Más de 9.000 organizaciones de toda España han publicado este martes un manifiesto en el que piden al Gobierno que apruebe una regulación para regular el precio de los alquileres, basándose en la ley vigente en Cataluña desde septiembre, con el objetivo de contener los precios del arrendamiento en municipios con mercados tensionados, según ha informado el sindicato de inquilinos en un comunicado.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo tras el encuentro que los sindicatos de inquilinos mantuvieron con el vicepresidente tercero del Gobierno, Pablo Iglesias, el pasado viernes, en la que el sindicato vio voluntad por parte del Ejecutivo para ponerla en marcha "cuanto antes".

Entre las organizaciones firmantes del manifiesto destacan EAPN España (entre las que figuran ONCE, Caritas o Cruz Roja), REAS estatal, Ecologistas en Acción, el Consejo de Juventud de España o Facua.

En el texto, las organizaciones alertan de que la situación en materia de alquiler se ha vuelto "insostenible", puesto que entre 2013 y 2019 "el precio medio del alquiler ha subido un 50% en España".

"Actualmente siete de cada diez desahucios son por impago de alquiler", dice el manifiesto, que remarca que el precio del alquiler ha aumentado 30 veces más que los salarios en el último lustro.

De hecho, denuncian que el 42% de la población española destina el 40% de su sueldo a pagar el alquiler, mientras que las recomendaciones internacionales hablan de no dedicar más del 30% a vivienda incluyendo los suministros básicos.

"A pesar de que hace falta aumentar el parque de vivienda protegida, pasarán muchos años antes de que podamos alcanzar este objetivo, así que es imprescindible contener los precios del alquiler para reducir el sobreesfuerzo de la población para acceder y mantenerse en la vivienda", piden.

Asimismo, aseguran que si impulsar esta medida antes de la pandemia ya era necesario, con la actual caída de ingresos de las familias "la hacen aún más urgente".

Hablamos de un problema que no solo afecta a quienes viven de alquiler o quieren acceder a una vivienda, sino al conjunto de la sociedad, porque los precios actuales están disminuyendo drásticamente la renta disponible en manos de las familias, con un impacto negativo en la economía", denuncian, tras insistir en que "ha llegado la hora de emprender medidas concretas que impliquen mejoras para los miles de familias asfixiadas que viven de alquiler.

Precisamente la regulación de los precios del alquiler es uno de los escollos que separan en este momento a PSOE y Unidas Podemos en la negociación de los Presupuestos de 2021, ya que los de Pablo Iglesias quieren incluir ya en las cuentas del próximo año la limitación de los precios del alquiler, un compromiso de ambas formaciones en el programa de Gobierno, mientras que el ministro del ramo, José Luis Ábalos, afirmó ayer que prefiere esperar a que pase la pandemia e incluirlo en una nueva Ley de Vivienda.

El vicepresidente y director financiero de Laboratorios Farmacéuticos ROVI, Javier López-Belmonte Encina, ha asegurado que los plazos de la vacuna de Moderna contra el COVID-19 "se mantienen", por lo que la compañía española podría comenzar la fabricación fuera de Estados Unidos del llenado y acabado "a principios de 2021", tal y como estaba previsto.

Durante la Junta General de Accionistas, la compañía ha hecho referencia a su importante acuerdo con Moderna, para colaborar en la producción de su vacuna candidata contra el COVID-19 fuera de Estados Unidos. En concreto, ROVI proporcionará capacidad de llenado y acabado de viales mediante la adquisición de una nueva línea de producción y equipos para la formulación, el llenado, la inspección visual automática y el etiquetado de las vacunas.

Tal y como ha señalado Javier López-Belmonte Encina, la compañía tiene una capacidad "muy importante" para producir "millones de dosis al año". "ROVI, por temas de capacidad, no será ningún cuello de botella", ha garantizado, añadiendo que están "tremendamente satisfechos" de poder colaborar en la elaboración de la vacuna.

Según el responsable de ROVI, la vacuna de Moderna "sigue afortunadamente en los plazos previos". "No ha sufrido aparentemente ningún retraso, el desarrollo de su fase 3 está en plazo. Los plazos que manejamos se mantienen", ha anunciado, por lo que ha insistido en que, según anunció ROVI en julio, "a principios de 2021" podría comenzar el llenado y acabado de la vacuna en España.

En cualquier caso, si finalmente la vacuna de Moderna no consigue cumplir los objetivos y se retrasa su aprobación, Javier López-Belmonte Encina ha insistido en que la compañía no sufrirá ningún gran varapalo económico: "Si por lo que sea no sale, tampoco ROVI va a tener pérdidas ni ningún tipo de consecuencia negativa".

Dentro del acuerdo, ROVI anunció también que contratará el personal adicional necesario para llevar a cabo las operaciones de fabricación y producción. "Estamos tremendamente satisfechos de todos los trabajos, siguen a buen ritmo. En poco tiempo podremos estar a máxima capacidad", ha avanzado.

Javier López-Belmonte Encina ha apuntado que ROVI "aspira" a ser 'partner' de Moderna incluso después de la pandemia. "Si desgraciadamente se confirma que la inmunidad no es muy duradera, nos tendremos que vacunar de forma recurrente y seguramente de alguna forma entrará en los calendarios de vacunación anual", ha explicado, destacando la voluntad de ROVI de continuar con el acuerdo de fabricación de la vacuna en ese supuesto.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avisado de que la segunda ola de contagios de coronavirus "no es una amenazada sino que ya es una realidad" en todos los países de Europa, incluido España, y ha solicitado a los españoles "estar en guardia y en alerta".

Y es que, tal y como ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, vienen semanas "muy duras" tanto en España como en el resto de Europa, ya que el virus "sigue presente" y circulando "entre nosotros". De hecho, ha informado de que la tasa media de casos en Europa por 100.000 habitantes se sitúan en torno a los 400 casos.

