Airbus registró unas pérdidas de 1.133 millones de euros en 2020, año marcado por la crisis sanitaria del Covid-19, lo que supone un descenso del 16,8% respecto a las que se anotó un año antes, según ha informado este jueves el grupo, que no repartirá dividendos este año, dado el entorno global del negocio.

El grupo ha precisado que los 'números rojos' de 2020 incluyen un resultado financiero negativo de 620 millones de euros, así como el deterioro del préstamo OneWeb, reconocido en el primer trimestre de 2020.

Asimismo, el resultado neto de explotación (Ebit) fue negativo en 510 millones de euros, frente a los 1.339 millones de euros positivos del año precedente, mientras que las ventas alcanzaron los 49.912 millones de euros, un 29% menos.

Los ingresos se redujeron un 29%, hasta los 49.912 millones de euros. El flujo libre de caja a finales de 2020 era de 7.362 millones de euros negativos.

El flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones y financiación a clientes consolidado se situó en 6.935 millones de euros negativos e incluyó el pago de penalizaciones relacionadas con el cumplimiento por valor de 3.600 millones de euros en el primer trimestre de 2020. El flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones y financiación a clientes del cuarto trimestre de 2020 fue de 4.900 millones de euros.

El consejero delgado de Airbus, Guillaume Faury, ha señalado que "los resultados de 2020 demuestran la resiliencia de Airbus ante la crisis más grave que ha golpeado al sector aeroespacial".

Por segmentos, la división comercial registró unos ingresos de 34.250 millones de euros (-37%), con un Ebit negativo de 1.330 millones. Airbus Helicopters ingresó 6.251 millones de euros, un 4% más, y Airbus Defence and Space recortó sus ingresos un 4%, hasta los 10.446 millones de euros.

Durante el año, los pedidos netos de aviones comerciales ascendieron a 268, un 65% menos, con una cartera de pedidos que incluye 7.184 aviones comerciales a 31 de diciembre de 2020.

Airbus Helicopters registró 268 pedidos netos, un 13% menos, que incluyen 31 NH90 para el Ejército alemán en el cuarto trimestre y 11 h260. Los pedidos recibidos por Airbus Defence and Space se incrementaron un 39% en comparación con el año anterior y alcanzaron los 11.900 millones de euros con una ratio neta de pedidos a ingresos superior a uno debido, especialmente, a una serie de importantes contratos en Military Aircraft. Entre ellos se encuentra un contrato firmado en noviembre para suministrar 38 nuevos Eurofighter a la Fuerza Aérea alemana.

De cara a este año, la compañía se propone como objetivos el mismo número de entregas de aviones comerciales que en 2020, lograr un Ebit ajustado de 2.000 millones de euros y un flujo de caja libre que alcance el punto de equilibrio antes de fusiones y adquisiciones y financiación de clientes.

El valor de los pedidos recibidos consolidados se redujo hasta los 33.300 millones de euros (-58,9%) y la cartera de pedidos consolidada ascendía a 373.000 millones de euros a 31 de diciembre de 2020. La reducción del valor de la cartera de pedidos de aviones comerciales refleja unas entregas superiores a los pedidos recibidos, la debilidad del dólar y la evaluación de la recuperabilidad de la cartera de pedidos.

Antón Costas, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona, ha reivindicado que "invertir un 1 euro en las estrategias de rastreo y aislamiento contra el coronavirus tiene un impacto en términos de beneficios de 7 euros" en la economía española.

"La COVID-19 ha sido como una epifanía que nos ha hecho ser más conscientes de los fuertes vínculos que hay entre salud pública, sociedad y economía. El coste público de la no-salud es inasumible. La salud es un condicionamiento básico para el buen funcionamiento de la economía y la democracia. Los datos revelan que un aumento prudente de la equidad (inversión en bienes públicos como la sanidad) da lugar a una economía más eficiente y estable en el tiempo", ha resaltado durante la presentación del libro 'Innovación sanitaria para salir reforzados de la crisis de la COVID-19.

Esta obra, liderada por Hiris y Farmaindustria, pretende contribuir a la reflexión para construir "un futuro mejor para España tras la pandemia". El libro recoge las aportaciones de un reputado grupo de doce expertos en Economía, Investigación, Clínica e Industria, entre ellos Costas, que son referentes en cada una de las materias que se abordan en la obra.

El experto ha resaltado que la pandemia "ha permitido ver nuestras debilidades tecnológicas, científicas y de investigación". Por ello, considera que "es un momento de oportunidad para construir un nuevo contrato social". "Una enseñanza de esta crisis, es que aquellos países que en las últimas décadas invirtieron más en sanidad, han podido responder mejor que los países occidentales", ha reivindicado.

En la presentación, el director general y fundador de Hiris, además de editor del libro, Jesús María Fernández, ha lamentado que "ha tenido que venir una pandemia para que las autoridades globales se den cuenta del binomio salud y economía".

"Los grandes números nos dicen que merece la pena invertir en salud, porque se genera mayor economía, pero sobre todo un desarrollo humano de más calidad. En España tenemos la gran oportunidad de aprovechar la COVID-19 para dar un salto a una economía más moderna, sostenible e inclusiva", ha reivindicado al respecto.

Por otra parte, ha defendido la actuación del sistema sanitario durante la pandemia. "La pandemia en España se ha llevado por delante muchas vidas pero también hay muchas más que se han salvado gracias al sistema sanitario, eficiente, con profesionales de primera línea capacitados, que supieron resolver las dificultades y también a todo el ecosistema sanitario como la industria tecnológica y la farmacéutica", ha esgrimido.

En este sentido, ha argumentado que el mundo cuenta ya con diez vacunas contra el coronavirus y hay otros 84 ensayos clínicos más en marcha: "Este es un enorme esfuerzo que nunca antes la ciencia sanitaria y la investigación médica había hecho posible".

Por su parte, el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, ha resaltado que la pandemia ha introducido a "una nueva realidad". "Hemos aprendido que solo con la ciencia y la investigación vamos a poder volver a la normalidad. Las vacunas y los nuevos tratamientos son la forma más eficaz de salir de esta crisis. Salud y Economía van juntos, no podemos desagregar una de la otra", ha pormenorizado. En este contexto, ha reclamado "invertir más en salud", ya que "no es un gasto sino una inversión". "Salud, inversión e investigación son los tres ejes que nos sacarán de esta crisis", ha remachado.

Arnés ha recordado, asimismo, que la investigación biomédica es esencial para la calidad de la prestación sanitaria. "Hoy no cabe hablar de un sistema sanitario moderno y de verdadera calidad sin una ingente actividad en investigación. La I+D de medicamentos es cada día más abierta, colaborativa e internacional. La carrera sin precedentes por lograr vacunas contra la COVID-19 ha sido el mejor de los ejemplos", ha afirmado.

La Denominación de Origen Jamón de Teruel/Paleta de Teruel ha pasado de tener un grado de conocimiento en 2018 del 57,6% al 66,3% en 2020, casi 10 puntos por encima situándose como la tercera Denominación de Origen de jamón más conocida entre los consumidores de España, por detrás de Jabugo y Guijuelo, han informado en una nota de prensa.

Así lo revela un estudio elaborado por GfK, empresa dedicada a estudios de mercado y sondeos de opinión, para medir y analizar los resultados del programa de promoción de la DOP Jamón de Teruel en España durante los 3 últimos años y que se ha basado en una muestra de 504 encuestas en todo el territorio español.

