Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 315 casos positivos de covid-19 confirmados, lo que supone un nuevo descenso respecto al día anterior, cuando se contabilizaron 366.

También desciende la presión hospitalaria, al pasar de 632 a 608 el número de pacientes con Covid-19 en los hospitales de la región, de los cuáles 86 son atendidos en las UCI, uno menos que el miércoles. Además, en un solo día se han dado 1.618 altas, lo que equivale a un acumulado de 55.585 altas.

En esta última jornada han fallecido once personas con diagnóstico covid-19, lo que sitúa la cifra total de víctimas de la pandemia en la comunidad en 1.541.

El Área de Salud de Mérida comunica cuatro fallecidos, un varón de 79 años de Mérida, otro de 71 de Almendralejo, uno más de 79 de Mirandilla y una mujer de 69 de Villafranca de los Barros. La de Badajoz notifica tres fallecidos; un varón de 68 años y una mujer de 86 de esta misma localidad y un varón de 87 de Olivenza.

Por su parte, el Área de Salud de Cáceres registra el fallecimiento de una mujer de 85 años de Valencia de Alcántara y un varón de 84 años de Cáceres; el de Llerena-Zafra comunica el fallecimiento de una mujer de 87 años de Los Santos de Maimona; mientras que Don Benito-Villanueva de la Serena notifica el fallecimiento de una mujer de 72 años de Villanueva de la Serena.

Este jueves se ha informado de cinco nuevos brotes, uno en Don Benito, con tres casos y seis contactos; otro en Olivenza, con 5 casos y 2 contactos; el tercero en Badajoz, con 9 casos y 2 contactos; el cuarto en Eljas, con 9 casos y contactos en estudio, y el quinto en Valdelamatanza, con 12 casos y 6 contactos. Por el contrario, se cierran tres brotes, dos de Cáceres, y otro en Llerena-Zafra.

ÁREAS DE SALUD

Con respecto al reparto de casos por áreas de salud, la de Badajoz notifica 120 casos confirmados. Tiene 205 pacientes hospitalizados, 33 de ellos en UCI. Registra 259 fallecidos y ha dado 16.378 altas; y la de Cáceres ha notificado 37 casos positivos. Tiene 103 pacientes ingresados, de los que 16 están en UCI. Acumula 430 fallecidos y ha dado 8.079 altas.

Por su parte, el área de Mérida registra 52 casos confirmados. Tiene 86 personas hospitalizadas, de las que 15 están en UCI. Acumula 205 fallecidos y ha dado 10.789 altas; y Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 24 casos positivos. Hay 88 pacientes hospitalizados, de los que 13 están en UCI. Acumula 196 víctimas mortales y 7.787 pacientes curados.

El Área de Salud de Plasencia registra 36 casos positivos. Tiene 46 pacientes hospitalizados, de los que 9 están en UCI. Ha registrado un total de 175 fallecidos y ha dado 3.498 altas; y la de Navalmoral de la Mata ha notificado 14 casos confirmados. Tiene 12 pacientes ingresados y ha registrado 103 fallecidos. Ha dado 3.024 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra 25 casos positivos. Tiene 57 pacientes ingresados. Ha registrado un total de 104 fallecidos y ha dado 3.966 altas; y Coria registra siete casos positivos. Tiene 11 pacientes hospitalizados. Un total de 69 personas han fallecido y se han dado 2.064 altas.

Andalucía suma este jueves 4 de febrero 6.733 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, la cifra más alta en lo que va de semana, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 70 muertes, inferior a las 88 de la víspera y las 106 del martes –mayor cifra de fallecidos en un día de toda la pandemia–.

Además, la tasa de incidencia acumulada de Andalucía ha bajado este jueves a 882,9 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que son 11,4 puntos menos que la que se registraba el miércoles (894,3), pero 4,6 puntos superior a la del jueves pasado (877,58).

Los 6.733 positivos suponen la cifra más alta en lo que va de semana, después de que el miércoles se registraran 4.999, el martes 3.795 y el lunes 4.286, y son notablemente superiores a los 3.676 casos del jueves pasado. Entre medias, el domingo se alcanzaron 7.892 contagios, el sábado 7.899 –el récord de la pandemia– y el viernes 7.759.

Respecto a los positivos de esta jornada, Cádiz se sitúa como la provincia que más suma, con 2.132, seguida de Sevilla con 1.316 y Málaga con 1.094. El resto de provincias registran menos de un millar de casos con 585 en Granada, 501 en Almería, 407 en Huelva, 366 en Córdoba y 333 en Jaén.

Los 70 fallecidos registrados este jueves son inferiores a los 88 de la víspera y a los 106 del martes, cuando se alcanzó el peor datos de muertes en 24 horas durante toda la pandemia. Málaga es la provincia que registra más muertes, con 17, seguida de Granada con 14, Sevilla y Cádiz con once, Almería con nueve, Córdoba y Jaén con cuatro cada una. Huelva es la única sin decesos.

LA CIFRA MÁS ALTA EN UCI

Andalucía ha registrado la segunda bajada consecutiva de hospitalizados tras más de un mes con incrementos diarios y sitúa la cifra de pacientes 4.867, 44 menos que la víspera pero 450 más que hace siete días, de los que 709 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos, siete más que el miércoles y mayor cifra de toda la pandemia.

Por provincias, Málaga continúa como la provincia con más hospitalizados con 964 y 122 de ellos en UCI, seguida por Cádiz con 907 y 104 en UCI; Sevilla, con 783 y 121 en UCI; Granada con 651 y 120 en UCI; Almería, con 465 y 94 en UCI; Córdoba, con 435 y 73 en UCI; Jaén, con 352 y 42 en UCI, y Huelva, con 310 y 33 en UCI.

188 BROTES CON 1.229 CASOS

Salud informa también de que durante la última semana se han comunicado al Ministerio de Sanidad 188 brotes con 1.229 casos confirmados por PCR y test de antígenos.

Por provincias, Málaga repite de nuevo esta semana como provincia que concentra mayor número de brotes con 66 focos con 415 positivos, seguida de Jaén con 23 focos con 157 afectados; Cádiz con 21 brotes y 102 positivos; Granada con 20 brotes y 108 casos; Huelva con 20 y 99 contagios; Sevilla con 14 focos y 135 contagios; Almería con 14 brotes con 121 casos y Córdoba con una decena de focos que afectan a 92 personas.

Además de los focos declarados en los últimos siete días, en la comunidad siguen activos 192 brotes declarados con anterioridad –21 en Almería, 29 en Cádiz, once en Córdoba, 20 en Granada, 29 en Huelva, 15 en Jaén, 50 en Málaga y 17 en Sevilla–.

CASI 350 NUEVOS INGRESOS EN 24 HORAS

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 424.434 casos confirmados –6.733 en 24 horas– y ha alcanzado las 6.700 muertes tras sumar 70. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 30.863, 339 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 3.072, tras sumar 37 en la última jornada, y el número de curados es de 267.684 después de sumar 2.411.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 6.700 fallecidos desde el inicio de la pandemia –70 más–, Sevilla, con 1.360 –once más–, se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.267 –14 más–; Málaga con 1.069 –17 más–; Cádiz con 906 –once más–; Jaén con 746 –cuatro más–; Córdoba con 680 –cuatro más–; Almería con 483 –nueve más– y Huelva con 189.

