El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha admitido que el partido Vox se persone como acusación popular en la pieza número 10 del caso 'Tándem', conocida como 'Dina', en la que se investiga el presunto robo del teléfono móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham y la posterior publicación de su contenido en medios de comunicación.

Según el auto del juez, al que ha tenido acceso, también admite la personación de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, y explica que esta acusación popular se ejercerá como "ejercicio de pretensión punitiva autónoma" y no como adhesión a otra acusación ya existente en el procedimiento.

Sin embargo, el magistrado señala respecto a la querella interpuesta por los de Abascal contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; contra su exasesora Dina Bousselham; contra la abogada de ésta Marta Flor, y contra el fiscal Ignacio Stampa, a los que imputa seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que Flor comenta determinada información que había obtenido del representante del Ministerio Público, que no puede ser admitida a trámite al constatarse "un defecto procesal subsanable".

Añade que no cumple el presupuesto previsto en el artículo 277 7º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), la firma del querellante, y les da 10 días para subsanar este defecto.

FIANZA DE 15.000 EUROS PARA VOX

Por otro lado, el juez señala en su auto que en el caso de Vox la fianza para poder personarse en la pieza 'Dina' se fija en 15.000 euros, mientras que a la Asociación Pro Lege le exigirá una de 10.000 euros.

Esta decisión la adopta teniendo en cuenta que en el caso 'Tándem' ya hay otras personaciones previas, como la de Podemos que abonó en su momento la cantidad de 30.000 euros, o PSOE que por personarse en la pieza separada 7 abonó la cantidad de 15.000 euros.

García-Castellón entiende que puesto que Vox es un partido con representación en el Congreso, puede hacer frente a esa suma. Sin embargo, a la asociación le pide una cuantía inferior porque tiene en cuenta que es de reciente creación y está formada por un escaso número de miembros.

EL CASO 'DINA' Y SUS GIROS

El caso 'Dina' arrancó en marzo de 2019, después de que la Policía Nacional encontrase en casa de Villarejo documentos de la ex asesora que parecían provenir de una extracción de datos de su teléfono móvil, cuyo robo denunció en noviembre de 2015. El asunto dio un giro a finales del pasado mes de mayo, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, retiró la condición de perjudicado del vicepresidente tras constatar que tuvo en su poder la tarjeta del móvil de su exasesora durante varios meses antes de devolvérsela.

En el escrito de Vox denuncian una presunta implicación en los hechos del fiscal anticorrupción una presunta connivencia con la abogada de la formación morada. Hablan también de las contradicciones de las declaraciones de los implicados ante el juez hasta llegar a lo que consideran "ocultación y manipulación de la información ofrecida por los querellados al Juzgado para obtener diferentes réditos".

Según Vox, Bousselham ocultó al juez haber compartido las capturas de pantalla en las que Iglesias realizaba una serie de comentarios machistas sobre la comunicadora Mariló Montero. "La línea era culpar a Villarejo, sin embargo, más tarde la Policía Nacional acreditó que había mentido y tuvo que reconocer que las había pasado a terceros", explica Vox en la querella.

Añaden que el marido de Bousselham, Ricardo Sa Ferreira, dijo a las autoridades que tras el robo del móvil él no había vuelto a saber nada sobre la tarjeta. Sin embargo, para acreditar que ella no la destruyó, aportó como prueba una serie de correos electrónicos que había mandado a una tienda para intentar recuperar los datos.

El partido liderado por Santiago Abascal insiste en su querella en que la exasesora de Iglesias dijo que sus intentos de recuperar la información se produjeron en el verano de 2016, pero los correos son de febrero de 2017. Sin embargo, Dina Bousselham declaró en un primer momento que había recibido la tarjeta quemada y que no pudo acceder a su contenido, implicando así a Iglesias.

El exdiputado del PP José Ramón García Hernández, que aspiró a liderar su partido en las primarias de 2018, ha sido nombrado este martes nuevo embajador en Noruega, según consta en los acuerdos del Consejo de Ministros.

García Hernández, diplomático de carrera, fue diputado entre 2014 y 2019 y responsable de Política Internacional en la dirección del PP. Hace un año anunció su regresó a la carrera, después de no haber revalidado su escaño por Ávila y de que Pablo Casado nombrase a Valentina Martínez Ferro secretaria de Internacional del partido.

El de García Hernández es uno de los seis nombramientos de embajadores que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Cristina Latorre será embajadora en Suecia, Carlos Robles Fraga en la República Democrática del Congo, Cristian Font en la República de Guinea, Alfonso Barnuevo en Guinea Ecuatorial y Alberto Cerezo en Mozambique.

José Ramón García Hernández es doctor en Filosofía Política por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, además de diplomado en Altos Estudios de la Defensa (CESEDEN) y del Programa de Liderazgo para la Gestión Pública de IESE.

La referencia del Consejo de Ministros recoge que fue "diputado en el Congreso de los Diputados por Madrid y Ávila", sin aclarar por qué partido, así como "portavoz de Asuntos exteriores, miembro de Diputación Permanente" y "vicepresidente de la delegación española en el Consejo de Europa.

En su carrera ha sido subdirector Escuela Diplomática, miembro del Tribunal de Oposición y 'número dos' en la Embajada de España en Bulgaria y en la de España en Bosnia y Herzegovina. También fue jefe de la Delegación española en la Misión de Observación de la Unión Europea en ese país.

Ha sido también jefe adjunto del gabinete del director general de Política Exterior, consejero en la Dirección General de Terrorismo, vocal en el gabinete del ministro del Interior, consejero en la secretaría general de Países de la Comunidad Andina y jefe de servicio en la Secretaría General de Países Mercosur y en la de Seguridad Internacional.

Por su parte, la nueva embajadora en Suecia, Cristina Latorre Sancho, es diplomática desde 1991 y hasta ahora era vocal asesor de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores. Anteriormente, ha sido subsecretaria de Justicia, (2018-2020) secretaria general de la Presidencia del Gobierno y vicesecretaria General (2008-2011), directora general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, Jefe de gabinete de los Subsecretarios de Educación, Ciencia y Deporte (2004-2006) y de Asuntos Exteriores y Cooperación y Consejera de la Oficina de Información Diplomática.

