Las familias gallegas con bajos ingresos tendrán desde el lunes, 16 de noviembre, hasta el viernes 27 de noviembre para solicitar a las mascarillas gratuitas que repartirán los centros educativos públicos y concertados.

Así se desprende de la orden publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), en la que la Consellería de Cultura, Educación e Universidade establece los criterios por los que los colegios e institutos distribuirán este material sanitario durante el actual curso 2020/21.

En concreto, en la línea avanzada esta semana por el titular de este departamento, Román Rodríguez, la orden explica que podrán solicitarlo las familias con ingresos per capita -por cada miembro- de 6.000 euros o menos. De hecho, serán automáticamente receptores de las mascarillas los alumnos beneficiarios de las ayudas para adquirir material escolar, puesto que ya cumple estos mismos criterios de rentan.

Además, entrarán en este reparto, con independencia de los ingresos familiares, los estudiantes de Educación Especial, aquellos sometidos a tutela o guarda de la Xunta y los que tengan una discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Para elaborar la solicitud, se valorará la renta per capita de la unidad familiar correspondiente al año de 2018, que tendrá que ser de 6.000 euros o menos al repartirla entre todos los miembros -cuentan el doble las personas con una discapacidad del 33 por ciento o que percibe una pensión por incapacidad permanente-. No obstante, en casos de violencia machista, para este cálculo no contarán los ingresos de los agresores.

LO TRAMITAN LOS CENTROS

La orden que recoge el DOG establece que les corresponde a los centros docentes públicos y concertados tramitar las solicitudes, para lo que tendrán tres meses a partir de la publicación de la convocatoria, así como el resto de labores de gestión, también el propio reparto.

Las familias presentarán las solicitudes -no tendrán que hacerlo los beneficiarios de las ayudas para adquirir material escolar- de manera presencial en el propio colegio o instituto, empleando para ello una ficha disponible en la sede electrónica de la Xunta.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de diez días hábiles desde este sábado, es decir, entre el lunes 16 y el viernes 27 de noviembre.

La previsión de la Administración, tal y como explicó esta semana el conselleiro de Educación, es que reciban las mascarillas a lo largo de todo el curso escolar alrededor de 100.000 alumnos.

FONDO DE RESERVA

Los centros adquirirán todo el material con cargo a los 7 millones de euros del Fondo de Reserva de Garantía Educativa, habilitados para el refuerzo de las medidas de seguridad ante la pandemia.

También se harán con mascarillas higiénicas reutilizables transparentes para la atención en el aula de audición y lenguaje, con el objetivo de que las empleen en este espacio tanto el alumnado como el profesorado.

La directora de la Residencia Amavir de Alcorcón, Lidia Sánchez, ha relatado esta mañana que durante la primera ola de la pandemia de coronavirus sufrieron «una guerra sin medios», la falta de derivaciones de residentes a los hospitales y ha insistido que las administraciones les pedían continuamente cifras sobre fallecidos y enfermos pero «nadie les preguntaba si necesitaban ayuda».

En la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 de la Asamblea de Madrid, Sánchez ha contado el drama que vivieron en este geriátrico de 183 plazas, en las que murieron 30 mayores en el primer mes de la crisis sanitaria.

Según ha recordado, el 9 de marzo cerraron el centro, como ordenó la Comunidad, y a partir del día 13 detectaron usuarios con afecciones respiratorias, pero el primer caso confirmado de coronavirus fue el 28 de ese mes porque no tuvieron hasta entonces acceso de PCR. «Ninguno era consciente de lo que verdaderamente venía», ha reconocido.

La directora de esta residencia de Alcorcón ha asegurado que pese a la gravedad de esa situación «no tuvo ningún contacto en ningún momento de las Consejerías de Políticas Sociales y Sanidad». Y critica que según el protocolo recibido el 21 de marzo tenían que aislar a los usuarios en función de su sintomatología pero no tenían test diagnóstico para ello.

«El 15 de marzo le pido por primera vez al hospital los test. Yo decidí por mi propia cuenta el 19 de marzo aislar a todos los usuarios por habitaciones, pese al rechazo de las familias. Luego la gente me lo agradeció. Cada habitación es la casa de cada residente. Esto no es un hospital con una camilla que te llevo donde quiero. Esa habitación es su casa y allí están sus enseres personales», ha indicado.

