El Grupo Municipal Socialista se ha querellado por prevaricación contra el concejal-presidente de Chamberí, Javier Ramírez (PP), la coordinadora del distrito y el director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento tras la retirada de la placa dedicada a Francisco Largo Caballero.

La querella ha sido interpuesta este viernes después de que hace una semana encontraran la placa «destrozada» en el Almacén de la Villa. A los querellados se les atribuye un delito de prevaricación y otro contra el patrimonio histórico.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, ha manifestado que continuarán las acciones judiciales contra estas acciones nacidas del «revanchismo, del revisionismo y el odio de los franquistas a la Memoria Histórica y a sus protagonistas más significativos».

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Tras presentar la semana pasada un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de Pleno propuesto por Vox y apoyado por PP y Cs para eliminar del callejero los homenajes a Largo Caballero e Indalecio Prieto, así como sus placas conmemorativas, ahora el Grupo Municipal Socialista presenta una querella penal.

Creemos que se ha podido cometer un delito de prevaricación y un daño contra el patrimonio histórico de Madrid, irreversible en este caso con la destrucción de la placa», ha manifestado Hernández, que ha cargado contra la «propuesta infame de Vox, contestada por múltiples historiadores, que han dicho unánimemente que no tiene ningún sentido.

Pepu Hernández ha tildado la medida aprobada en el Pleno de «grave error» cometido por Vox, PP y Cs. «Vox hace lo que quiere hacer, que es utilizar la democracia en contra de ella para dañarla pero también PP y Cs han cometido un grave error al tratar de ser equidistantes cuando no se puede ser equidistante entre franquistas y demócratas», ha remarcado el edil.

El concejal socialista Ramón Silva ha recordado que se instaló en 1981 por acuerdo unánime de los grupos políticos la placa a Largo Caballero en la que hoy es la Junta de Chamberí y que en su momento fue la casa en la que nació el que fuera presidente de la II República. En 1990 se desmontó la placa para chapar la fachada de granito de la Junta y se volvió a montar «sin que eso generase ningún problema en la placa».

«ATENTADO CONTRA EL PATRIMONIO»

«Ahora, con la infame proposición de Vox, la placa se ha retirado y destruido», ha expuesto Silva, que ha justificado así la interposición de la querella criminal por este «atentado contra el patrimonio y por un posible delito de prevaricación».

Los socialistas consideran a Javier Ramírez «máximo responsable de lo ocurrido». De la coordinadora del distrito y el director general de Patrimonio del Ayuntamiento dice que han tenido «un papel imprescindible para la retirada y la destrucción de la placa».

El sindicato UGT adelantó la semana pasada que interpondrán «una querella contra las personas del Ayuntamiento de Madrid responsables por los daños y destrozos» de la placa dedicada al que fuera presidente de la II República Francisco Largo Caballero en la fachada de la vivienda en la que nació, hoy reconvertida en la Junta Municipal de Chamberí.

El sindicato interpondrá la querella en base a los artículos 289 (delito de sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural) y 323.1 (delito de daños a elementos del patrimonio histórico) del Código Penal.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendía hace una semana que la placa de bronce en homenaje a quien fuera presidente de la Segunda República está «intacta».

«La placa de bronce de Largo Caballero sigue intacta y en adecuado estado de conservación», afirmó, y para retirarla «se tocó una inscripción en mármol que no forma parte del conjunto escultórico». Además, precisó que la Dirección de Patrimonio ya acreditó que ni el bronce ni la placa de mármol tenían protección.

El administrador de Izquierda Unida (IU) para la coalición electoral Unidas-Podemos en los comicios generales de 2019, Carlos García Ramos, ha declarado este viernes ante el juez que investiga la cuentas ‘moradas’ que se fiaba de los contratos celebrados por el administrador de Podemos, Daniel de Frutos, explicando que cada parte realizaba sus propios contratos y solo comunicaba a su socio el detalle de los gastos para no exceder el límite legal.

García Ramos, que ha comparecido ante el juzgado de instrucción número 42 de Madrid en calidad de investigado, ha contado al juez Juan José Escalonilla que la administración mancomunada de la coalición electoral se basaba en una «colaboración mutua», conforme a la cual cada partido contrataba de forma independiente los servicios electorales que necesitaba y se avisaban únicamente del gasto.

«No se validaban los contratos uno a otro, no se trataba de que los contratos tenían que pasar por uno de los dos integrantes de la coalición, cada uno tenía sus proveedores. Sí había una mancomunidad en relación al exceso de gastos, porque evidentemente hay un tope de gastos en una campaña electoral», ha dicho el abogado de Podemos, Gorka Vellé, sobre la declaración de García Ramos. «A efectos de control de gasto, no de los contratos, había esa colaboración mutua», ha remachado.

De hecho, García Ramos ha precisado a Escalonilla que no tuvo ocasión de leer el contrato entre Podemos y Neurona hasta los meses de octubre y noviembre, una vez transcurrida la campaña electoral, cuando ambos administradores pusieron en común toda la documentación para enviarla al Tribunal de Cuentas, según fuentes presentes en la ronda declaraciones de investigados y testigos que ha tenido lugar este viernes en relación a este caso.

Además, tanto Podemos como el administrador de Neurona, Elías Castejón, que también ha declarado como investigado, han aportado una extensa documentación para probar que los servicios contratados con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 efectivamente se prestaron, una cuestión que constituye en estos momentos el objeto principal de la causa.

