, desciende en 4.937,8 euros, una de las diferencias más altas.

En la actualidad, los efectos de la pandemia se empiezan a sentir en la contratación, aunque para conocer su verdadero efecto habrá que esperar a tener los datos del segundo trimestre del año en su conjunto.

En cualquier caso, en Navarra el número de contrataciones durante el primer trimestre fue un 3,76 % menor al registrado en el mismo periodo del año anterior mientras que en el conjunto de España bajó un 10,17%. Por tipo de contratación, la indefinida se redujo un 2,65% y la temporal disminuyó un 3,85 %.

Ahora bien, la situación para las personas con discapacidad no parece seguir el mismo patrón en esta comunidad, ya que en los tres primeros meses del año la contratación se ha incrementado un 2,42%, si bien habrá que ver el acumulado para los meses más duros del confinamiento. Sin embargo, parece que el efecto de los llamados trabajadores esenciales ha influido en este dato, dado que el empleo de operadores de máquinas de lavandería, imprescindibles para el mantenimiento de los hospitales, se ha incrementado en un 31% en el primer trimestre.

Posiblemente se trate de un dato excepcional a la vista de que en mayo hubo tan solo 29 contratos específicos para personas con discapacidad, un 75% menos que en mayo del pasado año.

Por estas cuestiones es tan importante disponer de información para personas con discapacidad en un contexto como el actual, teniendo en cuenta que para el colectivo la información es notablemente escasa. Por esa razón, desde Inserta Empleo y Fundación ONCE han realizado un estudio para conocer los efectos y consecuencias del Covid-19 entre las personas con discapacidad, una investigación en la que han participado casi 1.500 personas y que persigue indagar en aspectos como el empleo, consecuencias físicas y psicológicas sobre la salud o medidas de protección social.

La muestra en Navarra es muy pequeña, pero a modo de orientación los resultados del estudio indican que la suma de las personas que afirman haber estado afectadas por el Covid-19 o haber tenido síntomas asociados es de un 11%. El estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad indicaba que en Navarra la tasa es de 5,8%, lo que hace pensar que el virus ha tenido mayor impacto entre la población con discapacidad.

REAPERTURA DE OFICINAS

Inserta Empleo acaba de reabrir sus 36 oficinas repartidas por toda España, una de ellas ubicada en Pamplona, tras haber permanecido cerradas desde que se declarara el estado de alarma y el consiguiente confinamiento para luchar contra el coronavirus.

No obstante, a pesar de la crisis, la entidad ha realizado un esfuerzo para seguir atendiendo las necesidades de las personas con discapacidad de forma no presencial, tanto en lo que se refiere a su formación como en el acceso al empleo. Por ello, sus técnicos han continuado prestando servicio a los demandantes y a las empresas, seleccionando candidatos y gestionando ofertas de empleo a través de la plataforma Por Talento (‘www.portalento.es’), así como telefónicamente.

También ha puesto en marcha una batería de cursos on line cofinanciados por el Fondo Social Europeo gracias a los cuales los demandantes de empleo registrados en la bolsa de empleo de Inserta han podido seguir formándose en estos momentos de crisis sanitaria, ya que los cursos mejoran las condiciones de acceso al empleo de las personas discapacidad.

En este periodo, Inserta Empleo ha atendido en la comunidad autónoma de Navarra a un total de 135 personas con discapacidad y ha gestionado un total de 31 contratos desde el día 16 de marzo, primer día en el que se tuvieron que cerrar todas sus oficinas y se puso en marcha el teletrabajo debido al estado de alarma decretado por el Gobierno a causa de la pandemia.

Gracias a esta labor, en la Comunidad Foral de Navarra 22 personas con discapacidad se han incorporado a la bolsa de empleo de Inserta, iniciando así su ruta hacia el mercado laboral. Además, 113 han recibido tutorizaciones ajustadas a sus perfiles, incluyendo orientación posterior a la formación y mentorización hacia el empleo.

