El Tribunal Supremo ha desestimado las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación Española de Abogados Cristianos para anular la limitación de aforo a diez personas en las celebraciones religiosas de los municipios cántabros confinados por el aumento de casos de coronavirus: Laredo, Colindres, Polanco y Santa María de Cayón.

Así lo establece la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del TS en un auto, dictado este jueves, en el que no aprecia las razones de urgencia alegadas por la organización de juristas y con el que acuerda no obstante abrir una pieza separada para tramitar la petición como medidas cautelares.

Abogados Cristianos pidió al Alto Tribunal la adopción de medidas cautelarísimas contra el decreto del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, como lugares de culto, en los cuatro ayuntamientos confinados -desde el pasado 28 de enero y en principio hasta el próximo 11 de febrero-, interesando la suspensión del mismo.

La agrupación argumentaba en su petición que se estaban vulnerando derechos fundamentales por lo que, de no estimarse la medida interesada, «se permitiría que la administración demandada -el Ejecutivo autonómico- vulnerase derechos fundamentales sin consecuencia ninguna».

Tras recordar la sala su criterio jurisprudencial «claro y constante» para la adopción de medidas cautelarísimas, basado en la «urgencia inaplazable», apunta que la parte actora debe acreditar ese extremo, al ser «la única circunstancia que puede justificar la adopción de una medida cautelar sin oír siquiera a la otra parte», la administración en este caso.

Sin embargo, la recurrente, al margen de una «mención genérica» del derecho a la tutela cautelar, aduce como «único argumento justificativo de la especial urgencia que los católicos tienen el deber de asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar», y entiende que en este sentido se produce un «daño irreparable» para los derechos fundamentales de los fieles en los municipios cántabros confinados, añadiendo que la medida cautelarísima solicitada no causaría «grave perjuicio al interés general».

La sala del Supremo recuerda que recientemente abordó una solicitud similar de la propia Asociación Española de Abogados Cristianos, por un recurso a una disposición autonómica de Castilla y León que también establecía una «drástica» limitación del número máximo de personas que pueden estar presentes en los templos. Denegó la medida al no acreditarse la urgencia, que tampoco ha quedado «acreditada» ahora, con la petición relativa a Cantabria.

«La mera invocación del deber de asistencia a misa que tienen los católicos dista deser suficiente en una situación como la actual de gravísima crisis sanitaria», señala el Alto Tribunal que, sin entrar a valorar el fondo del asunto, apunta que la resolución de la administración regional no implica el cierre de los templos ni la suspensión de las ceremonias religiosas, que pueden seguir celebrándose al continuar abiertas las iglesias.

«Lo único que se prohíbe es la presencia de más de diez personas simultáneamente en un espacio cerrado, incluidos los templos», remarca el auto, que rechaza la medida cautelarísima solicitada por Abogados Cristianos al no acreditarse la urgencia aunque acuerda abrir una pieza ordinaria de medidas cautelares.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado que en el caso de la agresión con ácido a dos mujeres en Cártama (Málaga), ocurrida el pasado mes de enero y por el que está investigado el exnovio de una de ellas, se ha dado una atención integral, procurando asistencia de distinto tipo también a las familias.

Así lo ha explicado Ruiz este jueves en la comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento andaluz contestando a una pregunta de la parlamentaria de Cs Teresa Pardo sobre hasta dónde llega la atención dada a las familias de las víctimas. A nivel general, la consejera se ha referido a que en la asistencia ante la violencia machista «nos vamos a volcar aún más si cabe».

Ruiz ha indicado que la Junta ha avanzado a nivel de los recursos y con un protocolo para dar «una respuesta unificada, muy coordinada» de todas las administraciones «para atender y garantizar el respeto a las víctimas pero también a las familias», apuntando que «se protocolizan todas las acciones y coordina además el traslado de información porque los medios tienen que colaborar a esa cultura del rechazo sin caer en detalles no necesarios».

Ha expresado que en todos los casos de violencia de género tras comunicarse el caso, se verifica la información, se comunica el hecho a los medios y se convoca un acto de repulsa, apuntando que en este caso concreto de Cártama se estableció la coordinación entre los hospitales de Sevilla y Málaga, donde se encuentran ingresadas las víctimas, y se comunicó con los servicios sociales de la localidad para ponerlos a disposición de los familiares.

Asimismo, ha indicado que se ha realizado un dispositivo «de ayuda psicológica inmediata a todos los familiares», punto en el que ha apuntado que se han incluido «innovaciones» a nivel general en el protocolo en este sentido, porque se ha extendido esta ayuda a todo el entorno educativo cuando son hijos y al entorno laboral.

Además, ha dicho que en este caso «no solo se ha procurado esa asistencia a la familia de estas víctimas sino también recursos sociales, asistenciales, habitacionales, se han tenido que trasladar», incidiendo en que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) «somos intermediarios de todos los recursos de las administraciones y seguimos atendiendo psicológicamente a la familia».