El caso parte de una denuncia realizada el pasado mes de diciembre por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre supuestas irregularidades en la formación de Pablo Iglesias, entre ellas los contratos electorales con Neurona, las obras de la sede nacional del partido político y los sueldos cobrados por altos cargos. El juez ha archivado el caso en lo relativo a la llamada ‘Caja B’ y a los contratos electorales con ABD.

EL CONTRATO CON NEURONA

Escalonilla cree que existen «indicios racionales» acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Podemos –por valor de 363.000 euros– «no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado», sino que habrían sido «una distracción de dinero» de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral.

Sigue así el criterio de la Fiscalía, que aprecia igualmente la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo» en los servicios contratados por Podemos con Neurona, a la que describe como «una empresa creada ‘ad hoc'» cuyo objeto real sería «la propia financiación del partido desde la cuenta electoral».

El Tribunal de Cuentas ya apuntó dos tipos de delitos –fraude electoral y falsedad en documento mercantil– en los servicios facturados por Neurona a Podemos al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han pedido una «tregua política» a los partidos para que sean capaces de llegar a acuerdos como así lo han hecho las organizaciones empresariales y sindicales.

En una conferencia sobre recuperación laboral en el XXV Encuentro de Economía de S’Agaró, celebrado este viernes en Barcelona, Álvarez ha señalado que, tanto en el Gobierno como en la oposición, «falta sentido de Estado» ante una situación económica y sanitaria sin precedentes.

Ha coincidido en ello Garamendi, que ha destacado los seis pactos entre patronal y sindicatos durante la pandemia, y ha asegurado que los empresarios «echan de menos esta capacidad de acuerdo en otros ámbitos de la sociedad».

«El diálogo social se ha puesto en valor en este país. Empresarios y trabajadores, si es necesario, pactamos los desacuerdos», ha afirmado el líder empresarial, que ha intervenido a través de videoconferencia.

También se ha referido al diálogo social Unai Sordo, que ha valorado que gracias a él –con el acuerdo sobre los ERTE–, se ha evitado una gran destrucción de puestos de trabajo, algo tradicional de la economía española cuando sufre una crisis, ha apuntado.

El profesor de economía y miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Marcel Jansen ha reflexionado que, a diferencia de la crisis pasada, se han alcanzado «acuerdos rápidos» que han permitido dar una mejor respuesta.

Aún así, Jansen ha hablado de la «responsabilidad histórica» de los agentes sociales y del Gobierno para aprovechar los fondos europeos y volver a facilitar el empleo a quienes hayan perdido su trabajo en los últimos meses sin haberse acogido a un ERTE.

REFORMA LABORAL

Donde no han coincidido plenamente patronal y sindicatos ha sido sobre la necesidad de retocar la reforma laboral y, sobre todo, cuándo deberían hacerse esos cambios.

Sordo ha hablado del «problema de sobrecualificación» de los empleados españoles para los trabajos que realizan y se ha mostrado partidario de derogar o eliminar algunos aspectos destacados de la reforma laboral.

Por su parte, Garamendi no ha descartado la posibilidad de modificar algunos aspectos de la reforma, pero ha instado a no precipitarse por la elevada deuda de España, el déficit público y los inversores internacionales.

«Es importante generar marcos de seguridad jurídica. Hay anuncios que hacen más daño que acuerdos», ha asegurado Garamendi, y ha incidido en la importancia de incrementar la confianza en las instituciones.

La defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha aportado este viernes un informe pericial a la causa en la que se investiga la operación ‘Kitchen’ para demostrar que están manipulados los mensajes que según el ex secretario de Estado Francisco Martínez le mandó pidiéndole información sobre el operativo parapolicial, que supuestamente buscaba apoderarse de la información que Luis Bárcenas tenía sobre el PP.

El exministro del Interior y el que fuera su ‘número dos’ se han enfrentado este viernes a un careo, ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, para contrastar las declaraciones que ambos manifestaron como investigados sobre lo que conocían de la operación ‘Kitchen’.

Francisco Martínez aseguró que el que fuera su jefe le encargó recabar información sobre el operativo parapolicial que se sufragó con fondos reservados. Entre otras misiones le encargó que preguntara sobre Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que fue captado como confidente. Posteriormente Martínez protocolarizó los mensajes ante notario. No obstante, Fernández Díaz siempre ha negado su implicación, pues recalcó que no conocía ningún detalle sobre la ‘Kitchen’, y ha sostenido que no es el autor de esos SMS.

Para corroborar esta tesis, la defensa de Fernández Díaz, ejercida por el abogado Jesús Mandri, ha entregado un informe pericial, elaborado por un «perito informático, especialista en materia, sobre los tres o cuatro mensajes a los que hace referencia a las dos actas notariales. Su conclusión es que se trata de mensajes manipulados, que no son reales, ni veraces», ha afirmado el letrado ante los medios de comunicación tras concluir el careo.

El abogado también ha aclarado Jorge Fernández Díaz no se ha negado «en ningún caso» a entregar su teléfono móvil para comprobar que lo que dice es cierto. Tras su declaración como investigado el pasado 30 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez García-Castellón que le requiriera el terminal para comprobar que no había intercambiado mensajes con el ex secretario de Estado.

