La Fiscalía pide penas que suman más de 67 años de cárcel para el salesiano Segundo C.V., que trabajaba en el centro María Auxiliadora de Vigo y al que acusa de haber abusado sexualmente de seis menores durante un campamento de verano y en una peregrinación a Santiago de Compostela.

El ministerio público reclama también que se le imponga el alejamiento y la prohibición de comunicarse con los menores, una medida de libertad vigilada por 8 años, y la inhabilitación para desempeñar profesiones u ocupaciones en las que pudiera tener contacto con menores.

Así se recoge en el auto dictado por el juzgado de instrucción número 4 de Cambados (Pontevedra), y en el que se decreta la apertura de juicio oral contra este religioso y contra el colegio de los Salesianos de Vigo, como responsable subsidiario, por 11 delitos de abusos sexuales a menor de 16 años y otro delito continuado de abusos sexuales, todo ello en relación a seis menores de ese centro.

Además de la acusación ejercida por la Fiscalía, en el auto también se reflejan las penas solicitadas por la Fundación Amigos de Galicia (que ejerce la acusación popular y pide un total de 30 años de cárcel) y las reclamadas por las acusaciones particulares, ejercidas por parte de las familias de los niños (que piden un total de 54 años de cárcel).

RESPONSABILIDAD CIVIL

Al margen de las penas privativas de libertad, de la prohibición de acercase a los menores o comunicarse con ellos, de la inhabilitación y de la medida de libertad vigilada, las acusaciones también han reclamado que se indemnice a las víctimas.

Así, el ministerio público solicita que Segundo C.V. (o subsidiariamente el colegio) indemnice a los seis menores en un total de 82.500 euros, por los daños morales y el trastorno de estrés postraumático.

La Fundación Amigos de Galicia reclama indemnizaciones por un total de 82.000 euros; y las familias solicitan indemnizaciones que suman un total de 140.000 euros.

DETENCIÓN

Segundo C.V. fue detenido en julio de 2019, después de las denuncias de varios menores sobre supuestos abusos durante un campamento de verano en Cambados. A lo largo de la instrucción, el juzgado determinó que el investigado podría haber cometido abusos también en otras ocasiones, como en una peregrinación a Santiago, en abril de ese año, o en junio, en el centro juvenil Abertal, al que acudió otro menor para ver un partido de fútbol.

En primavera de 2020 su defensa solicitó su salida de prisión (lo había hecho antes, pero siempre se le había denegado) y, tras un recurso estimado parcialmente, la Audiencia Provincial decretó su puesta en libertad provisional, bajo fianza de 12.000 euros.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha presentado la versión definitiva de la propuesta Ebro Resilience P1 a la convocatoria Life 2020 de la Unión Europea, lo que supone acceder a la segunda fase del proceso de selección de proyectos. Esta propuesta desarrollada a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, se ha presentado conjuntamente con los Gobiernos de Navarra, La Rioja y Aragón y se integra en la Estrategia Ebro Resilience para la reducción del riesgo de inundación del eje del Ebro.

El pasado mes de noviembre la propuesta contó con el visto bueno de la Comisión Europea a su Concept Note o documento de síntesis y entre los meses de abril y mayo de 2021 se darán a conocer las propuestas que pasan a la tercera fase, denominada de negociación y ajustes.

La propuesta Life Ebro Resiliences P1, con una duración prevista del proyecto de 6 años y un presupuesto total de 13.300.000 euros, para el que se solicita a la UE una cofinanciación del 55%, tiene como principal objetivo incrementar la resiliencia frente a las inundaciones, desde un punto de vista social, ecológico y económico.

Para ello propone intervenciones en dos zonas del tramo medio del Ebro: la situada entre las localidades de Alfaro (La Rioja) y Castejón (Navarra), donde se realizará una actuación demostrativa mediante la aplicación de una combinación de medidas naturales de retención de agua; y el tramo Osera de Ebro-Fuentes de Ebro (Aragón), donde se propone una intervención piloto que permitirá compatibilizar las explotaciones agrícolas de la llanura aluvial con el fenómeno de la inundación.

Estas zonas sufren de forma habitual importantes daños económicos derivados de las inundaciones y existe una degradación del espacio fluvial que impide, entre otras cosas, su función de laminación de avenidas, según ha explicado la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La implantación de las medidas contempladas contribuirá a la prevención, protección, preparación y recuperación ante inundaciones, así como a la mejora de los ecosistemas fluviales en los que se llevarán a cabo las actuaciones.

La visión de futuro es conseguir un tramo medio del Ebro en el que las actividades económicas y los núcleos de población convivan con un río Ebro en buen estado, sin que las crecidas produzcan daños significativos.

La ejecución de este proyecto, en caso de resultar seleccionado, permitirá dar continuidad y reforzar los trabajos ya puestos en marcha por la CHE y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Estrategia Ebro Resilience.

El planteamiento Ebro Resilience para todos los tramos es la protección de las zonas urbanas para avenidas con periodo de retorno de 25 años y para zonas no urbanas, conseguir la reducción de afecciones para avenidas hasta un periodo de retorno de 10 años. La estrategia concreta el plan de medidas para el tramo medio del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Demarcación (PGRIEbro).

Las claves de Ebro Resilience son la coordinación (une al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Confederación Hidrográfica del Ebro y las Comunidades de Navarra, La Rioja y Aragón) y los nuevos enfoques para reducir el efecto negativo de los episodios de inundación, apostando por medidas combinadas que mejoren la capacidad de recuperación del territorio.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado de forma íntegra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén que condena a 17 años y medio de prisión a un hombre, de 32 años, por maltratar y abusar de los cinco hijos –de 10, 8, 6, 3 y 2 años–, de su pareja, de 38 años, a la que también condena a tres años de prisión por conocer lo que estaba pasando con sus hijos y «no hacer nada para impedir que esa situación perdurara en el tiempo».

El recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado se basaba en «las numerosas contradicciones» del testimonio de los menores, lo que impediría, a juicio de la defensa, darles crédito suficiente como para enervar la presunción de inocencia del acusado.

En este sentido, el alto tribunal andaluz señala que la sentencia impugnada «efectúa una valoración perfectamente razonable y absolutamente convincente de las declaraciones sustancialmente convincentes de los cuatro niños, frente a la versión exculpatoria del acusado, que niega cualquier acto de carácter sexual o demaltrato sobre los hijos de su pareja y atribuye las numerosas lesiones que todos ellos presentaban a causas fortuitas o a peleas entre ellos».

Añade que «resulta casi inconcebible que cuatro niños de cuatro a once años de edad se pongan de acuerdo para inculpar falsamente a la pareja de su madre de hechos de naturaleza tan atroz como los que relatan, si ello no fuera una experiencia realmente vivida».

El TSJA también rechaza el recurso de la madre y hace constar «la absoluta pasividad de la acusada para poner fin a la situación de maltrato, cuando, como madre, tenía la obligación legal de impedirla y podía hacerlo fácil y eficazmente, la hace también a ella responsable criminalmente de ese maltrato, a título de comisión por omisión».

La sentencia que dictó la Audiencia de Jaén en junio de 2020 apuntaba que los pequeños vivían en «una especie de casa de los horrores en la que reinaba el sufrimiento de unos niños inocentes bajo la permisividad de dos adultos indignos de ellos».

Como hechos probados y confirmados por el TSJA aparece que el acusado durante los meses que fue pareja de su madre en 2016 «sometía frecuentemente a los menores a violencia física y psíquica, consistiendo tales actos en golpearlos en diversas partes del cuerpo y en la cara, atizarles con un palo, causarles quemaduras con cigarrillos, golpearlos con una correa y someterlos a humillaciones y prácticas asfixiantes».

Añade que los más perjudicados fueron los dos más pequeños, especialmente la niña, de tres años, que fue sometida por el condenado a abusos sexuales continuados que presenciaban el resto de sus hermanos.

La Audiencia hace hincapié en que la madre de los niños «era conocedora del estado de sus hijos, cuyos moretones y demás lesiones estaban claramente a la vista, y había presenciado en alguna ocasión la crudeza con las que su pareja los trataba» pero «no hizoabsolutamente nada para impedir que esa situación perdurara en el tiempo» y «no adoptó medida alguna que pusiera fin a tales agresiones». Es más, señala que la acusada prosiguió con su actividad diaria «de manera indolente, como si nada anormal ocurriera».

A la hora de poner las penas, ahora confirmadas, se tuvo en cuenta en todos los casos la circunstancia agravante de parentesco al ser los menores hijos de la acusada con quien el acusado convivía. Ni él ni ella trabajaban y vivían de una indemnización de 200.000 euros por la muerte en accidente de su marido.

Durante la vista celebrada el 10 de junio de 2020, el acusado negó todos los hechos y atribuyó las numerosas lesiones que presentaban todos los menores, incluidas quemaduras de cigarrillos, a que eran fruto de las continuas peleas y las caídas fortuitas porque «siempre se estaban pelando entre ellos».