«Esta es nuestra filosofía y así es cómo cuidamos realmente de unas personas que han sufrido esta barbarie», ha manifestado, insistiendo en que hay que manifestar «siempre nuestro rechazo más absoluto y seguir estando al lado de las víctimas como en este caso». «No valen medias tintas ni titubeos, rechazo contundente y todos los servicios a disposición de las víctimas y sus familiares», ha dicho.

Pardo, por su parte, ha indicado que lo sucedido en Cártama es un acto de «violencia machista en estado máximo» y ha instado a llevar a cabo en la violencia machista una asistencia integral que aborde también la ayuda a las familias de las víctimas. «Alguien se ha parado a pensar cómo madre o hermana puede intentar asumir ese mazazo», ha expresado la parlamentaria.

Cáritas Diocesana de Canarias ha denunciado que el Gobierno de España está tomando decisiones que no tienen en cuenta los derechos de los migrantes que han llegado en los últimos meses a las islas de manera irregular a bordo de pateras o cayucos.

En un comunicado hecho público este jueves, ha señalado que, por ejemplo, los menores no acompañados que residen en centros de acogida «se quedan en una situación de desamparo» cuando cumplen la mayoría de edad, lo que les aboca a quedarse en la calle «sin recursos, comida ni acceso a la atención sanitaria».

«Y lo mismo sucede con las personas migrantes que salen de los hoteles y apartamentos destinados a la acogida humanitaria, que quedan en una situación similar», señaló la organización católica.

Para Cáritas, es «preocupante» de los migrantes afirmen no haber recibido información en un idioma que comprendan, ni orientación, ni asesoramiento sobre su situación administrativa en España, lo cual deja en desamparo a aquellas situaciones de especial vulnerabilidad y más necesitadas de protección.

DICE QUE LOS MIGRANTES SON «AGREDIDOS E INSULTADOS» EN LA CALLE

«Es más –aseveró el comunicado–, muchos vienen con moratones y contusiones afirmando haber sido agredidos, insultados y vejados en la vía pública por su condición de migrantes».

Esta situación ha hecho que aumenten los migrantes que acuden a los comedores y servicios de Cáritas en la Avenida de Escaleritas de Las Palmas de Gran Canaria y en San Fernando de Maspalomas (al sur de la isla), y que sigue creciendo cada día hasta el punto de «sobrepasar» la capacidad de sus cocinas para elaborar los menús.

Sólo en el mes de enero, el número de personas que se han acercado a los comedores se ha incrementado en un 72%. «Las personas migrantes llegan a los comedores con un folio donde se les indica la dirección y horarios de los servicios de comedor, duchas y lavandería de Cáritas Diocesana de Canarias en la isla», apuntó la entidad.

PIDE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS A LA PENÍNSULA

Ante todo esto, Cáritas ha pedido al Gobierno de Espala que restablezca, a la mayor brevedad posible, la libre circulación de las personas migrantes a la Península y al resto de la Unión Europea para que puedan reunirse con sus familias y continuar su ruta.

También ha solicitado un que los programas de acogida humanitaria desarrollen un acompañamiento integral de las personas migrantes, dotándoles de los medios necesarios para poder resolver la situación en la que se encuentran; y que se garanticen los fondos económicos suficientes y estables para la Cooperación al Desarrollo en los países de origen.

RECLAMA A CANARIAS LUCHAR CONTRA LA XENOFOBIA

Mientras, al Gobierno de Canarias, los cabildos y ayuntamientos de las islas, Cárita ha reclamado la puesta en marcha de programas específicos y adecuados para luchar contra la xenofobia, el racismo y los discursos de odio.

Por último, la organización católica quiso recordar a los canarios que no se trata solo de migrantes. «También se trata de nuestros miedos, y esto se nota particularmente hoy día frente a la llegada de migrantes y refugiados que llaman a nuestra puerta en busca de protección, seguridad y un futuro mejor», apuntó.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha solicitado este jueves al Gobierno de España que autorice a la Comunidad de Madrid que sus ciudadanos puedan hacerse test sobre el Covid de forma libre en farmacias y que también puedan comprar autodiagnósticos para hacérselos en casas «con todas las garantías».

Durante la visita este mediodía a una residencia de ancianos, Aguado ha dicho que no entiende cómo se impide que cualquier persona pueda ir a una farmacia a hacerse un test Covid cuando quiera, y no solo cuando se lo indique la autoridad sanitaria.

«Para luchar contra esta pandemia hay tres vías: restricciones, test y vacunas. La que menos nos gusta son las restricciones, queremos más vacunas y test y así levantar lo antes posible las restricciones. Hacer test de forma ágil y periódico. Por eso pedimos al Gobierno central que regule y valide que se empiecen a realizar también test de autodiagnósticos, que en pocas semanas se hagan test en sus propias casas con todas las garantías. Creo que esto es la solución», ha esgrimido.