En ese momento, Fernández Díaz lo entregó voluntarimente pero aclaró que no era el mismo dispositivo que el que utilizaba en la fecha de la operación ‘Kitchen’ (2013). Por ello, aunque sirvió para esclarecer que el exministro no escribe con el mismo estilo que el que aparece en los mensajes reflejados en el acta notarial -en su redacción no se sustituye la ‘q’ por la ‘k’–, según indicó entonces la defensa, el magistrado de la Audiencia Nacional acordó en el auto en el que les citaba al careo que se le pidiera el móvil que usaba en la época en la que habría cruzado esos mensajes con Martínez con el objetivo de verificar su versión de los hechos.

El abogado de Fernández Díaz ha explicado que se atenderá a ese «nuevo requerimiento judicial», pero entregando al móvil anterior al que usa en la actualidad, ya que el que tenía en 2013 «no lo tiene físicamente y es algo totalmente razonable y verosímil». «No va a haber ningún problema porque no tiene nada que esconder ni ocultar».

CONTUNDENCIA DEL MINISTRO

Sobre el contenido de la declaración, Mandri ha opinado que su cliente ha sido el que «más contudente» ha estado de los dos careados y ha subrayado que «ha vuelto a negar con toda rotundidad y de manera tajante cualquier implicación o conocimiento de estos hechos, sin ningún signo de debilidad».

Asimismo, ha destacado que en el fondo de la discusión ha salido a relucir «una conversación y unos mensajes» que Francisco Martínez se habría cruzado con uno de los dos notarios que levantaron las citadas actas, justo el día que se le requiere judicialmente que aporte la escritura de los mensajes, en el que se haría referencia a «borrar determinados mensajes que se han enviado entre ellos dos». «Es por lo menos bastante sospechoso», ha concluido el abogado a las puertas de la Audiencia Nacional.

El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha visitado este viernes la Hemeroteca Municipal, fundada en 1916, para comprobar los trabajos que desde la Dirección General de la Edificación se han realizado para la recuperación y consolidación estructural del lugar, que presentaba un importante deterioro.

Las actuaciones, que han contado con un presupuesto de 432.000 euros, comenzaron en julio de 2019, tras una primera visita de inspección en junio en la que los técnicos comprobaron la necesidad de intervenir para asegurar el inmueble.

Fue el área de Cultura, Turismo y Deporte la que dio el aviso del estado en que se encontraba este edificio municipal, que presentaba grietas en las vigas por exceso de carga. Las tareas de reparación se han desarrollado en todo momento en coordinación con Cultura.

«Este tipo de obras, que luego no se ven, son importantísimas para mantener los edificios públicos en buen estado y que puedan de esta forma dar el mejor servicio posible», ha destacado Fuentes, quien ha agradecido la labor de los técnicos municipales.

Tras más de un año, los trabajos están prácticamente finalizados, a falta de los últimos retoques de pintura, que culminarán en dos semanas. Se ha llevado a cabo una realización de catas, ensayos y estudios para conocer el estado de seguridad de la estructura, así como para establecer el tipo de refuerzo más adecuado.

También se ha ejecutado una retirada y acopio de las estanterías fijas existentes entre los pilares metálicos de la estructura, a fin de permitir el refuerzo de estos soportes.

Levantado y posterior reposición de la protección pasiva contra incendios de la estructura metálica para dejarla a la vista y comprobar su estado de deterioro ha sido otra de las acciones, como el apeo activo de pórticos para permitir la consolidación de los pilares.

Durante la visita, a la que también ha asistido la directora de la Hemeroteca, Inmaculada Zaragoza, y responsables de Patrimonio Bibliográfico y Documental y de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, se ha destacado la importancia de los fondos que guarda esta hemeroteca, que abarca una completa colección de más de cuatro siglos de publicaciones periódicas, entre las que sobresalen, por su importancia, las colecciones de los siglos XVII y XVIII, que corresponden a los primeros momentos de la historia de la prensa española.

HISTORIA DE LA HEMEROTECA MUNICIPAL

Fundada en 1916 por iniciativa de los periodistas Ricardo Fuente y Antonio Asenjo, abrió al público el 19 de octubre de 1918. Custodió prensa de todo el mundo hasta mediados del siglo XX y a partir de 1966 ya se centró, casi exclusivamente, en la prensa editada en Madrid. Se trata de la primera hemeroteca municipal de España y una de las primeras del mundo.

Su primera sede fue la Casa de la Carnicería hasta 1922, fecha en la que se trasladó a la plaza de la Villa en la Casa de los Lujanes. En 1933, por la falta de espacio, se habilitó un edificio de seis plantas de depósitos en la calle del Codo. Finalmente, en 1983 se trasladó al Cuartel de Conde Duque y el 23 de diciembre de 2011 abrió sus nuevas instalaciones. En la actualidad conserva cerca de 250.000 volúmenes en 24 kilómetros de estantería.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (los países) han mantenido este viernes la primera ronda de negociaciones sobre el reglamento que recogerá el funcionamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), principal programa del fondo de recuperación, con la condicionalidad macroeconómica como principal punto de desencuentro entre ambas partes.

Los equipos negociadores han celebrado su primer reunión –en la que también ha participado la Comisión Europea– después de que la Eurocámara aprobara a principios de esta semana sus líneas rojas. Los gobiernos del bloque habían pactado su posición semanas antes.

Con el acuerdo político sobre el presupuesto comunitario para los próximos siete años y con el pacto sobre el mecanismo que vincula ayudas europeas y Estado de derecho, el reglamento del RRF es la única pieza que falta para poner en marcha el fondo de recuperación.

