La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al Govern de la Generalitat de preocuparse más por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y los demás políticos condenados por el proceso independendista que por quienes se arruinan a causa de la crisis del coronavirus.

«La Generalitat tiene que ayudar a los autónomos y dejar de crear chiringuitos (políticos) y pensar tanto en el ‘procés'», ha declarado Arrimadas durante una visita al distrito barcelonés de Nou Barris, donde ha charlado con comerciantes y vecinos sobre las dificultades que atraviesan.

Al referirse a la decisión del Tribunal Supremo de revocar el tercer grado penitenciario concedido a los nueve condenados por el proceso soberanista de 2017 y anular la aplicación de las medidas de semilibertad, la líder de la formación naranja ha subrayado que «Cataluña necesita preocuparse más por los que se están arruinando, por los trabajadores, las familias y los autónomos, que por los líderes del ‘proces'».

«Ya está bien de que el Govern de la Generalitat piense más en el señor Junqueras que en quienes se arruinan cada día en barrios como éste de Barcelona porque la crisis les está machacando. Queremos que haya un gobierno en Cataluña que vuelva a levantar la actividad económica y a unir a todos los catalanes», ha manifestado.

«DESPRECIO» DE LA GENERALITAT A LOS AFECTADOS

Durante su recorrido por Nou Barris, en el que ha estado acompañada por la portavoz de Cs en el Parlament de Cataluña y en el Senado, Lorena Roldán, y por la presidenta del grupo de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, Arrimadas ha comprobado, según ha dicho, el «abandono de muchas infraestructuras municipales» por parte del Ayuntamiento de Ada Colau.

Asimismo, ha señalado que la realidad de los comerciantes y autónomos en este distrito es «muy dura» porque muchos tuvieron que soportar el cierre sus negocios por la pandemia y esto «no se ha visto acompañado de ayudas».

Mientras, el Gobierno catalán ha mostrado un «desprecio absoluto» hacia los afectados, abriendo una web para la concesión de ayudas que «fue una auténtica chapuza» porque «se regía por el criterio del que llegue primero» y porque se ofrecía una cantidad «irrisoria», ha indicado.

AYUDAS PARA EL ALQUILER, MICROCRÉDITOS Y SUBVENCIONES

En este contexto, ha anunciado una propuesta que Ciudadanos lleva al Parlament sobre un «plan de contingencia para autónomos y pymes» que, según ha precisado, es similar al que ha puesto en marcha en Andalucía el Gobierno de coalición del PP y Cs.

Según el documento facilitado por el partido, el plan para Cataluña consiste en ayudas para el pago del alquiler y los suministros básicos en los locales de los autónomos y pymes afectados por la Covid-19 –en el ámbito de la hostelería, la restauración el ocio nocturno o los gimnasios–, de 1.200 euros para los comercios cuya actividad haya sido interrumpida y 4.000 cuando haya sido suspendida.

Además, habría una inyección directa de dinero «de emergencia» de 2.000 euros para cada autónomo o pyme que haya visto caer sus ingresos hasta la mitad –como hosteleros, taxistas o agencias de viajes–, para que puedan garantizarse hasta un 75% de la facturación del año anterior, y ayudas para el mantenimiento de la actividad de pymes en sectores industriales afectados.

El plan también incluye 150 millones de euros en microcréditos de entre 9.000 y 15.000 euros con aval público, que se podrían devolver sin intereses, así como una línea de subvenciones para facilitar la transformación digital de las actividades y otra para propietarios que aplacen o bajen el alquiler de locales de autónomos y pymes golpeados por la crisis, con un pago único por un importe del 60% de la renta si lo bajan y un 30% si lo aplazan.

PIENSAN EN «LLEGAR A FIN DE MES», NO EN LA INDEPENDENCIA

La presidenta de Ciudadanos ha afirmado que si el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera pactado los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con la formación naranja en vez de con ERC, los votos de apoyo habrían sido a cambio de ayudas para los autónomos.

En cambio, «cuando Esquerra negocia los Presupuestos siempre es a cambio de favorecer a los señores del ‘procés’ o de tener privilegios para seguir excluyendo el castellano de las escuelas», ha añadido sobre la futura ley de educación, que excluye el castellano como lengua vehicular en las comunidades autónomas donde hay otro idioma cooficial.

Según Arrimadas, al hablar con vecinos y comerciantes de Nou Barris ha visto que «a nadie le preocupa si Cataluña tiene que ser independiente o no» y que lo que todos se preguntan es «cómo van a llegar a final de mes».

