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Andalucía aborda este jueves posibles restricciones tras decaer el estado de alarma

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El Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía (Comité de Expertos) se reunirá este jueves, presidido por el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, para abordar posibles restricciones en la comunidad en la lucha contra la pandemia del coronavirus tras decaer el estado de alarma el próximo domingo 9 de mayo.

Según han informado fuentes del Gobierno andaluz, la reunión se celebrará finalmente este jueves, un día después de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud y tres días antes de que decaiga el estado de alarma a nivel nacional.

Sobre las posibles medidas que podría adoptar el Gobierno andaluz para un escenario sin estado de alarma, Juanma Moreno, que ha abogado este miércoles durante un acto por una desescalada «progresiva», ha descartado seguir con el toque de queda a partir del 9 de mayo porque la incidencia está bajando, mientras que sí mantendrá el cierre perimetral de municipios con tasas de incidencia por encima de 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Según Moreno, con «la improvisación» del Gobierno central desaparecen herramientas importantes para combatir la Covid-19, entre las que se encuentran el toque de queda, el cierre perimetral de la comunidad o incluso «que se quede en casa una persona si está infectada».

Ante esta situación, ha advertido que la Junta ya está preparándose «desde el punto de vista normativo» para proteger a los andaluces, con cierres perimetrales de los municipios más afectados solicitando el aval judicial, algo que «haremos en tiempo y forma y de manera exquisita, salvaguardando las competencias» de la comunidad. «Con autorización judicial, se podrá cerrar perimetralmente municipios y esto sí lo voy a solicitar. Tenemos municipios con tasa por encima de 500 y de mil casos cada 10.000», ha explicado.

«Soy partidario de hacer una desescalada progresiva. El Covid no se ha ido, siguen muriendo todos los días personas en España y Andalucía, siguen infectándose y sufriendo con la enfermedad. Por tanto, a pesar de empezar a ver la luz al final del túnel, hay que vacunar y cumplir con los objetivos de vacunación. Ser muy serios y rigurosos», ha advertido, para reclamar una vez más a la ciudadanía «prudencia» en una «desescalada suave».

En este sentido, ha señalado que la Junta, una vez que ya no esté vigente el estado de alarma nacional y decaiga el toque de queda, «solo lo volvería a establecer si las condiciones epidemiológicas lo recomendaran, pero ahora mismo la incidencia está bajando» y se sitúa en 197 casos cada 100.000, por debajo de la media nacional. «Si se produce un brote, usaré todos los instrumentos a nuestro alcance y no dudaré en tomar medidas por muy duras que sean para preservar la salud de las personas», ha aclarado.

Castilla y León registra 313 nuevos casos y cinco fallecidos

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Castilla y León suma 313 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 229.339, al tiempo que registra cinco víctimas mortales más, ocurridas en hospital, así como un total de 29.378 altas médicas, de ellas 57 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas publicadas hoy registran cinco fallecimientos en hospitales, lo que eleva hasta 5.711 la cifra total de defunciones en estos centros.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 397 –dos menos que en la jornada anterior– y los casos positivos a ellos vinculados se eleva a 2.251 –45 menos–. De ellos, Ávila contabiliza 26 brotes –tres más–; Burgos, 87 –uno más–; León, 57 –uno más–; Palencia, 20 –los mismos–; Salamanca contabiliza 57, sin variación; Segovia 54, uno más; Soria 21, dos menos; Valladolid 58, cinco menos, y Zamora 17, uno menos que el día anterior.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 229.399 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 297 en la última jornada. De ese total, 222.599 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

BURGOS, A LA CABEZA CON 91 NUEVOS CASOS

Por provincias, Burgos es las que más positivos han notificado en esta jornada, con 91 nuevos casos para sumar 35.149; le sigue León, con 69 y un total de 39.821; Valladolid, con 45 y 50.731 totales; Salamanca, con 38 y 31.915 acumulados; Zamora, con 19 y 13.268 totales; Ávila, con 17 y 12.537 globales; Segovia, con 15 y 17.237 totales; Palencia, con once y 18.973; y Soria, con ocho nuevos y 9.768 en total.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 5.711, cinco más que ayer, registrados en Valladolid, Burgos, Palencia, Zamora y Soria, con un muerto en cada una de ellas. La provincia vallisoletana es la que suma más muertes, con 1.160; seguida por León, con 1.147; Salamanca, que tiene 835; Burgos, 704; Palencia, 445; Zamora, con 429; Segovia, con 366; Ávila, con 339, y Soria, con 286.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 29.378, de las que se han computado 7.159 en Valladolid; 5.087 en León; en Salamanca, 4.046; en Burgos, 4.020; en Palencia, 2.227; en Zamora, 1.917; en Segovia, 1.878; en Ávila, 1.745, y en Soria, 1.299.

DESCENSO DE HOSPITALIZADOS EN PLANTA

En cuanto a las hospitalizaciones, a día de hoy hay un total de 456 hospitalizados, 22 menos que ayer. De estos pacientes, 328 se encuentran en planta –25 menos que ayer–, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) aumentan a 128, tres más.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y suponen un 39 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, un punto más con respecto a la jornada anterior.

Así, se informa de 19 ingresados en el Río Hortega de Valladolid y en el Complejo Asistencia de Burgos; 15 en el Clínico de la Valladolid; 14 en el Complejo de León; once en los de Salamanca y Segovia; diez en el de Palencia; nueve en el Hospital de El Bierzo; ocho en los complejos de Ávila y Soria y cuatro en el de Zamora.

Casado exige ya un Debate de la Nación tras la victoria en Madrid

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El líder del PP, Pablo Casado, ha solicitado la celebración del Debate sobre el estado de la Nación para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «rinda cuentas a la soberanía nacional» sobre la pandemia, las cifras de paro, el «uso inmoral» de las instituciones o el reparto de los fondos europeos. Tras poner en valor la victoria del PP en Madrid con la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que su partido «ha vuelto» y ha destacado que los españoles están «hartos» de las políticas del Gobierno.

«España es mucho más que Sánchez, es mucho mejor que Sánchez y ya se han dado cuenta. A pesar de su propaganda y mentiras, la sociedad ya no sigue engañada. El cambio es posible y también es urgente», ha enfatizado Casado ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP para analizar los resultados en Madird, donde también ha tenido un papel protagonista Isabel Díaz Ayuso.

Tras asegurar que la agenda «no la pueden marcar los peores», ha indicado que los españoles están «hartos» de un Gobierno que «premia, comprende y disculpa a los que se saltan la ley» pero «ataca» a los que piden que se «respete». «Estamos hartos de un Gobierno pendiente de la última ocurrencia, improvisación o chantaje de los que se creen mejores y nunca aportan nada a la sociedad», ha resaltado.