Ha desempeñado puestos de Segunda Jefatura en las Embajadas de España en Belgrado, OCDE, Guatemala, Tanzania, Ruanda y Burundi así como Consejera de asuntos políticos y jurídicos de la Embajada de España en Lisboa, entre otros puestos. También ha presidido la Comisión de la Conmemoración del 80 Aniversario del Exilio republicano español. Tiene condecoraciones de las Órdenes de Mérito Civil, Isabel la Católica, Alfonso X el Sabio y Carlos III.

NUEVOS EMBAJADORES EN PAÍSES AFRICANOS

En cuanto a Carlos Robles Fraga, que irá a la República Democrática del Congo, fue embajador en Chile entre 2014 y 2018. Entre 2018 y 2020 ha sido inspector general de servicios.

También ha sido director de Área en Gabinete Ministro Asuntos Exteriores (1979-1982), secretario de Embajada en la Delegación en la OTAN (1982-1987), consejero en Caracas, (1987-1990), consejero de Asuntos Políticos en Washington (1992-1997), Letrado de Relaciones Internacionales en el Consejo General del Poder Judicial (2002-2003)y cónsul General en Boston (2006-2010), entre otros puestos.

En cuanto a Cristian Font, nuevo embajador en la República de Guinea, ha sido es diplomático desde 1995 y Administrador de la Comisión Europea. Trabajó en el gabinete del secretario de Estado para la Unión Europea y en la Dirección General de Política Exterior para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Ha estado destinado en las Embajadas de España en Guinea Ecuatorial, Vietnam, Panamá y Grecia y ha sido Cónsul General en Argel (Argelia). Desde 2017 trabaja en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), donde ocupa el puesto de Jefe del Departamento de Cooperación con África Subsahariana desde agosto de 2018.

A Guinea Ecuatorial irá Alfonso Barnuevo, diplomático desde 1990, que ha estado destinado en las Embajadas de España en Gabón, Polonia, China, Siria y en la Representación Permanente de España ante las Naciones Unidas. Desde 2017 ha sido cónsul de España en la Republica Dominicana.

Fue embajador en Namibia entre 2008 y 2011 y embajador en Nigeria entre 2014 y 2017. En Madrid, ha trabajado en el gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y, en distintos periodos, ha sido subdirector de Comunicación Exterior y subdirector de la Oficina de Información Diplomática en el ministerio de Asuntos Exteriores.

Por último, el embajador en Mozambique será Alberto Cerezo, diplomático de carrera desde 2001, que ha estado destinado en las Embajadas de España en Camerún (2003-2006) y Mozambique (2009- 2012), donde ejerció como Segunda Jefatura, así como en las de Paraguay (2006-2009), como encargado de asuntos consulares, y China, como consejero (2017).

En 2014 fue el primer diplomático español acreditado ante las autoridades birmanas, como encargado de negocios 'ad interim', con residencia en Yangón (Myanmar), encargándose de abrir la primera oficina diplomática de España en dicho país. Como encargado de negocios también sirvió en la Embajada de Mozambique entre septiembre y noviembre de 2019.

También ha sido jefe de servicio en la Subdirección General de África del Norte (2002) y vocal asesor en el Departamento de Asuntos Internacionales del Gabinete del Presidente del Gobierno, encargado de los asuntos de África del Norte (2012 - 2014). Desde 2017 era Subdirector General de Relaciones Bilaterales con los países de África Subsahariana.

La Conselleria de Salud de la Generalitat iniciará la semana que viene cribados a trabajadores de residencias de ancianos, ha explicado este martes en rueda de prensa el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon.

Ha dicho que el virus entra en recintos cerrados, como pueden ser las residencias, "desde la comunidad", por lo que se hará estos cribados a los trabajadores para intentar cortar cadenas de transmisión que se pudieran producir.

Paralelamente, Argimon ha abogado por hacer una "reflexión para flexibilizar más" las visitas a los pacientes de las residencias, manteniendo un equilibrio con las medidas para evitar que haya rebrotes.

El secretario de Salud Pública ha asegurado que la situación epidemiológica en Cataluña es de estabilidad, pero no quiere decir que sea buena, aunque ha dejado claro que pese a que el riesgo de rebrote --situado en 190,74-- es similar en cifra al que podía haber en abril, la situación es diferente: "No estamos en la situación del mes de abril.

El coordinador de la unidad de seguimiento de covid-19, Jacobo Mendioroz, ha dicho que en marzo y abril se veían casos graves, que eran a los que se hacían las PCR, pero que ahora se detectan asintomáticos y rebrotes mayoritariamente de leves, pero ha advertido de que a la larga habrá casos graves.

Argimon ha insistido en la necesidad de reducir la interacción social porque la situación no se soluciona solo con cribados y resoluciones, ha instado a pensar si cada encuentro es estrictamente necesario, y ha advertido de que a Cataluña le queda "mucho camino por recorrer".

"Tenemos que ser capaces de hacer disminuir la curva y que no esté estable", ha subrayando Argimon, señalando que esta semana se mantendrán cribados en varias poblaciones catalanes, y que de las más de 46.000 PCR que se han realizado en los mismos, un 2,2% han resultado positivas.

El secretario de Salud Pública ha asegurado que lo importante "no es tanto la cantidad de cribados que se hagan, sino garantizar que el aislamiento se haga y de forma correcta".

"PARTE DE LA SOLUCIÓN"

La investigadora del grupo Biocomsc de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Clara Prats ha subrayado, tras el análisis de varios cribados en poblaciones catalanas, que "no es la única solución, sino que es parte de la solución", ya que deben ir acompañados de las medidas de prevención y las cuarentenas para conseguir reducir la transmisión.

Ha explicado que los cribados sirven para "sacar de la circulación" a asintomáticos y cortar la subida de contagios, pero que mantener una tendencia a la baja no solo se consigue con los cribados, sino que depende de factores como las cuarentenas.

Prats ha dicho que los cribados son un cortafuegos que reduce momentáneamente la circulación del virus en zonas de alta incidencia, pero que hay que mantener las medidas de higiene, de distancia y estudiar los contactos por que el virus "sigue estando".