Por ello, ha dicho que Cs se presenta a las elecciones de febrero con un proyecto «realista, sensato e innovador» con el que «volver a levantar Cataluña». «Vamos a por todas porque Cataluña se merece pasar página del ‘procés’ y empezar una nueva etapa de creación de empleo, unidad y, sobre todo, futuro y prosperidad», ha destacado.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior mantiene la alerta por temporal marítimo, vientos fuertes y nevadas intensas durante los próximos días a consecuencia de los efectos de la borrasca ‘Dora’, de acuerdo con la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así pues, el temporal marítimo que afecta a las costas peninsulares y seguirá siendo muy fuerte en el norte peninsular durante los próximos días y, especialmente en Galicia, donde se esperan olas de hasta nueve metros de altura.

Además, las nevadas que han afectado este viernes a la mayor parte de las zonas montañosas, se intensificarán mañana en el norte, concretamente en la Cordillera Cantábrica y Pirineos, donde se podrá acumular hasta 20 centímetros de espesor. Igualmente, también habrá nevadas en otros puntos por encima de los 700 metros aunque menos intensas.

Por otro lado, la jornada de este viernes continuará con vientos fuertes en el sureste peninsular, donde se alcanzarán rachas de hasta 90 km/h. Según AEMET, existe una alta probabilidad de que lleguen nuevos centros de bajas presiones desde el Atlántico, lo que dará lugar a un nuevo episodio de precipitaciones generalizadas y vientos fuertes a partir del lunes.

Ante los fuertes vientos, recomienda ante fuertes vientos asegurar puertas, ventanas y aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. También aconseja abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección.

Asimismo, aconseja a los conductores que extremen las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido y prestar especial atención a la posible presencia de obstáculos en la carretera.

También recomienda a quien se encuentre en las zonas costeras que ante los fuertes vientos lo mejor es alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.

Igualmente, recuerda la conveniencia de no estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje. Ante estas situaciones, en las que el mar adquiere condiciones extraordinarias, hay una alta probabilidad de que el agua arrastre a las personas que estén cercanas a las proximidades, por eso, Protección Civil pide no poner en riesgo la vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.

RECOMENDACIONES ANTE LA NIEVE

La previsión de nieve lleva también a Protección Civil recomiende viajar por carretera solo si es imprescindible, permanecer atento a la carretera y tener especial cuidado con las placas de hielo. También aconsejan extremar las precauciones, revisar el vehículo y atender las recomendaciones de tráfico.

Por último, recomienda a los conductores que lleven neumáticos de invierno o las cadenas y llenar el depósito de la gasolina, así como revisar las ruedas, anticongelante y los frenos. En este sentido, resalta llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con suficiente batería o cargador del mismo.

En caso de quedar atrapado en la nieve, aconseja permanecer en el coche con la calefacción puesta y vigilar para que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo. Además, pide que no se traten de resolver las situaciones por uno mismo y que se informe a las autoridades de estar aislado y necesitar ayuda.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha culpado este viernes al Gobierno de llamar a los inmigrantes, apuntando que ello ha llevado a que en Canarias la situación «cobra tintes de invasión por sus números», al tiempo que ha pedido al Ejecutivo central que utilice todos los mecanismos necesarios para frenar la situación migratoria, entre ellos, el que la Armada detenga las pateras antes de entrar en aguas españolas.

Así lo ha manifestado Abascal en declaraciones a los periodistas tras asistir a la manifestación ‘Salvemos el turismo’ en la localidad de Puerto Rico, en Mogán, y que convocan colectivos del municipio que piden, entre otras cosas, sacar a los migrantes de los complejos turísticos en los que están alojados debido a la llegada masiva de personas irregulares a la isla de Gran Canaria.

De este modo, el líder de Vox ha querido estar en la misma, dijo, para «darles voz, para representar su sentir, para decir que al final es a las personas más sencillas, es a los trabajadores a quién más está afectando la inmigración ilegal», mientras ha criticado «los políticos, los poderosos, todos aquellos que han contribuido al efecto llamada, no tienen que padecer la consecuencia que la inmigración ilegal tiene sobre la seguridad, sobre la convivencia, sobre los distintos conflictos, sobre la propia prosperidad, que hoy está suponiendo un drama» en Canarias.

En este sentido, apuntó que Canarias «hoy se desangra por culpa de la inmigración ilegal a la que han llamado insistentemente los políticos de todos los partidos, produciendo un efecto llamada que hay que detener», de ahí que incidió en la necesidad de que el Estado ponga «todos los mecanismos para detener de una vez por todas la inmigración ilegal, que ha llegado porque se le ha llamado».

Al respecto, aseguró que «no» culpan a los inmigrantes, sino «a los políticos españoles, a los políticos europeos, que les llaman, que les hacen jugarse la vida en los mares, que les prometen un falso paraíso que no» se puede ofrecer.