El líder regional de Ciudadanos ha reiterado que «no le gustan las restricciones» porque afectan a derechos fundamentales y por eso quieren levantarlas «cuanto antes». Ahora asegura que hay cierta estabilización de la curva de contagios y por eso Salud Pública les ha dado el visto bueno para alguna medida de relajación, como el aumento de 4 a 6 comensales en las terrazas.

«Eso no significa que estamos venciendo al virus. La incidencia sigue siendo altísima, y hay que ir viendo con las autoridades sanitarias, levantando las restricciones en la medida de lo posible. Y ojalá que pronto si la curva va hacia bajo podamos ir levantando otras restricciones», ha apuntado.

LENTO SUMINISTRO DE VACUNAS

Aguado ha criticado que se haya roto el suministro de vacunas en Madrid, «que llevan menos dosis de las prometidas». «Hemos tenido que suspender el suministro de la primera dosis y destinar las que nos van llegando al segundo suministro para las que habían recibido el primera. Esperamos retomar la semana que viene o a partir del 15, pero dependerá del ritmo de llegada de esas bandejas de viales, que no tenemos asegurado que recuperen la normalidad», ha manifestado.

Al vicepresidente le gustaría que la inmunidad se extendiera pronto de las residencias a toda la población, pero las dosis de vacunas «no llegan al ritmo que nos gustaría», por lo que ha pedido al Estado más agilidad y más dosis. «El ritmo es lento. No nos faltan manos, sino dosis. Que se impliquen, que se trasladen a Bruselas y exija más dosis para Madrid y el resto de España. Vacunar también es sinónimo de recuperación económica y poner fin a una pandemia que ha arruinado miles de proyectos vitales y profesionales», ha dicho.

Por otro lado, el dirigente regional ha recordado que a partir de hoy se van a entregar dos mascarillas FPP2 a mayores de 65 años en farmacias de la región. «Ya el año pasado regalamos dos mascarillas a mayores porque la protección es clave. También queremos destinar más recursos a proteger a los mayores», ha sostenido.

Así, Ignacio Aguado ha señalado que en el acuerdo de coalición de Gobierno se recoge aumentar inversiones sin precedentes para cuidar a los mayores, mejoras las instalaciones, revisar los acuerdos marcos con residencias con plazas concertadas, etcétera.

«Si salen adelante en los Presupuestos se dará un empujón definitivo para ello. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para ello, que hayamos aprendido algo de la pandemia, que no podemos olvidarnos de construir entre todos un sistema de residencias que no sea obsoleto, sino adaptado a las nuevas necesidades. Estamos haciendo lo correcto», ha concluido.

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular y exministra de Sanidad, Ana Pastor, ha pedido a Sanidad que los pacientes con cáncer sean prioritarios en la campaña de vacunación frente a la Covid-19 y ha reclamado, en este sentido, una «aproximación personalizada a la situación de cada paciente y a factores como el tipo de tratamiento que estén recibiendo».

Así se ha pronunciado la también vicepresidenta segunda del Congreso durante la presentación de la III Cumbre Española Contra el Cáncer, organizada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). «Es necesario que el ministerio preste especial atención a los pacientes con cáncer en todo lo relativo a las disposiciones destinadas a recibir la vacuna de la Covid», ha aseverado, insistiendo en la idea de una «vacunación personalizada» en función de las circunstancias de cada paciente.

En el mismo sentido se ha manifestado el vicepresidente primero de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), el doctor Armando López Guillermo, quien también ha expresado durante el encuentro que todos los pacientes con cáncer «deben vacunarse de manera prioritaria, con independencia de otros factores de riesgo».

«Ello incluye a todos los enfermos hasta, al menos, cinco años después de presentar la respuesta completa al tumor; a pacientes con linfoma u otros que reciben o han recibido tratamientos linfodepletivos o procedimientos intensivos; así como a enfermos en ensayos clínicos», ha especificado.

Asimismo, también ha resaltado que el momento exacto de la vacunación para asegurar la mayor protección debe decidirse caso a caso, «según la neoplasia, las características de la misma, el tratamiento recibido, el tratamiento posterior, entre otros factores a tener en cuenta».

Además, para el hematólogo también es esencial vacunar al personal sanitario que atiende al paciente oncológico, para minimizar la transmisión en hospitales. «También sería deseable la vacunación prioritaria de los convivientes y cuidadores de los pacientes oncológicos de alto riesgo», ha añadido.

SIN DATOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA VACUNA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS

No obstante, López ha recordado que no existe experiencia específica sobre los efectos de la vacuna en esta población, ya que «ha sido sistemáticamente excluida de los ensayos clínicos». En este sentido, ha explicado que la eficacia vacunal y la duración de la misma podría ser menor en pacientes que estén recibiendo quimioterapia, al igual que en pacientes sometidos a terapias que eliminan los linfocitos B. Por ello, el experto aboga por la realización de un estudio prospectivo de la eficacia y seguridad de la inmunización en esta población.