Preguntado por qué medida sería la adecuada para los padres que deban cuidar a sus hijos en cuarentena, Argimon ha pedido al Gobierno central que se aclare y ha subrayado que la inversión en prevención puede ser muy beneficiosa para la salud pública.

Argimon ha explicado que la aplicación Radar Covid está en fase de integración, y ha dicho que la campaña de la gripe está previsto que este año se avance a una fecha que será entre el 15 y el 19 de octubre.

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso recibe este miércoles al Banco de España y el jueves a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su regreso a los trabajos para cerrar sus recomendaciones sobre el sistema público de pensiones.

Así lo han decidido los grupos parlamentarios en su reunión de este martes, la primera desde el pasado mes de julio y la primera de las tres que tienen previsto celebrar esta semana a puerta cerrada, según han informado fuentes de la Comisión.

Este miércoles, la Comisión vuelve a reunirse a partir de las 10.00 horas, con la participación del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el jueves será el turno para la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero. Estas reuniones serán a puerta cerrada.

Ya para la semana siguiente estaría prevista la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, posiblemente para el 7 de septiembre, si bien esta comparecencia aún no tiene fecha confirmada.

Los encuentros forman parte de la ronda de comparecencias que grupos como Vox habían planteado, de cara a la renovación de las recomendaciones, tarea en la que la Comisión lleva inmersa desde finales de 2016.

PREPARACIÓN DE SUS POSICIONAMIENTOS PARA CONCLUIR EN SEPTIEMBRE

Al irse de vacaciones en julio, los grupos se dieron de plazo el mes de agosto para preparar sus posicionamientos sobre las recomendaciones relativas al sistema de pensiones, con la intención de poder cerrarlas en septiembre. En julio, concluyeron el repaso de la veintena de recomendaciones, constatando "más coincidencias" y "ganas de trabajar" para rematar un documento final próximamente.

En un principio, podría lograrse el consenso sobre la recomendación segunda, que incluye como valor de referencia para la revalorización de las pensiones el IPC real, un punto sobre el que hubo discrepancias el ejercicio pasado y que se dejó fijado con acuerdo de todos los partidos, salvo ERC.

Una de las principales recomendaciones que estuvo cerca del consenso el año pasado fue la referida a poner fin al déficit de la Seguridad Social en el ejercicio 2025.

Otras propuestas pasan por elevar la dotación mínima del Fondo de Reserva del 5% al 7% del gasto anual en pensiones contributivas y supeditarlo a una regla de disponibilidad.

A su vez, otra opción es que el Estado pudiese compensar la falta de cotización de colectivos como el de las mujeres que de forma involuntaria hayan dejado de trabajar temporalmente para cuidar a hijos o personas dependientes vía Presupuestos.

La promotora inmobiliaria Metrovacesa ha informado de que ha obtenido la licencia de primera ocupación (LPO) de su promoción 'Residencial Oasis' en Algeciras (Cádiz), lo que le otorga el permiso oficial para comenzar la entrega de las primeras viviendas. El residencial es un proyecto que consta de 32 viviendas unifamiliares adosadas situadas cerca de la playa de Getares.

Según ha indicado en una nota la promotora, la inversión para el desarrollo de este proyecto asciende a más de 6,6 millones de euros. Asimismo, ha señalado que ha alcanzado unos datos de ventas muy positivos, ya que más de la mitad de las viviendas disponibles ya se han vendido.

Metrovacesa ha recordado que 'Residencial Oasis' es un proyecto que consta de 32 viviendas unifamiliares adosadas situadas en un "entorno único" de la localidad de Algeciras, en Sotorebolo, a escasos cinco minutos de la playa de Getares y con todo tipo de servicios próximos a las viviendas.

Asimismo, ha explicado que todas las viviendas, que disponende dos plantas, amplias terrazas y garaje situado en un sótano comunitario, cuentan además con jardín independiente y piscinas comunitarias, así como vistas a la montaña y la zona portuaria de la ciudad.

Metrovacesa ha afirmado que Algeciras "supone un enclave estratégico dentro de su plan de negocio y de gran relevancia para la compañía". Así, ha añadido que con el inicio de las entregas de las primeras viviendas de 'Residencial Oasis', la compañía pone en valor su compromiso con esta localidad, donde actualmente se encuentra desarrollando otro proyecto, 'Los Jarales', con 42 unifamiliares adosados que mejoran la oferta de vivienda de obra nueva en esta localidad y cuyos trabajos de construcción avanzan según los ritmos previstos.

La Comunitat Valenciana ha registrado 902 nuevos contagios de Covid-19 y siete fallecidos en el último día y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha destacado que frenar el virus "requiere un compromiso individual de todos y cada uno de los ciudadanos, que deben asumir su parte en la lucha contra la pandemia". "Si no es así, no lograremos controlar la transmisión del virus", ha advertido.

En un comunicado, Sanidad ha informado de 902 nuevos contagios de coronavirus confirmados por prueba PCR, que sitúan la cifra total de positivos en 25.028. Por provincias, hay 78 nuevos positivos en Castellón (2.736 en total), 237 en la provincia de Alicante (7.685 en total) y 584 en la provincia de Valencia (14.603 en total). Además, sigue habiendo cuatro casos sin asignar.

Asimismo, se han registrado 7 fallecimientos por coronavirus, por lo que el total de defunciones asciende a 1.517: 227 en la provincia de Castellón, 523 en la de Alicante y 767 en la de Valencia.

Por otro lado, se han dado 593 altas a pacientes con coronavirus desde la actualización del lunes, por lo que el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 26.177, de ellas 3.240 en Castellón, 8.198 en Alicante y 14.676 en Valencia. Además, hay 63 altas no asignadas.

376 INGRESADOS

Los hospitales valencianos tienen actualmente 376 personas ingresadas: 34 en la provincia de Castellón, con 7 pacientes en UCI; 111 en la provincia de Alicante, 15 de ellos en la UCI; y 231 en la provincia de Valencia, 25 de ellos en UCI.

En estos momentos hay activos 5.965 casos, lo que supone un 17,72% del total de positivos.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 829.284, de las que 687.091 han sido a través de PCR y 142.193 mediante test rápido.