Por ello, incidió en que el «deber de cualquier Estado es proteger en primer lugar a sus nacionales, que la inmigración debe ser regulada en función de la economía nacional y de la capacidad de adaptación de los inmigrantes», algo de lo que matizó saben «mucho» en Canarias, que «ha acogido a las verdaderos refugiados, aquellos hermanos venezolanos que huyen de la tiranía de Maduro.

Así, exigió «deportaciones inmediatas de todos» los que entren ilegalmente en España, así como que se lance el «mensaje nítido en África de que todo el que entre» en España, «jamás podrá ser regularizado», y que el Estado «utilice todos los medios a su alcance, también el control marítimo con la Armada para detener» a las embarcaciones antes de que entren en aguas españolas y sean llevadas al puerto seguro más cercano de Marruecos, de Argelia o de Mauritania, para que sean estos países los que asuman la «presión internacional porque no cumplen con los convenios internacionales de salvamento marítimo.

Para Abascal la solución pasa porque España y Europa devuelvan la presión a los países que «están mandando la inmigración de forma masiva e ilegal».

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha mostrado su «respeto» a la decisión del Tribunal Supremo (TS) de revocar el tercer grado penitenciario concedido por el departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña a los nueve condenados por sedición. «Es lo que hay», ha manifestado.

Asimismo, ha asegurado que la situación «no afectará» a su relación con ERC. «El tribunal es el tribunal, el Gobierno es el Gobierno y el Partido Socialista es el Partido Socialista, no tiene nada que ver», ha sostenido el ministro.

«Nosotros vamos a hacer todo con escrupuloso respeto a la ley, a nosotros no se nos habrá oído decir una cosa cuando nos gusta una sentencia y cuando no nos gusta, otra», ha aseverado.

En la misma línea, Ábalos ha recalcado que «cualquier formación que tenga una relación política con el PSOE debe saber que nuestra línea roja es el acatamiento a la ley y a las sentencias judiciales». «No se nos puede imputar una decisión judicial, sea la que sea. Es lo que hay y no creo que nos afecte, faltaría más que nosotros pudiéramos condicionar o determinar una sentencia, y en función de eso, establecer nuestras relaciones, es inconcebible», ha subrayado el ministro.

Sobre las relaciones con Esquerra, ha indicado, también, que «son muy complicadas cuando hay que establecer un diálogo con proyectos muy distintos». «Esto es lo que te marca el juego y los límites, pero bueno, en eso radica la política, en el diálogo, porque todo lo que ocurre por imposición tiene poco de política», ha concluido.

Igualmente, ha indicado que «hay un proceso de indultos que se tiene que tramitar cuando hay una solicitud» según está recogido en la legislación. «Hay personas que se acogen al indulto y otras que no porque no quieren mostrar el arrepentimiento que ello exige. Y creo que ERC está en la línea de no querer expresar ningún arrepentimiento», ha dicho.

CREDIBILIDAD

En otro orden de asuntos, el ministro Ábalos ha negado que el apoyo recibido por parte de EHBildu y ERC para sacar adelante los PGE haya restado credibilidad al Gobierno de coalición y ha apuntado que, «con la mentalidad de algunos, no se hubiera podido llevar adelante la Transición».

«El otro día, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dijo una cosa, y es que les pedimos que no mataran o dejaran las armas, lo mismo da, lo que no les pedimos es que no votaran presupuestos. No podemos decirles a ciertas formaciones que abandonen la violencia y que participen en la vida política pero sin que se lo crean del todo», ha explicado Ábalos.

En la misma línea, ha señalado que con esa mentalidad, no se hubiera podido llevar a cabo ni la Transición ni la elaboración de la Constitución. «Con esa forma de pensar no hubiéramos hecho ninguna transición en la vida. Los apoyos no nos lleva a compartir proyecto pero entendamos qué supone esta aprobación», ha matizado.

Asimismo, Ábalos ha dicho que en dichas formaciones «hay gente que siempre ha condenado el terrorismo y han estado contra», mientras que sí ha reconocido que «otros sí han apoyado el terrorismo», pero ha añadido que «ya desapareció. «No hay necesidad de estar recordando los dramas, aunque eso no significa olvidar a las víctimas porque sería injusto, ya que los que han sufrido son parte de nuestro patrimonio, pero estar recordando que estamos en guerra cuando no lo estamos, no lo acabo de entender», ha declarado.

El ‘Informe de Denúncies dels Drets Lingüístics al País Valencià 2020’, elaborado por diversas entidades sociales, recoge una quincena de casos en los que los valencianohablantes han sufrido «discriminación» y han visto «vulnerados sus derechos».

El estudio ha sido elaborado por Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua, Plataforma per la Llengua, CCOO PV, Intersindical Valenciana, FE CCOO PV, SEPC, STEPV, Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), FAMPA-València, Plataforma pel Dret a Decidir, Societat Coral el Micalet i Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV).