«Nunca en mi vida haría eso, yo me llevaba bien con los chiquillos», dijo M.V.J. Además de negar malos tratos a los menores, también rechazó haber abusado de forma continuada de una niña de tres años y haberlo intentando con otra hermana de seis años. «Es mentira que hiciera cosas de mayores con la niña, en la vida yo haría eso», dijo a preguntas del Ministerio Fiscal.

La madre, D.D.M., de 38 años, también negó que su pareja de entonces pegara o hiciera daño a los niños. «Le llamaban papá y hasta creo que a él le querían más que a mí», dijo la madre ante el tribunal.

«Se pegaban a lo burro, como hombres», señaló la madre para justificar las múltiples lesiones que presentaban los cinco menores. También justificó las lesiones de los pequeños por las «muchas caídas» que sufrían a diario al vivir en una casa en obras.

La madre reconoció ante el tribunal que nunca llevó a sus hijos al médico porque no lo vio necesario y que se limitaba a darles alguna crema de farmacia para eliminar los hematomas. Insistió en que sus hijos estaban bien cuidados y salían aseados porque «a mí no me da por llevarlos a la calle comidos de mierda para que a la gente le dé por hablar.

La voz de alarma de este caso la dieron las trabajadoras de un hipermercado al percatarse de los numerosos hematomas que presentaba la niña de tres años y que cada vez eran más numerosos. Finalmente, tras ver a la niña con la cara llena de golpes y los ojos inyectados en sangre, acabaron por trasladar el caso a las autoridades. La Junta de Andalucía también ha ejercido la acusación esta causa.

La sentencia, conformada íntegramente por el TSJA, inhabilita a la madre para el ejercicio de la patria potestad durante cinco años y le prohíbe acercarse y comunicarse con los pequeños durante ocho años. Al acusado, la prohibición de acercarse y comunicarse con los pequeños suma cerca de 29 años. Además, a la madre se le imponen cuatro años de libertad vigilada y otros seis años de libertad, una vez cumplan las penas de prisión.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, a él se le condena a indemnizar a los menores en cantidades que suman los 16.800 euros, mientras que la madre deberá indemnizarlos con 5.000 euros.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido que la Agenda Urbana Española es «un instrumento necesario para crear ciudad y dar valor al entorno urbano». Lo ha hecho durante los actos de firma de los protocolos de actuación para la elaboración de los Planes de Acción Locales de la Agenda Urbana Española de las ciudades de València y Torrent.

Según ha destacado, con estos protocolos se crea «un marco de colaboración y gobernanza entre estos ayuntamientos y el Ministerio, al tiempo que se da un paso más para traducir la Agenda Urbana en actuaciones concretas en beneficio de los ciudadanos». Tal y como ha apuntado, mejorar lo urbano y lo cotidiano mejorará la calidad de vida de las personas.

Por un lado, el protocolo que han firmado el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y el alcalde de València, Joan Ribó, reconoce los trabajos que la ciudad está llevando a cabo para la elaboración de su Estrategia Urbana València 2030.

Ábalos ha afirmado que la firma del Protocolo de la Agenda Urbana Española de València supone, en concreto, un impulso para que esta ciudad se sitúe como «proyecto piloto de la Agenda Urbana Española y como ejemplo y experiencia transferible que pueda orientar a otros municipios en la elaboración de sus respectivos planes».

Asimismo, ha hecho alusión a la Estrategia Urbana València 2030, en la que la ciudad está trabajando, y ha defendido que esta debe afrontar los grandes retos actuales y abordar los problemas reales de la ciudad.

Además, ha remarcado tres actuaciones «muy importantes» para la ciudad de València en materia de infraestructuras: la Fase 3 del canal de acceso, la estación central, y el túnel pasante y los avances ferroviarios y urbanos que han conllevado.

VIVIENDAS DEL PARQUE DE ARTILLERÍA

Posteriormente, ha anunciado que el próximo mes de marzo se adjudicarán las obras de urbanización de las 370 viviendas del Cuartel de Ingenieros y que antes de finalizar el año se prevé licitar las obras de urbanización de las 600 viviendas del Parque de Artillería.

Ambas actuaciones están incluidas en el Plan de Alquiler Asequible, presentado hace poco más de medio año en la ciudad de València, y que, según ha recordado, supondrá la movilización por parte del Gobierno de España de 50.000 viviendas para alquiler social.

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha subrayado la necesidad de «repensar qué ciudad aspiramos a ser para el año 2030 y más allá».

«Se trata de una tarea que no podemos, ni debemos, hacer solos: la Agenda Urbana de València no es un proyecto de gobierno ni un proyecto del Ayuntamiento; es un proyecto de ciudad que debe ser impulsado conjuntamente por las diversas instituciones y las organizaciones y entidades económicas, sociales y académicas. La clave de su éxito residirá en nuestra capacidad de trabajar codo a codo para aportar valor a las políticas públicas y avanzar unidos hacia una ciudad no solo más sostenible, sino también más justa, más resiliente y más inclusiva», ha añadido.

El elemento distintivo del proyecto piloto que se desarrollará en València será la ciencia, la investigación y la innovación, ha explicado Ribó, para lo cual la Agenda Urbana se articulará en el marco del programa Missions València 2030.

«Las incertidumbres derivadas de la crisis de la pandemia no han hecho sino incrementar la necesidad de pensar al futuro de la ciudad desde una mirada abierta a la disrupción y al cambio que nos aporta la innovación. Es muy importante tener la capacidad de demostrar en el presente de qué manera puede ser nuestro futuro; y sobre esto versan precisamente los proyectos de innovación urbana para laplanificación estratégica», ha concluido el primer edil.

PROTOCOLO CON TORRENT

En cuanto al protocolo suscrito con el alcalde de Torrent, Jesús Ros Piles, se orienta a dar respuesta al interés de la ciudad por avanzar hacia una planificación estratégica y transversal que no deje a nadie atrás.

En su intervención en esa localidad, el ministro ha reconocido la importante experiencia del municipio en la planificación a nivel de programas concretos, con especial atención a su Plan de Actuación Municipal, en el que adquiere un papel muy relevante el Plan de acción 2020 de lucha contra el COVID-19, que está siendo un éxito en su implementación.

Ábalos ha agradecido al alcalde que haya dado el paso de impulsar este Protocolo para elaborar su propio Plan de acción de la Agenda Urbana, al tiempo que ha hecho hincapié en los proyectos transformadores del Ayuntamiento, en concreto, el Plan de Calidad y Modernización «Torrent Innova», el Plan Director sobre Smart City y su Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), entre otros.

La Fundación Botín ha abierto el plazo para que nuevos centros educativos de Madrid y Cantabria participen en 2021 en el programa ‘Educación responsable’. A esta iniciativa formativa, que ya está presente en cerca de 500 centros de España, Uruguay, Chile y México, podrán sumarse 15 colegios madrileños y 10 cántabros.

El programa, con un periodo de implantación de tres años y subvencionado al 100%, favorece el desarrollo emocional, social y de la creatividad del alumnado a través de diversos recursos educativos aplicados en diferentes áreas curriculares, ha informado la Fundación en nota de prensa.

Los centros educativos interesados podrán formalizar su inscripción hasta el 25 de mayo a través de la web de la Fundación Botín. La propuesta está abierta tanto a centros públicos como privados y concertados.

Educación Responsable es una iniciativa «pionera» que favorece el crecimiento saludable de niños y jóvenes, potenciando su talento y creatividad para ayudarles a ser autónomos, competentes, solidarios y felices.

Para ello, desde las áreas curriculares se aplican una serie de recursos (literatura, música, artes plásticas y visuales) y se refuerza tanto la comunicación como la convivencia en los centros escolares gracias al trabajo conjunto de docentes, alumnado y familias.

El programa ha probado tener un impacto beneficioso en los participantes, que muestran un mayor autoconocimiento emocional, mejor manejo del estrés y menor retraimiento, un aumento de la capacidad creativa, reducción de comportamientos agresivos y mejora en las habilidades relacionadas con la orientación prosocial; además, se constata la fuerte influencia que ejerce el profesorado en el desarrollo de dichas competencias en el alumnado.

En el programa participan ya casi medio millar de centros de Cantabria, Madrid, La Rioja, Navarra, Galicia, Murcia, Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana (con la colaboración de las respectivas Consejerías de Educación), además de Uruguay, Chile y México en América Latina.

Formar parte de esta Red de Centros Educación Responsable da acceso a los recursos educativos y la formación necesaria para llevarlos a cabo en el aula, permite la participación en el plan de evaluación del programa y pone a disposición de los centros contenidos innovadores y propuestas de aprendizaje colaborativo. Además, los centros recibirán acompañamiento durante todo el proceso por parte del equipo de la Fundación Botín.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Según la Fundación, la colaboración del profesorado es indispensable para que el programa se integre en la comunidad educativa, por lo que resulta un requisito fundamental asumirlo como una de las líneas prioritarias del proyecto educativo del centro.

Para ello, en cada colegio participante se creará un equipo de Educación Responsable (ER) formado por un coordinador y un responsable para cada uno de los recursos que conforman el programa. Además, el claustro al completo recibirá cursos específicos para incrementar sus competencias en los ámbitos social, afectivo y de la creatividad.