La actividad de Inserta se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

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La ONCE celebra este domingo, 21 de junio, el sorteo extraordinario del Día del Padre, previsto para el pasado 19 de marzo, y que tuvo que aplazarse por el estado de alarma generado por el Covid-19.

Participarán en este sorteo extraordinario los cupones adquiridos durante el periodo de comercialización, que finalizó de forma anticipada tras declarase el estado de alarma.

La ONCE ya informó a los clientes para que guardaran sus cupones hasta la comunicación de la nueva fecha de sorteo, que tendrá lugar el citado 21 de junio.

El sorteo extraordinario del Día del Padre de la ONCE pone en juego un premio mayor de 17 millones de euros, mientras que los 99 cupones en los que sólo coincidan las cinco cifras del número, tendrán un premio de 40.000 euros.

Además, dado que los vendedores de la ONCE y los tradicionales sorteos del cupón han arrancado ya este pasado lunes, 15 de junio, los clientes pueden comprobar sus cupones comprados previamente a la suspensión y cobrar sus premios.

Los diferentes productos de juego de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde ‘www.juegosonce.es’, y en establecimientos colaboradores autorizados.

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La Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional, creada hace 30 años por el doctor Juan José Vidal Peláez, es pionera en el uso de diferentes técnicas diagnósticas y quirúrgicas de la Obstetricia y la Ginecología

En una nota informativa, el Hospital Ruber Internacional recuerda que el cuerpo de la mujer está expuesto a una serie de cambios hormonales y físicos que se producen desde la infancia hasta la vejez, pasando por la pubertad y adolescencia, que son las épocas del desarrollo corporal, de la aparición de la menstruación y del asentamiento en la madurez sexual.

Así, destaca que entre los 20 y los 40 años es la etapa de los embarazos y los partos, al igual que el momento de los problemas de fertilidad. Mientras que a partir de los 40 años y hasta los 55 comienza la disminución hormonal, origen de la premenopausia y la menopausia.

Además, explica que algunas mujeres, se enfrentan al riesgo de desarrollar patologías oncológicas como son el cáncer de cuello uterino o el de mama, que es el tumor femenino mas frecuente.

Por eso mismo, con el fin de atender adecuadamente todas las etapas de la mujer y de cualquier tipo de problema ginecológico, el doctor Juan José Vidal Peláez fundó en 1991 la Unidad de la Mujer, en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

La unidad está compuesta, según resaltan, «por un equipo multidisciplinar de especialistas que ofrece una asistencia personalizada e inmediata y el acceso a las mejores técnicas y tecnologías disponibles».

Tal y como explica el doctor Juan Vidal esta atención personalizada, en la que un mismo doctor sigue todo el proceso de la paciente, se ejemplifica en especialidades como la oncología ginecológica. La unidad dispone de dos especialistas en este campo: el doctor José Rubio Valtueña y el doctor Julio Álvarez Bernardí, este último figura como unos de los 100 mejores médicos de España, según la revista Forbes.

Estos dos especialistas son capaces de tratar, en la mayor parte de los casos, los cánceres del aparato genital mediante laparoscopias e histeroscopias, técnicas mínimamente invasivas que permiten una recuperación rápida de la paciente sin apenas dolores post-operatorios.

Los tipos de cáncer más frecuentes en la mujer, aparte del cáncer de mama, son el cáncer de cuello uterino, de endometrio y de ovario. Para el diagnóstico precoz y tratamiento la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional dispone de una sección cuyo responsable, el doctor Alfonso Duque Frischkorn, detecta las enfermedades de transmisión sexual mediante colposcopias, citologías líquidas y frotis bacteriológicos.

“Para ello es importante diagnosticar el virus del papiloma humano o VPH que es la causa del cáncer del cuello uterino y así realizar un tratamiento precoz de las alteraciones que este virus puede ocasionar y que pueden ser leves, moderadas o graves”, subraya Duque.

También se realizan en la propia consulta, histeroscopias diagnósticas, que son fundamentales para el diagnóstico del cáncer de endometrio.