Sin embargo, el doctor ha mencionado que existe información sobre otras vacunas, como es el caso de la inmunización de la gripe cada año, que arrojan datos esperanzadores. «Con la vacuna de la gripe se ha registrado una menor eficacia, pero se ha demostrado que es muy útil y completamente segura en esta población», ha destacado. Además, ha asegurado que, de manera general, «no se ve motivo de mayor toxicidad en los enfermos».

Por su parte, la vicepresidenta de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO), Nuria Domenech Climent, también presente en el evento, ha resaltado la labor de la enfermera sobre los pacientes con cáncer, en materia de prevención, manejo de los síntomas, disminución de las complicaciones y apoyo emocional y social.

En cuanto a la vacunación de la Covid-19, Domenech principalmente la ha recomendado para personas con cáncer avanzado, pacientes en tratamiento activo potencialmente inmunosupresor, en enfermos de cáncer de pulmón, y en neoplasias hematológicas.

Así, ha destacado que el papel de los enfermeros en la vacunación de pacientes con cáncer se basa, sobre todo, en el control, organización y logística de los equipos de almacenamiento de las vacunas, así como en la configuración de los listados de las personas de riesgo en base a las directrices del ministerio.

De igual forma, el personal de enfermería asegura el acceso al sistema informático de registro y seguimiento vacuna, realiza el control de materiales apropiados para garantizar la administración de las vacunas, e impulsa campañas de información y captación de personas de riesgo.

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha dicho que no se cree la encuesta del CIS porque el PSC se la ha sacado «de la manga» para dar la victoria a su candidato, y le acusa de querer interferir con estos sondeos en la formación de la voluntad del voto para el 14F.

«Esta encuesta del CIS no la creo por datos objetivos. Vean ustedes las tablas de recuento de voto y verán que, para esa ficción de encuesta, ganó ERC en 2017 y no Cs, y además figura que Cs no sacó ni la mitad de votos», ha dicho este jueves en unas declaraciones a los periodistas en Barcelona.

Para Carrizosa, se trata de un intento desesperado del PSOE de reforzar a su candidato para las catalanas, pero se muestra convencido de que «los catalanes no se van a dejar influenciar por estas profecías que los socialistas quieren ver cumplidas en el Govern».

Por otro lado, ha criticado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por sus declaraciones en las que –según Carrizosa– se abre a un pacto entre el PSC y ERC tras el 14F, y quita hierro a los vetos que ambas formaciones se han puesto, por achacarlos a la propia campaña electoral: «Como si en campaña fuera lícito mentir».

«¿Cómo puede ser posible que esté justificando la negativa a los pactos entre Illa y Aragonès, y que al mismo tiempo diga que abre la puerta a pactos? Porque claro, es que estamos en campaña. Queremos denunciar la hipocresía del PSC», ha incidido.

CORRUPCIÓN

Ha exigido al PP y a sus dirigentes que no se desentiendan del escrito del extesorero del PP Luis Bárcenas en el que atribuye al expresidente Mariano Rajoy el conocimiento de la presunta corrupción del PP, y urge a dar explicaciones y colaborar con la justicia para «limpiar la vida pública».

También ha hecho referencia al caso ‘Voloh’ del supuesto desvío de fondos públicos para financiar el proceso independentista en Cataluña, porque la Audiencia de Barcelona ha avalado este jueves las escuchas telefónicas del caso por ver indicios de corrupción.

Para él, el caso Voloh es «especialmente repugnante porque se ha detectado durante la pandemia y con personajes revoloteando alrededor de la conselleria de Sanidad con ERC, intentando tener contratos sin las cautelas legales debidas».

Y ha interpelado al candidato de ERC, Pere Aragonès, para decirle que prefiere echar las culpas a España pero que «quien roba está bastante más cerca: Es increíble que el nacionalismo siga tapando la corrupción con la ‘estelada'».

También, de nuevo, se ha referido al PSC por la investigación de la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, por lo que cree que «el cambio no es cambiar la corrupción nacionalista por la socialista, o la socialista por la del PP, el cambio es que Cs gobierne».

La Audiencia Nacional no se plantea enviar a la comisión de investigación sobre la ‘operación Kitchen’, que en unas semanas arrancará en el Congreso de los Diputados, la documentación que obra en el sumario de la causa judicial y que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6, según fuentes jurídicas.

El pasado 28 de enero la comisión que preside la socialista Isaura Leal aprobaba por un lado el listado de comparecientes, entre los que está el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, y por otro la documentación que se debía requerir a la Audiencia Nacional.

En concreto, aprobaron reclamar información relativa al comisario –que está en el centro de la investigación de la pieza separada número 7– como sus agendas incorporadas a la causa, las grabaciones efectuadas por el excomisario a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, y la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017.

También quieren tener acceso a los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez –el que fuera número dos en Interior en la época del ministro Jorge Fernández Díaz– y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil de Fernández Díaz, y que hacían mención al operativo.

A esto, desde la comisión sumaban todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos a la escala básica de la Policía.