La participación comenzará con unas jornadas de formación dirigidas al equipo ER del centro. A continuación, la implantación del programa se estructura a lo largo de tres cursos escolares en los que se incluyen formaciones, creación de grupos de trabajo y extensión del programa a todos los niveles dentro del centro.

El envío de solicitudes debe ser tramitado por el director o directora del centro educativo en la página web de la Fundación Botín hasta el próximo 25 de mayo. El 1 de junio la Fundación Botín publicará el nombre de los centros que han sido seleccionados.

Los colegios interesados pueden participar en las reuniones informativas online previstas para los días 24 de marzo y 28 de abril.

La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso de un hombre que había sido acusado de maltratar a su compañera sentimental, hasta fracturarle el tabique nasal, así como de agredirla sexualmente en el domicilio que compartían en la ciudad.

El citado varón había sido acusado por el Ministerio Fiscal de un delito de lesiones, un delito continuado de amenazas graves, un delito leve continuado de vejaciones y un delito de agresión sexual con penetración, con la concurrencia de la agravante de parentesco respecto del tercer y último de los delitos, y por los que se exponía a un total de 14 años de prisión, junto con 15 de prohibición de comunicar y aproximarse a la víctima, diez de libertad vigilada, la realización de un cursillo de educación sexual y el pago a la supuesta víctima de 6.250 euros en concepto de lesiones y daños morales.

Sin embargo, el tribunal ha resuelto finalmente absolver al encausado, en consonancia con la petición de su defensa, al encontrarse «ante versiones totalmente contradictorias, sin que la declaración de la denunciante se haya visto corroborada por datos o elementos periféricos que avalen sus manifestaciones», concluye en su sentencia, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2018 cuando una mujer compareció ante la Comisaría de Policía de Salamanca formulando denuncia en la que hacía constar que mantenía una relación sentimental desde el mes de enero de dicho año con el acusado y que, si bien en un principio la relación era normal, la misma se había ido deteriorando mostrándose el procesado agresivo y ofensivo con ella, a la vez que había proferido contra su persona frases vejatorias o injuriosas.

Incidió en que durante la última parte de su relación había sido objeto de continuas vejaciones, insultos, amenazas y violencia física y sexual, aunque nunca lo había denunciado hasta ese momento.

En concreto, explicó que a principios del mes de agosto de ese año su pareja la agredió fracturándole la nariz, si bien ella no lo denunció por miedo. Relató también que con posterioridad, el día 8 de septiembre, tras proferir amenazas contra ella, el ahora absuelto la forzó a mantener relaciones sexuales en el sofá del domicilio familiar, en Valladolid.

Una vez concluida la agresión, la víctima se encerró en su habitación y dio cuenta de lo ocurrido a una amiga suya, la cual puso a su disposición un vehículo público (UBER) para su traslado a Salamanca, donde fue examinada en el Hospital Clínico Universitario.

La defensa del acusado estimó que los hechos perseguidos no eran constitutivos de infracción penal alguna por parte de su defendido, solicitando, en consecuencia, la libre absolución del mismo, con todos los pronunciamientos favorables y declaración de oficio de las costas del procedimiento, como así ha ocurrido finalmente.

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha anunciado que prepara acciones de cara al 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, para protestar contra el nuevo complemento de maternidad a las pensiones pues consideran que «perjudica» a las madres con más hijos. Las acciones se realizarán seguramente a través de las redes sociales debido a la pandemia.

«No nos vamos a quedar callados, ya nos hemos puesto en contacto con todos los grupos políticos, y de cara a la campaña del 8 de marzo vamos a dar guerra, pues esto es algo que afecta a la mujer trabajadora y estos recortes no tienen ninguna justificación viniendo de un Gobierno superfeminista», ha declarado el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

Según afirma la Federación en su petición lanzada en la plataforma Change.org, que ya ha recogido más de 8.200 firmas, el nuevo complemento «perjudica directamente a miles de madres con 2 hijos y con pensiones medias (a partir de 1.100 euros al mes), pero castiga en especial a las madres de familia numerosa, que son las que sufrirán un recorte mayor».

Así, explican que una madre con tres hijos y una pensión de 1.100 euros recibirá «400 euros al año» menos que con la normativa anterior, y si tiene cuatro hijos «casi 800 euros menos».

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, ha asegurado en declaraciones que el nuevo complemento por maternidad que van a recibir las mujeres que se jubilen a partir de ahora no supone «ningún recorte» porque las 800.000 madres que ya percibían el complemento antiguo van a seguir recibiéndolo en la misma cuantía que hasta ahora.

«No supone ninguna modificación para ellas, ya que no es una medida con efectos retroactivos. De esta forma, seguirán recibiéndolo tal y como lo han hecho hasta ahora por lo que no supone ningún recorte para nadie», ha precisado.

Por su parte, el presidente de la Federación de Familias Numerosas ha puntualizado que «se recorta en futuro, efectivamente» pero ha señalado que «no deja de ser discriminatorio». Para Trigo, «las únicas madres que salen beneficiadas son las que tienen solo un hijo», que antes de esta reforma no recibían ningún complemento.

«Hay un recorte en la medida en que se aumentan las prestaciones en número y no el presupuesto», ha subrayado, añadiendo que se da la «paradoja» de que una madre con 1.200 euros de pensión y 3 hijos que se jubile ahora recibirá un complemento de 81 euros mensuales (27 euros por cada menor), mientras que si se hubiese jubilado antes del 4 de febrero, el complemento sería del 10% de su pensión, es decir, 120 euros al mes.

«Sin embargo, a una madre con un hijo con una pensión máxima de 2.600 euros le suben la pensión», ha precisado Trigo, concretando que para ellos, lo ideal sería que fuese «voluntario», es decir, que cada madre «se acoja al que más le beneficie» (el sistema de porcentajes o la cuantía fija).

«NO SOMOS RICAS»

Trigo cita datos de uno de los últimos estudios de la FEFN para afirmar que las familias numerosas, es decir, las que tienen tres o más hijos, «no son ricas» pues «un 75% de ellas viven con menos de 2.500 euros al mes, que no es una cantidad excesiva».

«Hay un rumor de que las familias numerosas son ricas y esto no es cierto, lo viene a demostrar este estudio, muchas no llegan a final de mes y tienen que pedir créditos», ha añadido.

La FEFN también critica que el nuevo complemento «solo cuenta hasta el cuarto hijo», al igual que el anterior. «Este era un buen momento para meter a todos los hijos. Con el problema demográfico que hay, necesitamos que se tengan más hijos», ha apuntado.

Igualmente, afirma que el nuevo complemento es «discriminatorio para los padres» pues, aunque estos antes estaban excluidos y ahora pueden recibirlo, la FEFN dice que al hombre se le exige probar «los días que dejó de trabajar por tener a sus hijos», algo que ve «difícil de justificar».

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha aprobado este viernes el traslado de otros cuatro presos de ETA, entre ellos los condenados por matar al exmnistro socialista Ernest Lluch y el exjefe de la Policía Local de Andoáin Joseba Pagazaurtundua. También figura otro condenado por terrorismo, en este caso por los secuestros del industrial José María Aldaya y del abogado Cosme Delclaux.

Entre los trasladados de prisión se encuentra Fernando García Jodrá, condenado en 2002 a 33 años de prisión como autor del asesinato de Ernest Lluch Martín, entre otros atentados. Tras ser progresado al segundo grado, dejará el centro penitenciario de Huelva por el de León.

Ingresó en prisión el 28 de agosto de 2001 y cumple condena por los delitos de atentados, homicidios, falsificación de documentos, estragos y daños. Según ha informado Instituciones Penitenciarias, no tiene realizada la acumulación jurídica de sus condenas.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha recordado que además de Lluch, a Fernando García Jodrá la Audiencia Nacional lo condenó por el atentado de José Luis Ruiz Casado y el de Francisco Cano Consuegra. En 2002, la condena fue como responsable del atentado que asesinó a Juan Miguel Gervilla Valladolid.

PROGRESADOS AL SEGUNDO GRADO

La decisión afecta también a Gurutz Aguirresarobe Pagola, que dejará la prisión de Sevilla II por la de Logroño. En 2011, la Audiencia Nacional le condenó a 30 años de prisión como autor del atentado que acabó con la vida de Joseba Pagazaurtundua Ruiz en 2003.

De esta etarra Prisiones informa igualmente de la progresión al segundo grado. Ingresó en prisión el 7 de agosto de 2010 y cumple condena de 30 años por el delito de asesinato. Cumplirá las tres cuartas partes en enero de 2033. «Ha presentado escrito de desvinculación de la banda armada en el que reconoce el sufrimiento de las víctimas y el daño causado por su actitud», señala la institución dependiente de Interior.

