La defensa del que fuera director de Seguridad en Iberdrola Antonio Asenjo, imputado en la pieza 17 de la macrocausa 'Tándem', ha elevado escrito a la Audiencia Nacional para denunciar que la comida que celebraron el pasado mes de enero la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con el presidente de ACS, Florentino Pérez, y otros, viola el derecho de su cliente a un proceso con las debidas garantías y su derecho a un juicio justo.

En el escrito, el abogado concluye que Florentino Pérez, que está personado como perjudicado en esta pieza "y cuyas empresas están siendo objeto de investigación penal en otros procedimientos" utilizó a un amigo para sentarse a comer con la Fiscal General del Estado.

Sobre esa comida, el abogado cita a medios que se hicieron eco de la misma para subrayar que fue pagada por Pérez, por lo que esto "implica que la fiscal general del Estado aceptó un regalo cuyo valor supera con creces el importe máximo de lo que los usos establecen como socialmente admisible".

Recuerda que Delgado puede mantener una relación de amistad con quien desee, pero indica que, si es "con quien preside empresas que están siendo investigadas en sede penal o con quien comparte bancadaen el lado acusador", debiera abstenerse de "realizar bochornosos, impúdicos y obscenos alardes de amistad en tanto la responsabilidad penal de su amigo se encuentre sub iudice".

Además, el abogado Manuel Santaella considera que mientras Delgado permanezca al frente de la FGE "existirá una sospecha fundada de parcialidad respecto de la actuación de sus subordinados en las distintas causas en las que intervenga Florentino Pérez", por lo que cree que se estaría violando el derecho a un proceso con las debidas garantías.

Al hilo, recuerda en su escrito que según la regulación de la revocación de la condición de acusador en el proceso penal--la expulsión de una acusación del procedimiento-- tiene lagunas porque no existen disposiciones concretas sobre esta posibilidad. Con todo, recuerda que un comportamiento procesal fraudulento por parte de una parte acusadora resulta supone una actuación contraria a la buena fe procesal, hasta el punto de poder alcanzar la categoría de fraude procesal y abuso de derecho.

UN CUBIERTO QUE OSCILA ENTRE 31 Y 245 EUROS

Además, recuerda que según los principios éticos del estatuto del funcionario público, éste se debe abstener en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal ante el riesgo de que se pueda plantear un conflicto de intereses. Y añade que no pueden aceptar ningún trato de favor o situación que implique "privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas".

Tras esto, el abogado indica que lo que se celebró entre ambos fue una mariscada y que en la misma participó Florentino Pérez, que la organizó, y la Fiscal General del Estado, jefe superior de la acusación pública, y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Santaella recurre a una plataforma web de reservas por Internet para detallar que el cubierto del restaurante en el que se produjo esa comida oscila entre los 31 y los 245 euros, y hasta para especificar los precios en carta de determinados platos.

"En efecto, pareciera que la comida consistió en una mariscada, lo que inclinaría a pensar que el tique medio por persona habría subido de los 25 euros por persona, y si la comida se hubiere regado con un buen vino, sobrepasa el límite conjunto de los 50 euros entre el cubierto del funcionario público -la Fiscal General del Estado- y de la persona de su círculo más íntimo", añade.

La Junta Electoral Central (JEC) ha establecido que si las personas designadas para formar parte de una mesa electoral excusan su presencia en la misma y no reciben contestación de la administración electoral en el plazo que marca la ley, deberán entender esta 'no respuesta' como un rechazo a sus alegaciones "por silencio administrativo".

Así lo aclara el presidente del organismo arbitral, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, en una resolución dictada de urgencia este viernes tras consultar al resto de miembros del organismo arbitral. Con este escrito, la JEC da respuesta a una consulta planteada por la Junta Electoral de Zona de Barcelona con motivo de las elecciones al Parlamento de Cataluña de este domingo.

Las personas designadas para ser presidentes y vocales de las mesas electorales disponen de siete días para alegar ante las juntas electorales de zona una "causa justificada y documentada que lesimpida la aceptación del cargo". Por su parte, la junta correspondiente debe "resolver sin ulterior recurso en el plazode 5 días" a través de una resolución "sucintamente motivada".

La JEC explica en su escrito que la Ley Electoral no indica los efectos en caso de que la Junta no adopte su resolución dentro de ese plazo de cinco días, y que, en estos casos, debe aplicarse supletoriamente la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SILENCIO ADMINISTRATIVO

El artículo 25 de la citada señala que "en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver".

Eso sí, el no cumplimiento del plazo tiene efectos. Así, "en el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimientoo, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo".

La JEC subraya que esto es aplicable a las alegaciones, "al tratarse de un procedimiento iniciado de oficio por la Junta Electoral de Zona" (la conformación de mesas) y deja claro que, por tanto, no resulta aplicable el artículo 24 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del que podría "derivarse el reconocimiento de una situación jurídica de exención de la obligación de formar parte como miembro de una persona que ha sido designada vocal de la mesa electoral".

DEBEN CONTESTAR EN CUALQUIER CASO

Con estos argumentos, el organismo arbitral establece en primer lugar que, aun cuando haya transcurrido el plazo de 5 días sin que la Junta Electoral de Zona haya podido contestar a las excusas que las personas designadas como miembros de una mesa electoral hayan alegado, "dicha Junta tiene la obligación de adoptar una resolución expresa y sucintamente motivada".

No obstante, transcurridos esos cinco días, "el interesado puede entender que se han producido los efectos propios del silencio administrativo negativo y por ello podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente".

En su resolución, la JEC destaca que en situaciones como las que se están produciendo en este proceso electoral, en el que el número de excusas presentadas, o la reiteración de éstas en sucesivos escritos, impida resolver dentro de los plazos establecidos, la Junta Electoral de Zona deberá adoptar todas las medidas que entienda necesarias para contestar las excusas alegadas antes del día de la votación.

A tal efecto, recuerda que los secretarios de los Ayuntamientos incluidos en el partido judicial son delegados de la Junta Electoral de Zona, y pueden, junto con el personal de la entidad local dependiente del mismo, prestar el auxilio que resulte necesario en orden a procurar contestar todas las alegaciones antes del día de la votación.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha comunicado este viernes el traslado de otros cinco presos de ETA con delitos de sangre, entre ellos Jon Kepa Preciado Izarra, uno de los presos que en 2016 se vinculó al 'sector duro' de ATA (Amnistía Ta Askatasuna), el colectivo enfrentado a la estrategia marcada por la izquierda abertzale.

Preciado Izarra abandonará el Centro Penitenciario de Córdoba para ser trasladado al de Dueñas (Palencia). En 2016, este etarra hizo pública su ruptura con la izquierda abertzale oficial por su rechazo a la violencia "como arma revolucionaria", situándose en el colectivo ATA, que se muestra en favor de la amnistía de los reclusos etarras y que cuestiona la línea oficial de Sortu. "No cuentes conmigo para negar en Euskal Herria la violencia como arma revolucionaria", escribió en una carta.

Jon Kepa Preciado Izarra, alias 'Oier', ingresó en prisión en agosto de 2010 y cumple las tres cuartas partes de condena en mayo de 2029, según ha informado Instituciones Penitenciarias, que ha resuelto su progresión a segundo grado y traslado a la prisión palentina.