Además, desde su inicio, la Unidad de la Mujer, ha realizado tratamientos de reproducción asistida, utilizando siempre las últimas técnicas disponibles en este ámbito: ciclos de inseminación, fertilización in vitro (FIV) con diagnóstico genético preimplantacional, ciclos de ovodonación y de criopreservación de óvulos.

La doctora Elena Meliá Fullana, es la responsable del servicio de Infertilidad de la Unidad de la Mujer, y junto con la doctora Vega Cabezuelo Sánchez y la doctora Esther Suárez Agustín forman parte de la Unidad de Reproducción del Hospital Ruber Internacional.

Dichas doctoras afirman que aproximadamente un 20% de las parejas necesitan tratamiento para conseguir una gestación. La causa principal es el retraso de la maternidad por las circunstancias actuales de la sociedad. Por este motivo, “una de las demandas que más ha aumentado son los ciclos de fertilización in vitro con vitrificación de óvulos para preservación de la fertilidad ante un posible retraso de la maternidad”, puntualiza la doctora Vega Cabezuelo.

“Trabajamos en equipo multidisciplinar, lo que nos permite atender a las pacientes con cualquier patología asociada a su esterilidad y al embarazo posterior”, destaca la doctora Elena Meliá. Además, la doctora Esther Suárez destaca que el grupo Quirónsalud subvenciona la vitrificación de óvulos en pacientes oncológicas antes de que sean tratadas con quimioterapia.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

El cáncer de mama es la enfermedad oncológica más frecuente en la mujer. Se calcula que una de cada ocho mujeres va a sufrir cáncer de mama a lo largo de su vida. La doctora Esther Suárez es la responsable del diagnóstico y tratamiento individualizado del cáncer, lo que se decide en el Comité de Tumores formado por ginecólogos, oncólogos, radiólogos, anatomopatólogos, nuclearistas, radioterapeutas y cirujanos plásticos.

Más allá del diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas, la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional trata cualquier posible trastorno funcional de la mujer. Desde la primera regla hasta los diferentes cambios y problemas que suceden durante la menopausia.

Según explica la doctora María Teresa Martín Pedraza, “el déficit de hormonas que tienen las mujeres menopáusicas les predispone a sufrir patologías como la incontinencia urinaria o la atrofia vaginal».

La Ginecoestética, es un área en auge que la doctora Martín Pedraza dirige en la Unidad desde hace dos años y que se encarga de solucionar este tipo de problemas. “Ofrecemos tratamientos convencionales, pero también con láser y ácido hialurónico para mejorar la atrofia y la sequedad vaginal e incluso la incontinencia de orina”, indica.

Por otra parte, el control del embarazo y la preparación al parto ha sido siempre fundamental en el quehacer diario de todos los médicos de la Unidad de la Mujer. Al frente del servicio está el doctor Ángel Lorenzo Álvarez quien afirma que han sido pioneros en la introducción del test prenatal no invasivo (TPNI), que mediante un simple análisis de sangre detecta el ADN de la placenta y diagnostica alteraciones cromosómicas del feto evitando así recurrir a biopsias coriales o a las amniocentesis, no exentas de riesgos.

“Completan este gran equipo multidisciplinar de la Unidad de la Mujer dos ginecólogas externas, las doctoras Nuria López e Isabel Rodríguez-Piñeiro, la psicóloga Elena Iracheta, fisioterapeutas como Inmaculada Camisón y Pilar Cortes, Tatiana Medina, nutricionista, matronas, enfermeras y auxiliares así como la relaciones públicas de la unidad, Fátima Labaig”, concluye el doctor Juan Vidal.

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Las mujeres con daño cerebral sienten, en términos generales, que viven más situaciones de discriminación por su condición de discapacidad que los hombres, según los resultados del informe ‘La situación de las mujeres con daño cerebral en España’, elaborado por la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace).

Las conclusiones de esta investigación se han puesto de manifiesto durante una jornada online organizada este miércoles por la agencia de noticias Servimedia junto a Fedace, en la que participó el director general de Discapacidad del Gobierno de España, Jesús Celada.