Francisco José Ramada Estevez, por su parte, dejará Pamplona por la prisión de Martutene (San Sebastián). La Audiencia Nacional le condenó en 2004 a 17 años de prisión por el secuestro del industrial José María Aldaya. En 2002 también fue condenado a la pena de 14 años de prisión como autor de un delito de secuestro terrorista por haber participado en el secuestro del abogado Cosme Delclaux.

Cumplió las tres cuartas partes de la pena en septiembre de 2020 y, según Prisiones, «ha presentado escrito en el que se desvincula de la banda armada, rechaza la violencia y reconoce el daño causado».

Mikel Mirena Otegi Unanue es el quinto etarra trasladado por Interior, en su caso desde el centro penitenciario Madrid III-Valdemoro al de Pamplona. En 2012, la Audiencia Nacional le condenó a 34 años de prisión por el asesinato en 1995 de José Luis González Villanueva e Ignacio Mendiluce Etxeberri. En 2013 el Tribunal Supremo confirmó la condena.

Cumplirá las tres cuartas partes de la pena en marzo de 2027 y, al igual que otros etarras, de él dice Instituciones Penitenciarias que «ha presentado un escrito en el que reconoce y lamenta el dolor causado».

CRÍTICA DE LA AVT

La AVT ha vuelto a criticar la política penitenciaria de Grande-Marlaska. Con los de hoy, ha dicho, el total de traslados realizados bajo el mandato de Pedro Sánchez ascienden a 172, correspondientes a 147 etarras.

«Somos testigos cada viernes, con incredulidad e indignación, de cómo los verdugos que un día intentaron destrozar los pilares de la democracia de nuestro país son recompensados con la derogación de la política de dispersión por parte de este Gobierno», han denunciado.

«Mientras se prepara la transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco, la realidad es que a este ritmo, en pocos meses, todo apunta a que la mayoría de los terroristas estarán en cárceles de esta región», han avisado.

También han censurado que Etxerat, la plataforma de familiares y allegados de presos de ETA, haya presumido de que «se han vaciado de presos vascos» cárceles como las de Algeciras, Badajoz, Cáceres, Ocaña y Herrera de la Mancha. «No se confundan, no son presos vascos, son terroristas, son asesinos», han puntualizado.

«Ya no tenemos palabras para definir el dolor, la humillación y el desprecio que causan estos acercamientos en las víctimas del terrorismo. Una semana más, nuestro Departamento Psicosocial ha tenido que comunicar a las víctimas de estos etarras, con el dolor y sufrimiento que esto les conlleva, que el asesino de un ser querido va a ser acercado a su lugar de origen», denuncia la AVT.

El juicio a los hermanos Ruiz-Mateos por la compra del Hotel Beverly se ha visto aplazado por tercera vez, en esta ocasión debido a la cuarentena de uno de los hermanos por prescripción médica, según han informado fuentes cercanas al caso.

El juicio a Pablo, Zoilo, José María, Javier, Alfonso y Álvaro Ruiz-Mateos por un presunto delito fiscal debía celebrarse a partir del próximo lunes en Palma.

Originalmente, este juicio se había fijado para finales de marzo de 2020, pero tuvo que ser suspendido por el estado de alarma por el COVID-19; entonces se pasó a noviembre, pero al llegar la fecha la Fiscalía pidió la suspensión para que los hermanos comparecieran presencialmente, en lugar de por videoconferencia, como se había acordado a principios de año.

La defensa de los Ruiz-Mateos se opuso a la suspensión y protestó por el importante retraso que ya se acumulaba entonces.

Cuando se fijó la primera fecha de juicio, en una vista en Palma en enero, los acusados estaban en prisión y comparecieron por videoconferencia. Ahora se encuentran en régimen de semilibertad, con control telemático, después de que les concediera el tercer grado.

COMPRA DEL HOTEL BEVERLY

Los Ruiz-Mateos se enfrentan a un presunto delito fiscal en la compra del Hotel Beverly Playa Paguera de Mallorca en 2008. La Fiscalía, que cifra el supuesto fraude en 1,9 millones de euros, pide cuatro años de prisión para cada uno y una multa de 9,5 millones.

El fiscal acusa a los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos de defraudar al Govern en el pago de un impuesto autonómico en la transmisión del hotel, que ahora reclama la Agencia Tributaria de Baleares a través de la Abogacía de la Comunidad.

Por su parte, la defensa considera que no hay delito porque entiende que la operación estaba exenta de ese tributo y que no se produjo una ocultación a la Hacienda pública. En particular, argumenta que no se trató de la compra de un inmueble sino del 100% de una sociedad que poseía dos hoteles, el Beverly Playa en Mallorca y el Beverly Park en Gran Canaria.

La defensa también señala que en la escritura el notario emitió juicio de legalidad y que además el plazo para realizar la liquidación ya se habría extinguido -la operación tuvo lugar en diciembre de 2008-. Finalmente, sostiene que los seis hermanos no eran los responsables de estas decisiones.

«ESTAMOS ARRUINADOS»

En septiembre de 2019, durante el juicio por estafa en la compra del hotel Eurocalas de Mallorca, uno de los hermanos aseguró que tras la quiebra de Rumasa lo perdieron todo. «No tenemos nada, nuestras casas están hipotecadas, ejecutadas y embargadas; y no tenemos absolutamente patrimonio de ningún tipo, a pesar de las calumnias, estamos arruinados», declaró José María Ruiz-Mateos.

Según indican fuentes próximas al caso, precisamente, la carencia de recursos es uno de los motivos que han dificultado llegar a un acuerdo con la Fiscalía, ante la elevada multa que solicita la acusación.

En el caso del hotel Eurocalas, la Audiencia Provincial condenó a los seis hermanos a penas de entre dos años de cárcel y un año y nueve meses, y a pagar, cada uno de ellos, 9.000 euros de multa. También les impuso una indemnización de 12,7 millones de euros por un delito de estafa agravada.

Por otro lado, el Tribunal Supremo modificó en octubre de 2018 la sentencia a los Ruiz-Mateos por una estafa en la compra de los hoteles Beverly, rebajando parcialmente la pena de prisión al anular la condena por el delito de alzamiento de bienes y suprimir una agravante.

Los investigadores han comprobado, en un estudio a nivel mundial realizado en 48 ciudades, que la naturaleza desinfecta 41,7 millones de toneladas de desechos humanos al año, con lo que proporciona al menos el 18% de los servicios de saneamiento, según publican en la revista ‘One Earth’.

La primera evaluación a escala global del papel que juegan los ecosistemas en la provisión de saneamiento, realizada investigadores del Reino Unido e India, estima que más de 2 millones de metros cúbicos de desechos humanos de las ciudades se procesan cada año sin infraestructura de ingeniería.

Esto incluye los desechos de las letrinas de pozo que se filtran gradualmente a través del suelo, un proceso natural que lo limpia antes de que llegue al agua subterránea.

La naturaleza puede asumir, y lo hace, el papel de la infraestructura de saneamiento», explica Alison Parker, profesora principal de Agua y Saneamiento Internacional en la Universidad de Cranfield, en el Reino Unido, y una de las autoras del estudio.

«Si bien no estamos marginando el papel vital de la infraestructura de ingeniería –prosigue–, creemos que una mejor comprensión de cómo interactúan la infraestructura de ingeniería y la natural puede permitir el diseño y la gestión adaptables, la reducción de costos y la mejora de la eficacia y la sostenibilidad, y salvaguardar la existencia continua de estas áreas de tierra».

La infraestructura de tratamiento de aguas residuales que convierte las heces humanas en productos inofensivos es una herramienta importante para la salud humana mundial.

Sin embargo, más del 25% de la población mundial no tenía acceso a instalaciones de saneamiento básico en 2017 y otro 14% usaba inodoros en los que los desechos se eliminaban en el sitio.

Si bien algunos de estos desechos pueden ser peligrosos para las poblaciones locales, investigaciones anteriores han sugerido que los humedales naturales y los manglares, por ejemplo, brindan servicios de tratamiento efectivos.

El humedal Navikubo, en Uganda, procesa las aguas residuales no tratadas de más de 100.000 hogares, protegiendo la bahía Murchison y el lago Victoria de contaminantes dañinos, mientras que en los humedales costeros de los Estados Unidos en el Golfo de México eliminan el nitrógeno del río Mississippi.

«Nos dimos cuenta de que la naturaleza debe proporcionar servicios de saneamiento porque muchas personas en el mundo no tienen acceso a infraestructura de ingeniería como alcantarillado –agrega Simon Willcock, profesor titular de geografía ambiental en la Universidad de Bangor, Reino Unido, y otro autor de la estudio–. Pero el papel de la naturaleza fue mayormente desconocido».

Para comprender mejor cómo los ecosistemas naturales procesan los desechos, el equipo de la Universidad de Bangor, la Universidad de Cranfield, la Universidad de Durham, la Universidad de Gloucestershire, la Universidad de Hyderabad (India) y la Fresh Water Action Network, Asia meridional cuantificó los servicios de los ecosistemas de saneamiento en 48 ciudades que contienen alrededor de 82 millones de personas que utilizan diagramas de flujo de excretas, que aprovechan una combinación de entrevistas en persona, observaciones formales e informales y mediciones de campo directas para documentar cómo fluye la materia fecal humana a través de una ciudad o pueblo.

