El conseller de Educación de la Generalitat catalanas, Josep Bargalló, ha explicado este jueves que, si se decretara un confinamiento que restrinja la movilidad las escuelas catalanas, estarían abiertas todo el curso y se mantendrían para que puedan ir alumnos hijos de trabajadores de servicios esenciales.

En rueda de prensa junto a los consellers Chakir el Homrani y Alba Vergés, ha explicado que también estaría abierto el servicio de comedor en caso de que deba cesar la actividad lectiva del centro por cuarentena de todos los grupos estables, para que el alumnado tenga derecho a la comida escolar.

Si hay confinamiento con la movilidad restringida, la escuela podría acoger, en su función de "guardia y custodia", a los alumnos con padres que trabajen en servicios esenciales, afectando básicamente a los de Infantil y Primaria.

En caso de que se produzca una cuarentena de los grupos, servicios de la escuela, como la cocina y el cátering, seguirían activos y los familiares no cuarantenados podrían recoger la comida en el centro o, si hubiera imposibilidad, se distribuiría en los domicilios.

De esta manera quieren estar "al lado de las familias más vulnerables", y ha añadido que, si se tiene que actuar de guardia y custodia de alumnos con padres trabajadores de servicios esenciales, se deberá designar qué profesorado se considera también esencial.

Bargalló ha dicho que las cuarentenas de grupos o los cierres están protocolarizados, y que desde este miércoles los centros educativos catalanes están adscritos a un ambulatorio y la semana que viene recibirán comunicación de su personal de referencia.

ALBA VERGÉS

La consellera Vergés ha insistido en que la escuela durará todo el curso y que la ciudadanía debe ser consciente del riesgo alto de transmisión: "¿En la escuela habrá casos? Probablemente. ¿Será descontrolado? No".

Ha remarcado que, aunque la situación actual es de estabilidad, no puede haber relajación; ha insistido en la reducción de la interacción social y en el cumplimiento de los aislamientos, y ha abogado por una reducción de la incidencia para llegar en las mejores condiciones al 14 de septiembre.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha asegurado este jueves que ni Castilla-La Mancha ni Castilla y León han pedido en ningún momento el confinamiento perimetral de Madrid y ha aclarado que la mayor preocupación y exigencia de la comunidad castellano y leonesa está en el transporte colectivo, como el AVE, para el que ha pedido al Gobierno de la nación "máximo cuidado" y que se refuercen todas las medidas de "control e higiene".

"Cada vez están más llenos los AVE, todas las plazas están cubiertas y vendidas y tenemos la sensación de que, probablemente, no se cumplan todas las medidas de seguridad y nos parece que es importante de cara al momento al que vamos", ha manifestado en concreto en referencia a las enfermedades de transmisión propias del otoño-invierno.

De este modo se ha pronunciado Casado a preguntas de los periodistas respecto a la reunión convocada por el Ministerio de Sanidad con las comunidades de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha en la que, según ha explicado, cada uno de los territorios puso sobre la mesa las medidas que está tomando para frenar los rebrotes de coronavirus y se puso a disposición de las comunidades vecinas.

Casado ha explicado asimismo que Castilla y León ha apoyado a Madrid cuando ha advertido de que le "preocupa" que el aeropuerto de Barajas incida en la propagación del virus para añadir que en el caso de la comunidad castellanoleonesa su preocupación está en los traslados y en la movilidad colectiva.

Preguntada sobre si se siente cómoda con las medidas que ha adoptado la Comunidad de Madrid y si sería partidaria de medidas más restrictivas, como las que ha decretado la Junta de Castilla y León en Salamanca y en Valladolid, Casado ha aclarado que la incomoda la situación epidemiológica de "toda España" y no sólo la de Madrid y ha explicado al respecto que han llegado 135.000 tarjetas sanitarias tanto de la comunidad madrileña como de País Vasco o Cataluña.

"Evidentemente Madrid nos preocupa porque está muy cerca de nosotros y por eso nos preocupa la movilidad", ha manifestado Casado que ha apuntado a la posibilidad de que esa comunidad adopte "medidas concretas" entre hoy y mañana.

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha evitado pronunciarse sobre la referencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la "bomba vírica" que puede representar la situación de Madrid y ha abogado por centrarse en "trabajar con lealtad" desde cada autonomía para ser responsables y proponer medidas cuando sea necesario pero "sin alimentar polémicas públicas".

"Cualquier responsable público en este momento su objetivo principal está en intentar disminuir el daño en su comunidad, en la comunidad de alrededor y en el conjunto del país", ha considerado el portavoz que ha recordado que el único responsable de lo que está ocurriendo en España es "un virus" por lo que ha animado a tomar medidas sin alimentar polémicas.

Igea ha sido tajante al asegurar que la Junta de Castilla y León no hace distinciones entre territorios de cara a las medidas "razonables" que hay que aplicar para frenar la proliferación del virus.

"Proponemos las mismas medidas a todo el mundo porque creemos que son eficaces", ha aseverado el vicepresidente que ha reconocido que hay medidas más fáciles de llevar a cabo en función del tamaño del territorio donde se apliquen.

Un total de 794.243 alumnos de la Comunitat Valenciana comenzarán un curso 2020-2021 "extraordinario" por la COVID-19. La cifra supone que habrá en las aulas valencianas 4.035 estudiantes más que en el ejercicio 2019-2020, un incremento del 0,51%.

Por provincias, 410.993 estudiantes corresponden a la de Valencia (+0,43%); 288.823 en Alicante (un 0,64% más) y 94.427 en la demarcación de Castellón (+0,44%).

Junto a ellos, en los 1.845 centros sostenidos con fondos públicos --1.425 de la red pública y 420 de la concertada-- estarán 76.063 docentes, un aumento del 6,1% debido a la contratación de 4.374 profesionales (2.079 en la provincia de Valencia; 1.670 en la de Alicante y 625 en la de Castellón) para atender a la nueva organización 'anticoronavirus'.

Esto ha permitido crear más de 3.000 nuevos grupos de alumnos por desdobles al bajar las ratios (hay que recordar que los grupos burbuja en Infantil y hasta segundo de Primaria tienen un máximo de 20 alumnos). También crece la nómina de monitores de comedor, en 3.003 más.

Estos son algunos de las claves del nuevo curso que empezará el próximo lunes, 7 de septiembre, en la Comunitat Valenciana y cuya entrada se hará de manera escalonada hasta el día 11, ya que la primera semana será crucial "para adoptar las nuevas rutinas para prevenir los contagios masivos de Covid", ha recalcado el conseller de Educación, Vicent Marzà, en una rueda de prensa para presentar las cifras del curso --bajo el lema 'Aquest curs, amb tota seguretat, tornem amb ganes'-- en la que ha estado acompañado por el secretario autonómico del ramo, Miguel Soler.

Marzà ha subrayado que "no se trata de un curso ordinario, sino excepcional y por eso se han organizado todos los centros de manera extraordinaria" bajo unas "premisas básicas: seguridad, salud y crecimiento educativo. Asimismo, ha aseverado que el modelo de la Comunitat "está preparado para todos los escenarios", incluido el de un empeoramiento de la pandemia o la necesidad de volver a la enseñanza telemática.

En este sentido, ha recordado que el Plan Mulan de formación a distancia ha crecido hasta las 44.600 aulas virtuales WebEx y los centros dispondrán de 30.000 tablets con conexión a internet para alumnado en situación de vulnerabilidad con el objetivo de que se puede mantener el horario.