Durante esas primeras semanas de pandemia, Sánchez ha manifestado que el personal pasó a trabajar 12 horas para atender todo lo que estaba ocurriendo y sin apenas libranzas y que contrató a más trabajadores de limpieza. Entre el 30% y el 35% del personal causó baja pero a duras penas pudieron reponerlas porque era difícil encontrar profesionales cualificados.

«Contratamos personal que eran enfermeros pero no tenían la homologación. No vino ninguna persona externo de la Consejería, siempre llegó personal propio de nuestra empresa», ha respondido la compareciente a preguntas de la oposición.

Respecto a los equipos de protección individual (epis), la responsable de Amavir Alcorcón ha señalado que hasta principios de abril no empezaron a llegar y que la primera medicación específica para Covid les llegó el 7 de abril porque les decían que había desabastecimiento, y tampoco pudieron comprarlas en ninguna farmacia porque tampoco había.

«El mayor problema que tuvimos es que se requisó el material a las empresas distribuidoras para que llegara a los hospitales pero se olvidaron a las residencias, donde también hay sanitarios. Hicimos pedidos pero se quedaron retenido en aduanas», ha manifestado.

LAS DERIVACIONES A HOSPITALES

La interviniente en la comisión de investigación ha confirmado que no pudieron derivar a residentes enfermos a hospitales hasta el 31 de marzo. Desde ese día hasta el 8 de abril solo pudieron derivar a 7 personas y a partir de entonces no tuvieron problemas. «Pedimos la primera ambulancia el 13 de marzo. Llamé al 061 y me dijeron que comunicar a través de la geriatra del hospital y me colgaron», ha contado.

Sánchez también ha recordado que rechazaron la hospitalización de un residente de 75 años con Alzheimer moderado pero sin dependencia, siguiendo los supuestos protocolos dictados por aquel entonces por la Consejería de Sanidad. «Nunca me dijeron que fuera un borrador o un documento no oficial. Ni nos ofrecieron la posibilidad de derivarlos a Ifema o hoteles medicalizados», ha apostillado.

Tal fue su desesperación que el 9 de abril mandó un correo electrónico al hospital de Alcorcón avisando que mandaban ambulancias para recoger a sus residentes o pediría a las familias que los llevaron ellos mismos a Urgencias. Este correo surtió efecto y la geriatra les visitó presencialmente al día siguiente.

«Hasta el email habían muerto 30 personas. Empezaron a abrirse las derivaciones a hospitales y a llegar medicamentos específicos, test y médicos del hospital al centro. Solo hubo 7 fallecimientos más por Covid desde entonces hasta el 28 de mayo, fallecimiento último de la primera ola. Se pudieron haber salvado vidas», ha reconocido.

No obstante, la interviniente sí ha confirmado que las personas que tenían seguro privado sí pudieron ser derivadas a hospitales, pero solo la minoría tenían dicho seguro.

«NO HUBO COORDINACIÓN ENTRE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES»

La directora de esta residencia también ha repetido en varias ocasiones que les llegaba mucha información y protocolos de actuación «de todos los sitios, que era difícil leerlos cuando la gente se estaba muriendo y era una mano más». «Me causa hasta risa unos protocolos que leí después que me pedían algo que no estaba en mi mano o con medios que no me estaban proporcionando», ha lamentado.

«No hubo coordinación entre Sanidad y Políticas Sociales. Mandaban protocolos con cosas diferentes, cada uno iba a lo suyo. Uno me decía que tenía que mandar un correo cada vez que moría alguien. Era excesiva la información que llegaba y procesos que teníamos que cumplir, pero no teníamos medios ni tiempo para asimilarlos», ha apuntado.

Sánchez también ha asegurado que no tuvo reuniones con nadie de la Consejería. «En ningún momento vino la Inspección. Lo suyo es que vengan presencialmente a comprobar lo que pasa. Sí hablábamos por teléfono, algo que era importante porque podía desahogarme. Por cifras nos preguntaban muchísimo, pero por si necesitábamos algo, más bien poco», ha criticado.

