La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes con el apoyo mayoritario de los grupos políticos, al tener competencia legislativa plena, la proposición de ley del PSOE de reforma del Registro Civil, que supondrá la supresión de los juzgados que han venido ejerciendo estas funciones y su sustitución por las denominadas oficinas generales de Registro Civil, a cargo de funcionarios públicos.
Tras el debate de enmiendas, en el que se han rechazado todas las que aún se mantenían sin transaccionar, la norma ha salido adelante con el voto en contra de Vox, cuyo portavoz en la Comisión, Luis Ruiz Navarro, ha expresado su disconformidad con el proyecto alegando que no tiene prevista una implantación eficiente de las nuevas oficinas y augurando la "muerte de la separación de poderes" por mantener a algunos jueces en la oficinas bajo las órdenes del poder Ejecutivo.
Los portavoces del resto de grupos han expresado su satisfacción por los acuerdos alcanzados para mejorar técnicamente la nueva ley, que pone fin a la 'vacatio legis' de la norma ya reformada en 2011 -- que cumplía el próximo 30 de abril-- a falta tan sólo de su paso por el Senado, con que el objetivo de que pueda ser publicada en BOE a finales del mes de abril.
Durante el debate de las enmiendas, el diputado de Bidu Jon Iñárritu ha defendido las que mantenía vivas dirigidas a dar impulso en la actividad de las nuevas oficinas de registro de un "bilingüismo real" que a su juicio no sería problema con los programas informáticos actuales; así como a las dirigidas a lograr una gestión autonómica de este servicio.
Ha retirado todas sus enmiendas el grupo parlamentario vasco, cuyo portavoz, Mikel Legarda, ha afirmado que si bien el texto no les satisface plenamente lo consideran "razonable", dada la dificultad que presentaba el cambio del sistema.
CIUDADANOS PIDE QUE NO SE DEMORE LA APP NECESARIA
Edmundo Bal, de ciudadanos, ha manifestado igualmente su "enhorabuena por el clima de consenso" alcanzado si bien ha instado al Ministerio de justicia a dotar de recursos la implantación de la aplicación informática necesaria una vez la ley entre en vigor, que está en el núcleo de la ley.
Igualmente se han felicitado por el proyecto Javier Merino del PP, que ha recordado que gracias a las enmiendas de su grupo y su posterior consenso "hoy podemos decir que el registro civil siga implantado en todo el territorio nacional"; y Andrea Fernández, del PSOE, que ha recordado que la creación de los registros fue una de la bases de la implantación de los regímenes liberarles en la Europa decimonónica y supone una de las bases de nuestra seguridad jurídica.
La reforma legal está dirigida "preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito" y, para ello, frente de cada Oficina General del Registro Civil estará un Encargado del Registro Civil, que ejercerá sus cometidos bajo la dependencia funcional de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Ello conllevará que, a la fecha de entrada en vigor de esta ley queden suprimidos los Juzgados que, de forma exclusiva, han venido ejerciendo funciones de Registro Civil y el Registro Civil Central y, en su lugar, se crean oficinas generales de Registro Civil y la Oficina de Registro Civil Central.
ATENDIDAS SÓLO POR FUNCIONARIOS
Además, los puestos de trabajo de las oficinas del Registro Civil solo podrán ser cubiertos por personal de los cuerpos generales de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que se ordenarán de acuerdo con lo establecido en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
La entrada en vigor de la actual Ley, que data de 2011, fue sufriendo sucesivos aplazamientos, ya que, si inicialmente se estableció que la misma se produciría a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir el 22 de julio de 2014, posteriormente han sido necesarios periodos adicionales por las diferentes vicisitudes acaecidas a lo largo de este tiempo.
Ahora se pretende que la entrada en vigor se produzca en la última fecha prevista de 30 de abril de 2021, sin ulteriores aplazamientos; "ya que una institución de la importancia del Registro Civil para todo el Estado español y que con su organización más moderna y eficiente va a presentar una enorme utilidad práctica para todos los ciudadanos y para la mejor prestación de los servicios públicos, justifica sobradamente el gran esfuerzo organizativo, tecnológico y económico que su implantación va a exigir", añade la exposición de motivos de la ley.
Otros aspectos de la reforma van dirigidos a garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas dotada de servicios electrónicos y adecuadamente capilarizada en todo el territorio nacional, para proporcionar la necesaria cercanía a los usuarios del servicio registral.
Unidos a estos cambios tecnológicos están la mayoría de los artículos de la Proposición socialista que ha sido aprobada, que apuntan a una serie de mejoras técnicas en determinados preceptos que, con el paso del tiempo o por anteriores reformas, han quedado desajustados a la realidad actual o cuya necesidad ha surgido en el proceso de desarrollo de la aplicación informática.
Igualmente, se asignará al ciudadano un código personal por el sistema informático del Registro Civil con la colaboración del Ministerio del Interior, que se asociará de forma inmediata el número del DNI cuando la persona tenga nacionalidad española, o cualquier otro documento identificativo oficial, en otro caso; siendo invariable durante toda la vida del sujeto .
También se ha considerado necesario modificar la regulación de la firma electrónica empleada en el funcionamiento del Registro Civil, distinguiendo la que se emplea para la práctica de asientos, que será la propia del encargado que firme el asiento, y la que se empleará para la expedición de certificaciones, que se podrá automatizar con base en la previa identificación digital del solicitante, y que por ello se deberá verificar con un sello cualificado de sistema.