Fue condenado a 377 años de cárcel por intentar asesinar a la que fuera teniente de alcalde del municipio vizcaíno de Portugalete, Esther Cabezudo, entre otros atentados en los que colocó explosivos y coches-bomba, como el usado en el atentado contra la hacienda foral vizcaína y la sede de Antena 3 o en los baños de un hotel en Getxo.

TRASLADOS AL PAÍS VASCO

Entre los traslados hay directos al País Vasco, donde ya se encuentran el 17,5% de presos etarras, según datos recopilados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). El 42,4% está a menos de 200 kilómetros de sus domicilios y solo el 40% de los presos de la banda terrorista cumplen condena a una distancia mayor de los 200 kilómetros, después de los 168 traslados --correspondientes a 144 etarras-- autorizados por el Gobierno de Pedro Sánchez, ahora condicionados en su ejecución a las medidas sanitarias por la Covid-19.

Este es el caso de Juan Carlos Subijana Izquierdo, que irá al Centro Penitenciario de Basauri (Bilbao), dejando el de León. Este etarra fue condenado en 2010 por la Audiencia Nacional como colaborador del atentado que acabó con la vida de Máximo Casado Carrera el 22 de octubre del año 2000.

Instituciones Penitenciarias ampara su traslado y progresión al segundo grado dentro de la Ley de Protección de Datos e informa que cumplirá las tres cuartas partes en abril de 2028. "Ha presentado escrito desvinculándose de la banda armada, en el que rechaza la violencia y reconoce el dolor causado. Acepta la legalidad penitenciaria y abona la responsabilidad civil", añade el organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Agustín Almaraz Larrañaga deja el Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera) para ir Zuera (Zaragoza), previa progresión al segundo grado. Fue condenado a 48 años de prisión por el asesinato de Emilio Castillo López de la Franca el 18 de marzo de 1993 en San Sebastián. También fue condenado a 29 de años de prisión por el asesinato de Ángel María González Sabino el 2 de junio de 1993 en San Sebastián y a 30 años de prisión por el atentado el 13 de enero de 1995 en Bilbao que acabó con la vida de Rafael Leiva Loro y Domingo Durán.

Otro de los etarras que irá al País Vasco será Gorka Loran Lafourcade, que deja Dueñas (Palencia) por la prisión de Zaballa (Álava). Fue condenado a 2775 años de prisión por los 28 kilos de dinamita que colocaron en el Intercity Madrid-Irún en la Nochebuena de 2003, según recuerda la AVT.

Víctor Franco Martínez, por último, será trasladado desde el Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera) al de Logroño. Fue condenado a 22 años de prisión por el ataque con cócteles molotov a una patrulla de la Ertzaintza en Portugalete (Vizcaya) el 5 de agosto de 2001. Él y otros cinco terroristas produjeron quemaduras graves a los dos agentes de la policía autonómica vasca.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido este viernes que la legislación sobre la tutela de menores extranjeros tiene "fallos", ya que está planteada para quienes nacen en una comunidad autónoma, sin embargo en el caso del archipiélago también se está respondiendo a los menores inmigrantes no acompañados que llegan en embarcaciones irregulares, de ahí que consideró que se debe aclarar dicho marco legislativo o "modificar y adaptar a la realidad".

Así se ha expresado Torres en referencia a la posibilidad de ceder al Estado la tutela de los menores no acompañados que llegan a España por la vía de Canarias, ya que actualmente el archipiélago tiene a algo más de 2.600 menores.

"El marco legislativo debe aclararse porque es imposible que una comunidad responda a 2.600 menores como en estos momentos", apuntilló en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con el director de Save the Children, Andrés Conde, para agregar además que la capacidad presupuestaria también "es limitada" y las partidas que destina el Gobierno central a todas las comunidades para la tutela de menores extranjeros en el caso de Canarias es "insuficiente".

INCIDE EN LA NECESIDAD DE CORRESPONSABILIDAD

Así, Torres ha incidido en la necesidad de corresponsabilidad por parte de las comunidades autónomas para acoger a menores no acompañados, si bien afirmó que se trata de un proceso administrativo "complejo", también agregó que es necesario activar mecanismos.

De todos modos, Torres apuntó que actualmente Castilla y León, País Vasco y La Rioja han confirmado el acogimiento de menores, si bien se está trabajando con otras comunidades, de tal forma que en estos momentos están confirmados unos 120 traslados de menores y se prevé llegar a unos 200, 300, cifra que calificó de "insuficiente".

Así, según datos de la Consejería de Derechos Sociales, Canarias tutela actualmente a 2.652 menores (dato a 29 de enero 2021) a diferencia de los 540 de enero de 2020. En cuanto al traslado, Castilla y León ha previsto 25 plazas, siendo la primera comunidad en acoger a menores migrantes procedentes de las islas.

Además está prevista una reunión con Cataluña, que pone 40 plazas a disposición, y se espera concretar en las próximas semanas estos traslados; mientras que también se ha hablado para mantener una reunión con Asturias y Navarra. A ello, indican, que en una reunión en diciembre también se comprometieron otras comunidad como Valencia para acoger 20; Navarra, 10; Extremadura, 10; y Aragón, 15.

MENORES Y ADULTOS

En cuanto a la situación que se está produciendo en el archipiélago donde conviven menores y adultos en algunos centros de acogida, el presidente de Canarias admitió que "hay que arbitrar mecanismos urgentes para detectar e identificar" a quienes son y no menores.

Añadió que para ello desde la Consejería de Derechos Sociales se han arbitrado mecanismos, si bien matizó que se necesita de otros estamentos para que "cuanto antes se hagan esas pruebas".

En concreto, señaló que se hace necesaria la contratación "urgente" de personal sanitario y activar las pruebas forenses "precisas" porque prevén que hay entre "500 y 600" migrantes que no son menores.

Por otro lado, el presidente de Canarias apuntó que la próxima semana expondrá en el Senado la problemática que vive el archipiélago en cuanto a la inmigración donde instará a la "responsabilidad", al igual que lo hará en marzo en el Parlamento Europeo donde apuntó que solicitará la modificación del nuevo pacto de asilo y si no pedirá a los países de la Unión Europea (UE) que son fronterizos que "veten" dicho pacto.

Un centenar de manifestantes convocados por Jusapol, Jupol y Jucil se han concentrado este viernes en la plaza Sant Jaume de Barcelona para reclamar que Catalunya sea considerada zona de especial singularidad ante la "tensión y la hostilidad" que aseguran que viven en la región y mejorar de este modo el arraigo de los agentes destinados.

La concentración, convocada a las 11.30 horas, ha recibido el apoyo de políticos del PP, como Josep Bou; de Cs, como Inés Arrimadas, Macarena Olona y Nacho Martín Blanco, y de Vox, como Ignacio Garriga.

A pesar de la presencia de políticos, los sindicatos han reclamado que no se use a los cuerpos de seguridad con fines electorales y el secretario general de Jupol, Chema García, ha subrayado que son organizaciones apolíticas.

"Luchamos para poder trabajar en Cataluña", ha destacado García, quien ha asegurado que no se permitirá que ningún Gobierno les abandone como aseguran que esta haciendo el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

MISMOS DERECHOS

El portavoz de sindicato ha reclamado tener "los mismos derechos y obligaciones que los compañeros del País Vasco" para disminuir las peticiones de traslado de los agentes.

