La comisaria de Interior de la Unión Europea (UE), Ylva Johansson, ha reconocido este lunes la «presión enorme sobre el terreno» en Canarias consecuencia del aumento del fenómeno migratorio durante la crisis del coronavirus y llamó a articular un sistema de entrada «legal» y «más fácil» a la Unión Europea (UE) para atajar las rutas ilegales de entrada.

A este respecto, dijo durante su intervención en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) que junto con la necesidad de fondos económicos «hay que abrir en paralelo» el debate y la colaboración «con los países africanos para abrir vías ordenadas de llegada a la UE», de tal manera que los ciudadanos de estos países «no se vean abocados a arriesgar la vida para llegar por ejemplo a las islas Canarias».

«Nosotros en el pacto [el nuevo sobre Migración y Asilo] que hemos presentado defendemos un modelo más europeo, que demuestre que cuando una llega a Canarias llega a la UE. Tenemos que dotarnos de un sistema mucho más europeo, con un sistema y unos procedimientos, así como de solidaridad obligatoria. Ahora dependemos del carácter voluntario y vemos que no es suficiente. Necesitamos un mecanismo de solidaridad obligatoria», aseveró a este respecto.

«Tenemos que colaborar» y «desencadenar la solidaridad europea», agregó Johansson, quien por otra parte remarcó durante la Comisión de libertades en que «desde diciembre» las cifras van «a la baja», poniendo también en valor que vio de primera mano en Canarias «la situación» pero también «los medios desplegados».

Incidió en los fondos aprobados por la UE para impulsar los nuevos centros de acogida en las islas Canarias, así como el apoyo logístico de las agencias europeas, como Frontex o la Oficina europea de apoyo al asilo (Easo). Es importante ofrecer una «acogida digna» y «procedimientos eficaces», remarcó.

EL TURISMO CANARIO PODRÁ RECIBIR FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

Sobre la situación económica de Canarias y específicamente del sector turístico, se mostró convencida de que podrá contar con el apoyo europeo a través del uso de los fondos del plan de recuperación para poder «recuperar su actividad».

En clave migratoria, Johansson puso de manifiesto que hay que «insistir en reforzar la colaboración con terceros países», como Marruecos y Mauritania. Otro elemento que puso encima de la mesa la comisaria de Interior es «qué porcentaje de refugiados» hay entre el grupo total.

LA RUTA CANARIA, «PELIGROSA» Y LA «MÁS MORTÍFERA»

La comisaria dijo que la pandemia ha reducido el número de solicitantes de asilo así como el conjunto del flujo, pero la ha centrado en Canarias, a través de «traficantes», lo que calificó de «muy preocupante, porque es particularmente peligrosa y la más mortífera».

El presidente de la Comisión de Libertades civiles, Justicia y Asuntos de interior del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, tildó la ruta atlántica canaria como «insoportable» por su «tasa de mortalidad» y como la «más mortífera y peligrosa para llegar a Europa.

ENSANCHAR LA ACOGIDA

Así, reconoció «problemas de escasez de plazas de acogida», aunque remarcó que la UE ha liberado «fondos a España para ensanchar la acogida» y mejorar la situación sanitaria pese a que la pandemia «ha suspendido la mayor parte de transferencias hacia el continente, salvo de los más vulnerables».

También incidió en las «tensiones sobre la situación económica» en las islas derivada de la situación migratoria, especialmente sobre el «mayor sector económico» de las Islas, «que es el turismo».

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha enviado respuesta al Congreso de los Diputados señalando que no remitirá la documentación que obra en el sumario de la causa ‘Kitchen’ debido a que «se encuentra en fase de instrucción y por tanto tiene un carácter reservado».

En un breve informe fechado el 22 de febrero, el magistrado indica que esa reserva en las actuaciones judiciales es un principio fundamental al que alude el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Recuerda que el mismo señala que «las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral».

Así, recuerda que la instrucción relativa a la operación ‘Kitchen’, el operativo ‘parapolicial’ orquestado para sustraer información sensible para el PP que estaba en posesión de su extesorero Luis Bárcenas, aun está en fase de instrucción, «como es público y notorio».

A esto, el magistrado suma que hay «límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario». Por eso incide en que no remite lo requerido por la Mesa de la comisión de investigación de ‘Kitchen’ escudándose en «la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas».

Esta respuesta del magistrado llega después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le solicitara a través del presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, la documentación que previamente se había acordado interesar en la comisión.

Fue el pasado 28 de enero cuando ese órgano parlamentario presidido por la socialista Isaura Leal aprobaba por un lado el listado de comparecientes, entre los que está el comisario José Manuel Villarejo, y por otro la documentación que se debía requerir a la Audiencia Nacional.

LA AGENDA DE VILLAREJO Y LAS GRABACIONES A COSPEDAL

En concreto, aprobaron reclamar información relativa al comisario –que está en el centro de la investigación de la pieza separada número 7– como sus agendas incorporadas a la causa, las grabaciones efectuadas por el excomisario a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, y la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017.

También solicitaban tener acceso a los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez –el que fuera número dos en Interior en la época del ministro Jorge Fernández Díaz– y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil de Fernández Díaz, y que hacían mención al operativo.

A esto, desde la comisión sumaban todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos a la escala básica de la Policía.

Ya en enero, cuando salió a la luz la información que se iba a requerir, fuentes jurídicas adelantaron que los diputados que participen en esta comisión no podrían contar con ningún documento que obrara en el sumario. Algo que finalmente se ha materializado con el informe del juez al Congreso.

La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado este lunes que el «demoledor» informe del Consejo de Estado sobre el decreto ley de fondos europeos demuestra la «discrecionalidad» y el «oscurantismo del Gobierno en relación con el reparto de los 140.000 millones de ayudas europeas.

«Ya conocemos el informe que nos estaban ocultando. Un informe del Consejo de Estado que es demoledor y que nos señala la discrecionalidad en la entrega de las ayudas y la falta de control, algo absolutamente inaceptable», ha manifestado.

Así se ha pronunciado tras publicar el órgano consultivo el informe que realizó sobre el decreto del Gobierno y que recoge la «preocupación» de este organismo ante la «eliminación o modulación de mecanismos de control» ante la gestión de las ayudas europeas «en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenidos administrativos o las subvenciones».

En declaraciones, Elvira ha asegurado que se trata de un «reproche» en un extenso informe de más de 90 folios y ha criticado el «oscurantismo del Gobierno porque ha tenido tiempo de sobra de hacer este decreto bien».