Ante esta batería de documentación, estas mismas fuentes jurídicas consultadas ya avanzan que los diputados que participen en esta comisión no van a poder contar con ningún documento que obre en el sumario. La razón para este cierre en banda podría ser que, aunque el secreto del sumario se levantó en septiembre de 2020, sigue existiendo una reserva sobre el mismo y sólo las partes en el procedimiento pueden conocer tal documentación.

Cabe recordar que en esta pieza 7 de la macrocausa ‘Tándem’ que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 se investiga el operativo parapolicial orquestado en 2013 y que tenía por objetivo sustraer información sensible relativa al PP que estaba en posesión del extesorero Luis Bárcenas para que no llegara al juzgado que investigaba ya entonces la ‘Caja B’ del partido.

Pese a esta negativa de la Audiencia Nacional de mandar documentación que obre en la causa a la comisión, a la ecuación hay que sumar que en esta pieza están personados como acusación tanto Podemos como el PSOE, por lo que de facto tienen acceso a toda la documentación, o a casi toda, porque una pequeña parte de la misma sigue bajo secreto –la referente al registro domiciliario del que fuera chófer de los Bárcenas y confidente de la Kitchen–.

INVESTIGADOS RELACIONADOS CON EL GOBIERNO DE RAJOY

En la pieza ‘Kitchen’ se encuentran investigados, además de Villarejo, altos mandos policiales como el exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino; el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas; o el que fuera responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

Pero también están imputados Jorge Fernández Díaz, quien fuera ministro del Interior en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, y su ‘número dos’ Francisco Martínez. Por todo ello, desde el PP solicitaron al magistrado y a los servicios jurídicos del Congreso que informaran sobre cómo puede afectar el uso de estos documentos a los derechos constitucionales de los investigados, muchos de los cuales serán llamados a comparecer en dicha comisión.

Por otro lado, fuentes jurídicas han indicado que el magistrado Manuel García-Castellón aún no ha recibido ningún escrito solicitando dicha documentación, pero, en cualquier caso, apuntan las mismas fuentes, el magistrado no autorizaría el uso ni la remisión de ninguna documentación del sumario.

Así, recuerdan que se trata de documentos enmarcados en una investigación judicial y ahí deben permanecer. «Ese asunto se trabaja en la Audiencia Nacional», han subrayado las fuentes consultadas.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que los jueces y juezas que sean progenitor legal único en familias monoparentales pueden disfrutar de forma acumulada de los permisos por nacimiento de hijo o hija que la normativa vigente reconoce de manera separada a cada uno de los progenitores en familias biparentales.

Si bien la ley sólo permite la transmisión del derecho de disfrute de estos permisos de un progenitor a otro cuando fallece la madre biológica, el CGPJ entiende que, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales, dicha opción es aplicable a casos como el analizado para proteger el interés superior del menor.

El pronunciamiento del CGPJ responde a la consulta elevada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con la petición de una magistrada, madre biológica y progenitora única, para que se le conceda el derecho a disfrutar de las semanas de permiso que le habrían correspondido al otro progenitor en caso de haber sido una familia biparental.

La magistrada alegaba que se equipararía de este modo a las familias monoparentales con las biparentales en el ejercicio del derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. Ninguna de las leyes vigentes que regulan los permisos por cuidado de hijo/a (Ley Orgánica del Poder Judicial, Estatuto Básico del Empleado Público y Estatuto de los Trabajadores) permite la transferencia de los permisos de uno a otro progenitor.

La norma general es la prohibición, con una única excepción: en caso de fallecimiento de la madre biológica, el otro progenitor puede disfrutar del permiso que le habría correspondido a ella.

No obstante, el CGPJ considera que esa excepción es aplicable al caso analizado. Y recuerda, por un lado, el mandato constitucional (art. 10.2 CE) según el cual la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España son de aplicación directa en la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades reconocidos por la Constitución.

En este caso, por tanto, es de aplicación la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la discriminación de los menores, sea cual sea su condición o la de sus padres, y dispone la obligación de las administraciones públicas de velar por el interés superior del menor. Y, de otro, que el Código Civil permite la «aplicación analógica de las normas» cuando, ante la ausencia de regulación de un determinado supuesto, se aplica lo previsto para otro similar con el que se aprecie identidad de razón.

EN INTERÉS DEL MENOR

El beneficio del menor, su interés superior, es la finalidad a la que atiende la excepción que la ley contempla cuando permite la transferencia del permiso al otro progenitor en los casos de fallecimiento de la madre biológica.

La pérdida de la madre biológica no debe limitar el tiempo total que los dos progenitores habrían podido dedicar al menor disfrutando cada uno de ellos, de forma consecutiva, de sus respectivos permisos.

De forma análoga, en el caso analizado el interés superior del menor no puede verse afectado ni limitado por el hecho de pertenecer a una familia monoparental y tener un solo progenitor legal, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

El CGPJ considera además que denegar la petición a la magistrada vulneraría el derecho de no discriminación del menor al impedir que se beneficie del mismo tiempo de atención y cuidados directos que habría tenido de haber nacido en una familia con dos progenitores.