HAY POSITIVOS EN 42 RESIDENCIAS DE MAYORES

A día de hoy hay algún caso positivo en 42 residencias de mayores (3 en la provincia de Castellón, 19 en la provincia de Alicante y 20 en la provincia de Valencia), 6 residencias de personas con diversidad funcional (1 en la provincia de Alicante, 2 en la provincia de Castellón y 3 en la de Valencia) y 2 centros de menores (1 en la provincia de Castellón y 1 en la provincia de Valencia).

En la última jornada hay 23 nuevos positivos entre residentes y 17 casos nuevos entre trabajadores. No ha habido que lamentar fallecimientos entre los residentes.

Están bajo vigilancia activa de control sanitario 6 residencias en la Comunitat Valenciana: 2 en la provincia de Alicante y 4 en la provincia de Valencia.

NUEVOS BROTES

Se han detectado 23 nuevos brotes, la mayor parte de ellos en Valencia y de origen social. En concreto, se han registrado 13 brotes en la capital que van de 3 a 6 casos. Solo tres son de origen laboral.

Asimismo, hay nuevos brotes en Orihuela (3 casos, de origen social), en Castelló (4 casos, de origen social), Banyeres de Mariola (3 casos, de origen social), Torrevieja (3 casos, de origen social), Castalla (7 casos, de origen social), Gandia (5 casos, de origen laboral) e Ibi (3 casos, de origen social).

Los actos institucionales de la Diada incluirán en esta edición imágenes de los presos del 1-0 dentro de una parte dedicada a la "libertad como condición imprescindible para que un país evolucione", en la que también se proyectarán imágenes de los dirigentes independentistas en el extranjero.

A diferencia de otros años, en los que se emitieron vídeos o audios de los presos, en esta ocasión se pretende "visualizar su retorno y hacer llegar este deseo, esta reivindicación", proyectando sus imágenes en el interior del Palau de la Generalitat.

En rueda de prensa, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, y el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, han presentado estos actos, que este año "tendrán un formato más reducido, un poco más íntimo", ya que se celebrarán sin público para evitar contagios del coronavirus, ha explicado Costa.

En este sentido, la Generalitat y el Parlament homenajearán a la ciudadanía por su comportamiento durante el confinamiento durante la pandemia del coronavirus y recordarán a las víctimas del covid-19.

Budó ha subrayado que la Diada de este año estará marcada por la excepcionalidad de la pandemia y esto es lo que buscarán expresar en los actos institucionales: "Que, pese a la derrota, hemos persistido y que esto ha hecho posible que sigamos existiendo".

También han presentado el cartel, diseñado por Cèlia Martín, que hace referencia a la tierra como el espacio desde donde la sociedad ha vivido la pandemia pero también "como país, como identificador social y cultural", ha relatado Budó.

En el cartel están representados cuadrados blancos y negros que simbolizan el espacio pequeño desde donde se ha confinado la gente, y, sobrepuestas, se ven las cuatro barras de la 'senyera' en color rojo, para reflejar "un marcado espíritu de pertenencia.

El acto institucional de la Diada está dirigido por Lluís Danés bajo el título 'Aquesta terra' (Esta tierra), que hace referencia al territorio catalán y desde donde se comparten "luchas con el resto de la humanidad".

Al celebrarse sin público, el acto se grabará en los días previos y se emitirá el 10 de septiembre a las 22.00 horas a través de TV3, y tendrá como escenarios varios puntos del Palau de la Generalitat y la plaza Sant Jaume.

El acto se dividirá en varios temas, dedicados al confinamiento, a las víctimas de la pandemia y al personal sanitario, y actuarán varios artistas como Xavi Lloses, Alfred Tapscott, Montse Colomé, Ivan Benet, el Cor Jove del Orfeó Català, Lídia Pujol, la Escolania de Montserrat, Sopa de Cabra, Suu, Andrés Corchero e In Crescendo.

ACTOS DEL PARLAMENT

Como es habitual, el Parlament entregará la Medalla de Honor de la Cámara catalana en categoría de oro, que este año se dará a los profesionales del sistema de salud de Cataluña, y la entrega se hará en un acto el 10 de septiembre a las 20.00 horas ante el edificio del Parlament, en el que habrá unas diez personas en representación del colectivo, habrá una actuación musical a cargo de Judit Nedderman y una glosa por parte del periodista Jordi Basté.

La Cámara catalana también realizará un acto con motivo del 40 aniversario del restablecimiento del Parlament, que se celebrará el 7 de septiembre a las 18.00 horas al aire libre, y habrá representación de exdiputados.

OFRENDA FLORAL

Budó ha asegurado que todavía no se ha decidido si se hará la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanovas el 11 de septiembre y ha señalado que la Generalitat, el Parlament y el Ayuntamiento de Barcelona están en contacto para buscar un posicionamiento conjunto.

Ha dicho que valorarán "si es conveniente" mantener o cancelar este acto en función de cómo evolucionen los datos epidemiológicos, y ha avisado de que, si se acaba haciendo, será sin público.

Vox ha aprobado la convocatoria de elecciones internas para la renovación de cargos de dirección en 19 provincias en las que cuenta con medio millar o más de afiliados de pleno derecho.

La formación liderada por Santiago Abascal ha acordado esta medida durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido celebrada este lunes en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la formación y el Régimen Interno de Procesos Electorales (RIPE), las provincias.

Tras este paso, este mismo martes ha tenido lugar la convocatoria del proceso electoral, a través del Comité Electoral (CEL), un proceso que concluirá con el escrutinio general del voto el próximo 24 de septiembre y la proclamación de resultados definitivos, el 4 de octubre.

En concreto, los procesos electorales tendrán lugar en las provincias de Madrid, Valencia, Murcia, Alicante, Málaga, Barcelona, Sevilla, Asturias, Toledo, Zaragoza, Cádiz, Baleares, Granada, Almería, Palma, Córdoba, Valladolid, Cantabria y Jaén.

OHL se ha impulsado más de un 16% en la sesión bursátil de este martes, tres días antes de que tenga lugar la junta de bonistas que abordará la reestructuración de sus emisiones de deuda por valor de 593 millones de euros y que, previsiblemente, dará su respaldo para que la sociedad disponga del crédito de 140 millones que logró en abril con aval del ICO.