En este sentido, Rodríguez ha destacado que el Consejo de Estado realiza una «crítica muy fuerte de la técnica jurídica que han seguido en el real decreto ley», si bien ha reconocido que el Gobierno ha corregido «algunas cosas que eran de escándalo absoluto».

«Pero lo que subyace del informe es que lo que han hecho con las leyes administrativas es una tomadura de pelo», ha manifestado, para añadir que por eso el Gobierno no quería mostrar el informe del órgano consultivo.

EL PP YA PRESENTÓ UN RECURSO DE AMPARO AL TC

La exministra ha señalado que el Gobierno debe dar explicaciones en sede parlamentaria sobre la «ocultación» de ese documento y ha exigido la comparecencia de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y del director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo.

Además, Rodríguez ha subrayado que el PP utilizará todos los mecanismos a su alcance para controlar esos fondos europeos, desde preguntas parlamentarias, peticiones de comparecencia o ejecución presupuestaria. Por lo pronto, el Grupo Popular ha registrado una iniciativa pidiendo crear una autoridad independiente para ese control de los fondos europeos, en línea con lo que han hecho otros países europeos.

Paralelamente, el PP ya trabaja en la preparación de un comité de expertos que fiscalice la actuación del Ejecutivo con esas ayudas europeas. Ese órgano estará formado por exministros, exsecretarios de Estado y expertos en política europea, digitalización o energía, entre otras materias, en línea con los ejes marcados por Bruselas.

EL PP YA PRESENTÓ UN RECURSO DE AMPARO AL TC

Los ‘populares’ han recordado hoy su ofensiva parlamentaria el pasado mes de febrero en el Congreso exigiendo al Gobierno que enseñara el informe del Consejo de Estado y cómo la negativa a estos requerimientos les llevo a acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

El PP considera que la publicación del informe del Consejo de Estado demuestra que «tenía razón con su denuncia» y que Pedro Sánchez «ocultaba el informe porque tenía mucho que ocultar», según fuentes ‘populares’.

Además, destaca el aviso del órgano consultivo asegurando que la UE «está llamada a ejercer un papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos incluidos en el Instrumento Europeo de Recuperación, lo que exige extremar las medidas destinadas a garantizar la correcta aplicación de tales recursos». A su entender, lo que quiere decir es que «el dinero llegará si los proyectos cumplen los controles pertinentes que en la norma no están garantizados».

El PP señala que el informe también reprocha al Gobierno que la memoria remitida adolezca «de graves insuficiencias en su contenido» y subraya que si la norma llegara a ser impugnada «sin duda» se sometería «a examen por el Tribunal Constitucional», según han indicado fuentes de la cúpula del PP.

Casa Real y Moncloa están preparando una visita del Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para este viernes a la planta de Seat de Martorell (Barcelona), según han informado fuentes gubernamentales.

Se trata de una visita que estaba prevista para finales de diciembre, pero que tuvo que cancelarse por la cuarentena que tuvo que guardar el jefe del Ejecutivo por el contacto que mantuvo en un almuerzo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, días antes de que el mandatario francés diera positivo en coronavirus.

La visita prevista para este viernes llega una semana después de hacerse público que el Rey Juan Carlos I ha presentado una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, por los que ha abonado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria. También en diciembre, el acto conjunto de Sánchez con el Rey en Barcelona se iba a producir tras conocerse la primera regularización fiscal del emérito.

APOYO TOTAL DE SÁNCHEZ A FELIPE VI

Ante tales informaciones, Sánchez ya mostró el viernes su total respaldo al jefe del Estado y defendió la necesidad de separar el comportamiento «personal» e «incívico» del Rey emérito de lo que es la institución de la Monarquía, y el papel que está desarrollado Felipe VI, de «ejemplaridad», «transparencia» y «buen uso de los recursos públicos». Ahora, Sánchez visibilizará el respaldo de su Ejecutivo al Rey con este acto en la planta de Seat en Martorell.

Este acto conjunto del Rey y Sánchez en Cataluña se produce en un momento especialmente convulso en la comunidad, donde desde mediados de febrero se suceden, sobre todo en la ciudad de Barcelona, violentas protestas callejeras contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

Asimismo, será la primera vez que el jefe del Ejecutivo visite Barcelona tras la celebración de las elecciones catalanas del 14 de febrero, en las que logró que su exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, ganara los comicios –aunque sin apenas posibilidades de hacerse con la presidencia de la Generalitat, por la mayoría independetista–.

La última visita conjunta de Sánchez y el Rey a Barcelona se produjo el 9 de octubre y estuvo rodeada de polémica, ya que se produjo después de la ausencia por primera vez del Rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró en la ciudad condal el 25 de septiembre; una ausencia que pactaron Moncloa y Casa Real por la situación en Cataluña y la inminente sentencia de inhabilitación del expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Tras el revuelo causado por esta decisión, que generó un gran malestar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Sánchez quiso acompañar al Rey en su visita a la incubadora de empresas de la Zona Franca de Barcelona del 9 de octubre.

De hecho, el presidente mantuvo su participación en ese acto incluso a pesar de que ese día se había convocado de urgencia en Moncloa un Consejo de Ministros extraordinario para declarar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid para endurecer las restricciones contra el coronavirus, que en su ausencia, presidió la vicepresidenta primera.

La Policía Nacional ha desarticulado en Melilla una red de explotación sexual de mujeres de origen marroquí, bajo amenazas y agresiones, y por la que cobraban a las víctimas la mitad de cada servicio sexual y 500 euros mensuales a cada una de ellas por el alojamiento.

La intervención se ha saldado con la detención y encarcelamiento del proxeneta y la busca y captura de dos mujeres, una la captadora de las chicas que eran obligadas a prostituirse tras ser atraídas a la ciudad española con promesas laborales y otra por colaboradora.

Según ha informado este lunes un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, a raíz de una investigación, agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía Melilla han procedido a la detención de un hombre de nacionalidad marroquí de 38 años de edad «que se lucraba de explotar sexualmente a mujeres de su misma nacionalidad en situación irregular en España, ejerciendo la prostitución en un inmueble céntrico de Melilla».

Asimismo, ha detallado que una mujer que «realizaba las funciones de captación en Marruecos» y otra «colaboradora del principal investigado» se encuentran actualmente en el país vecino debido al cierre fronterizo vigente y sobre ambas han instado órdenes de localización y detención.

El portavoz policial ha explicado que la actividad se concentraba en varias viviendas del citado edificio, las cuales el jefe de la red usaba tanto para alojar a las mujeres explotadas como para que se produjeran los encuentros sexuales con los clientes. «Al mismo tiempo, los clientes consumían drogas de manera habitual, algunas veces incluso en presencia de un niño de cuatro años hijo de una de las mujeres explotadas» ha apuntado.

