El número de defunciones aumentó un 19,6% en los primeros seis meses del año 2020, entre enero y junio, debido a la pandemia de la Covid-19, mientras que el número de nacimientos se redujo un 4,2% en ese mismo periodo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el estudio ‘Estadísticas del Movimiento Natural de la Población’, publicado este martes 26 de enero, en la primera mitad de 2020 fallecieron en España 262.373 personas, un 19,6% más que en el mismo periodo de 2019, un incremento que, según el INE, se ha debido, principalmente, al efecto de la pandemia de la Covid-19 desde el mes de marzo.

En comparación con los últimos siete años, nunca se había dado una cifra tan elevada de fallecimientos en el primer semestre del año. Así, en 2013 fueron 200.491 defunciones; en 2014, 204.464; en 2015, 226.190; en 2016, 210.300; en 2017, 221.700; en 2018, 227.786; y en 2019, 219.350.

Por otro lado, se registraron 168.047 nacimientos, un 4,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, continuando así con la tendencia a la baja de los últimos años, sólo interrumpida en 2014, cuando alcanzaron los 208.375.

Desde entonces, la cifra ha ido cayendo: 204.910 entre enero y junio de 2015; 200.255 en los mismos meses de 2016; 190.962 en 2017; 181.366 en 2018, y 175.429 en 2019.

Así, el crecimiento vegetativo de la población (es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones) en el primer semestre de 2020 fue de -95.326 personas en los seis primeros meses de 2020.

MADRID, LA COMUNIDAD CON MAYOR INCREMENTO EN FALLECIMIENTOS

Por comunidades autónomas, el número de defunciones aumentó en todas las regiones, salvo en Baleares (con una caída del 0,4%) y Murcia (-1,4%). Los mayores incrementos se dieron en Comunidad de Madrid (64,3%), Castilla-La Mancha (46,2%) y Cataluña (31,8%).

En cuanto al número de nacimientos, este solo aumentó en la primera mitad de 2020 en la ciudad autónoma de Ceuta (6,2%). Por su parte, los mayores descensos se dieron en la ciudad autónoma de Melilla (-22,1%), Comunidad de Madrid (-6,6%) y Comunidad Foral de Navarra (-6,5%).

Así, el saldo vegetativo fue positivo en el primer semestre en Región de Murcia (673 personas), Baleares (335) y en las ciudades autónomas de Melilla (167) y Ceuta (85). Por el contrario, los saldos más negativos se dieron en Cataluña (-15.347 personas), Comunidad de Madrid (-14.895) y Castilla y León (-12.668).

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha afirmado este martes que el ministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, «no es de fiar» y se ha mostrado convencido de que «traicionará» al constitucionalismo para dar la Presidencia de la Generalitat a ERC en virtud del pacto que tienen los republicanos con Pedro Sánchez. A su entender, los socialistas catalanes serán «la muleta» de los republicanos.

En una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, Maroto ha situado a Illa como foco de sus críticas y lo ha hecho poco antes de que abandone el Ministerio de Sanidad para centrarse en su candidatura a la Presidencia de la Generalitat para las elecciones catalanas del 14 de febrero.

El dirigente del PP ha asegurado que a Illa «se le ha conocido por sus mentiras y por sus buenos modales» durante su gestión al frente del Ministerio de Sanidad este último año. «Pero el coronavirus no entiende de modales», ha exclamado.

DICE QUE «LA MENTIRA MÁS GORDA» SERÁ EN CAMPAÑA

Maroto ha recalcado que de «todas sus mentiras» que ha dicho estos meses las «más gorda» y «rebuscada» es la que empezará a contar en campaña electoral diciendo a los votantes del PSC que «él nunca va a dar la Presidencia de la Generalitat a ERC.

En este punto, ha recalcado que Sánchez tiene «cerrado con ERC que Illa sea el candidato útil para favorecer la Presidencia» de los republicanos. A su juicio, es un «intercambio de cromos» después de que ERC apoyara al Ejecutivo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

El portavoz del PP en el Senado ha recalcado que ERC «se ha asegurado muy bien y muy pronto» que después de los comicios el PSC «haga de soporte de un presidente de ERC para que las cosas sigan igual» tanto en Moncloa como en la Generalitat.

«El único que se presta a hacer eso es Illa. Por tanto, un voto constitucionalista no va a ser nunca a través de Illa porque Illa va a traicionar, como ha traicionado Sánchez a los suyos, los votos de aquellos catalanes de buena fe que digan que el PSC puede ser la opción alternativa», ha enfatizado, para añadir que «no lo es» y solo «conseguirá más de lo mismo en Cataluña».

«ILLA, PERRO FIEL DE SÁNCHEZ»

En este sentido, ha abundado en que el candidato del PSC «en ningún caso representa la alternativa constitucionalista». «Illa no va a ser presidente de la Generalitat, no lo va a ser porque su trabajo va a ser dar el apoyo a otro y ése otro es de ERC. Eso es tan cierto como que lo han pactado ERC y Sánchez durante el trámite de Presupuestos», ha aseverado.