Del estudio se desprende que del 66,3% de conocimiento de marca, un 21,2% es conocimiento espontáneo, es decir los consultados responden sin sugerirles ninguna marca de Denominación de Origen. Se trata de un incremento de 8 puntos en la notoriedad de la marca Jamón de Teruel en tan sólo 1 año dado que en 2019 el conocimiento espontáneo era 13,5%.

Según el estudio también ha mejorado de manera significativa la identificación correcta de los jamones de Teruel DOP, que ha pasado de un 57,0% a un 63,8%, un extremo sobre el que viene insistiendo en los últimos años el Consejo Regulador con el propósito de evitar cualquier tipo de fraude y eliminar la creencia de que todo el jamón que se cura en Teruel es Jamón de Teruel DOP. El rasgo por el que mejor identifican los encuestados el producto turolense es por la etiqueta/sello (59,3%) que cuelga de la pata de la pieza.

MOTIVOS DE COMPRA

La Denominación Jamón de Teruel también ocupa la tercera posición en compra y consumo declarado, con un 40,4%. El sabor (27,3%), la calidad (23,6%) y la costumbre (19,9%) son los principales motivos de intención de compra de la DOP Jamón de Teruel. Los principales frenos a la hora de comprarlo son el precio (40,7%) y la dificultad para encontrarlo, (15,3%), frenos que también esgrimen los encuestados acerca del resto de las Denominaciones de Origen.

En cuanto al perfil del consumidor de la Denominación de Origen Jamón de Teruel, es de un nivel socio económico alto/medio-alto y de hogares con hijos. Pero además, el consumidor de la Denominación de Origen Jamón de Teruel se diferencia del resto de Denominaciones por contener una mayor proporción del colectivo masculino (70%) frente al femenino (62,5%); se encuentra en una franja de edad de 55 y más años, y procedente por este orden de Aragón, de la Comunidad Valenciana y del País Vasco.

Preguntados por los motivos que les llevan a comprar Jamón de Teruel, los encuestados contestan por este orden: por el sabor, por la calidad y por costumbre.

En lo que respecta a las características y atributos que asocian a la Denominación Jamón de Teruel, apuntan en primer lugar que garantiza el origen nacional, seguido de que el proceso de elaboración es exigente y que es un producto de calidad y buen aspecto.

El 54% de los europeos planea viajar en los próximos seis meses, ya sea a destinos domésticos o a otro país europeo, lo que revela la fuerte demanda reprimida, según la Comisión Europea de Viajes (ETC), que asegura que aumentar la eficiencia de los programas de vacunación sigue siendo el factor crucial para impulsar los viajes dentro de Europa.

El sentimiento de viaje de los europeos mantiene una trayectoria ascendente, según el último informe 'Monitoreo del sentimiento de los viajes nacionales e intraeuropeos-Wave 5' publicado por la Comisión Europea de Viajes.

España (10,2%), Italia (7,8%), Francia (6,5%), Grecia (6,1%) y Alemania (5,2%) son los cinco países europeos más populares para viajar esta primavera y verano, siendo el ocio la principal razón de estos viajes (64%) tan deseados tras la pandemia.

Este informe mensual, que proporciona información actualizada sobre el impacto de COVID-19 en los planes de viaje y preferencias de los europeos, muestra que tras la introducción de normas de viaje más estrictas en Europa, la posibilidad de ser puesto en cuarentena y el aumento de casos de COVID-19 siguen preocupando a los europeos (15%).

Las mayoría de los encuestados (69%) asegura que se sentirán más seguros y relajados si los destinos tienen protocolos estrictos de salud y seguridad, mientras que solo el 21% de los encuestados afirma que los protocolos pueden estropear hasta cierto punto su experiencia de viaje.

Al mismo tiempo, las vacunas Covid-19 siguen siendo el principal impulsor para reanudar los viajes, lo que genera la esperanza de que un despliegue masivo en Europa contribuirá a la recuperación del turismo.

El 11% de los europeos indicó que la campaña efectiva de vacunas Covid-19 jugaría un papel importante en su decisión de volver a viajar, seguida de la efectividad de los destinos en la gestión de la crisis sanitaria (11%) y las pruebas de Covid-19 antes de la salida (10%).

La posibilidad de ser puesto en cuarentena durante un viaje (16%) seguido de un aumento de casos de Covid-19 (14%) y enfermarse (13%) siguen siendo preocupaciones de viaje más frecuentes. Los factores económicos tienen en estos momentos menor importancia.

DEMANDA DE DESTINOS DE SOL Y PLAYA.

El interés de los europeos por las vacaciones de sol y playa se expande a medida que se acercan lentamente los meses más cálidos, aunque también muestran interés en destinos urbanos (16%). Los viajes culturales y patrimoniales también son los favoritos para el 14% de los viajeros europeos.

Según los resultados de la encuesta, más de la tercera parte de los europeos (34%) son optimistas acerca de hacer su próximo viaje entre mayo y julio de 2021.

Los viajeros del Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza y Austria están más entusiasmados con la planificación de una escapada costera.Sin embargo, los cinco principales mercados que tienen más probabilidades de viajar en los próximos meses son Polonia con un 80,2%, Italia con un 60,7%, Austria con un 55,4%, Bélgica con un 55,3% y España con un 51,8%.

El deseo de los encuestados por los viajes intraeuropeos también está aumentando de manera constante. Así, un 41% de los encuestados aseguran que desean viajar a otro país europeo, la cifra más alta desde que comenzó la encuesta. Por contra, un 35% todavía prefiere viajar en su país.

La confianza en los viajes aéreos sigue mejorando gradualmente, lo que también apoya la esperanza de que se recuperen los viajes intraeuropeos.

La proporción de viajeros europeos que planean tomar un avión ha aumentado progresivamente del 49% en septiembre de 2020 al 54% en enero de 2021, mientras que solo un 16% de los europeos consideran volar un riesgo para la salud.

El Tesoro Público ha captado este jueves 5.110,93 millones de euros, en el rango medio-alto previsto, en varias denominaciones de deuda a medio y largo plazo, si bien ha vuelto a registrar un aumento de los intereses en todos los papeles emitidos.

Al igual que sucedió ya en las emisiones de enero y las de febrero, se ha vuelto a constatar una evolución al alza de los rendimientos registrados, pero a pesar de ese mayor coste, el interés de los inversores por la deuda pública continúa, ya que la demanda ha alcanzado los 12.681 millones de euros, casi 2,5 veces más de lo finalmente adjudicado.

En concreto, ha emitido 2.305 millones de euros con el bono a 3 años, frente a una demanda de 5.205 millones de euros, registrando un tipo de interés marginal del -0,403%, menos negativo que el -0,449% de referencia de la subasta del pasado 4 de febrero.

Asimismo, ha captado 1.110 millones de euros con las obligaciones a 7 años, frente a unas peticiones de 2.545,3 millones de euros, registrando también un tipo menos negativo, del -0,111%, frente al -0,239% de referencia de la emisión del 21 de enero.

Con las obligaciones a 10 años ha captado 1.500 millones de euros, ante una demanda de 3.185 millones de euros, y ha aumentado el coste por este papel, ya que el interés se ha situado en el 0,279%, superior al -0,172% de la subasta del 4 de febrero.

Por último, con las obligaciones a 30 años con una vida residual de 19,5 años ha emitido 465,93 millones de euros, frente a unas peticiones de 1.745,93 millones de euros. En este caso el rendimiento también se ha elevado, ya que el marginal se ha disparado hasta el 0,756%, frente al 0,619% previo.

El organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ya captó el martes 2.591 millones de euros en letras, en el rango medio-alto previsto, pero cobrando menos a los inversores por las letras a 3 meses, aunque más por las letras a 9 meses al profundizar en el tipo negativo en este tipo de papel.

Tras la subasta de hoy, el organismo cierra el calendario de emisiones del mes de febrero y no volverá a los mercados de nuevo hasta el próximo 2 de marzo.

La Estrategia de Financiación del Tesoro para 2021 contempla una emisión neta de 100.000 millones, un 9% menos respecto a los 109.922 millones con los que cerró 2020, mientras que la emisión bruta se situará en el récord de 289.138 millones, un 4,4% más respecto los 277.059 millones del año pasado, debido a que, aunque el déficit bajará este año, el nivel de deuda acumulada obliga a refinanciar más vencimientos cada año.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado este jueves en el Pleno del Congreso "ser más ambiciosos" y facilitar ayudas a las pequeñas empresas y las personas autónomas con el fin de asegurar el mantenimiento del empleo y evitar que la crisis "se convierta en una crisis terminal".

Así, en su defensa del decreto ley que prorroga el sistema especial de protección al empleo de los ERTE hasta el 31 de mayo, Díaz ha llamado a "hacer todo lo posible para que una crisis coyuntural no se convierta en una crisis terminal, estructural". En este sentido, ha defendido "profundizar en el mantenimiento del empleo".

"Es el momento de que las empresas pequeñas y las personas trabajadoras autónomas dispongan de ayudas. Esta crisis no puede ser irremediable para nadie", ha reivindicado la titular de Trabajo, que ha anticipado la llegada "a una fase post-ERTE", lo que obliga al Gobierno "a ser más ambiciosos".

Este es el momento en que tenemos que culminar nuestra tarea: Defender nuestra economía, a nuestros trabajadores y nuestras empresas", ha asegurado, anticipando la adopción de decisiones "que pongan a salvo" los sectores productivos, que permitan la reindustrialización del país y "que esta crisis no se cronifique.

"ES POSIBLE BLINDARSE ANTE LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO"

En su defensa del decreto ley y de la prórroga del sistema de protección de los ERTE, Yolanda Díaz ha asegurado que esta experiencia demuestra "que es posible blindarse ante la destrucción de empleo, incluso en las más adversas circunstancias".

Así, ha explicado que "el escenario que está construyendo" la continuidad del sistema "incorporará la dinámica de flexibilidad interna al funcionamiento ordinario del mercado de trabajo" y facilitará "una alternativa a los despidos ante las caídas en la actividad".

También para "propiciar oportunidades formativas" y la "especialización" de las empresas para aprovechar la paralización de la actividad, obligada por las circunstancias sanitarias, y por ello ha defendido la fórmula de la formación proporcionada por las propias empresas y las convocatorias estatales.

"Fruto de esta estrategia, que nos compromete y que será emblema de nuestra gestión, más de un millón de personas trabajadoras durante sus ERTE han accedido a acciones formativas, que son garantía de empleabilidad y futuro", ha asegurado.

APOYO AL DECRETO, CRÍTICAS POR LA FALTA DE AYUDAS

Durante el turno de debate posterior, todo el arco parlamentario, a excepción de Vox, ha adelantado su voto a favor del decreto ley que prorroga hasta el 31 de mayo el sistema de protección de los ERTE y las ayudas los autónomos, así como los contratos de alquiler y la moratoria de rentas en aplazamientos o reestructuraciones de deuda para inquilinos de grandes tenedores de vivienda, en este caso hasta el 9 de mayo.

Sin embargo, pese al apoyo, muchos de los grupos han reclamado la puesta en marcha de un plan de ayudas directas, o han criticado aspectos concretos del sistema de protección, como la cláusula de mantenimiento del empleo, en el caso del PP y el PDeCAT.

"Su Gobierno es un Gobierno de surferos, que no se mueve hasta que no llegue la ola y no se mueve hasta el último minuto", ha criticado Diego Movellán (PP), mientras que María Muñoz, portavoz laboral de Cs, advertía de que, si no ha habido ayudas directas cuando se levanten las medidas de protección, "en España va a quedar un solar totalmente arrasado".

Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, ha dicho que "prorrogar los ERTEs no es un éxito, sino un fracaso" y ha destacado que desde el inicio de la crisis, se han destruido el 17% de las empresas por falta de ayudas desde el Gobierno.

SIN CLÁUSULA DE EMPLEO HABRÁ "DESPIDOS GRATUITOS"

Esther Peña, del PSOE, ha cargado contra el PP por pedir la derogación de la cláusula del mantenimiento del empleo, pues cree que lo que se busca con ello es "facilitar despidos gratuitos" y le ha instado a encargarse de estas ayudas desde sus Ejecutivos autonómicos: "Este Gobierno pone de su parte, pero las comunidades tienen que complementar", ha dicho.

Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos, ha destacado cómo, pese al desplome del 11% del PIB, el empleo haya caído un 2%, cuando en las anteriores crisis el mercado laboral se resintió en mayor medida que el conjunto de la economía, pero ha llamado a "modificar la legislación laboral cuanto antes", anticipando "una victoria histórica para la clase trabajadora".

LOS ERTE, UN SISTEMA DE PROTECCIÓN PORQUE EL ESTADO INTERVIENE

Por EH-Bildu, Oskar Matute ha destacado que esta protección del empleo es posible por una intervención del Estado en la economía, y por ello ha defendido la exigencia de mantener el empleo y no despedir, pero ha pedido a Díaz que "no permita que la CEOE utilice el diálogo social como herramienta con capacidad de veto" de cuestiones como la subida del salario mínimo o la derogación de la reforma laboral.

Por su parte, el PNV ha cuestionado aspectos contenidos en el alquiler, como aspectos del aplazamiento en las rentas del alquiler, la automatización del levantamiento de actas de infracción a través de un algoritmo que mire la temporalidad y que se posibilite, a su juicio, un "acceso indiscriminado" de la Seguridad Social al expediente sanitario del trabajador.

El Banco de España pide la introducción de instrumentos de reforzamiento de los fondos propios de las empresas y, en ciertos casos, medidas de apoyo directo a empresas con dificultades financieras pero viables, junto a la agilización y revisión de los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencias.

También aboga por hacer los ERTE compatibles con iniciativas de formación y mecanismos de flexibilidad, así como preanunciar "cuanto antes" una estrategia de consolidación fiscal con una "profunda" revisión de ingresos y gastos.

Así lo ha señalado el director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, durante su participación en las jornadas organizadas por Capital & Corporate y Refinitiv, en las que ha anunciado que el impacto del Covid-19 en España ha sido "mucho más abrupto e intenso" que en otras recesiones, con un nivel de PIB a finales de 2020 un 9,1% por debajo del observado a finales de 2019.

Arce ha explicado que la crisis está golpeando más fuerte a los flujos con el exterior, en particular los turísticos y a la inversión en vivienda, al tiempo que la evolución del empleo ha sido "muy dispar", cifrando la tasa de paro en el 16,1% en el último trimestre de 2020, pero cerca del 20% en términos de empleo efectivo, siendo los más afectados los trabajadores temporales, jóvenes y aquellos con menor nivel de formación.

Aunque la afiliación efectiva a la Seguridad Social se recuperó rápido tras la desescalada, desde agosto "se han ralentizado las mejoras adicionales" debido a las nuevas restricciones, en paralelo a un aumento del déficit público superior al 10% del PIB en 2020 y de la deuda pública hasta el 117,1% del PIB.