CAPTADAS EN MARRUECOS

La citada fuente ha indicado que las víctimas eran previamente captadas en Marruecos «mediante engaño bajo falsas promesas de trabajo», aprovechando su extrema situación de necesidad y vulnerabilidad social, familiar y económica, «siendo explotadas en el ejercicio de la prostitución en condiciones de un control absoluto: el proxeneta llegaba a controlar incluso sus relaciones con personas fuera de edificio».

Además de la mitad del dinero obtenido por cada servicio sexual, el detenido les cobraba la cantidad de 500 euros mensuales por el alojamiento. Asimismo, han destacado que «el trato dispensado por el explotador hacia las mujeres era autoritario y amenazante, profiriéndoles continuos gritos, insultos e incluso llegando a la agresión física en algún caso».

El detenido, ha resaltado el portavoz policial, se valía de la condición de irregularidad de las mujeres para amenazarlas con expulsarlas del edificio y denunciarlas a las autoridades para su deportación a Marruecos, «sabedor de que éstas carecen de otro medio de subsistencia en Melilla, de manera que ninguna se atrevía a poner los hechos en conocimiento de la Policía».

De igual modo, una de las víctimas, debido a su edad (19 años) y su aspecto físico «aniñada», era ofrecida haciéndola pasar como menor de edad a los clientes, «obteniendo de este modo mayores ganancias de dicha explotación». Además, a esta mujer, la inducía a consumir cocaína, «con el pretexto de ayudarla a soportar dicha situación».

El Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla se ha hecho cargo de la causa y en vista de todo lo actuado y de las evidencias existentes, ha decretado el ingreso en prisión del detenido, de 38 años de edad y con dos detenciones anteriores por hechos similares. La investigación continúa abierta a la espera de efectuar más detenciones por parte de esta Unidad.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España, Arancha González Laya, ha pedido este lunes que las soluciones a la pandemia de COVID-19 no reproduzcan las «brechas anteriores y las que han aumentado» contra mujeres y niñas.

En un diálogo convocado por Fundación La Alameda, con sede en Chile, sobre la gestión de la pandemia y el rol de la mujer, la titular de Exteriores ha considerado que, para salir de la crisis derivada de la pandemia, es necesario «implantar políticas con una mirada muy específica en mujeres y niñas» y ha puesto el foco en que la mujer ha sido uno de los grupos sociales con los que la pandemia «se ha ensañado».

González Laya ha recordado algunas «cifras muy serias» que la pandemia de COVID-19 ha arrojado respecto a la situación de las mujeres, como en el ámbito de la pobreza extrema. Así, por cada cien hombres que han caído en la pobreza extrema debido a la crisis, han hecho lo propio 122 mujeres.

«Sabemos que la pandemia ha creado angustia, desesperación y violencia», ha reconocido González Laya, que ha insistido en que, sin embargo, «la violencia sobre las mujeres ha sido mucho más dura», por ejemplo, en el ámbito doméstico, con las víctimas conviviendo con los victimarios en épocas de confinamientos.

No obstante, ha puesto de manifiesto el papel que las mujeres pueden jugar en cuanto a la solución de la pandemia y ha destacado que empresas dirigidas por mujeres o con mayor presencia directiva de mujeres han sido «más capaces» de generar «resiliencia» ante la pandemia, subrayando que cualidades femeninas, como la «empatía» o la «capacidad de comunicación«, han sido fundamentales.

«Hay manera de responder a la crisis con mirada femenina. Otra manera de gestionar la crisis que me parece que es notable», ha asegurado González Laya.

Asimismo, la ministra española ha propuesto otros rasgos que tendrían que vertebrar las soluciones a la pandemia de COVID-19 y ha enumerado el multilateralismo y la cooperación. «La interdependencia es la descripción del siglo XXI y de lo que ha ocurrido durante la pandemia», ha justificado, antes de recalcar que «lo que hagamos unos impacta en otras comunidades, más allá de nuestro espacio y nuestro país».

En el evento también ha participado la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, que ha puesto en valor que el personal sanitario que ha luchado en primera línea contra la COVID-19 está «extraordinariamente feminizado» lo que, en última instancia, ha aumentado su «vulnerabilidad».

No obstante, ha destacado que «han estado al pie del cañón» y han mantenido la «disciplina» y el «compromiso, muchas veces sabiendo que volvían a casa y convivían con personas vulnerables».

En este sentido, ha detallado que, a su juicio, la manera en la que las mujeres gestionan las crisis «tiene que ver con la audacia» y con «adaptarse de manera más eficaz a contextos hostiles y complicados». «Reaccionar frente a imprevistos muestra que la capacidad de visión de conjunto de las mujeres ha hecho responder», ha reiterado.

Por ello, y centrada en el hallazgo de soluciones de la pandemia, Ribera ha afirmado que «es bueno recordar» que las mujeres quieren «participar al menos en el mismo porcentaje que el porcentaje que representamos en el conjunto de la sociedad», además de indicar que la respuesta «no puede dejar a nadie atrás» y que la solidaridad es algo «crítico y determinante».

LOS «MEJORES» EJEMPLOS, PAÍSES LIDERADOS POR MUJERES

Por su parte, la presidenta del PSOE y vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, ha reconocido la «responsabilidad política» de las mujeres que se encuentran al frente de los gobiernos de sus países, aunque ha lamentado que son «pocas» –una veintena de los casi 200 países del mundo–.

Así, ha subrayado que, «precisamente en ese porcentaje», se encuentran «algunos de los mejores ejemplos de respuesta a la pandemia». Narbona ha mencionado a la canciller de Alemania, Angela Merkel, o a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

«Varios países en los que la respuesta a la pandemia ha sido especialmente eficaz», ha aseverado, señalando entre la razones de la eficacia la capacidad de las mujeres para tener una visión «integrada» de los problemas, que suelen ser multisectoriales, o la «empatía» hacia los más vulnerables.

De forma paralela, la presidenta del PSOE ha reconocido la labor de las mujeres investigadoras y su rol en el desarrollo científico. «Así que más afectadas, más vulnerables, con mayor desigualdad social, pero también con una capacidad de respuesta y liderazgo que debemos dar a conocer a la ciudadanía», ha remachado.

Respecto al futuro, Narbona ha pedido avanzar hacia una «globalización de los valores» y «de los derechos de los ciudadanos», después de afear que la pandemia ha visibilizado que la interdependencia que rige el sistema global responde a un «paradigma muy economicista» que implica «concentración de la renta y la riqueza, control de los recursos y métodos productivos».