"Es cierto que, gracias a Dios, no hay asesinatos como en ese momento, pero la vida aquí es muy dura", ha explicado García, que ha criticado los problemas que tienen tanto los agentes como sus familias.

ABANDONO DEL GOBIERNO

El secretario regional en Cataluña de Jusapol, Marcos Veiras, ha apuntado que los agentes están "abandonados por el Gobierno" y ha lamentado el acoso al que se ven sometidos los agentes en Cataluña.

Entre los ataques que, asegura, han recibido, se encuentra el envío de maletas a diferentes comisarías, lo que Vieras ha descrito como una invitación a que se vayan de la región.

"No es normal que haya continuos ataques a los cuarteles", ha apuntado la representante de Jusil Mila Cívico, que ha señalado que ocurren en poblaciones pequeñas donde el independentismo tiene un mayor apoyo.

CONTRAMANIFESTACIÓN

En paralelo, la organización juvenil Arran ha convocado una contramanifestación en la zona para protestar por la convocatoria de los sindicatos policiales.

Cerca de un centenar de manifestantes independentistas se han reunido sobre las 11.30 horas en la plaza Sant Miquel, a pocos metros de la concentración de los sindicatos, aunque la fuerte presencia policial de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana les ha impedido acercarse a la plaza.

Ante la imposibilidad de acceder a la zona, los miembros de Arran se han desplazado hacia la plaza Real y La Rambla antes de disolver la concentración, y han lanzado consignas durante la movilización como 'La policía tortura y asesina', 'Fuera fascistas de nuestros barrios' y 'Anticapitalistas'.

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha afirmado este viernes que el compromiso por escrito de los partidos independentistas de no pactar con el PSC "no tuerce" la voluntad de buscar la solución al conflicto catalán en la mesa de diálogo entre gobiernos.

"La voluntad de forzar al Estado español en una negociación para ejercer un referéndum de autodeterminación y poner sobre la mesa la necesidad de la amnistía, no la tuerce nada. Es una voluntad firme de ERC", ha sostenido en un acto telemático en el último día de campaña.

Lo ha dicho después de que el candidato del PSC, Salvador Illa, haya afirmado que este compromiso de no pactar con los socialistas no es compatible la voluntad de diálogo, lo que Aragonès ha criticado: "No aceptamos ni chantajes ni amenazas", y ha insistido en que su apuesta por el diálogo entre los que piensan diferente la defenderán siempre.

El candidato republicano ha afeado a Illa que critique la firma para no pactar con el PSC cuando él ha dicho en campaña que no quiere pactar con independentistas: "¡Qué manera de superioridad moral y política! ¿Pero a quién se ha pensado que quieren representar?".

"Lo que es grave aquí es que se fijan en este compromiso del independentismo de lo que hemos dicho en campaña y lo hemos puesto por escrito, pero él ni ha dicho ni pone por escrito que no está dispuesto a aceptar los votos de la extrema derecha", ha añadido.

CONCENTRAR EL VOTO

Al ser preguntado por que la candidata de Junts, Laura Borràs, haya definido las elecciones del domingo como un plebiscito interno del independentismo, Aragonès ha apuntado que "se vuelve a equivocar de adversario, esto no es una guerra entre independentistas".

"Si Junts quiere hacer una campaña de reproches no nos encontrarán. Nuestro adversario es Salvador Illa", y ha llamado a los votantes independentistas a concentrar el voto en ERC para superar la etapa de reproches constantes entre los partidos que defienden la independencia.

A aquellos que tienen muy claro qué es lo que hay que superar, a los que tenemos muy claro quien son los adversarios, a los que tenemos muy claro que entre la gente independentista y republicana, y aquellos que defienden el derecho a la autodeterminación y la amnistía no hay reproches a hacer, sino voluntades de sumar", y ha reiterado la necesidad de que ERC lidere el espacio soberanista.

La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha instado este viernes a que los hosteleros de Castellón y a los de Elda-Petrer (Alicante) tengan "empatía" con los sanitarios y cumplan la ley, en lugar de llevar a cabo su acción de protesta de reabrir bares y restaurantes el 16 de febrero.

"Todos estamos cansados, pero tenemos que acordarnos del personal sanitario, que está exhausto. Y superponer una cuarta ola en las circunstancias en las que estamos ahora sería un cataclismo", ha advertido en su comparecencia semanal.

Oltra, tras poner en valor el "sentido de responsabilidad" de la patronal autonómica CEV por no apoyar la rebelión, ha hecho hincapié en que la normativa está para cumplirla y que el cierre total de la hostelería sigue vigente al menos hasta el 1 de marzo. El bien jurídico que estamos protegiendo es la salud de las personas", ha subrayado.

Es más, ha defendido que las restricciones se toman con la certeza de que "los contagios han bajado en picado desde que se imposibilitan las relaciones". También ha destacado la evidencia científica de que las personas que frecuentan los bares tienen cuatro veces más posibilidades de contagiarse, como afirmó Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la OMS.

Oltra, en este contexto, ha insistido en que la Comunitat no está en condiciones de relajar las medidas y en que la Generalitat debe ser "coherente". "A partir de ahí, obviamente la legalidad la tiene que cumplir todo el mundo", ha recalcado, para recordar a los hosteleros que las medidas también son para "proteger sus vidas y las de sus familiares".

También ha destacado que se pueden beneficiar del plan 'Resiste', que prevé llegar a 22.000 empresas, 44.000 autónomos y 136.000 asalariados. "No hay ninguna comunidad que haya destinado 380 millones para paliar los efectos económicos", ha resaltado, sumado al "escudo social" previo a la crisis.

Por todo ello, Oltra ha rogado a las asociaciones que secundan la protesta que "merece la pena continuar con el esfuerzo" para bajar la curva y que la Comunitat salga de la situación de contagio comunitario descontrolado.

Y ante la negativa a negociar de Ashocas (Asociación Hostelera de Castellón), como asociación convocante de la protesta del 16F, ha asegurado que entiende la "angustia y sufrimiento" de un sector muy afectado por el cierre, ya que "todos conocemos a gente que tiene un bar y familias que viven de eso.

Ha reconocido así que el Consell debe ayudar a preservar estos negocios y "rescatar a todas esas familias", aunque ha dudado que sea el caso del presidente de esta patronal Álvaro Amores, "ese señor que tiene un coche que vale 155.000 euros".

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este viernes, tras la mejora de los datos de contagios en la Comunidad foral, que "vamos a ser muy prudentes en la desescalada, muy, muy lentos, en la desescalada para no tener que dar pasos atrás".

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta ha indicado que "somos muy prudentes con la evaluación de la situación; es verdad que los datos, los indicadores nos van diciendo que estamos en mejor situación, hay una clara tendencia a la baja tanto en la incidencia acumulada a 7 días y a 14 días, como en la presión hospitalaria tanto en el hospital como en la UCI".

Según ha dicho, esta tendencia "tiene que seguir avanzando, tenemos que seguir bajando esa incidencia acumulada". "Por eso, hemos prorrogado esos 15 días las medidas", ha señalado, para destacar "la prudencia para no tener que dar pasos atrás".

Chivite ha añadido que "Europa nos está diciendo que seamos prudentes en la desescalada y el otro día en el Consejo Interterritorial también se instó a las Comunidades a que mantuvieran las restricciones. "Hemos aprendido de las dos olas anteriores que tenemos que ser muy prudentes y esa es la estrategia que va a seguir el Gobierno de Navarra", ha asegurado.