Sin embargo, «todavía hay mucho que trabajar» para lograr un acuerdo, según ha afirmado un portavoz del Gobierno alemán, que representa a los socios europeos como presidencia de turno de la UE. A pesar de ello ,todos los actores comparten la urgencia y la necesidad de llegar «rápido» a un consenso para «mitigar» el impacto de la pandemia en la economía.

«Estamos comprometidos con una conclusión rápida. Respetamos mucho la posición del Consejo y esperamos que ellos respeten la nuestra. Cuanto antes se acerquen las posiciones, más rápido pueden concluir las conversaciones», ha dicho en una rueda de prensa el eurodiputado del PPE Sigfried Muresan, del equipo negociador de la Eurocámara.

Los debates, sin embargo, no serán difíciles. El Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE tienen posturas muy alejadas principalmente en las condiciones aparejadas a la recepción de los fondos del RRF. Entre subvenciones y préstamos, este instrumento repartirá hasta 672.500 millones de euros entre todos los gobiernos europeos.

Algunas fuentes parlamentarias, de hecho, avanzan una «guerra nuclear» en las negociaciones y parte del problema está en el artículo que prevé una suspensión de las ayudas si un Estado miembro incumple sus objetivos de reducción del déficit y deuda públicos.

Este aspecto es defendido por los gobiernos, pero prefiere eliminarlo y dejar el debate sobre la condicionalidad macroeconómica a una etapa posterior en la que las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ahora suspendidas, vuelvan a aplicarse.

«No es el momento de tener ese debate. Tenemos que identificar los programas, reformas e inversiones que realmente queremos hacer, y después lo tendremos, pero ahora no añade ningún valor al RRF», ha explicado en la misma comparecencia la eurodiputada del PSOE Eider Gardiazábal, que también forma parte del equipo negociador del Parlamento Europeo.

Además, la Eurocámara es partidaria de que las recomendaciones económicas que Bruselas hace anualmente a cada país no sean el elemento principal de la valoración que la Comisión debe hacer de los planes nacionales de reformas e inversiones.

Por contra, la posición adoptada por el Consejo de la UE defiende que cada uno de estos planes debe abordar o todas o un grupo «significativo» de estas recomendaciones, así como que el Ejecutivo comunitario debe prestar atención en su análisis a los «aspectos fiscales» de las mismas.

Otro aspecto que podría generar fricciones entre ambas partes es que los eurodiputados abogan por elevar al 20% el anticipo que cada país puede obtener una vez ha recibido luz verde a su plan nacional y sin necesidad de ir completando las etapas que desbloquean más fondos. Los países quieren ceñirse al 10% que recoge el borrador legislativo.

El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha reconocido este viernes, en su primera intervención tras volver como principal mando de la policía catalana, sobre octubre de 2017: «Todo el mundo lo podría haber hecho mejor y yo el primero».

En una rueda de prensa en el Complejo Central de los Mossos, en Sabadell (Barcelona), junto al conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, y arropado por la plana mayor de mandos de la policía catalana, ha asegurado que trabajará para intentar «mejorar la confianza institucional» en el cuerpo y no cometer los mismos errores del pasado.

Ha explicado que ya se ha puesto en contacto con el general jefe de la Guardia Civil y el jefe superior de la Policía Nacional y les ha anunciado su voluntad de verles y poner el cuerpo de Mossos a su disposición: «Me he encontrado la mejor de las respuestas».

El mayor también ha explicado que ya ha contactado con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la Fiscalía, así como con los directores operativos adjuntos de los dos cuerpos policiales en Madrid.

VUELTA AL MANDO

Trapero ha argumentado sobre aceptar de nuevo el cargo: «Porque sumaba más que restaba aceptar ese ofrecimiento y por eso la respuesta ha sido que sí», y porque cree que después de estos tres años ha crecido como persona y este crecimiento personal puede ayudar en una mejora profesional.

Durante estos tres años ha reflexionado y ha asegurado sobre su gestión al mando de Mossos en 2017: «En algún momento mi defensa del cuerpo no fue bien entendida, no ayudé a que se entendiera bien, y creo que una persona al frente de un cuerpo de 17.000 personas tiene que velar más de lo que yo hacía en ese momento para poder mejorar».

Ha explicado que después de la sentencia absolutoria, el cuerpo de los Mossos se encuentra en un «punto cero para que la policía sea ejemplar, de futuro y para mejorar la sociedad».

Sobre la cúpula ha expresado que todavía no se ha hablado pero que «los comisarios Joan Carles Molinero, Ferran López, Miquel Esquius y Eduard Sallent –los tres últimos, sus sucesores– tendrán un sitio en la estructura donde sus potencialidades se puedan aprovechar en beneficio del cuerpo».

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que a lo largo del próximo año presentará propuestas para dar un mayor peso al consumidor en la transición ecológica y, si bien no ha dado detalles de las medidas, sí ha asegurado que incluirá reglas para que haya información clara sobre el impacto medioambiental de las compras, medidas contra la obsolescencia programada y un plan de cooperación con China para reforzar la seguridad en las operaciones comerciales con el gigante asiático.

«Los consumidores deberían tener toda la información medioambiental necesaria antes de efectuar sus compras, también deberían poder confiar en esa información y si un producto dice que es sostenible debe quedar demostrado», ha razonado en una rueda de prensa el comisario de Justicia y Consumo, Didier Reynders, que ha comparecido junto a la vicepresidenta del ramo, Vera Jourova.