"Estamos hablando de incidencias muy altas que ha crecido con mucha rapidez en las últimas semanas. Por tanto, la situación es preocupante y en España también", ha dicho Illa, para pedir a la población reducir la movilidad y sus contactos sociales, cumpliendo las principales medidas de higiene que han demostrado ser más eficaces como, por ejemplo, el lavado de manos, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y la higiene colectiva.

Dicho esto, el ministro de Sanidad ha avisado de que el Gobierno "no quiere sustituir" a ninguna administración en la lucha contra el coronavirus, sino que su objetivo es "coordinar" a las comunidades autónomas. "Nos necesitamos unos a otros", ha zanjado.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que la mujer del extesoraro del PP Luis Barcenas, Rosalía Iglesias, ingrese en prisión para cumplir la condena de 12 años y 11 meses de cárcel que ha impuesto el Tribunal Supremo tras ratificar la sentencia de la Audiencia Nacional por los primeros años de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), según han informado fuentes fiscales a Europa Press.

Rosalía Iglesias, cuya pena ha reducido el Supremo de 15 años y un mes a 12 años y 11 meses de prisión, tan sólo estuvo unas horas en la prisión de Soto del Real en 2018 al conocerse la resolución de la Audiencia Nacional, pero salió al consignar una fianza de 200.000 euros que le impuso el tribunal para eludir la cárcel.

En la sentencia de 1.843 folios, dictada por unanimidad por el Supremo, la Sala concluía que había indicios plurales y acreditados de que Rosalía Iglesias conocía la procedencia delictiva del dinero y el incremento del patrimonio de su marido que se justificaba con sus ingresos ordinarios, y destacaba la conducta activa de la condenada.

Además, señalaban los magistrados que Iglesias realizó actuaciones para ocultar y posteriormente hacer aflorar dinero ilícitamente obtenido por su esposo. Y ahondaban en que la defraudación atribuida a la mujer de Bárcenas se articuló a través de una serie de artificios en los que fue fundamental su intervención y que, de suyo, incompatibles con la ignorancia o el desconocimiento invocados por la acusada.

Precisamente, este mismo lunes trascendió que el extesorero del PP había iniciado trámites para solicitar el traslado a la prisión de Alcalá Meco (Madrid) donde previsiblemente ingresaría en los próximos días su mujer, Rosalía Iglesias.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha sostenido que no quieren un toque de queda bajo estado de excepción sino que propondrían que se limite la actividad económica desde una hora determinada para que los ciudadanos solo puedan pasear o irse a sus casas.

Así lo ha precisado en declaraciones a los medios, después de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, indicase en un desayuno socio-sanitario, organizado por Europa Press, que están estudiando si pedir el toque de queda al Gobierno central.

López, que ha asistido a la presentación de la exposición 'Gregorio Ordóñez. La vida posible', ha aclarado que no trata de ir a un toque de queda que "supondría la suspensión de un derecho fundamental", y que solo cabe bajo un estado de excepción, sino que consistiría en "limitar la actividad económica a una hora determinada para que a los ciudadanos únicamente les quede como opción pasear o irse a sus casas".

Entre los testigos solicitados por la defensa del ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', en el juicio que iba a comenzar contra él ayer en París se encuentra el expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren , que en mayo de 2019 se refirió al histórico dirigente de la banda como uno de los "artífices" del fin del terrorismo.

Precisamente un error de la Fiscalía francesa al citar a el exdirigente socialista y otros testigos solicitados por los abogados de Urrutikoetxea fue lo que motivó el aplazamiento de la vista que debía haberse celebrado entre este lunes y martes en el Tribunal de Apelaciones de París, según han confirmado a Europa Press fuentes de la defensa. Esperan que para la febrero, cuando se ha vuelto a señalar la vista, puedan contar ya con el los testimonios solicitados.

Con ocasión de la detención de Ternera, Eguiguren calificó en unas declaraciones a Europa Press a 'Ternera' como "héroe de la retirada" y añadió que, mientras ETA negoció con él, antes de ser sustituido por Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry', del ala dura de la banda, "su postura de acabar con el terrorismo parecía sincera". "Yo vi a un hombre que quería que finalizase la historia de ETA e incluso llegó a decirme que algún día tendrían que pedir perdón", manifestó Eguiguren en dicho momento.

Por lo que se refiere al juicio en París, 'Josu Ternera' fue condenado en primera instancia a cinco años de prisión, que se convirtieron en siete años en apelación, por cargos de 'asociación de malhechores terroristas'. Sin embargo, como fue sentenciado 'in absentia', y por ello solicitó que se le juzgara de nuevo en persona. Sus huellas aparecieron en dos zulos de ETA hallados en 2002 en Lourdes y Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), así como en un vehículo.

Por otro lado, está previsto que el miércoles y el jueves de esta misma semana comparezca ante un tribunal de París por hechos cometidos entre 2011 y 2013. En este caso, los investigadores le sitúan en 2013 en Ariège, un pueblo donde se hacía llamar Daniel. En su momento, solo fue detenido su compañero porque no lograron localizar a 'Josu Ternera'.

Urrutikoetxea, de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le reclama por varias causas.

El antiguo dirigente etarra tiene varios asuntos judiciales pendientes tanto en España como en Francia. La Audiencia Nacional le requiere por el atentado perpetrado en la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que provocó 11 muertos; por el asesinato en 1980 del directivo de Michelin Luis María Hergueta; y por la causa de la financiación de ETA a través de 'herriko tabernas'.

La justicia francesa ha accedido a entregarlo a España por el atentado en Zaragoza y por el caso de las 'herriko tabernas'. En cambio, el pasado mes de julio el Tribunal de Apelaciones se negó a enviarlo también por una causa sobre delitos de lesa en la que hay procesados otros ex dirigentes de ETA.