MÁS DE 2.000 CASOS EN CÁDIZ

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 424.434 desde el inicio de la pandemia –6.733 más–, liderados por Sevilla con 89.190 casos –1.316 más–, seguida de Málaga con 73.106 –1.094 más–, Granada con 63.508 casos –584 más–, Cádiz con 60.085 –2.132 más–, Córdoba con 39.863 –366 más–, Almería con 38.859 –501 más–, Jaén con 37.421 –333 más– y Huelva con 22.402 –407 más–.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 30.863 –339 más en 24 horas–, con Sevilla a la cabeza con 6.719 –58 más–, seguida por Málaga con 5.925 –80 más–; Granada con 5.075 –48 más–; Jaén con 3.402 –31 más–, Córdoba con 3.168 –21 más–; Cádiz con 3.059 –34 más–; Almería con 2.327 –47 más–, y Huelva con 1.188 –20 más–.

De ellos, 3.072 han pasado por la UCI en Andalucía –37 más en 24 horas–, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 655 –uno más–, seguida de Granada con 557 –19 más–; Málaga con 431 –dos más–; Cádiz con 381 –dos más–; Córdoba con 360 –siete más–; Almería con 336 –cinco más–; Jaén con 292 –uno más– y Huelva con 60.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 267.684 en toda la región, 2.411 más que en la víspera, con Sevilla a la cabeza con 59.659 –367 más–, seguida de Granada con 45.860 –147 más–; Málaga con 41.969 –555 más–; Cádiz con 32.175 –525 más–; Jaén con 26.808 –210 más–; Córdoba con 25.684 –167 más–; Almería con 23.676 –328 más– y Huelva con 11.853 –112 más–.

CÁDIZ, MÁLAGA Y ALMERÍA POR ENCIMA DE 1.000

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 882,9 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Almería a la cabeza con 1.132. Detrás se sitúan la provincia de Huelva con 1.025; Cádiz con 1.023,4; Málaga con 928,2; Granada con 832,8; Córdoba con 796,3; Sevilla con 733,8 y Jaén con 724,8.

Los centros educativos gallegos registran un total de 3.852 casos activos este jueves, lo que supone 65 menos que el miércoles, según los datos hechos públicos por la Xunta. De este modo, se produce un descenso por segundo día consecutivo, después de un incremento prolongado durante la tercera ola.

Las aulas cerradas también bajan a 183 (11 menos que la anterior jornada). Por su parte, los centro clausurados en Galicia se mantienen en cuatro: la escuela infantil Cáritas-Tui de Vigo, la municipal de Viveiro, la Jorge Juan de Fene y el centro de educación especial Miño de Ourense (acumulan 17 casos entre los cuatro).

En lo tocante a áreas sanitarias, se registra un descenso de casos activos en todas menos en la de Ferrol, con ocho infectados más (un total de 306), si bien es la que menos positivos tiene en Galicia. Aquí, sobresale el CEIP Couceiro Freijomil de Pontedeume (17).

El área de A Coruña sigue a la cabeza en casos totales (1.036), auqneu hay una disminución en una decena. También se reducen las aulas cerradas hasta 34, cuatro menos que el miércoles.

En esta área, los centros con más casos son los siguientes: CPR Plurilingüe Liceo La Paz (34), CEIP Ponte dos Brozos (30), IES Manuel Murguía (26), el CPR Eiris (26), CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha (26), CEIP de Arteixo (22) y CPR Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco (22).

VIGO, LA SEGUNDA

El área de Vigo continúa como segunda con mayor incidencia. Se anota la mayor bajada en términos absolutos, 30 casos menos, y se queda en 689 activos. Las aulas clausuradas son 47, seis menos. El CEP Altamira de Salceda de Caselas (24) y el CPI da Cañiza (19) están a la cabeza en cifras de contagiados.

Asimismo, los centros del área de Santiago computan 548 casos (dos menos) y 22 aulas clausuradas (suben en dos). Aquí, sobresalen el CPR Plurilingüe La Salle (18), el CEIP A Ramallosa de Teo (16), El CEIP Plurilingüe Monte dos Postes (15) y CPR Plurilingüe San José de Cluny (15).

En el caso del área de Pontevedra, los centros cuentan con 519 casos (11 menos) y 21 aulas cerradas (dos menos). Destacan el CEIP Plurilingüe Cruceiro de Sanxenxo (26), el CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro de Vilagarcía (23) y el CPR Santiago Apóstol de Soutomaior (22).

OURENSE Y LUGO

La siguiente en el listado es el área de Ourense con 402 positivos (cuatro menos) y 29 aulas clausuradas (una menos). Hay especial afectación en el CEIP A Ponte con 22 contagios y dos unidades afectadas.

El área de Lugo cuenta con 352 positivos (16 menos), 12 aulas y una escuela infantil clausurada en Viveiro. Los puntos de mayor afectación son el IES Río Cabe de Monforte (26) y el IES Santiago Basanta Silva de Vilalba (19).

Asturias, León y Palencia estarán este viernes en aviso de nivel amarillo (riesgo) por nevadas, mientras que las lluvias pondrán en aviso a Cantabria y también a Asturias. Mientras, en Almería se ha decretado aviso por oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La presencia de un centro de bajas presiones en el suroeste de la Península provocará de nuevo este viernes cielos nubosos y precipitaciones en Canarias, que irán acompañadas de tormentas, y que serán localmente fuertes en el norte de las islas, pudiendo ser además persistentes.

También en la Península predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones acompañadas de tormentas ocasionales, menos probables hacia el este, no esperándose que afecten al extremo oriental, donde estará poco nuboso o con intervalos nubosos, al igual que en Baleares.

Las precipitaciones serán más intensas en el tercio oeste peninsular, donde no se descarta que lleguen a ser localmente fuertes, siendo además persistentes en Asturias, Cantabria y vertiente sur del sistema Central occidental.

Durante la jornada, la cota de nieve se situará entre los 1.200 y 1.600 metros inicialmente en la cordillera Cantábrica occidental, bajando a los 1.000/1.200 metros. En Canarias, oscilará en torno a unos 1.500 metros, mientras que en el resto de zonas de montaña, se situará por encima de los 1.800 metros.

También hay posibilidad este viernes de que se produzcan bancos de niebla matinales en zonas del área mediterránea, y también son probables las calimas en el este peninsular y Baleares.

Con respecto a las temperaturas, las diurnas descenderán en Galicia, Cantábrico, Andalucía y Canarias, y subirán en el centro peninsular. En el resto se prevén pocos cambios. En cualquier caso, las temperaturas serán más bajas de lo habitual para la época en Canarias, y más altas de lo normal en la mitad este peninsular, siendo significativamente elevadas en Baleares.

Por último, el viento será de componente norte en el noroeste peninsular y Canarias, de componente sur en el interior de la mitad sur y en Baleares, y de componente este en el resto del área mediterránea, rolando a componente oeste en el litoral sudeste. Y se esperan intervalos de viento fuerte en Canarias y litoral de Almería.

Conde Duque acoge desde este jueves ‘ARCO. Recorridos fotográficos’, una exposición que reúne la historia de más de dos décadas de esta Feria Internacional de Arte Contemporáneo a través de la mirada de artistas como Cristina García Rodero, Alberto García-Alix, Ana Laura Aláez o Cristina Lucas.

La muestra recoge una selección de la colección del mismo nombre formada por 450 obras de 80 artistas internacionales que, gracias a un convenio del Ayuntamiento con Ifema, pasa a enriquecer los fondos del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, ha visitado esta exposición, que permanecerá abierta al público en la sala 1 de exposiciones temporales del Centro Cultural Conde Duque hasta el 4 de abril. Levy ha señalado que en Madrid se está produciendo un «milagro cultural» del que el Ayuntamiento se siente muy orgulloso.