Ha expuesto la presidenta que "lo tenemos que ir acompasando con lo que tiene que ver con el calendario vacunal, con proteger a las personas más vulnerables".

Chivite ha señalado, en cuanto a la vacunación, que "nosotros tenemos los recursos suficientes para vacunar, pero lo que se nos tiene que garantizar es el suministro". "Si el ritmo del suministro de vacunas o la aprobación de nuevas vacunas se incrementa, nosotros incrementaremos también en la misma medida el ritmo de vacunación según los criterios poblacionales que ya están establecidos en el calendario de vacunación", ha comentado, para insistir en que "si se adelantan las vacunaciones que nos llegan se irán adelantando el calendario y los tiempos".

MEDIDORES DE CO2 EN CENTROS EDUCATIVOS

Sobre los medidores de CO2 para los centros educativos, María Chivite ha indicado que "Educación ya ha dado la orden para que se puedan instalar". "Pueden ser un buen instrumento para todo lo que tiene que ver con las ventilaciones; se ha ido demostrando, como veníamos defendiendo, que los centros escolares eran lugares seguros y los datos ahí están, son lugares seguros", ha dicho, para añadir que esos medidores "van a ayudar a manejar mejor lo que tiene que ver con la ventilación, que es fundamental en interiores".

Preguntada por el uso del código QR para entrar en los bares en Castilla La Mancha, Chivite ha señalado que "no es algo que esté en estos momentos encima de la mesa" en la Comunidad foral. "Hay reuniones de trabajo con el sector hostelería en las que el tema de la ventilación es uno de los temas que tenemos que trabajar", ha dicho, para incidir en que "la ventilación de interiores es algo fundamental".

Y sobre las ayudas para el sector hostelero, ha comentado que "la semana que viene vuelve a haber una reunión de Desarrollo Económico y Hacienda con el sector hostelero para terminar de perfilarlas; será en este mes de febrero".

Vox rechaza la condena al "negacionismo en la violencia de género" en la propuesta de declaración institucional que el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social ha enviado a los grupos municipales para tratar de consensuar un texto de cara al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

En un documento de modificaciones al texto, Vox tumba otras frases referidas a "las leyes de igualdad y contra la violencia de género, así como el Pacto de Estado", además de expresiones como "violencia machista".

También matizan que no son "las mujeres quienes siguen haciéndose cargo mayoritariamente de los cuidados de niños, personas mayores y dependientes" sino que son "muchas mujeres". Se desmarcan igualmente de la hoja de ruta marcada con el acuerdo de las 21 medidas aprobadas en noviembre de 2019 para combatir esta lacra.

Las matizaciones de Vox adelantan que será inviable, un año más, acordar una declaración institucional en Cibeles. Ya lo advertía ayer la vicealcaldesa, Begoña Villacís. "Estamos negociando, pero tengo la sensación de que no tiene mucha pinta de que salga adelante", manifestaba.

Vox incluye aportaciones en el documento facilitado por el Gobierno, como poner el acento en "la plena igualdad jurídica en derechos y obligaciones entre hombres y mujeres"; la necesidad de "actuar con la máxima contundencia hasta conseguir la total erradicación" de las conductas violentas a manos de parejas o exparejas; reconocer "aquellos logros que no hayan supuesto la creación de nuevas desigualdades" y felicitar y apoyar a aquellas organizaciones que trabajan por "la igualdad real entre mujeres y hombres".

LA IZQUIERDA RECLAMA LA RESTITUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE IGUALDAD

Más Madrid y PSOE reclaman por su parte que la declaración institucional incluya la restitución de "la recientemente eliminada Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades, con los medios que tenía a su disposición", y también la puesta en marcha de la ordenanza contra la violencia de género.

Dicha ordenanza fue aprobada en marzo de 2019, en la anterior legislatura, "pero que se encuentra paralizada", han indicado las dos formaciones en un comunicado conjunto después de que el Gobierno municipal haya planteado una declaración institucional que incluye una condena expresa del negacionismo contra la violencia de género.

"Condenar públicamente las muestras de odio hacia las mujeres y el negacionismo de la violencia de género", se recoge en uno de los epígrafes de este texto, cuya pretensión es conseguir el visto bueno de las tres formaciones de la oposición.

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha negado este viernes que existan discrepancias entre el presidente del partido en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el líder nacional, Pablo Casado, por los episodios de cargas policiales ocurridos durante el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017 en Cataluña.

"El presidente Casado dijo que no le gustó el 1 de octubre y lo cierto es que a nosotros tampoco nos gustó. Creo que al conjunto de la sociedad española no le gustó, porque a nadie le gusta ver cómo se pone en cuestión la Constitución o imágenes de cargas policiales como hemos tenido que ver", ha explicado Tellado.

El número dos de los populares gallegos ha sido preguntado este viernes sobre este asunto después de que Feijóo defendiese este jueves la actuación del entonces Gobierno de Mariano Rajoy el 1-O, tras haber desvelado Casado que decidió no comparecer en rueda de prensa aquella jornada.

Sin embargo, Tellado --igual que la dirección nacional del partido-- no ve "ninguna discrepancia" entre las declaraciones de ambos dirigentes: "El presidente Casado dijo que no le gustó el 1 de octubre y lo cierto es que a nosotros tampoco nos gustó".

Seguidamente, el secretario general del PPdeG ha hecho suyas las palabras de Feijóo de este jueves para defender que "en cualquier lugar del mundo, cuando un Estado es atacado, las fuerzas y cuerpos de seguridad deben velar por el orden constitucional".

"Y eso es lo que pasó el 1 de octubre", ha zanjado.

ELECCIONES EN CATALUÑA

Además, preguntado sobre si Pablo Casado se juega su liderazgo en las elecciones catalanas de este domingo, Miguel Tellado ha recordado que él "no se presenta", por lo que "quien se juega su imagen" es el candidato del PPC, Alejandro Fernández.

En este contexto, el número dos del PP gallego ha valorado que estos comicios se producen en una Comunidad que vive "una situación excepcional", ya que tras los últimos años necesita "un ejercicio de moderación política, de centralidad y de poner a las administraciones al servicio de la gente" y no de objetivos "ilegales", como la independencia.

"Y yo creo que ese ejercicio de moderación es lo que está representando la candidatura del Partido Popular en estas elecciones", ha asegurado Tellado, quien ha aprovechado para mostrar el "respaldo" de los popultares gallegos a Fernández: "Tenemos a un gran candidato que, desde luego, es una persona formada y preparada para asumir los restos de futuro en una comunidad como Cataluña".

Y es que en esta autonomía, según el secretario general del PPdeG, el independentismo a lo largo de los últimos años "utilizó la Generalitat para echar por tierra todo lo que representa la Constitución española" por una "ambición ilegal".

"Hace décadas Cataluña era el referente de las comunidades autónomas por su pujanza económica y por su funcionamiento de los servicios públicos. Y ese papel referente ya no lo juega Cataluña sino que lo juega Galicia, porque aquí si hubo estabilidad política", ha reivindicado.