En cuanto a las perspectivas, ha apuntado que dependen "crucialmente" de la solución a la crisis sanitaria y, a medio plazo, del daño estructural que pueda estar causando, por lo que ha citado varias medidas a su juicio necesarias para la nuevas etapa, tras la respuesta "amplia, contundente y coordinada" de las políticas económicas en las primeras fases de la crisis.

FOCALIZAR LAS MEDIDAS EN SECTORES Y EMPRESAS MÁS AFECTADOS

Así, ve necesario mantener, en el corto plazo, la orientación expansiva de las políticas económica, aunque considera que el diseño de las políticas habrá de adaptarse a la evolución de la propia crisis, de forma que se focalicen en mayor medida en los hogares, sectores y empresas más afectados. Eso sí, simultáneamente considera que no deben entorpecer las posibles necesidades de reasignación de recursos entre sectores y empresas.

Sobre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), los ve como una herramienta "muy útil" para mantener el empleo ante shocks temporales, pero previsiblemente menos efectiva ante posibles efectos persistentes de la crisis.

Por ello, ha señalado que la ayuda a los trabajadores afectados ha de ser compatible con iniciativas de formación y ha añadido que, en tiempos de incertidumbre y cambio, cobran especial valor los mecanismos de flexibilidad que da el actual marco jurídico laboral.

Respecto al apoyo a empresas, cree que hay que abordar el desplazamiento de los problemas desde la liquidez hacia la solvencia, para lo que propone la introducción de instrumentos de reforzamiento de los fondos propios de las empresas; en ciertos casos, medidas de apoyo directo a empresas con dificultades financieras pero viables y la agilización y revisión de los procedimientos (judiciales y extrajudiciales) de insolvencias.

ESTRATEGIA DE DÉFICIT "PREANUNCIADA" CON REVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

En el medio plazo, ha indicado que una vez superada la pandemia, los objetivos de política económica variarán, pasando del apoyo de rentas a la transformación estructural de la economía.

Para ello, ha hecho hincapié en la necesidad de reconducir el déficit y la deuda pública mediante el diseño de una estrategia plurianual de consolidación presupuestaria con medidas detalladas, que incorporen una "revisión profunda" de ingresos y gastos para reorientarlos al crecimiento y que sea "preanunciada cuanto antes para maximizar su credibilidad".

También ha abogado por el establecimiento de una agenda "ambiciosa" de reformas estructurales que aborde los principales aspectos de disfuncionalidad de la economía, tales como la corrección de la dualidad del mercado laboral (fijos y temporales) que homogeneice el grado de protección de los distintos grupos de trabajadores, la mejora del capital humano, con una revisión profunda del sistema educativo o la eliminación de los obstáculos al aumento del tamaño empresarial.

Por último, se ha referido al papel del fondo 'Next Generation UE' como una herramienta de transformación estructural que "puede ser crucial", ya que supone un volumen de fondos "muy elevado" pero ha remarcado que el aprovechamiento pleno de esta oportunidad "requiere superar importantes retos", y ha pedido que la utilización de los fondos sea para proyectos que aumenten la capacidad potencial de la economía.

La pandemia del coronavirus ha aumentado la brecha salarial de género en España hasta superar el 23 por ciento, lo que supone un retroceso a niveles de hace ocho años, según un estudio publicado este jueves por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Con motivo del Día Internacional de la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres que se celebrará el 22 de febrero, la secretaria de Igualdad de CSIF, Eva Fernández, ha denunciado en rueda de prensa que "se ha perdido lo que se había avanzado" en estos años, ya que la brecha salarial de género estaba en un 22 por ciento en 2019 --de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria-- y en la actualidad se ha elevado por encima del 23 por ciento.

Por ello, ha reclamado "medidas urgentes" y "consenso político" para "corregir" este retroceso en la situación de las mujeres debido a la pandemia.

El estudio concluye que la COVID-19 ha expulsado a las mujeres del mercado laboral por motivos relacionados cuidado de menores o mayores y de personas dependientes. "Los problemas de conciliación y la falta de corresponsabilidad aumentan la brecha salarial", destaca.

Además, ha destacado que en la contratación temporal este brecha se ha multiplicado por seis en el último año, ya que en 2019 esta diferencia era de 27.700 mujeres más con este tipo de contrato que hombres y a fecha actual esta distancia es de 162.000 mujeres.

Asimismo, ha añadido que en la actualidad hay el triple de mujeres que están contratadas a tiempo parcial y, en concreto, que el 94,18 por ciento de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. "En 2019, por cada hombre con un contrato parcial por cuidado de familiar había 12,7 mujeres, ahora 16,2 mujeres. Esta brecha de cuidados parciales por cuidado de familiar ha empeorado un 27%", advierte.

Por otro lado, la portavoz sindical ha apuntado que también entre los matrimonios españoles hay más mujeres que hombres en paro, en una proporción de 8 mujeres por cada 5 hombres, lo que representa un incremento del 4,5 por ciento, al tiempo que señala que en la Administración General del Estado, las mujeres cobran entre 1 y 1,5 euros por hora de trabajo menos que los hombres. "La brecha ha ido creciendo y a peor y hay también más mujeres en ERTE", lamenta.

En este contexto, la portavoz, acompañada del secretario de acción sindical de CSIF, José Francisco Lama, ha mostrado la preocupación del sindicado por la "falta de consenso político y los enfrentamientos, incluso de miembros del propio Gobierno" y el uso como "moneda de cambio" de las políticas de igualdad "incluso dentro de los propios partidos que están en el Gobierno".

De hecho, Fernández ha explicado que les están llegando casos referentes a despidos por COVID-19 de mujeres que solicitan una adaptación de su jornada por cuidados a menores o mayores y de trabajadoras en residencia despedidas tras contagiarse con el virus. "Esto es gravísimo", considera la portavoz, que ha dicho que la asesoría jurídica está analizando estos casos para "poner solución a todos ellos".

Respecto al incremento en la modalidad del teletrabajo, Fernández ha observado que "tiene ventajas" y puede ayudar a la conciliación, aunque insiste en que no es en sí mismo una medida de conciliación y advierte de que el sindicato estará "vigilante" sobre su evolución en España.

En estos momentos, asegura que hay "casi el doble de mujeres que hombres" que han solicitado el teletrabajo por medidas de conciliación en la Administración y aunque puede esto ser positivo, nunca debe suponer la vuelta a casa de las mujeres para encargarse de las tareas del hogar. "El teletrabajo puede facilitar la conciliación siempre que haya corresponsabilidad en el hogar", opina.

MEDIDAS PARA CONCILIAR

Entre las medidas para avanzar en esta materia, demanda la creación de la figura delegada sindical especializada en brecha salarial y violencia de género en el trabajo y la creación de una red de escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3 años de edad, para que ninguna mujer se quede en casa porque no le compensa económicamente llevar al niño a la guardería.

Fernández ha insistido en que este hecho conlleva una merma en su horario laboral y consiguiente pérdida salarial, cuestión que conlleva una dependencia económica de la pareja e incrementa la brecha de género en la futura pensión de jubilación.

"Mandamos un mensaje muy claro a todos los partidos especialmente a los que están en el Gobierno: basta ya de discusiones, necesitamos un pacto político y social y avanzar en igualdad para acabar con la brecha y la discriminación laboral de la mujer", ha concluido.