La compareciente apenas notó en su centro el Plan de Choque puesto en marcha por la Comunidad en residencias, pero admitió que el servicio de prevención del Hospital de Alcorcón les formó en zonificación y se realizaron semanas después pruebas serológicas que espera que ahora se repitan porque «tras tres meses ya no tienen validez».

Sánchez también ha recalcado que no medicalizaron su geriátrico, pese a las sentencias instando a ello a la Consejería de Sanidad. Recibieron eso sí, las visitas de la UME de los Bomberos de Alcorcón para desinfectar el centro.

«Lo que he vivido es una guerra sin medios, he sido juzgada de antemano de asesina, que acumulaba muertos. Espero que se busquen soluciones para que no vuelva a ocurrir y no vivir lo que yo he vivido. Y que no se me juzgue a pesar de todo lo que luchado. Estuvo 65 días sin librar un solo día, vapuleados por los medios diciendo que acumulábamos muertos. Y ese daño duelo mucho, por mí y mi gente, que fueron allí dejarse la vida por los demás. Mientras, escuchábamos que dejábamos morir a gente, cuando la realidad es que no teníamos medios y hemos llorado lágrimas de sangre por impotencia», ha resumido.

La directora de Amavir Alcorcón asegura que no pudo abrazar a sus hijo durante 70 días y que hay residentes que todavía no han podido hacerlo por las restricciones. Sin embargo, ha comprado tablets para facilitar la comunicación de los enfermos con sus familiares. «Siempre tuve claro que tienen derecho a saber lo que ocurría desde el minuto uno en ese centro», ha concluido.

Andalucía suma este viernes 13 de noviembre 46 muertes por coronavirus Covid-19 en 24 horas, 22 menos que la víspera, según datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 4.483 positivos confirmados por PCR y test de antígenos, 254 menos que este jueves y 144 menos que el viernes de la semana pasada.

Las 46 defunciones de esta jornada son la menor cifra desde el pasado lunes tras registrar el pasado martes 95 fallecimientos, mayor dato diario de toda la pandemia; 62 el pasado miércoles; y 68 el pasado jueves, tercer dato más alto en 24 horas.

Este viernes, la provincia de Granada repite como la que registra mayor número de decesos, con 13, seguida de Sevilla con nueve y Málaga con ocho. Por detrás figuran Cádiz y Jaén con seis y Almería con dos, mientras que Huelva no contabiliza fallecidos en esta jornada.

En cuanto a los casos diagnosticados, los 4.483 positivos son 254 menos que los contabilizados la víspera y 144 menos que los registrados hace siete días. Sevilla repite por segundo día consecutivo como la provincia con más casos diarios con 1.047, seguida de Granada con 951, Cádiz con 575, Málaga con 541, Jaén con 482, Córdoba con 326, Huelva con 285 y Almería con 276.

LOS HOSPITALIZADOS BAJAN POR TERCER DÍA SEGUIDO

Por su parte, los hospitales andaluces aumentan en 24 horas once pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por Covid-19 hasta contabilizar 517, máxima cifra de toda la pandemia, aunque vuelven a rebajar por tercer día consecutivo la cifra de hospitalizados hasta los 3.380, 49 menos que la víspera.

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha dicho este viernes que entre el 70 y el 80 por ciento de los casos de Covid-19 registrados en la Región el pasado mes agosto tuvieron como origen dos positivos que entraron en la Región de Murcia por el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

En una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3, López Miras ha dicho que estas dos personas contagiadas entraron en el país sin pasar «ningún tipo de control» y propagaron el virus a través del ámbito laboral y el ocio nocturno, lo que ocasionó que se «dispararan» los casos.

El presidente murciano ha reaccionado así tras ser preguntado por la nueva medida del Ejecutivo de la Nación de exigir una prueba PCR con resultado negativo a quienes procedan de países de riesgo por coronavirus. «Llevamos desde mayo pidiéndola», ha añadido al respecto.

Además, ha afeado al Gobierno central que no disponga de unos criterios homogéneos para todas las comunidades autónomas con el fin abordar la gestión de la pandemia de manera uniforme y combatir un virus «que está atacando a todo el mundo» y que «no entiende de territorios.