CREE QUE SE HA «IMPROVISADO» UN DECRETO ANTE EL FIN DE LA ALARMA

Casado ha afirmado que, cuando siguen falleciendo «más de cien españoles diariamente» por coronavirus, el Gobierno haya improvisado un decreto «sin diálogo con nadie en plena jornada electoral de Madrid», en alusión al decreto que cambia la ley para que el Tribunal Supremo tenga la última palabra sobre las restricciones de las CCAA.

Además, el presidente del PP ha recalcado que es «intolerable» que Sánchez «al salir de votar trasladara un fallido plan de vacunación nacional, arrogándose» lo que, según ha dicho, están haciendo las comunidades autónomas.

También ha criticado el «ataque a los jueces» o «inmoral uso de las instituciones» que ha realizado el Gobierno, como «la Fiscalía, las Fuerzas de Seguridad, el BOE o el CIS» pero ha avisado que «no les moverán en su exigencia de fortalecimiento institucional, respeto a la separación de poderes e independencia judicial» porque tanto la Constitución como la UE están de su lado.

«EN BRUSELAS EMPIEZA A COLMARSE LA PACIENCIA»

Casado ha asegurado que el tiempo también ha dado «la razón» al PP en su petición de un plan de choque económico que incluya bajadas de impuestos, menos burocracia, más flexibilidad o con la creación de una autoridad independiente para gestionar los fondos europeos.

Además, ha asegurado que «no es de recibo» que el Plan de Recuperación, que debe ser instrumento «clave» para la recuperación, no haya tardado «ni 24 horas en ser desautorizado por el propio Gobierno».

«En Bruselas empieza a colmarse la paciencia con un Gobierno que garantiza unas cosas allí y hace lo contrario en España, sobre todo en campaña», ha señalado, para señalar que el Gobierno quiere «repartir clientelarmente» esos fondos europeos pero su partido «no lo va a permitir».

«NO PUEDE ESPERAR MÁS SIN DAR CUENTAS A LA SOBERANÍA NACIONAL»

Por todo ello, Casado ha recalcado que ha llegado tiempo de que Sánchez «rinda cuentas» ante el Parlamento y por eso ha solicitado formalmente la celebración de un Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso. «No puede esperar más sin dar cuentas a la soberanía nacional del Parlamento español», ha manifestado.

Tras asegurar que el PP es «va a ganar las próximas elecciones generales» cuando Sánchez las convoque, ha afirmado que los españoles han «traído de vuelta» al Partido Popular y ahora «no les van a decepcionar». «Hay una mayoría social que quiere cambiar de gobierno y vamos a convencerla y convertirla en una gran mayoría electoral», ha concluido.

Los Obispos del Sur organizan para 2022 un congreso de profesores de Religión

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La CXLVII Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España, que comprende las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén, Málaga y Asidonia-Jerez, que se ha celebrado en Córdoba entre ayer martes y este miércoles, ha decidido «convocar un congreso de profesores de Religión a nivel andaluz en el año 2022, como forma de impulsar la misión educativa del profesorado de Religión en Andalucía».

Este acuerdo lo ha adoptado los obispos andaluces, según ha informado Odisur, tras tomar conocimiento de la tasa de matriculación del alumnado de Religión en el sistema educativo andaluz, «que sobrepasa el 73 por ciento del alumnado» y que constituye «uno de los índices más altos de España».

En la CXLVII Asamblea, que comenzó con un retiro espiritual dirigido por el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, los prelados también han sido informados «sobre la evolución de la Lomloe a nivel estatal, y de la política educativa en el ámbito andaluz».

CÁRITAS

Por otro lado, los obispos han querido agradecer «la labor que vienen realizando las Cáritas diocesanas y parroquiales» en «este tiempo de pandemia, que tanto está afectando a las familias, no solo en la salud, sino también en su situación humana, social y económica», y ante ello, «al trabajo de asistencia a los necesitados que ya venían realizando las Cáritas antes de la pandemia, se suma ahora la urgencia de atender las muchas necesidades que han surgido tras la crisis económica que la situación sanitaria está provocando».

De hecho, en todas las diócesis sus respectivas Cáritas han experimentado «un aumento muy importante en la demanda de ayuda social de todo tipo, desde alimentos a compañía frente a la soledad», además de «acogida, atención a las personas vulnerables y ayuda a las familias», conociendo los obispos que «este esfuerzo redoblado de las Caritas diocesanas y parroquiales ha venido acompañado de un aumento en el número de voluntarios y de donaciones recibidas para hacer frente a todas estas necesidades».

Los obispos lo han agradecido, y también han querido hacer llegar su «reconocimiento y gratitud a tantas instituciones de la Iglesia, muchas de ellas dependientes de congregaciones religiosas, que multiplican sus esfuerzos para ser ayuda y consuelo en este tiempo de tribulación».

IMAGO SOLIS Y ACADEMIA

Durante la asamblea, por otra parte, el administrador apostólico de Sevilla, Juan José Asenjo, ha informado sobre la Fundación Imago Solis y el taller de restauración que la Archidiócesis de Sevilla ha creado. En el mismo se van a restaurar obras de arte, algunas de las cuales formarán parte de la exposición ‘Imago Solis’, una gran exhibición artística sobre la historia del cristianismo en Andalucía, que preparan las diócesis andaluzas y que se realizará cuando la pandemia lo permita.

Por su parte, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha informado sobre la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía, creada por decisión de la Asamblea de Obispos del Sur, que reúne a las diez diócesis andaluzas y que tiene su sede en la Abadía del Sacromonte de Granada.

La labor de la Academia es, fundamentalmente, de investigación, docencia, publicación y difusión de los testimonios de la presencia cristiana en Andalucía, desde sus orígenes hasta la edad contemporánea, y cada una de las diócesis andaluzas ha nombrado ya a sus respectivos académicos, de forma que, cuando mejore la situación sanitaria se constituirá dicha fundación y se aprobarán sus estatutos definitivos. También entonces se procederá a realizar el acto oficial de inauguración, con las garantías oportunas.

CANAL SUR Y ODISUR

Los obispos andaluces valoran también «muy positivamente las retransmisiones de la Santa Misa que Canal Sur Televisión realiza cada domingo desde diferentes lugares de Andalucía». La acogida que estas retransmisiones están teniendo, a decir por los altos índices de audiencia, «es expresión, sin duda, del servicio público que realiza Canal Sur al hacer llegar la Misa del domingo a los hogares andaluces, sobre todo en estos tiempos tan difíciles de pandemia».