Así las cosas, Tellado ha dicho que en todo caso "quien se juega su futuro político es Cataluña": "Tiene que decidir si apuesta otros cuatro años más en manos del independentismo o si, por el contrario, apuesta por un modelo constitucionalista que vuelva a una convivencia cívica".

El presidente de la asociación 'La España que reúne' y exdirigente 'socialista', Nicolás Redondo Terreros, que fue el impulsor del manifiesto en el que participaron más de doscientas personalidades entre intelectuales y políticos para pedir el cese del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha vuelto a cargar contra el secretario general de Unidas Podemos acusándole de haber sido "amigo de ETA": "No le gusta la democracia representativa".

Redondo se ha reafirmado en el escrito del manifiesto, que fue firmado por políticos de PSOE, PP y Cs y por escritores, filósofos, exsecretarios de Estado, entre otros, y ha criticado las declaraciones de Iglesias poniendo en cuestión la normalidad democrática en España.

"A él esta democracia no le gusta, como tampoco le gusta la democracia francesa o la danesa, la democracia representativa no le gusta y la ha combatido siempre. Ha sido amigo de ETA, es amigo de Bildu, de ERC, es lógico, y es lógico también porque él preferiría la democracia bolivariana, es su pretensión", ha subrayado Redondo Terreros.

Por ello, vuelve a insistir en pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese a su vicepresidente segundo: "Si tuviera dignidad se tendría que ir él mismo y defender sus posiciones desde fuera de los privilegios, pero como eso no va a suceder sólo queda la posibilidad de que Sánchez le cese".

"NO CREO QUE SÁNCHEZ COMULGUE CON LO QUE HA DICHO IGLESIAS"

Eso sí, el que fuera secretario general de los socialistas vascos entre 1997 y 2002, cree que Sánchez no comulga con las declaraciones del vicepresidente Iglesias, aunque vuelve a pedir que "actúe en consecuencia" y le cese del Gobierno.

En este sentido, ha recordado que la asociación que él preside, y que se llama 'La España que reúne', nació no porque tenga "vocación de ajustes de cuentas", sino porque consideran que "un Ejecutivo de socialistas con comunistas es doblemente malo": "Es malo para los socialistas y es malo sobre todo y de una forma más trascendente para el país".

Por eso, defiende que el manifiesto "no es un ajuste de cuentas entre socialistas", sino que se trata, según sus palabras, "en la defensa del sistema del 78". Asimismo, reivindica que el escrito pidiendo el cese de Iglesias recoge una reacción muy transversal en la que se encuentran desde Joaquín Leguina hasta José Manuel García-Margallo.

RESPONDE A IGLESIAS

En este sentido, Redondo ha respondido a la reacción de Iglesias al manifiesto en la que asegura que estas personas muestran "impotencia y desesperación" en lugar de "capacidad de influencia". "No sé que influencia tenemos nosotros, tampoco lo hemos hecho para eso, lo hemos hecho porque merece la pena defender la democracia de personajes como él que aprovechan de una forma inmoral su situación privilegiada para destrozar la democracia", ha contestado el exdirigente socialista.

En este contexto, ha reivindicado la acogida que ha tenido el manifiesto, que se ha encontrado con 4.000 firmas en la plataforma 'Change.org', aunque reconoce que no tiene las expectativas que "tienen los movimientos totalitarios como el que representa Iglesias".

"Los ciudadanos decidirán cuando tengan la capacidad de hacerlo en las elecciones, pero por ahora la reacción no es mala", ha señalado Redondo, que ha avisado a Iglesias de la bajada, que a su juicio, sufrirá su partido en las elecciones catalanas y que coincide con la pérdida de votos en los últimos comicios gallegos y vascos.

"Ningún líder político en estos últimos 40 años sobreviviría a los fracasos electorales de Iglesias, tiene embargado, conquistado un partido político para él", ha censurado.

Por último, sobre si tiene previsto alguna acción más de este tipo, Nicolás Redondo explica que 'La España que reúne' es una plataforma que nace con vocación política que quiere enriquecer el debate político en España.

"Insultar o ridiculizar", "decidir por mi hasta el más mínimo detalle", o "controlar a través del móvil" son las principales situaciones de violencia de género en el ámbito de la pareja que las adolescentes reconocen haber vivido alguna vez o con más frecuencia en sus relaciones.

Así lo han señalado en un estudio realizado por la Delegación de Gobierno sobre la Violencia de Género en el que se ha cuestionado a jóvenes de entre 14 y 20 años de todo el territorio nacional. Los datos obtenidos, además, se ha comparado con estudios anteriores sobre esta materia, realizados en 2010 y 2013.

Las cifras recogidas en 2020, determinan que las situaciones de violencia de género en el ámbito de la pareja que un mayor porcentaje de chicas adolescentes reconocen haber vivido, alguna vez o con más frecuencia, son las de abuso emocional ("insultar o ridiculizar", por el 17,3%), el control abusivo general ("decidir por mí hasta el más mínimo detalle", por el 17,1%) y controlar a través del móvil (por el 14,9%).

Además, el 11,1% reconoce que se "ha sentido presionada para situaciones de tipo sexual en las que no quería participar", el 9,6% que le han hecho "sentir miedo", el 8,7% que le han dicho que "no valía nada" y el 8% que el chico que la maltrató "presumía de dichas conductas".

RECONOCIMIENTO DEL MALTRATO HECHO FRENTE AL RECIBIDO

Al preguntar por la relación con el chico que ejerció la violencia vivida, el 16,9% de las adolescentes reconoce que es su pareja actual. El resto reconoce que es el chico con el que salía, quería salir o quería salir con ella.

El trabajo señala que, como se registró en los documentos de 2010 y 2013, el porcentaje de chicos que reconoce haber ejercido cada situación de violencia de género es sensiblemente menor al porcentaje chicas que responde haberlas sufrido.

Por ejemplo, respecto a las situaciones vividas alguna vez o con más frecuencia: el 2,3% de los chicos reconoce que "le ha pegado", frente al 3,6% de chicas que reconoce haber sufrido dicha situación. El 3,1% de los chicos responde que "ha presionado para conductas de tipo sexual en las que ella no quería participar", frente al 11,1% de chicas dice haberse sentido presionada; mientras que el 2,8% de los chicos dice haber "enviado mensajes a través de Internet o de teléfono móvil en los que la insultaba, amenazaba, ofendía o asustaba", frente al 6,3% de chicas que reconoce haberlos recibido.

A pesar de estas cifras, el trabajo indica que, mientras entre 2010 y 2013 se produjo un "claro incremento" de la violencia de género de control en las parejas adolescentes; entre 2010 y 2020 esta violencia ha "descendido significativamente", principalmente en lo que se refiere a actitudes de control sobre "el más mínimo detalle" de la vida de sus parejas y de "aislamiento" de sus amistades.

LA EDUCACIÓN EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La directora del trabajo, María José Díaz-Aguado, ha señalado que el aumento de esta violencia registrado hace más de 10 años se achacó al uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, en 2020 se usan "aún más" y, a pesar de ello, las cifras se han reducido. Para Díaz-Aguado, esta situación se debe a "la educación".

De hecho, los resultados obtenidos al preguntarles si han trabajado en el centro sobre cómo usar bien Internet y las redes sociales reflejan que el 52,5% de la adolescencia recuerda dicho trabajo, frente al 47,5%, que no ha trabajado en la escuela sobre cómo usar bien las TICs.