Al ser preguntado si el PP estaría dispuesto a apoyar a Illa para ser presidente y evitar un Gobierno independentista como ya ha anunciado Vox, Maroto ha contestado que el ministro «no es de fiar» porque Pedro Sánchez «tampoco es de fiar», dado que «ha engañado a todo el mundo que ha acordado con él, especialmente a los electores socialistas».

Asimismo, Maroro ha afirmado que el jefe del Ejecutivo no está en este momento con el «sufrimiento» de muchos españoles tras las consecuencias provocadas por la pandemia sino que está «en una operación para apoltronarse un poco más en el sillón de la Moncloa», «colocando a Illa en la candidatura» del PSC a las elecciones catalanas.

LAS PETICIONES A LA PERSONA QUE SUSTITUIRÁ A ILLA

Ante la persona que sustituirá a Illa al frente de Sanidad, el portavoz del PP en la Cámara Alta ha pedido que «al menos mienta la mitad que Illa» y «al menos escuche el doble a las comunidades» que su antecesor. A su entender el hasta ahora ministro ha destacado por su «ineficacia» y sus «mentiras» y «no lo podía haber hecho peor» en esta pandemia.

En este punto, se ha quejado de que «no se haga caso a las comunidades» en las reivindicaciones que están haciendo llegar a Sanidad, que es a su juicio ahora el «palo en la rueda para recuperar la velocidad de lucha contra el coronavirus».

Interrogado después qué estrategia prefiere en la lucha contra el Covid, si la del presidente de Castilla y León o la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha señalado que en cada territorio hay «diferencias» que «justifican medidas diferentes». «Por tanto no hay buenos y malos en los gestores del PP sino situaciones distintas que cada uno gestiona acorde con lo que le aconseja sus equipos técnicos y sanitarios», ha apostillado.

Entre el 64 y el 68 por ciento de la mortalidad total de la primera ola de la pandemia se concentró en mayores que estaban en residencias, según ha informado la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) con motivo de la publicación de la ‘Guía práctica de actuación en epidemias de Covid-19 en residencias para personas mayores’.

Este documento pasará a partir de ahora del fondo documental que la Semfyc han elaborado durante este año y que ya suma 10 monografías específicas. En el mismo, se analiza cómo las personas de edad avanzada presentan ciertas características que hacen que tanto la presentación clínica como el pronóstico de muchas enfermedades difieran con respecto a los de los adultos de mediana edad, de la que proceden prácticamente todos los estudios.

De entre estas particularidades, destaca la relativa inmunosupresión debida a la senescencia del sistema inmunitario o inmunosenescencia, que probablemente sea uno de los determinantes de la presentación clínica larvada y atípica y la alta mortalidad de la Covid-19.

La crisis vivida durante la primera ola fue solo debido a la convivencia de un gran número de personas vulnerables en un mismo ambiente o institución, junto con la presencia de personas sanas (principalmente jóvenes) que trabajan y están potencialmente expuestos a la infección por el SARS-CoV-2 en la comunidad, acabaron convirtiendo las residencias en áreas de alto riesgo de transmisión rápida del virus, siendo además lugares con poca capacidad para el diagnóstico rápido o por presunción.

Para los autores de la guía la existencia de asintomáticos transmisores fue clave. «Tan solo una persona asintomática puede producir una siembra del virus suficiente como para desencadenar un brote con decenas de muertos en una residencia semanas más tarde», han señalado los expertos.

A pesar de lo devastadora que fue la primera ola de la Covid-19 en los mayores que viven en residencias, a diferencia de la población general adulta, la investigación en ancianos o en pacientes inmunodeprimidos afectados por la Covid-19, es mínima (comparada con esta evidencia general).

«Esta puede no ser siempre extrapolable por lo que proponemos un manejo basado en la combinación de la evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas sobre el terreno, que nos han ayudado a confrontar la epidemia con actuaciones sencillas, capaces de cortar brotes epidémicos y reducir la letalidad de los mismos, mediante una metodología de trabajo económica en fondos y recursos humanos, y probablemente altamente costo-efectiva», han detallado.

La guía comprende un paquete básico de conocimientos, actuaciones clínicas concretas (diagnóstico, tratamiento, reducción de secuelas) para intentar reducir la mortalidad y cortar los brotes epidémicos en las residencias de adultos mayores.

Se presentan también medidas y actuaciones básicas desde el punto de vista de la salud pública (prevención, formación, flujo de pacientes, control de la infección, monitorización, reporte y registro) durante los brotes pero también la preparación y el manejo posterior a los mismos.

La guía señala, además, cómo las personas de edad avanzada presentan ciertas características que hacen que tanto la presentación clínica como el pronóstico de muchas enfermedades difieran con respecto a los de los adultos de mediana edad. De entre estas particularidades, destaca la inmunosenescencia, que probablemente sea uno de los determinantes de la presentación clínica atípica y la alta mortalidad de la Covid-19.