El documento recoge casos como el de un usuario del Centro de Salud de Vinaròs (Castellón) dado que había sufrido un robo con violencia física y necesitaba atención médica y un informe médico que acreditara las lesiones con el fin de aportarlo a la denuncia. Cuando empezó a explicarle al médico lo que le había pasado, este le interrumpió y le dijo: «¡en castellano!», por lo que el paciente se dirigió a él en esta lengua.

Ya fuera de la consulta, pidió a la administrativa del centro el formulario de la Generalitat para hacer su queja, pero le fue entregada una hoja en blanco, hecho que el paciente interpretó como una burla, y pidió un formulario oficial. Según su relato, después llegó el doctor y le dijo a la funcionaria: «¿Qué? ¿La está liando, no? Llama a la Guardia Civil». Y se dirigió al paciente para espetarle: «Si no te vas, llamamos a la Guardia Civil».

Así lo hizo la administrativa, por lo que se personaron tres agentes para identificarlo. Los guardias civiles dijeron al hombre que tenían que hablarles en castellano, a lo que el usuario respondió que él puede expresarse en cualquier de las dos lenguas oficiales en la Comunitat Valenciana. A continuación, siempre según el informe, «lo cogieron entre los tres y lo echaron del Centro de Salud a la fuerza».

Fuera, un guardia civil le dijo: «Vamos a denunciarle por alterar el orden, márchese a casa». Seguidamente, al marchar los agentes, el hombre volvió al centro de salud, donde, en un primer momento, le negaron el acceso, aunque, posteriormente, le abrieron. Una vez dentro, cogió las dos copias del formulario oficial de queja de la Generalitat Valenciana y marchó.

Otro de los casos que recoge el informe es el de Empar, una ciudadana nacida en Mislata (Valencia), que vive en Badalona. En sudocumentación oficial su nombre aparecía en castellano (Amparo) por lo que decidió traducirlo para que coincidiera con su nombre real en valenciano. En octubre de 2019 fue al Registro Civil de Badalona para pedir el cambio, pero le dijeron que la gestión la tenían quehacer en Mislata. Aquel mismo mes, Empar se puso en contacto con las oficinas del Registro Civil de su ciudad natal para solicitar el cambio. Aun así, recibió una respuesta en la que solo le decían que la forma como lo había pedido no era correcta.

Aprovechando que el mes de febrero de 2020 estaba en València, Empar fue a las oficinas de Mislata personalmente. La funcionaria que la atendió usó «un tono muy provocador», según la versión de la usuaria, y, en concreto, le dijo que las normas eran iguales «en todo el Estado español, incluida Cataluña» y que aquel día «no tocaba» aquel tema. La mujer no explicó a Empar por qué no lo podía hacer ni cuáles eran los pasos que tenía que seguir, por lo que se fue sin haber podido hacer el trámite.

Además de denuncias personales, el informe apunta que la Comunitat Valenciana sigue sin recibir emisiones de medios como TV3 y Catalunya Ràdio, que grandes plataformas de streaming «continúan sin tener en cuenta el catalán», que la mayor parte de las federaciones y clubs deportivos valencianos siguen sin emplear la lengua propia en webs y redes; o que la aplicación del Ministerio de Sanidad RadarCovid distingue entre catalán y valenciano.

RECHAZO A SENTENCIAS DEL SUPREMO

Además de la presentación del informe, este 4 de diciembre se ha conmemorado el Día de los Derechos Lingüísticos a las puertas del Palau de la Generalitat. Al acto han acudido representantes de las entidades sociales, que han pedido una reunión al ‘president’, Ximo Puig, con el fin de manifestarle el rechazo a las cuatrosentencias del Tribunal Supremo (TS) contra el Decreto 61/2017 del Consell por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat.

Las entidades sociales creen que estas resoluciones judiciales «continúan obviando la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias» e «ignoran la jurisprudencia fijada por muchas sentencias del TS y del Tribunal Constitucional que validan la equivalencia legal de la doble denominación de ‘valenciano’ y ‘catalán'».

También lamentan que «ningunean la práctica normalizada de relaciones entre los gobiernos que tienen lengua compartida y que cuenta con la cobertura legal de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la vez que crea un problema donde no existía».

En esta línea, reprochan que «las cuatro sentencias del TS suponen un grave ataque contra el autogobierno del pueblo valenciano y son también un desprecio a las autoridades académicas que reconocen la unidad de la lengua, así como un intento de impedir que el valenciano supero su condición de lengua minorizada y discriminada».

Estos colectivos piden que la Generalitat Valenciana «trabaje en positivo para la mejora social del valenciano» e insisten en que «hay que avanzar hacia la igualdad con una Ley de Igualdad Lingüística y la cooperación con los gobiernos de Cataluña y las Islas Baleares, para continuar sumando mayorías sociales y políticas».