La Mesa del Congreso ha decidido finalmente no subir el sueldo de los diputados en 2021, un incremento que estaba previsto en el Presupuesto de la Cámara aprobado este martes, pero que al final ha quedado descartado tras haber sido cuestionado públicamente por el PP y Vox y después de que la Mesa del Senado haya decidido congelar las retribuciones de los senadores.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, en una primera reunión, el órgano de gobierno de la Cámara Baja aprobó sus cuentas para el año que viene, que inicialmente preveían una subida del 0,9% en las retribuciones del personal de la Cámara, aplicable también a los diputados.

En esa primera reunión, el PP y Vox se mostraron contrarios a incrementar el sueldo de sus señorías -aunque sí apoyaron subírselo al personal de la Cámara-, pero finalmente el asunto quedó en el aire tras conocerse también que el incremento salarial para los senadores no había salido adelante en la Mesa del Senado. Unidas Podemos asegura que también manifestó verbalmente su oposición en la reunión del órgano de gobierno de la cámara.

En todo caso, al conocer la decisión de la Cámara Alta, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió reunir de nuevo a sus compañeros de Mesa para que las dos instituciones llevaran una posición consensuada en la reunión conjunta para aprobar los presupuestos de las Cortes Generales.

Y ha sido en esa segunda reunión donde, ya por unanimidad de PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox, se ha decidido mantener congelado para el año que viene el sueldo de los diputados.

Hace año y medio, con Ana Pastor al frente de la Cámara Baja, el Congreso sí aplicó a los diputados la subida salarial prevista para los funcionarios, y todo ello pese a que los Presupuestos Generales de 20l9 fueron derrotados en el Congreso provocando la celebración de elecciones generales.

El director del Servicio Catalan de la Salud (CatSalut), Adrià Comella, ha alertado de que podría haber un confinamiento perimetral en Cataluña "si se complica" la pandemia de coronavirus, aunque ha asegurado que de momento, con la situación actual, no hace falta.

En declaraciones a RAC1 recogidas por Europa Press este martes, Comella ha anunciado un programa de 2 años y medio -con un coste total de 300 millones de euros- para la incorporación de cerca de 4.000 profesionales sanitarios en los centros de atención primaria (CAP).

Ha destacado la situación "complicada, tensa y con tendencia a crecer" que hay en los CAP, que a su juicio ha sido el nivel asistencial que más esfuerzo ha hecho de forma continuada desde el inicio de la pandemia al no tener descanso y tener que apoyar tanto a residencias como a hospitales.

Sobre la atención hospitalaria, Comella ha asegurado que "la epidemia esta creciendo" con cerca del doble de ingresos respecto a hace tres semanas, un hecho que a su parecer indica el inicio de la segunda ola de la pandemia.

Así, ha reivindicado la construcción de cinco espacios hospitalarios polivalentes, que "estarán operativos" en enero y que permitirán incrementar en 490 las camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) de Cataluña.

En relación a las medidas restrictivas por la pandemia, Comella no ha concretado si se alargarán tras el periodo inicial de 15 días pero ha reconocido que las cifras a día de hoy son "malas".

Sobre la huelga de los Médicos Internos Residentes (MIR) de Cataluña, Comella ha defendido que se llegará a un acuerdo entre las dos partes y ha añadido que el colectivo catalán "sería el más bien retribuido del Estado si acepta la oferta".

Expertos en Derecho Constitucional y Contencioso-Administrativo consultados por Europa Press defienden que para establecer un toque de queda, como ha planteado solicitar la Comunidad de Madrid al Gobierno central, sería necesario decretar un nuevo estado de alarma debido a que se trata de una medida que restringe derechos fundamentales de parte de la población, como es la libertad de movimientos.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique García Escudero, ha anunciado este lunes que el Gobierno regional está estudiando si pedir al Gobierno central que decrete el toque de queda, que permitiría que no existiese ningún movimiento en la región en determinadas horas del día.

El último precedente de un toque de queda en España que se recuerda es el que acordó el teniente general Jaime Milans del Bosch el 23 de febrero de 1981 para Valencia con el intento de golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero. Las fuentes consultadas apuntan que esta situación no es para nada comparable al actual, pues dudan de la legalidad de tal decreto al haber sido decretado por una fuerza militar y no por un gobierno central, que es el que tiene competencia para declarar el estado de alarma, de excepción o de sitio.

Lo mismo opinan fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Europa Press, que destacan que se adoptaron una medidas en relación con los sublevados de Valencia en un contexto totalmente diferente.

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL Y GRAVE INTENSIDAD

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apueste por esta medida para hacer frente a una segunda ola de la pandemia del coronavirus, las fuentes del tribunal de garantías consultadas, y tras realizar un análisis rápido de dicha propuesta, señalan que, al igual que sucede en otros Estados europeos que llevan meses en estado de emergencia, la previsión constitucional para adoptar medidas restrictivas de derechos, con carácter general y grave intensidad, es el estado de alarma. Por ello consideran que de adoptarse medidas como las apuntadas por el consejero de Sanidad de Madrid debería hacerse dentro de este instrumento jurídico.

Magistrados de contencioso-administrativo también consideran que lo "correcto" es que el Gobierno adopte esta medida a través de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, si bien explican que podría debatirse que tipo de instrumento jurídico a utilizar dependiendo de la "intensidad" de la medida y alcance que ésta tenga.

"No es lo mismo que no se pueda salir de casa a una horas determinadas, que no se pueda acudir a un determinado lugar durante esas horas", ha concretado uno de los magistrados consultados.

Catedráticos en Derecho Constitucional también creen que el Ejecutivo es quien tiene competencia para decretar el toque de queda y que donde tiene encaje jurídico es el estado de alarma y no la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986.

Euskadi ha registrado este pasado lunes 625 nuevos positivos en covid-19, lo que supone 32 menos que el domingo, y una tasa de positividad del 7% sobre el total de 8.953 pruebas realizadas. Guipúzcoa ha rebasado la 'línea roja', con 506,14 contagios por 100.000 habitantes en 14 días. Por su parte, las nuevas hospitalizaciones en planta han subido a 45 y los pacientes que permanecen ingresados en las UCI con coronavirus son 59.