El daño cerebral es una lesión repentina en el cerebro. Se caracteriza por su aparición brusca y por el “conjunto variado de secuelas” que presenta según el área lesionada y la gravedad del daño. “Estas secuelas provocan anomalías en la percepción, alteraciones físicas, cognitivas y emocionales”, subraya el informe de Fedace. La principal causa de daño cerebral es el ictus, seguida de los traumatismos craneoencefálicos y enfermedades como las anoxias, los tumores cerebrales o las infecciones.

El daño cerebral cambia la vida de las personas afectadas y de sus cuidadores. Además, también influyen otros parámetros como la edad o el sexo. Según los resultados del informe, las mujeres con daño cerebral sienten que viven más situaciones de discriminación por su condición de discapacidad que los hombres. En términos generales, los ámbitos en los que las personas con daño cerebral se han sentido discriminadas fueron: empleo, accesibilidad, vida cotidiana y ocio, transporte y formación.

“Cuando hablamos de una mujer con daño cerebral adquirido, lo primero que os diría es que somos mujeres. Simplemente. Tenemos los mismos problemas que puede tener cualquier otra mujer, sólo que se agravan por el hecho de que presentamos una discapacidad”, declaró la presidenta de la Asociación Ateneu Castellón y patrona de Cermi Mujeres, Amalia Diéguez, mujer con daño cerebral adquirido.

En España hay más de 220.000 mujeres con daño cerebral. En un 81% el daño fue producido por un accidente cerebrovascular. El otro 19% agrupa otras causas como traumatismos craneoencefálicos, anoxias o tumores cerebrales, entre otros. La entidad destaca que cada año se suman 60.000 nuevos casos de mujeres con daño cerebral.

En cuanto a la incidencia por comunidades autónomas, en términos absolutos destacan Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y la Comunidad de Madrid. En términos relativos, La Rioja presenta la tasa más alta (113 por cada 100.000 habitantes), seguida de Cataluña, Islas Baleares y Galicia, según expuso Mar Barbero, directora gerente de Fedace.

En el aspecto laboral, las mujeres suponen el 41% de las personas con daño cerebral en edad laboral (57.046 mujeres). De ellas, el 65% es mayor de 45 años, lo que supone un desafío para su inclusión en un mercado precario y con tendencia a la discriminación de las personas de esta edad. La aparición del daño cerebral supone una salida masiva del mercado de trabajo tanto para mujeres como para hombres, destaca el informe de Fedace.

En este sentido, los prejuicios tienen un papel clave. Algunas de las personas sin daño cerebral que se relacionen con personas afectadas pueden pensar “a esta mujer qué le va a pasar, si está mejor que yo”. Sin embargo, las secuelas invisibles, como la de esta lesión, son las más complicadas de entender para la sociedad.

“Las mujeres afectadas muchas veces manifiestan que se sienten incomprendidas. Cualquier persona puede tener un daño cerebral adquirido y no detectarlo. Un daño cerebral no tiene por qué ser excluyente”, manifestó durante su intervención Ana Aznar, neuropsicóloga y psicóloga de la Clínica de la Asociación Ateneu Castellón. También contó que el proceso en el que la propia persona acepta la nueva realidad con el daño cerebral es clave y requiere de una adaptación de la familia.

El director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada, recalcó que “no es que esté de moda” hablar de mujer y discapacidad, sino que “es una necesidad”. También recordó la importancia de no caer en los estereotipos ni en los prejuicios.

“Con dos amigos con daño cerebral he descubierto que las personas con daño cerebral están perfectamente cualificadas para desarrollar trabajos y desempeñar una labor en las mismas condiciones y con el mismo nivel de esfuerzo y superación que intentamos tener el resto. Nosotros mismos prejuzgamos y mermamos sus capacidades”, dijo.

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Endesa ha obtenido el certificado de Aenor a su Sistema de Gestión de Compliance Tributario conforme a los requisitos establecidos en la norma UNE 19602.