Por último, han conocido y dado el visto bueno a la nueva web de Odisur (www.odisur.es), el Servicio de Información de los Obispos del Sur de España, que se renueva para ofrecer un mejor servicio. En la web de Odisur hay una base de datos con más de 70.000 noticias de la Iglesia en el Sur de España y cada semana ofrecen varios boletines de noticias gratuitos con toda la información publicada en las diferentes diócesis.

Cantabria llega a la «cima» de contagios pero suma una nueva muerte

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La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria cree que Cantabria ha alcanzado la «cima» en transmisión de contagios por coronavirus en esta cuarta ola, con 70 casos nuevos en el día de ayer y un tendencia a la «estabilización» e, incluso de bajada en incidencia y nuevos positivos, aunque la presión en los hospitales sigue siendo «muy alta», con 117 personas hospitalizadas (3 menos que el día anterior) y 29 ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs), una más.

Además, en el día de ayer, Cantabria rompió la tendencia de varios días sin fallecimientos y registró un deceso, el de una mujer de 78 años que estaba en la UCI.

La incidencia en Cantabria a 14 días baja a los 246 casos por 100.000 habitantes (4 menos que el día anterior) y tendencia a la «desaceleración); la ocupación hospitalaria se sitúa al 8,3 por ciento y la de las UCIs al 26%, lo que supone en este último caso un nivel «muy alto», según la información aportada este miércoles por el director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann.

En una rueda de prensa, ha afirmado que pese a esa tendencia descendente de los nuevos contagios y la incidencia, Cantabria «roza» el nivel 4 de alerta, el más alto, y prevé que aún quede una semana «dura» en los hospitales, donde la presión es «muy alta», tanto la general como la derivada de los casos Covid.

Así, en la comunidad se siguen registrando más ingresos de pacientes por coronavirus que los que se les da el alta.

En cuanto al perfil de los hospitalizados por coronavirus, Wallmann ha señalado que cada vez son más jóvenes, sobre todo entre aquellos que ingresan en las UCIs, que tienen de media 64 años, cuando a principio de año tenían 75.

Concretamente, de los 29 ingresados en las UCIs a día de hoy (ayer había 27) 14 tienen entre 60 y 70 años; 8 entre 70 y 80; 5 son del grupo de edad entre 50 y 60, y los dos restantes tienen entre 40 y 50. El 55% son hombres.

En cuanto a los contagios en Cantabria, Wallmann ha señalado que donde más nuevos casos se registran es entre el grupo de edad de 20 a 29 años –con una incidencia de 463 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días–, mientras que en los mayores de 70 años está por debajo de los 125.

Por territorios, la zona más afectada es el área de Reinosa, con una incidencia de 728 casos por 100.000 habitantes a 14 días, aunque en el municipio están «decreciendo bastante los contagios».

En el área de Laredo, la incidencia todavía está creciendo «un poco» y en la de Santander y Torrelavega está decreciendo está semana, concretamente un 18% y un 12% respectivamente.

BROTES Y VARIANTES

En cuanto a los brotes en la comunidad también hay una «tendencia a la estabilización».

Así, según Wallmann, en la última semana se han contabilizado 115 brotes activos, mismo número que la anterior.

Entre los brotes activos, además de el de la residencia de mayores de Quijas (Reocín), con 16 infectados –13 usuarios y 3 trabajadores, hay un brote relacionado con la variante brasileña.

Además, Wallmann ha señalado que este mismo miércoles se le ha notificado otros dos casos nuevos de la misma.

Estos dos casos, de dos personas convivientes, tienen como raíz una visita de una persona proveniente de Madrid que visitó el pasado fin de semana a sus familiares de Cantabria y ahí se produjo, según se cree, la trasmisión.

Y sobre la variante sudafricana ya se ha cerrado el brote de seis casos y no hay más en este momento y de la india no se han detectado aún casos.

Respecto a esta última, Wallmann considera que no es la más preocupante y considera que la brasileña o la sudafricana lo son más.

A su juicio, la explosión de contagios que ha habido en la India no se ha producido solo por esta variante sino que hay un «mix» de causas, entre ellos la relajación de medidas en este país.

Por otra parte, Wallmann ha informado que no se ha detectado «ningún caso nuevo» de contagios entre el personal sanitario y, en el ámbito educativo, también ha mejorado la situación, al haberse registrado una disminución en los últimos 10 días de las aulas que tuvieron que ser cerradas.

La Filmoteca Nacional recibe 72 cajas con el legado de Basilio Martín Patino

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La donación del legado del cineasta Basilio Martín Patino se ha hecho efectiva este miércoles 5 de mayo por parte de la familia del cineasta al Ministerio de Cultura y Deporte, siendo Filmoteca Española el organismo que se encargará de custodiar y conservar el archivo del realizador.

Basilio Martín Patino dejó un legado «rico y amplio» en su contenido, según Cultura. Cuatro años después de su fallecimiento, y tras el trabajo de identificación e inventariado de los materiales, se ha hecho efectiva la donación de dicho legado.

La donación se ha formalizado a través de la firma de un acuerdo en la sede del ICAA. En el acto han participado Beatriz Navas, directora del organismo, y Teresa Lucía Martín Patino Doblado, hija y heredera de Martín Patino. Al mismo acudieron también representantes de Filmoteca Española.

El archivo donado se compone de 72 cajas con toda la documentación que Martín Patino generó a lo largo de su vida personal y profesional. Entre los materiales, de diversas tipologías y formatos, destacan los borradores de artículos o discursos, guiones inéditos, correspondencia, carteles, fotografías, recortes de prensa, diplomas, dibujos o documentación de gestión de sus proyectos.

Entre los documentos inventariados, Gema Collado, responsable del Archivo documental de Filmoteca Española, ha destacado la presencia de escritos y guiones inéditos. Entre ellos, una serie de siete capítulos agrupados bajo el nombre genérico de ‘Apócrifos’, o la novela ‘La agonía de los luceros’, que se creía desaparecida, la cual derivaría en el guion de la película ‘Nueve cartas a Berta’.

Director, guionista y productor cinematográfico, tras su paso por el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC) desarrolló una carrera con largometrajes como ‘Nueve cartas a Berta’ (1965), ‘Del amor y otras soledades’ (1969), ‘Los paraísos perdidos’ (1985) o ‘Madrid’ (1987), así como con documentales como ‘Canciones para después de una guerra’ (1971), ‘Queridísimos verdugos’ (1973) y ‘Caudillo’ (1974), estos últimos realizados en la clandestinidad y no estrenados hasta el fin de la dictadura franquista.

Cerró su ciclo artístico con ‘Libre te quiero’ (2012), cuando con 80 años quiso plasmar las reivindicaciones del 15-M en la Puerta del Sol de Madrid, movimiento ciudadano del que este mes se cumple una década. Martín Patino fue además el principal impulsor de las ‘Conversaciones de Salamanca’ (1955), encuentro que supuso un antes y un después en la historia del cine español.