El Congreso ha rechazado este jueves la pretensión del PP de mantener en vigor la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, impulsada en la etapa de Jorge Fernández Díaz y bautizada por sus detractores como ‘Ley Mordaza’, por lo que su reforma continuará su tramitación parlamentaria.

El PP ha defendido en el Pleno una enmienda a la totalidad, con texto alternativo, para tratar de echar por tierra la proposición de ley de reforma impulsada por el PNV y que el Congreso tomó en consideración el pasado mes de septiembre con el apoyo, entre otros, del PSOE y Unidas Podemos. Los socios de Gobierno se habían comprometido hace un año a derogarla.

Sin embargo, la iniciativa del PP sólo ha cosechado el apoyo de sus diputados, por lo que la modificación de la ‘Ley Mordaza’ seguirá su andadura en el Congreso. Hace dos legislaturas la Cámara ya estuvo debatiendo sobre esta reforma, pero nunca llegó a ver la luz por las sucesivas convocatorias de comicios.

En el PP, la diputada Teresa Jiménez Becerril pidió apoyo para paralizar la reforma alegando que la ley vigente cuenta con el visto bueno de quienes la aplican y sigue siendo una herramienta legal «imprescindible», sobre todo en el actual estado de alarma.

LA «HIPOCRESÍA» DEL GOBIERNO

De hecho, ha criticado la «hipocresía» del Gobierno por querer modificar una norma que ha aplicado en este último año más que su partido en el tiempo que estuvo en el poder. Por eso, sostiene que ahora no es el momento para reformarla porque hacerlo provocaría «inseguridad jurídica» tanto a las autoridades como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los ciudadanos.

Pese a sus argumentos, todos los grupos han cuestionado el texto del PP, que no ha cosechado siquiera el apoyo de Ciudadanos ni de Vox, pese a que los de Santiago Abascal comparten el espíritu de la ley original y también las críticas a Bildu y al PNV, al que se han dirigido con el calificativo de «recogenueces» de la banda terrorista ETA, y al Gobierno por su política penitenciaria.

En nombre de la formación naranja Miguel Gutiérrez se ha preguntado qué habría pasado si en legislaturas anteriores se hubiera derogado la vigente Ley de Seguridad Ciudadana en plena pandemia, pero tampoco comparte que el PP pretenda anular una reforma de una ley de la que es necesario modificar «muchos puntos».

Desde Vox el diputado Francisco José Alcaraz ha confirmado que iban a votar en contra de la iniciativa porque, aunque comparte con el PP su voluntad de proteger a las Fuerzas de Seguridad y a la ciudadanía, cree que no es asumible que hayan registrado una enmienda que no es más que un «copia y pega» de la ley de 2011.

SE HAN AUTOPLAGIADO Y LO HAN HECHO MAL

Esta crítica ha sido bastante recurrente en el resto de intervinientes, entre ellos el portavoz del PSOE de Interior, David Serrada, que ha acusado a los ‘populares’ de haberse «autoplagiado» y de haberlo hecho encima «mal» por haber incluso copiado la estructura de aquel Ministerio que dirigió Fernández Díaz y que se convirtió, según sus palabras, en «el mejor escenario de una película de Berlanga» para «tapar casos de corrupción».

Pero, además, Serrada ha subrayado que el PSOE es partidario de mejorar la denominada ‘Ley Mordaza’ porque «siempre» va a velar por el cumplimiento de los derechos y libertades de la ciudadanía, y no por poner «palos en las ruedas» como, según ha dicho, el PP está acostumbrado a hacer en sus leyes.

En la misma línea, Enrique Santiago, en nombre de Unidas Podemos, ha acusado al PP de estar actuando «vergonzosamente» por copiar «mal» la Ley de 2011 en su enmienda y le ha afeado que pretenda que siga adelante una norma que supone «volver a la negra noche de los recortes de libertades del Gobierno de Mariano Rajoy».

Parecidos argumentos han esgrimido desde Esquerra Republicana (ERC), Bildu o el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que abogan directamente por derogar esa ley por ser «aberrante, regresiva y antidemocrática», y por el PNV, que ha defendido la necesidad de concluir el trabajo que se inició hace dos legislaturas para mejorarla.

El debate de esta propuesta de los ‘populares’ ha estado regado de alusiones a la corrupción al partido de Pablo Casado a propósito de la declaración del que fuera tesorero del partido Luis Barcenas contra el expresidente del gobierno Mariano Rajoy.

El Juzgado de lo Social número uno de Santander ha declarado nulo el despido de un trabajador, operador de alarmas, tras comunicar a la empresa que iba a ser padre por segunda vez y su intención de conciliar vida laboral y familiar.

Además, la sentencia, condena a la compañía –Ralset Seguridad SL, perteneciente al Grupo Pitma– a readmitir al empleado en el mismo puesto y con idénticas condiciones, así como a abonar los salarios que ha dejado de percibir desde el cese, en mayo de 2020.