Según destaca Endesa, esta certificación confirma el compromiso de transparencia en materia tributaria de la compañía y su voluntad de detectar, prevenir y corregir riesgos fiscales.

La norma UNE 19602, creada en febrero de 2019, establece una serie de requisitos para implantar en las empresas, de manera voluntaria, un sistema de cumplimiento tributario que refuerce las buenas prácticas fiscales.

Entre estos requisitos está la identificación y evaluación de potenciales riesgos tributarios y de los controles financieros que puedan reducirlos, la definición de procesos de diligencia debida con el personal más expuesto de la organización y con proveedores o la implantación de un canal de denuncias y consultas.

Por ello, Endesa señala que la certificación de Aenor supone un nuevo paso en su política de buen gobierno corporativo y un refuerzo de su cultura organizativa basada en la transparencia y en la cooperación con las administraciones públicas.

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Sólo el 12,4% de las 1.000 mujeres asesinadas en los últimos 16 años (enero de 2003 y 20 de abril de 2019) tenía una medida de protección en vigor, según un informe realizado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El estudio estadístico presentado este miércoles también desvela que a pesar de la existencia de una medida de alejamiento en vigor en el momento del crimen, en más de la mitad de esos casos (58%), el agresor vulneró el alejamiento accediendo al domicilio de la víctima. Además, el 60,5% de las asesinadas mantenía la convivencia con su agresor .

En el periodo de tiempo analizado, 765 menores quedaron huérfanos y otros 23 fueron asesinados junto a sus madres. De los 765 menores huérfanos, 499 eran hijos o hijas del agresor y los 266 restantes, fruto de relaciones anteriores o posteriores de la víctima. El domicilio fue el escenario del crimen en el 75% de los casos.

Del estudio se desprende que durante esos 16 años y cuatro meses hubo un asesinato machista cada semana y una media de 61,3 víctimas mortales cada año. En 38 de los casos, un total de 44 personas cercanas a las víctimas fueron asesinadas al mismo tiempo; 23 de ellas menores.

Entre enero de 2003 y abril de 2019, el promedio anual de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas ha sido de 61,3. El año más trágico fue 2008, con 76 víctimas mortales, y el año con menos crímenes machistas fue 2016, con 49 muertas.

La tasa media de muertes indica que hubo 3,1 víctimas mortales al año por cada millón de mujeres mayores de 15 años. Este índice varía en cada comunidad autónoma, pero también es diferente según el área geográfica: en las zonas costeras se sitúa en 4,4 mujeres, mientras que en las del interior es de 2,5.

EDAD MEDIA

La edad media de las víctimas mortales de la violencia machista en el periodo sometido a estudio fue de 42,2 años. Algo más de la mitad de las mil mujeres asesinadas (538) tenían entre 26 y 45 años, pese a que esta franja de edad sólo representa un tercio de la población de mujeres mayores de 15 años.

El 12,8% de las víctimas (128 mujeres) eran menores de 25 años; el 14,1% (141) tenían entre 46 y 55 años; el 7,4% (74), entre 56 y 65 años y el 11,9% (119) eran mayores de 65. Entre las víctimas de nacionalidad española, el promedio de edad fue de 45,6 años, lo que supone casi diez años más que el de las extranjeras, que fue de 35,9 años.

La mayoría de las mil mujeres asesinadas (655 en total) eran españolas. El análisis por zonas geográficas muestra que la mayor parte de las 345 víctimas extranjeras eran originarias de América Latina (46,1%c), seguidas por las procedentes de Europa (35,7%), África (14,8%) y Asia (3,5%).

El estudio confirma que la maternidad es una de las circunstancias que aumentan el riesgo para las víctimas. Tres de cada cuatro mujeres asesinadas entre 2003 y 2019 (el 75,2%) eran madres y en la mitad de los casos (49%) los hijos eran menores de edad.