Ambos han presentado las grandes líneas de una «nueva agenda» para que el consumidor gane peso y seguridad en sus compras gracias a una serie de medidas que Bruselas prevé desarrollar a lo largo de los próximos cinco años, consciente de que los patrones de consumo de los europeos han cambiado a medida que avanza la digitalización y el interés de la sociedad por un desarrollo más sostenible.

La crisis por la pandemia de coronavirus también ha alertado al Ejecutivo comunitario sobre la necesidad de revisar determinadas normas y comprobar si deben reforzarse los derechos de los consumidores, ha dicho Reynders, por ejemplo a la luz de los fraudes en las ventas de mascarillas y otros materiales médicos a través de Internet o los miles de pasajeros que vieron sus viajes cancelados.

Así, Bruselas defiende que los europeos buscan cada vez más adquirir bienes «más sostenibles, fáciles de reparar y que duren lo más posible», pero se enfrentan a una falta de transparencia que lastra este impulso. «La realidad es que muchos no compran (productos más sostenibles) porque no hay información clara y porque no suelen ser los primeros visibles en las ofertas», ha defendido el comisario.

Por ello, el próximo año el Ejecutivo comunitario presentará propuestas concretas para asegurar una mayor información sobre la huella ecológica de los artículos en venta en el mercado comunitario, además de contemplar medidas contra la llamada ‘obsolescencia programada’ por la que se reduce la vida útil de los aparatos o contra el «blanqueo ecológico» de productos que no son tan sostenibles como sus fabricantes pretenden.

Además, revisará las reglas para la protección de los consumidores en sus transacciones ‘online’ y las normas sobre la seguridad de los productos, al tiempo que aspira a actuar contra prácticas que dificultan al consumidor tomar decisiones informadas por el abuso de algoritmos, por ejemplo, que actúan como sesgos de comportamiento o distorsionan el proceso de tomas de decisiones.

Otro de los ámbitos de actuación adelantados por Bruselas es mejorar la cooperación y asesoramiento de los Estados miembro, que son los que conservan las competencias en materia de derechos del consumidor, para reforzar su actuación en la lucha contra prácticas comerciales ilegales o fraudulentas.

Finalmente, la Comisión marcará también en su agenda de 2021 el desarrollo de un plan de acción con China con el objetivo de mejorar la seguridad de los productos vendidos por el gigante asiático a través de Internet y distribuidos después en la Unión Europea. Asimismo desarrollará apoyo normativo y asistencia técnica para otras regiones con relaciones comerciales con la UE, en especial con África.

El Tribunal de Cuentas quiere que las sociedades mercantiles estatales realicen periódicamente auditorías externas o internas, independientes del órgano de vigilancia, sobre el efectivo funcionamiento de sus sistemas de prevención de delitos y de ética.

Así lo plantea el órgano fiscalizador en su ‘Informe de Fiscalización del grado de implementación de los modelos de prevención de delitos y de comportamientos contrarios a la ética en las sociedades mercantiles estatales en el ejercicio 2018’.

En e documento, recogido por Europa Press, se insta las sociedades a incorporar estos sistemas a su planificación estratégica, incorporar los riesgos de estos comportamientos a los procedimientos de gestión, a simplificar los canales de comunicación y promover el conocimiento de estos sistemas y aportar claridad a los manuales con el fin de facilitar su aplicación práctica, como por ejemplo una política de regalos expresamente detallada.

También pide que los órganos de vigilancia estén integrados por personal de diferentes niveles de la sociedad y que los trabajadores de estas sociedades participen en la elaboración y revisión de los códigos éticos.

SISTEMAS PARA EVITAR DELITOS Y PROMOVER UNA CULTURA ÉTICA

Esta fiscalización aborda por primera vez las medidas adoptadas por las principales empresas estatales como consecuencia de la extensión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas, recogida en la modificación del Código Penal en 2010 y ampliada en 2015 a todas las sociedades mercantiles públicas.

Y es que la ley prevé eximir la responsabilidad penal a la sociedad del delito que se le imputa si tiene implantado un sistema eficaz para evitarlo (sistemas o modelos de cumplimiento normativo penal). Este tipo de sistemas, señala el Tribunal, tiene como objetivo no sólo evitar la posible sanción, sino promover una verdadera cultura ética empresarial, basado en principios como la integridad, la independencia, la objetividad, la competencia, la profesionalidad y la transparencia.

La fiscalización no se ha extendido a todas las sociedades estatales, sino a aquellas más relevantes. En total, 30 sociedades que emplean a un total del 80% de toda la plantilla del sector público empresarial, constatando un esfuerzo por poner en marcha estos sistemas de prevención, y «un importante nivel de concienciación» al respecto, con más recursos destinados a este tipo de modelos.

En la redacción del informe, el Tribunal advierte de que «ha primado el enfoque positivo, resaltando los logros y buenas prácticas observadas en algunas de las sociedades», con el fin de «exportar las mejores prácticas al resto de sociedades» e «impulsar y fimentar la prevención de comportamientos delictivos o contrarios a la ética».

De las 30 sociedades, todas menos una había aprobado a 31 de diciembre de 2018 sus planes de prevención de riesgos penales, la mayoría de ellas –23 de las 29– recurriendo a empresas externas para su elaboración, y 27 contaban con códigos éticos y/o de conducta aprobados (9 de ellas con empresas externas). El coste externo para ambos documentos supuso 1,5 millones de euros para 27 sociedades.

EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DEPENDE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En cuanto al nivel de implantación de los sistemas de prevención de riesgos penales, se considera que 11 sociedades tenían implementado el sistema en grado evolucionado; 14 lo tenían implementado pero en grado inicial; tres estaban en fase de desarrollo; y dos contaban con un grado de desarrollo incipiente. Entre las once que contaban con un sistema más evolucionado, hay que destacar a Aena, Ineco, Isdefe, Navantia, Loterías y el Grupo Tragsa.

Por lo que respecta al grado de implantación de sistemas de ética o integridad, en 13 sociedades el sistema estaba implementado en grado inicial; en 14 el sistema se encontraba en fase de desarrollo; en una su desarrollo era incipiente; y en dos la implementación era inexistente. Hay que destacar, por contar con los sistemas cuyo grado de implantación estaba más avanzado, a Ineco, Enusa y el Grupo ENSA, que habían alcanzado ya un cierto grado de desarrollo.

La mayoría de los sistemas analizados preveían directa o indirectamente que el Órgano de Vigilancia dependiera orgánicamente del Consejo de Administración de la propia Sociedad o de la Entidad matriz del Grupo al que aquella pertenecía, sin perjuicio de la independencia del órgano en el ejercicio de sus funciones.

179 DENUNCIAS POR CANALES DE ALERTA

Todas las sociedades tenían, en general, canales de alerta, denuncia y/o consulta y regímenes sancionadores establecidos. Se formularon a través de estos canales un total de 75 denuncias en 2017 y 104 en 2018. El 75% de estos canales tenían prevista su utilización por terceros, lo que potencia su grado de eficacia.

La planificación estratégica de las sociedades no incluía objetivos relacionados con ambos sistemas. Sin embargo, un aspecto muy positivo apreciado por el Tribunal en el caso de Aena y de las sociedades del Grupo Renfe, es que han incorporado la gestión de los riesgos por incumplimientos de la normativa penal en su sistema global de gestión de riesgos, lo que aporta una visión estratégica del conjunto de riesgos a los que se enfrentan, resulta más eficaz y promueve una aplicación más eficiente de los recursos de esas Sociedades.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha trasladado este viernes su «inmensa preocupación» por la situación de las residencias de mayores en la comarca, especialmente por uno de los centros de la ciudad olívica, por el elevado número de contagios, y ha exigido «responsabilidades» al presidente de la Xunta, que tiene la competencia sobre estos servicios.

En una rueda de prensa, el regidor se ha referido, sin concretar, a una residencia de Vigo, a la de Salvaterra y una de Mos, donde hay niveles de contagio «elevadísimos», que «no son de recibo». «Muestran que la Xunta no está atendiendo bien esa parte de su competencia. La está atendiendo francamente mal», ha denunciado.

«No se puede admitir, que de repente, en tres residencias de esta área, aparezcan docenas y docenas de mayores contagiados. Son la gente más vulnerable, y la competencia es exclusiva de la Xunta. Ya teníamos avisos desde la primera ola, ¿cómo no tomaron medidas?», ha criticado, y ha añadido que exige «responsabilidades» a Feijóo por lo que sucede en las residencias, especialmente en la de Vigo y en la Mos, donde hay residentes procedentes de la ciudad olívica.

Según los datos trasladados este viernes por Política Social, en Vigo hay dos residencias con casos de COVID, la de Ballesol (41 usuarios y 12 trabajadores) y el CRAPD Vigo II (4 usuarios y 4 trabajadores); en Mos hay dos residencias afectadas, Doral (12 usuarios y 2 trabajadores) y Virgen de Guadalupe (9 usuarios); mientras que en la residencia de Salvaterra siguen contagiados 32 usuarios y 27 trabajadores.

Por otra parte, Caballero ha vuelto a referirse a la reunión telemática mantenida en las últimas horas con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la que éste, «reconoció que no había enviado datos (de la evolución de la pandemia) a Vigo». «Se dieron cuenta de que unos creían que los habían mandado otros, y viceversa. No se puede funcionar peor», ha proclamado.

Además, ha repetido que el portavoz del PP, Alfonso Marnotes, que este jueves «mintió gravemente» por decir que el gobierno local disponía de datos de los contagios, «tiene que irse» porque «no es digno de pertener al pleno» de la ciudad.

El portavoz del grupo ‘popular’ ha respondido al regidor criticando que «use la sanidad y la pandemia para confrontar», y ha añadido que «si hay alguien mentiroso es él, que dijo que no podía gastar los remantentes y tenía que entregarlos a Madrid, que ocultó las analíticas que decían que el agua no era apta para consumo, y que dijo que habría mil millones para recuperar la economía y no ha dado ni un euro a comerciantes ni hosteleros». «Que deje de confrontar, que colabore y que atienda a sus responsabilidades«, ha pedido Marnotes.

Un total de 3.652 niñas residentes en España están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina, según el estudio ‘La mutilación genital femenina en España’, promovido y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y realizado por la Fundación Wassu-UAB.

«Quizá sea una violencia contra la mujer no especialmente conocida en España pero no por ello debemos renunciar a diseñar acciones concretas para terminar con el dolor de millones de niñas que pasan por esta experiencia atroz que marca sus vidas», ha subrayado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, este viernes durante la presentación del informe.