«Vemos como el resto de países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Reino Unido o Portugal están unidos, hacen frente común, toman medidas y criterios comunes para todo el país», mientras en España «estamos viendo al vicepresidente de Castilla y León que pide ayuda porque ya no tiene herramientas, el presidente de Asturias también y mañana otro presidente tendrá que pedir otra medida diferente».

Esto, a juicio de López Miras, «no es útil, no es eficaz, no es eficiente» y, además, «no propicia ni la unidad, ni la credibilidad, ni la confianza que los ciudadanos deben de tener en las decisiones que tomamos las autoridades porque así nos lo recomiendan los profesionales sanitarios».

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a Jonathan Witmar Berreondo, de 28 años, a veinte años de prisión por un delito de asesinato al dar muerte a un hombre, Jorge M.V., de 48 años, golpeándole con un martillo en la cabeza.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2018, en el domicilio del acusado, situado en el barrio Oliver de la capital aragonesa.

También, el condenado, de 28 años de edad, deberá indemnizar a la hija de la víctima con 100.000 euros; a los padres con 50.000 euros a cada uno; y a sus hermanos con 25.000 euros a cada uno. La sentencia fija una medida de libertad vigilada durante diez años, tras el cumplimiento de la condena impuesta.

El tribunal del jurado, presidido por el magistrado Mauricio Murillo ha considerado probado que el encuentro entre acusado y víctima se produjo el 14 de diciembre de 2018 después de que ambos se pusieran en contacto a través de ‘Wapo’, una aplicación exclusiva para hombres.

Jorge era transportista, y había llegado a Zaragoza desde Barcelona, teniendo como destino Madrid. Bajo el alias de ‘Mario’ había concertado una cita con el acusado, por lo que fue a su domicilio, en la capital aragonesa, en la tarde del día 14 de diciembre, y mantuvieron relaciones sexuales.

En un momento dado, cuando ambos estaban en la cama, Jonathan, de forma inesperada y sin que Jorge viera al acusado, le golpeó con un martillo un mínimo de 21 veces en la cabeza y al volverse, en la cara, según el relato de los hechos probados. Jorge no pudo ni defenderse ni prever los golpes, pues estaba sobre la cama y el agresor en la parte posterior de la víctima.

Tal y como determinaron los informes forenses, la víctima murió por un traumatismo craneoencefálico al ser golpeado con un objeto contundente.

En la sentencia se indica que el acusado ocultó el cadáver, así como todo tipo de pruebas del escenario del crimen, y que buscó entre sus conocidos y amigos posibles coartadas para simular su desconocimiento de los hechos cuando se encontró del cuerpo de la víctima en una maleta en la terraza de su piso.

Jonathan «cubrió el cuerpo sin vida con un cobertor impermeable de cama y lo metió en una maleta con ruedas, precintando la misma con varias vueltas de film de plástico transparente, la cual dejó en el interior de un armario sito en la terraza del domicilio donde vivía», según se puede leer en la sentencia.

Después, limpió la sangre y pintó la habitación deshaciéndose tanto del martillo, como de cualquier elemento relacionado con los hechos y ante la imposibilidad de deshacerse del cadáver, el acusado diseñó una coartada.

Asimismo, se da como probado que «Jonathan buscó a una tercera persona a la que culpar del delito. Los sucesivos cambios en el relato, sus propias contradicciones, los posicionamientos móviles y los vestigios encontrados, tanto en la habitación como en la víctima, excluyen la presencia de un tercero en el lugar de los hechos», se afirma en el texto de la sentencia.

Se prorroga la situación de prisión provisional del acusado hasta la mitad de la duración de la condena impuesta y hasta la firmeza de esta sentencia, contra la que cabe recurso de apelación antela Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El periodista Gorka Landaburu, víctima de ETA, que defiende el acercamiento de los presos, ha destacado la importancia de que EH Bildu haya pasado de «apoyar las bombas a hacer política». Tras asegurar que «no es ningún regalo» trasladar a los reclusos a cárceles cercanas a Euskadi, ha afirmado que se trata de «cumplir la Ley, avanzar y quitarle el argumento que tiene la izquierda abertzale», que hace «victimismo» con el tema de los presos, cuando son «los victimarios».