Las guías tienen la intención de ir más allá de un documento académico, es decir unas guías con un sólido respaldo científico pero con una vocación de ser principalmente prácticas basadas en las evidencias pero también en experiencias y forma de trabajar que fueron exitosas en la primera oleada. Se busca que puedan hacer más efectivo el trabajo de aquellos médicos y enfermeras que vayan a apoyar en los futuros brotes de Covid-19 en residencias.

Dos juzgados de Alicante han obligado por primera vez en la Comunitat Valenciana a vacunar frente a la Covid-19 a dos ancianos incapacitados pese a la oposición de familiares y cuidadores.

Una de los procesos se inició tras solicitarlo la Fiscalía mientras que el segundo surgió de la propia residencia en la que estaba el anciano. Los dos mayores se encuentran incapacitados y los familiares se oponían a que se les vacunara frente al coronavirus.

Sin embargo, los dos juzgados que se han encargado de los procedimientos han ordenado que se inyecte la vacuna a ambos ancianos al prevalecer la salud frente a lo requerido por los familiares.

Estas resoluciones siguen las mismas pautas que la dictada por un juzgado de Santiago de Compostela, la primera de España sobre este asunto, y en la que ya se ordenó inmunizar a una mujer, tras el informe forense favorable, a pesar de la oposición de su hija.

Por su parte, en la provincia de Castellón también hay abiertas tres diligencias preprocesales en relación con esta negativa de vacunación a ancianos y se está pendiente de la resolución.

En la provincia de Valencia no se ha iniciado por ahora ningún procedimiento puesto que desde Fiscalía están a la espera de recibir diferente documentación de residentes y familiares para valorar los hechos y la manera de proceder, según ha indicado la coordinadora de la sección Civil de Valencia, Ana Lanuza.

SITUACIÓN «PREOCUPANTE»

La fiscal ha calificado de «preocupante» la situación de las residencias frente a la Covid ya que en la actualidad «hay más fallecidos que en la primera ola», ha lamentado Lanuza, que ha detallado que hasta julio contabilizaron 565 residentes fallecidos y de septiembre hasta la actualidad ya suman 695.

De hecho, en los últimos 15 días, los fallecidos residentes han sido 230. «Esto es incontrolable. Han fallado todas las medidas de contingencias y ya no hay quien pare todo esto. Los protocolos no están funcionando bien», ha lamentado.

Este panorama obligará a Fiscalía a abrir nuevas diligencias de investigación preprocesales para llevar un control de las residencias. Desde el ministerio público están actualizando datos y las últimas cifras que tienen son 10 diligencias, ocho en la provincia de Valencia y dos en la Alicante. En la primera ola se llegaron a abrir 23 diligencias y todas ellas fueron archivadas menos la de Alcoi.

Actualmente, según los últimos datos de la Conselleria de Sanidad, hay casos de Covid en 190 centros de mayores –16 en Castellón, 60 en Alicante y 114 en Valencia–.

Entre los 8.423 últimos infectados en la Comunitat hay 278 residentes y 57 trabajadores. Y bajo vigilancia activa de control sanitario siguen 61 residencias de la Comunitat: cinco en la provincia de Castellón, 24 en Alicante y 32 en Valencia.

Entre el 29 de junio de 2005, fecha de la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y el 30 de junio de 2020 se han recibido en los juzgados de violencia contra la mujer 1.896.328 denuncias, según los datos que este martes ha hecho públicos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Dejando de lado 2020, muy condicionado por la crisis sanitaria del covid19, el número más bajo de denuncias presentadas fue en 2013 con 124.894. A partir de ese ejercicio, indican los expertos, fueron aumentando hasta las 168.057 de 2019.

Por comunidad autónoma, el mayor número de denuncias de todo el periodo analizado se dio en Andalucía, con 398.010; seguida de la Comunidad de Madrid, con 294.762; Cataluña, con 262.373; y la Comunidad Valenciana, con 260.011.

Esta información se recoge en un informe realizado por el servicio de Estadística Judicial del CGPJ, con el que se pretende mostrar la aplicación de la Ley de Violencia de Género durante sus quince años de vigencia en cada uno de los tipos de órganos judiciales implicados en la lucha contra esta lacra.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Así, también recoge que, en este periodo, se han acordado 375.892 órdenes de protección y los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) han dictado un total de 704.749 sentencias, con un porcentaje medio de condenas del 72,7%.

En concreto, indica que los juzgados de instrucción y los de primera instancia acordaron medidas (con o sin orden de protección) en el 56,9% del total de 207.497 asuntos de violencia contra la mujer que recibieron cuando estaban de guardia. Además, el 43% de esas medidas se acordaron en el marco de una orden de protección.