Según datos del padrón de 2018, en España hay 15.562 niñas de 0 a 14 años procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina. De estas niñas, aplicando los índices de prevalencia del país de origen correspondiente y valorando el impacto del proceso de aculturación en la realización de la práctica, se estima que 3.652,13 están en riesgo de sufrirla.

Por provincias, Barcelona es donde se estima que hay un mayor número de niñas en riesgo de sufrir mutilación de sus órganos genitales: un total de 746. La segunda provincia es Girona (504) seguida de Madrid (335).

En todo caso, el estudio precisa que no se tiene conocimiento de que la mutilación genital femenina se practique en territorio español, aunque en el año 1993 se produjo un caso en Mataró (Cataluña). Lo que suele ocurrir es que las niñas nacidas en España son sometidas a esta práctica por sus abuelas durante un viaje de vacaciones o por una larga temporada al país de origen.

«Viven en nuestro país y pueden sufrirla cuando viajan a los países de origen. De ahí la importancia de la detección precoz en el ámbito sanitario, social y educativo», ha precisado Rosell.

En este sentido, la directora de la Fundació Wassu-UAB, Adriana Kaplan, ha indicado que el camino pasa por «empoderar a los profesionales de atención primaria que están en contacto con estas familias» y «no duplicar canales».

En todo caso, Kaplan, que ha sido la encargada de dirigir el estudio, también ha advertido de la situación de todas aquellas mujeres que residen en España y que ya llegaron con la mutilación genital practicada.

En total, según el mapa que elabora cada cuatro años la Fundación Wassu, en 2016 había en España casi 70.000 mujeres nacidas en alguno de los 32 países donde existe evidencia de que se realiza la práctica de la mutilación, lo que supone un aumento de un 5,2% con respecto al anterior estudio de 2012; y más de 18.000 niñas.

400 NIÑAS DESAPARECIDAS EN CATALUÑA

Kaplan también ha alertado de que, «entre 2012 y 2016, han desaparecido 400 niñas en Cataluña», que podrían haber sido devueltas por sus padres a sus países de origen. Por ello, ha pedido tener «cuidado» con «determinadas intervenciones policiales» en España porque pueden provocar que los padres decidan retornar a sus hijas en cuanto puedan.

«En África, ¿qué les espera? Las llevan al bosque y las mutilan y en cuanto empiezan a menstruar, las casan», ha advertido la directora del estudio.

También ha criticado que «la ley no es suficientemente clara» en los casos de mutilación en el extranjero, es decir, cuando la niña sometida a esta práctica no era residente en España en el momento de su realización pero los padres sí y después se produce la reagrupación familiar en España.

En todo caso, Kaplan ha señalado que la prevalencia de la práctica se ha frenado gracias a herramientas como la carta de compromiso preventivo, que se entrega a los padres antes de viajar a visitar sus países de origen para que las abuelas no puedan ejercer la autoridad que en su país tienen y practicar la mutilación de la nieta sin permiso de los progenitores.

EFECTOS DE LA CRISIS DE LA COVID-19

Ahora tendrán que estudiar cómo afecta la crisis de la Covid-19 a la prevalencia de esta práctica, ya que temen que si los padres en España pierden su trabajo no puedan mantener aquí a sus hijas y las envíen con sus familias a África, con el consiguiente riesgo.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha recordado que la práctica de la mutilación de los órganos genitales femeninos es un delito en España y está castigado con penas de prisión de seis a 12 años. También ha aprovechado para criticar que es «el colmo» la utilización del masculino genérico en el artículo 149.2 del Código Penal al decir: «el que causara a otro una mutilación genital».

Desde mediados de 2017, se han producido tres casos judiciales y se ha tenido en cuenta la extraterritorialidad, mayoritariamente en el escenario de reagrupación familiar, según señala el informe.

Además, el estudio pone de relieve la importancia de la sensibilización de los jueces sobre este tema. Precisamente, el artículo 158 del Código Civil, modificado por la Ley Orgánica 9/2000, permite a los magistrados adoptar medidas preventivas en caso de riesgo inminente de mutilación.

Una reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Cataluña (307/2017 de 10 de julio) prohibió (sin autorización judicial previa) la salida de tres menores del territorio.

Según el estudio, hay 20 casos de asilo vinculados a la mutilación genital femenina (antes de 2017), en su mayoría de Nigeria. Las razones para rechazar las peticiones de asilo son, entre otras, que «la historia no es creíble; no prueban su identidad o nacionalidad; o la mutilación se hizo hace años». Solo dos solicitudes fueron reportadas como exitosas.

MÁS DEL 70% SABÍA QUE ERA DELITO

El estudio también recoge los resultados de una encuesta realizada a 82 familias migrantes residentes actualmente en Cataluña con vínculos en diferentes países africanos (principalmente en Gambia, Senegal, Guinea Conakry y Mali). El 97% de las participantes son mujeres, de las cuales el 60% había sufrido la mutilación, un 30% de ellas antes de los 3 años.

El 73% de los encuestados afirmaba conocer que la mutilación genital femenina es un delito dentro y fuera de España para las familias residentes, pero solo un 52% sabía que también era delito en el país de origen. Al 73% de los encuestados se les habían explicado los riesgos para la salud que tiene la práctica.

En el 31% de los casos algún miembro de la familia quería realizarla a la hija, normalmente la abuela paterna (17%). El 70% de las familias habló de la práctica con sus parientes residentes en el país de origen, pero solo un 49% contó la prohibición legal de la práctica.