Landaburu, que perdió varios dedos de una mano por una carta bomba enviada por miembros de ETA, con la participación de Oskarbi Jauregi, que ayer fue trasladada a la cárcel de Martutene, en San Sebastián, ha vuelto a insistir en que se alegra por la familia de la reclusa.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el periodista ha considerado que los nuevos acercamientos de presos no responde al hecho de que EH Bildu anunciara la posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino que ya ha habido cerca de un centenar de reclusos que han sido trasladados a cárceles vascas o cercanas a Euskadi a lo largo de los dos últimos años. «Es una política muy bien establecida por el Ministerio del Interior y el señor Marlaska», ha apuntado.

Además, ha recordado que el ex presidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy no acercó a ningún preso durante los ocho años que estuvo gobernando y había que abordar este proceso porque ETA ya había desaparecido. «Un barrote de una celda en Sevilla, en Cádiz o La Coruña tiene el mismo barrote en Nanclares o en la cárcel de Basauri», ha subrayado.

A su juicio, los acercamientos evitan «dar un argumento mayor a la izquierda abertzale, que siempre se queja, con razón», del alejamiento y la dispersión de los presos, y que solo favorece que hagan «victimismo».

Gorka Landaburu ha dicho que, «para avanzar y para ir hacia la convivencia, hay que dar pasos». «Eso no quiere decir que vayamos a olvidar ni que vayamos a dejar de pedir a la izquierda abertzale que condene a ETA y su historia. Eso seguiremos haciéndolo. Ha habido pasos tímidos en ese sentido, pero falta una crítica sincera», ha indicado.

Landaburu ha dicho que, «gustará más o menos», pero EH Bildu «es un partido más». Por eso, juega estratégicamente a un nuevo papel que no ha hecho nunca en Madrid. El PNV sí ha sabido negociar y ahora hay una competencia entre EH Bildu y el PNV sobre quién puede acordar o pactar más en Madrid. Yo a eso no doy importancia, aunque sí me parece importante recalcar que EH Bildu ha cambiado de apoyar las pistolas y las bombas, etc, a hacer política», ha añadido.

En este sentido, ha recordado la frase del ex ministro del Interior socialista Alfredo Pérez Robalcaba cuando decía a la izquierda abertzale que optara por «bombas o votos». «Y muchos hemos dicho: ‘dejad las pistolas y haced e integraos en la política’, porque en democracia se puede defender cualquier idea, incluso con la palabra se puede defender la independencia», ha subrayado.

Gorka Landaburu cree que es «una asignatura pendiente» en Euskadi que los jóvenes vascos sepan que ETA existió y lo que ocurrió. «Es bastante penoso que un chaval de aquí tenga 20 años y no sepa de nuestro pasado reciente. Todavía no hemos resuelto temas de la guerra civil y ahí estamos, y tampoco ahora estamos a punto de resolver esto. Es un fallo colectivo», ha remarcado.

En su opinión, si se quiere construir «un futuro en paz, definitivo y que nunca vuelva a ocurrir», hay que «mirar hacia adelante, con las dos manos al volante», pero «con un buen retrovisor puesto, que es la memoria».

TRASLADO DE OSKARBI JAUREGI

El periodista también se ha referido al tuit que escribió ayer cuando se enteró de que habían trasladado a la cárcel donostiarra de Martutene, a Oskarbi Jauregi, condenada a 50 años de prisión por diversos atentados y que participó en el envío del paquete bomba que le mutiló dedos de la mano, en el que aseguró que no se alegra por ella, pero sí por su familia.

«No es ningún regalo acercar a un preso de ETA que esté en Puerto de Santamaría, es cumplir la Ley, avanzar y quitarle el argumento que tienen la izquierda abertzale y ciertos sectores a cuenta de los presos, que les transforma en víctimas cuando ellos son los victimarios», ha añadido.

Por ello, ha dicho que «hay que levantar la conciencia y lo que no se puede hacer es que se utilice a ETA, la violencia y el terrorismo» en la política. «Puedo entender que cada uno tenga su táctica y su estrategia, pero, desgraciadamente, en el Parlamento de Madrid, cada semana oímos el tema de ETA como excusa. Vale ya, ETA no existe, desapareció hace 10 años. No la vamos a olvidar, pero tenemos que avanzar, aunque pediremos responsabilidad y que hagan su autocrítica«, ha manifestado.