El CGPJ señala que no acordó ningún tipo de medida en otro 43,1% de asuntos, un dato que, según apunta, no significa necesariamente «que la mujer haya quedado desprotegida». «Las medidas pueden adoptarse también sin orden de protección», ha indicado.

El estudio recoge que el porcentaje de órdenes de protección acordadas por los juzgados en funciones de guardia en relación con el número de solicitadas alcanzó su nivel mínimo en 2013, al situarse en el 69,3%. A partir de ese año, indica el informe, las órdenes de protección acordadas aumentaron de forma progresiva hasta alcanzar, en el primer semestre de 2020, el 78,2% de las solicitadas.

ALEJAMIENTO Y PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN, LAS MÁS HABITUALES

Por su parte, los juzgados de violencia sobre la mujer puros adoptaron el 62,9% de las órdenes de protección incoadas y el porcentaje aumenta hasta el 72% en los juzgados mixtos, una tendencia que, según el CGPJ, se ha mantenido constante en todo el periodo analizado.

Las medidas penales que más se han adoptado dentro del marco de la orden de protección han sido el alejamiento y la prohibición de comunicación. En general, las medidas se han adoptado, en más de un 90 % de los casos, a petición de la víctima, con la excepción de la privación de libertad, que se ha acordado a instancia de la víctima en el 63,9% de los casos y a instancia del fiscal en el 33,4%.

En cuanto a las medidas de naturaleza civil, las más frecuentes han sido la atribución de vivienda y la prestación de alimentos, concedidas en el 94% de los casos a petición de la víctima.

Respecto al origen de las denuncias, el estudio indica que el 80,3% se recibieron en los juzgados por atestado policial, incluyendo este porcentaje las presentadas por la propia víctima, por familiares o por intervención directa de la policía.

UNA LACRA QUE AFECTA MÁS A LAS EXTRANJERAS

Las denuncias presentadas directamente por víctima o familiares ante el juzgado alcanzaron su máximo nivel en 2007 (11,6 %) y, desde 2014, experimentaron un descenso hasta llegar al 2,9% de 2019 o al 2,4% del primer semestre de 2020.

Si se tiene en cuenta el número de denuncias por cada 10.000 mujeresmayores de edad (medidas con las cifras oficiales de españolas y extranjeras empadronadas), la media global del periodo es de 48,6 víctimas españolas por cada 10.000 mujeres españolas y de 223,1 extranjeras por cada 10.000 de otras nacionalidades diferentes a la española.

El dato, que en este caso se empezó a desglosar en 2011, indica que la violencia de género es más grave entre las mujeres extranjeras, aunque el CGPJ cree que esto debe matizarse, teniendo en cuenta que entre las denunciantes puede haber mujeres no empadronadas.

CONDENADO UN 53% DE LOS ENJUICIADOS

Finalmente, el estudio hace referencia a las condenas por violencia de género según el tipo de órgano judicial. Así, ha indicado que el porcentaje medio de condenas de todo el periodo es superior en órganos no especializados en esta materia (53,5 %) que en los que sí lo están (52,4 %).

El número de personas enjuiciadas por los juzgados de lo penal ha sido de 424.875, de las que el 96,7% eran varones, y fueron condenadas un total de 224.820 personas, lo que representa el 52,9% de las enjuiciadas. Entre los condenados, 219.891 eran hombres, siendo 152.963 españoles y 66.928, extranjeros.

Por su parte, el número de mujeres condenadas ascendió a 4.929, de las que 3.316 eran españolas y 1.613, extranjeras. Del mismo modo, los juzgados de lo penal absolvieron a 200.055 personas, 191.094 de las cuales eran hombres y 8.961, mujeres.

La Audiencia Nacional ha asumido la investigación abierta contra la organización dedicada a la importación desde Malasia de productos químicos con capacidad vigorizante sexual que se vendían en España, asegurando que eran naturales y ocultando su verdadero componente.

El hasta ahora juez de instrucción de la Audiencia Nacional José de la Mata, con el informe favorable de la Fiscalía, aceptó el pasado mes de octubre la inhibición del Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante, que inició la investigación. Asume la competencia al entender que la venta ilegal de este producto afectó a gran parte del territorio nacional.

En un auto con fecha del pasado 15 de enero, el sustituto de De la Mata –quien ahora ejerce como representante español en Eurojust– en el Juzgado Central de Instrucción número 5, el juez Santiago Pedraz, ha acordado practicar una serie de diligencias para indagar en la «distribución, tráfico y posesión ilícita de medicamentos, con el fin primordial de realizar un tráfico paralelo al del mercado legal del medicamento con afectación del sector sanitario y de la salud pública.

En febrero de 2020, la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria llevaron a cabo una operación por la que fueron detenidas un total de 47 personas, todas de nacionalidad española excepto un ciudadano portugués, en 15 provincias españolas.

INVESTIGACIÓN INICIADA POR UNA DENUNCIA ANÓNIMA

La investigación se había iniciado un año antes a raíz de una denuncia anónima, a partir de la cual se comenzaron a seguir distintos envíos aduaneros procedentes de Malasia que pudiesen contener principios activos de medicamentos sin ser declarados como tales.