Por último, reclaman a la Generalitat que entre a formar parte del Instituto Ramon Llull y que se ejecute el acuerdo de Les Corts Valencianes para la reciprocidad de las radios y televisionespúblicas de los territorios con lengua compartida.

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, plantea realizar «auditorías» tanto a nivel autonómico como nacional sobre los efectos de la Covid-19 en las residencias de mayores, en las que fallecieron un total de 20.268 personas en la primera ola de la pandemia.

«Realizar tanto a nivel autonómico como central informes de auditoría y de seguimiento de la pandemia y sus efectos en centros residenciales que analicen la incidencia, los factores coadyuvantes y las nuevas lecciones aprendidas», se lee en la versión final del informe del Grupo de Trabajo Covid-19 y Residencias.

Esta medida se incorpora como novedad con respecto al borrador que se difundió el pasado mes de noviembre. También se recomienda analizar a futuro el encaje de los centros residenciales en el Catálogo de Infraestructuras críticas.

Igualmente, se hace especial referencia a las personas con discapacidad que han «denunciado ocasionalmente discriminación a través de la falta de accesibilidad a las comunicaciones oficiales sobre las medidas de protección frente al virus». Además, indica que se ha podido evidenciar «el estigma para el acceso a los servicios de salud a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ante el colapso sanitario.

Según el informe, un total de 20.268 personas mayores fallecieron en residencias durante la primera ola de la pandemia por el Covid-19. De ellos el 51% (10.364 fallecimientos) estaban confirmados mediante prueba o análisis serológico, mientras que 9.904 fallecimientos se notificaron como «con síntomas compatibles» con la COVID-19.

Además, el documento estima como «plausible» que los fallecimientos en residencias por la Covid-19 supusieron entre el 47% y el 50% de todos los fallecimientos por coronavirus.

Este dato situaría el caso español «en unos parámetros intermedios», similares a los de Reino unido (45%), Francia (46%), Suecia (46%), Escocia (47%) o Irlanda del Norte (49%); por debajo de Bélgica (61%), Australia (75%), Canadá (80%)o Eslovenia (81%) y por encima de Dinamarca (35%), Austria (36%), Israel (39%) o Alemania (39%).

Asimismo, de los datos se desprende que el 6% de los mayores en residencias de España ha fallecido durante la primera ola de la pandemia, un dato que «mostraría una alta afectación respecto a otros países de la OCDE», según el documento.

También señala que de marzo a junio se produjeron 33.848 fallecimientos de personas dependientes beneficiarias del Sistema de Autonomía y atención a la Dependencia (SAAD), lo que supone un exceso de 18.373 con respecto a los 15.475 esperados. En todo caso, la Secretaría de Estado precisa que no se discriminan las causas del fallecimiento.

30 FACTORES PARA UNA «TORMENTA PERFECTA»

Por otro lado, el informe identifica una treintena de factores que estuvieron presentes y que interactuaron en lo que califica como una «tormenta perfecta», como la alta contagiosidad o el desconocimiento sobre muchos aspectos de la enfermedad.

En este sentido, señala que cuando se adoptaron oficialmente medidas de limitación de visitas y salidas en las residencias (entre el 12 y el 18 de marzo dependiendo de territorios), «el patógeno ya se había introducido en muchos centros».

Entre las medidas que se proponen para evitar contagios en residencias, se sugiere «separar antes de la aparición de brotes», si la instalación y los recursos lo permiten, creando «unidades de atención más pequeñas» con dinámicas independientes entre sí y personal propio para evitar contaminación cruzada.

Otros factores que enumera el documento son: la morbilidad, la edad avanzada, los problemas neurodegenerativos o los negativos efectos del aislamiento en los residentes. En este sentido, los autores del estudio aconsejan que la aplicación de medidas de confinamiento solo se mantengan «por el tiempo que sea estrictamente necesario».

También contribuyeron a esa «tormenta perfecta», según el informe, los espacios colectivos en las residencias, el tamaño de estos centros –se apunta que puede existir una correlación entre el mayor número de plazas y el mayor riesgo de diseminación–, la escasez de equipos de protección y las dificultades para un blindaje total.

En cuanto a la derivación de los enfermos, la Secretaría de Estado propone en base a las aportaciones del grupo de trabajo, derivar a los afectados por Covid-19 de las residencias a centros de atención intermedios gestionados por el sistema sanitario en colaboración con los servicios sociales y conectados con el ámbito hospitalario.

Esta estrategia, según asegura, «ha mostrado alta eficacia, reduciendo la carga de trabajo de la atención primaria en salud, permitiendo un mejor triaje si fuera precisa la atención hospitalaria».