Según los datos hechos públicos por el Departamento vasco de Salud, se han efectuado 8.953 pruebas PCR y de antígenos a lo largo de la jornada del lunes, por encima de las 7.838 pruebas efectuadas el día antes. El porcentaje de positivos respecto a las pruebas realizadas ha descendido más de un punto entre estas dos jornadas, del 8,3% al 7%.

En el conjunto de Euskadi, se han detectado 625 nuevos casos, frente a los 657 positivos del domingo. Guipúzcoa es el territorio con más casos, con 304 positivos, frente a los 275 de la jornada anterior, lo que coloca a este territorio por encima de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes en dos semanas (506,14).

En Vizcaya se ha detectado este pasado lunes 265 nuevos contagios, por debajo de los 313 positivos del día anterior, y en Álava los nuevos positivos suman 55, cuatro menos que la jornada precedente. Otro caso corresponde a personas residentes fuera de Euskadi, nueve menos que el domingo.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes en Vizcaya es de 304,76, mientras que Álava presenta la más baja de los tres territorios, 291,80.

En los hospitales vascos, han ingresado 45 personas en planta en la pasada jornada, 12 más que un día antes, y 59 pacientes permanecen en las UCI con covid, cuatro más que el domingo.

La Mesa del Congreso aprobó este martes el Presupuesto de la Cámara para 2021, unas nuevas cuentas que inicialmente prevén una subida del 0,9% en las retribuciones del personal de la Cámara, pero la aplicación de esta subida a los diputados, contestada por PP y Vox, ha quedado en el aire al haber sido derrotada en el Senado para sus miembros.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso avaló en una primera reunión el Presupuesto para 2021 con la previsión de subidas inicialmente prevista. Pero el PP y Vox han hecho público su rechazo al incremento para los diputados, aunque sí han apoyado aplicarlo al personal de la Cámara.

Sin embargo, al conocer que la Mesa del Senado aprobó congelar el sueldo de los senadores, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido reunir de nuevo a la Mesa de la Cámara Alta, para buscar una posición consensuada, antes de la reunión conjunta de las Mesas de ambas Cámaras que está prevista para la una y media de este martes. En ese contexto, también Unidas Podemos ha anunciado que está en contra de que se suba el sueldo a sus señorías.

La Junta de Extremadura ha decidido aislar perimetralmente la localidad pacense de Almendralejo, mientras que en el interior a adoptado medidas "similares" a lo que fue la fase 1 de desescalada, ya que las medidas de control de aforo que se han venido implantado en las últimas semanas no han reducido como se esperaba la incidencia acumulada del coronavirus.

Por este motivo se hace necesario implementar otras medidas, que serán "mucho más drásticas" que las anteriores, según ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en rueda de prensa este martes tras el Consejo de Gobierno que ha aprobado estas nuevas medidas de contención de contagios de Covid-19.

Por tanto, estas nuevas medidas que se implantarán en Almendralejo contemplan que los velatorios y entierros podrán tener un máximo de diez personas, los lugares de culto reducen su aforo al 25 por ciento, el mismo que el de las bodas y otras ceremonias religiosas.

Además, los bautizos y comuniones no podrán congregar más de 15 personas en estas localidades, mientras que en el resto de celebraciones el limite máximo será de 100 personas, ha resaltado Vergeles.

En el caso de los locales y establecimientos minoristas, el aforo será de un 40 por ciento como máximo, mientras que cualquier acto que se prevea realizar en el municipio deberá ser autorizado previamente por la Dirección General de Salud Pública "en base a los criterios de riesgo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud.

"No hemos sido capaces de disminuir la incidencia acumulada a los 14 días que todavía se sitúa en los 440 casos por cada 100.000 habitantes", mientras que la tasa de positividad de las pruebas PCR está en un 15,4 por ciento, ha señalado el titular de Sanidad.

PRÓRROGA EN MONTIJO Y NAVALMORAL

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado este martes la prórroga, por un periodo de entre 7 y 10 días, la reducción de aforos que está vigente en Montijo y en Navalmoral de la Mata.

En ambas localidades, estas medidas de limitación de aforo "van evolucionando favorablemente" en la reducción de la incidencia de la Covid-19, pero "todavía necesita alguna ayuda más".

El consejero de Sanidad espera que estos acuerdos puedan publicarse en el Diario Oficial de Extremadura este miércoles o jueves, por lo que las medidas entrarían en vigor a las 00,00 horas de este mismo día.

Finalmente, y ante esta situación, José María Vergeles ha resaltado que "vienen semanas complicadas, pero depende de todos nosotros lo complicadas que sean esta semanas", ya que está en los ciudadanos "el que las medidas sean más o menos complicadas", por lo que ha apelado a la responsabilidad individual de cada uno.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, espera que el debate de la moción de censura presentada por Vox y que comienza este miércoles sea "sereno" y que no se convierta en un "show épico" en el que predominen los "insultos" y las descalificaciones al adversario político.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', Batet ha criticado el "ambiente crispado" que va en aumento a lo largo de las últimas sesiones, y que confía que no se traslade a un debate que concluirá el jueves con la votación de todas las fuerzas parlamentarias.

"La democracia es contenido y forma. Están representando a los ciudadanos, y tenemos una responsabilidad de dar ejemplo. Espero que los grupos hagan una reflexión y aborden un debate que tiene que ser duro", ha aseverado.

Eso sí, que no se trate de una sesión "suave" no tiene que ver con que la "dureza" se transforme en "faltas de respeto al contrincante". "Espero que podamos tener un debate sereno, profundo, de ideas y de contenido, y evitar que el insulto se acabe trasladando a la sociedad. Espero que el parlamento ofrezca lo que los ciudadanos están esperando", ha añadido.