A lo largo de su carrera recibió premios como la Concha de Plata en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la espiga de Oro de Valladolid o la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

John Boyne vuelca «lo oscuro» de los últimos 70 años de Irlanda en su nueva novela

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El escritor John Boyne ha novelado los últimos 70 años de la historia de su país natal, Irlanda, y «lo oscuro» que fue ese período para las personas apartada de la sociedad, en su nuevo trabajo literario ‘Las furias invisibles del corazón’ (Ediciones Salamandra).

En rueda de prensa telemática este miércoles, ha explicado que el protagonista de la novela, Cyril, encarna «el aislamiento y la soledad de una persona que no encuentra mucho amor en su vida» y que inicia un proceso de superación personal, de búsqueda de su verdadera identidad y de maduración sentimental.

La trama está narrada desde el punto de un anciano homosexual nacido en 1945 en Dublín, adoptado por un matrimonio adinerado, distante y frío que le enseña a «esconder y enterrar sus secretos» y emociones, algo que le convierte en un chico tímido y solitario que se encontrará inmerso en la búsqueda de la instintiva necesidad humana de afecto y felicidad.

Sin embargo, ha reivindicado que la Irlanda actual es un lugar «optimista, moderno y saludable» que se ha ido forjando a lo largo de las últimas décadas gracias a hitos como la toma de posesión en 1900 de Mary Robinson como la primera mujer presidenta de Irlanda o la aprobación del matrimonio gay por amplia mayoría en el referéndum de 2015.

Según Boyne, es inexplicable y excesiva la capacidad de influencia que ha tenido históricamente la iglesia –«que ha caído en la corrupción desde los años 40»– en las decisiones del Gobierno, algo que asegura ha generado desilusión en la ciudadanía, que actualmente encuentra su espiritualidad en su interior y no en una institución.

IMPLICACIONES PERSONALES

En ese sentido, el autor irlandés ha desvelado que él mismo sufrió casos de abuso infantil en la escuela y que ha dejado que su propia infancia y demás «implicaciones personales contribuyan» a su obra con la esperanza de animar a otras personas a explicar su historia y a denunciar.

Ha asegurado que explorar Irlanda en este homenaje a las víctimas de rechazo social escrito a lo largo de dos años le ha servido para encontrar respuestas: «Tantos hombres y mujeres homosexuales no vivieron las vidas de deberían haber vivido porque la sociedad irlandesa no estuvo a la altura».

Pese a la dureza de la trama, el autor ha asegurado que ha incorporado elementos humorísticos y «personajes optimistas que no dejan que la vida les aplaste», algo que convierte a Cyril en uno de los personajes favoritos que ha creado.

Boyne (Dublín, 1971), que ha dedicado esta novela al escritor John Irving, es autor de la exitosa novela ‘El niño con el pijama de rayas’ (2006), ‘La casa del propósito especial’ (2009), ‘Las huellas del silencio’ (2014) y ‘El ladrón del tiempo’ (2000), entre otras novelas.

Teresa Ribera pide «no extrapolar» el resultado electoral de Madrid

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La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha pedido «no extrapolar» al resto de España el resultado electoral en Madrid, «aunque algunos lo pretendan», porque en España «hay más acentos que el madrileño». En su opinión, hay que entender la victoria de Isabel Díaz Ayuso «en el contexto de una comunidad donde el PP gobierna desde hace 26 años, algo que nos obliga a los demás a plantearnos qué ocurre y qué se puede hacer».

Teresa Ribera ha hecho estas consideraciones a preguntas de los medios de comunicación en la sede de la subdelegación del Gobierno en Bizkaia, durante un encuentro en Bilbao con la vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso.

Preguntada por si desde el Gobierno central se espera que durante los próximos dos años se vaya a hacer oposición a su gestión desde la Comunidad de Madrid, Ribera ha afirmado que «el Gobierno de España va más allá de una comunidad y abarca a todo el territorio donde hay más acentos que el madrileño, que son muy distintos y muy variados».

En ese sentido, ha dicho que desde el Gobierno de coalición van a seguir haciendo «lo que creemos que es lo más importante en este momento, que es garantizar la mayor cobertura de acompañamiento social en esta situación y facilitar la mejor y más rápida recuperación economica», por lo que no cree que ese planteamiento de confrontación sea extrapolable ni exportable a una cuestión Gobierno de Estado- gobierno autonómico solo porque los dos tengan su sede en Madrid».

Tras felicitar a la presidenta madrileña, Ribera se ha mostrado convencida de que el resultado electoral en Madrid «hay que contextualizarlo en lo que toca porque hay quienes pretenden extrapolar lo que ha ocurrido en Madrid más de lo que corresponde, y creo que hay que entenderlo en el contexto de Madrid donde hace 26 años donde gobierna el PP, algo que nos obliga a los demás a plantearnos lo que ocurre y qué se puede hacer, pero representa lo que representa y no hay que extrapolarlo», ha remarcado.

Preguntada por si consideraba que se había impuesto y había calado entre el electorado el concepto de libertad propuesto por Ayuso, la vicepresidenta española ha negado que el concepto libertad «pueda ser equivalente a tener los bares abiertos, aunque sea verdad que esa es la interpretación de libertad que hace la señora Ayuso» pero, lo cierto es que «no la hemos oído mucho sobre otros muchos asuntos relacionados con la Comunidad de Madrid».

En su opinión, la idea de libertad, «probablemente se plantee con debates muy diferentes en todo el territorio». En lo que respecta al Gobierno del que forma parte, ha señalado que «nuestra percepción es que la libertad pasa por la combinación con otros conceptos como fraternidad, e igualdad y por generar oportunidades para que la gente de verdad pueda responder en condiciones equivalentes.

En ese sentido, Ribera ha recordado que Madrid es de hecho «no solo es una de las comunidades más ricas de España, sino la comunidad donde las diferencias son particularmente significativas y también la comunidad en la que el tramo de personas de más renta está más distante de los de menor renta», a lo que ha añadido que no cree que esas personas de rentas bajas «puedan coincidir con esa visión de la libertad».

DIMISIÓN PABLO IGLESIAS

En relación a la decisión de Pablo Iglesias de abandonar la política tras los resultados de su partido en las elecciones madrileñas, ha afirmado que es «enormemente respetable» la decisión y cree que es «simbólico de su propia trayectoria personal».

Tras trasladarle un «mensaje de afecto», ha señalado que es una decisión personal y, desde el punto de vista político e institucional, le corresponde valorar la misma a la fuerza política que representaba Iglesias.