Fuentes cercanas al caso han confirmado que el abogado que ejerce la acusación es el penalista Juan Gonzalo Ospina, del despacho madrileño Ospina Abogados.

Según explica el juez Pedraz, se investiga «la introducción en España de sustancias medicamentosas o farmacéuticas, en concreto, sidelnafilo y/o tadafilo, procedente de Malasia» sin que conste en la composición del producto comercializado «con el consiguiente riesgo para la salud del consumidor final».

El magistrado apunta que estos productos se presentaban como estimulantes sexuales, ocultando su verdadera composición y dando información engañosa sobre su supuesto origen natural y su seguridad. Además, no habían obtenido las autorizaciones correspondientes de las autoridades sanitarias para su importación y comercialización.

Para llevar a cabo este engaño, una vez que los productos se recibían en España, la organización, dividida en dos ramas –una radicada en Alicante y la otra en Madrid–, se encargaba de etiquetarlos y camuflarlos en compuestos totalmente naturales.

LA RAMA MADRILEÑA

La rama de Madrid, indica el magistrado, estaría encabezada por José Luis Fernández Sevilla, que contaría con dos personas «de su total confianza», Antonio Witt Sousa y Rafael López Ascaso, tanto para la constitución de cuatro mercantiles para llevar a cabo la comercialización de los productos como en la recogida de envíos procedentes de Malasia. Estos tres investigados constituirían la dirección del entramado de la capital.

En un segundo escalón estarían los receptores de paquetería, quienes posteriormente los entregarían a uno de los tres investigados antes mencionados. Entre los receptores de los paquetes procedentes de Malasia se encuentran el hermano y los hijos de López Ascaso.

Su función era la recogida de la mercancía a introducir en España y la emisión de cartas dirigidas bien a las empresas de transporte o bien a la Inspección de Sanidad Exterior acerca de la naturaleza de los productos, contenidos en los paquetes en cuestión, aludiéndose, de forma reiterada a muestras o productos de herbolario sin valor comercial, no sujetas a controles farmacéuticos o sanitarios.

LA RAMA DE ALICANTE

En cuanto a la rama de Alicante, estaba dirigida por Ángel Diez Gamboa, quien proporcionaba sus instrucciones desde Dubai (Emiratos Árabes), donde se ocultaba de la Justicia, y desde donde fue detenido y posteriormente extraditado.

El juez explica en su resolución que este investigado y el líder de la rama de Madrid inicialmente eran socios pero que, por razones que se desconocen, se separaron y Fernández Sevilla decidió hacerle la competencia al que había sido su compañero de negocio. Para obtener más detalles sobre ello, el magistrado solicita a los investigadores que se indague y se informe sobre la «conexión original» de ambas ramas.

Las instrucciones y órdenes que daba Diez Gamboa sobre la comercialización de las sustancias en cuestión eran recibidas y cumplidas por Antonio Marquerie Tamayo, administrador de dos empresas: una de ellas destinataria de múltiples envíos y la otra, servía de nave para desarrollar la «manipulación del producto para su posterior remisión correspondiente en los correspondientes pedidos».

Para dar apariencia de licitud, Marquerie Tamayo había contratado a comerciales, personal de administración y contabilidad y para manipulación de las sustancias y limpieza. También se relacionan como receptores de paquetes en esta rama la hermana y sobrino de Diez Gamboa.

La distribución de la sustancia se realizaba, bien directamente, o bien a través de terceros, unos conociendo la naturaleza del producto y otros ignorándola, continuando la venta en una amplia red de establecimientos tipo herbolarios, sex shops, gimnasios, por páginas web o venta telefónica.

NUEVAS DILIGENCIAS

Con todo ello, el juez Pedraz, que informa de que la declaración de los investigados en la Audiencia Nacional se deja para más adelante, acuerda la práctica de nuevas las diligencias de investigación solicitadas por la Fiscalía.

Así, además de indagar en la conexión entre las dos ramas de la organización, requiere a la Agencia Española del Medicamento que concluya el informe pericial sobre los productos intervenidos que ya le ordenó el Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante.

También pide a los investigadores la elaboración de un informe sobre algunos de los particulares que distribuyeron las sustancias y otro sobre las empresas de cartonaje utilizadas por la organización, con reportaje fotográfico elaborado sobre los cartonajes ya destruidos e identificación y declaración de sus responsables.

El jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Tomàs Pumarola, ha concretado que la variante británica del coronavirus (B117) es entre un 30 y un 50% más transmisible que cualquier variante anterior, aunque ha matizado que «depende mucho» de cada país, de cómo miden el impacto de la pandemia y de cómo recogen las cifras epidemiológicas

«Estas variantes no solo tienen una mayor transmisibilidad, probablemente también tienen una mayor eficacia biológica», ha precisado Pumarola este martes en declaraciones sobre una variante que está desplazando al resto en Reino Unido, en sus palabras.