Los títulos de la compañía participada por los hermanos mexicanos Amodio cerraron la jornada en los 0,72 euros por acción, lo que representa un alza del 16,08% respecto a los 0,62 euros en los que concluyeron la sesión bursátil previa.

Este nuevo empujón a la acción llega antes de que, el próximo viernes 4 de septiembre, la junta de bonistas se reúna definitivamente tras tener que aplazarla hasta en tres ocasiones previamente, la última ocasión por falta de quórum el pasado 4 de agosto.

La finalidad de la reunión es abordar la reestructuración de las dos emisiones de bonos vivas que tiene la sociedad, por importe conjunto de 593 millones de euros, lo que daría a OHL vía libre para acometer su objetivo estratégico de reforzar su balance, con el fin de emprender una nueva senda de crecimiento.

Por ahora, la constructora ha logrado un "contrato de compromiso con ciertos bonistas representativos de la mayoría de sus emisiones de bonos", que se han comprometido a votar a favor de la propuesta para poder disponer de la totalidad del crédito del ICO.

AVANZA SU PROYECTO EN SUECIA

Esta martes, OHL también ha informado de la puesta en operación al tráfico ferroviario de nuevas vías construidas en Suecia, un proyecto que se adjudicó en 2017 en consorcio con NCC y cuyo valor económico asciende a 300 millones de euros.

Se trata, en concreto, del tramo Lund-Arlov, una de las principales vías de comunicación ferroviaria en el país escandinavo, con una intensidad de 450 trenes diarios y 60.000 pasajeros. El proyecto permitirá aumentar la capacidad de la vía a 650 trenes diarios.

El contrato de diseño y construcción inicialmente adjudicado tenía un alcance de ocho kilómetros de vía, pero el pasado mes de abril fue ampliado con otros tres kilómetros adicionales. Para la puesta en operación acometida ahora han participado más de 100 operarios y técnicos.

El Gobierno ha dado luz verde al real decreto por el que se nombra directora general de Evaluación y Cooperación Territorial a María Dolores López Sanz del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria de carrera desde 1987, toda su carrera profesional ha estado vinculada a la educación desde diferentes responsabilidades.

Comenzó su actividad profesional como maestra, ejerciendo en diversas especialidades: Educación Infantil, Educación Primaria y Pedagogía Terapéutica. Ha desempeñado tareas de jefatura de estudios y participado en proyectos de innovación educativa.

Actualmente pertenece al Cuerpo de Inspectores de Educación desde 2005, accediendo por concurso oposición en el 2009, desempeñando puestos como coordinadora de zona y del área de Convivencia y Atención a la Diversidad.

En el ámbito provincial ha sido Coordinadora de Servicios Generales de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en Guadalajara y ha participado como ponente en numerosos cursos de formación del profesorado en prácticas y de directores y directoras.

En la Administración educativa autonómica, ha desempeñado el cargo de Viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla- La Mancha durante la legislatura anterior.

Desde mayo de 2020 pasa a prestar servicios en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y ocupaba el cargo de Subdirectora General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional.

El vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, tacha de "vergüenza" que expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy hayan apoyado al exministro Rodolfo Martín Villa en vísperas de prestar declaración ante la juez Servini, que quiere investigarle por homicidio agravado por los sucesos de Vitoria de 1976.

Además de los cuatro expresidentes del Gobierno, Martín Villa ha aportado cartas de apoyo de numerosos exministros y políticos de la Transición al considerar que lo que está en cuestión no es su papel, como ministro del Interior en aquellos días de 1976, sino todo ese periodo político.

La noticia de los apoyos de los expresidentes, adelantada por 'eldiario.es', ha merecido un tajante mensaje de Pablo Iglesias desde su cuenta de Twitter: "Vergüenza", ha dejado escrito.

También el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, ha criticado esa iniciativa: "¿Qué están pidiendo los firmantes de estos escritos vergonzantes? ¿Que los que hayan participado de los acuerdos de la transición tengan impunidad absoluta incluso aunque pudieran haber cometido delitos de lesa humanidad?", se pregunta.

UNA PENA, DICE ERREJÓN

También Íñigo Errejón, líder de Mas País, se ha referido a este asunto en las redes sociales, criticando los respaldos de Martín Villa.

"Expresidentes y exsindicalistas queriendo influir a la Justicia para proteger a un ministro de la dictadura. El sacrificio de las víctimas no les pertenece. Nuestra dignidad democrática como país tampoco. Qué rabia y, en algunos casos, qué pena", ha escrito.

Los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy -- además de una decena de líderes políticos y sindicales entre los que figuran el ex ministro socialista Josep Borrell y ex secretarios generales de UGT y CC.OO.-- han escrito cartas en apoyo del ex ministro Rodolfo Martín Villa que han sido aportados a la causa por crimenes franquistas entre 1976 y 1978 que investiga la juez argentina María Servini.

La juez tiene previsto interrogar a Martín Villa de forma telemática desde Argentina el próximo jueves, por lo que el exministro ha sido citado a las 16.00 horas en la sede del consulado del país andino en Madrid.

Para los querellantes, los documentos aportados por la defensa de Martín Villa a la causa, en los que se alaba la figura del exmandatario durante la Transición española, constituyen un una injerencia y un " intento burdo y grotesco de ejercitar una presión política sobre la Jueza Servini, inaceptable desde el punto de vista jurídico-procesal y también democrático".

Los testimonios y manifestaciones, a título individual, han sido realizadas además de por los cuatro expresidentes, por las siguientes figuras políticas y sindicales: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: ex Diputado de UCD, de Alianza Popular y del Partido Popular; Miquel Roca Junyent, ex diputado de Convergencia i Unió (ambos padres de la Constitución); Enrique Krauss, ex presidente del Partido Democristiano y ex Ministro del Interior de Chile durante el mandato de Patricio Aylwin.; y por Jaime Gama, ex ministro de Administración Interna (Interior) y ex ministro de Asuntos Exteriores de Portugal.

Completan la lista los ex secretarios generales de UGT Nicolás Redondo Urbieta y Cándido Méndez Rodríguez; a los que se suman los ex secretarios generales de CC.OO. Antonio Gutiérrez Vergara y José María Fidalgo.