La convivencia con el agresor es otro de los factores que aumentan el riesgo para la vida de las víctimas: el 60,5% de las mil mujeres asesinadas mantenía la convivencia con su agresor en el momento en que ocurrieron los hechos. En 100 casos, la convivencia continuaba pese a la existencia de una denuncia previa y en 29, pese a estar activa alguna medida de protección para la víctima.

El 60,6% de los asesinatos fueron cometidos por la pareja con la que la víctima mantenía una relación cuando ocurrieron los hechos; en un tercio de los crímenes (27,8%) el autor fue la expareja y en el 11,6% de los casos el crimen se produjo durante una crisis o cuando la relación se encontraba en una situación transitoria.

El uso de arma blanca ha sido el método empleado para cometer el crimen en la mitad de los casos, seguido por los golpes (16%), la asfixia o estrangulamiento (15%), el uso de arma de fuego (13%) y el fuego (2%).

En cuanto al momento en que se cometieron los crímenes, el estudio muestra como el mayor número de ellos se concentraron en los meses de julio y enero, con 98 y 94 casos respectivamente; abril, con 72 muertes, fue el mes en el que menos feminicidios hubo. El peor día de la semana fue el domingo, con 172 casos.

Las características más comunes que presentaron los agresores -extraídas de los datos objetivos contenidos en los expedientes judiciales- muestran a un varón con una edad media de 46,3 años y nacionalidad española en el 66,4% de los casos.

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Los miembros del proyecto ‘Just4ALL’, que pretende mejorar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad en la Unión Europea y que está liderado por Fundación ONCE, han celebrado recientemente un seminario web internacional en el que han abogado por la creación de un código de conducta europeo sobre accesibilidad universal y discapacidad, obligatorio para los profesionales del derecho.

En concreto, el proyecto de ‘Justicia para todos’ ve necesaria la redacción de un código de conducta europeo, además del diseño de protocolos y capacitación sobre discapacidad y accesibilidad universal obligatorios para los profesionales del derecho, “pero también para todos los demás profesionales involucrados en el sistema de Justicia”.

En este sentido, se ha presentado en el seminario un curso abierto masivo en línea (MOOC) pensado para contribuir a la capacitación de los profesionales, que incorpore también ejemplos de buenas prácticas, glosarios y legislación de la UE relacionada.

Finalmente, los componentes de ‘Just4ALL’, un proyecto cofinanciado por el Programa de Justicia de la Unión Europea, han incidido en la importancia de que las instituciones públicas, las organizaciones académicas y legales y las plataformas de discapacidad “trabajen juntas”.

‘Just4ALL’ es un programa europeo que busca mejorar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad mediante acciones como la sensibilización y formación de juristas en la atención y necesidades específicas de este grupo de ciudadanos, y que está liderado por Fundación ONCE.

Cuenta además con la participación de European Disability Forum (EDF), European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), Thompson Reuters Aranzadi y la Universidad Carlos III de Madrid.

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Vodafone España avanza en el consumo en España de energía de fuentes 100% renovables a través de un acuerdo con Iberdrola para la compraventa de energía de fuentes de generación limpia a largo plazo (PPA, en sus siglas en inglés) que proveerá de energía verde a los 13.500 puntos de suministro de su red propia en el país.

El acuerdo permitirá a Vodafone avanzar en el cumplimiento del marco estratégico de empresa sostenible y responsable con el planeta que establece que en 2025 toda la energía eléctrica adquirida sea 100% renovable y que sus emisiones GHC se reduzcan al 50%.

En concreto, permitirá a la operadora cumplir el 75% de su objetivo de proveerse de energía eléctrica adquirida de fuentes renovables en 2021, según detallaron este miércoles las compañías.

El contrato, se iniciará en enero de 2021 y hasta 140 gigavatios hora (GWh) de los 540 gigavatios del consumo se realizará a través de un PPA, asociado a un activo renovable de nueva construcción, con el proyecto eólico Puylobo, que Iberdrola construye en la actualidad en Aragón.

Los restantes 400 gigavatios hora (GWh) serán suministrados bajo otro acuerdo, que garantizará el consumo verde a través de la entrega de GdOs de otros activos renovables de la compañía eléctrica.