En esta línea, la presidenta de la Cámara Baja ha lamentado que la política y la democracia esté virando hacia debates más broncos. "Tengo la sensación de que últimamente los partidos, en vez de competir en moderación, compiten en radicalidad y polarización", ha advertido.

Preguntada sobre el hecho de que la moción de censura de Vox sea la tercera en los últimos tres años, Batet ha explicado que su uso está previsto en la Constitución, aunque ha recordado que su uso es "extraordinario". "La voluntad no es que cada semana tengamos una. Efectivamente hay mecanismos de control y por tanto no es bueno abusar de los mecanismos extraordinarios", ha apostillado.

El Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid ha condenado a la expresidenta de Infancia Libre María Sevilla a dos años y cuatro meses de cárcel como autora responsable de un delito de sustracción de menores por hacer desaparecer a su hijo en 2017 y no entregarlo a su padre por orden judicial.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se le pena también a la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante cuatro años. Se le absuelve además de un delito de abandono.

Además, deberá indemnizar al padre del menor, en concepto de daños morales, en la cantidad de 5.000 euros. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de diez días ante la Audiencia Provincial de Madrid.

En el juicio, que se celebró el pasado 1 de octubre, la Fiscalía de Madrid solicitó una pena de tres años y medio de prisión y otros cinco de inhabilitación de la patria potestad. La acusación particular en nombre de su exmarido elevó la solicitud a cuatro años y medio, mientras que su defensa solicitó la libre absolución.

Los agentes de la Policía Nacional que participaron en marzo de 2019 en su detención relataron en el plenario el estado en el que se encontraban sus dos hijos, a quienes tenía sin escolarizar ocultos en una finca de Villar de Cañas (Cuenca).

"Había operaciones en las ventanas y versos de la Biblia en las paredes. Nos impactó la palidez de los niños y que la niña -hija con su actual pareja- hacía cosas raras, gestos y sonidos imitando al perro olfateando el aire", narraron.

En la vista, la acusada explicó que en febrero de 2017 abandonó el domicilio al tener la custodia del hijo que tuvo con su exmarido, manifestando que no tenía constancia del auto por el que un juez la obligaba a entregar al pequeño.

Según su versión, no se le notificó la resolución. Además, hizo alusión a varios informes médicos de la Seguridad Social que desaconsejaran que el pequeño estuvieran con su padre.

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido suspender las cabalgatas de Reyes que se celebran en los distritos, tal y como recoge el Boletín Oficial del Ayuntamiento (BOAM), como medida de prevención frente a la Covid-19.

Se acuerda así "suspender la realización de las cabalgatas de Reyes Magos que habitualmente se organizan desde los distritos".

"Los órganos de contratación de los distritos adoptarán la decisión que corresponda, en función de la fase de tramitación administrativa en que se encuentren los contratos que den soporte a estas actuaciones, tendente a adaptar la tramitación a esta suspensión", se añade a continuación.

Sobre la Cabalgata de Reyes principal de la capital, desde el área de Cultura, Turismo y Deporte se están analizando y valorando las distintas posibilidades, aunque todavía no se ha tomado una decisión al respecto.

En estos momentos, los trabajos se centran en la elaboración de la programación navideña hasta el 4 de enero, "que se adaptará, en todo caso, a la situación sanitaria, teniendo en cuenta posibles limitaciones de aforo y evitando aglomeraciones" .

Esquerra Republicana (ERC) propuso sin éxito que nadie participara en el Congreso en la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez que comenzará este miércoles para así evidenciar la soledad parlamentaria de su candidato, Santiago Abascal, en el Congreso.

Así lo ha desvelado el portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, en la rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces, al ser preguntado sobre si comparte con Bildu la necesidad de establecer un cordón sanitario a Vox en el Congreso, al igual que ya se ha hecho en el Parlamento vasco.

A su juicio, para ello "lo mejor" habría sido "hacer el vacío" a Vox no participando en el debate de la moción de censura que encabezará Abascal pero ha lamentado que ni el PSOE ni Unidas Podemos hayan "comprado" la propuesta que en este sentido les trasladó recientemente. "No hubo forma", ha dicho resignado.

MAÑANA SE ESTRENA "TORRENTE 6" EN EL CONGRESO

Rufián cree que lo que se vivirá a partir de este miércoles en el Congreso es "el estreno de Torrente 6" augurando que lo que se verá en el Pleno estos dos días será "salvaje y brutal". "Veremos cosas que el parlamentarismo español nunca ha visto", ha comentado.

El independentista catalán sostiene que la moción de Vox no es más que "una OPA hostil" hacia Pablo Casado, y lo que representa el PP que, en opinión de Rufián, no es más que "el compañero de Torrente".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado las medidas cautelarísimas solicitadas por varias patronales para revocar la resolución del Govern que ordena el cierre de bares y restaurantes durante 15 días para contener el coronavirus.

Habían presentado recurso contra la resolución la Federación catalana de asociaciones de actividades de restauración y musicales (Fecasarm), el Gremio de Restauración de Barcelona, la Asociación nacional de profesionales y autónomos de terapias naturales (Cofenat) y la Asociación nacional de empresarios de máquinas recreativas (Andemar Cataluña), solicitando medidas cautelarísimas.

La Generalitat tiene un plazo para presentar alegaciones respecto a la petición de suspensión de las medidas, solicitada por las patronales, que expira este martes a las 13 horas, y el tribunal abordará la petición de las medidas cautelares en 10 días, de forma no urgente.

Sobre la petición de reabrir los bares, el tribunal destaca que hay que evaluar los valores de la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria: "El desacierto es evidente y fragmentario cuando se trata de examinar los derechos e intereses de la parte actora y las concretas medidas de la resolución impugnada que le afectan, como si los intereses públicos de ese marco no existiese", dice en referencia a Fecasarm.

URGENCIA ECONÓMICA Y SITUACIÓN SANITARIA

"La urgencia que se pretende por parte de la parte actora, tan decantada en la vertiente económica de su situación, se compadece de forma desajustada con la absoluta y necesaria ponderación del caso" en comparación con la situación sanitaria.