A su juicio, este es el «momento idóneo» para impulsar los valores progresistas de la socialdemocracia y la justicia social. «Donde hemos llegado es a un mundo donde surge algo tan grave que se acentúan las desigualdades», ha lamentado Narbona, que insistido en «un reparto más equitativo de la riqueza y el acceso a los recursos y bienes del sistema productivo».

MUNDO «TREMENDAMENTE DESIGUAL»

Por último, la precandidata presidencial del Partido Socialista de Chile, Paula Narváez, ha recordado que «ningún país del mundo puede exhibir el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres», aunque ha reconocido la existencia de «avances importantes desde el punto de vista de ir cerrando brechas».

«En ese contexto nos golpea la pandemia, en un mundo tremendamente desigual», ha dicho Narváez, que ha incidido en que, además, América Latina es la región «más desigual» del mundo en este campo.

«La pandemia aterriza ya en situaciones vulnerabilizadas para mujeres y niñas», ha señalado, lo que, a su juicio, «demuestra por qué es tan necesario tener un enfoque de género en cada una de las políticas que se desarrollan en los Estados».

Del mismo modo, ha mencionado la necesidad de mostrar el rol de las mujeres proporcionando cuidados, ya sea en el ámbito sanitario, doméstico, privado o comunitario y ha especificado que «el trabajo doméstico es trabajo». Por ello, ha reclamado que el Estado se encargue de los cuidados «como un sector de la economía» que, en última instancia, posibilita la inserción de las mujeres en la vida social, política y económica.

Narváez, que también ha defendido la capacidad de las mujeres «para conducir el camino de un país», ha sostenido la importancia del multilateralismo en el contexto actual y ha reclamado que los países «renueven» sus compromisos con el mismo.

Del caso chileno, Narváez ha resaltado que la pandemia ha demostrado que «un Estado presente resulta especialmente necesario» y ha concedido importancia al proceso constituyente de Chile en este sentido.

En octubre de 2020 se realizó un plebiscito nacional en el que los chilenos eligieron redactar una nueva Constitución a través de una Convención Constituyente con un 78 por ciento de los votos, dando inicio a un proceso que pondrá fin a la Carta Magna actual, que se remontaba a la época del dictador Augusto Pinochet.

El Comité de Bioética –órgano consultivo adscrito al Ministerio de Sanidad–, prevé publicar antes de verano de 2021 un informe sobre objeción de conciencia a la ley de eutanasia en el que tratarán de definir quién puede objetar y si pueden hacerlo solo personas físicas o también jurídicas, como un hospital o una entidad religiosa.

«Vamos a plantear varias cuestiones, la objeción de conciencia es un tema controvertido y la ley no lo regula de manera clara. Vamos a plantear cuáles son los límites de la objeción, si es solo de personas físicas o también jurídicas, si un hospital o una entidad religiosa pueden objetar», ha explicado el presidente del Comité de Bioética y profesor propio agregado de Derecho constitucional de la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas, Federico de Montalvo Jääskeläinen.

Según ha precisado, los miembros del Comité comenzarán a trabajar en este informe previsiblemente el próximo mes de abril y esperan tenerlo terminado antes de verano, en torno al mes de junio.

En cuanto al contenido del informe, Federico de Montalvo ha explicado que, además de definir quién puede objetar a practicar la eutanasia, también abordarán en el documento el tema del «registro de objetores», en concreto, la posibilidad de que este sea «en positivo, no en negativo», es decir, que sean los profesionales sanitarios que estén de acuerdo en practicarla los que se apunten en una lista.

Este informe no lo realizan a petición del Gobierno sino a iniciativa del propio Comité de Bioética. Además de este, también prevén tener publicado a finales de año otro informe sobre aspectos legales de la telemedicina, la cual se ha incrementado a raíz de la pandemia de la Covid-19.

Según ha precisado De Montalvo, estos informes «no son vinculantes», ni los que publican a petición del Ejecutivo ni los que elaboran por propia iniciativa, y lo que ofrecen son unos «criterios éticos» para que puedan ser tenidos en cuenta por el Gobierno si así lo considera oportuno.

Este sería el segundo informe que elabora el Comité de Bioética sobre eutanasia, pues ya presentó uno el pasado mes de octubre de 2020, en el que rechazó por unanimidad considerar la eutanasia como un «derecho subjetivo».

También sería el segundo informe sobre objeción de conciencia. El anterior se realizó en 2011 cuando era presidenta del Comité de Bioética Victoria Camps. En aquel documento, el Comité reconoció la conveniencia de proceder a una regulación del ejercicio de la objeción en el ámbito sanitario, a fin de «garantizar los derechos de usuarios y pacientes del sistema público» y dar «seguridad jurídica a objetores y centros sanitarios».

Federico de Montalvo ha indicado que también tendrán en cuenta aquel informe para la redacción del nuevo documento aunque atendiendo a la ley actual.

La elaboración de este informe se enmarca en la reciente aprobación por el Pleno del Congreso de la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, que continúa su tramitación parlamentaria en el Senado.

Políticos y representantes de la cultura han despedido este lunes 1 de marzo al actor Quique San Francisco, fallecido tras dos meses ingresado por una neumonía bilateral, alabando su buen hacer en su profesión «regalando tantas y tantas risas».

San Francisco fue el protagonista del videoclip de Hombres G ‘Con los brazos en cruz’ en el año 2019. «Él si que era más chulo que nadie. D.E.P», ha señalado la banda en un tuit. Su cantante, David Summers, también ha lamentado el fallecimiento del actor «de buen corazón». «Qué horror, me acabo de enterar. Qué gran tipo, qué gracioso y qué buen corazón tenía… Qué pena más grande…», ha escrito el músico.

El presentador Jordi Évole, que entrevistó a San Francisco en alguna ocasión, ha agradecido al actor «tantas risas», mientras que el escritor Montero Glez ha reconocido que formó parte de su «memoria sentimental» gracias a su «interpretación encarnando a personajes del lumpen».

El músico Alejandro Sanz ha celebrado que el actor haya «regalado algo muy valioso, risas y más risas», mientras que Pitingo ha señalado que San Francisco «siempre estará en los corazones». Por su parte, el cineasta Álex de la Iglesia ha subido una fotografía del rodaje de ‘Acción mutante’, en el que participó Quique San Francisco.

El ministro de Cuñtura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, también ha tenido palabras para un intérprete que «nos hizo reír mucho. «Recuerdo su trabajo en Orquesta Club Virginia, su personaje en Cuéntame o sus numerosos papeles en el llamado ‘cine quinqui’ de los 70/80. Siento mucho su pérdida», ha señalado.