Los investigadores evaluaron todos los diagramas que estaban disponibles el 17 de diciembre de 2018, centrándose en los codificados como «lodos fecales contenidos no vaciados» (FSCNE), en los que los residuos están contenidos en una letrina de pozo o fosa séptica bajo tierra, pero no suponen un riesgo para las aguas subterráneas, por ejemplo, porque el nivel freático es demasiado profundo.

De manera conservadora, Willcock y sus colegas estiman que la naturaleza procesa 2,2 millones de metros cúbicos de desechos humanos al año en estas 48 ciudades.

Dado que más de 892 millones de personas en todo el mundo utilizan instalaciones sanitarias de eliminación en el lugar similares, estiman además que la naturaleza desinfecta alrededor de 41,7 millones de toneladas de desechos humanos por año antes de que el líquido ingrese al agua subterránea, un servicio con un valor de alrededor de 4.400 millones de dólares por año (3.640 millones de euros).

Sin embargo, los autores señalan que estas estimaciones probablemente subestiman el verdadero valor de los servicios ecosistémicos de saneamiento, ya que los procesos naturales pueden contribuir a otras formas de procesamiento de aguas residuales, aunque son más difíciles de cuantificar.

Willcock y sus colegas esperan que sus hallazgos arrojen luz sobre una contribución importante, pero a menudo no reconocida, que la naturaleza hace a la vida cotidiana de muchas personas, inspirando la protección de ecosistemas como los humedales que protegen a las comunidades río abajo de los contaminantes de las aguas residuales.

«Nos gustaría promover una mejor colaboración entre los ecologistas, los profesionales del saneamiento y los planificadores de la ciudad para ayudar a que la naturaleza y la infraestructura funcionen mejor en armonía, y para proteger la naturaleza donde proporciona servicios de saneamiento», explica Parker.

La Agencia Española de Cooperación y Desarrollo Internacional (AECID) se ha sumado a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en América Latina en apoyo a los refugiados y migrantes de Venezuela, para lo que ha realizado esta semana una aportación de 5 millones de euros.

Esta financiación, explica la OIM, no sólo favorecerá a las poblaciones más vulnerables de Venezuela, sino que también ayudará a las principales comunidades de acogida en Colombia, Ecuador y Perú.

El organismo ha explicado que más de 4,6 millones de venezolanos -el 80 por ciento de los aproximadamente 5,4 millones de refugiados y migrantes que viven fuera de su país- residen en 17 estados de América Latina o el Caribe.

Desde la AECID, por su parte, han explicado que «mitigar los efectos sobre los migrantes y refugiados de Venezuela y sus comunidades de acogida y satisfacer las necesidades de los más vulnerables es una prioridad para la Cooperación Española», son algunas de sus prioridades, particularmente «en medio de la crisis del Covid-19».

ESFUERZOS QUE SE INTENSIFICAN EN 2020

«La Cooperación Española, a través de AECID, está trabajando para mejorar las condiciones de los venezolanos, así como de las comunidades de acogida, desde 2017», ha explicado Magdy Martínez Soliman, directora de AECID.

También ha explicado que «estos esfuerzos se intensificaron en 2020» a través del compromiso de destinar 50 millones de euros a la situación venezolana durante tres años. Esto, ha indicado, «es posible gracias a varias alianzas, entre las que destaca como estratégicamente importante esta colaboración con la OIM».

Martínez Soliman ha explicado que esta contribución «tiene como objetivo fortalecer y fomentar la integración socioeconómica, los sistemas de educación y salud en las comunidades que enfrentan los efectos adversos» de la pandemia. Además, «la financiación también apoyará los esfuerzos de coordinación regional y las organizaciones de la sociedad civil».

«La emergencia sanitaria mundial ha intensificado los severos desafíos que enfrentan los refugiados y migrantes de Venezuela en la región», ha apuntado Diego Beltrand, enviado especial del Director General de la OIM para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela.

LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19

Desde la OIM aseguran sentirse «honrados de combinar» sus esfuerzos con la Cooperación Española. Según indican el Covid-19 ha aumentado las vulnerabilidades de los refugiados y migrantes y esto ha hecho que muchos pierdan sus medios de vida y su capacidad para cubrir necesidades básicas como refugio, alimentos o atención médica.

«Muchos refugiados y migrantes de Venezuela, especialmente aquellos en situación irregular, han quedado fuera de los programas de salud y bienestar social», ha apuntado Beltrand.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha incidido este viernes en reclamar una actuación de la Policía «proporcionada» ante protestas como las celebradas en esta ciudad por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, unas movilizaciones que ha considerado «fundamentalmente pacíficas».

Ribó se ha pronunciado así tras firmar con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el Protocolo Agenda Urbana, preguntado por sus críticas a la intervención policial en esas manifestaciones y por el tuit que emitió este jueves sobre este asunto. El primer edil señaló en su cuenta de Twitter que «una actuación desproporcionada de la Policía Nacional no aumenta la seguridad» sino que «aumenta la crispación social de forma gratuita».

«Ha habido dos días de manifestaciones. En las que vi ayer con vídeos vi que por parte de los manifestantes eran fundamentalmente pacíficas», ha señalado Ribó, que ha agregado que esta jornada ha visto y leído que se dieron «algunos actos minoritarios de tirar contenedores y piedras».

Tras ello, el responsable municipal ha aludido al tuit publicado este jueves y ha considerado que «es muy importante mantener una actitud proporcional por parte de la Policía respecto a estas actuaciones».

Asimismo, ha manifestado que «si hubiera sido alcalde de otra ciudad –en la que hubo más violencia por parte de quienes protestaban– hubiera pedido que las manifestaciones fueran siempre de carácter pacífico».

«Me parece muy importante que la actuación de la Policía sea proporcionada. Eso a veces es difícil de conseguir», ha declarado, porque se está «entre no hacer nada y matarnos a cañonazos». Ribó ha explicado que con su tuit hizo «una reflexión genérica».

«Me hace el efecto de que –algunas actuaciones — no era demasiado proporcionales. Tengo esa sensación», ha declarado, tras lo que ha insistido en que «la proporcionalidad» requiere «equilibrio entre dos elementos que no son fáciles de conseguir». Joan Ribó ha afirmado que, como responsable máximo de la Policía Local de Valencia, esa «proporcionalidad» es algo que busca siempre conseguir en cualquier situación.

Respecto a los altercados registrados, el alcalde ha añadido que su mensaje «es muy claro», tras lo que ha expuesto que «el derecho de manifestación es el derecho de manifestación pacífica».

DIMISIÓN Y REPROBACIÓN

Preguntado por si es partidario de reclamar la dimisión de la delegada del Gobierno, Glòria Calero, como se ha pedido por la actuación policial ante las manifestaciones ha respondido: «Yo no la he pedido. Cuando creo que una cosa se tiene que hacer la pido».

Por otro lado, respecto a la reprobación que reclaman para él desde la oposición municipal, Ribó ha manifestado: «Está muy bien eso. Están en su pleno derecho de pedirme la reprobación».

INVESTIGACIÓN

Por su parte, la vicealcaldesa de València y portavoz socialista en el consistorio, Sandra Gómez, ha indicado, al hablar de las protestas por Hasél preguntadas por ellas tras la Junta de Gobierno Local, que «hay imágenes que ni comprendemos ni compartimos».

La edil se ha situado «en la línea de lo que ha trasladado la Delegación del Gobierno» respecto a que «se debe de abrir una investigación en el seno de la Policía para determinar por qué algunas actuaciones policiales han sido absolutamente desproporcionadas y no han ayudado a calmar la situación».

«Creo que el deber de la Policía es garantizar el derecho a la manifestación y también el derecho a la seguridad de los manifestantes», ha agregado Gómez, que ha expresado su «más profundo rechazo a las personas que no respetan la causa ni una marcha pacífica y se dedican a ir a manifestaciones a reventarlas». «No están haciendo ningún favor a las personas que pacíficamente quieren manifestarse por una u otra causa por libertad porque es un derecho fundamental» ha dicho.

Sandra Gómez ha considerado que quienes provocan disturbios «crispan y alteran la imagen y, sobre todo, el ejercicio de un derecho fundamental» y ha manifestado su «condena» al respecto. Igualmente, ha considerado que se debe «garantizar y defender la libertad de expresión y abrir determinados debates sobre la penalización o despenalización» en el Código Penal.

Tras ello, la responsable municipal ha asegurado que Pablo Hasél no es ni su «referente, ni un santo, ni un mártir». «Ni va a ser mi ejemplo a seguir en la defensa del derecho a la libertad de expresión porque hay expresiones y declaraciones a las que yo muestro mi más absoluto rechazo», ha aseverado.

«REBAJAR LA TENSIÓN»

Gómez ha considerado que «una cosa es que la gran mayoría de la ciudadanía defienda la libertad de expresión y quiera abrir debates sobre la despenalización de algunos tipos del Código Penal y otra cosa que haya carta blanca para decir cualquier tipo de cosa que afecte o incita al odio a los colectivos de una sociedad plural».