Pumarola ha argumentado que la probable expansión de la variante británica en España, dada la situación de otros países en Europa, se traducirá en un «mayor número de casos» al tener una mayor capacidad de transmisión.

Sin embargo, Pumarola ha reivindicado que se puede controlar la diseminación de la variante si se acompaña su introducción en el país con unas «buenas medidas de prevención» y distanciamiento social, las mismas que se han impulsado para la gestión de variantes anteriores.

Sobre el endurecimiento de las restricciones ante la llegada de la nueva cepa, Pumarola ha destacado que los parámetros más importantes para tomar decisiones de este tipo son la saturación del sistema sanitario y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) más allá de la circulación de nuevas variantes.

AGRESIVIDAD

Al ser preguntado por si las variantes del Covid-19 son más agresivas, Pumarola ha dicho que con la británica se puede descartar con «una cierta seguridad», aunque ha matizado que los estudios siguen en curso y ha detallado que de las variantes africana y brasileña todavía no hay cifras.

«Si yo me infecto con una de estas variantes tengo las mismas probabilidades de tener un cuadro grave que con las variantes anteriores, lo cual es tranquilizador porque la mayoría de la población tiene cuadros leves e incluso asintomáticos», ha añadido.

SECUENCIACIÓN

Pumarola ha destacado la capacidad «importante» de secuenciación en Catalunya para secuencias genómicas del virus que están acabando de definir con un grupo formado por cuatro centros hospitalarios a los que puede que se les unan otros institutos catalanes.

En concreto, estos centros son: el Hospital Vall d’Hebron, el Hospital Clínic, el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y el Hospital de Bellvitge de L’Hospitalet de Llobreagat (Barcelona).

Al ser preguntado por si se tendrá una capacidad de secuenciación suficiente para la identificación de nuevas variables del virus, Pumarola ha defendido que sí: «No tendremos ningún problema».

Sin embargo, ha matizado que, aunque hacer esfuerzos en la secuenciación «está muy bien», no es fácil interpretar lo que se extrae de las secuencias.

VACUNA

Pumarola ha explicado que de momento parece que la eficacia de la vacuna contra el Covid-19 no se ve afectada por la variante inglesa pero ha subrayado que estas cifras son preliminares, así como de las otras dos variantes de las que no se dispone de «cifras fidedignas todavía para afirmar lo mismo».

Así, ha abogado por seguir con la vigilancia y ver cómo evoluciona el virus para que, si se empiezan a registrar casos positivos entre personas vacunadas, se puedan tomar decisiones en salud pública e industria para modificar las vacunas: «Este es un proceso extraordinariamente dinámico entre el virus y nosotros.

MÁS VARIANTES

Sobre la aparición de más variantes en el futuro, Pumarola ha argumentado que a medida que el virus empiece a tener situaciones ambientales adversas –como la respuesta inmunitaria por infección o vacunación– el virus «irá cambiando».

Ha reiterado que se debe estar «muy tensionado y hacer una vigilancia muy cercana» para que, en el momento en el que se intuya que habrá un problema, se pueda actuar de forma rápida.

Sobre las variantes africana y brasileña, Pumarola ha lamentado que de momento disponen de pocas cifras pero tampoco ha descartado una posible diseminación: «Ahora hablamos de la británica pero de aquí un mes hablaremos de otra variante».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este martes contra el «lamentable» papel del Gobierno de España y el presidente, Pedro Sánchez, en la pandemia. «Solo aparece para hacer propaganda y todo le da igual. Ni siente, ni padece, lo que está pasando en este país», ha espetado.

En su intervención en la firma del convenio para que farmacias y clínicas odontológicos puedan hacer test de antígenos, en la Real Casa de Correos, la dirigente madrileña ha manifestado su «más absoluta decepción y hartazgo» con el Ejecutivo central.

Ayuso ha criticado que sea ahora, y no a 1 de diciembre, cuando estos test se puedan realizar en estos establecimientos. «Me gustaría saber cuántas familias madrileñas podrían haber evitado contagiar a los suyos en las cenas de Navidad y en las reuniones durante estas semanas anteriores. Cuántas personas podrían estar hoy sanas y se han visto infectados porque no han tenido la facilidad de bajar a la farmacia de su calle a hacerse un test que nosotros ofrecíamos», ha apuntado.

Asimismo, ha censurado que criticasen las mascarillas FFP2, que distribuyó gratuitamente la Comunidad de Madrid, cuando «ahora resulta que son las mejores». En este punto, se ha preguntado «por qué las atacaron» mientras ellos intentaban decirle a los ciudadanos que era la mejor manera de protegerse y que se tenían que acostumbrar a ellas.