Mientras, el diputado de Cs Toni Cantó ha lamentado que «se haya ido un alma libre». La líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha hablado de la muerte de «un referente de la interpretación» en España.

La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, y el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, han lamentado la muerte del actor Enrique San Francisco, que se encontraba hospitalizado en el Hospital Clínico San Carlos por una neumonía bilateral.

«Lamento profundamente la muerte del actor Quique San Francisco. Era un gran artista y una estupenda persona. Un abrazo a los suyos», ha manifestado Rivera de la Cruz en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, también ha enviado su pésame a través de un tuit a los familiares y amigos de Enrique San Francisco. «Se va un gran actor y uno de los mejores humoristas de nuestro país. DEP», ha agregado.

La Unión de Actores y Actrices ha informado este lunes, también en Twitter, de la muerte del actor, de 65 años.

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha denunciado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) no cumple el ordenamiento ambiental, por lo que exige que la reconstrucción económica tras la pandemia se acometa «con estricto apego al estado de derecho», lo que pasa por «cumplir con todo el ordenamiento jurídico ambiental» existente en España.

El instituto ha examinado los requisitos que exige el derecho ambiental de la UE para elaborar los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia bajo el Mecanismo de la UE que lleva el mismo nombre y recuerda que en materia ambiental, el ordenamiento jurídico pasa también por incluir los Tratados o Convenios internacionales ambientales ratificados por España.

Así lo expone el IDDMA en su informe ‘El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Estado de Derecho: Implicaciones Ambientales’ las deficiencias respecto al derecho medioambiental en el citado plan en España. En un segundo informe, ‘Environmental Rule of Law and National Recovery and Resilience Plans: Transparency and Public Participation’ analiza el proceso europeo que conlleva la elaboración de estos planes en los Estados miembro.

En concreto, denuncia que la elaboración del plan español «no está siendo transparente» ni se están articulando «cauces de participación pública» en su elaboración, lo que «vulnera las Convenio de Aarhus», algo «necesario» porque los proyectos que se ejecutarán con cargo al PRTR inciden sobre el medio ambiente. Esto, según insisten los letrados requiere realizar consultas públicas, algo que «no se está produciendo».

Por otro lado, añaden que el PRTR encaja también dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Evaluación Ambiental, como de la Directiva europea en la materia, por lo que debe someter a Evaluación Ambiental Estratégica. «Tampoco se está produciendo a pesar de lo exigido no solo por esa Ley sino también por la Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica», alertan.

La directora del IDDMA, Ana Barreira, ha defendido que «transparencia y participación pública» son dos elementos «fundamentales» de democracia y opina que sin ellos la ciudadanía «no tendrá un sentimiento de pertenencia» hacia el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En definitiva, explica que la recuperación de la COVID-19 «no puede realizarse a costa del estado de derecho en materia ambiental» y más aún cuando este Plan tiene que contribuir a alcanzar los objetivos del Pacto Verde de la UE.

El instituto analiza también el Real Decreto Ley para ejecutar el citado plan, como la modificación que facilita la exclusión del trámite de evaluación de impacto ambiental (EIA) a una categoría de proyectos, financiados con los fondos europeos, al establecer «circunstancias excepcionales» para no someterlos a este procedimiento.

Para el IDDMA, esta medida «contraviene» el derecho de la UE, que permite la excepcionalidad en cada caso particular, pero no permite excluir un bloque de proyectos, aun cuando se trate de «meras modernizaciones o mejoras de instalaciones ya existentes».

En ese sentido, alerta de que bajo el argumento de dar mayor seguridad jurídica ese Real Decreto Ley hace modificaciones a la Ley de Evaluación Ambiental, lo que reduciría plazos de algunos de los trámites de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y de Evaluación Ambiental Estratégica, incluidos los plazos para las consultas públicas producidas en el marco de dichos procedimientos.

Por ello, advierte de que esos plazos no se corresponden con los que da el Comité de Aarhus para la revisión de casos dentro de este procedimiento, lo que «abre la puerta a futuros problemas».

En cuanto al segundo de los informes, alerta también de que los planes de Planes de Recuperación y Resiliencia de los Estados miembros no se están realizando conforme a lo exigido sobre participación pública y de Evaluación Ambiental Estratégica, a pesar de que así lo requiere el ordenamiento jurídico de la UE.

Ciudadanos celebrará el próximo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, un acto telemático «multitudinario» con afiliados del partido para «reivindicar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres sin poner en riesgo la salud de los asistentes».

Además, ha indicado que sus representantes no participarán en «aglomeraciones o manifestaciones multitudinarias» donde no se puedan garantizar las medidas necesarias para evitar la propagación del Covid-19, una decisión con la que pretenden ser «responsables y ejemplares» y seguir la recomendación de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

A través de un comunicado, Cs ha argumentado que actualmente «no se dan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes» y que en este momento, con una incidencia acumulada de casi 200 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días y un nivel «preocupante» de ocupación de camas de UCI en varias zonas, «la prioridad es salvar vidas».

NI EL «NEGACIONISMO» DE VOX, NI EL «SECTARISMO» DE LA IZQUIERDA

En rueda de prensa en la sede de Cs, la portavoz de la Ejecutiva nacional, Melisa Rodríguez, ha diferenciado la posición de su partido sobre el feminismo de la «visión negacionista» de Vox, que cree que «no hay desigualdad» entre hombres y mujeres, y del enfoque «sectario» del PSOE y Podemos», que «apartan a los hombres de la ecuación y sectorizan a las mujeres en función de su ideología».

«La igualdad no tiene que ver con a quién vote cada una ni con excluir a una parte de la sociedad, la única manera de luchar por una igualdad plena es entendiendo que este camino tenemos que hacerlo hombres y mujeres de manera conjunta», ha subrayado.

Según Rodríguez, en España hay que resolver problemas como la brecha salarial, que ha relacionado con el nacimiento del primer hijo de una mujer y que cree que solo se podrá cerrar fomentando la corresponsabilidad de padres y madres y la conciliación entre la vida laboral y familiar.

Asimismo, ha destacado el especial impacto que la pandemia ha tenido sobre las mujeres al representar porcentajes mayoritarios en determinados sectores profesionales que han estado más expuestas al virus, como la sanidad, la educación, la limpieza, la hostelería o los servicios sociales, y también ha señalado el aumento de las consultas por violencia machista en el último año.

Visit València impulsa una campaña para mantener la visibilidad de las Fallas tanto a nivel nacional como internacional, para que llegado el momento estas fiestas continúen como un foco de atracción de visitantes y un motor económico y de desarrollo.