«Gracias a nuestro compromiso por mantener una oferta de cultura segura y gracias a la respuesta del público que día a día sigue llenando los espacios culturales, estamos consiguiendo que se mantenga la vida cultural de Madrid y que esta ciudad, en parte, siga viva gracias a esa cultura», ha apuntado.

VALIOSO TESTIMONIO GRÁFICO

Los Recorridos fotográficos nacieron en el año 1988 por iniciativa de la Asociación Amigos de ARCO con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de la invención de la fotografía. La creación de una colección internacional fotográfica inspirada en la feria, cuya primera edición se celebró en 1982, tuvo por objetivo apoyar el desarrollo de este nuevo medio de creación y promover su integración en el contexto del mercado artístico contemporáneo.

A lo largo de las sucesivas ediciones de los Recorridos fotográficos se han recogido múltiples interpretaciones de la feria desde la creatividad de prestigiosos fotógrafos nacionales e internacionales seleccionados por un comisario. Entre 1988 y 1996 la selección fue realizada por Myrian de Liniers y desde 1997 y hasta 2010, por Rafael Doctor Roncero, comisario también de la muestra que se expone en Conde Duque. En algunas ocasiones, los comisarios de los países invitados anualmente por ARCO aportaban también algunos de los autores como fue el caso de Francia e Italia.

La exposición que abre hoy sus puertas es una amplia selección de esos Recorridos fotográficos en la que se pueden apreciar las diferentes formas de enfocar el encargo que estos autores recibían, desde reportajes cercanos a lo periodístico hasta obras absolutamente conceptuales imposibles de ser entendidas fuera de este contexto.

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves una iniciativa de PP+Cs y Vox que pretendía instar al Gobierno autonómico a solicitar la intervención en Euskadi de la Unidad Militar de Emergencias (UME) «en todas aquellas situaciones en las que sea necesario».

La propuesta consensuada por el grupo PP+Cs y por la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha recibido el voto en contra del PNV, EH Bildu, el PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU en el pleno celebrado este jueves por el Parlamento Vasco.

La enmienda de PP+Cs y Vox pretendía instar al Ejecutivo autonómico a solicitar al Gobierno de España la intervención de la UME «en todas aquellas situaciones de emergencia en las que sea necesario», entre las que se cita el derrumbe que se produjo en febrero del año pasado en el vertedero de Zaldibar, en el que desaparecieron los trabajadores Alberto Soroluze –cuyos restos mortales fueron encontrados en agosto– y Joaquín Beltrán

El objetivo de la solicitud –según indican las formaciones proponentes– es garantizar que los ciudadanos vascos «dispongan de los mismos medios en estas situaciones que el resto de ciudadanos españoles».

En el debate, la parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea ha afirmado que «puede quedar la duda» de si los dos trabajadores afectados por el derrumbe podrían haber sido «rescatados con vida» en caso de que se hubiera solicitado la intervención de la UME.

«LAS EMERGENCIAS NO ENTIENDEN DE COLORES»

Tras criticar que el Gobierno Vasco no solicitara la intervención de esta unidad militar, ha asegurado que «las emergencias no entienden de colores políticos», por lo que ha afirmado que la UME debe acudir a Euskadi «todas las veces que sea necesario».

Por su parte, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha denunciado que en el Ejecutivo vasco «pesa mas la ideología» que la defensa de «la seguridad» de los ciudadanos.

EL «OLVIDO» DEl PP

La única formación que ha intervenido en el debate además de los grupos proponentes ha sido el PSE-EE, cuyo parlamentario Alberto Alonso ha argumentado la posición de su grupo subrayando que la intervención de la UME en el derrumbe del vertedero de Zaldibar no habría contribuido a que las labores de rescate de los cuerpos de Alberto Soroluze y Joaquín Beltrán se desarrollaran con mayor rapidez.

Alonso, que ha mostrado su «reconocimiento» al papel que desempeña la UME, ha reprochado a PP+Cs y Vox que en sus intervenciones se han «olvidado» que esta unidad militar fue impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que su creación contó con el voto en contra del Partido Popular.

Más de 3.000 temporeras marroquíes llegarán durante el mes de febrero a Huelva en la segunda fase del contingente contratado en origen para la campaña agrícola de la fresa y los frutos rojos de la provincia. En concreto, esta segunda fase comenzó el miércoles con la llegada de 740 de ellas al Puerto de Algeciras (Cádiz) procedentes de Tanger MED.

Según han indicado desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva, está previsto que a este ferry se le sumen cinco más los días 5 (784 trabajadoras), 10 (750), 12 (750), 17 (750) y 19 (760). No obstante, han señalado que el número de trabajadoras previstas pueda ir variando en función de las necesidades de los empresarios, así como que todas ellas vendrán con su correspondiente prueba PCR negativa y divididas en grupos ‘burbuja’, como en la primera fase.

Así, la primera fase se completó el pasado 30 de enero con más de 4.000 trabajadoras, a las que se sumarán más de 3.000 de esta segunda (como previsión inicial) y el resto, hasta el total de 14.000 previstas, llegarán en la tercera fase. Asimismo, hay otras 2.800 mujeres de nueva contratación que se encuentran en reserva por si fuese necesario más mano de obra.

Este operativo supone la preparación en Marruecos para el viaje de estas personas (pruebas PCR, embarque etc.) y, una vez que las mismas llegan al puerto gaditano, al trámite habitual de revisión de pasaportes y visados, este año se suma la presentación obligatoria por parte de las trabajadoras del PCR negativo, tras lo que son recogidas en autobuses para trasladarlas a las cooperativas de la provincia de Huelva.

Para esto, como en la primera fase, consultores del Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social de Interfresa (Prelsi) se trasladan a Algeciras para colaborar con el operativo de recepción de este contingente de temporeras marroquíes y hacer estos trámites lo más ágiles y cómodos posibles para las trabajadoras.

Así las cosas, Interfresa ha asumido «un nuevo reto que supera el acompañamiento en viaje que comenzó en la pasada campaña», y que abarcará no sólo esta asistencia y asesoramiento en los momentos previos a la llegada a los alojamientos, sino «una compleja labor de coordinación junto a las Fuerzas de Seguridad presentes en el Puerto de Algeciras».

Al llegar el ferry, los consultores de integración acceden al barco –en el que solo viajan las trabajadoras, para evitar riesgos sanitarios–, les informan detalladamente del procedimiento que se va a seguir para su entrada en España y se organizan grupos para que la recogida de equipajes y el desembarco sea lo más cómodo y ágil posible.

Las asociaciones participantes son seis, que han realizado el Plan de Acogida en algo más de 50 empresas pertenecientes a sus organizaciones (Asaja, Freshuelva, UPA, Fed Coop Andalucía, ACPH Citricultores y Fresón de Palos).

Para la recogida de las mujeres en el Puerto de Algeciras, cada asociación ha utilizado un color asignado mediante banderas en autobuses o indicaciones por parte de los mediadores, coincidente con pegatinas que las trabajadoras llevaban en el pasaporte, y al objeto de mejorar el sistema conjunto de orientación acordado, como plan de señalización del operativo.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el Proyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, una norma que pretende asegurar un marco legal estable y actual para la caza en la Comunidad una vez que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han avalado la regulación reglamentaria y legal realizada en Castilla y León.