FORMACIÓN Y TOMA DE TEMPERATURA

Asimismo, los centros han designado a unas 2.000 personas como 'responsables Covid' que ya la semana que viene comenzarán a recibir formación específica sobre detección de síntomas y pautas a seguir. La administración ha adquirido 50.000 termómetros (los 10.000 primeros se distribuirán a partir de la semana que viene) ya que, aunque se cuenta con el compromiso de las familias de tomar la temperatura para comprobar que no supera los 37,5 grados, los centros también podrán hacer ese control. Igualmente, se ha comprado material de protección: 3 millones de mascarillas, 86.000 litros de gel hidroalcohólico y un refuerzo de la limpieza y desinfección.

Marzà y Soler han resaltado que sin el aumento de profesorado registrado en los últimos años --se ha pasado de los 63.820 docentes en el curso 2014-2015 a los más de 76.000 de la actualidad-- habría sido aún más difícil atender a la necesidades causadas por la pandemia. Además, han precisado que la totalidad de los nuevos docentes contratados en los colegios públicos y la práctica totalidad de los de la concertada están ya adjudicados y conocen la tarea que realizarán.

Sobre el sistema de cobertura de bajas, el secretario autonómico ha afirmado que hay "poco margen de mejora", ya que actualmente hay tres adjudicaciones semanales. Acerca de qué pasará cuando un docente tenga que aislarse, Soler ha agregado que si es porque ha dado positivo en Covid se activará automáticamente la baja laboral y en el caso de que sea una cuarentena por contacto la cobertura "dependerá de la situación concreta".

Para la puesta en marcha de las medidas se cuenta con una inversión económica extraordinaria de 207 millones de euros, además de los 9 millones a los ayuntamientos para realizar extraescolares. En el nuevo curso, la inversión pública por alumno será de 438 euros más, según recalca la Conselleria.

Preguntado por las familias que piensen en no llevar a sus hijos a clase por miedo, el conseller Marzà ha manifestado: "Nuestra apuesta es hacer pedagogía para que vean que sus niños están mucho más seguros en los centros educativos, con las medidas y la coordinación con Salud Pública, que en cualquier otro espacio de socialización". Ha apuntado que el Ministerio ha pedido un informe a la Abogacía del Estado para estudiar qué consecuencias podría temer esa acción y que es algo solicitado por todas las autonomías "sin distinción de color político", ya que todas están de acuerdo en la importancia de la presencialidad.

Durante la rueda de prensa, se han expuesto algunas cuestiones concretas, como qué ocurre con la clase de Educación Física. Al respecto, Marzà ha detallado que en esta área "se promoverán actividades individuales para reducir las interacciones y aquellas modalidades de equipo que formen parte del currículum se podrán desarrollar al aire libre extremando las medidas de higiene". No se mezclarán los grupos.

El conseller se ha referido también a los centros de Secundaria, que "no pueden estar masificados". Por esta razón, se establece que primero de la ESO, los grupos de refuerzo (PMAR4, PR4 y PAC) y la FP Básica asistan cada día a clase, mientras que los grupos de segundo a cuarto de la ESO, Bachillerato y FP que no puedan asegurar la distancia de 1,5 metros podrán acudir a clase en días alternos.

En el caso de segundo Bachillerato, Marzà ha dicho entender "la inquietud" de estos alumnos que se preparan para el acceso de la universidad, pero ha recalcado que existe el precedente de las pruebas de este año y se ha mostrado convencido de que se trabajarán y mantendrá la mayor optatividad en los exámenes.

BARRACONES

En cuanto a los alumnos que estarán este curso en aulas prefabricadas, Marzà ha hecho notar que cuando accedió al cargo encontró "más de 8.000 niños en centros íntegramente en barracones que, además, eran crónicos, y, de ellos, ahora 6.000 están en aulas dignas; el resto, unos 2.000 estudiantes que estaban en los barracones estructurales, corresponden a centros que están construyéndose o a punto de comenzar la construcción".

Sobre las infraestructuras, Miguel Soler ha puntualizado que "las modificaciones del Plan Edificant se ajustan a lo que realmente se puede ejecutar". "El presupuesto sigue estando, lo que se hace es reprogramarlo porque un ayuntamiento comunica que no lo puede ejecutar".

En este ámbito, 8 centros educativos nuevos abren las puertas en 2020-21 con una inversión total de 27 millones y a lo largo del curso otros 6 estarán en construcción con una dotación de 31,5 millones.

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha anunciado un acuerdo con el presidente Pedro Sánchez para retomar ya las reuniones de la mesa de diálogo sobre Cataluña y, a expensas de que los dos Gobiernos acuerden una fecha, los republicanos ya hablan de celebrarla a mediados de septiembre.

Tras una reunión de poco más de una hora en Moncloa, Rufián ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso y, según ha dicho, la principal coincidencia ha sido el deseo de retomar ese diálogo sobre el futuro de Cataluña.

La mesa de diálogo sobre Cataluña fue el compromiso que ERC arrancó al PSOE para permitir la investidura de Pedro Sánchez, pero sólo llegó a celebrar una primera reunión, antes de la crisis del coronavirus. Este martes, el Gobierno reiteró su disponibilidad y dijo que "el problema" para poner fecha era el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Para Rufián, el hecho de que las conversaciones se retomen es "muy positivo" porque es hora de "pasar de la foto, que está bien y es didáctico, a algo efectivo, a la utilidad". La fecha corresponde a los dos gobiernos pero, a su juicio, la idea es celebrar esa segunda cita a mediados de septiembre.

Preguntado si será antes o después del día 17, que es la fecha en que está previsto que el Supremo resuelva el recurso del president contra su condena de inhabilitación, Rufián ha asegurado que es "poco prudente" concretar un día, ya que afecta a dos gobiernos y cuatro partidos. "Entendemos que sería bueno lo antes posible", ha insistido, remarcando que hay una "ventana de oportunidad" a mediados y que la pandemia no puede posponer los demás problemas, como el "conflicto político" de Cataluña.

NO CONTEMPLA QUE TORRA SE NIEGUE

En todo caso "no contempla" la posibilidad de que sea Quim Torra quien se niegue a celebrar esa reunión, pues en su opinión eso sería "la antipolítica". "El diálogo es la única vía, no hay más alternativa --ha enfatizado--. Oriol Junqueras ya dijo que queremos ganar y para ganar hay que elegir los tiempos, intentar aglutinar cada vez más apoyos y no llevar a la frustración de la gente.

Según ha dicho, en la mesa de diálogo Esquerra mantendrá su propuesta de "amnistía y referéndum", pero aseguran estar dispuestos a "escuchar otras propuestas políticas". Y aunque no quiere hablar de "líneas rojas ni de de testosterona", entiende que el Gobierno no puede pedirles un apoyo a los Presupuestos si antes no cumplen con la promesa de negociar en esa la mesa de diálogo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige al Gobierno seguridad jurídica y una cobertura a los progenitores cuyos hijos estén en cuarentena por COVID-19 o sospecha de Covid, sin que ello suponga ninguna pérdida en sus condiciones laborales y retributivas.

• CSIF ha dirigido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que lamenta las "contradicciones" entre la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sobre el derecho a la cobertura en estas situaciones.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló este martes que los padres que han de cuidar a sus hijos en cuarentena, pero que tienen una PCR negativa en Covid-19, no tienen derecho a una baja laboral retribuida.

Sin embargo, este miércoles, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, garantizó en una entrevista que los padres con hijos en cuarenta y PCR negativa podrán cobrar también la baja por incapacidad temporal.

El sindicato recuerda que el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales establece el aislamiento de todos los casos sospechosos.

Por ello, considera necesario que se dé certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos, aclarando cuáles serán las medidas para garantizar la cuarentena y cuidado de los hijos menores o personas dependientes en caso de haber contraído la enfermedad o en aquellos casos que son considerados contactos estrechos.