Bajo el lema ‘Més fallers que mai’, esta iniciativa es una suma de fuerzas y voluntades en un momento muy complicado para los principales sectores económicos vinculados a la fiesta, destaca en un comunicado el concejal de Turismo y presidente de la fundación, Emiliano García.

Pero la campaña también pretende generar impactos positivos y elevar el ánimo del colectivo fallero, al que invita a realizar algunos planes en línea relacionados con las Fallas primando siempre la responsabilidad y «el respeto total a las restricciones sanitarias y a las personas que lo estén pasando mal».

«Las Fallas son la mejor forma de proyectar nuestra forma de ser al mundo, de mostrar que somos un pueblo unido, creativo, incluso en circunstancias como las actuales. Y queremos hacerlo desde la responsabilidad y las restricciones que la situación sanitaria nos exige».

A partir de ahí, el objetivo es mantener la visibilidad de esta fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y servir de escaparate para los sectores vinculados a la fiesta, dando visibilidad a las iniciativas que desde los gremios se impulsan e involucrar a la sociedad, las instituciones y las empresas.

La filosofía que marca esta campaña es que València es un pueblo que se crece ante la adversidad, tirando de ingenio, creatividad y pasión. «Por eso este año en el que no se celebrarán las Fallas en marzo, nos toca demostrarlo y ser más falleros que nunca», reivindica el edil de Turismo.

A nivel visual, los protagonistas son los iconos de las Fallas: la pirotécnica, las flores, la música, la indumentaria, la gastronomía; y la etiqueta ‘#mesfallersquemai’ para redes sociales, acompañada de la propuesto por Junta Central Fallera (JCF) de ‘#fallesvirtuals’.

FALLAS EN LOS ESCAPARATES

Entre las propuestas que incluye este proyecto, el comercio valenciano vertebrará una ‘plantà’ muy especial por toda la ciudad. A iniciativa del Gremio de Artistas Falleros, con la colaboración de la CEV y las comisiones falleras, muchas tiendas serán el escaparate de las Fallas a partir del 15 de marzo, tradicional día de ‘plantà’.

Durante la semana fallera también se realizarán charlas con los principales protagonistas de las fiestas que podrán ser seguidas a través de las redes de Visit València.

El 15 de marzo, aunando las Fallas con la Capitalidad Mundial del Diseño, se realizará ‘Diseñando fuego’ una interesante entrevista en directo para descubrir cómo es el proceso de creación de una falla de sección especial de la mano de un artista fallero y su diseñador.

Un día después, fecha en la que las comisiones infantiles recogen los premios, se revivirá la emoción de celebrar con la entrevista ‘Ganar el 1er Premio de la Sección Especial’ para conocer la parte más emotiva de la fiesta y compartir experiencias y vivencias del último año.

Ya el 18 de marzo y 19 de marzo llegará el turno de las tertulias ‘Ser Fallero/a y Artista’ para compartir experiencias con los grandes protagonistas de las fallas y ‘La Cremà’ con un grupo de divulgadores que repasarán algunas de las ‘cremàs’ más importantes del ‘cap i casal’.

‘Más falleros que nunca’ cuenta con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, el patronato de Turismo de la Diputación de València, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), la Federación Empresarial de Hosteleria de València (FEHV), el Gremio de Artistas Falleros, la Interagrupación, Fallas de Sección Especial, la Federación de Fallas 1ªA, la Federación de Fallas de Ingenio y Gracia y la JCF.

La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, se ha reunido este lunes «a iniciativa propia» con el representante del Gobierno de Nicolás Maduro en Madrid después de que el mandatario venezolano diera orden de revisar las relaciones con España.

Según han informado fuentes diplomáticas, Gallach ha trasladado al encargado de negocios venezolano, Mauricio Rodríguez Gelfenstein, la «decepción» del Gobierno por la expulsión de la embajadora de la UE en Caracas decidida la semana pasada.

Asimismo, la secretaria de Estado ha aprovechado para indicarle que actuaciones como esa o las declaraciones de Maduro tras la visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la frontera entre Colombia y Venezuela «no favorecen que pueda concretarse el interés de España y de la Unión Europea de ser actores constructivos en la salida de la crisis».

La reunión, sobre la que la Embajada venezolana en Madrid no ha querido hacer comentarios, se ha producido dos días después de que Maduro diera orden de «revisar a fondo todas las relaciones con España». El mandatario echó en cara a González Laya su visita a la frontera con Venezuela junto a la canciller colombiana, Claudia Blum, para conocer de primera mano la situación de los migrantes venezolanos.

¿Qué hace la canciller de España en la frontera colombo-venezolana, en vez de irse al Mediterráneo a buscar a los refugiados y a la gente que huye de África y se muere en el Mar Mediterráneo? ¿Por qué la canciller de España viene a meterse en los asuntos de Venezuela?», señaló, acusando a la ministra de «injerencia» y de «doble rasero».

ACUSACIONES DE GOLPISMO

La visita de González Laya ya había suscitado críticas por parte del Gobierno de Maduro desde que se conoció una semana antes. Así, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez articula con el presidente colombiano, Iván Duque, «planes golpistas y desestabilizadores contra Venezuela desde Colombia».

La propia ministra salió al paso de estas acusaciones, defendiendo que «el Gobierno de España no se dedica a actividades golpistas ni en Latinoamérica ni en ningún otro lugar del mundo», y tras las palabras del sábado de Maduro contra ella, se limitó a reclamar «respeto», defendiendo el objetivo de su visita, que no era otro que respaldar a Colombia en el proceso de paz y también en su acogida de 1,7 millones de venezolanos.

Este rifirrafe a nivel bilateral también se ha visto acompañado de otro a nivel europeo. El lunes pasado, la UE decidió ampliar las sanciones contra dirigentes implicados en las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela, cuyo resultado los Veintisiete no reconocen.

En respuesta, Caracas decidió el miércoles expulsar a la embajadora de la UE, a la que dio 72 horas para abandonar el país si bien, su salida aún no se ha producido pero tendrá lugar «en los próximos días».

Además, el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, entregó notas de protesta a los representantes diplomáticos de España, Francia, Alemania y Países Bajos, denunciando que estos cuatro países actuaron «con mayor mala intención para fomentar nuevos ataques contra Venezuela».

MENSAJES CRÍTICOS CONTINUADOS

Pero al margen de estos dos últimos hechos, en las últimas semanas han sido varios los reproches enviados desde Caracas. Por una parte, las acusaciones han estado centradas en la supuesta complicidad de España, y principalmente del que fuera el embajador español en Caracas, Jesús Silva, en supuestas acciones violentas orquestadas por el líder opositor Leopoldo López, quien permaneció refugiado durante más de un año en la Embajada española antes de huir el pasado octubre a Madrid.