La resolución, que ve el despido «una clara reacción» de la empresa al anuncio de paternidad, indica que antes de esa fecha, entre febrero y marzo del año pasado, el demandante estuvo de baja médica. Después, el 19 de mayo envió un correo electrónico al responsable de la empresa para comunicarle que a principios de agosto iba a ser padre por segunda vez.

Al día siguiente, su superiora jerárquica le informó que debía prestar servicios el 25, 26 y 27 de ese mes, que le correspondían descansar, para cubrir una sustitución, a lo que el trabajador contestó que entendía que eran horas extraordinarias y se le debían abonar como tal. Y reiteró además que tenía un niño de dos años y que su mujer estabaembarazada de 7 meses, por lo que la conciliación familiar era «esencial» para él.

No obstante, accedió a hacerse cargo de los servicios comunicados mediante teletrabajo, aunque la responsable le informó un día después por correo electrónico que ya no era necesario que cubriera ningún turno.

Tras esto, el 25 de mayo la empresa acordó su despido, comunicado por carta el día 28, por motivos «disciplinarios» basados en la «disminución de su rendimiento» en marzo y abril, comparando su actividad con la de otro trabajador de su grupo, en función de los promedios de tiempo de atención y cierre de los avisos de alarma.

Tras la celebración del juicio, el juez no considera acreditada la existencia de una disminución «reiterada y voluntaria» del rendimiento del empleado en cuestión y destaca al respecto que no se contrasta su actividad con la de meses precedentes, sino que solo se mide en relación a uno de sus compañeros de grupo, formado por cuatro o cinco operarios, a los que se atribuye una mayor antigüedad o experiencia que no ha quedado acreditado.

Además, no se tuvo en cuenta los días que el trabajador estuvo de baja en marzo, que ni si quiera aparecen reflejados, ni se demuestra la existencia de una previa advertencia al implicado sobre la citada disminución de rendimiento, ya que no se aportó el mensaje de WhastApp en el que se supuestamente se habría comunicado tal extremo.

Y no se tiene en cuenta que el tiempo de atención de cada servicio puede venir influido por distintas circunstancias, pues en ocasiones es necesario realizar llamadas decomprobación cuando salta una alarma, de igual modo que no se acredita que el posible mayor tiempo dedicado en la atención a un caso haya redundado en una disminución de la calidad del servicio o del número de servicios atendidos por él.

CLARA REACCIÓN DE LA EMPRESA AL ANUNCIO DE PATERNIDAD Y DESEO DE CONCILIAR

Todo esto «determinaría sin más la improcedencia del despido» del que se deduce, por la forma en que se produjo, que la decisión fue «una clara reacción de la empresa al anuncio» que hizo el trabajador al responsable de la misma de su próxima paternidad, y al explicitar además su interés en conciliar vida familiar y laboral, así como la eventual reclamación de horas extra por el cambio de turno encomendado que no tuvo que hacer.

«Tan pronto el actor hace esas manifestaciones, la empresa reacciona, primero, diciéndole secamente que ya no es necesario que cubra el cambio de turno (22 de mayo) y acordando su despido disciplinario, sin acreditar su causa alguna, el 25 de mayo», concluye el magistrado, que aprecia una «vulneración del derecho constitucional de igualdad del trabajador, discriminando ante el mero anuncio de que iba a ser padre».

«La reacción de la empresa es consecuencia del anuncio de su intención de conciliar la vida familiar y de la reclamación de que los servicios que preste en la sustituciónencomendada se le abonen como horas extraordinarias»

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha condenado a 16 años y seis meses de cárcel al varón de 42 años y nacionalidad nicaragüense juzgado el pasado 11 de enero, por intentar asesinar a su pareja de la misma nacionalidad a cuchilladas el 26 de julio de 2019 en Gelves, en la vivienda donde la víctima vivía y trabajaba cuidando a unas ancianas.

En la sentencia, fechada el pasado 2 de febrero y contra la que cabe interponer recurso de apelación, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el acusado resulta condenado por un delito de asesinato en grado de tentativa con las agravantes de parentesco y de género, siéndole impuestos 14 años de prisión y la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante un periodo de 20 años.

Asimismo, la Sección Cuarta condena al investigado por un delito contra la intimidad con la agravante de parentesco, a dos años y seis meses de cárcel, el pago de una multa de 3.240 euros y la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de su expareja durante cuatro años. De igual modo, deberá indemnizar a la víctima con 86.129,17 euros por las lesiones, secuelas y el daño moral infligidos.

El tribunal considera probado que el acusado, en prisión provisional por estos hechos desde el 27 de julio de 2019, mantuvo una relación sentimental estable de unos ocho años de duración con la agredida, una relación que se inició cuando ambos vivían en su país de origen y que se mantuvo inicialmente una vez ella trasladó su residencia a Sevilla en 2018.