Asimismo, CSIF solicita que se adopten las medidas necesarias para asegurar a las personas trabajadoras que resulten afectadas por esta situación, la conciliación de la vida laboral y familiar, así como el ejercicio de los cuidados y custodia para familiares y personas dependientes, sin que ello suponga ninguna pérdida en sus condiciones laborales y retributivas.

Los candidatos a las presidencias de las Salas Tercera (Contencioso-Administrativo), Cuarta (Social) y Quinta (de lo Militar) del Tribunal Supremo comparecerán la próxima semana ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exponer su currículo y su proyecto antes de que este órgano se reúna para discutir si procede a la elección de quienes cubrirán esos puestos vacantes o continúa esperando la renovación del órgano.

Fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, señalan que se trata de un trámite previo que no tiene que ver con la decisión final de los nombramientos, sobre lo que se decidirá a finales de este mismo mes. De hecho, ya en julio el pleno del CGPJ acordó postergar la votación de cinco nombramientos discrecionales "ante la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación del órgano de gobierno de los jueces", cuyo mandato venció hace más de año y medio.

En esa ocasión las plazas a renovar eran tres de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia Provincial de Orense.

En enero también se aplazaron nombramientos de cargos judiciales "en la confianza de una pronta renovación de la institución".

Ahora, y ante el bloqueo actual entre partidos para acordar la renovación de los miembros del CGPJ --el PP se niega a negociar mientras Podemos siga formando parte del Gobierno--, deberán decidir si continúan aplazando los nombramientos paralizados o no.

ENTREVISTAS PARA VARIOS TRIBUNALES

De momento, la Comisión Permanente continuará también entrevistando a lo largo del mes de septiembre a los aspirantes a presidir el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Málaga) y la Audiencia Provincial de Cáceres.

Las comparecencias comenzarán el martes 8 con las de Eduardo Calvo Rojas, María del Pilar Teso Gamella y César Tolosa Tribiño, todos magistrados de la Sala Tercera del TS y que aspiran a la presidencia de la misma. Ese mismo día, serán examinadas los candidatos a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, José Ramón Chaves García y David Ordóñez Solís.

El miércoles será el turno de las candidatas a la presidencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, María Lourdes Arastey Sahún y María Luisa Segoviano Astaburuaga. Y ese mismo día también comparecerán para exponer su candidatura los aspirantes a presidir la Sala Quinta del Tribunal Supremo, que son Jacobo Barja de Quiroga López y Julián Artemio Sánchez Melgar.

También el miércoles se examina al aspirante a presidir la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que es Manuel Martín Hernández-Carrillo.

Y entre el lunes 14 de septiembre y el martes será el turno para los candidatos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco: Garbiñe Biurrun Mancisidor, Edorta Josu Echarandio Herrera, Antonio García Martínez, Luis Ángel Garrido Bengoechea, María Mercedes Guerrero Romeo y José Ignacio Subijana Zunzunegui.

Ese mismo martes también arranca el examen de los aspirantes a presidir la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que son José Pablo Aramendi Sánchez, Ramón Gallo Llanos y Emilia Ruiz Jarabo. Por último, será el turno de los aspirantes a la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres: María Luz Charco Gómez, Rafael Estévez Benito, Joaquín González Casso y Valentín Pérez Aparicio.

Gogora-Instituto Vasco de la Memoria se hará cargo de los trabajos que realizó durante la pasada legislatura la Ponencia de Memoria y Convivencia, al estar presentes en este organismo todos los partidos con representación parlamentaria, y desarrollará un pacto social de convivencia "transversal", basado en la premisa de que, "ni antes ni ahora ni en el futuro, ninguna razón política puede justificar el terrorismo o cualquier otra vulneración de derechos".

Así se plasma en el pacto de Gobierno alcanzado entre el PNV y el PSE-EE que, además, apuesta por una política penitenciaria basada en la reinserción y que favorezca el acercamiento de los presos, en los términos de "orientados en la Constitución y la legalidad penitenciaria", y en colaboración con el Gobierno del Estado.

El capítulo del acuerdo entre socialistas y jeltzales dedicado a 'convivencia y derechos humanos' recuerda que Euskadi "ha dejado atrás un pasado de terrorismo, violencia y división", tras el cese definitivo de la actividad de ETA el 20 de octubre de 2011, y la posterior disolución de la banda en 2018.

PNV y PSE-EE manifiestan, en el texto, su determinación de continuar "con un proceso de cooperación con el objetivo de consolidar sólidamente la paz y la normalización de la convivencia".

En este sentido, denuncian "la ilegitimidad de la violencia para conseguir fines políticos", y reafirman su compromiso "con el respeto escrupuloso de los derechos humanos, aceptando, sin matices, la dignidad igual de todos y cada uno de los ciudadanos, por encima de ideologías o sentimientos de pertenencia, así como la defensa de la pluralidad".

"Seguimos comprometidos a construir la convivencia desde la verdad, la memoria y la justicia, promoviendo una reflexión plural en la que quede nítidamente expresado que ningún argumento, ni un contexto o teoría del conflicto, ni una tesis sobre bandos enfrentados, ni la denuncia de vulneraciones de signo diferente, ni una razón de Estado, ni la prevalencia del futuro, puede ser invocado para minimizar, justificar o legitimar la violencia de ETA, ni ninguna otra violación de los derechos humanos", indican.

Por ello, abogan por que "la memoria y el honor de las víctimas no queden relegados por una mirada al futuro que olvide el pasado". Además, trabajarán para que, "desde el diálogo y consenso con ellas, todas reciban el reconocimiento y la reparación que merecen, sin exclusiones y sin establecer paralelismos sobre las causas de su victimización".

PRESOS Y POLÍTICA PENITENCIARIA

A su juicio, la normalización de la convivencia debe abordar, "dentro del marco de posibilidades legales, la cuestión de los presos, política penitenciaria y la reinserción".

En esta línea, expresan su determinación para que el fin del terrorismo y de la violencia "se transformen en integración y vertebración social de la convivencia, mediante el compromiso con los valores del diálogo, la educación en Derechos Humanos y la cultura democrática.

"Es el momento de reiterar nuestra voluntad compartida de consolidar una convivencia justa, pacífica e inclusiva, basada en la memoria de la injusticia del daño causado, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo", señalan.

PLAN ESTRATÉGICO DE CONVIVENCIA

Sobre estas premisas, el proyecto de convivencia del Gobierno Vasco se canalizará mediante un plan estratégico de convivencia y derechos humanos que se estructurará en dos grandes ámbitos: la agenda vasca para la convivencia y la agenda global de los derechos humanos.

El principio rector lo constituirán "el respeto, promoción y defensa de la dignidad humana y los derechos humanos", desde "el principio ético irrenunciable de que no hubo y no hay ninguna razón política que pueda anular la dignidad, la integridad y el derecho a la vida de las personas".

Jeltzales y socialistas adquieren los compromisos dedefensa de los derechos de las víctimas, la promoción de una memoria crítica del pasado de terrorismo y violencia, la política penitenciaria y reinserción, y la coordinación de políticas de derechos humanos.

TODAS LAS VÍCTIMAS

En cuanto a la defensa de las víctimas, ratifican su compromiso "con los derechos de verdad, justicia, memoria, reparación y solidaridad a las provocadas por ETA, por el GAL y por otros grupos, y a las víctimas de abusos policiales, todo ello sin equiparaciones ni exclusiones, y rechazando cualquier teoría justificativa o contextualizadora de cualquier forma de terrorismo o violencia".

Este compromiso se canalizará mediante el desarrollo de la Ley vasca de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, y se promoverá el proyecto Batera "de unión entre víctimas y sociedad para la convivencia y el futuro". También implicará que se desarrolle la denominada 'Ley de abusos policiales'.

El acuerdo PNV-PSE destaca "la realidad de los casos de esclarecimiento incompleto", y que, "en tanto no sean aclarados, merecerán un esfuerzo adicional de reconocimiento".