Ribera ha añadido que, «aparentemente, el protagonismo creciente» de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, «probablemente orientará algunos matices o alguna forma que recogerá su impronta personal» pero, en todo caso, ha añadido es «pronto para ver qué significa».

El Supremo también tendrá la última palabra sobre las medidas sanitarias

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El decreto-ley de medidas urgentes aprobado por el Gobierno de cara al final del estado de alarma, el 9 de mayo, ha creado un recurso de casación que permitirá tanto a las comunidades autónomas como a la autoridad estatal recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) cuando los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y la Audiencia Nacional, respectivamente, se nieguen a ratificar las medidas restrictivas adoptadas en materia sanitaria para luchar contra el coronavirus.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, explicó el martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el objetivo de este decreto-ley es que el Supremo pueda «unificar doctrina» para evitar el escenario que se abrió con el final del primer estado de alarma, cuando quedó al criterio de cada juez la decisión de autorizar o rechazar las medidas sanitarias adoptadas por los ejecutivos autonómicos, dando lugar a dictámenes contradictorios.

Con la entrada en vigor del decreto-ley, el mismo 9 de mayo, «serán susceptibles de recurso de casación, en todo caso, los autos dictados en aplicación del artículo 10.8 y del artículo 11.1.i)» de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, una posibilidad que hasta ahora no existía, ya que el cauce judicial de las medidas autonómicas moría en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y el de las medidas estatales, en la Audiencia Nacional.

En el caso de las restricciones impuestas por los gobiernos regionales, durante el estado de alarma se les otorgó el estatus de autoridades delegadas del Ejecutivo Central, dándoles vía libre para recurrir ante el Tribunal Supremo si los TSJ no ratificaban las medidas acordadas, si bien esta concesión acabará el próximo domingo, según fuentes jurídicas.

Para mantener esa situación, el decreto-ley crea un recurso de casación de modo que el TS pueda conocer las impugnaciones de lo que resuelvan los TSJ sobre «las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente» (artículo 10.8).

Además, habilita a la Administración General del Estado (AGE) para que pueda recurrir en el Supremo, «si el objeto de la autorización o ratificación hubiera sido una medida adoptada por una autoridad sanitaria de ámbito distinto al estatal, en cumplimiento de actuaciones coordinadas en salud pública declaradas por el Ministerio de Sanidad, en su caso previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».

El decreto-ley confecciona este recurso de casación de modo que el alto tribunal también pueda revisar lo que dicte la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con las medidas acordadas en dicho sentido por «la autoridad sanitaria estatal» (artículo 11.1.i).

PROCEDIMIENTO EXPRÉS

Otro de los cambios introducidos se refiere a los tiempos del recurso de casación, que se acortan debido a una tramitación preferente que obligará al TS a pronunciarse en un plazo de al menos ocho días desde que se interponga.

El recurso tendrá que presentarse en los tres días hábiles siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la decisión de los TSJ o la Audiencia Nacional y se interpondrá directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, con lo que se elimina el primer filtro que venían ejerciendo los propios TSJ, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Una vez presentado, el escrito de impugnación se enviará «de inmediato» a la sección competente, que «lo tramitará preferentemente, dando traslado al Ministerio Fiscal y a las partes para que comparezcan y formulen alegaciones por plazo común de tres días».

Transcurridos esos tres días, la sección designada «fijará doctrina y resolverá sobre las cuestiones y pretensiones planteadas, en el plazo de los cinco días siguientes».

A todo ello se suma que, «cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario y, en todo caso, cuando la demora en la resolución pueda causar perjuicios irreversibles, las partes podrán solicitar en el escrito de interposición que se habiliten los días inhábiles para la tramitación y resolución del recurso de casación».

Asimismo, el decreto-ley otorga un «carácter preferente» a la tramitación de las autorizaciones judiciales a medidas sanitarias que deban examinar los juzgados de lo contencioso-administrativo y las salas del mismo orden de los TSJ y la Audiencia Nacional, que tendrán que resolver «en un plazo máximo de tres días naturales».

El Gobierno se propone elevar la base máxima de cotización de manera gradual

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El Gobierno se propone aprobar la elevación gradual de la base máxima de cotización, acompasada de una adaptación a la misma de la pensión máxima, antes de finalizar 2022, aunque su implementación abarcará las próximas tres décadas, según consta en el componente 30 del Plan de Recuperación, el referido a las reformas de pensiones, remitido por el Ejecutivo a Bruselas el pasado viernes.

Esta medida, especifica el documento, se discutirá en el marco del diálogo social, afectará a todos los trabajadores y pensionistas del sistema, y «no se prevén impedimentos relevantes» para sacarla adelante.

«La adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual de las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema. Que la evolución de las bases máximas se acomode a una senda muy gradual y conocida de antemano permite además adaptarse a los agentes económicos adecuadamente», expone el Gobierno.

En general, las líneas de las distintas reformas previstas en materia de pensiones dentro del Plan de Recuperación son ya conocidas, pues las ha ido adelantando el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en distintas comparecencias.

El Gobierno explica en el Plan enviado a la Comisión que las distintas reformas contempladas en este componente 30 no implicarán costes e inversiones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En el documento se especifica el calendario de dichas reformas y se desgranan sus principales objetivos. Las más inmediatas, que se llevarán a cabo antes de finalizar este año, consisten en la revalorización de las pensiones con el IPC; el acercamiento de la edad efectiva de jubilación (actualmente en 64,6 años) a la edad legal, y la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, descargando al sistema de gastos que le son impropios y trasladándolos al Estado. Esta última medida ya se ha empezado a aplicar en los Presupuestos Generales de 2021 y se seguirá desplegando hasta 2023.

Sobre la revalorización de las pensiones con el IPC, el Gobierno reconoce que conllevará un gasto importante para el sistema, que cifra en 2,5 puntos del PIB en 2050 para luego caer «de forma intensa», aunque lo considera «asumible» en el conjunto de las reformas planteadas, ya que se pondrán en marcha otras medidas de contención del gasto.

REFORMAS PARA SU APROBACIÓN ANTES DE FINALIZAR 2022

En cuanto al resto de las reformas planteadas por el Gobierno en el componente de pensiones, son varias las que se quieren aprobar antes de finalizar 2022, la mayoría con despliegues progresivos en el tiempo.

En primer lugar, la adaptación del periodo de cálculo de la pensión a las nuevas carreras laborales, que se pretende aplicar de manera progresiva a partir de 2023.

«Se plantea adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora en las carreras más largas, junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional», explica el Gobierno.

En segundo lugar, también se pretende aprobar antes de finalizar el próximo año la sustitución del factor de sostenibilidad por otro mecanismo de solidaridad intergeneracional.