Así lo ha señalado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha concretado que la finalidad es «proteger, conservar y fomentar» los recursos pero también aprovecharlos de forma «ordenada y sostenible», además de compatibilizar la actividad con el resto de usos y el desarrollo rural.

El anteproyecto sustituye a la antigua Ley de Caza, de 1996, y la modificación realizada en 2019, de manera que adapta el marco regulatorio a la realidad «social, económica y ambiental» del territorio, que ha experimentado notables cambios en estos 25 últimos años desde la anterior Ley.

Suárez-Quiñones ha incidido en que la situación actual de las poblaciones de las especies cinegéticas es muy diferente a la que existía cuando se dictó la anterior ley, puesto que, así como las especies ligadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado en general un notable incremento, las especies de caza menor asociadas a los hábitat agrícolas han visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes.

Además, un sector de la población manifiesta un creciente interés en la conservación de la naturaleza y reclama mayores garantías de que ésta no se ponga en riesgo con la práctica de la caza, ha señalado el consejero, quien también ha apuntado que estos cambios producen otros efectos no deseables como daños a la agricultura o la ganadería, pero también accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas, que se han duplicado en los últimos cinco años y superan los 8.000 accidentes al año, lo que equivale a más de 20 accidentes al día, con elevados daños materiales y en ocasiones importantes daños personales.

Asimismo, ha explicado que se ha producido una mayor dificultad en el control de determinadas epizootias y zoonosis, que suponen un riesgo para la salud de los animales y también, en algunos casos, para la de las personas.

De la misma forma, Suárez-Quiñones ha recordado la controversia judicial de la que ha sido objeto la normativa cinegética durante los últimos años, aunque fue respaldada por el Tribunal Supremo y el Constitucional en sus últimos fallos.

RESPUESTA A NUEVOS RETOS

Aún así, con el objetivo de clarificar y dar al marco regulatorio un carácter completo, estable y moderno a la actividad cinegética, y adaptarla a la realidad ambiental y social actual, la Junta ha elaborado este texto como respuesta a los nuevos retos sociales y ambientales, al tiempo que se da a la regulación una garantía legal y reduciendo la actividad administrativa.

El consejero ha citado entre los aspectos más destacables la incorporación de importantes novedades en relación con la planificación cinegética para garantizar al máximo que la caza se practique en Castilla y León de forma ordenada, controlada y sostenible.

Así, se prevé la elaboración de una Estrategia de la Caza de Castilla y León, de planes territoriales de recursos cinegéticos y de planes de gestión de especies cinegéticas para aquellos territorios y especies que requieran de una consideración especial. Igualmente, los planes cinegéticos de los cotos de caza deberán ser elaborados por técnicos especializados, y basarse en censos rigurosos realizados con una metodología avalada técnicamente.

Se regulan las especies cinegéticas, que son las únicas que pueden ser objeto de caza, y se habilitan mecanismos de rango reglamentario para declarar otras especies como cinegéticas, que se limita en el fondo y en la forma, mediante un decreto con un proceso muy garantista, o para excluir, bien temporalmente o con carácter definitivo, a determinadas especies.

De esta forma se limitar a la Administración para considerar cinegética una nueva especie, pero la habilita para excluirla de forma rápida, además de regularse la posibilidad de que una especie cinegética sea declarada «de atención preferente», por lo que será objeto de planes de gestión específicos.

También destaca la importancia del seguimiento poblacional de las especies cinegéticas y se prevé implantar un nuevo Sistema de Seguimiento de las Poblaciones Cinegéticas de Castilla y León y un novedoso y riguroso sistema de control de las capturas realizadas por los cazadores.

MÁS INFORMACIÓN

Otra novedad es la creación de las figuras de los cotos colaboradores, que deberán contar con asesoramiento técnico permanente que asegure la obtención de información de calidad, y del cazador colaborador, que aportarán importante información sobre la gestión cinegética, las capturas, el seguimiento poblacional y otros aspectos que contribuirán a mejorar el conocimiento y la gestión de la caza en Castilla y León.

En cuanto a los terrenos cinegéticos, la ley unifica en 250 hectáreas la superficie mínima necesaria para su constitución, y sobre todo introduce cambios relevantes en cuanto al régimen de intervención administrativa, estableciendo con carácter general el procedimiento de declaración responsable para su constitución; además se simplifican los trámites y se hace obligatoria la tramitación telemática.

Por otro lado, se eliminan dos figuras existentes en la ley anterior, las zonas de caza controlada y los cotos regionales, por su escasa aceptación, haber quedado obsoletas y ser superadas por el actual marco de nuestras figuras de protección.

En lo referente a las reservas regionales de caza, se contempla la posibilidad de segregación de sus terrenos a petición de los propietarios y se mejora el funcionamiento y el control del fondo de gestión de las reservas mediante la creación de una comisión del fondo de gestión para cada reserva.

Asimismo, se elimina la figura del Refugio de Fauna y se establecen los períodos hábiles máximos en los que se podrá practicar la caza, que podrán restringirse pero no ampliarse.

Además, se establece una pormenorizada serie de limitaciones y prohibiciones con el fin de proteger la conservación de las especies, su pureza genética y los hábitat en los que habitan.

Por otro lado, se establecen nuevos instrumentos para permitir un adecuado control poblacional y destaca especialmente el establecimiento de la figura de Emergencia Cinegética para acometer situaciones de urgente actuación en caso de importantes daños por una sobrepoblación intensa de determinadas especies.

También se establece la obligación de hacer pública con suficiente antelación la celebración de monterías y ganchos a través de una plataforma pública, algo muy demandado por colectivos como los aficionados al senderismo y el ciclismo de montaña y con el fin de incrementar los márgenes de compatibilidad de actividades y de seguridad en el uso público de nuestros montes y espacios naturales.

El proyecto ha recibido alegaciones de 162 personas o entidades diferentes con un total de 1.806 alegaciones, de las que se han aceptado plenamente el 14,5 por ciento y otro 13,5 parcialmente, mientras y el resto no ha podido aceptarse, fundamentalmente por no tener relación con el objeto de la Ley.

Los positivos por Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) detectados en miembros de la comunidad educativa en Castilla y León han obligado a la Consejería de Educación a cerrar 34 nuevas aulas en todas las provincias de la región, salvo Ávila.

La medida afecta este jueves a tres grupos de Burgos, ocho aulas en León, siete de Palencia, tres en Salamanca, una de Segovia, dos en Soria, ocho de Valladolid y dos en Zamora. Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos.

En concreto, en Burgos se han puesto en cuarentena un aula de Educación Infantil del CEIP Sierra de Atapuerca en la capital y dos aulas de Educación Infantil de los CEIP Los Ángeles y Castilla en Miranda de Ebro, mientras que en la provincia de León la medida afecta a un aula del IES Giner de Los Ríos, tres del CEIP Luis Vives, una del Sagrado Corazón Jesuitas, una del Colegio San Juan de la Cruz y otra del Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la capital, así como una octava en el CEIP Villa Romana de Navatejera.

En Palencia la medida afecta a un grupo del CEIP Padre Claret, dos grupos del CC Santo Domingo de Guzmán y tres grupos del CC Divino Maestro en la capital y a un aula del CEIP Ntra. Sra. de Ronte de Osorno, en tanto que en la provincia de Salamanca se han puesto en cuarentena un aula del colegio concertado Misioneras de la Providencia de Ciudad Rodrigo, otro del IES Vía de la Plata de Guijuelo y una tercera del CEIP Padre Manjón de la capital, y en Segovia, un grupo del Colegio ‘Cooperativa Alcázar’ de la capital.