MEMORIA CRÍTICA

En referencia a la memoria crítica, se concreta "en el rechazo a la legitimación, compensación o minimización de cualquier forma de terrorismo o violencia ocurrida en el pasado, y en la oposición frontal a la reedición en el presente o en el futuro, orientada a compartir un proyecto social de convivencia y basada en el reconocimiento de la injusticia que supuso el terrorismo y otras violencias de motivación política".

Este compromiso se materializará en el Plan de Actuación de Gogora 2021-24, y la consolidación de sus recursos divulgativos, de investigación y gestión.

Gogora desarrollará, asimismo, "un pacto social sobre la convivencia, de alcance transversal y sentido ético, basado en la premisa de que, ni antes ni ahora ni en el futuro, ninguna razón política puede justificar el terrorismo o cualquier otra vulneración de derechos". Dentro de ese mismo compromiso, se sitúa también la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.

POLÍTICA PENITENCIARIA

PNV y PSE-EE expresan su compromiso con una política penitenciaria fundamentada "en la promoción activa de los principios legales de individuación, humanidad, reconocimiento del daño causado y reinserción", con un apoyo al traslado de los presos a prisiones cercanas a su entorno familiar, "en los términos orientados por la Constitución y la legalidad penitenciaria".

En todo caso, apuntan que este compromiso se canalizará a través del "dialogo y la colaboración con el Gobierno español, competente en materia de política penitenciaria, que tenga como orientación fundamental la reinserción".

El texto contempla la transferencia de la gestión de centros penitenciarios, de acuerdo con el cumplimiento íntegro del Estatuto, y que consta en el cronograma de posibles negociaciones de los traspasos solicitados al Ejecutivo estatal.

El acuerdo recuerda que la agenda vasca de derechos humanos "viene marcada por los retos del planeta e implica un compromiso con la agenda global de derechos humanos". En el ámbito educativo, se vehiculizará a través del Programa marco de Educación y Derechos Humanos, el programa de iniciativas divulgativas y la consolidación de "Eskura", Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos de Aiete.

En materia de prevención de la radicalización violenta, se desplegará el programa socioeducativo Uztartu. También se desarrollará un Programa Vasco de contribución a la paz en el ámbito internacional.

Conllevará, además, la colaboración con el Consejo de la Juventud de Euskadi en el marco del Programa Etikasi, de visitas educativas para jóvenes a ciudades europeas marcadas por la guerra u otras experiencias traumáticas de violencia.

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha expuesto que Castilla-La Mancha ha "cumplido" con el número de rastreadores y, ahora, "Madrid necesita cumplir" para evitar la expansión de la pandemia.

Con ello, ha explicado que hoy "una parte importante de los brotes que se están dando en el conjunto de España pertenecen a la Comunidad de Madrid", una región con una fuerte conexión con Castilla-La Mancha, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Nosotros no estamos diciendo que los madrileños son culpables de nada, el culpable es el virus, evidentemente, pero hay que adoptar medidas, hay que adoptar medidas con seriedad, con rigor y anteponiendo los intereses de los ciudadanos de Madrid y Castilla-La Mancha, a los intereses políticos y particulares de cualquier partido político", ha considerado.

Así, ha reclamado al presidente regional del PP, Paco Núñez, que "defienda" a los ciudadanos de la comunidad y, con ello, ha recalcado que el "combate" es contra el virus y no entre partidos políticos.

De este modo, ha instado a Núñez a solicitar a la Comunidad de Madrid que, "por favor, se deje de historias, de alharacas, de echar las culpas a otros" y asuma "sus responsabilidades.

"El virus no tiene ideología y lo que sí sería realmente lamentable es que el combate contra el virus tenga ideología", ha dicho.

ESFUERZO DE CLM

En este sentido, ha apuntado el esfuerzo del Gobierno de Castilla-La Mancha para tener un número suficiente de rastreadores y también para preparar el inicio del curso escolar.

En concreto, en materia educativa, ha destacado que se han hecho 40.000 test al personal docente y no docente, y además se van a contratar a 3.000 profesionales adicionales.

"Lo que no se puede hacer es amontonar a los profesores de Madrid para hacer largas colas y luego no ser capaces de dar solución", ha señalado Mora, quien ha añadido que "no se puede tampoco permitir que se tenga que echar la culpa a los profesores de Madrid por haberse ido de vacaciones como han llegado a decir".

Con todo, ha insistido en trasladar a Núñez que "convendría, de verdad, que el PP de Castilla-La Mancha estuviese, por una vez, en su lugar, y su lugar es defender los intereses de todos nuestros conciudadanos, de esos que les votan a ellos, que nos votan a nosotros o que votan a otros".

"Da pena que se haga política con el problema del virus y no se esté en lo que se deba y en lo que se debe de estar. Por tanto, creo que hay que seguir en esa lucha de unidad contra el virus, que hasta ahora hemos manifestado prácticamente todos, menos el PP de Castilla-La Mancha y el señor Núñez", ha concluido.

El abogado del Estado jefe en Galicia, Javier Suárez, ha admitido que poder recuperar el Pazo de Meirás tardará "algún tiempo", ante los recursos que los Franco podrán presentar a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña que ordena la devolución del inmueble al patrimonio público.

De ella, ha considerado, a preguntas de los periodistas y tras una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que despeja el camino para su recuperación. No obstante, ha admitido que, por el momento, la familia Franco podrá seguir haciendo uso del mismo.

"Sí, si no hay una ejecución definitiva o provisional", ha dicho sobre el fallo al ser preguntado si, por ahora, podrían veranear después de que los Franco anunciasen la presentación de un recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña, un fallo contra el que aún cabría recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Respecto a la petición de una ejecución provisional de la sentencia, ha indicado que por parte de la Abogacía del Estado de momento no se ha valorado esta cuestión ya que en estos momentos están "estudiando" el contenido de la misma.

SENTENCIA "IMPORTANTE"

De ella, ha recalcado que es "importante". "Por el valor simbólico que tiene esa propiedad y la dimensión histórica", ha remarcado. También ha expuesto que es "muy contundente" y que está "sólidamente argumentada" por lo que se ha mostrado convencido de que despeja el camino de cara a los posibles recursos.

Sobre el que la familia Franco ha anunciado que presentará ante la Audiencia Provincial de A Coruña, ha precisado que tienen 20 días para prepararlo y que, una vez presentado, deberán dar traslado a las partes para hagan "la impugnación" que estimen. "No es una cosa que se vaya a resolver definitivamente en unos meses, tardará algún tiempo", ha dicho sobre un fallo definitivo sobre Meirás.

CASA CORNIDE

Preguntado si abre la puerta a la presentación de otras demandas para recuperar bienes como la Casa Cornide, ubicada en A Coruña y que los Franco han puesto a la venta, ha admitido que "puede haber aspectos de esta sentencia que parece que dejan abierta esa vía".

Sin embargo, ha insistido en que "cada asunto tiene sus peculiaridades" y ha precisado no tener datos de la Casa Cornide, situación que está valorando el ayuntamiento herculino, como ha recordado también el delegado del Gobierno en Galicia.

"Hay que ir poco a poco y ver qué argumentos tiene el ayuntamiento de armazón jurídico", ha añadido Javier Losada tras la reunión que ha mantenido con el máximo responsable de la Abogacía del Estado en Galicia. Al hilo de ello, ha incidido en que, por los datos de los que se disponen, "es un tema contractual con el Ayuntamiento de A Coruña, que era el propietario del edificio" antes de que pasase a manos de los Franco.