En concreto, se prevé introducir un nuevo instrumento en virtud del cual los parámetros fundamentales del sistema sean objeto de revisión periódica en el marco del Pacto de Toledo en función del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista y del nivel de gasto agregado.

Para el primer semestre de 2022 el Gobierno quiere tener listas otras dos reformas: el nuevo sistema de cotización de autónomos en función de ingresos reales, que empezará a desplegarse gradualmente a partir de la segunda mitad del próximo año, y el impulso a los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial.

El Ejecutivo argumenta que mientras los planes individuales crecen moderadamente, los planes de empleo permanecen estancados en el entorno de los 34.000 millones de euros desde 2014 y con una tendencia a la bajadel número de partícipes desde 2011.

Para impulsarlos, se plantea la creación de fondos de pensiones de empleo de promoción pública, gestionados por el sector privado, al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación; establecer mecanismos e incentivos para extender los plabes de empleo a través de la negociación colectiva; simplificar los trámites en la adscripción y gestión de los planes de pensiones, y diseñar mecanismos que favorezcan la movilidad de los trabajadores entre las diferentes empresas y sectores.

Asimismo, y con este objetivo, el Gobierno quiere establecer un nuevo incentivo fiscal dirigido a impulsar este tipo de instrumentos colectivos, que beneficie especialmente el ahorro de las rentas medias y bajas e incorpore a los jóvenes de manera más eficaz, así como limitar los costes de gestión de los planes de empleo por debajo del 0,30% de los activos gestionados.

Esta reforma, explica el Ejecutivo, pretende cubrir a todos los trabajadores, especialmente a los autónomos y menores de 35 años. Además, el Gobierno precisa que también se pretende extender progresivamente los planes de empleo entre los más de 3 millones de empleados públicos, estableciendo unos estándares mínimos ante la heterogeneidad de la cobertura entre los diversos niveles de administración territorial.

El Gobierno no aprobará la reforma fiscal hasta el primer trimestre de 2023

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El Gobierno no aprobará la reforma fiscal en profundidad encargada a los expertos hasta el primer trimestre de 2023, que evaluará tanto las imposición directa, como la indirecta, la medioambiental o los tributos que gravan la riqueza, según figura en el componente de fiscalidad incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas.

No obstante, algunos cambios fiscales sí se irán incorporando antes, como la creación de los ya anunciados impuestos sobre plásticos y sobre residuos, que se remitirán a las Cortes en el segundo trimestre de 2021 para que entren en vigor en el tercer trimestre, y en el primer trimestre de 2022 se analizarán y revisarán los impuestos sobre matriculación y circulación.

Asimismo, en el segundo trimestre de 2022 se aprobará la reforma delImpuesto sobre Gases Fluorados y en el cuarto trimestre de 2022 se revisará la imposición sobre los hidrocarburos, con la finalidad de revisar las bonificaciones fiscales del diésel sobre la gasolina.

El Gobierno se compromete también con Bruselas a evaluar 15 beneficios fiscales entre 2021 (a partir del segundo trimestre) y 2024, que no detalla, y que serán seleccionados por un grupo de trabajo del Ministerio de Hacienda. Cada uno de esos tres años, se realizará una evaluación de cinco beneficios fiscales.

Así, en el primer trimestre de 2022, 2023 y 2024 se presentarán elcorrespondiente informe y las conclusiones del análisis de losbeneficios fiscales analizados en el ejercicio anterior y, en su caso,se tomarán las decisiones de reforma, «si la situación económica lopermite» que, en cualquier caso, se aprobaría en el primer trimestre de 2023, con el resto de la reforma fiscal.

REDUCCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES

En este punto, el documento del Gobierno apuesta por la «reducción y eliminación» de beneficios fiscales y regímenes especiales actuales, que supondrían un incremento de la recaudación y un sistema fiscal más sencillo.

«De este modo, se plantea la realización de una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, resulta justificado», reza el documento, que cifra en 60.000 millones el importe de los actuales beneficios fiscales y que no excluye, en cambio, crear nuevos beneficios fiscales que sí estén justificados.

El mandato que ha dado el Gobierno al Comité de Expertos de la reforma fiscal, creado ya hace unas semanas y que debe concluir sus recomendaciones en febrero de 2022, es realizar un «examen en profundidad» de las diferentes figuras del sistema fiscal para acercar la tributación española a la media de la UE.

Así, deberán prestar especial atención a la fiscalidad medioambientalimposición societaria, tributación de la economía digitalizada, aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial y fiscalidad de las actividades económicas emergentes.

Concretamente, y además de las nuevas tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ ya en vigor desde este año, el Ejecutivo asegura que existe la posibilidad de crear «nuevas figuras tributarias» que graven los comportamientos nocivos con el medio ambiente, y en el ámbito de la imposición sobre la riqueza, asegura que hay «importantes mejoras a introducir», tanto desde el punto de vista técnico, como desde la perspectiva de implementar unapolítica redistributiva «coherente a nivel nacional».

NIVEL MÍNIMO DE IMPOSICIÓN DE LA RIQUEZA ENTRE CCAA

Por ello, apuesta por aplicar «de forma más coordinada» la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición «mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA».

El Gobierno reitera a lo largo del componente 28 del Plan de Recuperación, referido a la fiscalidad, que el objetivo de la reforma fiscal es acercar los niveles de tributación de España a la media de lospaíses del entorno, garantizando así la sostenibilidad a medio plazo del Estado del Bienestar.

De esta forma, asegura que se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del «ensanchamiento» de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse.

Asimismo, afirma que deben analizarse «en profundidad» las figurastributarias actuales para adaptarlas al contexto económico, y avanzar en la incorporación «de nuevos tributos» de acuerdo con las tendencias más recientes.

«La situación actual genera una oportunidad para llevar a cabo una reforma de nuestro sistema tributario que permita hacerlo más equitativo, progresivo y justo y lograr una verdadera contribución de la economía digital, que fomente la protección del medio ambiente y loshábitos saludables, así como la sostenibilidad fiscal», subraya.

HAY MARGEN PARA RECAUDAR MÁS

Como resultado, añade, se prevé «incrementar la suficiencia recaudatoria» del sistema tributario de acuerdo con el compromiso de sostenibilidad del gasto público, ya que los actuales ingresos públicos tiene «margen de crecimiento en el medio plazo».

«Este Gobierno está decidido a impulsar este incremento, acercándonos a la media de los países europeos, especialmente en las figuras medioambientales y digitales y utilizar estos crecimientos paraajustar el déficit estructural», reitera.