Además, la jefa del Ejecutivo autonómico ha señalado los casos que se podrían haber evitado «si se hubieran extremado los protocolos en el aeropuerto de Barajas, foco como siempre del origen en contagios en Madrid, como ha ocurrido en las tres horas». Ayuso ha hecho hincapié en que llevan desde el mes de mayo pidiendo el control del aeropuerto. «La cepa británica nos ha cambiado el paso y estamos ahora mismo en esta situación precisamente por esa falta de control», ha recalcado.

SE PREGUNTA POR SU CUARENTENA PREVENTIVA

«¿Qué hace el presidente del Gobierno en Cataluña mientras nos manda a los suyos a manifestarse a un hospital público (el Isabel Zendal) con centeneras de enfermos dentro?», ha cuestionado, al tiempo que ha criticado que no haya tenido «el cuajo» ni siquiera de visitarlo.

La dirigente autonómica también ha deslizado que hay que «estar de campaña» pero también «hacer cuarentenas preventivas también». «Si el jefe de Gabinete (Ivan Redondo) está contagiado, a lo mejor hay que hacer lo que hacemos los demás: cuidarnos y proteger a los que nos rodean y no estar solamente de campaña», ha lanzado.

Asimismo, ha recordado que cerraron la Comunidad con una incidencia acumulada de 500 mientras que ahora no lo hacen con otras autonomías, que están en un «momento peor» «¿A qué está esperando a tomar medidas más difíciles? ¿A que se vaya su candidato o a que acaben las elecciones en Cataluña», ha declarado.

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha defendido este martes que el Gobierno estatal debe ser «coherente» y permitir a la Comunidad adelantar el toque de queda -actualmente fijado a las 22.00 horas en las cuatro islas- o aplicar confinamientos domiciliario «si esto fuera necesario en algún momento o territorio».

Así se ha expresado Armengol durante su comparecencia ante el Parlament para exponer la situación de la pandemia en Baleares. La presidenta ha asegurado que insistirán en «pedir al Gobierno de España que sea coherente, y, si ha dejado en manos autonómicas la gestión de la pandemia», que proporcione a las CCAA «todas las herramientas necesarias para frenar el virus».

Según la líder socialista, «tener todas las herramientas» también implica que el Gobierno proporcione «recursos extraordinarios» a las Comunidades. Así, ha reivindicado que el Estado «pague ayudas directas a los sectores afectados» o dé «fondos suficientes» para permitir «cerrar lo que haga falta sin que eso signifique el fin de empresarios, autónomos y trabajadores».

En esta misma línea, la presidenta del Govern ha pedido también que el Gobierno aplace, elimine o bonifique tributos o cargas fiscales «que ahora mismo no pueden afrontar los negocios» cerrados, y que suspenda el pago de alquileres de comercios que tengan que cerrar.

CRÍTICA A OTRAS CCAA

Durante su discurso, la presidenta balear ha criticado a «las Comunidades que todavía hoy, con la incidencia disparada y los hospitales al límite de su capacidad, siguen sin cerrar la hostelería o sin limitar la actividad social». «Comunidades que tienen cuatro veces más muertos por cada 100.000 habitantes que estas islas», ha dicho la presidenta, sin mencionar ningún territorio en concreto.

Además, Armengol ha apuntado que en diciembre detectaron un cambio de tendencia en los contagios en Baleares. Entonces la incidencia a 14 días en Mallorca superaba los 250 casos por cada 100.000 habitantes; en enero ha superado los 704 casos.

Por ello se aprobaron duras restricciones adicionales en la Comunidad a finales de año. «Otros optaron por salvar la Navidad. Aquí optamos por salvar vidas», ha aseverado.

Armengol ha reconocido que «quizá se podría haber hecho mejor» pero en cualquier caso Baleares ha seguido la estrategia europea. De hecho, ha remarcado que «el descenso acusado de nuevos contagios en Mallorca demuestra una vez más que la máxima contundencia y el compromiso de todos frenan la pandemia».

«No dejaré nunca de tomar las decisiones que sean necesarias para proteger la salud de nuestros ciudadanos», ha indicado Armengol. Cabe recordar que su figura ha sido objeto de multitudinarias protestas en las últimas semanas por parte de profesionales de la hostelería, debido a estas medidas, «de las más restrictivas del Estado» según la propia presidenta, pero «imprescindibles».

DEFIENDE QUE HAN MOVILIZADO RECURSOS PARA AYUDAS

Armengol ha defendido que el Govern -junto a otras instituciones de las Islas- ha movilizado recursos para ayudar a los sectores afectados, destacando, por ejemplo, las ayudas de 1.500 euros para la restauración.

Según la presidenta de Baleares, desde marzo se han desplegado en las Islas recursos públicos capaces de movilizar hacia el sector privado 7.718 millones de euros. También ha informado de que la protección de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han supuesto 1.740 millones de euros públicos en los bolsillos de los asalariados de Baleares, y que con las ayudas a fijos discontinuos llegarán 450 millones más.

A esto ha sumado 229 millones de euros habilitados en ayudas directas y ahorros de tasas y tributos municipales, con un impacto directo sobre 230.000 personas.