En cuanto a la recuperación de otros bienes, el abogado del Estado jefe en Galicia ha subrayado la valoración que recoge la sentencia en relación a la respuesta que da a los Franco respecto a su argumento de un ejercicio de forma "tardía" de la demanda de Meirás por parte del Estado. "Dice que influyen las implicaciones históricas", ha destacado sobre el contenido del fallo y admitiendo la posibilidad de que se pueda intentar aplicar "a otros supuestos".

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia ha calificado de "victoria de la democracia y del Estado de Derecho" la sentencia. "Se ve que la Ley de Memoria Histórica se está cumpliendo", ha expuesto tras un fallo que ha calificado como "un día de alegría".

Además, Losada ha aprovechado para subrayar el "trabajo muy duro y muy intenso", de la Abogacía del Estado, al que ha sumado el "apoyo de historiadores, de colectivos que han trabajado desde el punto de vista de fundamentación de los datos para articular una buena demanda".

Apelando a la "rotundidad de la sentencia", se ha mostrado confiado en que, pese a los recursos que podrá presentar la familia Franco, se mantenga el contenido de la misma. A ello, ha sumado el hecho de que el fallo "no recoge ninguna de las apreciaciones que la otra parte tenía, algo importante en el futuro de la decisión", ha añadido sobre instancias superiores.

Por otra parte, ha remarcado que el caso del Pazo de Meirás son "cuestiones que no deben ser admitidas en un Estado de Derecho moderno y democrático". "Que un bien público pueda ser ocupado, detentado por un particular", ha apostillado.

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, reconocido que las medidas de control de aforo aplicadas por el Gobierno autonómico en Valladolid y en Salamanca, en fase 1 desde este jueves, son "muy exigentes" ya que pretenden "restringir al máximo" el contacto social ante la obligación del Ejecutivo de "preservar la vida y la salud" de los ciudadanos.

"No queremos que haya contacto social y queríamos que se entendiera con facilidad en un mensaje claro y nítido".

"Tenemos que frenar la curva de crecimiento antes de que haya problemas en los hospitales y antes de que haya un estado de transmisión comunitaria que produzca situaciones irremediables en Valladolid, en Salamanca y en la Comunidad".

Así de tajante se ha pronunciado el portavoz a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno respecto a las críticas de algunos sectores a las restricciones, como es el caso del Arzobispado de Valladolid que se ha mostrado "perplejo" ante la "desproporción" del aforo máximo de 25 personas.

El vicepresidente, que se ha definido como un "católico practicante", ha asegurado que en sus 13 años en los jesuitas aprendió que hay que ser responsables y que por encima del valor de la vida humana no hay nada. Sabemos que vamos a afrontar críticas y sabemos que las medidas no son populares", ha asumido Igea que, ante las quejas del colectivo de la cultura de Valladolid por las restricciones en los teatros, por ejemplo, ha respondido que también se podrían haber colocado los 4.000 ataúdes de las personas que se ha llevado la pandemia.

Quizás entenderíamos mejor las cosas", ha espetado Igea que ha recordado que como responsable público y como profesional de la medicina ha visto morir a mucha gente. "Yo me arrepentiré de muchas cosas pero procuraré por todos los medios no volver a ver eso", ha sentenciado el portavoz que ha asegurado que está dispuesto a afrontar todo tipo de críticas o de insultos.

Igea, que ha explicado con un gráfico la "preocupante" evolución y el ritmo de crecimiento de ingresos en los hospitales de Salamanca y de Valladolid, ha recordado que las quejas hace seis meses eran por la lentitud en la adopción de decisiones mientras que ahora son por ser estrictos, ante lo que ha asegurado que prefiere ser acusado por lo segundo para añadir que "debajo de la espuma" está la gente. También ha asegurado que ha recibido críticas por no confinar la capital del Pisuerga.

"Yo entiendo que no se entienda", ha continuado el portavoz que ha recordado que las decisiones de la Junta están respaldadas por un pronunciamiento judicial tanto en Valladolid, ayer, como hoy en Salamanca.

Respecto a algunas de las críticas a esas restricciones cuando se van a abrir los colegios con ratios de 25 años, el portavoz ha defendido que para que se puedan reanudar las clases tiene que haber una "incidencia baja" y ha explicado que en todo momento se ha valorado el riesgo, para que sea mínimo, el beneficio, para que sea mayor, y la proporción de cada situación o de cada actividad.

"Es fácil hacer una caricatura", ha sentenciado mientras que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha defendido la actuación de la Junta ante el crecimiento de la incidencia acumulada de los casos como se comunicó a los alcaldes de las localidades de más de 20.000 habitantes el pasado 18 de agosto a los que se llegó a plantear la posibilidad de llegar al confinamiento.

Casado ha reivindicado la necesidad de adoptar las medidas de forma rápida para explicar que no se podía entrar en iniciar un debate con los alcaldes de Salamanca o de Valladolid, que ha sido el más crítico. En este punto, Igea ha refrendado que la Junta trasladó ya en agosto la "gravedad" de la evolución de la situación para afear a Óscar Puente por no haberse puesto en contacto con la Junta como sí han hecho otros regidores cuando les ha preocupado la situación de la pandemia.

"Nosotros no podemos actuar de forma diferente", ha aseverado Igea.

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha instado a las autoridades españolas a encontrar alternativas para acoger a los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, que se encuentran alojados en la plaza de toros de Melilla, tras el cierre del centro de recepción de migrantes de Melilla por la pandemia del COVID-19.

En una carta dirigida a los ministros españoles de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, publicada este jueves 3 de septiembre, la comisaria plantea su preocupación por la situación de estos migrantes.

En concreto, le preocupan las "malas condiciones" en las que viven unas 500 personas en la plaza de toros, incluidas varias personas con posibles necesidades de protección internacional.

"El edificio no es adecuado para la recepción y estancia prolongada de migrantes y solicitantes de asilo. Algunos informes que me han llegado indican acceso limitado a duchas y baños, falta de higiene y un grave hacinamiento, que también dificulta el respeto de las medidas de distanciamiento social", explica la comisaria.

Además, añade que la situación de las personas puestas en cuarentena parece ser "aún más precaria", especialmente en lo que respecta al acceso a baños y duchas, luz natural y agua y alimentos suficientes, así como el acceso a los procedimientos de asilo.

En su carta, la comisaria insta a las autoridades españolas a encontrar alternativas para alojar a los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo.

Tras señalar dos decisiones del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2020 que confirman que las personas que solicitaron asilo en Ceuta o Melilla tienen derecho a la libertad de circulación en España, subraya que los traslados a la península, en particular de solicitantes de asilo y personas vulnerables, deben ampliarse para aliviar la presión sobre la limitada capacidad de recepción de Melilla.

También expresa su "consternación" por las personas que han muerto ahogadas mientras intentaban llegar a las costas españolas, especialmente a las Islas Canarias.

La comisaria aprecia la valiosa labor de los servicios de búsqueda y salvamento españoles, pero llama la atención de las autoridades sobre una recomendación que emitió en 2019, que proporciona orientación a las autoridades sobre cuestiones como garantizar una búsqueda y salvamento efectivos o prevenir las devoluciones y expulsiones colectivas.

80 SOLICITANTES DE PROTECCIÓN

Por su parte, Grande-Marlaska, en una carta remitida a la comisaria en respuesta a su recomendación, explica que las autoridades locales de Melilla decidieron, "ante las circunstancias complejas agravadas por la pandemia", trasladar a un número de personas a la plaza de toros, "de las cuales 80 tendrían consideración de solicitantes de protección".

Actualmente, según precisa el ministro del Interior en la carta, "se está gestionando el traslado de estos solicitantes a la península una vez se realicen las pruebas PCR".

Marlaska justifica la adopción de estas "medidas extraordinarias" aludiendo al "actual contexto de crisis sanitaria" y a la "coyuntura de rápida evolución en todas sus expresiones y de extraordinaria gravedad" pero añade que su objetivo es "aunar el respeto a las obligaciones internacionales de España con la protección de la salud y la seguridad de las personas.