La Sala utiliza la misma argumentación al rechazar la petición del Gremio de Restauración, a quien contesta que "la preponderancia del interés general, cuanto menos, en la protección de la salud pública, quedaría afectada de manera inmediata por la suspensión" urgente de la resolución del Govern.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha inhibido de la segunda causa contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra por presunta desobediencia al haber perdido su condición de aforado con su inhabilitación, y ahora la llevará un juzgado de instrucción de Barcelona.

Según ha informado el TSJC este martes, la sala remite el procedimiento a la oficina de reparto de los juzgados de instrucción de Barcelona para que se asigne al que le corresponderá seguir con el caso, al haber perdido la competencia para juzgarle.

Esta decisión llega tras su condena a un año y medio de inhabilitación y a la pérdida de su condición de presidente de la Generalitat, ya que desde entonces no está aforado y por lo tanto no debe juzgarle el TSJC sino un juzgado ordinario.

Se trata de la segunda causa contra Torra por el mismo delito: en este caso, por no retirar la pancarta en periodo electoral antes de las elecciones del 10 de noviembre de 2019.

Torra ya compareció ante el TSJC por esta segunda causa aunque se acogió a su derecho a no declarar, y ahora el tribunal rechaza acordar a su defensa unas diligencias de investigación a la espera de que se reparta la causa.

SALA CONTENCIOSA

Esta segunda causa contra Torra parte de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, que vio una posible "relevancia penal" en que el presidente no retirara una pancarta con un lazo amarillo en el plazo fijado antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.

Impulso Ciudadano había presentado un recurso contencioso contra Torra por tener la pancarta colgada y el tribunal acordó la medida cautelar de retirarla, para lo que dio a Torra 48 horas desde que fue requerido personalmente el 23 de septiembre de 2019, pero el presidente no quitó la pancarta hasta que, expirado el plazo, se ordenó que lo hicieran los Mossos d'Esquadra.

El 41% de las mujeres refugiadas del Campo de Moria, en la isla griega de Lesbos, han sufrido abusos sexuales, según un estudio del Grupo de Acción Comunitaria (GAC), especializado en la investigación en los ámbitos de la salud mental, la violencia política y los derechos humanos.

Estos datos han llevado al GAC a afirmar que el campo de Moria "ha constituido en su conjunto un espacio de tortura para los miles de solicitantes de asilo que han pasado en los últimos años", según ha recogido en un comunicado este martes la ONG catalana Casa Nostra Casa Vostra.

El informe destaca también que el 100% de los refugiados del campo, que quedó destruido por un incendio el pasado mes de septiembre, ha pasado hambre; que el 91,3% ha sufrido enfermedades por contacto con aguas fecales o agentes patógenos; y que el 100% tenía restringida la posibilidad de ir al baño o ducharse.

El estudio describe situaciones de privación indirecta de sueño, falta de alimentación mínima y adecuada, exposición a temperaturas extremas y aislamiento comunicativo, además de "constantes humillaciones, amenazas y violencia ejercida por parte de funcionarios públicos".

En base a estos indicadores, el GAC ha afirmado que "la política migratoria está diseñada con fines de ejemplarización, persuasión y castigo hacia las personas que consiguen atravesar la fortaleza que conforman las fronteras europeas".

El estudio, titulado 'Arquitectura de la tortura en Europa', se ha realizado a partir de 160 entrevistas que, según sus impulsores, constituyen una "muestra representativa de la realidad en el campo, con respecto al género, la nacionalidad y la edad", y cuyas respuestas han sido validadas con instrumentos de evaluación internacionales.

El Gobierno de Cantabria aprobará esta semana un "paquete de medidas" para "limitar la actividad social" ante el importante aumento de contagios por Covid-19, entre ellas limitar aforos y reducir el número de personas que pueden compartir una actividad social, que ahora se sitúa en diez.

Así lo ha anunciado a preguntas de los medios el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, después de que este lunes se hayan registrado 92 nuevos positivos, y este martes otros 130 en lo que va de día.

Como consecuencia del aumento de contagios, también siguen aumentando las personas hospitalizadas, que ascienden ya a 60, nueve más que en la última jornada, de las que 11 están en la UCI (dos más). No se han registrado nuevos fallecidos, por lo que la cifra se mantiene en 244.

Los acumulados positivos en la región suben a 8.961 (7.996 detectados mediante prueba PCR y 965 a través de test detección anticuerpos); y los curados suman 7.658 (85% del total).

El consejero ha destacado la necesidad de "limitar la actividad social porque es ahí donde se producen los contagios fundamentalmente", y ha puesto como ejemplo un municipio pequeño con una incidencia muy alta "por una partida de cartas".

Ha destacado además que se trabaja en coordinación con las comunidades autónomas vecinas, que ya han adoptado medidas restrictivas. "No podemos ser una isla, y además en nuestro caso lo necesitamos porque se ha producido un importante aumento de contagios", ha añadido.

Por otro lado, ha señalado que el brote de Villacarriedo está "controlado" aunque la situación "evoluciona lentamente" y la incidencia acumulada sigue siendo "muy alta" al ser una población pequeña, igual que Arredondo y otros municipios, ha dicho.

AUMENTO DE AFORO EN LOS PARTIDOS DEL RACING

Preguntado por las críticas del PP, que considera "incongruente" recomendar a la población autoconfinarse y a la vez autorizar un aumento de aforo de hasta 6.000 personas en el estadio del Racing, el consejero ha defendido que "no hay incongruencia" porque son "dos cuestiones distintas".

En ese sentido, ha señalado que si las medidas se llevan a la práctica tal y como las marca Salud Pública, "no debería haber problema", y ha afirmado que en el caso del Racing, existe una "probabilidad casi nula de que dentro del estadio se produzcan contagios" con las medidas "rigurosas" de seguridad establecidas, "otra cosa es fuera del estadio y antes y después del partido.