En la provincia de Soria, las dos nuevas aulas en cuarentena pertenecen al CEIP Numancia de la capital y corresponden a un grupo de primero de Primaria y otro de segundo ciclo de Infantil; en la de Valladolid, en la capital se han puesto en cuarentena un aula de los CEIP Miguel Delibes, Parque Alameda y Juan de Herrera, una del colegio Nuestra Señora de Lourdes y dos del Seminario Menor, así como otras dos en la provincia pertenecientes a los CEIP-CRA El Páramo de Geria-Villanubla y al Obispo Barrientos de Medina del Campo.

Por último, en la de Zamora hay dos nuevas aulas en cuarentena, correspondientes a aula en el colegio Nuestra Señora del Rocío de la capital y otra en San Vicente de Paul en Benavente.

En estos momentos, hay un total de 317 aulas en cuarentena en Castilla y León de las que doce corresponden a la provincia de Ávila; 29 a Burgos; 46 a León; 59 a Palencia; 39 a Salamanca; otras 26 a Segovia; 21 a Soria; 63 a Valladolid y 22 a Zamora.

Desde que empezó el curso, se han confirmado, a través de las pruebas diagnósticas realizadas por los equipos Covid-Colegios, 959 casos de alumnos y 71 de trabajadores con PDIA positiva, ocho de las cuales se ha producido en la última jornada y corresponden todas ellas a alumnos.

La Junta de Castilla y León recuerda, a través de un comunicado, a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PDIA que no los lleven a su centro educativo hasta que termine el periodo de cuarentena.

La comunidad autónoma de Andalucía, como órgano responsable de la gestión del futuro Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga, asumirá los gastos derivados de la misma, lo que supondrá un coste para el Gobierno andaluz de al menos 810.000 euros al año.

Así queda recogido en el Proyecto de Ley de declaración de este parque, aprobado en el Consejo de Ministros el pasado martes 2 de febrero y por el que se prevé su impacto normativo para los órganos competentes.

De este modo, los gastos de la gestión ordinaria y habitual del ámbito total del Parque Nacional correrán con cargo a los presupuestos andaluces por 810.000 euros al año para hacer frente a los costes de personal, gastos corrientes e inversiones.

En cuanto al personal, aunque el coste estimado asciende a 817.000 euros al año, la plantilla vinculada actualmente al paraje supone ya 509.000 euros, lo que hace caer la cifra a los 308.000 euros al año. El coste sigue disminuyendo, teniendo en cuenta que la relación de los puestos de trabajo estará cubierta al 50 por ciento al menos durante el primer y segundo año de funcionamiento. Así, el coste real será de 154.000 euros al año.

Por otro lado, para los gastos corrientes, tomando como referencia lo que suponen los dos parques nacionales andaluces, Doñana y Sierra Nevada, se estiman unos 293.000 euros por año. En el caso de las inversiones, se necesita adecuar las oficinas, dotar de mobiliario e informática, así como señalización del Parque Nacional, dotación de vehículos y vestuario, lo que supondrá 363.000 euros al año.

INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES

A esta cifra inicial, el Gobierno andaluz deberá sumar el abono de las indemnizaciones por las limitaciones en los bienes y derechos patrimoniales establecidas en el Parque Nacional que deriven del Plan Rector de Uso y Gestión y cualquier otra limitación que no provenga de la legislación básica en la materia o del Plan Director, pues estas últimas son asumidas por el Gobierno de España.

Este aspecto no es posible de estimar de manera previa, pues no está limitados los usos y actividades. Lo mismo ocurre en relación con las subvenciones, que se fijarán en los presupuestos de Andalucía, según el informe.

Por su parte, el Gobierno de España asumirá el pago de aquellas indemnizaciones que sí deriven de la legislación básica en materia de Parques Nacionales o del Plan Director siempre que no estén jurídicamente obligados a soportarlas.

Estas van dirigidas a las actividades vinculadas al aprovechamiento forestal y cinegético, constituidas antes de la declaración del Parque Nacional. Esto afectaría, según los datos de los que se dispone actualmente, a la Reserva Andaluza de Caza Serranía de Ronda (RAC), y una parte de los cotos de caza ‘Sierra del Real’ y ‘El Meliche’.

En el caso de la RAC Serranía de Ronda, el aprovechamiento cinegético no prevé una indemnización significativa dado que se trata de una actividad deficitaria; mientras que los cotos van a ver disminuida su superficie: el primero pasa a la mitad de hectáreas, mientras que el segundo verá afectada su superficie en tan solo 58,77 hectáreas.

En los presupuestos generales del Estado también se incluirán, en el caso de que se establezcan, los instrumentos de cooperación financiera para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la ley, de acuerdo con la comunidad autónoma de Andalucía; la financiación para la participación del nuevo Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en programas multilaterales de actuación; y la contribución a la financiación de las iniciativas de fomento del desarrollo sostenible. Todo ello, a través de la línea de subvenciones que se prevea en los presupuestos generales.

El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves integra, dentro de sus 23.000 hectáreas de superficie y más de 75.000 hectáreas de zona periférica de protección, a un total de 14 municipios. Estos, podrán ser beneficiarios de subvenciones para el fomento del desarrollo sostenible y, si se cumplen los requisitos establecidos, tener derecho a indemnizaciones por perjuicio en sus derechos e intereses patrimoniales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha baraja la posibilidad, si las circunstancias lo permiten, de «solapar» la vacunación del grupo 3 (personal sanitario y sociosanitario que no son de primera línea pero que tienen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas) y del grupo 4 (grandes dependientes) de la primera etapa, con el grupo 5 que es el formado por las personas mayores de 80 años.

Así lo ha anunciado el director general de Salud Pública, Juan Camacho, durante la comparecencia parlamentaria que ha tenido lugar este jueves en las Cortes para informar sobre la tercera ola de la COVID en la región, en la que ha estado acompañado del director general de Asistencia Sanitaria del Sescam, José Antonio Ballesteros.

Camacho ha asegurado que el «cuello de botella» de la región en este proceso de vacunación «sigue siendo la disponibilidad de vacunas», sobre esto «poco podemos hacer», ha reconocido el responsable sanitario, quien ha recordado que tanto las dosis como las frecuencias de envío vienen determinadas a nivel central y en ocasiones «nos llevamos desagradables sorpresas» porque hay «un detrimento» en el número de dosis sobre lo previamente establecido.

No obstante, ha insistido en que en las próximas semanas, y de acuerdo a esta llegada de vacunas, se procederá a la vacunación de los grupos 3 y 4 de la primera etapa. También, y de acuerdo a lo establecido en los consensos últimos a nivel nacional, existe el compromiso de iniciar «lo antes posible», e incluso «solapar» con esta vacunación de grupos 3 y 4 de la etapa 1, a lo que se denomina ya el grupo 5 que es el formado por las personas mayores de 80 años.

«La idea es solapar de la manera más sensata y más fluida posible la vacunación de estos 3 grupos priorizando aquellos más vulnerables», ha manifestado.

De otro lado, Camacho ha afirmado que si las circunstancias lo permiten y Castilla-La Mancha dispone de dosis suficientes, la región tiene «capacidad logística y de recursos humanos y de estructura es suficiente» para haber vacunado a un 70 por ciento de su población este verano.