Según precisa el ministro, España "es país de primera línea que recibe una constante presión migratoria de flujos mixtos" y "busca garantizar la máxima calidad en las condiciones de los inmigrantes que llegan".

En el caso de Melilla, indica que el CETI cuenta hasta el momento con 1.354 personas viviendo en el centro, de las cuales 1.019 eran solicitantes de protección internacional. En comparación con el año 2019, cuando se registraron 4.267 solicitudes anuales, el ministro señala que las solicitudes son "significativamente numerosas, y que por tanto, el acceso al procedimiento de protección internacional no se ha visto mermado, pese al cierre de fronteras decretado a raíz de la crisis de la COVID-19.

No obstante, puntualiza que se registra "un elevado número" de solicitudes con perfiles no acreedores de protección internacional, tal y como pone de manifiesto la "baja tasa de reconocimiento (del 6,96% en el primer semestre 2020" (datos provisionales).

Esto, según precisa, "lamentablemente dificulta que el sistema permita responder ágilmente y concentre sus recursos en aquellos solicitantes que sí están verdaderamente en necesidad deprotección internacional".

Los presidentes de Asturias y de la Comunitat Valenciana, Adrián Barbón y Ximo Puig, respectivamente, han asegurado este jueves que no comparten la afirmación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando dice que "prácticamente todos los niños se contagiarán del virus".

"El riesgo cero no existe pero desde luego que trabajaremos para que los centros escolares sean muy seguros", han coincidido los jefes del ejecutivo asturiano y valenciano.

Las críticas más duras contra la presidenta de la comunidad madrileña han venido por parte de Adrián Barbón, que ha acusado a Ayuso de "generar miedo e incertidumbre" a las familias con unas declaraciones que han estado "fuera de lugar". Quienes gobernamos tenemos que ofrecer certezas, y la que yo puedo dar es que siempre antepondré la salud a cualquier otra cosa", enfatiza el presidente de Asturias.

Por su parte, Ximo Puig ha dejado claro que no coincide con las declaraciones de Díaz Ayuso y considera que los políticos no son epidemiólogos y que se basan en lo que dicen los expertos. Además ha destacado que los niños pueden ser "nuestros aliados" a través de la educación, ya que a lo largo de estas semanas pueden llevar a las familias un conjunto de hábitos que beneficien a la sociedad.

En este sentido, los dos responsables autonómicos han defendido, en un encuentro digital organizado por el diario La Nueva España y patrocinado por el Banco Sabadell, la necesidad de que los escolares vuelvan a las aulas al considerar que las clases presenciales son fundamentales.

"Hasta la vacuna vamos a tener que cohabitar con el COVID-19 y nuestro objetivo es garantizar la mayor seguridad en los centros docentes", afirma Puig y añade que "la no presencialidad tiene elementos muy negativos y hay que buscar formulas para que haya la mayor normalidad posible. Los niños han perdido una parte importante de talento no podemos permitir que ésta generación salga de ninguna manera lastrada por la pandemia".

En este sentido, Barbón ha trasladado a todas las familias que su Gobierno va a poner todo lo que esté en sus manos "para garantizar la vuelta a las aulas con la máxima garantía" aunque ha reconocido que vivimos un tiempo sin certezas y que "se podrían haber explicado mejor las medidas a las familias y a los docentes".

En este sentido ha recalcado que el Principado reforzará la plantilla con 1.000 docentes más, y ha recordado que en Asturias se ha retrasado el comienzo de las clases para ver la evolución de la pandemia.

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA Y ESTADO DE ALARMA

Ambos dirigentes coinciden en que con los datos actuales de la evolución de la pandemia por el momento se descarta que el Gobierno vuelva a instaurar un mando único para decretar un nuevos estado de alarma. Sostienen en que ahora sabemos más del virus, estamos mejor preparados y por ello el número de pacientes ingresados en planta y en UCI es muy inferior a los datos que había en marzo y en abril.

Para Ximo Puig se abre una etapa de cogobernanza entre instituciones para luchar contra la pandemia y habla de una mejora en la "arquitectura normativa" para realizar esas "operaciones quirúrgicas" en cada territorio afectado y que las CCAA tengan capacidad para restringir algunos derechos fundamentales en el caso de que sea necesario.

Por su parte, Barbón, que comulga con lo dicho por Puig, asegura que el confinamiento ha tenido resultados positivos y ha dejado claro que no había plan B. "Ahora los gobierno autonómicos tenemos la posibilidad de aplicar nuestras competencias y así lo haremos".

En este sentido, ha respondido a las críticas de algunos asturianos por las medidas que adoptado el ejecutivo regional, diciendo que Asturias "tiene buenos datos por adoptar medidas drásticas".

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconoció que ella misma está "inquieta" porque su hija empieza el colegio el 8 de septiembre "y esto es un lío para todos". Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a la Sexta recogidas por Europa Press, en las que ha afirmado que hay "un debate pendiente, que es qué hacer con los cuidados".

Así se ha referido al "debate pendiente" que se ha generado en materia de conciliación a raíz de la puesta en marcha de una baja para los padres que tengan que cuidar a sus hijos si han de guardar cuarentena debido a la COVID-19, tanto si dan positivo como negativo. "Debemos aprovechar el momento para redefinirlo y hacerlo con la máxima amplitud", ha afirmado.

"Tenemos un debate pendiente: qué hacemos con los cuidados. España no es Suecia y yo estoy abierta a esta cuestión. Trabajo con sus competencias ha desplegado lo que puede, también se ha desplegado desde la Seguridad Social una baja para atender a los hijos sin correr riesgo, hemos deplegado otras medidas pero los debates de mayor calado han de darse con cierta tranquilidad", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que el debate actual gira en torno a atender las "necesidades que hay encima de la mesa", en referencia a la posibilidad de "ampliar la cobertura de la baja" que ya existe para los padres que tengan que cuidar a sus hijos con cuarentena. "En esto está trabajando todo el Gobierno", ha apostillado.

Díaz ha recordado que durante la pandemia se han puesto en marcha medidas como la incapacidad temporal por cuarentena o el plan 'Me Cuida' que se va a ampliar pasado el 22 de septiembre, fecha en la que estaba prevista su finalización. "Todo es mejorable pero cualquier padre o madre que tenga que abondonar el puesto de trabajo tiene el plan 'Me Cuida'", ha subrayado. Se trata de un plan que permite reducir y flexibilizar la jornada con la consiguiente reducción de sueldo.

"Ahora lo que estamos estudiando es que si los hijos se contagian y tienen síntomas podamos extender la baja por incapacidad temporal indirecta que ya existe a estos supuestos --ha indicado--. Estamos trabajando y está en la mesa de diálogo social que arranca mañana. Esta medida ya existe, lo que sería es ampliar este supuesto".

Esta misma mañana, la titular de Trabajo confirmó que el Gobierno trabaja en una baja por incapacidad temporal para los padres que tengan que cuidar de hijos en cuarentena que no hayan dado positivo en las pruebas PCR.

"En lo que se está trabajando es en la extensión de baja por cuarentena incluso en el caso de un menor que no está contagiado, lo que es una incapacidad temporal por cuarentena indirecta", indicó en una entrevista en IB3 .

Esta posibilidad fue anunciada ya este miércoles por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, un día después de que la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se refiriese exclusivamente a las bajas para padres con hijos contagiados que tuviesen que guardar cuarentena y al programa 'Me cuida' para trabajadores con hijos con PCR negativa que tengan que permanecer en aislamiento.