FALTA DE PERSONAL Y DE PLANES DE CONTINGENCIA

Además, el estudio señala que existió ausencia de planes de contingencia en la primera ola, que se partía de «ratios insuficientes» de personal, que las residencias no contaban con personal sanitario «suficientemente entrenado» y que hubo «falta de apoyos psicológicos» tanto para el personal como para los residentes y sus familias.

Igualmente, constata que hubo una «enorme dificultad» de acceso a pruebas diagnósticas y reconoce que «la desconexión de las residencias con el sistema sanitario pudo provocar inasistencias en los momentos finales» de la vida.

Además, en cuanto a las medidas que impidieron el acceso a hospitales de enfermos procedentes de residencias o con enfermedades neurodegenerativas, el informe indica que «no se puede dispensar la asistencia sanitaria sobre criterios de esperanza de vida».

En el informe se incluye también una propuesta para monitorizar los datos en las residencias. En concreto, se plantean tres bloques de datos: el primero se reportaría una sola vez y consistiría en una encuesta de centros para hacer un censo residencial (actualmente, se utiliza el dato de una encuesta del CSIC de 2019 que sitúa el número de residencias de mayores en 5.417).

El segundo sería una encuesta a residentes y personal sobre estado epidemiológico, fallecimientos y situación de la plantilla; y el tercero, una encuesta para saber el stock de EPIs. También se propone un sistema de semáforos para conocer cómo es la situación en cada centro residencial y evitar posibles «colapsos asistenciales».

El informe ha sido presentado al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado el día 2 de diciembre de 2020.

Las instituciones gallegas han mostrado este viernes su condena y repulsa por la muerte de una mujer a manos de su pareja el pasado miércoles en la localidad pontevedresa de Gondomar.

Los minutos de silencio y concentraciones se han repetido en corporaciones locales, provinciales y sedes de la administración a lo largo de la mañana de este viernes.

Unas muestras de dolor a las que se ha sumado el Parlamento de Galicia con una concentración en la escalinata de acceso al Pazo do Hórreo, donde han guardado un minuto de silencio diputados y trabajadores de la Cámara con el presidente del Legislativo, Miguel Ángel Santalices, a la cabeza.

El presidente del Parlamento ha mostrado su «rabia y conmoción» por el crimen y, tras expresar sus condolencias a familia y allegados de la víctima, ha apelado a la sociedad a continuar «alerta» ante cualquier indicio de maltrato.

En la sede del Gobierno gallego, el edificio administrativo de San Caetano, el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha encabezado la concentración de los miembros de su Ejeuctivo, que ha tenido lugar a cubierto ante las inclemencias meteorológicas que registra este viernes la capital de Galicia.

LOSADA AVISA DE «NEGACIONISTAS»

En A Coruña, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha pedido «luchar contra los negacionistas» y «no bajar la guardia» tras el último asesinato machista en Gondomar (Pontevedra).

Allí, tras presidir un minuto de silencio celebrado en un acto con motivo del aniversario de la Constitución española, Losada señaló que el presunto autor del crimen todavía permanece «en el hospital», ya que intentó suicidarse tras los hechos, y a la espera de pasar a disposición judicial.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el acto, Losada reclamó que aquellos que niegan que existe violencia contra las mujeres permanezcan en silencio. «El asesinato de una mujer es la mayor demostración de que quien niega la violencia machista debería estar callado, debería asumir lo que es la realidad», defendió.

El representante del Gobierno en Galicia mantuvo que el crimen ocurrido esta semana es «una desgracia» y que son tres las mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas en Galicia este año. Además, apuntó que hay «cantidad de violencia, que no acaba en muerte, pero que existe y que sufren las mujeres».

Representantes de la Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes organizaciones educativas, han registrado este viernes en el Senado varias enmiendas a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) que tienen que ver con varios artículos relacionados con la «libertad de las familias».

Según ha explicado la organización, estas enmiendas se han dirigido a los grupos parlamentarios que empezarán en breve a tramitar el texto en la Cámara Alta, tras su paso por el Congreso.

Dice que su objetivo, cono esta iniciativa, es «mejorar el articulado» de la LOMLOE, en concreto los puntos 74, 86, 87, 88, 109, 116, 117 y en las disposiciones adicionales Tercera y Cuarta, entre otros.

Todas ellas, explica la plataforma, afectan de una u otra manera a la libre elección de las familias, tanto en un contexto general, como para los centros de Educación Especial. «Se trata, en definitiva, de respetar esa libertad de los ciudadanos y de impedir que sean las administraciones las que impongan sus exclusivos criterios», explican.

CORRECTA FINANCIACIÓN

A su juicio, en la ley hay «una predisposición especial hacia la escuela pública en detrimento de las escuelas concertadas, que tendrán a partir de ese momento un carácter subsidiario», lo que, a su juicio, «pone en peligro el futuro de miles de trabajadores». «En la actualidad, y sin que existan problemas de ningún tipo, la complementariedad garantiza esta libertad de elección», indican.