ACOMPASAR LOS CAMBIOS AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Por último, el Gobierno señala que la persecución de los principios anteriores deberá realizarse prestando la «debida atención» a la necesidad de garantizar el «adecuado equilibrio» entre la consolidación a medio plazo de las finanzas públicas y la contribución de la fiscalidad al crecimiento económico, creación de empleo, actividad económica y mejora de competitividad española.

Por ello, asegura que será necesario «cuadrar adecuadamente» las reformas a introducir con los tempos de la recuperación económica, de modo que se combinen «adecuadamente» políticas de estímulo y apoyo a los sectores económicos y al empleo con las reformas tributarias que se articulen.

El plan del sector turístico tendrá un impacto de 6.732 millones en el PIB

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El Plan de modernización y competitividad del sector turístico, incluido dentro del Plan de Recuperación, Modernización y Resiliencia, supondrá un impacto total de 6.732 millones de euros en el conjunto del PIB de España y la creación de 100.000 nuevos puestos de trabajo.

Según el estudio ‘The economic impact of tourism in the European Union’, el multiplicador turístico en España vinculado al gasto del total del turismo es de 0,93 euros, por lo que por cada euro gastado en turismo se producen 0,98 euros de gasto complementario.

En este sentido, la inversión en el sector, dotada de 3.400 millones de euros, producirá un impacto de 3.332 millones de euros adicionales, alcanzando un impacto total de 6.732 millones de euros en el conjunto del PIB del país.

Según el Plan, el reparto de los nuevos empleos creados podría ser equivalente al peso del sector turístico en la economía (12,7%), por lo que ese espera la creación de más de 100.000 puestos de trabajo adicionales en el sector turístico. Cabe recordar que el impacto sobre el empleo total del Plan será de 800.000 nuevos empleos en tres años.

Para la transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad se realizarán inversiones en transición verde, sostenible, eficiencia energética y electromovilidad del 35% en 165 destinos, que beneficiarán al 75% de los trabajadores del sector turístico, junto a la creación de un marco común estratégico para el conjunto de administraciones públicas y sector.

En el apartado digital, se estima que en 2023 los destinos turísticos inteligentes dispondrán de una plataforma de destino y que todos los subsectores de la cadena de valor turística se habrán beneficiado directa e indirectamente de las ayudas a soluciones digitales, además de constituirse alrededor un «industrial data space» para turismo.

RESILIENCIA TURÍSTICA EN LAS ISLAS

Sobre las estrategias de resiliencia turística para territoriosextrapeninsulares, en 2023 se habrán financiado actuaciones con impacto sobre 400 agentes económicos y sociales en los territorios de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, mejorando su competitividad y capacidad de adaptación a los cambios en los mercados internacionales.

En cuanto a la competitividad del sector, las inversiones en este campo desarrollarán 45 productos turísticos, financiarán proyectos de economía circular y eficiencia energética e intervendrán en el mantenimiento y rehabilitación de bienes de patrimonio histórico, junto con el fortalecimiento en la competitividad comercial de zonas de especial afluencia turística a través del uso de las nuevas tecnologías y la integración del comercio en la oferta turística.

Un juez desestima la querella de Torra contra un exmiembro de la JEC

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El titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Fernando Fernández Olmedo, ha desestimado la querella presentada por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra contra un el exmiembro de la Junta Electoral Central (JEC) Andrés Betancor, por compaginar su cargo en el órgano de supervisión de procesos electorales con un contrato de asesoramiento a Ciudadanos (Cs).

El expresidente catalán presentó esta querella contra el que fuera miembro de la JEC, que fue propuesto por la formación ‘naranja’ en 2017, porque «ocultó, consciente y deliberadamente» que desde primeros de ese año estaba trabajando para Cs en labores de asesoramiento jurídico.

Por ello, Torra entendía que la conducta de Betancor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, era constitutiva de delitos sobre actividades y asesoramientos prohibidos a los funcionarios públicos, así como delito electoral.

El magistrado instructor explica en su auto de desestimación que no ve indicios de la comisión de delitos dado que Betancor, en ese momento, «no es un funcionario público que se aproveche de esa condición para formar parte de la Junta y resolver en contra de los intereses que señala el querellante».

«OPINIONES SIN REFRENDO FÁCTICO»

Precisa el juez que la condición de funcionario se adquiere precisamente cuando entra a formar parte de la JEC y añade que la intencionalidad que puede tener el querellado con su participación en los asuntos sometidos a la decisión de la Junta Electoral «son tan sólo opiniones sin ningún refrendo fáctico que lleve a concluir la existencia» de la comisión de delito.

Por otro lado, el magistrado Fernández Olmedo señala también que no es competencia de la jurisdicción penal, sino del ámbito administrativo, examinar «la posible incompatibilidad que pudiera existir entre la condición de catedrático de la Universidad o como asesor del partido político y la participación como vocal en la Junta Electoral».

Torra apuntó en su querella que Betancor, dimitió como vocal de la JEC en julio de 2019, tras un año y nueve meses desempeñando su labor y «se incorporó como secretario jurídico en la gestora del partido político Ciudadanos, tras la dimisión de su anterior secretario general».

Asimismo, destacó que el exvocal participó en seis procedimientos instados por Cs, como la petición de retirada de los lazos amarillos y las pancartas por la libertad de los presos soberanistas, que conllevó finalmente la inhabilitación del presidente la exclusión de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín de la candidatura Lliures per Cataluña a les elecciones europeas de abril de 2019.

González García niega que Villarejo manejara fondos reservados de la Comisaría General

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El ex comisario general de Policía Judicial Juan Antonio González García, que fue uno de los investigadores del ‘Caso Gürtel’ y cuyo nombre aparece reiteradamente en las agendas de José Manuel Villarejo -principal investigado en ‘Kitchen’-, ha negado este miércoles en la comisión de investigación sobre esta trama en el Congreso que éste manejara fondos reservados de la Comisaría General.

«¿Qué tiene que ver Villarejo con los fondos reservados, de dónde saca usted eso?», ha señalado el ex mando policial ya jubilado en el tenso intercambio que ha mantenido con la diputada del Grupo Parlamentario Republicano Pilar Vallugera, a la que ha reprochado que diera por hecho determinados extremos publicados en prensa porque «no son verdad».

«Lo fondos reservados me los daban a mí», ha señalado el ex mando policial, que ha sido llamado a esta Comisión a pesar de que ya no estaba en activo en la Policía Judicial cuando se produjo la denominada ‘operación Kitchen’ dirigida presuntamente a espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

VILLAREJO, UN «INSPECTORCETE»

Según González García él era quien repartía estos fondos a los diferentes comisarios y luego se justificaban ante el DAO, por lo que ha descartado a Villarejo, a quien se ha referido como «un inspectorcete» de cualquier participación en esta dinámica mientras él estuvo al cargo. También ha negado que despachara con él o que fueran socios en ningún negocio.