Tras estas declaraciones de Iglesias, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, planteó la posibilidad de legislar al respecto si se da el caso de que "no hay cobertura adecuada". "Si los instrumentos no fueran suficientes, se procedería a otras iniciativas conjuntamente con otras administraciones para promover esa conciliación", precisó al ser preguntada al respecto sobre esta cuestión.

El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Antonio Onetti, se ha mostrado "sorprendido" de que a esta entidad "se la mire con lupa" mientras surgen nuevas sociedades como SEDA que nacen con "un plan de viabilidad que no es verosímil".

"Sus estatutos no cumplen ni con la directiva europea ni con la Ley de Propiedad Intelectual y han aportado un plan que se basa que en dos años van a tener un 50% de cuota de mercado. Eso ninguna empresa que llega nueva a un sector en que ha habido una sola entidad puede alcanzarlo, es difícil de creer. Hay muchas deficiencias y me sorprende que se le haya concedido licencia en esas condiciones", ha lamentado en una entrevista con Europa Press el dirigente de SGAE.

Onetti ve además "otro aspecto preocupante" para la nueva entidad de derechos musicales: su financiación "básicamente viene de entidades de gestión francesa e inglesa" y el reparto estará "subcontratado" con otra entidad francesa. "Eso es confiarle la gestión de nuestro patrimonio musical a una entidad francesa", ha reiterado.

Es por ello que Onetti asegura no entender que quien pida transparencia "no parezca que esté cumpliendo el estándar que se le exige al resto de entidades". "Todas la entidades de gestión españolas están un poco perplejas. ¿Cuáles son las razones para que ministro tome esta decisión?", ha cuestionado.

Asimismo, también se ha mostrado "preocupado" por los socios de SGAE que decidan pasar a SEDA porque "si se van a esa entidad", sospecha que "no van a tener los servicios que esperan". "Máxime en un momento en que la mayoría de autores que dijeron que se iban han vuelto y ahora sí confían en que la SGAE se pueda regenerar y volver a la normalidad", ha concluido.

La entidad de derechos de autor SEDA, dirigida específicamente a los derechos de autor musicales, recibió el pasado martes la licencia del Ministerio de Cultura y Deporte y ya puede operar, tal y como confirmó a Europa Press uno de sus fundadores, Manuel Recio (Patacho).

En concreto, la licencia se otorgó a las 18.30 horas de este pasado lunes 31 de agosto. Desde SEDA se señala que el Ministerio ha valorado tanto que los Estatutos de SEDA cumplen con los requisitos establecidos en la legislación como que se ha presentado un plan de viabilidad para "asegurar la eficaz administración" en todo el territorio español.

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha criticado este jueves la "impostura" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al pedir ayer el apoyo del líder del Partido Popular, Pablo Casado, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado cuando PSOE y Podemos "no han empezado a negociar" aún.

"Ayer Casado ofreció diez posibles acuerdos a Sánchez, que no los ha aceptado porque solo quiere hablar de los Presupuestos y de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Casado al final habló en positivo y dijo que no es posible llegar a acuerdos mientras que la ministra María Jesús Montero le llena de descalificativos", ha indicado en una entrevista en 'Antena 3' recogida por Europa Press.

Almeida ha afeado a Montero que diga que el presidente del PP "no está a la altura" en una situación de miles de muertos por la crisis sanitaria del COVID cuando el Gobierno "debería saber cuántos muertos hay en esta pandemia".

"Tenemos un Gobierno que ha estado cuatro meses sin llamar a Casado y por teléfono de un día para otro le convoca para que le de un sí una negociación cuando ni PSOE y Podemos ha empezado a negociar. ¿Cómo puede exigir algo a los demás cuando no se lo exigen a sí mismos?. Queda clara la impostura del Gobierno", ha insistido.

El primer edil matritense ha califica también de "desafortunadas" las declaraciones de ayer del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que aseguraba que el 80 por ciento de los casos de su región vinieron "de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid.

"Esto no ayuda a resolver los problemas de Castilla La-Mancha y ayuda a que se genere una suerte de enfrentamientos entre territorios. Estas declaraciones no van por el buen camino, no podemos buscar las culpas en los demás. Debería pedir disculpas", ha señalado.

"MADRID ES UN NUDO DE COMUNICACIONES"

Martínez Almeida ha dicho que no se puede homologar las medidas tomadas por cada territorio porque tienen características distintas y Madrid es un nudo de comunicaciones con alta concentración de población.

"En Madrid se han endurecido medidas, como volver a cerrar el ocio nocturno y está adoptando las medidas más oportunas para frenar lo antes posible estos contagios. Cada Comunidad lo hace dentro de sus características y lo que dicen la autoridad sanitaria", ha apuntado.

Preguntado por las largas colas de docentes ayer para someterse a pruebas PCR antes de la vuelta al colegio, el regidor de la capital ha dicho que ningún político es "infalible y lo importante es poder tomar medidas". "La presidenta de la Comunidad pretendió transmitir que, aunque hay un temor y preocupación por parte de los padres, si hay un lugar seguro ese es el colegio. Y por ello han adoptado todas las medidas y tener una razonable seguridad", sostiene.

Por último, sobre su nuevo puesto de portavoz nacional del PP, Almeida ha pedido a los ciudadanos tiempos para poder demostrar que puede compatibilizarlo con la Alcaldía. Su nombramiento surgió, ha esgrimido, de la necesidad de reforzar el proyecto del PP a través de la "cercanía y empatía que caracteriza a todos los alcaldes".

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha informado de que ya se han llevado a cabo en el 80% en las antenas colectivas de edificios los cambios necesarios para seguir viendo determinados canales de televisión en el marco del 'Segundo dividendo digital', aunque ha instado a avanzar en este proceso en aquellas provincias más rezagadas, en las que el porcentaje es del 65%-70%.

En el 34 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic, Sánchez ha lanzado este mensaje en el "momento final" del 'Segundo Dividendo Digital' que tiene previsto liberar el 31 de octubre la banda de 700 MHz del espectro, que actualmente ocupan los canales de televisión, para utilizar en el despliegue de la nueva tecnología móvil 5G.

En este contexto, ha recordado que el próximo 30 de septiembre finalizan las emisiones simultáneas de los canales de televisión en las dos frecuencias, mientras que durante el mes de octubre se realizarán los ajustes necesarios para concluir con la liberación en los plazos previstos.

Sánchez ha remarcado que, a pesar del pequeño retraso que se ha registrado por la pandemia del Covid-19, que obligó a trasladar la fecha de fin del segundo dividendo del 30 de junio previsto inicialmente al 31 de octubre, el proceso ha avanzado "adecuadamente" y en la Secretaría de Estado están "totalmente seguros" de que concluirá en esa fecha.

Preguntado por si el nuevo repunte de casos de Covid-19 puede afectar al proceso, Sánchez ha remarcado que éste nunca se paralizó durante los momentos más complicados de la pandemia, solo se produjo un "cierto retraso", y ha señalado que no esperan tener "ningún tipo de problema en ese sentido". "Estamos seguros de que vamos a poder terminarlo", ha subrayado.

Respecto a los cambios que eran necesarios llevar a cabo en las antenas colectivas de los edificios, ya que se han realizado más del 80%, "un nivel adecuado", pero ha advertido de que en alguna provincia aún están en un nivel "un poco más bajo, en el entorno del 65%-70%".

Según datos de la Secretaría de Estado, las provincias que presentan un nivel de antenización inferior al 70% son Tarragona (64,3%), Santa Cruz de Tenerife (65,5%) y Cádiz (69,3%), mientras que las que se encuentran entre el 70% y el 75% son Las Palmas (70,5%), La Rioja (71,3%), Valencia (71,8%), León (74,5%) y Jaén (74,8%).