Respecto a la vacunación, el director general de Salud Pública ha defendido que el stock de seguridad ha permitido no parar la vacunación «en ningún momento. «Todas las semanas, de momento, se ha seguido vacunando en primeras dosis y todas las semanas se han asegurado las segundas dosis de las personas vacunadas», ha dicho.

Hasta la fecha, se han recibido en la región un total de 101.655 dosis de vacuna, de las marcas Pfizer y Moderna, de las cuales se han administrado a fecha de hoy 98.940, alcanzándose la cifra de 28.597 personas a las que se ha administrado la pauta completa de Pfizer.

Camacho ha recordado que, debido a causas ajenas, y conocidas, sobre la inicial estimación de disponibilidad, se reciben a lo largo de tres semanas un total de 2.535 viales menos de la vacuna.

«Este hecho, conocido con la planificación ya hecha y la operativa en marcha, nos ha obligado a realizar ajustes en las acciones previstas. No obstante, y pese a ello, se alcanza según las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Sanidad, un porcentaje de 87,6 por ciento dosis administradas sobre las recibidas, siendo la segunda Comunidad con una cifra más elevada en ese apartado».

TEST DE DETECCIÓN

En cuanto a los test para detectar el COVID, Camacho ha asegurado que a ningún facultativo de la región se le ha dicho que «haga menos test». En este sentido, ha subrayado que en este ámbito hay dos tipos de estrategias: «una que se podría denominar tipo ametralladora y otra tipo francotirador». La ametralladora –ha incidido– es «disparar indiscriminadamente y a ver si doy algo» y la otra es la de francotirador que «es rastrear cada caso y aplicar de una manera más adecuada todos los recursos». «Nosotros hemos elegido la estrategia basada en la trazabilidad de casos», ha destacado Camacho.

A este debate surgido a colación de que el PP volviera a pedir la realización de test masivos en la región, se ha unido el director general de Asistencia Sanitaria del Sescam para decir que allá donde un profesional ha demandado la utilización de un test lo ha tenido. Precisamente, ha informado de que Castilla-La Mancha tiene 700.000 test almacenados.

En esta comisión también se ha conocido que durante los meses de diciembre y enero han fallecido en Castilla-La Mancha un total de 1.042 personas, un 89 por ciento de ellas con una edad superior a los 70 años. «Cuando veo las cifras de fallecidos que tenemos todos los días se me revuelve el estómago», ha confesado el director general de Salud Pública.

Por su parte, el director general de Asistencia Sanitaria del Sescam ha recordado que los Planes de Contingencia han permitido incrementar la capacidad de hospitalización convencional hasta las 5.257 camas, muy por encima de la ocupación que se llegó a alcanzar al cierre del año pasado. «El servicio público de salud está en tensión sin ninguna duda pero saturado no está», ha defendido.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

De su lado, el diputado del PP Juan Antonio Moreno ha acusado al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, de ser un «consejero a la fuga» por no asistir a las comisiones y ofrecer explicaciones.

Así, ha recordado que la de hoy es la segunda comisión que se celebra en el Parlamento autonómico para analizar los efectos del coronavirus después de 11 meses de pandemia.

Además de esto, Moreno ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que «cambie la estrategia» para frenar los contagios en la región, ya que la actual «no está funcionando».

Por su parte, el parlamentario del PSOE José Antonio Contreras ha destacado que el Gobierno de Emiliano García-Page «no ha escatimado recursos» en la lucha contra el COVID-19, si bien ha lamentado la actitud del PP por querer «poner zancadillas en lugar de apoyar».

El portavoz socialista ha aplaudido que las medidas tomadas por el Ejecutivo autonómico para frenar la expansión del virus en la región han sido «eficaces», lo que se evidencia en la reducción del número de contagios.

Tras destacar el esfuerzo del Gobierno regional, el parlamentario socialista ha pedido «huir de la demagogia y los discursos vacíos» y, a este respecto, ha considerado que se echa en falta la «lealtad institucional» de los partidos de la oposición, que ha señalado que sí se está dando en otras comunidades autónomas y entre países.

Por parte de Ciudadanos ha intervenido su diputada Úrsula López, quien ha dicho que tiene la impresión de que el Gobierno regional «tiene más prisa en vender los éxitos que en vender las noticias negativas», algo que considera peligroso. «Queremos que a los ciudadanos se les informe de forma transparente» y que se les diga que «las camas de UCIs superan la ocupación muy por encima de lo que los profesionales pueden atender con seguridad», ha advertido.

Asimismo, López se ha vuelto a interesar por el nuevo hospital de Toledo. «¿Por qué sigue cerrado?», se ha preguntado la diputada de la formación naranja, quien ha lamentado que las medidas se han tomado un mes tarde, algo que ha supuesto «unas consecuencias dramáticas y en algunos casos irreversibles». «Les pedimos que aborden el problema con antelación y busquen soluciones a tiempo».

Por último, la diputada de Ciudadanos ha lamentado el «descontrol» que hay con el plan de vacunación y que la falta de previsión en las dosis de vacunas haya obligado a retrasar la segunda dosis a los profesionales sanitarios. «Han entrado las comunidades en una guerra del cien por cien y se han olvidado contar con la segunda dosis», se ha quejado.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha destacado este jueves «la magnífica noticia para la ciudad» al acoger la nueva base logística del Ejército de Tierra, que generará más de 1.600 empleos directos, y «convertirá a la ciudad en un motor tecnológico y de I+D+i en Andalucía y en toda España».

En un audio difundido por el Ayuntamiento, el regidor ha dado las gracias a la Universidad de Córdoba (UCO), a la Junta de Andalucía, al Ministerio de Defensa, a agentes sociales y económicos, entre otros, y a «todos los grupos políticos, asociaciones y colectivos que han colaborado y apoyado un proyecto que beneficia a todos».

Tras asumir que «era difícil dar esta noticia» para la ciudad, el primer edil ha resaltado que «si merece la pena ser alcalde de su ciudad es por días como hoy y por lo que significa para el día de mañana, por los empleos que va a haber, por cómo va a situar a Córdoba en el centro de una industria logística y militar y porque es un proyecto que va a situar a la ciudad a la altura de su historia».

Asimismo, ha elogiado «la apuesta que ha hecho el Gobierno de la nación por Córdoba, por encima de colores y partidos, pensando en el interés general, como hemos pensado todos», a lo que ha añadido que van a «trabajar para que este proyecto ya sea una realidad, para que se garantice el cumplimiento de la misión de Defensa y que junto crezcamos en un proyecto común».

En concreto, el Ministerio de Defensa ha elegido este jueves la ciudad de Córdoba como ubicación de la nueva base logística del Ejército de Tierra, un proyecto que generará más de 1.600 puestos de trabajo, en su mayoría de personal civil.

El Ejército de Tierra lleva años trabajando en este proyecto, que aunará en una sola base todas sus actividades de mantenimiento, con el objetivo de reducir los tiempos de servicio, movimiento e infraestructuras.

Fueron muchas las ciudades que se postularon para albergar este proyecto tecnológico, pero finalmente el Departamento dirigido por Margarita Robles ha optado por Córdoba «valorando las circunstancias y necesidades del Ejército de Tierra y las perspectivas de futuro que generará».