Del mismo modo, la adolescencia en 2020 reconoce que las principales fuentes en el conocimiento que tienen sobre la violencia de género en dicho año son Internet (el 75% así lo destacan), seguida de la televisión o el cine (el 70,4%). "No sucedía así en los resultados de los estudios anteriores", señala el trabajo. Entonces, la principal influencia era la televisión y el cine.

Las adolescentes encuestadas, también destacan las campañas de sensibilización en la calle o transporte público (52,2%), lo que hablan con las amigas (50,1%), las explicaciones de una profesora en clase (43,4%), lo que hablan con amigos (41%) y lo que leen (40,1%). Finalmente, el trabajo destaca la relevancia que tiene que el 16,8% reconozca que ha tenido mucha influencia en su idea de la violencia de género lo que ha visto en su familia.

SALUD PSICOLÓGICA Y FÍSICA

Por otra parte, la directora del estudio ha señala que, por primer vez, se ha incluido un bloque de 11 preguntas sobre problemas de salud de tipo psicológico y de tipo físico. Los resultados reflejan que ellas reconocen vivir los dos tipos de problemas con mucha mayor frecuencia que ellos, que, según los preguntado, no viven ninguno de los 11 problemas por los que se pregunta.

Así, son mayoría las chicas que reconocen vivir bastantes o muchas veces problemas como agotamiento (68,7%), nervios (68,6%), dolor de cabeza (56,8%), tristeza (54,3) o dolor de espalda (52,9%). En cuanto a los problemas más frecuentes en ellos son: agotamiento (43,6%) y nervios (41,2%). En el resto de los problemas, el porcentaje de chicos que reconoce vivirlos con frecuencia es siempre inferior al 31%.

Díaz-Aguado ha indicado que estos resultados reflejan una relación significativa entre los problemas de salud y la violencia de género en la pareja ya que, ha apuntado, estos problemas son más frecuentes en las chicas que han vivido estas situaciones, especialmente entre quienes han vivido violencia múltiple y frecuente.

Durante la presentación de este trabajo, la secretaria de Estado de Violencia de Género, Noelia Vera, ha celebrado que la percepción del machismo es ahora "muy potente" entre la juventud por un mayor acceso "a la información", así como por "la fuerza" del movimiento feminista en lo últimos años.

A su juicio, "se ha avanzado en percepción y educación", pero, ha señalado que "la fuerza de los roles y estereotipos sexistas" siguen teniendo "un papel importante en la vida de las jóvenes".

En el acto, también ha estado presente el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, quien ha considerado los datos de este trabajo como "esperanzadores", aunque ha reconocido que "queda mucho por hacer" en esta materia. Tiana, ha apuntado que no es partidario de que cada novedad que ocurra en la sociedad se convierta en un una asignatura, pero ha abogado por establecer mecanismos para que se consigan estas competencias.

Más de 3,5 millones de personas se han beneficiado del plan 'Respuesta Social al COVID-19' puesto en marcha en 2020 por BBVA en 10 países en los que opera el banco y dotado con 35,7 millones de euros para ayudar a la sociedad en su conjunto.

Los 35,7 millones de euros del plan 'Respuesta Social al COVID-19' se han destinado a tres líneas de actuación: apoyar a las autoridades sanitarias, contribuir con organizaciones sociales y fomentar la investigación científica.

Estas líneas están vinculadas a su vez a tres ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) concretos. La primera línea, vinculada con el ODS 3 (Salud y Bienestar) y que representa el 81% de la contribución, se ha dedicado a la compra de material sanitario que incluye 2.845 respiradores, 400 oxigenadores, 2.020 test, 9,5 millones de mascarillas, 5.396 EPI o kits de protección, 144.057 gafas y protectores faciales, 8,3 millones de guantes, 26.850 unidades de gel y alcohol, 21.004 mantas y 3,7 millones de unidades de otro material médico. Con este material se ha apoyado a 371 hospitales.

Además, se han financiado 3 hospitales de campaña y se han adquirido 780 unidades de equipamiento electrónico para enfermos. Un total de 839.773 personas se han beneficiado del material médico facilitado a hospitales, que representa el 24% de los beneficiarios del plan.

La segunda línea de los fondos, vinculada con el ODS 2 (Hambre Cero) y ODS 10 (Reducción de las Desigualdades) y que representa un 11% de la donación, se ha enfocado a ayudar a colectivos vulnerables. Así, a través de la colaboración con 472 entidades, BBVA ha apoyado a más de 2,6 millones de personas (un 76% de los beneficiarios del plan). Entre ellas destacan, a nivel global, Cruz Roja en Argentina, España, México y Colombia, y Bancos de Alimentos en Estados Unidos y Portugal. Los fondos han servido fundamentalmente para cubrir sus necesidades alimentarias y bienes de primera necesidad; apoyo afectivo y psicosocial, y asistencia y formación.

La tercera línea de los fondos, vinculada con el ODS 9 (Industria, innovación e Infraestructura) y que representa un 8% de la donación total, se ha destinado al fomento de la investigación contra el COVID-19, que ha beneficiado directamente a 226 científicos o investigadores. En este apartado destaca el apoyo a 20 proyectos de investigación científica a través de la Fundación BBVA en biomedicina, big data - IA, ecología y veterinaria, economía y ciencias sociales, y humanidades. Además, se ha apoyado un proyecto de investigación en Uruguay.

La aportación de BBVA se ha canalizado a través de los bancos locales en Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Portugal, Turquía y Uruguay, así como de la Fundación BBVA. Para garantizar la distribución eficaz de los fondos, se ha diseñado un plan de respuesta global sin precedentes, que incluye la coordinación con gobiernos, autoridades sanitarias y otras empresas y organizaciones sociales.

EL EFECTO MULTIPLICADOR DE LAS APORTACIONES

Adicionalmente a la contribución directa de BBVA, sus empleados y clientes han donado más de 11,2 millones de euros, que se han destinado a las tres líneas de acción descritas anteriormente. En concreto, el banco puso en marcha una iniciativa entre sus empleados, para que pudieran unirse a la ayuda solidaria contra la pandemia, que ha recaudado 1,8 millones de euros que fueron distribuidos a diferentes entidades colaboradoras globales y locales. Asimismo, BBVA ha promovido la participación de sus clientes con varias campañas, a través de las cuales se han recaudado 9,4 millones de euros.

Por otra parte, BBVA ha activado iniciativas de ayuda a sus clientes, con foco en empresas, pymes y autónomos, pero también para los particulares más afectados por la crisis provocada por el COVID-19. Entre ellas destacan los aplazamientos de cuotas de créditos hipotecarios y de consumo.

Asimismo, en el conjunto de los países en los que opera, el banco ha concedido en 2020 moratorias de pago por valor de 38.000 millones de euros y financiación a través de programas gubernamentales por valor de 25.000 millones de euros. La entidad también ha apoyado a sus proveedores más cercanos con esquemas de protección para empleados y empresas, y con el adelanto del pago de facturas, sin esperar al plazo acordado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado las restricciones impuestas por el Gobierno durante el primer estado de alarma por la pandemia relativas a los desplazamientos de menores que habían sido recurridas por un abogado, estableciendo que las Orden dictada en abril de 2020 por el Ministerio de Sanidad no incurre en arbitrariedad y tampoco cabe imputarle la vulneración de derechos fundamentales de los menores de catorce años ni de sus padres.