También han enviados su carta de apoyo al exministro investigado en argentina Eduardo Serra Rexach, ex ministro de Defensa durante el primero Gobierno de José María Aznar; Rafael Arias-Salgado Montalvo, ex ministro de UCD en el Gobierno de Adolfo Suárez y ex ministro del Partido Popular en el Gobierno de José María Aznar; Juan Van Halen Acedo, miembro del Sindicato Español Universitario (SEU) y ex senador del Partido Popular; Jesús Romero Trillo, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid; Josep Borrell, ex ministro en los Gobiernos de Felipe González y Pedro Sánchez; Jaime Ignacio del Burgo, ex senador de UCD y del Partido Popular y Marcelino Oreja Aguirre, ex ministro de Asuntos Exteriores durante el primero Gobierno de Adolfo Suárez.

Los diferentes testimonios aportados por las personas anteriormente relacionadas alaban la labor política desarrollada durante la Transición como "hacedor de consensos" por Rodolfo Martín Villa, quien va ser interrogado en calidad de imputado por la juez Servini.

Desde Ceaqua, que representa al colectivo de víctimas que ejerce la acusación en este procedimiento, se ha señalado en un comunicado que los testimonios constituyen una injerencia más en una causa que según denuncian ha sido en todo momento obstaculizada por las autoridades españolas, pese a que en ella se acumulan ya más de mil denunciantes.

Recientemente, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dejó sin efecto una orden firmada por su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, de septiembre de 2016, en la que se instaba al fiscal jefe de Madrid a oponerse a la tramitación de comisiones rogatorias relacionadas con la causa abierta en Argentina, con el objetivo de evitar poner trabas a los procedimientos que requieren cooperación jurídica internacional.

En este caso concreto de la querella Argentina, la decisión de Delgado supone á dar cumplimiento al Convenio de Cooperación en materia de justicia penal que existe entre España y Argentina, según la nueva orden de la Fiscalía General española.

HECHOS INVESTIGADOS

Servini pretende determinar las posibles responsabilidades de Martín Villa en presuntos crímenes del régimen franquista, como la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria.

La coordinadora Ceaqua también le imputa responsabilidad en la muerte de Rafael Gómez Jáuregui en Rentería; de José Luis Cano Pérez en Pamplona; de Francisco Javier Núñez en Bilbao -todas ellas ocurridas en 1977-, así como de ; de José María Zabala Erasun en Hondarribia y de María Norma Menchaca en Santurce, ambas un año antes. También piden aclarar loos sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona en julio de 1978 durante la celebración de las Fiestas de San Fermín.

El último intento de la juez Servini de interrogar a Martín Villa fue del pasado mes de marzo, cuando solicitó viajar a nuestro país el día 20 de ese mes mediante un escrito dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto. La crisis del covid-19 dio al traste con esta visita y con su posterior aplazamiento al mes de mayo.

El Partido Popular y su extesorero Luis Bárcenas han recurrido la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, de prorrogar la investigación sobre el caso conocido como 'los papeles de Bárcenas' --o 'Caja B' del PP-- al entender que la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece un nuevo sistema de plazos para la instrucción de los procesos penales, no es aplicable en este causa porque el plazo de instrucción "ha de tenerse por agotado desde el pasado 31 de diciembre de 2019".

En el recurso de apelación del PP ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se recuerda que ya el 27 de julio de 2018, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal resolvió fijar la conclusión de la instrucción para ese último día de 2019. Por su parte, según fuentes de la defensa de Bárcenas consultadas por Europa Press, el recurso del extesorero sigue esa misma línea.

De la Mata, por contra, decidía a finales de agosto alargar el plazo doce meses a contar desde el 29 de julio de modo que el plazo ordinario de investigación judicial finalizara el día 29 de julio de 2021, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses que pudieran acordarse.

Pero el PP recalca que la reforma del artículo de la LeCrim no resulta de aplicación a los procedimientos que, como en este caso, "han agotado el plazo máximo de instrucción con anterioridad a su entrada en vigor el pasado 29 de julio de 2020".

EL PLAZO EXPIRÓ SOBRADAMENTE HACE OCHO MESES

Al hilo, recuerdan que el plazo expiró ocho meses antes de que entrara en vigor la referida Ley, por lo que no se está ante un proceso en tramitación a la entrada en vigor de la Ley 2/2020 tal y como exige su Disposición Transitoria, sino que se trata de una instrucción "cuyo plazo ha expirado sobradamente".

Advierten así de que "una interpretación forzada" de la nueva ley "inevitablemente atenta contra los Derechos Fundamentales reconocidos y garantizados por nuestra Carta Magna". De este modo, señalan que con esta extensión de De la Mata, se atenta "contra el principio de invariabilidad de resoluciones judiciales firmes", consecuencia del principio de seguridad jurídica que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva amparado en el artículo 9.3 de la Constitución.

A esto, suman que la decisión de ampliar el plazo hasta julio de 2021 es "extemporánea, resulta injustificada y desproporcionada". De hecho, añaden que es evidente que la resolución del juzgado "adolece de un reprochable déficit de motivación", y abundan en que esto contraviene el derecho de defensa porque los motivos de la prórroga son "inatacables" al ser desconocidos.

DERECHO A LA DEFENSA

En este sentido, desde la defensa del PP recuerdan que el artículo 120.3 de la Constitución "impone un deber de motivación de las resoluciones judiciales" que está ligado también al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva --artículo 24.1 de la Constitución--.

Y recuerdan a De la Mata que prolongar excesivamente un procedimiento penal "trae consigo perniciosos e irreparables consecuencias", en especial para los investigados porque, añaden citando el preámbulo de la Ley 2/2020 por la que se modifica el artículo 324, "el proceso penal es en sí mismo una pena que comporta aflicción y costes para el imputado".

El juez José de la Mata abrió esta pieza separada en marzo de 2017 para seguir indagando sobre la presunta financiación irregular del PP, después de que el 'cabecilla' de la Gürtel, Francisco Correa, revelara en el juicio por la primera época de actividades de la red corrupta que algunas constructoras recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros, a cambio de comisiones.