Del mismo modo, hay enmiendas que reclaman la correcta financiación de todos los centros sostenidos con fondos públicos, los ordinarios (incluyendo a los centros concertados) y los de Educación Especial. También, destaca la importancia de crear plazas de Educación Infantil de carácter público y de iniciativa social, ya que, dicen, en la Ley solo se habla de crear plazas públicas.

Además, recogen la necesidad de garantizar los recursos personales y económicos para escolarizar a todos los alumnos en todos los centros sostenidos con fondos públicos, también a los alumnos con necesidades educativas especiales, que «requieren de una precisa atención». «Hasta ahora, esta financiación es absolutamente desequilibrada en perjuicio de los centros concertados», apuntan.

«Estas enmiendas buscan mejorar el contenido de la Ley para hacerla más dinámica, plural y abierta», explica la Plataforma, que asegura que con el articulado actual la LOMLOE es un texto «fuertemente intervencionista, que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad del sistema educativo» español.

En este sentido destacan que, si el articulado no cambia en temas como la programación de la educación, los decretos de admisión de alumnos y el papel o la continuidad de la enseñanza concertada, no entienden «el empeño de modificar la ley», de «no aceptar ninguna enmienda en estos temas tras su paso por el Congreso y continuar con el doble discurso de decir que nada cambia» cuando «lo que dice» la norma es «lo contrario de lo que declara la Ministra».

El Ayuntamiento de Barakaldo se ha puesto en contacto con la red de centros educativos de Infantil y Primaria de la ciudad para ofrecerles la posibilidad de instalar carpas en los patios, como medida frente al coronavirus, según ha informado la edil de Cultura, Educación, Euskera y Juventud, Nerea Cantero.

Cantero ha remitido un escrito en el que explica el trabajo realizado durante las últimas semanas en colaboración con el Gobierno vasco, que acaba de aprobar el programa Udalanguntza 2020, que incluye una línea de ayudas en la que se contempla la colocación de este tipo de elementos en los patios con el objetivo de hacer frente al coronavirus aumentando la presencia del alumnado al aire libre.

Esta la principal novedad del proyecto, motivada por la pandemia, ha explicado Cantero, para indicar que el Gobierno vasco financiará el suministro y la instalación de carpas en los centros educativos, «siempre y cuando su instalación se justifique dentro de las necesidades por motivos derivados de la Covid-19».

La edil ha precisado que la convocatoria «vincula el montante de la subvención al tiempo en que sea necesaria su utilización por el centro escolar con motivo de la pandemia y afecta tanto a la compra en propiedad de las carpas como al alquiler de las mismas, por lo que serán los propios centros los que seleccionen qué medida se adapta mejor a sus necesidades».

Además, para ayudar a los centros en la lucha contra el coronavirus, se ha ampliado el porcentaje a subvencionar por parte del Gobierno vasco. En este caso, la subvención del Departamento de Educación cubrirá el 90% del presupuesto aprobado por la Comisión de Valoración, en lugar del 60% habitual en el resto de actuaciones financiadas a través de Udalaguntza, ha subrayado Cantero.

Los centros que estén interesados en acogerse a esta convocatoria de ayudas tendrán que presentar su solicitud antes del 9 de diciembre al departamento de Educación del Ayuntamiento.

COORDINACIÓN

Cantero ha señalado que la convocatoria Udalaguntza nace de la coordinación entre el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y las corporaciones locales en las actuaciones de mejora y actualización de las instalaciones educativas de titularidad municipal. Esta cooperación permite, además, la optimización de los recursos públicos y la rentabilización al máximo de los esfuerzos y actuaciones realizadas por cada administración.

Tras recordar que en el pasado pleno ya anunciaron que se estaba trabajando con Gobierno vasco para dar respuesta a los centros que no cuentan con espacios cubiertos o aterpes en sus instalaciones, Cantero ha indicado que desde el área de Educación trabajan de forma coordinada con Gobierno Vasco para atender cuestiones como esta.

Por eso, ha lamentado que EH Bildu este tratando de «confundir» a padres y madres con esta medida impulsada desde Gobierno vasco. «Creo que no es momento de hacer política aprovechándonos de la pandemia del coronavirus, sino de trabajar todos en la misma dirección», ha subrayado.

Nerea Cantero ha indicado que su área ha estado coordinándose con Gobierno vasco durante toda la pandemia, con el objetivo de ayudar a las familias barakaldesas y los centros en las diferentes medidas que se han ido adoptando para frenar la expansión el virus. Así, ha recordado que durante el primer estado de alarma, el Área de Educación ofreció a las familias más vulnerables tarjetas de internet, con las que se ha garantizado que todos los alumnos hayan podido mantener la educación telemática.