En este sentido, y según expone la Sala, desde que el condenado trasladó su residencia a España a finales de enero de 2019, «sospechaba» que la víctima «pudiera mantener una relación sentimental con otra persona». La víctima «le había dicho que no quería continuar la relación con él, pese a lo cual el procesado insistía en que le diera tiempo para que reconsiderara tal decisión e insistía en seguir viéndola, aunque no mantuvieran relaciones sexuales». Ante la insistencia del procesado «siguieron manteniendo el contacto y viéndose en algunas ocasiones a instancias».

El tribunal manifiesta que el día 25 de julio de 2019, con ocasión de uno de estos encuentros y aprovechando un «descuido» de la víctima, el acusado «se apoderó subrepticiamente» de su teléfono móvil, «haciéndole creer que lo habría perdido mientras realizaban unas compras», toda vez que el acusado sostuvo en el juicio que el teléfono había sido extraviado.

LE ARREBATÓ EL MÓVIL

Tras ello, «sin la autorización» de su expareja, «movido por los celos y por el afán de controlar su vida, el acusado examinó el terminal, revisando los mensajes y fotografías que almacenaba, pues sospechaba que podría estar manteniendo una relación con otro hombre».

Al examinar el móvil, el encausado localizó varias fotografías en las que su expareja «aparecía en actitud íntima con otro hombre, por lo que trazó un plan para acabar con la vida de la mujer», según la sentencia condenatoria. Así, la mañana del 26 de julio de 2019 y tras excusar su asistencia al trabajo, concertó una cita con la víctima en el domicilio en el que esta vivía y trabajaba cuidando a unas ancianas, en el municipio de Gelves, «con el pretexto de que iba a llevarle un móvil en sustitución del supuestamente extraviado».

La Audiencia considera probado que el encausado se dirigió a dicha vivienda con una mochila en la que portaba un cuchillo y, una vez allí, le dijo a la víctima que «quería hablar reservadamente» con ella en una habitación, tras lo que fueron a un dormitorio de la vivienda y, «tras asegurar el cierre de la puerta colocando una mesilla detrás de la misma que impidiese su apertura, y sentados ambos en la cama, el acusado comenzó a discutir» con ella «pidiéndole explicaciones acerca de las fotos que había visto en el móvil de ella, reprochándole que le hubiera sido infiel».

Mientras el acusado alegaba en el juicio que actuaba bajo la ingesta de alcohol, la Audiencia expone en su sentencia que en un momento de la conversación, el condenado se levantó y se dirigió a su mochila, «extrayendo de ella no el móvil que creía ella que le iba a dar, sino el cuchillO», tras lo que, «movido por el ánimo de dar muerte» a su expareja le asestó una primera puñalada en el tórax a la altura del corazón al tiempo que le gritaba ‘te voy a matar'», para a continuación «seguir propinándole varias puñaladas en el tórax» mientras la víctima se intentaba defender al tiempo que «pedía socorro a gritos».

INCLUSO SE ROMPIÓ EL CUCHILLO

«Alertadas por los gritos», según la sentencia, entraron en la habitación la mujer para la que trabajaba la víctima y otra empleada de hogar y sorprendieron al acusado «de rodillas, con un cuchillo con sangre en la mano» junto a su expareja, «que estaba en el suelo ensangrentada», momento en el que el condenado se puso en pie, cogió su mochila y el cuchillo, que estaba roto en dos pedazos tras partirse en uno de los golpes propinados, y huyó, arrojando en su huida la mochila y el cuchillo.

Pasadas las 22,00 horas del día de los hechos, y «después de haber estado siendo buscado por la Policía a lo largo de toda la tarde», el procesado se entregó finalmente en una Comisaría de Policía, alegando durante el juicio que durante la agresión había «perdido la cabeza» y se la había «ido la pinza».

La mujer agredida, de su lado, fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario, donde la «decidida y afortunada» intervención de una cirujana cardíaca «evitó un desenlace fatal», logrando salvar su vida.

La Audiencia considera que, en el delito de asesinato intentado, concurre la alevosía pero no así el ensañamiento, ya que no considera acreditado que la agresión cometida «contuviera, al margen de la intención evidente de matar, un ánimo perverso y calculado tendente a elevar el sufrimiento de la víctima».

SENTÍA «SUPERIORIDAD» SOBRE ELLA

Además, considera que en el delito de asesinato intentado concurre la agravante de discriminación por razón de género, ya que el acusado, «al actuar del modo en que lo hizo respecto de la víctima, pretendía mantener una relación de superioridad sobre ella, relación que la víctima, con su actitud de los últimos meses, tras viajar a España, quería dar por concluida, no aceptando el autor la decisión libre manifestada por la víctima, que le había dicho que quería terminar la relación entre ambos, ruptura que él no quería asumir».

«Muestra de ello, del deseo del acusado de seguir controlando la vida de la que seguía considerando una mujer de su propiedad, fue el hecho de hacerse con el teléfono móvil» de ella «para conocer su intimidad y controlar lo que hacía con su vida; y cuando comprobó que la conducta de la referida no se ajustaba a lo que él quería de ella, decidió matarla como venganza y manifestación de su posición de superioridad sobre dicha mujer, que no estaba dispuesto a perder», asevera el tribunal.