También ha recordado al PP que no hay limitación de la movilidad de las personas salvo en Madrid y el cierre perimetral de Navarra, por lo que "a Cantabria puede venir cualquier persona. "Nosotros tenemos que estar preparados para esa movilidad, y asumirla; e intentar que esas personas cumplan las normas de Cantabria; por nuestra parte no podemos hacer nada más".

El PP ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a crear un fondo de 5.000 millones de euros en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales, movilizar fondos de 1.000 millones para el transporte y cubrir el coste del ingreso mínimo vital. Además, pide que el Ejecutivo transfiera una parte proporcional de los fondos europeos a los ayuntamientos.

La formación que lidera Pablo Casado ha presentado esta iniciativa para su debate en la Comisión de Hacienda en la que exigirán al Ejecutivo la creación de estos fondos que supondrían más de 6.000 millones de euros para los ayuntamientos.

Esta propuesta surge después de que el Gobierno decidiera suspender las reglas fiscales y por ende la liberación de los remanentes de las entidades locales. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) anunció que estaba negociando con el Ministerio de Hacienda sobre este fondo.

En su escrito, el Grupo Popular recuerda la labor que han realizado los ayuntamientos durante la pandemia y piden que el Gobierno les ayude a través de estos fondos para poder hacer frente a la recuperación económica, sanitaria y social.

Asimismo, han reprochado al Gobierno el decreto para la liberación de los remanentes que fue tumbado por la mayoría del Congreso y que, según el Grupo Popular pretendía "apropiarse" de los ahorros de los ayuntamientos.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha admitido este martes que hace "muchos días" que su partido tomó la decisión sobre el sentido del voto que mantendrá el Grupo Popular en el debate de la moción de censura de Vox, pero ha subrayado que esa posición la anunciarán en el mismo debate parlamentario.

"La decisión lleva tomada muchos días pero la vamos a anunciar cuando corresponde, que es en el marco de esa moción de censura. Y ahí será cuando el PP informe del sentido del voto", ha manifestado Montesinos en una entrevista en Telecinco.

El dirigente del PP ha señalado que su partido "ha dicho claramente desde el primer minuto que no va a apoyar esa moción de censura" porque "no dan los números" y porque "va a reforzar a Pedro Sánchez". "La imagen en esa moción va a ser Pedro Sánchez ovacionado por la bancada socialista y de Unidas Podemos, y por un Gobierno más compacto y más fortalecido de lo que está hoy", ha manifestado.

Además, ha asegurado que Pablo Casado -que tomará la palabra en ese debate porque en una moción de censura "quienes intervienen son los líderes de las principales formaciones políticas"- no va a verse "presionado" ni por Pedro Sánchez ni por el ministro José Luis Ábalos, quien, según ha dicho, este lunes "volvió a dedicarse a insultar" a su partido.

"No vamos a admitir presiones de nadie", ha proclamado Montesinos, respondiendo así a las palabras de Ábalos, quien afirmó este lunes que una posible abstención del PP en esa moción sería una "respuesta acomplejada de quien no quiere romper sus vínculos con la ultraderecha".

LA MOCIÓN NO ES LO QUE "PREOCUPA" A LOS ESPAÑOLES

Además, ha destacado que van a pasar unos días hablando de esa iniciativa parlamentaria de Vox cuando "no es lo que preocupa a los españoles hoy", a los que interesa asuntos como el hecho de que no haya un plan común para actuar contra el Covid-19. "El caos de la gestión del coronavirus de este Gobierno es absoluto", ha manifestado.

A su entender, de lo que se habla "hoy" en España es de la situación económica tras la pandemia o del "rapapolvo" que la UE dio al Gobierno de Sánchez por "intentar acabar con la independencia judicial y la separación de poderes".

"Es importante que los españoles tengan claro que este partido, que es el principal partido de la oposición, está dedicado a los problemas reales de los españoles", ha manifestado, para añadir que su formación no se va a "desviar de lo importante".

En este sentido, el responsable de Comunicación del Partido Popular ha subrayado que lo que se va a vivir estos dos días en el Congreso "no es lo que quieren los españoles", que quieren que "solucionen sus problemas.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha aclarado este martes que el recurso contra la orden del Ministerio de Sanidad sobre las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "sigue", y que lo que ha retirado el Gobierno regional ha sido la petición de medidas cautelares.

"Lo que retiramos fue la petición de medidas cautelares puesto que estaba aplicado el estado de alarma pero el recurso sigue", ha señalado Escudero en un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press.

El recurso de la Comunidad de Madrid presenta la orden del Ministerio como una invasión "mediante una utilización torticera del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".

Escudero se ha referido a la "falta de cobertura legal" como "uno de los grandes problemas" que han tenido en esta pandemia, y ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso pidió medidas "muy claras" y "muy concretas" que permitiesen "tener esas herramientas legales".

"Nosotros lo que hubiésemos esperado es un liderazgo del Ministerio en todo momento", ha agregado, en alusión a "la falta de cobertura legal" que han tenido las comunidades autónomas para ir tomando decisiones.

Cataluña ha registrado hasta este martes 206.294 203.397 casos confirmados acumulados de coronavirus -179.162 con una prueba PCR-, 2.897 más que en el recuento del lunes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.670, 51 más que los registrados el lunes: 8.328 en hospital o centro sociosanitario, 4.206 en residencia, 854 en domicilio y 282 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.385, lo que supone un aumento de 77 respecto al último recuento.

Un total de 239 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI), uno más que en el balance anterior.

La tasa del riesgo de rebrote ha subido: el domingo alcanzaba un nivel de 438,48, y 24 horas después está en 466,49, mientras que la velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) se ha situado en 1,28.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 19.407 personas que han dado positivo, de las que 6.664 han muerto y 87 se encuentran actualmente ingresadas, ninguna en la UCI.