«IMPULSO ECONÓMICO Y SOCIAL»

Según subraya el Ministerio, su construcción supondrá «un extraordinario impulso económico y social para la zona», dado que se trata de un proyecto «innovador» con el que el Ejército de Tierra pretende dotarse de un centro logístico «con los más altos estándares tecnológicos».

Defensa también destaca las ventajas relacionadas con la eficiencia energética, gestión y aprovechamiento de residuos y la política medioambiental, que permitirá reducir al mínimo el impacto de esta obra en la zona.

Al respecto, el alcalde de la ciudad; la vicepresidenta primera de la Diputación provincial, Dolores Amo; la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo; el delegado de la Junta en la provincia, Antonio Repullo; el alcalde de La Carlota, Antonio Granados, y el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, participaron el día 22 de enero en Madrid en un encuentro con responsables del Ministerio de Defensa para explicar las características de la candidatura de Córdoba.

LAS UBICACIONES

Gracias al trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), se han estudiado y analizado las mejores zonas para implantar este proyecto logístico que requiere una superficie mínima que oscila entre las 80 y las 90 hectáreas. Tras el análisis realizado, se plantean dos posibles ubicaciones.

De un lado, se propone que se instale en el Camino Viejo de Almodóvar-El Higuerón sobre unos terrenos que cuentan con una superficie de partida de 85,20 hectáreas que se sitúan junto a la Estación de Mercancías de Córdoba El Higuerón, instalación ferroviaria logística considerada de «interés estratégico».

En este caso, Defensa recomienda que «se ubique en un área que permita la expansión de las mismas, como sucede en El Higuerón, donde existe la posibilidad de ampliar a 120 hectáreas, toda vez que la instalación tendrá un período de actividad nunca inferior a los 50 años», según ha expuesto el Ayuntamiento recientemente.

Además, otra propuesta que se ha trasladado es la ubicación del proyecto en el Parque Industrial La Rinconada, que cuenta con una superficie de partida de 192 hectáreas ya clasificadas como suelo urbanizable, con posibilidad de ampliación hasta más de 328 hectáreas.

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha asegurado que se vacunará a grandes dependientes en sus domicilios cuando estos no se puedan desplazar mediante la organización de rutas que garanticen el aprovechamiento de los seis viales de cada vacuna.

Así lo ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que ha comparecido junto al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. En este foro ha señalado que los dependientes institucionalizados ya han sido vacunados y se empezará con los que no están en residencias en cuanto se complete la vacunación de los grupos anteriores, es decir, personal sanitario de primera línea y general.

En este sentido ha avanzado la estrategia en la que ya trabaja la Junta para avanzar en esta vacunación. En primer lugar, si existe la posibilidad de desplazar al dependiente se le vacunará en su Centro de Salud o lugar habilitado para ello pero, en el caso de no poder salir, serán los profesionales los que se desplacen a su domicilio para suministrar la dosis al dependiente y a su cuidador.

De este modo se establecerán rutas de unos tres domicilios en un corto espacio de tiempo para asegurar el aprovechamiento de las seis dosis que incluye cada vial de la vacuna.

Como ha explicado Casado, en el caso de los dependientes no habrá que pedir cita porque los profesionales sanitarios les llamarán directamente para fijar una fecha de suministro.

Por otra parte, el vicepresidente ha explicado que las 27 vacunas que aparecían en las estadísticas como sin catalogar son dosis sobrantes que se han suministrado a personal relacionado con los grupos de riesgo como pueden ser los taxistas que se dedican a transporte de afectados. Por su parte, la consejera ha detallado que dos delegaciones territoriales de la Junta investigan vacunaciones ilegales.

Asimismo, la consejera ha avanzado que esta previsto que la próxima semana lleguen las dosis de la vacuna de AstraZéneca y ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo central marque la pauta para empezar a suministrar estas dosis cuanto antes.

De este modo ha eludido pronunciarse sobre su postura sobre el no suministro en mayores de 65 años, ya que, como ha defendido, desde la Comunidad se acatará la pauta que marque la ponencia de expertos.

Hasta el momento se han suministrado en la Comunidad un ttoal de 143.688 dosis, lo que supone el 87,5 por ciento del total que ha llegado, lo que sitúa a Castilla y León a la cabeza del conjunto de autonomías. Además, ayer ya se alcanzó la cifra de 51.323 personas que ya cuentan con las dos dosis.

CRIBADOS

Como ha avanzado la consejera desde la Junta se apuesta por mantener los cribados masivos en las zonas donde se detecte una mayor incidencia del virus por su efectividad, ya que se ha comprobado que al detectar asintomáticos se acota el contagio.

Así, desde mañana y en días sucesivos se van a realizar estos cribados en Burgos en la zona básica de comuneros y en Aranda de Duero; En León en Condesa, Crucero, Armunia, Trobajo, Eras de Renueva, Palomera, Villamejil, Quintailla del Castillo-Brañuelas y León capital; en Palencia en Becerril de Campos y en Salamanca en Alba de Tormes, Encinas de Arriba, Pedrosillo de los Aires, Valdecarros, Puente Congosto y Ituero de Azaba.

En Soria en Quintana Redonda, en Valladolid en Íscar y en Zamora en Barcial del Barco, Castrillo de la Guareña, Cubo de la Tierra del Vino, Faramontanos de Tábara y Rabanales.

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha reivindicado que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se preocuparon por los cortes de luz en la Cañada Real Galiana antes que nadie y ha mantenido más de 50 reuniones al respecto.

En su comparecencia este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid, a petición del PSOE, el consejero madrileño ha hecho hincapié en que es necesario distinguir dos aspectos respecto al «problema» de la zona.

Por un lado, Pérez se ha referido al que tiene que ver con el medio-largo plazo, «que no es de ahora sino de hace 60 años aunque se le quiera imputar los males asociados al Gobierno».

Según el consejero, la hoja de ruta para solucionar este ya está trazada y es el Pacto Regional por la Cañada Real. «Jamás había sido cuestionado por nadie hasta que algunos han visto oportunidad para sacar rédito político a una situación muy concreta (falta de suministro eléctrico)», ha señalado.

«CADA ADMINISTRACIÓN CONSERVA SUS COMPETENCIAS»

En esta línea, ha censurado que se intente cuestionar un Pacto que es «la esperanza de todas las familias» con el objetivo de «buscar un provecho político». Pérez ha reivindicado que esté se está cumpliendo y ejecutando, incluyendo los realojos.

Pérez ha recordado que se trata de un asunto que concierne muchos aspectos, entre ellos urbanísticos, medioambientales, sociales y política que implican a varias administraciones.

En este sentido, ha recordado que, a pesar del pacto, cada administración conserva sus competencias. Y, a pesar de las «injustas críticas», Pérez ha incidido en que se está llevando a cabo de forma «eficaz».

CORTES DE LUZ DESDE OCTUBRE

Por otra parte, ha señalado que está la problemática relacionada con los cortes de luz, que se crea a partir de finales de octubre. Desde ese momento, han mantenido más de 50 reuniones «siempre desde la lealtad institucional, desde la responsabilidad y desde la sensibilidad social, de la que no solo es poseedora la izquierda».

Así, ha pedido a los grupos de izquierdas que reconozcan que en el Gobierno regional tienen «por lo menos la misma capacidad que ellos de conmoverse cuando ven a las familias que sufren esta situación así como la misma humanidad». «Dejen de apropiarse de los buenos sentimientos como si fueran suyos», ha espetado.