Para Landaburu, es «repugnante, en cierta manera, que se utilice a ETA, no para condenar, sino para intereses de partido», y ha apuntado al PP y a Vox, que «están con la cantinela continua y cansina de ETA», y acusando al Gobierno de pactar «con los terroristas».

«EH Bildu no es ETA, es una coalición que no es solo Sortu, están EA y Alternatiba. Están haciendo un cambio del que cual me alegro, intentando apostar por la política. ¿No dijimos que hicieran política?. ¿Y ahora qué hacemos cuando hacen política?. Para tumbar todos esos pasos que se están dando, hay gente que utiliza a ETA y lo hace todas las semanas, empezando por el jefe de la oposición, el señor Pablo Casado, ¡y qué voy a decir de Abascal y sus muchachos!», ha concluido.

El último lugarteniente de ‘Los Castañas’, uno de los mayores clanes del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, se ha entregado en la mañana de este viernes en la Comisaría de La Línea de la Concepción (Cádiz). Con su detención la Guardia Civil da por culminada la denominada Operación Trapera, con 103 detenciones.

Según han explicado fuentes de la Guardia Civil, la cúpula de la organización del clan contaba con los dos hermanos Antón (los Castañas), ambos en prisión, y dos lugartenientes, uno de los cuales se había entregado el pasado mes de octubre. Lo mismo que ha hecho este viernes el segundo de los que quedaba libre.

La denominada Operación Trapera comenzó con el Juzgado número 5 de Estepona, siendo finalizada por el número 5 de La Línea de la Concepción y donde ha tenido una relevancia destacada la Fiscalía Antidroga.

La operación se llevó a cabo en febrero de 2019 a raíz de que la Guardia Civil tuviera conocimiento unos meses antes de la relación de un grupo de personas, cercanas al conocido Clan de los Castañas, vinculadas con el narcotráfico. Así, a las 5,00 horas del día 12 de febrero de 2019 el Instituto Armado puso en marcha un operativo con un centenar de agentes de distintas especialidades y de distintos puntos de España.

Además, de forma simultánea, se realizaron las entradas en los domicilios, para posteriormente proceder a los registros de los mismos, en los que participaron hasta once letrados de la Administración de Justicia. En ese primer día se realizaron 29 detenciones con registros en La Línea y en la provincia de Málaga.

Finalmente, la operación, en la que han participado guardias civiles de las comandancias de Algeciras, Cádiz, Sevilla y Málaga, así como el Grupo de Acción Rápida (GAR), el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), Servicio Marítimo y Servicio Aéreo, se ha culminado con la entrega del lugarteniente, completando así las 103 detenciones fijadas en el transcurso de la investigación.

Una quincena de personas llegadas en patera hasta Almería han sido aisladas en el recurso habitacional articulado en el hotel Diverhotel Odyssey de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), después de que una de ellas diera positivo a los test de antígenos para la detección del covid-19 aunque negativo a las pruebas posteriores, si bien se precisa su seguimiento médico.

El aislamiento de casos positivos y sospechosos por contacto estrecho de covid-19 eleva a 22 los aislados esta semana después de que el pasado lunes se detectara otra embarcación con un caso de contagio en un varón y seis contactos estrechos en el puerto pesquero de Almería, por lo que fueron trasladados para su cuarentena.

Fuentes sanitarias han confirmado en este caso y tras lo dispuesto este jueves, que el varón deberá permanecer en aislamiento supervisado durante al menos diez días mientras que sus 14 acompañantes, que dieron negativo a todas las pruebas, también deberán estar en cuarentena al menos otros diez días.

La medida, necesaria para proteger la salud colectiva ante el riesgo de contagio, se aplica en virtud de los protocolos establecidos, de modo que Cruz Roja Española, en el marco de actuaciones del programa de atención humanitaria de la Secretaria de Estado de Migraciones dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se encargará de dar atención a los confinados.

Se trata de la cuarta ocasión en la que se activa el recurso habitacional dispuesto en la playa de El Palmer gracias al acuerdo de colaboración entre el SAS y Senator Hotels & Resort, que dispuso estas instalaciones para albergar a un máximo de 120 personas.