Asimismo, Armengol también ha destacado que fue con recursos propios con los que Baleares implantó controles a los viajeros nacionales. Se han realizado pruebas a 56.000 pasajeros en un mes y se han detectado 147 positivos en el aeropuerto, más otros 106 positivos detectados en origen que no llegaron a viajar.

Para continuar combatiendo el virus, Armengol ha abogado por aumentar las pruebas en las zonas con «brotes peligrosos», mejorar la detección con «más rastreos» y reforzar la sanidad y los aislamientos de los contagiados, asegurando que ya están trabajando en estos frentes.

A lo largo de su discurso, Armengol, que ha comenzado su intervención recordando a los 563 fallecidos en Baleares con COVID-19, ha vuelto a lanzar múltiples llamamientos a la unidad e invitaciones a los grupos que todavía no han firmado el pacto de reactivación -PP, Vox y MÉS per Menorca-.

Un estudio internacional en el que han participado investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV) señala que los políticos europeos no lograron explicar en Twitter las medidas antiCovid al inicio de la pandemia.

El trabajo analiza los contenidos de las cuentas de Twitter de diferentes líderes políticos europeos durante los primeros cuarenta días de la crisis causada por el coronavirus. El uso que se dio a este canal de comunicación resultó, según constatan los especialistas, «ineficiente para promover medidas como la limpieza de manos o la distancia social». La investigación apunta también que estas figuras políticas «no supieron aprovechar las redes sociales y sus millones de seguidores para promover su liderazgo entre la población».

El estudio, publicado en la revista Profesional de la Información, muestra que figuras de la política europea como Pedro Sánchez, Conte, Macron o Johnson, no lograron aprovechar su posición de influencia para difundir mensajes que llegaran realmente a la población y los animaran a cumplir las normas establecidas para evitar contagios. Según los autores, estos políticos perdieron la oportunidad de «mostrarse utilizando mascarilla, respetando la distancia social o proponer medidas de higiene».

El investigador de la Universitat de València, Sebastián Sánchez, destaca: «La política comunicativa europea durante los dramáticos primeros cuarenta días de la pandemia obligaba a un discurso claro, contundente y coordinado de los responsables políticos. Pero esto no ocurrió. El flujo comunicativo en Twitter de los líderes europeos, responsables de los países más afectados, resultó ser individualista e ineficaz ante el desafío sanitario. Estos líderes desaprovecharon la oportunidad para ‘predicar con el ejemplo’, que es un componente fundamental del auténtico liderazgo».

Por su parte, Esteban Galán, investigador del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte en el campus de Gandia de la UPV, asegura que «la novedad de esta investigación radica en que el análisis se centra fundamentalmente en el estudio de la imagen que los líderes proyectaron a través de las fotografías y los vídeos que publicaron en sus cuentas personales durante las primeras semanas de la pandemia.

El carácter internacional de la investigación ha facilitado que haya tenido una amplia cobertura en Reino Unido y ha permitido encontrar patrones que se repiten entre los principales líderes de los países europeos más afectados por la primera ola de la pandemia. «Los resultados de este estudio están siendo de gran utilidad para continuar esta línea de investigación con un segundo trabajo en el que se analizará el papel que los medios públicos de Italia, Francia, España y Reino Unido han jugado en la construcción del relato sobre la pandemia», añade Galán.

VÍDEOS «DEMASIADO LARGOS» DE SÁNCHEZ

Los resultados de la investigación muestran que líderes europeos analizados apenas mostraron aspectos del confinamiento en su vida cotidiana. Además, destacan aspectos como que la longitud de los vídeos del presidente español era «excesiva» y no permitía a sus seguidores entender fácilmente los temas más importantes. Mientras tanto, Emmanuel Macron o Boris Johnson no aparecieron en ninguna publicación llevando mascarilla.

En este artículo, en el que participa también Lindsey Drylie Carey, de la Universidad Glasgow Caledonian, se muestran datos de la difusión, los temas, la presencia de recomendaciones de la OMS o la puesta en escena en las publicaciones de los presidentes Boris Johnson, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y Giuseppe Conte.

Por otro lado, también se analiza el caso de Tedros Adhanom, presidente de la Organización Mundial de la Salud, que según los autores mostró en ocasiones «un comportamiento más propio de un influencer de Instagram que del director de una organización global de salud en una de las peores crisis sanitarias en décadas», por sus publicaciones citando celebridades y participando en discusiones con otras figuras políticas.

Los autores son conscientes de la importancia que tiene para estas figuras dar una imagen de autoridad y liderazgo, y que la comunicación multidireccional que ofrecen las redes sociales puede ser esencial para ganarse la confianza de la ciudadanía. A pesar de ello, señalan, «las estrategias de comunicación utilizadas sólo consisten en reproducir mensajes e imágenes institucionales, que apenas logran establecer una comunicación eficiente con los ciudadanos».