La hostelería y el comercio se han unido en un gran alianza para exigir ayudas "directas compensatorias y urgentes" a las Administraciones por valor de 12.500 millones de euros para salvar a ambos sectores, que son de los más afectados por la crisis del coronavirus.

En concreto, la alianza estima que las ayudas directas necesarias rondarían los 12.500 millones de euros, de las cuales 8.500 millones de euros son las que reclama la hostelería, mientras que 4.000 millones de euros corresponderían al sector del comercio.

Hostelería y comercio han presentado este jueves esta gran alianza, en la que están presentes la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex), Amicca, Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios (Anceco), Confederación Española de Comercio (CEC), Comertia, Eurelia, Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), además de Hostelería de España y de Marcas de Restauración, que representan a bares y restaurantes.

"El objetivo de esta gran alianza está siempre enfocada en la defensa de los intereses de ambos sectores y con el fin de evitar la destrucción de empresas, de empleos y la rotura de la cadena productiva", ha explicado la portavoz de hostelería y secretaria general de Marcas de Restauración, Paula Nevado.

De esta forma, la alianza reitera la necesidad de "ayudas directas compensatorias" por los cierres y limitaciones de actividad que han provocado en la actualidad la desaparición en España de 148.000 negocios, unas pérdidas de facturación de 82.000 millones de euros y que se hayan destruido medio millón de empleos.

PIDEN UNA MESA DE DIÁLOGO Y MEDIDAS FISCALES, LABORALES Y FINANCIERAS

Nevado ha indicado que esta alianza reclama a las Administraciones un "plan serio y bien dotado", por lo que han solicitado al Gobierno la constitución de "forma urgente" de una mesa de trabajo para consensuar las medidas que se deben adoptar de "carácter inmediato para salvar a unos sectores que aportan la quinta parte del PIB del país".

De esta forma, la alianza de hostelería y comercio ha presentado una serie de propuestas concretas a la Administración con una batería de medidas financieras, laborales, de alquileres y fiscales.

Así, entre algunas de ellas, figuran el incremento del periodo de carencia de los ICO en 12 meses, ayudas directas en la proporción al descenso de las ventas respecto a 2019, la prolongación de los ERTE más allá del 31 de mayo, hasta diciembre de 2021, la posibilidad de flexibilizar la plantilla, ajustar los contratos de los alquileres, la reducción temporal del IVA para potenciar el consumo o exenciones en tasas como el IBI o las basuras, entre otras propuestas.

"La situación es extremandamente grave y solicitamos una reacción urgente. Somos parte de la solución y todo pasa por regular y coordinar cómo vamos a desescalar esta tercera ola. Apelamos a la sensibilidad del Gobierno", ha pedido Paula Nevado, que ha lamentado que las ayudas de las CCAA "llegan con cuentagotas" y que "proporcionalmente son irrisorias para sostener la actividad".

Por su parte, Carlos Moreno, portavoz del sector del comercio y secretario general de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), ha recordado que el diálogo con la Administración ha sido "permanente desde marzo" y apela a la constitución urgente de la mesa de diálogo, porque se "va tarde" con las ayudas. "No podemos esperar un día más para salvar el tejido de la quinta parte del PIB de España", ha indicado.

"Nos estamos jugando el futuro, si la hostelería y el comercio funciona, España va a funcionar. Llamamos a la inmediatez en la escucha, porque el no tomar medidas está provocando la muerte de muchas compañías y la pérdida de muchos empleos", ha recalcado.

De esta forma, el comercio está estudiando y no descarta el interponer demandas colectivas contra el Gobierno y las CCAA por las pérdidas ocasionadas por la crisis sanitaria como está haciendo la hostelería.

"Estamos analizando esa opción y no descartamos tomar medidas como las demandas que está interponiendo la hostelería", ha indicado Moreno, que ha precisado que en los próximos días podría haber novedades, porque la situación en la que se encuentra el sector es "dramática".

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, aboga por diseñar las ayudas directas al tejido productivo "sin prisa pero sin pausa", definiendo claramente qué volumen es necesario y a qué sectores irá dirigido, y siempre bajo los principios básicos de equidad, competencia y efectividad.

Así lo ha manifestado Roldán durante su participación en la presentación del estudio 'La gestión de la morosidad bancaria en la crisis del coronavirus' de la Fundación de Estudios Financieros (FEF).

En esta línea, el presidente de la patronal bancaria ha subrayado que es necesario mantener la sana competencia entre iguales y no tratar de forma desigual a empresas de un mismo sector según tengan una posición de liquidez u otra. "Se debe lograr que las ayudas no sean medidas de compensación pura y dura, sino que apoyen una verdadera reactivación económica en el sector privado", ha añadido.

En cuanto a qué tipo de ayudas, Roldán ha indicado que Europa ya ha marcado un primer paso, pidiendo que el apoyo se dirija al entorno digital y medioambiental. En definitiva, considera que es un debate político "muy relevante" que debe empezar cuanto antes y que debe derivar en un buen diseño del marco.

En cualquier caso, también ha admitido que para ello se requiere de un análisis claro sobre cuál va a ser el nuevo escenario, detallando qué se preservará de la 'vieja normalidad' y qué traerá la 'nueva normalidad'. Según ha dicho, la dificultad de esta crisis radica en que no existen precedentes y es más complicado utilizar los métodos habituales de proyección basados en modelos.

Roldán también considera que la reciente ampliación de las carencias y los plazos de las ayudas del Instituto Oficial de Crédito (ICO), así como del marco excepcional para las ayudas de Estado de Europa hasta diciembre de 2021 dan margen "para poder respirar".

Así, entiende que la situación en estos momentos tampoco es de extrema urgencia. "En estos momentos la situación no es de urgencia absoluta y tremenda, por lo menos, técnica. Pero evidentemente no podemos estar eternamente esperando", ha aseverado el presidente de la AEB.

LA MORA NO PREOCUPA: ES PARTE DE LA GESTIÓN HABITUAL

En relación al potencial aumento de la morosidad bancaria por las ayudas de liquidez puestas en marcha por el Gobierno, Roldán no se ha mostrado preocupado y ha asegurado que es parte de la gestión habitual de los bancos. "Haremos lo de siempre, gestionar la mora de manera proactiva para minimizar los problemas de los clientes y el impacto en el balance bancario", ha apostillado.

Al contrario, el vicepresidente de la CEOE, Iñigo Fernández de Mesa, quien también ha participado en el debate de presentación del estudio, ha insistido en la necesidad de poner en marcha ya las ayudas directas. "Es absolutamente urgente poner en marcha las ayudas directas", ha dicho.

Fernández también ha subrayado que muchos ICOs que se concedieron en marzo tenían que haber sido ayudas directas, y ha avisado de que puede darse ahora una situación en la que algunas empresas hayan pedido estos préstamos avalados y otras hayan sido más previsoras utilizando recursos propios u otro tipo de instrumentos financieros, y se le condone la deuda a unas y a otras no.

Además, entiende que la vía de la condonación de deuda y las reestructuraciones podría suponer una llamada para no cumplir con los compromisos financieros, dándose una situación totalmente injusta. "En este punto, las ayudas directas son lo más eficiente", ha recalcado.

LA BANCA EN SOLITARIO NO PUEDE RESOLVER EL PROBLEMA

El estudio, cuyo autor es el exdirector general del FROB Antonio Carrascosa Morales, repasa los retos de la gestión de la morosidad bancaria y plantea nuevos instrumentos de recuperación de deudas en la crisis actual, con la finalidad de salvar a las empresas viables.