Hasta el pasado martes, según los datos facilitado por el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, las pruebas realizadas a las 5.118 personas que han alcanzado la costa andaluza en patera desde junio habían dado como resultado 83 positivos en covid-19.

Agentes de Policía Nacional detuvieron anoche a 15 jóvenes españoles que estarían relacionados con la banda latina de los ‘Trinitarios’, de los cuales nueve son menores de edad, tras una persecución con machetes a un ex integrante de una banda rival, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

La intervención policial se desarrolló tras recibir la llamada de la víctima que alertaba a los agentes de que un grupo de personas de origen dominicano le estaban persiguiendo con la intención de apuñalarle con machetes, mientras le amenazaban de muerte.

Los agentes lograron localizar a los sospechosos en el Parque Lineal, junto a la autopista M-30, siendo posteriormente interceptados en la Calle Ricardo Ortiz, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, tras darse a la carrera.

Durante las labores de inspección, los policías hallaron dos cuchillos de 20 centímetros de longitud y 9,5 centímetros de hoja, los cuales se encontraban entre unos árboles. La víctima, español de 26 años de edad, manifestó a los agentes que el motivo de la persecución era el de haber pertenecido con anterioridad a una banda latina rival.

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha aclarado que no se ha tomado ninguna decisión sobre aplicar o no un nuevo cierre perimetral en la región con motivo del puente de diciembre.

«No tenemos tomada decisión alguna con el puente de diciembre y en función de cómo evolucione Madrid veremos exactamente qué medidas hay que tomar», ha manifestado Zapatero en la rueda de prensa semanal para informar sobre la situación epidemiológica del coronavirus.

«Es decir, que no hemos tomado decisión alguna, y si eso es en relación al puente de diciembre la Navidad todavía cae más lejos. Por tanto, no hay decisión tomada en relación con la navidad», ha agregado, en alusión a la posibilidad de flexibilizar la limitación que se aplica en las reuniones sociales y familiares de un número máximo de 6 personas no convivientes.

«A todos nos encantaría que la navidad fuese lo más normal posible», ha agregado Zapatero, quien ha recordado que queda «mes y diez días» para navidad y que ellos van «día a día» y «semana a semana» analizando los indicadores.

Así, ha apostillado que en función de los indicadores decidirán «lo que sea mejor para la salud de los madrileños. «Vamos a ir partido a partido, semana a semana, y de ahí no nos vamos a mover», ha apostillado.

La Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes que no se va a aplicar ninguna medida especial a ninguna otra zona básica de salud en este momento y que 10 serán excluidas de las zonas básicas de salud con restricciones.

Así lo han indicado en rueda de prensa el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.

Según ha señalado Andradas, las 10 zonas donde se van a levantar las limitaciones a la movilidad y a la actividad a partir de las 00.00 horas del lunes «presentan una disminución del 50% o más en la incidencia acumulada en los últimos 14 días y además muestran una marcada tendencia descendente».

En el municipio de Madrid estas son Peña Prieta y Rafael Alberti (Puente de Vallecas); El Espinillo, San Andrés y San Cristóbal (Villaverde) y Vinateros-Torito (Moratalaz). Además, se suman Brújula y Las Fronteras (Torrejón), Guadarrama (Guadarrama) y San Blas (Parla).

La Junta de Extremadura aprobará este viernes en Consejo de Gobierno extraordinario nuevas restricciones para la ciudad de Badajoz ante el incremento de casos de coronavirus confirmados en las últimas semanas, y que provocan una situación de «especial riesgo por transmisión no controlada» de infecciones por Covid-19.

Cabe destacar que según los datos de Sanidad de este pasado jueves, relativos a todo el área de Salud de Badajoz, notificó 159 casos confirmados de coronavirus, y en estos momentos cuenta con 96 pacientes hospitalizados, 21 de ellos en UCI.

Además, el Área de Salud de Badajoz registró tres fallecidos en la última jornada, que son un varón de 83 años de Badajoz, un varón de 82 años de Alconchel y un varón de 38 años con patologías previas.