El nuevo proyecto eólico que se pondrá en marcha para el primer suministro se ubicará en el municipio de Borja, en Zaragoza. El proyecto Puylobo tendrá una capacidad instalada de 49 megavatios (MW) y en su construcción, que comprometerá una inversión de 50 millones de euros, se involucrarán más de 120 profesionales.

Cuando entre en funcionamiento y esté totalmente operativo se prevé que genere una producción capaz de evitar la emisión de 32.000 toneladas de CO2/año, según han detallado las compañías.

Puylobo forma parte de la estrategia de inversión en proyectos de generación de energía renovable de Iberdrola en España, así como de su apuesta por los contratos bilaterales, como vía para promover el suministro de energía a precios competitivos y estables entre grandes clientes, comprometidos con un consumo sostenible.

Según explicó el director general de Tecnología de Vodafone España, Ismael Asenjo, la operadora está comprometida con lograr en el 2025 que el 100% de la energía eléctrica adquirida provenga de fuentes renovables “y las emisiones de CO2 se reducirán en un 50% respecto al ejercicio 2016-17”.

“La energía utilizada para el funcionamiento de la red supone más del 97% de nuestro consumo total por lo que es clave la implantación de medidas de eficiencia energética y el establecimiento de acuerdos de compra de energía procedente de fuentes renovables, como el que hemos suscrito hoy con Iberdrola”, indicó Asenjo.

Por su parte, el director de Grandes Clientes de Iberdrola, Eduardo Insuza, refirió que los PPA abren “muchas oportunidades” para el desarrollo de proyectos renovables que “están transformando el presente y el futuro energético en nuestro país”. “Estos contratos de compra venta de energía a largo plazo aportan estabilidad a las inversiones y se han convertido en una herramienta óptima para la gestión del suministro eléctrico de grandes consumidores, comprometidos con un consumo limpio y sostenible. Asimismo, demuestran la competitividad de las renovables y su capacidad para suministrar energía a precios asequibles y estables”, afirmó.

Para la operadora, el respeto por el medioambiente implica desarrollar sus actividades de forma responsable, minimizando la huella ambiental de las operaciones y ayudando a sus clientes y a la sociedad a ser más eficientes.

Vodafone está convencida de que se requieren medidas “urgentes y sostenidas para abordar el cambio climático y que el éxito empresarial no debe tener un coste para el medio ambiente”. Prueba de su compromiso es la adhesión del Grupo Vodafone a la declaración ‘Recover better’ del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que insta a los gobiernos a considerar los objetivos basados en la ciencia a la hora de establecer la hoja de ruta para alcanzar cero emisiones antes del 2050.

En el último ejercicio fiscal, Vodafone España, a través de sus programas energéticos, de fomento del teletrabajo y de la economía circular, así como del desarrollo de productos y servicios para sus clientes, ha conseguido evitar directa e indirectamente la emisión de 656.924 toneladas de CO2 en España

Iberdrola es a su vez un referente en el ámbito de los PPA en el mundo y gestiona acuerdos de compraventa de energía a largo plazo en mercados como España, el Reino Unido, Estados Unidos y México, procedentes de proyectos eólicos y fotovoltaicos de más de 2.500 megavatios (MW). En España, la compañía ha promovido esta modalidad con carácter pionero con empresas de diferentes sectores: banca, telecomunicaciones, sector cervecero, distribución y marcas deportivas.

La compañía está convencida de que la electrificación actuará de palanca de la recuperación económica y el empleo en el mundo tras el Covid-19 y para ello prevé acometer este año inversiones por valor de 10.000 millones de euros en el mundo en distintos proyectos.

La eléctrica es líder en energía renovable en el país, con una capacidad instalada eólica de más de 6.000 megavatios (MW) y más de 16.500 MW renovables; un volumen que en el mundo se eleva a más de 32.000 MW, que convierten a su parque de generación en uno de los más limpios del sector energético.

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