POR COMARCAS

En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 74.298 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.638 muertes, mientras que actualmente hay 408 pacientes ingresados -77 de ellos en la UCI-; el riesgo de rebrote es de 516,75.

En Osona (Barcelona) se han contabilizado 5.225 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 386 muertes, mientras que actualmente hay 39 pacientes ingresados -8 de ellos en la UCI-; el riesgo de rebrote es de 862,92.

En el Gironès (Girona) se han registrado 6.224 casos confirmados acumulados de coronavirus desde que empezó la pandemia, con 224 muertes; actualmente hay 28 pacientes ingresados, de los que 7 están en la UCI, mientras que el riesgo de rebrote es de 541,51.

Respecto a la comarca de la Cerdaña (Girona), desde el inicio de la pandemia ha habido 499 casos confirmados acumulados de coronavirus, de los que 6 han muerto, mientras que actualmente hay 7 pacientes ingresados -2 de ellos en la UCI-; el riesgo de rebrote es de 482,05.

En el Bajo Ebro (Tarragona), desde el inicio de la pandemia ha habido 1.446 casos confirmados acumulados, de los que 36 han muerto, mientras que actualmente hay 10 pacientes ingresados -dos de ellos en la UCI-, y el riesgo de rebrote es de 602,62.

En la comarca Les Garrigues (Lleida), desde el inicio de la pandemia ha habido 565 casos confirmados acumulados, de los que 7 han muerto, mientras que actualmente hay 7 pacientes ingresados -dos de ellos en la UCI-, y el riesgo de rebrote es de 1.270,45.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha insistido este martes en que Podemos "no es necesario" en la "ecuación" de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya que, a su juicio, "su papel solo puede deteriorar el acuerdo".

En una entrevista en 'La hora de la 1' Gamarra ha asegurado que el PSOE podría prescindir de la formación 'morada' en la negociación del CGPJ al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo hizo al no informarles sobre la fusión entre Bankia y Caixabank.

En esta línea, Gamarra se ha referido a las declaraciones del propio Sánchez en septiembre, cuando desveló que el líder de los 'populares', Pablo Casado, se había comprometido "al 99%" a la renovación del órgano de los jueces. "Sabe que no era así: no había acuerdo ni mucho menos estaba cerrado", ha apuntado.

Así, la portavoz ha utilizado esa referencia para explicar que, desde entonces, han cambiado muchas cosas a la hora de negociar con los socialistas. "Cuando nos sentamos con el PSOE no estaba Podemos. Forma parte de los acuerdos cuando Pedro Sánchez quiere", ha lamentado.

Según Gamarra, el PP no puede aceptar negociar con una formación "imputada por financiación ilegal" y cuyo líder, Pablo Iglesias, es "un vicepresidente que", de no estar aforado, "estaría imputado". "Esto no pasa en ningún país europeo", ha sostenido.

En este contexto, la dirigente 'popular' ha cargado contra los ataques de Podemos a la Jefatura del Estado y la intromisión de la formación morada en la independencia del poder judicial. Desde el PP, ha señalado Gamarra, tienen una responsabilidad: garantizar la separación de poderes y "poner condiciones en una negociación" donde España "se juega" mucho.

Más aún, ha continuado la portavoz parlamentaria del PP, después de que los partidos que forman la coalición del gobierno, hayan presentado una reforma que no cuenta con informes previos de ningún tipo. "Ataca el alma de los principios democráticos. No es una cuestión que guste al PP. Ha hecho reacciones a las instituciones europeas, que ponen luz roja sobre lo que está pasando en este país", ha zanjado.

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes la propuesta de la Comisión Europea de conceder 2 millones de euros a España con el objetivo de financiar medidas para el reciclaje de 500 trabajadores despedidos del sector naval en Galicia.

La medida ha recibido 'luz verde' de la Eurocámara gracias a los 645 votos que ha cosechado a favor, frente a los 33 eurodiputados que han votado en contra y las nueve abstenciones que se han registrado.

La votación comenzó este lunes por la tarde, pero los resultados se han conocido esta mañana. El Parlamento Europeo celebra su sesión plenaria por videoconferencia debido a la evolución de la pandemia, lo que dificulta los procedimientos.

Las autoridades nacionales pidieron ayuda del Fondo de Adaptación a la Globalización tras el despido de 960 trabajadores de 38 pymes del sector de la construcción naval en Galicia entre mayo de 2019 y febrero de 2020.

El informe del Ejecutivo comunitario argumenta que la crisis económica de hace una década ya hundió a la mitad los pedidos a los astilleros gallegos, que habían registrado un gran crecimiento los años anteriores gracias, en su mayoría, a las nuevas solicitudes procedentes de Asia.

Bruselas ha subrayado que la tendencia a la baja en el sector se ha mantenido desde entonces, sumada a la expansión de los astilleros asiáticos, lo que ha provocado una sobre capacidad a nivel mundial y la caída de los precios en el sector.

La ayuda cubrirá el 60% del coste total de las medidas de apoyo, que las autoridades españolas han presupuestado en 3,4 millones de euros. En particular, se utilizarán para ofrecer a los trabajadores despedidos orientación laboral, formación, prospección laboral y seguimiento en el empleo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado la Real Academia Española (RAE) y le ha trasladado a su director, Santiago Muñoz Machado, su intención de querer convertir a Madrid en "la capital mundial del español".

También, ha destacado la importancia de que ambas instituciones trabajen para seguir llevando este idioma "a todos los rincones del mundo", ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Durante su encuentro, en la tarde del lunes, la presidenta madrileña ha abordado con los miembros de la Academia la necesidad de trabajar en un plan para el fomento de la lectura, así como para "prestigiar" el legado del español, en su vertiente idiomática y cultural, en América.

El español es la tercera lengua en número de hablantes, por detrás del inglés y el chino, de las más de 6.000 que hay en el mundo. El año pasado, casi un millón de personas viajó a España para aprender el idioma.