Resuelve así el fondo del recurso presentado por un abogado valenciano, Curro Nicolau, que había solicitado en mayo la anulación de las órdenes dictadas por el Ministerio de Sanidad para trasladarse con su hija a su segunda residencia alegando tener acceso a pruebas médicas para descartar su contagio.

Al haber desestimado su recurso en todos sus términos el alto tribunal le impone el pago de las cosas procesales, que ascienden a 4.000 euros, según señala la resolución.

La resolución, de 35 páginas y de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas, tiene fecha del pasado miércoles y resuelve en el sentido expresado en los informes tanto de la Abogacía del Estado como de la Fiscalía y afirma que "no fue fruto de la arbitrariedad aliviar el confinamiento de los menores de catorce años de la forma en que se hizo -con horarios de salida y desplazamientos limitados-- sino que respondió al propósito fundamentado de reducir el perjuicio que aquél les causa sin, por ello, exponerles y exponer a terceros al peligro de contagio".

Desde esta perspectiva se entiende la explicación de la Orden sobre la razón del horario y limitaciones de salida, según el Supremo, una justificación "que puede extenderse a la distancia de un kilómetro impuesta y al ulterior distinto régimen en municipios de poca población o en fase de desescalada".

MOVILIDAD, FACTOR DE DIFUSIÓN

En su resolución, el Supremo califica de "natural "que el señor Nicolau quisiera llevar a su hija de nueve años a su segunda residencia en Alp (Girona) y que deseara reunirse con sus amigos residentes a más de un kilómetro de su domicilio, pero la movilidad de la población es un factor principal de difusión de la enfermedad.

De ahí que, "aun relajando para los menores de catorce años la restricción general, la Orden SND/370/2020 mantuviera limitaciones de tiempo y espacio que participan de la razonabilidad antes señalada y excluyen la vulneración alegada". Añaden que tampoco ven necesario el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto de este asunto porque ello no se considera necesario para que la Sala pueda juzgar sobre la conformidad a Derecho de la Orden del Ministerio entonces bajo responsabilidad de Salvador Illa.

Los magistrados añaden, como precisión que consideran importante, que la declaración del estado de alarma y la prohibición gubernativa de una manifestación no tratan de garantizar el orden público, sino el derecho a la integridad física y la salud, en último término "los valores de la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria cuyos limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente.

Para el alto tribunal es notoria la constante insistencia de las autoridades sanitarias de todo orden y lugar en que el riesgo principal de contraer la enfermedad proviene del contacto con personas contagiadas y en que, "para prevenirlo, además del uso de mascarillas, de mantener la distancia de seguridad y de las medidas de higiene personal y de ventilación de lugares cerrados, es necesario limitar sustancialmente ese contacto y la movilidad que lo propicia".

La sección tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña ha declarado que el pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado, tal y como decretó el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña el pasado mes de septiembre, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Además, en la sentencia, que responde al recurso de apelación presentado por la familia Franco, condena a los herederos a desalojar esas propiedades. "Dejándolas libres y a disposición del Estado español, con liquidación de los gastos útiles y necesarios", al tiempo que ordena la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias sobre las fincas.

El tribunal sostiene que el inmueble nunca estuvo a nombre de Francisco Franco porque la donación realizada en 1938 por la Junta Pro Pazo del Caudillo en un pergamino no era "un título hábil" para reconocer la transmisión.

Por ello, condena a los herederos de la familia Franco a desalojar el recinto, pero les reconoce el derecho a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio. Los jueces descartan "mala fe" en la posesión por parte de los demandados porque, sostiene, nunca fueron requeridos por la Administración para que le entregasen el pazo y "llevan más de cuatro décadas utilizándolo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños".

El tribunal ha acordado declarar inexistente, desde el punto de vista jurídico, la donación del inmueble y las fincas realizada en 1938 a Francisco Franco. Los jueces también han decretado nula, por "simulación absoluta", la escritura de compraventa de 1941 por la que supuestamente le vendieron a Francisco Franco el inmueble.

En la misma línea, han considerado "ineficaz" la partición de la herencia de Franco correspondiente a las fincas de Meirás, al igual que la donación de diversas parcelas situadas en el recinto del pazo que fueron donadas por Carmen Polo a su hija.

RESARCIMIENTO DE GASTOS

Los magistrados del tribunal provincial han confirmado la sentencia de primera instancia en lo relativo a la propiedad del pazo, pero han revocado parcialmente el fallo en otras cuestiones.

Así, reconocen a los apelantes el derecho a ser resarcidos en los gastos necesarios en que incurrieron para la conservación del inmueble, pues consideran acreditado que realizaron "múltiples obras de rehabilitación y mantenimiento" y que, tras el incendio de 1978, ejecutaron "múltiples reparaciones".

Los jueces entienden que es "obvio" que si el edificio hubiese estado abandonado durante 45 años "su estado actual sería ruinoso". La cantidad que deberá abonarles el Estado por esos gastos se definirá en la fase de ejecución de la sentencia.

RECHAZA "MALA FE"

En lo que respecta a la liquidación del estado posesorio (restitución de los gastos en los que podría haber incurrido la familia mientras fue titular del inmueble), la magistrada de primera instancia entendió que no cabía porque la propiedad fue incorporada al patrimonio de la familia Franco "de mala fe".

Los magistrados de la Audiencia Provincial, sin embargo, consideran que no hay pruebas de que los demandados fuesen conscientes de que el título de propiedad de su abuelo fuese inválido.

"Para estos herederos, el inicio de su propiedad es una inscripción en el Registro de la Propiedad de Betanzos en 1941 de una escritura de compraventa otorgada ante notario, en la que su abuelo compra a la nuera de doña Emilia Pardo Bazán el pazo". "Finca que en 1976 se adjudica a su abuela, posteriormente pasa a ser propiedad de su madre y, ahora, de ellos".

"Todo con una cadena de transmisiones aparentemente impecable. No se atisba la razón por la que debieran ser conscientes de una supuesta irregularidad en su adquisición", indica la Audiencia, al tiempo que subraya que la creencia de que la adquisición era correcta también está avalada por el hecho de que, tras la muerte de Franco en 1975, "llevan más de cuatro décadas utilizando el pazo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños".

PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN

Además, los magistrados destacan que "como tales dueños" han sido tratados hasta ahora por la propia Administración. "Aunque se diese por cierta la mala fe posesoria en Francisco Franco, no necesariamente se transmite a sus herederos".

"La reivindicación de la propiedad es un evento totalmente novedoso que se produce ahora por vez primera". "La Administración nunca los requirió para que entregasen la propiedad de un inmueble que ahora se considera de dominio público", sostiene.

El tribunal indica que Francisco Franco intentó regularizar la situación del pazo en el registro porque el pergamino de donación "no era documento hábil para obtener la inmatriculación al no ser una escritura pública". Los jueces aseguran que el buscar una fórmula para "legalizar" una propiedad "en modo alguno supone la mala fe en la posesión", pues afirman que "no necesariamente se hace para ocultar una posesión de mala fe, sino que puede tramitarse para regularizarla de buena fe".