A su vez, la vicealcaldesa ha opinado que los políticos deben «en estos momentos rebajar la tensión y no alimentarla» y ha hecho un llamamiento a sosegar los ánimos .

La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del ‘Monchín’ Rafael R.L, quien fue juzgado el pasado día 19 de enero bajo la acusación de haber festejado a tiros la Nochevieja de 2018 con un subfusil semiautomático y quien se exponía a una condena de diez años de prisión.

En su sentencia, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial justifica su decisión en la falta de pruebas de que el arma utilizada por el encausado fuera de fuego real, como sostiene la acusación pública, y no de fogueo, como alegan el ‘Monchín’ y su letrado.

«A la luz de la valoración probatoria nos encontramos ante una prueba de carácter indiciario que es insuficiente para llegar a un pronunciamiento condenatorio», advierte el tribunal según la sentencia facilitada por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Durante el juicio, el encausado relató al tribunal que celebró la Nochevieja de 2018 con sus seis hijos y demás familiares mediante la ingesta de todo tipo de bebidas alcohólicas, entre cerveza, vino y whisky, y que al término de la cena salió a la calle y alguien que andaba por allí le cedió gustosamente una «pistola de fogueo» que utilizó para disparar al aire una ráfaga.

«Esa noche nos pusimos de esa manera. Yo estaba muy agustito, borrachillo, me pasaron la pistola, la utilicé y luego la devolví», alegó el ‘Monchín’, quien aseguró que el arma, que él creyó de fogueo, la tuvo luego unos segundos y acto seguido la entregó de nuevo a su propietario, de quien precisó que no era miembro de su familia y al que no conocía.

Rafael, que incidió en los problemas de alcoholismo que tenía y que aún le acompaña, enmarcó lo ocurrido aquella noche en lo que calificó de «tradición», en referencia al rito de celebrar a tiros el cambio de año que por aquellos días generó la alarma en Valladolid al registrarse varios incidentes de este tipo en los barrios de las Viudas y Pajarillos.

Uno de sus hijos, José Enrique R.R. (‘Boni’), quien aparece en las imágenes disparando con una pistola y que se encuentra inmerso en otro procedimiento distinto, se acogió a su derecho de no declarar, mientras que otros familiares, su sobrino Israel y su nuera Desiré, trataron de ‘echar un cable’ al acusado al incidir en su grave problema de alcoholismo.

Así, el primero de ellos ratificóo la versión de que aquel día su tío se había pasado con el alcohol. «Ya saben como somos los gitanos. Nos desfasamos bebiendo esa tarde y luego bebimos más en la cena. El más borracho de todos era el Rafa, que, la verdad, no controlaba», remarcó el también integrante del clan de los ‘Monchines’.

LA POLICÍA LO TIENE CLARO

Aunque la defensa y el propio encausado sostuvieron que era de fogueo el arma que parece en las imágenes, con cuyo visionado se inició el juicio, el jefe de la Brigada de Homicidios, que actuó de instructor del atestado, tenía muy claro que el subfusil Ingram MAC 10 utilizado por Rafael era de fuego real, algo que luego vinieron a ratificar dos peritos de la Brigada de Policía Científica.

«La valoración profesional es que era de fuego real por el retroceso del arma. Si fuera de fogueo el retroceso es menor. Yo he disparado subfusiles y no tengo duda de lo que digo», enfatizó el agente de la Policía Nacional.

El policía también explicó que la detención del procesado se produjo a raíz de que en los primeros días del recién estrenado 2019 empezaran a circular por redes sociales imágenes de varios tiroteos en Valladolid, entre ellos el protagonizado por Rafael y su hijo ‘Boni’.

En dicha grabación, de escasos 18 segundos en dos secuencias distintas pero concatenadas, se ve primero al acusado disparar desde la ventana de su vivienda y luego, ya en la calle, al hijo utilizar tres veces una pistola y acto seguido al padre hacer lo propio con el subsfusil con el que dispara una ráfaga.

El agente identificó, sin duda alguna, la vivienda de Rafael, sita en la calle Duero, en el barrio de Las Viudas, puesto que, como así apostilló, no es la primera vez que ha tenido que ir por motivos profesionales.

El funcionario mantuvo que la persona que aparece inicialmente disparando desde dentro del piso con el subfusil, en concreto desde una de sus ventanas, la que da a la calle Adaja, no era otra que el procesado. Incluso explicó que en las imágenes se ve cómo uno de los cartuchos percutidos queda depositado en el alféizar de la ventana.

Por ello, la acusación pública mantuvo invariable su petición de diez años de cárcel por delito de tenencia y depósito de armas de guerra, con la agravante de reincidencia, junto con la prohibición para el derecho a la tenencia y porte de armas por espacio de 13 años, frente a la absolución solicitada por la defensa–alegó que no se ha intervenido el arma y que ésta era de fogueo–y que, alternativamente, en caso de condena se aplicara a su patrocinado la atenuante de intoxicación etílica.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este viernes que con la decisión de dejar la sede nacional del PP, situada en la calle Génova de Madrid, buscan «cancelar» las dos «hipotecas» que tienen, la del inmueble y la que pagan «por personas que se aprovecharon de las siglas en beneficio propio», en alusión al extesorero Luis Bárcenas.

Así se ha pronunciado García Egea en una entrevista en el programa ‘La Sexta Columna’ –que se emitirá por completo esta noche– pero que ha adelantado en parte el programa ‘Al Rojo Vivo’ este mediodía, después del desconcierto que ha provocado entre algunos cargos del partido el anuncio de Pablo Casado de abandonar la histórica sede del partido.

«Nosotros hemos pagado ya muchas hipotecas. Hay una hipoteca que hemos pagado y que estamos pagando, que es la de este edificio, y luego hay otras hipotecas que estamos pagando por personas que se aprovecharon de nuestras siglas en beneficio propio», ha proclamado García Egea.

DICE QUE NO QUIEREN SEGUIR PAGANDO LA HIPOTECA DE BÁRCENAS

En este sentido, ha asegurado que su partido no está «dispuesto a seguir pagando ese tipo de hipotecas». «Queremos cancelar las dos, la de la sede y las otras», ha abundado. De hecho, el propio García Egea achacó el pasado domingo su batacazo en las elecciones catalanas –donde cosechó su peor resultado histórico con solo tres diputados– al «juego sucio» por Bárcenas.

Al ser preguntado si han recibido algún tipo de mensaje desde el entorno de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy sobre esa decisión, García Egea ha señalado que «ambos respetan el trabajo que se está haciendo».

«Y creo que todos los españoles, incluidos ellos dos, creen que lo mejor para España en este momento es que el PP pueda ofrecer un proyecto de futuro para todos los españoles y, por tanto, esta nueva etapa lo va a facilitar enormemente», ha añadido después.

LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PP ESTÁ «PLENAMENTE GARANTIZADA»

En cuanto a si el cambio de sede tiene que ver con la situación contable del PP, el secretario general de los ‘populares’ lo ha rechazado de plano. «Ni mucho menos, nosotros nos hemos organizado perfectamente. No es ninguna operación más allá de abrir una nueva etapa en otro lugar físico», ha explicado.

Al ser preguntado de nuevo si no tiene que ver con el crecimiento de la deuda en 13 millones de euros de un año a otro, García Egea ha insistido en que el conjunto del partido «en todas sus administraciones territoriales es perfectamente sostenible». «La sostenibilidad financiera del PP está hoy plenamente garantizada», ha recalcado.

CASADO HA ENCARGADO A GARCÍA EGEA EL TRASLADO

Casado ha encargado a García Egea el traslado de sede, según fuentes del PP, que admiten que no está decidido aún si el PP optará por alquilar o por vender. Según las estimaciones del portal inmobiliario idealista, si el partido opta por arrendar obtendría entre 140.000 y 160.000 euros al mes, mientras que con la venta podría conseguir hasta 36 millones.

La sede del PP, situada en Génova 13 y desde cuyo balcón ha celebrado el partido sus victorias electorales, cuenta con 10.243 metros distribuidos en nueve plantas de oficinas y cuatro de aparcamiento. Los ‘populares’ están instalados en ese edificio desde 1983 (entonces como Alianza Popular) pero optaron por comprar el inmueble a Mapfre en 2006, por unos 37 millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Audiencia de Cádiz que condena al tripulante de una embarcación que transportaba 711,8 kilos de hachís a cuatro años y medio de cárcel y a cinco años al dueño de dicha embarcación, después de que la misma naufragase en la costa de Chiclana de la Frontera. Aunque el segundo condenado había impugnado la condena inicial, el Alto tribunal andaluz ha desestimado su recurso de apelación.

En su sentencia, emitida este pasado jueves, el TSJA analiza un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz, condenando al súbdito marroquí Sara A. a cuatro años y medio de cárcel y una multa de más de 3,5 millones de euros, por un delito contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud, con notoria importancia y especial gravedad por el uso de embarcación; y a Jesús M.E. a cinco años de cárcel y la misma multa por el mismo delito.