Según expone, actualmente existen en el mercado algunos instrumentos que podrían aliviar la carga del endeudamiento, pero en otros casos se va a requerir la ayuda del Estado, porque la banca en solitario no puede resolver este problema.

La compañía valenciana de limpieza y desinfección industrial Cleanity ha cerrado el 2020 con una facturación global de 15 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 40% respecto al ejercicio anterior, según ha informado la empresa.

La empresa ha indicado que se estos "buenos resultados" también se han reflejado en un "importante" aumento de su cartera de clientes y de su plantilla, que se ha visto incrementada en un 30 por ciento.

Fruto del crecimiento del volumen de trabajo y del interés por ofrecer nuevos servicios, la compañía inaugura este nuevo ejercicio con una reorganización de su estructura en torno a tres nuevas divisiones.

Cleanity Solutions, área que engloba las soluciones diseñadas para garantizar a la industria alimentaria la máxima seguridad en el proceso de manipulación de alimentos; Cleanity Services, división destinada a ofrecer equipos especializados que implanten las soluciones con la mayor garantía y, por último, Cleanity Recycling, responsable de gestionar los residuos, el reciclaje, así como del desarrollo de las nuevas políticas de medio ambiente que llevan a cabo desde la compañía.

La directora de Cleanity, Mariam Burdeos, ha calificado de "muy positivos" los resultados, consciente de la responsabilidad que tiene el sector en un contexto tan complejo como el actual y ha añadido que, como empresa, tienen "muy claro que esto ha sido posible gracias al trabajo de todo un equipo volcado en el diseño de soluciones eficaces que satisfagan realmente las necesidades de nuestros clientes y a la firme apuesta que venimos desarrollando por la sostenibilidad de nuestros procesos y productos".

Cleanity, con más de 15 años de experiencia en el diseño de soluciones para la higiene y desinfección industrial, concentra su labor en la industria alimentaria, canal Horeca y retail, sectores donde operan actualmente y a los que ofrece soluciones adaptadas y específicas para cada necesidad.

EXPERIENCIA ACUMULADA

"Sin embargo, la amplia experiencia acumulada durante todos estos años nos ha permitido ofrecer nuestros productos y servicios durante la pandemia a otros sectores en los que tradicionalmente no hemos estado presentes" como ocurrió durante la fase final de la Liga ACB celebrada en la Fonteta de San Luis o en la maratón de Valencia en los que Cleanity participó como partner de la burbuja sanitaria que se diseñó para garantizar la seguridad de ambos eventos, según las mismas fuentes.

"El trabajo llevado a cabo desde estas tres unidades de negocio nos permite aportar a nuestros clientes un valor diferencial como partner único de limpieza y desinfección", ha apuntado Mariam Burdeos.

Burdeos ha puesto el acento en la importancia de haberse preparado bien en un entorno tan exigente como el de la higiene industrial, lo que ha permitido estar a la altura cuando el sector así lo ha necesitado.

"En los últimos años hemos tejido alianzas estratégicas con la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y con la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), y vamos a continuar colaborando con aquellos que compartan nuestra filosofía de compromiso con la innovación y la voluntad de transformar la higiene industrial", ha dicho.

Además, todo este proceso de reestructuración está acompañado de una nueva propuesta gráfica de imagen corporativa que ha desarrollado la agencia Amparo y Asociados y que se ha construido en torno al color y la identificación de cada una de sus divisiones con un icono de forma simple y directa.

Asimismo, movidos por su espíritu innovador, en los últimos años Cleanity ha lanzado una apuesta firme por la sostenibilidad con soluciones como las de la gama NEUTRAQ4, que optimizan el tratamiento de aguas residuales en las plantas depuradoras minimizando el impacto en el medio ambiente; reduciendo el consumo de agua en sus procesos; diseñando formulas biodegradables o comercializando soluciones concentradas como las de la línea Ecotech.

El sector promotor inmobiliario ha abogado porque las "tensiones dentro del Gobierno" en relación a la futura Ley de Vivienda acaben por desechar las propuestas que cree que darían cobertura a la ocupación ilegal, ya que esto dañaría a la imagen del país y, por ello, al interés inversor extranjero por invertir en España.

Así lo ha manifestado el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Antonio Gómez-Pintado, durante el encuentro de 'Financiación Inmobiliaria de Madrid', organizado por esta asociación junto con CaixaBank.

Gómez Pintado espera que las distensiones existentes en el seno del Gobierno en referencia a los planes de vivienda acaben con el triunfo de las "tesis razonables" que no den vía libre a la ocupación ilegal.

En su opinión, dar cobertura a este fenómenos dañaría la imagen del sector y a la seguridad de contar con una inversión extranjera constante, que tiene ahora una imagen de España como un país "seguro y fiable" en el que poder invertir.

PRECIOS AL ALZA

Gómez Pintado ha señalado que, al contrario de los datos "tergiversados" que se han dado sobre la evolución del sector, el precio de la vivienda nueva subió un 0,7% el año pasado, y el de la usada un 0,8%, con la primera incluso recuperando la demanda previa a la crisis sanitaria en la última parte del año.

Asimismo, ha destacado la actitud adoptada por las empresas del sector, que "escarmentadas" por la crisis financiera de 2008, han sido más selectivas para proteger su caja y eso ha hecho que los visados de vivienda nueva hayan caído un 20%, pero que, una vez la pandemia pase, confía en que vuelvan los 120.000 visados que España necesita para mantener el equilibrio.

Respecto a las nuevas formas de negocio en el sector, ha resaltado el 'build to rent', que permitirá alcanzar un equilibrio "lógico" entre el alquiler y la compraventa hasta registrar niveles europeos.

En este sentido, el director ejecutivo de Banca de Empresa de CaixaBank, Luis Cabanas, ha indicado que el sector tiene que hacer compatible el mundo del alquiler con la compra, ya que la sociedad sigue prefiriendo comprar casa y el sector financiero "tiene que seguir financiándolo".

Cabanas también se ha referido a la evolución del sector inmobiliario, admitiendo que "ha sufrido un poco" pero muchos menos que las expectativas a las que apuntaban las previsiones de julio del año pasado, sobre todo en la vivienda nueva.

Por último, respecto a los fondos europeos, ha asegurado que tienen que ayudar al sector inmobiliario, así como al de la banca, a solucionar los problemas que ha causado la crisis económica derivada de la pandemia.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido las modificaciones de la norma que establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha criticado que éstas se interpreten como un reconocimiento de que la norma original no estaba bien diseñada: "Las buenas políticas no están escritas en tablas de Moisés".

Lo ha dicho este jueves en la inauguración del 'I Congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad', en la que también han intervenido la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y la decana del Icab, Maria Eugènia Gay.

Escrivá ha criticado esta perspectiva, que ha tachado de muy estrecha y poco útil a la hora de aproximarse a las políticas públicas, ya que éstas están permanente sujetas al análisis de los impactos y son susceptibles de ser mejoradas: "Las buenas políticas son aquellas que adaptan a la realidad, la realidad de los datos".

Ha defendido que desde su puesta en marcha en la pasada primavera han monitorizado su despliegue y que, fruto del análisis permanente, han ido revisando y modulando algunos de los aspectos de la norma para que la prestación llegue a todas sus beneficiarios.

Ha explicado que para ponerlo en marcha aplicaron una "evaluación 360 grados" porque el IMV fue preevaluado con datos de INE, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, lo que contribuyó a definir los parámetros de esta política.