En este sentido, el propio Maduro dijo que el Gobierno español «se hace el sordo» frente a las pruebas que incriminarían en presuntas acciones violentas a Leopoldo López, recriminando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su «falta de coraje» para entregar a quien considera un líder «golpista».

Precisamente, a finales de enero, el presidente de la nueva Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, acusó a Leopoldo López de ordenar y planificar un ataque con bombas contra la sede del legislativo.

Rodríguez se refirió en particular a las gestiones realizadas por López durante los meses que pasó acogido en la Embajada española en Caracas, señalando expresamente al antiguo embajador, que dejó el cargo a principios de noviembre.

Según el dirigente chavista, Jesús Silva «fue el mayordomo de Leopoldo López mientras se encontraba en la residencia del embajador de España en Venezuela» y todos los delitos en los que participó el líder opositor «se planificó con la complicidad de Jesús Silva».

Ante estas acusaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores recalcó que el Gobierno español «no practica la injerencia en asuntos internos ni participa en la planificación de actos violentos y contrarios al ordenamiento interno de otros estados». Mientras estuvo al frente de la Embajada en Caracas, Silva actuó «siempre con arreglo a estos principios que rigen nuestra política exterior», se defendió.

Tanto Maduro como otros líderes chavistas han aprovechado los acontecimientos internos en España para poner en entredicho al Gobierno. Así, el propio mandatario se refirió al caso del rapero ‘Pablo Hasél’, que «ha alarmado a la comunidad internacional. «Solamente por cantar está preso», aseveró, defendiendo que el rap «es un género de música rebelde, crítica, necesaria».

Su ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, sostuvo por su parte que es «imposible no expresar solidaridad» con Hasél tras «un caso incomprensible». «Ojalá haya reflexión por parte de las instituciones. Aunque si refugiaron y protegen hoy a un terrorista como Leopoldo López… ¿Qué les puedo decir?», escribió en Twitter.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Bilbao ha condenado a cinco meses de prisión a cada una de las regentes de una pastelería bilbaína por contratar irregularmente a personas extranjeras indocumentadas, según ha informado CC.OO. en un comunicado.

En concreto, según ha precisado el sindicato, han sido condenadas por un delito contra los derechos de las personas trabajadoras y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

CC.OO. ha indicado que, de la sentencia se desprende que las regentes de la pastelería desde, al menos, 2017, ofrecieron trabajo en su negocio como camareros o cocineros a personas extranjeras sin permiso de trabajo en España y que se emplearon» en aquel establecimiento, sin ser dados de alta en la Seguridad Social ni ponerse en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores».

El sindicato ha señalado que contrataron reiteradamente de manera irregular y en un espacio de 15 meses, a cinco personas trabajadoras, cuatro mujeres venezolanas y un hombre de origen chileno.

CC.OO. ha explicado que, en el caso de una de las mujeres, «una de las acusadas abonó el billete de avión a su prima para que viajara a España desde su país de origen, Venezuela, vía París, entrando como turista para luego permanecer con ayuda de la referida acusada en este país de forma ilegal, en su domicilio, y prestando servicios en su negocio de pastelería».

Por otro lado, la Inspección de Trabajo reafirma que, durante la visita a la pastelería, se encontraban prestando servicios tres trabajadores sin permiso de trabajo, y solo una cuarta se encontraba de alta en la Seguridad Social. En el informe constan consta cinco trabajadoras sin alta en seguridad social.

PROPUESTA DE SANCIÓN

El sindicato, ha añadido que, como consecuencia de todo ello, se ha levantado acta por una infracción «muy grave» y se ha propuesto una sanción por un importe de 30.000 euros, más un incremento correspondiente a las cuotas de la seguridad social por importe de 10.088,31 euros a la sociedad. Este procedimiento administrativo quedó suspendido hasta la finalización del procedimiento penal.

La central sindical ha explicado que ha sido el centro de información al trabajador extranjero de CCOO de Euskadi (CITECCOO) el que ha llevado el proceso que termina con la condena de las dos personas que regentan la pastelería por vulnerar los derechos de cinco trabajadoras indocumentadas.

Además, CITE CCOO, ha tramitado con éxito la autorización de residencia de estas trabajadoras, por colaboración con las autoridades policiales. El centro ha asegurado que va a seguir «denunciando y persiguiendo el abuso laboral» y todas las irregularidades que «una persona migrante sufre por el mero de su origen y, aun más, cuando su situación administrativa es irregular».

«Consideramos de gran importancia esta sentencia ya que rompe barreras y empodera a las personas migrantes irregulares para defender y luchar por sus derechos laborales, y con especial incidencia en el colectivo femenino, ya que se trata de cinco mujeres inmigrantes irregulares que, gracias al apoyo de CITE- CCOO, han defendido sus derechos laborales con repercusiones favorables para ellas», ha añadido.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha defendido este lunes de que su formación estará presente el próximo 8 de marzo en la celebración del Día Internacional de la Mujer, aunque en esta ocasión, con actos que respeten las indicaciones sanitarias contra el coronavirus y no conlleven ningún riesgo.

«Durante los próximos días terminaremos la preparación de los actos en los que el PSOE estará presente, como no puede ser de otra manera, siendo el feminismo parte de nuestra principal seña de identidad, así como la lucha contra cualquier tipo de desigualdades», ha afirmado en rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE.

Así lo ha asegurado, antes de señalar que todo lo que se organice, tendrá en cuenta las indicaciones de las autoridades sanitarias, para «evitar a toda costa» que los actos que se celebren representen algún riesgo, desde el punto de vista de la propagación de la pandemia.

En este sentido, ha avanzado que serán «otro tipo de iniciativas las que llevarán a cabo» para «apoyar la lucha de las mujeres por la plena igualdad», pero «respetando siempre las condiciones» que se exigen para frenar la pandemia y evitar nuevos riesgos.

PODEMOS RESPALDA LAS MOVILIZACIONES «EN LA CALLE» Y EN OTROS FORMATOS

Por su parte, sus socios del Gobierno de Podemos sí han avanzando que respaldarán las movilizaciones «en la calle» y en otros formatos que convoque el movimiento feminista para el 8M, siempre que estos cumplan con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

El partido morado ha ha criticado que se cuestione la celebración de movilizaciones por el 8 de marzo y no otras. En concreto, su portavoz, Isa Serra, ha cargado contra la estrategia de las «derechas y la extrema derecha» de utilizar la pandemia para criminalizar el movimiento feminista del 8M.