Según la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia, Jesús M.E. «puso a disposición de Sara A. la embarcación rígida y de recreo de su propiedad, con motor fuera borda de 80 CV»; y el 23 de octubre de 2019, el segundo de los acusados «pilotó la referida embarcación cargada con 23 fardos de hachís hasta las costas españolas, si bien al llegar a la zona de la Torre del Puerco en Chiclana de la Frontera perdió el control de la embarcación, que zozobró en la orilla, siendo detenido por agentes de la Guardia Civil».

La droga transportada en la embarcación arrojó un peso de 711,8 kilos, con un valor calculado de más de 1,19 millones de euros en el mercado ilegal.

RECURSO AL TSJA

Frente a ello, la defensa de Jesús M.E. interpuso un recurso de apelación ante el TSJA, considerando que la Audiencia de Cádiz había «incurrido en error en la valoración de la prueba con vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva», alegando que él «carece de relación alguna con la sustancia que fue transportada a la costa gaditana en la embarcación de su propiedad y que ésta ha debido de ser usada por alguna otra persona sin su conocimiento, como ha ocurrido en otras ocasiones, ya que hay terceros que utilizan el vehículo en cuestión».

Así, la defensa de Jesús M.E. recordaba que el mismo «no se hallaba en la zona donde fue encontrada la embarcación y donde se recuperaron los fardos de hachís».

Empero, el TSJA esgrime que este acusado es el «propietario» legal de la embarcación, «indicio claramente incriminatorio de su participación en el tráfico del cargamento intervenido», ofreciendo este hombre «explicaciones confusas, contradictorias y opuestas en ocasiones a la realidad de los hechos constatados por otras vías».

«El hecho de que Jesús M.E. no es el único que utiliza la nave es claro a la vista precisamente de la intervención del coacusado, Sara A., pilotándola para traer la droga, pero aunque en otras ocasiones también haya sido puesta a disposición de terceros, cosa posible y nada inusual, lo que no consta en modo alguno es que haya ocurrido sin conocimiento ni consentimiento del dueño, y menos aún que ese uso inconsentido haya tenido lugar en el marco del hecho enjuiciado, ni que circule esa llamativa pluralidad de juegos de llaves que viene a describir el recurrente al alcance prácticamente de cualquiera», zanja el TSJA, que desestima por completo el recurso de apelación y confirma la condena.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha decidido acumular las condenas de José Enrique Abuín Gey, alias ‘El Chicle’, por el intento de secuestro y agresión de una joven de Boiro y por el asesinato de Diana Quer, y ha establecido en un mínimo de 18 los años que deberá pasar en prisión antes de solicitar el tercer grado, régimen de semilibertad.

En un auto fechado este jueves, la Audiencia ha acordado que los cinco años de prisión a los que Abuín Gey fue condenado por el suceso de Boiro, previos a la condena por el caso Diana Quer, se sumen a la pena de cuatro años de prisión, por una parte, y permanente revisable, por otra, a los que fue condenado por el crimen de la joven madrileña. Con ello, establece que El Chicle debe cumplir por ambos sucesos la pena de prisión permanente revisable de forma acumulada.

Asimismo, determina que, debido a la unión de las penas de estas dos sentencias, a efectos de acceso al tercer grado o de solicitar una revisión de la condena, se computan los plazos como si solo hubiese sido sentenciado a una única pena de prisión permanente revisable.

En concreto, fija que Enrique Abuín deberá pasar al menos 18 años en prisión antes de solicitar el acceso al tercer grado penitenciario –el régimen de semilibertad– y 25 años de cárcel antes de solicitar la revisión de la condena y pedir una posible libertad total.

José Enrique Abuín Gey fue condenado en diciembre de 2019 por la Audiencia Provincial de A Coruña como autor material de la detención ilegal, agresión sexual y asesinato de la joven Diana Quer, que desapareció en agosto de 2016 en las fiestas de la localidad coruñesa de A Pobra. Su cuerpo no fue localizado, sin embargo, hasta 500 días después, oculto en un pozo en la parroquia de Asados, en Rianxo.

En concreto, por este crimen, El Chicle fue condenado a la pena de prisión permanente revisable como autor de un delito de asesinato con alevosía cometido para ocultar una agresión sexual, así como a cuatro años de cárcel por detención ilegal y agresión sexual. El Tribunal Supremo confirmó casi un año después el fallo en los mismos términos.

Unos meses antes de esta sentencia, en abril de 2019, Enrique Abuín había sido condenado a cinco años de prisión por detención ilegal e intento de agresión sexual por unos hechos sucedidos en Boiro en la Navidad de 2017. Su detención como sospechoso de este segundo caso y los nexos que lo vinculaban a la desaparición de Diana Quer desencadenaron la resolución del crimen de la joven madrileña, ya que Abuín llevó a los agentes hasta la nave de Asados dos días después de ser apresado por el intento de agresión.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado la condena a 14 años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia de Sevilla a un varón por un delito continuado de agresión sexual en la modalidad de acceso carnal sobre la nieta de su mujer, de siete años de edad a la fecha de los hechos, reduciendo la condena a seis años por un delito continuado de abusos sexuales a menor de trece años.

En su sentencia, difundida por el TSJA, fechada este pasado jueves, el Alto tribunal andaluz trata un recurso de apelación contra una sentencia emitida por la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, condenando a un varón identificado como Andrés R.P. a 14 años y medio de cárcel, por un delito continuado de agresión sexual, en la modalidad de acceso carnal, agravada por realizarse sobre una persona especialmente vulnerable y con prevalimiento de relación de parentesco.

Según el relato de hechos probados de la sentencia inicial de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, en 2007, cuando la víctima tenía siete años, Andrés R.P., marido de la abuela de esta menor, «aprovechándose del acceso que ese parentesco le daba», comenzó a llevar a cabo los actos, «los cuales se prolongaron hasta que la niña alcanzó los once o doce años».

Frente a ello, la defensa de Andrés R.P. interpuso un recurso de apelación ante el TSJA, señalando respecto a la sentencia condenatoria «un error de apreciación probatoria, al dar crédito a las declaraciones de la joven acerca de las prácticas sexuales de distinto orden a las que dice le sometió durante largo tiempo el que fuera marido de su abuela; error que repercutiría en una vulneración de la presunción constitucional de inocencia por insuficiencia de la prueba», según esgrimía la defensa.

LA SEPARACIÓN DE LA ABUELA

Al respecto, la defensa del acusado señalaba una supuesta «vil manipulación» de la menor por parte de su abuela, y por influencia de esta también por los padres, «a raíz de la separación y posterior divorcio entre aquella» y Andrés R.P.

Empero, el TSJA asegura que «en el relato de la menor no se advierte interferencia adulta: como señala el informe psicológico de evaluación y ha podido comprobar el tribunal», exponiendo que su testimonio en el juicio estuvo marcado por detalles y descripciones de la niña que «dotan de espontaneidad y expresividad» al mismo, «alejando cualquier sospecha de fabulación o de manipulación por adultos».

El TSJA señala además la «corroboración objetiva» implícita en «la constatación de las secuelas psíquicas que presenta la menor como consecuencia del abuso sufrido, tal como acredita el informe pericial de tratamiento emitido por psicólogas diferentes de las que realizaron el informe de evaluación».

EL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA

Pero aunque «la declaración de la joven supera holgadamente en un análisis crítico objetivo» los «parámetros consagrados como criterios de valoración probatoria del testimonio impropio de la supuesta víctima», lo cierto es que «el relato fáctico de la sentencia impugnada contiene un párrafo que carece de suficiente fundamento en el relato de los abusos que ofrece la menor y cuya inclusión obedece a un error».

Por eso, el TSJA estima parcialmente el recurso de apelación de la defensa del acusado, revoca la sentencia inicial y condena a Andrés R.P. por un delito continuado de abusos sexuales a menor de 13 años y con prevalimiento de relación de parentesco, concurriendo en un caso tentativa de acceso carnal y sin circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal, a la pena de seis años de prisión.

Los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se reunirán los próximos días 23 y 24 de febrero en Madrid para abordar el trabajo de las oficinas diocesanas contra los abusos, que abrieron hace más de ocho meses; para hablar sobre la eutanasia y sobre la posibilidad de que las mujeres sean lectoras y acólitos, entre otros temas.

Durante la que será su primera reunión de 2021, los prelados dialogarán sobre el trabajo de las oficinas abiertas en todas las diócesis españolas para atender a las víctimas de abusos sexuales, que llevan funcionando desde hace más de ocho meses.

El pasado mes de noviembre, el secretario general de la CEE aseguró que estas oficinas apenas habían recibido denuncias en sus primeros seis meses de funcionamiento. «Cero o muy pocas», indicó.

Estas oficinas están abiertas desde antes del pasado 1 de junio, en cumplimiento con lo establecido por la Santa Sede, con el objetivo de proteger a los menores de abusos y de que las víctimas puedan presentar denuncias.