EL PROBLEMA TIENE «SOLUCIÓN INMEDIATA»

Pérez ha reivindicado que el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso fue la primera administración «que nada más empezar a producirse estos apagones a principios de octubre, alertó». Según el titular de Vivienda, «no había pasado ni una semana de los apagones» cuando convocaron la primera reunión con la Delegación y los ayuntamientos.

«A continuación nos pusimos en marcha para buscar una solución», ha indicado, para a renglón seguido sostener que ese mismo mes tuvieron otro encuentro en el que «se llega a la conclusión de que ese problema tiene una solución inmediata que es el desmantelamiento de las plantaciones de droga que están provocando las sobrecargas que a su vez provocan los apagones».

Pérez ha sostenido que este es el planteamiento que no solo realiza la Comunidad sino también la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid, los comisionados para la Cañada, las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y muchas entidades, «que luego parece que no recuerdan que esa era su posición clara y meridiana».

«Se buscó la solución, se identificó y se acordó que iba a ser ese plan de choque que luego nunca se realizó», ha manifestado a continuación. El consejero madrileño ha incidido en que este problema hay que abordarlo desde la «responsabilidad».

Para él, no habría mejor noticia que dar o que leer que «ha vuelto la luz a la Cañada». «Esa luz que piden, nosotros la pedimos mucho antes. La pedimos para esos vecinos, nos reunimos 50 veces… la queremos igual para eso hay que desmantelar las plantaciones», ha remarcado.

Según el consejero, para eso antes tendría que haber una noticia previa, que fuese que la Delegación del Gobierno «por fin ha cumplido su compromiso de desmantelar las plantaciones». «Ese mismo día volverá la luz a la Cañada», ha concluido.

Por su parte, vecinos de los sectores V y VI de la Cañada se han manifestado este jueves por la mañana a las puertas de la Cámara regional para reclamar el restablecimiento del suministro eléctrico en la zona, coincidiendo con la comparecencia del consejero.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que la Comunidad se atiene a la ley y al ordenamiento territorial y ha atribuido a «afanes imperiales» y considera un «asunto típico de partidos nacionalistas» la iniciativa parlamentaria del BNG para llevar al Parlamento gallego la posible adhesión o la conversión en provincia de El Bierzo (León).

Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno se ha referido así a la iniciativa del BNG, que llevará al Parlamento de Galicia la reivindicación de Coalición por el Bierzo de que esta comarca reciba la consideración administrativa de provincia, al tiempo que se solicita a la Xunta que mantenga la puerta abierta a una posible adhesión de El Bierzo a la comunidad autónoma de Galicia.

«Esta Comunidad se atiene a la Ley, a lo que está en la Constitución, al ordenaimiento territorial y sobre todo se ocupa de una cosa, que no son de afanes o ensoñaciones nacionalistas o imperiales sino que se ocupa de las cosas del día a día, de la salud, la asistencia, el empleo, los planes territoriales, de fomentar las cosas pequeñas», ha afirmado Igea.

El vicepresidente de la Junta ha agregado que los nacionalistas siempre se encuentran ocupados «en sus sueños imperiales y poco ocupados de las realidades ciudadanos».

La iniciativa del BNG, a través de una proposición no de ley, pedirá el respaldo de la Cámara gallega a la declaración de El Bierzo como provincia, una demanda «con amplia base» social que surge de la «voluntad» del «pueblo berciano», como recogen distintos estudios demoscópicos publicados en los últimos tiempos.

Los encargados de presentar la proposición han sido la diputada del BNG María González Albert y el secretario general de Coalición por El Bierzo, Iván Alonso, quien ha reclamado que «se escuche la voz de los bercianos» y se atienda sus demandas a través de mecanismos democráticos para su reconocimiento como provincia.

Según ha expuesto la parlamentaria del Bloque, una encuesta publicada a comienzos del pasado año 2020 revelaba que los bercianos eran partidarios de constituir una provincia propia que se incorporase a Galicia por delante de formar parte de una hipotética comunidad autónoma de León.

Ante la conmemoración en 2021 del bicentenario de la constitución de la provincia del Bierzo (que abarcaba, además de la propia comarca, territorios de lo que hoy es León, Lugo y Ourense), BNG y Coalición por el Bierzo consideran «adecuado» impulsar esta reivindicación y llevarla a las instituciones gallegas.

Todo ello para crear un marco de «diálogo» entre la Administración gallega y las entidades bercianas para explorar vías de colaboración que ensanchen los «muchos» vínculos que unen Galicia con esta comarca ubicada en los límites administrativos entre tierras gallegas y leonesas.

La comunidad aragonesa sigue manteniendo una tendencia descendente en la incidencia de COVID-19, con una incidencia acumulada de 295 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días, una cifra sensiblemente inferior, un 25 por ciento menos, a la tasa de 392 casos que se registraba el mismo día de la pasada semana.

En una nota de prensa, el Ejecutivo autonómico ha indicado que en cuanto a las capitales de provincia, Zaragoza sigue bajando su incidencia, con 262 casos por 100.000 habitantes en la última semana –351 hace una semana–; Teruel tiene una tasa de 950 casos –969 la pasada semana–, y Huesca presenta una incidencia de 112 casos –182 hace siete días–.

Estos datos consolidan el descenso en la curva epidémica de esta cuarta oleada para Aragón, que acumula desde el inicio de la pandemia un total de 101.269 casos de coronavirus –601 durante la jornada de este miércoles– de los cuales 3.060 han fallecido: 2.229 en Zaragoza, 437 en Huesca y 375 en Teruel. Asimismo, 84.168 aragoneses han recibido ya el alta epidemiológica.

Otros indicadores experimentan también una tendencia descendente que indican un retroceso en la evolución de la pandemia. El índice de reproducción básico a los 7 días –el número promedio de casos que cada sujeto infectado puede llegar a infectar en una semana– se sitúa en 0,78, una cifra inferior al 0,98 que se registraba la semana anterior y que hace tres semanas se situaba en 1,21. Asimismo, la positividad global de pruebas diagnósticas es del 13,5 por ciento, cerca de cuatro puntos inferior a la registrado la semana pasada –17,6 por ciento–.

Respecto al seguimiento de los contactos a diez días, los datos siguen reflejando el incremento de los casos registrados en las últimas semanas. De este modo, en estos momentos se está realizando seguimiento a 13.285 personas, frente a las 14.547 de hace una semana. Como referencia, en el pico de la tercera oleada, el pasado mes de noviembre, se llegó a seguir a 24.297 personas.

La cifra de ingresos en los centros hospitalarios se estabiliza, de modo que en estos momentos la ocupación de camas en planta por enfermos COVID es del 17 por ciento, es decir, el mismo porcentaje que la semana anterior, y de un 41 por ciento de las camas UCI.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

Respecto a la situación de las residencias de personas mayores en Aragón, en estos momentos hay 52 brotes abiertos, que afectan a 929 residentes y a 283 trabajadores, todos ellos positivos en coronavirus.

En tres de estos centros solo hay contagiados residentes, en 15 solo trabajadores y en 34 tanto residentes como trabajadores. El 64,1 por ciento de los casos se concentran en diez centros.

En la actualidad, hay 75 personas de centros residenciales que se encuentran ingresadas en hospitales de la comunidad y los centros COVID atienden a 43 personas, teniendo en cuenta que en Casetas hay residentes positivos por coronavirus, pero Gea de Albarracín y Yéqueda atienden a residentes negativos.

Desde que comenzó el segundo periodo de brotes en Aragón han fallecido 714 personas en las residencias de ancianos de la comunidad.