"La propia norma que establece el IMV obliga a hacer un seguimiento y evaluación 'ex post' por parte de terceros para comprobar en qué medida se están cumpliendo los objetivos de la eliminación de la pobreza severa y la igualdad", ha detallado.

TRANSPARENCIA

Escrivá ha explicado el caso del IMV para ilustrar cómo la buena transparencia mejora las políticas públicas, ya que es la evaluación y análisis transparente de los resultados lo que permite adaptar las normas a la realidad: "La transparencia tiene un poder transformador ante la evaluación de políticas públicas".

Para el ministro, lo que explica las diferencias de bienestar entre las sociedades es, entre otras cosas, la calidad de gobierno y tener una administración profesionalizada con estructuras estables y que trate de forma igualitaria a sus ciudadanos.

Ha señalado que para lograrlo se considera que la clave es asegurar el acceso de todos los ciudadanos a lo político y que la sociedad civil esté bien articulada, así como que las políticas se adopten con el mejor conocimiento posible con las personas más cualificadas.

"El buen gobierno exige de las dos cosas. Participación democrática y conocimiento externo son factores complementarios. Sin rigor y análisis experto las políticas públicas acaban teniendo efectos indeseados, consolidando desigualdades y deslegitimando el proceso democrático. Sin participación ciudadana, el conocimiento experto atiene necesidades equivocadas y corre el riesgo de desatender problemas reales de la ciudadanía", ha añadido.

"PEGAMENTO"

Para materializarlo, Escrivá ha sostenido que la transparencia es el "pegamento" para que gobierno eficaz y gobierno democrático funcionen conjuntamente de forma vigorosa, ya que según él la transparencia permite que conocimiento experto sea fiscalizado y orientado a las necesidades sociales.

Ha advertido de que hasta el momento la forma de fiscalizar la acción de gobierno ha tenido un "sesgo procedimental", ya que no existen pocos organismos que monitorizan las administraciones, pero todos ellos están orientados a valorar los procedimientos, no los resultados.

"Esto genera disfuncionalidades", ha advertido, ya que el resultado son políticas más orientadas a cumplir con los estándares procedimentales que con los resultados sociales de las mismas, algo que solo ve posible si hay una falta de transparencia.

"La evaluación de políticas públicas necesita transparencia para que evaluadores puedan explorar la riqueza de los datos de la administración para mejorar las políticas públicas. Por inercia, miedo o incomodidad, los datos no son suficientemente explotados", ha añadido, y abogado por extender una cultura de la transparencia que permita la explotación de los datos.

Santiago Giraldo, profesor de periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha denunciado cómo las grandes plataformas y las marcas aprovechan el contenido generado por los 'influencers' para obtener grandes beneficios a muy bajos costes, es decir, constituyen también "una fuente de trabajo precario y otra trampa más del opulento mundo de las redes sociales".

Así lo ha manifestado el autor principal de un estudio llamado "Influencers y precariedad laboral", que está elaborado por profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona y de próxima publicación en el Observatorio Social de la Fundación "la Caixa".

El objeto de estudio han sido 34 'microinfluencers', es decir, usuarios con una comunidad de seguidores de entre 5.000 y 100.000, en concreto, de la plataforma social de Instagram.

La investigación concluye que los ingresos que perciben no son proporcionales al impacto generado en sus comunidades digitales, ya que hay una diferencia de más de 25 euros por 'post' entre lo que "deberían" cobrar y lo que realmente perciben, según el 'earned media value', la influencia y alcance en su comunidad de seguidores.

El 'microinfluencer' es un trabajo con muchas horas detrás poco remuneradas, y es que, según el estudio, el 62,2% de los 'microinfluencers' se sienten insatisfechos por el dinero que reciben en relación con el tiempo que dedican a producir contenidos para sus perfiles.

UN 'MICROINFLUENCER' COBRA 102 EUROS POR PUBLICACIÓN

En esta línea, un usuario de este tipo destina, de promedio, 45 horas al mes a su perfil de Instagram e invierten tres horas en crear una publicación, por la que recibe unos 102 euros de media de cada una, aunque no todos reciben ingresos por las entradas que crean. El estudio establece unos ingresos de media de 18 euros por hora.

Además, se puede tardar cerca de ocho años en consolidar el propio perfil en Instagram como 'microinfluencer' y poder generar, así, ingresos por las publicaciones en la red social.

Para mejorar esta situación, Giraldo ha propuesto que las grandes plataformas tecnológicas reconozcan la cantidad de ganancias que obtienen de la explotación de datos y del contenido de los usuarios, y que, así, paguen por su uso.

Además, el experto ha señalado dos avances a nivel legislativo para ayudar a este tipo de colectivo: la adecuación de los derechos de los trabajadores a un mundo datificado ,en donde también entran los 'riders', los 'call centers' o el teletrabajo, y la adaptación de la legislación de derechos que abarque también un campo de derechos digitales.

LOS 'MICROINFUENCERS' GENERAN MÁS QUE LA PUBLICIDAD TRADICIONAL

Los 'microinfluencers' garantizan una mejor conversión a venta de las campañas publicitarias y tienen una gran capacidad para crear vínculos entre la marca y sus seguidores. En España, la inversión del sector publicitario en el ámbito de los 'influencers' creció un 185% en el 2019.

Sin embargo, tal y como se demuestra en el estudio, contratar a un 'microinfluencer' no supone una gran inversión y, por el contrario, se genera un retorno y fidelidad importante.

El valor añadido de su actividad es el compromiso o 'engagement' que generan con su comunidad, un elemento imprescindible en el mercado publicitario digital, ya que permite evaluar la interacción entre prescriptores y usuarios.

Sobre ello, los autores han visto en su investigación que el 'engagement' que logran los 'influencers' es mayor que el que tiene los famosos y, sin embargo, las marcas les pagan menos. El estudio calculó el 'engagement' de los 34 usuarios y los comparó con los de otros 21 'influencers' relevantes, como los futbolistas Cristiano Ronaldo y Leo Messi, o cantantes como Paula Echevarría.

Los resultados fueron que el 'engagement' generado por los 'microinfluencers', con una media del 4%, era más alto que el alcanzado por las celebridades, un 2,38% de promedio.

Sin embargo, el informe señala que los ingresos recibidos se suelen establecer por número de usuarios y no en función del impacto que generen las publicaciones.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado este jueves que está "a punto de cerrar" con los agentes sociales el mecanismo "exacto" por el que las pensiones se revalorizarán conforme al IPC.

Escrivá, en declaraciones a la cadena SER Catalunya, ha recordado que la creación de este mecanismo forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que instan a suprimir el llamado Índice Revalorización de las Pensiones (IRP), por el que éstas sólo subían un 0,25% cuando el sistema presentaba desequilibrios financieros, por otra fórmula que garantice el poder adquisitivo de las pensiones.

Junto a ello, el ministro ha señalado que se está trabajando ya con los agentes sociales en otras medidas fruto de las recomendaciones del Pacto de Toledo, aunque todavía en una fase "tentativa". "Somos de mucho cálculo, porque hay que afinar bien, y no queremos políticas brocha gorda", ha apuntado al respecto.

Así, y en relación a la posible ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, Escrivá ha insistido en que el Pacto de Toledo ha pedido aumentar la contributividad y al mismo tiempo dar soluciones a las nuevas realidades del mercado laboral.

Y en esas realidades, ha explicado el ministro, se encuentra el hecho de que en torno al 30% de los trabajadores no presentan sus mejores años de cotización en el tramo final de su carrera laboral, por lo que el sistema actual "no funciona" para ellos.