Por otro lado, los obispos españoles hablarán la próxima semana sobre la eutanasia, dos meses después de que el Congreso de los Diputados aprobara la ley que regula esta práctica; y abordarán asimismo el testamento vital, al que ya se refirió el pasado mes de diciembre el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

«Animaremos desde la práctica pastoral a que en el testamento vital se diga explícitamente que uno no quiere que se le practique la eutanasia, que quiere recibir cuidados paliativos y que tampoco quiere ensañamiento terapéutico», declaró entonces Luis Argüello.

Además, durante el encuentro, los prelados abordarán la puesta en marcha del cambio introducido por el Papa Francisco para permitir que las mujeres puedan ejercer el ministerio estable de lector y acólito, un papel reservado hasta ahora a los varones, dándoles así funciones en el altar.

Los obispos también estudiarán las líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal para el quinquenio 2021-2025; dialogarán sobre la puesta en marcha del plan de formación que fue aprobado en la anterior Plenaria y analizarán el trabajo de la nueva plataforma Ábside, en la que los obispos han aglutinado sus medios de comunicación: Trece y Cope.

«Ni de broma me metí nunca en su cama», ha declarado este viernes el hombre de 68 años vecino de la parroquia de Chavaga en Monforte de Lemos, juzgado en la Audiencia Provincial de Lugo por abusar de su hija con una discapacidad psíquica del 67 por ciento.

Además de padecer la víctima «retraso mental», según se ha abordado en el juicio, también sufre de «oligrofenia», que no la impidieron declarar ante el tribunal ante el que ha admitido que se llevaba «bien» con su padre y con su madre y que «papá» no se metía en la cama con ella.

Argumentos coincidentes, dado que el padre ha insistido en que «ni de broma» se acostaba con su hija que en la actualidad tiene 29 años. Según sostiene la Fiscalía, los abusos se habrían producido tras cumplir ella la mayoría de edad.

El hombre ha justificado la acusación porque a su hija la habría inducido a ello una hermana que no es hija propia del procesado, quien sí admitió que la relación era «mala» con esa hermana de su hija.

También ha replicado al respecto de por qué se negó a someterse a una prueba de ADN cuando fue detenido, hace de ello tres años. «El ADN no se lo doy a nadie», ha subrayado.

La Fiscalía reclama para el procesado nueve años de prisión, además de una indemnización de más de 3.500 euros y una orden de alejamiento y comunicación durante los próximos 16 años.

El Ministerio Público mantiene que el hombre se aprovechó para «satisfacer sus deseos libidinosos» su condición «de padre y de la discapacidad de la hija en múltiples ocasiones» desde la mayoría de edad de la joven.

En el relato fiscal se sostiene que este vecino de Monforte se introducía por la noche en la habitación de la víctima e incluso llegaba a la penetración. El último de estos supuesto abusos se produjo el 23 de enero de 2018, cuando la hija logró huir una vez finalizada esa agresión sexual.

La abogada de la defensa, Rocío Balado, ha vuelto a asegurar, antes de entrar en sala, que va a pedir la libre absolución al «no haberse acreditado para nada» los hechos.

Agentes de la Guardia Civil acudieron en la mañana de este viernes, sobre las 8,00 horas, al domicilio familiar del hombre, en la parroquia de Chavaga, a recogerlo después de este jueves se ausentara del juicio que este viernes sí pudo celebrarse. Fuentes de la Guardia Civil han señalado que el procesado no opuso resistencia.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha apostado por alcanzar un acuerdo entre las comunidades y el Gobierno en el Consejo Interterritorial para limitar la movilidad en Pascua porque «va a ser un momento muy complejo» en el que incluso se podría «perder la trazabilidad» del virus que se va a recuperar con la caída de casos actual.

Así lo ha expresado Puig este viernes en una entrevista, en la que ha defendido este acuerdo a nivel estatal para este periodo festivo. «Pensamos que debe haber una posición del conjunto del sistema, porque es muy importante consolidar ahora. Si consolidamos, probablemente los próximos meses tendremos más oportunidades de ir hacia la normalización con mayor vacunación y mayor capacidad de contención de la pandemia», ha explicado.

Respecto a la flexibilización de las restricciones a partir de marzo, ha incidido en que no se puede «malgastar» el esfuerzo realizado en «unos pocos días», y ha reiterado que la situación todavía es «muy difícil».

De hecho, respecto al aligeramiento de estas medidas, ha apuntado que se tomarán las decisiones la próxima semana, cuando se convocará una Comisión Interdepartamental, que tendrá en cuenta el «semáforo» que establece el Consejo Interterritorial de Sanidad. Así, prevé que en los próximos días «se vayan consolidando» los datos y espera una mayor «constatación de la bajada» de la incidencia. No obstante, ha recordado que «estamos aún en un riesgo alto».

Puig ha insistido que «nadie quiere restricciones», pero que se hacen «para intentar evitar contagios y muertes, pero no porque a nadie le produzca ningún tipo de satisfacción». Por ello, ha apostado por «flexibilizar, pero al mismo tiempo mantener con toda determinación la posición»

Preguntado por los ámbitos en que comenzarán a levantarse las medidas, ha indicado que hay «una voluntad de actuar en función de lo que ya se sabe que genera mayor sociabilidad». «No es lo mismo un comercio que un bar o un restaurante, entre otras cosas porque se está más tiempo juntos en un bar y un restaurante y se quita la mascarilla», ha apuntado.

«Tenemos que insistir y aunque haya alguna flexibilización, que la va a haber si todo continúa igual, tenemos que continuar insistiendo en aquello que ya sabemos que es positivo para superar la pandemia, que es, desde luego, el uso permanente de la mascarilla, la limpieza y la higiene de manos y la ventilación», ha apuntado. De hecho, ha incidido en esta última cuestión, que «ahora va a ser más fácil porque vamos hacia un tiempo más favorable».

«TENEMOS QUE RESPIRAR UN POCO»

En este sentido, ha defendido que «nunca nos podemos olvidar» que estamos «en el medio» de la pandemia aunque «tenemos que respirar un poco», algo que considera «necesario» por las consecuencias «económicas, sociales y también psicológicas».

Respecto a esta última cuestión, ha remarcado que este virus ha afectado a «todo aquello que tiene que ver con nuestra manera de ser» ya que ha atacado «fundamentalmente la sociabilidad, el contacto, nuestra manera de ser mediterráneo». De hecho, ha considerado, ahora que se acerca el aniversario del primer estado de alarma, que ha sido un año «realmente duro», y lo ha calificado de «annus horribilis».

Si las flexibilizaciones se producen a partir de marzo, coincidirán con el periodo festivo por las Fallas o la Magdalena, sobre las que Puig ha zanjado: «No hay Fallas ni Magdalena y tenemos que tener la conciencia de que no hay espacio de sociabilidad asociado a la fiesta, porque no hay fiesta». «Ya habrá fiesta cuando podamos», ha agregado.

De hecho, le gustaría que «pudieran celebrarse alguna de estas fiestas» incluso este año, pero «a día de hoy» no. No obstante, ha defendido el «derecho al descanso» aunque «es y debe ser un descanso diferente al que hemos planteado en otras ocasiones».

«Aunque ahora haya una cierta flexibilización, no pueden hacerse fiestas ni particulares ni fiestas en ámbitos más allá de los lugares de ocio. Tenemos que ser conscientes de la situación: Estamos mejor, pero aun estamos mal», ha agregado.

Esto, afirma Puig, «cuesta mucho», y ha agradecido «sobre todo a los jóvenes». «Hay jóvenes que han pasado sus 18, 19 o 20 años encerrados en casa todo un año», algo que es «muy duro».

VACUNACIÓN

Por lo que respecta a la vacunación masiva, que prevén que comience a final de marzo, Puig ha adelantado que se prevé un gran centro de vacunación en cada capital de provincia y Elche y, por lo menos, se habilitará un espacio para inocular dosis en cada capital de comarca.

En este sentido, ha indicado que este sábado se reunirá la comisión de vacunación para tratar en qué lugares se establecerán estos centros. Además, ha indicado que los hospitales de campaña son tres espacios que «seguro que se van a utilizar».

El president ha defendido que la vacunación es el «gran activo» actualmente contra la pandemia, aunque se ha mostrado concernido por las incógnitas que plantean las nuevas cepas o la posibilidad de que haya que vacunar anualmente.

Sin embargo, ha defendido la respuesta de la ciencia ante la pandemia, y ha apuntado que, hasta ahora, apenas había «no llega a tres decenas de vacunas» para todas las enfermedades, y «en un año, la ciencia ha conseguido que haya un conjunto» de inyecciones para este coronavirus.

En este sentido, ha esperado que la vacuna de Janssen se apruebe a principios de marzo. Respecto a las actuales, ha lamentado la «insuficiencia de dosis», y ha remarcado la complejidad logística de las actuales, debido a la doble dosis, la refrigeración o el transporte.

Pese a ello, ha argumentado que «hay casi 100.000 valencianos que están inmunizados», lo que «ha tenido un resultado positivo ya en la bajada de contagios en las residencias».