El Gobierno nacional ha suscrito un convenio con el Servicio de Salud de Castilla La Mancha (Sescam) y el Servicio Canario de la Salud (SCS), para el proyecto 'ISOHCE - Modelo HCE Estándar, Interoperable y Multirregional', con un presupuesto global de 6,73 millones de euros y un presupuesto financiable de 5,38 millones de euros, de los que el Ministerio de Ciencia e Innovación aporta 4,46 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado un total de 12 acuerdos por los que autoriza la suscripción de otros tantos convenios entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y diferentes consejerías de Gobiernos autonómicos y entidades públicas para la puesta en marcha de proyectos innovadores cofinanciados a través del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo.

El presupuesto financiable alcanza los 5.382.500 euros, de los que 3 millones de euros corresponden a actuaciones del Servicio Canario de Salud, y 2.382.500 euros, al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

El convenio establece que el Ministerio de Ciencia e Innovación financiará, mediante un anticipo reembolsable, a través del Fondo de Desarrollo Regional (Feder) del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, un 85%, es decir, 2,55 millones de euros, del presupuesto financiable para el SCS y un 80% del presupuesto financiable para el Sescam, es decir, 1.906.000 euros. En cuanto a la aportación nacional, el Servicio Canario de Salud aportará el 15% restante (450.000 euros) y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha aportará el 20% restante (476.500 euros) con cargo a fondos propios.

El objetivo de este proyecto se enmarca en la necesidad de disponer de nuevas funcionalidades de historia clínica electrónica (HCE) para profesionales y ciudadanos (ayuda a la decisión clínica, multilingüismo, movilidad, redes sociales, big data o Internet de las cosas), que resuelvan las actuales dificultades y limitaciones que supone el uso de HCE fragmentadas y con graves trabas para desarrollar servicios sanitarios interconectados, y sistemas de información interoperables, que garanticen la continuidad asistencial y la seguridad clínica.

Este proyecto propone desarrollar un nuevo modelo bajo un marco de referencia estándar, multiregional e interoperable, frente a instalar una nueva solución de mercado y modelo de datos propietario que conlleve un nuevo ciclo de esfuerzo para la organización y migración con pérdida de datos.

OTROS PROYECTOS

En total, los 12 proyectos aprobados por el Consejo de Ministros alcanzan los 86,4 millones de presupuesto, de los que 69,9 millones es el presupuesto sujeto a cofinanciación. El Ministerio de Ciencia e Innovación aportará, mediante anticipos reembolsables, 51,3 millones de euros, a través de los fondos FEDER, en virtud de una tasa de cofinanciación que oscila entre el 50 y el 85 por ciento. El resto del presupuesto lo aportarán las entidades firmantes, con cargo a fondos propios.

Se trata del convenio con el ente público Augas de Galicia para el proyecto 'Gestión avanzada de los recursos hídricos gallegos INNOVAUGAS 4.0', con un presupuesto global de 9,5 millones de euros y un presupuesto financiable de 7 millones, de los que el Ministerio de Ciencia e Innovación aporta 4,2 millones.

Asimismo, se ha suscrito el convenio con la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) de la Junta de Andalucía, para el proyecto 'Equipos Intervención Ligeros Emergencias Sanitarias (EQUILIN)', con un presupuesto global de 1,5 millones de euros y un presupuesto financiable de 1 millón, de los que el Ministerio de Ciencia a Innovación aporta 800.000 euros.

Del mismo modo, el Ministerio ha firmado el convenio con la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (CSUISP), para el proyecto 'Imagen molecular de alta sensibilidad y baja dosis (IMAS)', con un presupuesto global de 12,25 millones de euros y un presupuesto financiable de 7,5 millones, de los que el Ministerio de Ciencia e Innovación aporta 3,75 millones de euros.

Otro de los convenios suscritos ha sido con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CSCM), para el proyecto 'Arquitectura de datos de salud para el aprendizaje (INFOBANC)', con un presupuesto global de 2,82 millones de euros y un presupuesto financiable de 2,5 millones de euros, de los que el Ministerio de Ciencia e Innovación aporta 1,25 millones de euros.

Del mismo modo, se ha firmado el convenio con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CSCM), para el proyecto 'Modelo TIC para la mejora de la capacidad intrínseca (INTEGRACAM)', con un presupuesto global de 2,78 millones de euros y un presupuesto financiable de 2,5 millones de euros, de los que el Ministerio de Ciencia e Innovación aporta 1,25 millones de euros.

Otro convenio es con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CSCM), para el proyecto 'Plataforma y sistema experto de estudios genómicos (MEDIGENOMICS)', con un presupuesto global de 2,9 millones de euros y un presupuesto financiable de 2,5 millones de euros, de los que el Ministerio de Ciencia e Innovación aporta 1,25 millones de euros.

También se incluye el convenio con el Servicio Canario de la Salud (SCS) y la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana (CSUISP), para el proyecto 'Medicina Personalizada - Big Data (MEDP - Big Data), con un presupuesto global de 6,28 millones de euros y un presupuesto financiable de 5,83 millones de euros, de los que el Ministerio de Ciencia e Innovación aporta 4,26 millones de euros.

El Ministerio también ha firmado el convenio con el Servicio Gallego de Salud (SGS) para el proyecto 'Sanidad Servicio de Microbiología 4.0 (Saude 4.0: MICROBIOLOGÍA), con un presupuesto global de 6,2 millones de euros y un presupuesto financiable de 5,7 millones de euros, de los que el Ministerio de Ciencia e Innovación aporta 4,56 millones de euros.

Además, ha firmado un convenio con la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) para el proyecto 'Sistemas de cirugía robótica de mínima invasión (TREMIRS)', con un presupuesto global de 7,76 millones de euros y un presupuesto financiable de 7,34 millones de euros, de los que el Ministerio de Ciencia e Innovación aporta 5,88 millones de euros.

Otro ha sido el convenio con el Servicio Canario de la Salud (SCS) y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CSCM) para el proyecto 'Sistema de diagnóstico y detección del virus del Zika (ZIKAD)', con un presupuesto global de 3,19 millones de euros y un presupuesto financiable de 2,59 millones de euros, de los que el Ministerio de Ciencia e Innovación aporta 1,81 millones de euros.