"NUNCA SE DONÓ" A FRANCO

También estima el alegato de los recurrentes en cuanto a que la prueba practicada "acredita que la intención final de la Junta Pro Pazo del Caudillo fue donar las Torres de Meirás a la persona de Francisco Franco, no al Jefe del Estado, ni al Estado". Así, entiende que fue "un regalo personal al general que estaba ganando la guerra y cuyos favores pretendían granjearse los promotores".

Los jueces, no obstante, advierten que esa intención "nunca llegó a ser efectiva" jurídicamente por la forma en que se donó, ya que nunca se otorgó una escritura pública. "La intención era donar a la persona, pero nunca se llegó a donar a nadie", concluyen.

La Audiencia refleja en la resolución sus dudas sobre quién ejerció desde 1940 hasta 1974 como dueño del pazo de Meirás, si el Estado o Francisco Franco a título personal, pero subraya que, a su juicio, lo relevante es que los terrenos colindantes al edificio "los ocupa el aparato del Estado desde el primer momento, desplegando su capacidad de ejercer la fuerza sobre los ciudadanos", así como que el Estado es el que realiza las obras de acondicionamiento.

Concluye la sala que, hasta 1975, "se hace cargo de la totalidad de los gastos inherentes a la propiedad, obras de mejora y mantenimiento". Desde 1975 hasta la actualidad, según el fallo, son los herederos los que asumieron esos costes de mantenimiento, por lo que la Audiencia les reconoce el derecho a ser indemnizados.

LA ESCRITURA, "FANTASÍA TOTAL"

En relación a la escritura pública de compraventa de 1941, el tribunal observa que "no se vende nada, es una mera apariencia de un negocio inexistente". Los jueces subrayan que esa escritura es "una fantasía total" que se otorga ante notario "para crear una ficción, plasmar un negocio jurídico no existente, pero logrando un título aparente que sí se puede presentar ante el Registro de la Propiedad".

Contra la resolución de la Audiencia Provincial puede interponerse recurso de casación o recurso extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo. Alternativamente, e incompatible con los anteriores recursos, si se considerase que la sentencia infringe normas de Derecho Civil de Galicia, puede recurrirse en casación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Cismary Marcano, mujer del opositor venezolano Ernesto Quintero, ha "suplicado" este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que frene la extradición de su marido, acusado de estafar 40 millones de dólares por el Ejecutivo de Nicolás Maduro, asegurando que es "inocente" y advirtiendo de que, si vuelve al país caribeño, podría ser "asesinado".

Quintero, que actualmente se encuentra en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, a la espera de ser enviado a Venezuela, fue detenido el miércoles después de que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional autorizaran su extradición a petición de las autoridades venezolanas.

El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, acusa a Quintero de ser miembro de la cúpula directiva de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares. Sin embargo, el opositor sostiene que él era un mero empleado y que nada tiene que ver con los delitos que se hubieran podido cometer.

"Hasta el día de hoy está preso por el Gobierno de España y yo le pido a Pedro Sánchez y a todo su equipo que, por favor, no extraditen a mis esposo", ha dicho Marcano, en declaraciones a la prensa durante un acto de protesta que ha tenido lugar en el entorno de la Audiencia Nacional.

La mujer, que ha incidido en que su marido es inocente, ha pedido a Sánchez que le dé la oportunidad de demostrarlo, denunciando que "se han metido todos los recursos y se han llevado todas las pruebas" pero "nada se ha tomado en cuenta".

Marcano ha avisado a Moncloa de que, si es enviado "a la dictadura de Venezuela", al llegar "puede ser torturado y más, puede ser asesinado". "Si a mi esposo le llega a (pasar) algo... Yo acuso a Pedro Sánchez por lo que le pueda pasar a mi esposo", ha indicado, para insistir al borde del llanto: "Le suplico que, por favor, me ayude".

En un tono más calmado, el político opositor Winston Flores, diputado de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, se ha mostrado consciente de que "hay procedimientos" que cumplir cuando se solicita una extradición y ha sostenido que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha respetado la integridad y los Derechos Humanos de los venezolanos", si bien le ha reclamado "una respuesta inmediata en este caso, porque lo que hay es una gran equivocación, un gran error".

LLAMAMIENTO DE ACNUR

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en una carta, instó a las autoridades españolas a "valorar el no retorno del señor Quintero a Venezuela", así como a hacer una "valoración adecuada de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta la información de país de origen, la situación humanitaria y de seguridad de Venezuela, así como los principios de la unidad familiar".

Marcano y la hija del matrimonio, de 7 años, solicitaron asilo en España y se les concedió, pero a Quintero --que había llegado un año antes que ellas, en 2018-- se le denegó por tener antecedentes penales debido, precisamente, a la acusación de estafa.

El nuevo abogado de Quintero, que se hizo cargo del caso hace apenas 24 horas a título 'pro bono', Ismael Oliver, del Despacho Oliver Abogados, ha avanzado que presentarán una ampliación de la demanda de asilo, un recurso extraordinario ante la Audiencia Nacional para que la tenga en cuenta y suspenda la extradición, y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Vox cuenta ya con el visto bueno de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, para poder entrevistarse en el centro penitenciario de Estremera (Madrid) con el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo en relación con el operativo 'Kitchen', al que se le dedica una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Fuentes del partido aseguran que sólo falta fijar una fecha concreta y cerrar las condiciones en las que se llevará a cabo la reunión.

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que dirige personalmente el asunto, ya adelantó el pasado miércoles en su cuenta de Twitter que se había autorizado el encuentro con Villarejo, que está en prisión desde noviembre de 2017 por la causa 'Tándem'.

TEMEN QUE LA COMPARECENCIA SE RETRASE

El partido de Abascal cree conveniente seguir adelante con esta entrevista a pesar de que la comisión de investigación ya aprobó que el comisario declare en el Congreso, y es que temen que el PSOE y Unidas Podemos quieran posponer ese testimonio para las últimas sesiones.

La declaración de Villarejo ante la comisión no tiene fecha asignada, dado que aún no se ha acordado un calendario de comparecencias. Además de Villarejo, se escuchará a los responsables policiales implicados, a los responsables de Interior en esa etapa, incluyendo al exministro Jorge Fernández Díaz, y a políticos como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Los hechos se investigan en la Audiencia Nacional en el marco de la pieza separada 'Kitchen', que indaga sobre el operativo 'parapolicial' orquestado para sustraer información y documentación sensible, de dirigentes del PP, al extesorero de la formación política Luis Bárcenas con el objetivo de que no acabara en manos de la Justicia.

Esta misma semana se conoció que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha puesto fecha para una nueva declaración testifical de Bárcenas en el marco de esa pieza. Así, el lunes 15 de febrero a las 09.00 horas se le tomará de nuevo declaración en calidad de perjudicado.

PRIMERO, EXAMINAR LA DOCUMENTACIÓN

En paralelo, los trabajos de la comisión llevan otros tiempos, y a principios de febrero la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, declinaba anticipar cuándo podría tener lugar la comparecencia de Villarejo y se limitaba a recordar que, antes de empezar a llamar a comparecientes, los grupos debían recibir y estudiar la documentación que han solicitado sobre el asunto, y que en todo caso las comparecencias se fijarían tras las elecciones catalanas de este domingo.

Eso sí, según fuentes jurídicas, desde la Audiencia Nacional no se plantean enviar al Congreso documentación del caso que conste en el sumario a pesar de que haya sido solicitada por los grupos parlamentarios.