El colectivo Investigadoras de Compostela ha tachado de «anacrónica» la sentencia del Tribunal Supremo que no ve «justificado» indemnizar a los profesionales que hayan visto finalizado su contrato predoctoral y anula otro fallo previo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En concreto, la sala entiende que el predoctoral se trata de una modalidad contractual específica, de carácter formativo, a la que el contratante, durante la creación del contrato, no atribuyó indemnización para la finalización del mismo.

Esta sentencia responde al recurso de casación interpuesto por la Universidad de Compostela ante la resolución emitida por el TSXG el 11 de abril del 2019, que estimaba parcialmente una demanda interpuesta por el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) de Galicia.

El tribunal gallego sí determinó un paralelismo entre el contrato predoctoral y el temporal de obra y servicio, ya que la actividad desempeñada por los profesionales se enmarca en «un proyecto específico y novedoso», y no de formación.

Esta es la postura defendida por el colectivo Investigadoras de Compostela que, mediante un comunicado, ha apoyado la sentencia del TSXG, en especial el carácter «autónomo e independiente» a la que hace referencia el tribunal gallego. «Se trata de investigar, crear, producir y generar nuevo conocimiento. No de formarse», han señalado.

En concreto, la Sala de lo Social del TSXG declaró que los trabajadores que hubiesen suscrito los contratos predoctorales tenían derecho a percibir en el momento de su finalización la indemnización fijada en el art.49 del Estatuto de Trabajadores –una cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 12 días de salario por cada año de servicio–.

Además de apoyar la sentencia del Tribunal de Xustiza, la asociación ha tachado de «anacrónica» e «incomprensible» la estimación del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo. «Los argumentos esgrimidos están equivocados y son impropios de los tiempos actuales, además de perjudiciales para la investigación y el avance de la sociedad», han manifestado.

Además, Investigadoras de Compostela ha censurado que el Tribunal Supremo no comprenda la realización de una tesis doctoral. «Es una tarea de investigación con autonomía propia, un trabajo de pleno derecho con el que se está produciendo y contribuyendo a incrementar el conocimiento en la sociedad», han manifestado.

Las investigadoras también rechazan que el Supremo asegure que la modalidad de prácticas recogida en el Estatuto de los Trabajadores sería la «que presentaría mayores similitudes» con este tipo de contratos. «Nos preguntamos qué pretende o a quién quiere contentar el TS, que quiere devolvernos a los tiempos de las bolsas y los contratos en prácticas. Unos tiempos de precariedad que queremos superar».

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha acusado este viernes al Gobierno de la nación de pretender «idiotizar» a la sociedad con el «atropellado» intento de sacar adelante la denominada Ley Celaá sin buscar el consenso ni la participación de nadie y sólo de Bildu, ERC y Podemos.

Tras acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al vicepresidente, Pablo Iglesias, y a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de haber «despreciado» a la comunidad educativa más preocupados de atender las peticiones «anticonstitucionalistas» de los independentistas, De la Hoz ha advertido de que esas fuerzas buscan una ley para adoctrinar ante la cesión de un Partido Socialista «que dice ser español».

De la Hoz se ha referido en concreto a la «asquerosa» cesión del PSOE para que el castellano no se estudie en Cataluña, en las Islas Baleares o en Valencia y ha advertido de la pretensión del Gobierno de acabar con la enseñanza concertada y al derecho a elegir de los padres, con la educación especial y con la posibilidad de que se establezca una EBAU única, como pide Castilla y León, cuatro cuestiones que ya se han debatido con anterioridad que centrarán una nueva PNL del PP que espera que sea apoyada por el Grupo Socialista al que ofrecerán una votación por separado de rechazo de la ley y sobre los cuatro principios básicos.

«Mentir», ha respondido por su parte Luis Tudanca ante los «argumentos falaces» del Partido Popular al que ha recordado que en su día «dinamitó» la posibilidad de acuerdo en Educación fruto de una «batalla ideológica y partidista» y con Cataluña como «arma política».

«Los estudiantes catalanes tienen mejor nota en lengua española que la media del conjunto de las comunidades autónomas de este país», ha asegurado Tudanca que ha sido tajante al asegurar que en Cataluña y en las aulas catalanas se va a hablar castellano. Según ha explicado la Ley Celaá sólo busca hacer cumplir el artículo 3 de la Constitución Española que estipula que el castellano es lengua oficial del Estado y que en cada comunidad autónoma es cooficial la suya.

En este punto, ha tirado de ironía para recordar que el artículo 5,2 del Estatuto de Autonomía de Galicia, donde gobierna el PP «toda la vida», dice que la lengua propia de Galicia es el gallego «y no les pasa nada ni les supone ningún problema».

Tudanca ha defendido que la nueva ley de educación en la que trabaja el Gobierno va a garantizar la igualdad de oportunidades y la educación pública y evitará cuestiones como que se haga negocio con la educación de los hijos y que no se pueda regalar suelo para construir colegios que segregan a alumnos «como con Franco». «Eso es lo que no les gusta de la Ley Celaá», ha sentenciado para descartar que el PSOE tenga una batalla con la enseñanza concertada que, según ha aclarado, debe ser el complemento de la pública

«Allí donde se necesite incrementar la oferta siempre pública», ha defendido el socialista que ha abogado además por la igualdad de oportunidades y por un reparto equitativo de alumnos con dificultades entre todos los centros y sin obligar a las familias a pagar cuotas.