Finalmente, ha firmado el convenio con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) para el proyecto 'Programa integral de innovación en Salvamento Marítimo (iSAR)', con un presupuesto global de 24,48 millones de euros y un presupuesto financiable de 20,98 millones de euros, de los que el Ministerio de Ciencia e Innovación aporta 17,83 millones de euros.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha destacado este martes que el pacto de Gobierno alcanzado con el PSE-EE permite encarar, "con fortaleza renovada, la batalla" contra la pandemia del coronavirus, cuando "vuelve a golpear con virulencia" a Euskadi. Además, ha pedido a la oposición que esté "a la altura de las circunstancias" y que sume su fuerza a la del Ejecutivo Vasco desde "la colaboración, lealtad y responsabilidad que demanda la situación".

Ortuzar, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, y el Lehendakari, Iñigo Urkullu, han suscrito en el Parlamento Vasco el acuerdo de gobernabilidad, por el que jeltzales y socialistas reeditan su coalición en el Gobierno Vasco para esta legislatura, que ayer recibió el respaldo de la Asamblea Nacional jeltzale y de las bases socialistas.

Tras el acto de firma del pacto, el presidente del EBB ha destacado que se trata de "un acuerdo programático y un acuerdo efectivo de Gobierno de coalición para la decimosegunda legislatura autonómica".

En este sentido, ha recordado que, durante toda la campaña electoral, su partido puso "un especial énfasis en la necesidad de conformar, a la mayor brevedad posible, un Gobierno sólido y fuerte que pudiera hacer frente cuanto antes, y con la mayor determinación, a la grave situación" que afrontan las instituciones y la ciudadanía vascas, como son la crisis sanitaria, económica y social "sin precedentes" que ha generado la pandemia de la covid-19.

El líder del PNV ha destacado que han pasado 51 días exactamente desde que se celebraran las elecciones vascas, menos de dos meses, y ya se presenta el acuerdo de Gobierno de coalición. "Si hubiese imperado el criterio de otras formaciones políticas, Euskadi estaría hoy en puertas de una campaña electoral que habría desembocado en elecciones a finales de septiembre y, si acaso, en la formación de un Gobierno en el entorno de las Navidades", ha subrayado, en alusión a formaciones como EH Bildo o Elkarrekin Podemos que rechazaban que los comicios fueran en julio.

Andoni Ortuzar ha subrayado que "el tiempo ha demostrado que aquel planteamiento era erróneo". Ahora que la pandemia vuelve a golpear con virulencia a Euskadi, al Estado y a Europa, PNV y PSE-EE estamos endisposición de presentar ante la ciudadanía vasca un acuerdo quenos va a permitir encarar desde ya y con fortaleza renovada, labatalla contra la pandemia y la tarea de la recuperacióneconómica del país", ha manifestado.

El presidente del PNV se ha felicitado "por la rapidez y celeridad" con que ambas formaciones han culminado "una tarea que no siempre resulta sencilla", como es la "acordar entre diferentes". "Y nos congratulamos también porque la otra premisa, la solidez y fortaleza que demandábamos para el nuevo Gobierno Vasco ante la magnitud del desafío que afronta, queda también plenamente garantizada con este acuerdo", ha asegurado.

MAYORÍA SÓLIDA

Ortuzar ha indicado que, "por expreso deseo de una amplia mayoría de vascas y vascos", el próximo Ejecutivo contará, en su acción gubernativa y en su impulso legislativo, "con una sólida mayoría" en la Cámara que conforman las 31 parlamentarios de PNV y los 10 de PSE-EE.

"Aspiramos, porque además de posible es conveniente, aque el resto del arco parlamentario sepa estar a la altura de lascircunstancias en esta hora crítica y sume su fuerza a la delGobierno Vasco desde la colaboración, la lealtad y laresponsabilidad que demanda esta situación", ha dicho.

Del mismo modo, ha remarcado que jeltzales y socialistas son "plenamente conscientes de que tampoco es tiempo ni de rodillo ni de imposiciones". "Es esta una certeza que compartimos ambos partidos, por lo que hoy tendemos nuestra mano a la colaboración a EH Bildu, aElkarrekin Podemos y al PP", ha añadido.

Por ello, "conscientes de la gravedad de la situación y de la trascendencia de las decisiones a adoptar", PNV y PSE-EE han queridodefinir en el acuerdo que las decisiones "más apremiantes" que debe abordar el próximo Ejecutivo, "y acelerar las reformas sobre la base ya avanzada de la experiencia anterior, sobre cuatro ejes vertebradores: lo urgente, lo importante, lo responsable y lo pendiente".

En este sentido, ha explicado que "lo urgente" es la prosperidad, desarrollar una estrategia que apueste por la recuperación del empleo, la mejora de la calidad del mismo y la reactivación económica para superar los efectos negativos de la pandemia de la covid-19.

También ha subrayado que "lo importante" son las personas porque suponen "el elemento fundamental del compromiso político de la acción del nuevo Gobierno". Nuestro compromiso es consolidar y reforzar los servicios públicos de salud y educación, y garantizar todas las políticas sociales que contribuyan al desarrollo humano de la sociedad vasca", ha manifestado.

Asimismo, considera que "lo responsable" es el planeta. "La sociedad vasca debe aportar su contribución para lograr la recuperación del equilibrio del planeta. Manifestamos nuestro compromiso con una transición energética y climática justa, la apuesta por las energías renovables, la conservación del medio natural y la biodiversidad y el impulso de la economía circular", ha indicado.

En cuanto a "lo pendiente", ha aludido a la convivencia, autogobierno y Derechos Humanos. "Remarcamos la necesidad de seguir trabajando en la tarea pendiente de consolidar la convivencia, la justicia y la seguridadde las personas, defender los Derechos Humanos, así comodefender el autogobierno y el cumplimiento íntegro del Estatutode Gernika y lograr un nuevo pacto estatutario para una nuevageneración", ha puntualizado.

Por ello, ha querido poner en valor que, con este acuerdo, cumplen "la palabra dada a la ciudadanía vasca" porque se dota al próximo Gobierno "de una clara hoja de ruta ante una situación política, económica y social muy completa", y se establecen establecemos objetivos y compromisos concretos. "PNV se siente contento y comprometido con este acuerdo, que creemos que es lo que necesita Euskadi los cuatro próximos años", ha concluido.