Por su parte, el porcentaje de antenas que ya han realizado los cambios para adaptarse al 'Segundo Dividendo Digital' se encuentra entre el 75% y el 80% en las provincias de Girona (75,4%), Madrid (76,7%), Alicante (76,2%) y Ávila (78,1%). En el resto de provincias de España donde está activo el proceso, el porcentaje se sitúa por encima del 80%.

Por ello, Sánchez ha animado a todos los ciudadanos a que se pongan en contacto con su comunidad de vecinos y su administración para asegurarse de que se han realizado estos cambios porque, de lo contrario, dejarán de ver algunos canales a partir del 30 de septiembre cuando concluyan las emisiones simultáneas.

SUBASTA DE 5G

Una vez concluida la liberación de la banda de frecuencias, el Gobierno tiene previsto realizar la subasta del espectro entre los operadores de telecomunicaciones en el primer trimestre de 2021, "lo antes que se pueda, tan pronto como se complete el procedimiento", según Sánchez.

En este sentido, ha recordado que una de las prioridades de la Estrategia Digital 2025 presentada en julio por el Gobierno es "afianzar la posición de liderazgo" de España en la nueva tecnología móvil 5G y ha indicado que en las "próximas semanas" se presentará la nueva hoja de ruta de esta tecnología.

Así, ha remarcado que su importancia va más de los más de 5.000 millones de euros de inversión en 5G que se prevé se realizará en España en los próximos años, ya que tiene un carácter "transformacional" y permitirá construir un país basado en "alta tecnología" con empleos de más calidad, desarrollo y capacidad industrial mejor y más ampliada.

En este contexto, ha defendido que la colaboración público-privada ha permitido que España sea el Estado miembro de la Unión Europea (UE) con más ciudades 5G y más pilotos, como reflejan los ocho proyectos que ha adjudicado recientemente Red.es con un presupuesto de 40 millones de euros.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado que están trabajando para "reforzar" los mecanismos de asistencia a víctimas de violencia de género ante la "falta de denuncias previas".

En concreto, de las 30 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2020, un total de 24, el 80%, no habían denunciado previamente a su agresor, según ha precisado Rosell en una comparecencia telemática este jueves 3 de septiembre.

"Estamos insistiendo mucho en la falta de denuncia previa porque de las 30 de 2020, solo 6 habían denunciado, 24 no, un 80% no y un 20% sí, esto no hace sino corroborar nuestra intención y trabajo por reforzar todos los servicios que dan asistencia sociosanitaria, atención especializada", ha subrayado Rosell.

También ha anunciado que el próximo 10 de septiembre presentarán la macroencuesta de 2019, de la cual solo ha avanzado que los datos son "abrumadores" y "corroboran que se trata de una violencia estructural y silenciada", que "tiene mucho que ver con esa asusencia de denuncias".

En este sentido, ha agradecido el testimonio de las entrevistadas, más aún en "tiempos de tantas falsas noticias" y de "bulos interesados de las denuncias falsas".

Además, Rosell ha ensalzado la coordinación "ejemplar" durante la pandemia con los ayuntamientos y comunidades autónomas y ha adelantado que este viernes 4 de septiembre mantendrá una reunión técnica con las CCAA para tratar "cuestiones del día a día" y que será la antesala de la reunión de Gobierno prevista para esta quincena entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, la secretaria de Estado y las consejerías con competencia en igualdad y violencia de género.

Sobre el hecho de que la cifra de 30 mujeres asesinadas en lo que va de año sea la más baja por estas fechas desde que se registran estos datos, Rosell ha indicado que aunque los datos son "algo mejores, nunca se puede decir que son buenos" mientras haya una mujer asesinada. "No debemos celebrarlo ni bajar la guardia", ha zanjado.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha condenado los últimos asesinatos machistas y ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas.

Acerca del caso de la joven de 33 años hallada muerta en el maletero de un coche en Valencia, Rosell ha explicado que aún está en investigación, que hasta ahora no había ningún detenido y que se trata de un caso de autopsia complejo ya que la asfixia no deja los signos "más palpables" de otras muertes violentas.

"Tenemos que ser especialmente prudentes para no perjudicar o dar al traste con la investigación policial y judicial", ha indicado.

AUMENTO "DESMESURADO" DEL 016 ONLINE EN LA PANDEMIA

También ha advertido del "incremento desmesurado" durante el Estado de Alarma de los "medios silenciosos" como el 016 online y el whatsapp de emergencia, "indicios racionales de que las mujeres ni siquiera pueden llamar desde su domicilio en voz alta", así como del aumento "notable" de las llamadas al 016, algo que muestra, según Rosell, que "las mujeres necesitan asistencia no condicionada a la denuncia policial y judicial".

"La violencia de género nunca fue un problema judicial o policial, quien lo quiere enmarcar en esa puerta tan estrecha quiere reducir e invisibilizar el problema", ha insistido Rosell.

Por otro lado, sobre la petición que hizo la ministra de Igualdad por carta para el cierre de los prostíbulos, Rosell ha recordado que este cierre es competencia de las CCAA, ha denunciado que hay "muchas licencias que encubren prostíbulos" y ha ensalzado que la postura "valiente" es la que va a "perseguir a la industria de la prostitución".

Desde que se computan los datos en 2003, han sido asesinadas en España un total de 1.063 mujeres por violencia de género, 30 de ellas en lo que va de 2020. Además, desde 2013 han quedado huérfanos por esta misma causa 293 menores, 15 de ellos en 2020. Asimismo, desde 2013 han muerto 37 menores por violencia de género, tres de ellos en lo que va de año.

El portavoz parlamentario del PP, Carmelo Barrio, ha criticado que la intervención de Iñigo Urkullu como candidato a lehendakari ha tenido "cero autocrítica" en relación con los "defectos de gestión" y las cuestiones que han "fallado" esta legislatura, entre las que ha citado la gestión de la pandemia o las políticas de educación, y ha destacado las "tragaderas del PSE" con la "obsesión" del PNV con el nuevo estatus.

En declaraciones a los medios de comunicación durante el receso del pleno de investidura del lehendakari que está celebrando el Parlamento Vasco, Barrio ha destacado la similitud del discurso de Iñigo Urkullu con el pronunciado hace cuatro años.

Tras afirmar que la legislatura que ahora finaliza ha sido un "fracaso", ha criticado la "ineficiencia" y los "defectos de gestión y errores" del Gobierno Vasco.

Por ello, ha criticado que el discurso de Urkullu ha tenido "cero autocrítica" y cree que no ha asumido sus responsabilidades ante los déficits que se han producido en la anterior legislatura. "Ha habido cero autocrítica y eso hay que denunciarlo porque lo fundamental de un gobernante, o de quien quiere gobernar, es el realismo", ha insistido.

Para el PP, en el discurso del candidato del PNV "ha habido cero realismo porque ha habido cero autocrítica en relación con las cuestiones que han fallado" entre las que ha citado la gestión de la pandemia o las políticas de educación y también ha criticado que no haya hablado sobre "los espectáculos de corrupción que vimos la legislatura pasada".

AUTOGOBIERNO

Barrio ha criticado que, sin embargo, Urkullu se haya referido al autogobierno, "la auténtica obsesión" del PNV y cree que en el discurso se han visto "las tragaderas del PSE" con la "obsesión por el nuevo Estatuto, por el nuevo estatus, y por lo que va a ser la materialización, de nuevo, del derecho a decidir, que ya pactó en la legislatura pasada con EH Bildu". "Está claro que en el PSE ha tenido unas importantes tragaderas", ha reiterado.

El portavoz del PP ha criticado que el lehendakari "habla de bilateralidad y no es cierto" porque "se refiere a la unilatelaridad: a lo que yo decido, tu lo aceptas" y cree que el PNV tiene "dos mayorías", una con "la facilidad del Gobierno que le da el PSE otra con la mayoría en las políticas de autogobierno que le da EH Bildu".