Dada la situación de pandemia, las calles de Madrid y otras grandes ciudades no acogerán este 8M grandes movilizaciones, como si ocurrió hace un año, una semana antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma para hacer frente al estallido de la pandemia del coronavirus.

POLÉMICA Y DIVISIÓN POR EL TIPO DE ACTOS

Tras la polémica del año pasado por haberse permitido la celebración de estos y otros eventos multitudinarios el fin de semana anterior a que la situación se confirmara descontrolada, la organización del 8M de este año ha generado de nuevo división entre convocantes y partidos, por el tipo de actos que deben celebrarse.

Desde el Ministerio de Sanidad, la ministra Carolina Darias sentenció que este año «no ha lugar» a manifestaciones en las calles. Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Madrid señaló que autorizaría actos con una presencia inferior a 500 personas.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad que dirige la ‘número dos’ de Podemos, Irene Montero, aseguró que seguirá las recomendaciones de Sanidad, pero también las de las Delegaciones del Gobierno y las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas.

Ante las dudas, la Secretaría de Igualdad del PSOE –que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo– ya dejó claro el pasado jueves que, dada la situación pandémica, iban a apoyar «las actividades que, sin perder el carácter reivindicativo que para los y las socialistas conlleva esta fecha, sean compatibles con la situación sanitaria».

El Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna (ULL) ha criticado este lunes los macrocampamentos de migrantes levantados en los barrios de Las Raíces y Las Canteras, en el municipio tinerfeño de La Laguna.

«No son lugares adecuados para que centenares o miles de personas puedan vivir en condiciones adecuadas, más bien parecen campos de reclusión forzada para criminales», advierte en un comunicado en el que muestra su «preocupación» con la situación humanitaria de los emigrantes llegado a las islas.

El centro señala que muchos de los migrantes africanos que hay en las islas «tienen papeles en regla y desean continuar su viaje hacia lugares que les permitan colmar sus expectativas de vida», entre ellas, reencontrarse con sus familiares que ya viven en Europa, «y no existe razón suficiente ni política ni jurídica para no dejar que estas personas puedan continuar con su aventura vital».

En esa línea, indica que no se puede limitar la movilidad de los migrantes y de los solicitantes de asilo, no solo por razones de índole histórico, «pues Canarias es una tierra que desde el siglo XVII hasta bien entrado el siglo XX envió mucha gente fuera a buscarse una vida mejor», sino por mera humanidad, porque los migrantes son seres humanos como cada uno de nosotros, «algo que parece se olvida con mucha frecuencia.

Los investigadores apuntan que con tantos «obstáculos» se somete a los migrantes «a un limbo que solo proporciona frustración, marginación y exclusión», e insisten en que «no son delincuentes por el hecho de querer mejorar sus vidas y las de sus familias», como hicieron los canarios en el pasado.

«Hoy, ha sido la solidaridad de la ciudadanía canaria la que ha impedido que la situación se deteriorase y fuese muchísimo peor la estancia que estas personas encuentran en nuestra isla», señala el Centro.

Además, comenta que hay que evitar que las islas se conviertan en un «territorio de encierro y castigo para miles de personas que solo buscan un porvenir con las mínimas garantías de bienestar a que toda persona tiene derecho».

Aquí, prosiguen, «que alardeamos tanto de nuestra tricontinentalidad, es preciso que las islas actúen como puente entre culturas, y en este caso los puentes deben facilitar la continuación de los viajes emprendidos desde el continente africano con destino al continente europeo».

«DESALMADOS» QUE ALIENTAN EL RACISMO

Asimismo, muestran su preocupación por que «determinados desalmados alienten el racismo para buscarse un puñado de votos provocando una estigmatización de los migrantes, cada vez más frecuente por el aumento de medidas de vigilancia».

De esta forma, desde la Universidad de La Laguna quieren convertir el conocimiento y la comprensión de otras realidades y diversidades «en un arma que ayude a unificar a los pueblos en vez de a separarlos», al tiempo que esperan una «respuesta eficaz» de la política para garantizar los derechos humanos.

La portavoz de Economía, Empleo y Competitividad del PP en la Asamblea de Madrid, Alicia Sánchez- Camacho, ha registrado una iniciativa que insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que solicite al Gobierno de la Nación la derogación de los recortes efectuados en el complemento de maternidad de las diferentes pensiones, de jubilación, viudedad e incapacidad permanente.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, y los diputados regionales José Virgilio Menéndez y Mª Dolores Navarro han mantenido una reunión telemática con representantes de la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas (FEDMA), a la que las familias les han mostrado su preocupación por la aprobación del nuevo complemento por maternidad en la pensión que «perjudica claramente a las familias numerosas», ha informado el PP en un comunicado.

Sánchez-Camacho ha contextualizado la situación explicando que «la reforma legislativa aprobada por el Gobierno del Partido Popular reconociendo por primera vez en el Estado de Derecho un Complemento de Maternidad, fue pionera en reconocer a las mujeres trabajadoras su esfuerzo».

«Este complemento de maternidad suponía el mejor instrumento para reducir la brecha de género, que muchas madres trabajadoras sufren frente a la brecha salarial, en otras ocasiones frustrándose sus promociones profesionales y prometedoras carreras, o que en muchas ocasiones son expulsadas del mercado laboral», ha continuado explicando la diputada regional.

El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social RDL 8/2015, de 30 de octubre, reconocía un complemento de pensión por aportación demográfica a la Seguridad Social a las mujeres que hubieran tenido hijos biológicos o adoptados y fueran beneficiarias de cualquier régimen de la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad, o incapacidad permanente.

La diputada regional ha explicado que dicho texto «supuso un aumento de las pensiones de las madres con dos hijos del 5 % de la base reguladora, un 10% a las mujeres con tres hijos, y un 15 % a las mujeres con 4 o más hijos».

De esta manera, «se incidía en el hecho de que las pensiones de jubilación de estas mujeres eran de media inferiores entre un 26% y un 30% especialmente entre mujeres de mayor edad, que son las que han padecido mayor discriminación».

Sánchez-Camacho ha añadido que «este complemento de maternidad supuso por tanto un reconocimiento del Estado a la natalidad y al esfuerzo de muchas mujeres que decidieron ser madres, y un reconocimiento y apoyo importante a las familias».

«El Gobierno de España Sánchez-Iglesias, ha acometido el mayor recorte en las pensiones de las madres, especialmente en las de quienes tienen dos o más hijos», ha subrayado Sánchez-Camacho.