De todo el análisis y los números que está haciendo la Seguridad Social, puede salir o no como resultado que haya que ampliar el periodo de cálculo y combinar esta medida con la cobertura de lagunas de cotización o con la elección de los mejores años de cotización a la hora de calcular la pensión. En todo caso, el ministro ha reiterado que la ampliación del periodo de cálculo "no es en ningún caso" un recorte.

SUBIR LA BASE MÍNIMA NO ES AHORA UNA PRIORIDAD

Escrivá ha afirmado además que elevar la base mínima de cotización no es ahora mismo una prioridad del Gobierno y ha añadido que este tema se abordará cuando vuelva a retomarse la negociación sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

"En este momento nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a recuperar el empleo (...) Lo que hemos pedido a los agentes sociales es que nos den unos meses y cuando se quite el polvo de la pandemia, volveremos a abordar la subida del SMI", ha apuntado el ministro.

En este punto, ha advertido de que a la hora de diseñar las políticas públicas, hay que tener cuidado para no desincentivar la vuelta al mercado laboral de los colectivos más afectados por la destrucción de empleo (trabajadores con salarios muy bajos, con contratos temporales y mujeres).

Sobre la derogación de la reforma laboral de 2012 que reclaman los sindicatos, Escrivá ha subrayado que en el pacto de gobierno con Podemos "está muy tasado" lo que se tiene que hacer en esta materia y que principalmente tiene que ver con introducir cambios en la negociación colectiva.

"No es un cambio absoluto del marco laboral (...) Cuando hablamos de reforma laboral el objetivo de todos tiene que ser reducir la tasa de paro y ahí hay muchas cosas que se pueden hacer que no tienen por qué afectar al marco normativo", ha explicado.

En cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el ministro ha señalado que "el grueso de la economía se ha recuperado mejor" de lo que se esperaba, lo que ha permitido recuperar dos tercios del millón de puestos de trabajo destruidos en mayo y todo ello sin que prácticamente se hayan producido ERE.

Por último y en relación al aumento de la deuda pública hasta el 117,1% del PIB al cierre de 2020, el ministro ha señalado que esta situación será "más o menos problemática" en función de cómo evolucionen los tipos de interés, aunque en este punto ha subrayado que los bancos centrales mantendrán durante unos años el tipo en cero.

En todo caso, Escrivá ha indicado que cuando la economía se recupere, la ratio de deuda pública sobre el PIB caerá, ya que ahora está calculada sobre un PIB "anormalmente bajo" como consecuencia de la pandemia. "Son cifras sesgadas", ha puntualizado.

Las personas que lleguen en vuelo desde cualquier aeropuerto situado en Brasil o Sudáfrica a cualquier aeropuerto situado en España, con o sin escalas intermedias, deberán guardar cuarentena durante los diez días siguientes a su llegada, o durante toda su estancia en el país si ésta fuera inferior a ese plazo.

Así lo establece la orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que señala que este periodo podrá finalizar con anterioridad, si al séptimo día a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo.

Eso sí, las únicas pruebas admitidas serán la RT-PCR u otras pruebas basadas en técnicas moleculares equivalentes, así como los test de antígenos que tengan un rendimiento mínimo del 90 % de sensibilidad y del 97 % de especificidad.

Esta medida entra en vigor un día después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, informase de ello en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, explicando que esta cuarentena es complementaria a las medidas que ya se estaban tomando con los vuelos procedentes de estos dos países.

Así las cosas, durante el periodo de cuarentena los llegados a España deberán permanecer en su domicilio o alojamiento, debiendo limitar sus desplazamientos, así como los accesos de terceras personas al domicilio o alojamiento, a los imprescindibles para la realización de determinadas actividades.

En concreto, solo podrán desplazarse para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios o por causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

La orden también recoge que las autoridades sanitarias podrán contactar con las personas en cuarentena para realizar su seguimiento. Asimismo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán realizar en cualquier momento las comprobaciones oportunas sobre el cumplimiento de las condiciones de cuarentena establecidas en esta orden.

Así, ante cualquier sospecha de síntomas de COVID-19, las personas en cuarentena deberán contactar por teléfono con los servicios sanitarios mediante los números habilitados por las comunidades autónomas, indicando que se encuentran en cuarentena.

Por su parte, las agencias de viaje, los operadores de turismo y compañías de transporte deberán informar a los viajeros de estas medidas al inicio del proceso de venta de los billetes con destino en el territorio español.

Repsol registró unas pérdidas netas de 3.289 millones de euros en 2020 tras sufrir por la crisis mundial del Covid-19 unos impactos de casi 3.900 millones de euros en la valoración de sus inventarios y por el ajuste del valor de activos de 'Upstream' (Exploración y Producción), informó la compañía.

En 2019, el grupo ya registró unas pérdidas de 3.816 millones de euros, aunque en aquella ocasión fue debido a los ajustes que realizó en el valor contable de algunos de sus activos para abordar el compromiso de ser una empresa cero emisiones netas en el año 2050.

En concreto, la situación sin precedentes provocada por el coronavirus, que llevó a lo largo del ejercicio a un desplome casi sin precedentes de los precios del crudo y del gas -con una caída del 35% en la cotización media en 2020 del crudo Brent y del 19% en el gas Henry Hub- y un histórico colapso de la demanda, ha tenido un impacto negativo de 978 millones de euros en los inventarios de la compañía.

Además, el grupo presidido por Antonio Brufau ha ajustado sus hipótesis de precios, lo que ha afectado al valor contable de sus activos de 'Upstream', reflejándose en un impacto de 2.911 millones de euros.

No obstante, a pesar de un escenario marcado por una complejidad sin precedentes debido la pandemia mundial del coronavirus, Repsol obtuvo en 2020 un resultado neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios de la empresa, de 600 millones de euros.

Este resultado neto ajustado, aunque es un 70% inferior a los 2.042 millones de euros de 2019, mejora las previsiones de los analistas para la compañía y confirma la resiliencia de la multienergética en un entorno especialmente complicado para su sector.

De hecho, la crisis del Covid-19 se ha cebado con las petroleras en 2020, con fuertes pérdidas netas para grandes del sector como Shell (-17.903 millones de euros), BP (-16.765 millones de euros), Total (-5.980 millones de euros) o Equinor (-4.539 millones de euros).

EL CUARTO TRIMESTRE CONFIRMA QUE DEJA ATRÁS LO PEOR DE LA PANDEMIA.

En el cuarto trimestre, de la mano de las medidas implementadas para hacer frente a la crisis del Covid-19, tras el lanzamiento en marzo de un Plan de Resiliencia, así como del inicio de la recuperación de la demanda y de los precios de los productos, Repsol situó su beneficio neto ajustado en los 404 millones de euros, cifra similar al mismo periodo de 2019.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, destacó que en 2020, ejercicio también en el que la compañía lanzó su nuevo Plan Estratégico2021-2025, el grupo ha afrontado "un escenario sin precedentes y ha puesto las bases del futuro de la compañía".

"Hemos demostrado de nuevo la solidez de nuestro proyecto, desempeñado un papel de servicio público esencial y ratificado una vez más que somos una empresa útil para la sociedad", dijo.

Además, el grupo demostró su fortaleza ante este difícil escenario, con una positiva generación de caja libre de 1.979 millones de euros y una reducción de la deuda neta del 28% -en 1.178 millones de euros durante el ejercicio- hasta situarla en 3.042 millones de euros a cierre de 2020.