Además, para la vuelta a las clases, el Ayuntamiento de Barakaldo también ha realizado un aumento del contrato de limpieza de instalaciones y locales municipales, destinando un millón de euros más para garantizar las necesidades de limpieza y desinfección de los centros mientras dure la pandemia.

«Desde luego creemos que no se puede decir que este gobierno, ni en concreto el área de Educación tenga falta de iniciativa ante las demandas de los centros», ha indicado Cantero, agradeciendo a la comunidad educativa el esfuerzo que está realizando para que la actividad educativa se desarrolle con la mayor normalidad posible.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dispuesto este viernes el traslado de seis internos relacionados con la banda terrorista ETA, entre ellos Jon Igor Solana Matarrán, que formó parte del ‘comando Andalucía’ que asesinó al concejal en Málaga José Martín Carpena, el fiscal Luis Portero o el médico Antonio Muñoz Cariñanos.

Según ha informado el organismo dependiente del Ministerio del Interior, este viernes se ha aprobado su progresión a segundo grado a propuesta de la junta de tratamiento del centro gaditano de Algeciras para, de esta forma, posteriormente ser traslado a la prisión de Zuera (Zaragoza).

Igor Solana Matarrán ingresó en prisión el 20 de octubre de 2000 y cumple condena de 30 años por los delitos de asesinatos, atentados, homicidio, estragos y quebrantamiento de condena. Cumplirá las 3/4 partes de la condena en abril de 2023, según Prisiones, que asegura que «admite la legalidad penitenciaria y ha presentado escrito de desvinculación de la banda terrorista en el que rechaza la violencia y reconoce el dolor causado».

Fue condenado a 30 años por matar en Málaga a José Martín Carpena, a 45 años por el de Luis Portero en Granada y a 53 años por matar al médico sevillano Muñoz Cariñanos, todos ellos entre julio y octubre del año 2000. Interior también aprueba el traslado a Zuera de su pareja, Eider Pérez Aristizabal, condenada en 2005 a 75 años como responsable del atentado contra el agente de los Mossos d’Esquadra Santos Santamaría en Girona, primera víctima de la policía catalana en un atentado de ETA.

Prisiones asegura que Eider Pérez, que cumplirá las 3/4 partes de la condena en septiembre de 2023, también «acepta la legalidad penitenciaria, reconoce el dolor causado a las víctimas, se desvincula de la banda terrorista y rechaza la violencia». Su traslado se aprueba tras su progresión a segundo grado, en este caso por parte del Juez Central de Vigilancia Penitenciaria. En el historial de ambos consta peticiones tiempo atrás para ser reagrupados en la misma cárcel para cuidar de un hijo en común. CRÍTICAS DE LA AVT

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado estos acercamientos. «Los presos etarras vuelven a casa por Navidad gracias al Gobierno de Sánchez», han asegurado en un comunicado en referencia al traslado de estos dos presos y de Asier García Justo, Ismael Berasategui Escudero, Aitor Herrera Vieites y Babino Sáez Olarra, todos ellos progresados a segundo grado a propuesta de las juntas de tratamientos o del juez de vigilancia.

Según la AVT, se han aprobado ya 121 traslados que corresponden a 108 etarras desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior, de los que 33 tienen delitos de sangre. Entre ellos consta desde hoy Asier García Justo, que fue condenado por el asesinato en 2001 en Hernani del ertzaina Iñaki Totorika.

García Justo cumplirá las 3/4 partes de la condena en septiembre de 2023 y, según Prisiones, «ha presentado escrito desvinculándose de la banda terrorista y ha aceptado la legalidad penitenciaria». A propuesta de la junta de tratamiento de la cárcel extremeña, se ha determinado su progresión a segundo grado y traslado de Badajoz a la cárcel de Asturias.

A Asturias también será trasladado desde Alicante Ismael Berasategui Escudero, condenado por la colocación de varios coches bomba, mientras que Aitor Herrera Vieites lo hará a El Dueso y Balbino Sáez Olarra pasará a la prisión de Álava. Este último, según la AVT, fue condenado por los intentos de asesinato de los exministros socialistas José Barrionuevo y Matilde Fernández, así como por otro atentado fallido contra dos furgones policiales durante un partido en el estadio de Vallecas en 2002.

La AVT ha asegurado que el Gobierno «sigue pagando» el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos y que «pronto» se cederá a la reivindicación histórica de ETA de tener a todos sus presos «en casa». Su crítica se dirige especialmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En concreto, recuerda al ministro que en septiembre de 2018 se comprometió con ellos a que los acercamientos serían –según la asociación– «puntuales, sin delitos de sangre y con la mayor parte de condena cumplida». «Qué fácil y barato sale traicionar a las víctimas del terrorismo, señor Marlaska», lamentan.