Ante el incremento de casos, el Consejo de Gobierno extraordinario se ha reunido a las 8,30 horas de este viernes para tratar sobre las medidas a adoptar en la capital pacense.

Posteriormente, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles; la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, se reúnen con el gerente del SES, Ceciliano Franco; el gerente del SEPAD, José Vicente Granado; la directora general de Salud Pública, Pilar Guijarro, y los portavoces municipales del Ayuntamiento de Badajoz para tratar sobre estas actuaciones coordinadas.

La reunión comienza a las 10,30 horas en el salón de actos del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, mientras que a las 12,30 horas, el el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles; la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, informarán en rueda de prensa de estas medidas.

La Generalitat ha prorrogado durante una semana más el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana, desde este viernes hasta el próximo 20 de noviembre, según publica el Diari Oficial (DOGV).

Se mantiene así la restricción de entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat, adoptada el pasado 30 de octubre por decreto de medidas temporales y excepcionales como consecuencia de la crisis sanitaria y el estado de alarma en España.

Esta es la segunda prórroga desde la de la semana pasada, ya que el Consell cree que la situación epidemiológica aconseja ampliar la perimetración para «continuar frenando los contagios», en base a los informes de la Conselleria de Sanidad Universal.

La moratoria entra en vigor a mediodía hasta el próximo viernes, según la resolución firmada por el ‘president’ de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

El avión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no ha podido aterrizar en el aeropuerto de Pamplona debido a la niebla y ha tenido que desviarse a San Sebastián, por lo que se retrasa la visita que tenía previsto realizar a Navarra.

Inicialmente, estaba previsto que Pedro Sánchez llegara a las 10.30 horas al Palacio de Navarra, en Pamplona, donde iba a ser recibido por la presidenta del Gobierno foral, María Chivite. El programa de la jornada incluye una reunión de Sánchez con el conjunto del Gobierno de Navarra.

Tras ello está previsto que el presidente del Gobierno presente en el palacio de congresos y auditorio Baluarte ‘España Puede’, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que guiará la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta el año 2023.

En este acto también intervendrá la presidenta del Gobierno de Navarra. La presentación contará con la presencia de una treintena de invitados entre miembros del Gobierno de Navarra, autoridades y representantes del ámbito económico y empresarial. Además, otro grupo de empresarios podrán seguirlo por vídeoconferencia.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que el Gobierno Vasco retrasó «todo lo posible» el cierre de la hostelería porque es consciente de que esta es una decisión «dolorosa» y que tendrá consecuencias económicas, pero ha subrayado que es necesario anteponer «el bien mayor de la salud pública» a cualquier otra consideración, y ha advertido de que, dada la expansión de la pandemia, es necesario adoptar medidas y actuar con responsabilidad «para evitar el confinamiento general y el colapso sanitario».

Urkullu ha respondido de esta forma, en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno autonómico para compensar a la hostelería por el perjuicio económico que ha causado el cierre decretado para el sector como medida para tratar de contener el avance de la pandemia.

En su respuesta, el lehendakari ha asegurado que el Gobierno Vasco retrasó «todo lo posible» el cierre de la hostelería porque es consciente de que esta es una decisión «dolorosa» y que tendrá consecuencias económicas. No obstante, ha explicado que si decretó el cierre fue porque era necesario anteponer «el bien mayor de la salud pública» a cualquier otra consideración.

Además, ha recordado que Euskadi se encuentra en el escenario más grave previsto en el plan de actuación frente a la pandemia (‘Biziberri II’), y ha advertido de que, dada la expansión del coronavirus, es necesario adoptar medidas y que todos los ciudadanos e instituciones actúen con responsabilidad. «Está en nuestra mano evitar el confinamiento general y el colapso sanitario», ha dicho.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este viernes el cierre de casinos, salas de bingo, los salones de juego, las casas de apuestas y demás establecimientos y locales donde se desarrollen actividades de juego y apuestas desde hoy y durante los próximos 14 días con el fin de evitar contagios por Covid-19.

Según la orden los incumplimientos podrán constituir infracción administrativa y el seguimiento y control de su cumplimiento se desarrollará en el marco del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL).

El presente acuerdo producirá efectos desde hoy y mantendrá su eficacia durante un período no superior a 14 días naturales.