El ex responsable policial ha comenzado su intervención, a preguntas de la diputada socialista Andrea Fernández, relatando un impresionante historial de persecución del delito que ha afectado a todos los partidos políticos, comenzando por los grupos de ultraderecha en la transición, las operación Malaya en Marbella, asuntos en ayuntamientos que afectaron a responsables del PSOE y por último la trama «Gürtel», que afectó al PP.

En este relato a mencionado a José Luis Olivera, al que nombró jefe de la UDEF y que cree que es buen policía, y ha afirmado que desconoce que este tuviera trato con Villarejo

Pese a desvincularse en todo momento de cualquier conocimiento sobre «Gürtel», un operación que dijo sólo conocer por la prensa, González García ha sido preguntado por el hecho de que, al jubilarse, creara una empresa cuyo nombre social fue durante seis meses un local de la calle Orense de Madrid propiedad de Villarejo.

La primera diputada que se ha interesado por este asunto ha sido Sofía Fernández Castañon, ante cuyas preguntas el compareciente ha reconocido que lo hizo por «miedo y cuestión seguridad», ya que él estaba muy señalado por la persecución a organizaciones criminales y no quería que se pudiera conocer su domicilio, si bien pasados seis meses fue al notario y cambió este dato para inscribir su empresa en su residencia habitual. En este punto el compareciente ha solicitado la intervención de la presidenta de la Comisión para no dar más detalles de este episodio que según él «nada tiene que ver con Kitchen».

El ex policía ha tratado de eludir también las preguntas sobre una especial relación de confianza con Villarejo, de quien se ha limitado a señalar que cuando él llegó a la Comisaría de Policía Judicial «ya estaba allí, porque llevaba desde el 94».

En otro momento de la comparecencia, el diputado popular Luis Santamaría le ha mostrado una foto en la que aparece junto a Villarejo y otros miembros de la policía imputados en Kitchen, si bien Gonzalez García se ha limitado a señalar que pertenecen a una comida a la que el hoy investigado les invitó cuando recibió una medalla al mérito policial.

BÁRCENAS LE PIDIÓ EXPLICACIONES

También ha sido preguntado por un episodio, reconocido por el propio Bárcenas, en el que éste le encuentra en un restaurante y se le acerca para preguntarle sobre la investigación de la trama que capitaneaba Francisco Correa.

«Yo estaba en el restaurante comiendo y entró Luis Bárcenas con Álvaro Lapuerta y otro diputado -ha relatado el ex policía ante la Comisión-. Y empezó decir el hijo de …, que me está persiguiendo por orden de Rubalcaba, y venga a mirarme. Luego se levantó y vino a mi mesa y me dijo oiga quiero hablar con usted puedo tomar un café y empezó a decir que no tenia nada que ver, que él no era L.B., que si yo era un sicario de Rubalbaca, que yo filtraba todo a El País. Yo no quería dar escándalo y le dije era una investigación policial que iría al juzgado por una denuncia de unos de su partido, y me contestó que que bueno bueno y se levantó se fue. Y ya está».

A lo largo de su intervención el ex responsable de policía judicial también ha sido preguntado por una supuesta campaña contra él orquestada por el PP cuando comenzó a a investigar Gürtel, y en este punto el ex policía ha mencionado al ex ministro del PP Francisco Álvarez Cascos, que se refirió a él como «camarilla de Canillas» al servicio del ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y que falsificaban pruebas.

«NO ERES DE LOS NUESTROS»

También ha relatado dos anécdotas con este ministro socialista, una de ellas cuando investigaban Gürtel ya que, lejos de intervenir en nada en esta investigación, les pidió a él y a su equipo que tuvieran cuidado con este asunto al tratarse de «una cosa delicada». Y así actuaron, llevando sólo el asunto a la Fiscalía Anticorrupción cuando comprobaron fehacientemente la información de los denunciantes.

En otra ocasión, ha reconocido que ya harto de las presiones sobre este asunto acudió al despacho de Pérez Rubalcaba para pedirle ser cesado, a lo que éste le respondió: » Pero si tú no eres de los nuestros, joder».

También ha negado el compareciente determinadas afirmaciones realizadas supuestamente por Villarejo que le ha apuntado el diputado Santamaría, como el hecho de que hubiera un plan en el Ministerio del Interior para eliminar al ex director de la Guardia Civil Luis Roldán. «¿Quiere decir matarlo? Por favor por favor», ha respondido el compareciente sobre este extremo, visiblemente asombrado e indignado.

«Yo he vivido muchas cosas de éstas, porque cuando hay personas de relevancia social en las investigaciones malo», ha añadido en relación con las presiones que solían aparecer alrededor de investigaciones de cierto calado mediático y político.

El juez rechaza la oferta de Monedero de abrir su ‘email’

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El juez Juan José Escalonilla ha rechazado la oferta realizada por el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero de abrir su correo electrónico en el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid para que pueda comprobar los ‘emails’ que intercambió con la matriz mexicana de Neurona Comunidad, insistiendo en que sea la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) quien investigue esos mensajes, que justificarían los 26.000 euros que le pagó la consultora política.

En un auto del 30 de abril, el instructor del caso ‘Neurona’ rechaza el recurso de reforma presentado por Monedero contra una providencia del 25 de marzo en la que Escalonilla encargó a la UDEF comprobar «la realidad de las fechas de los correos electrónicos» aportados por el ex dirigente ‘morado’.

El juez considera que «la necesaria adveración de la realidad de los correos electrónicos aportados Juan Carlos Monedero y de su fecha de emisión determina la necesidad de su análisis por la UDEF, al contar con los medios oportunos y hábiles para tal fin».

Escalonilla entiende que el hecho de que él mismo examine la cuenta de correo electrónico de Monedero para verificar que los ‘emails’ aportados están en ella o pedir a Neurona Consulting –la matriz mexicana– que los ratifique «no resulta suficiente».

«Pues es conocida la posibilidad técnica de alterar los correos electrónicos, resultando por ello necesario constatar su realidad mediante medios técnicos o a través del proveedor de dicho servicio», argumenta.

LA FACTURA DE LA DISCORDIA

Monedero está investigado en el caso ‘Neurona’ por una factura emitida el 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares en concepto de «300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia» por la que el 25 de enero de 2019 recibió un ingreso bancario de 26.200,31 euros de Neurona Consulting.

Tanto el juez como la UDEF creen que se trata de una factura falsa que encubriría una comisión que Monedero habría recibido por su supuesta intermediación para que Podemos contratara a la filial española de Neurona Consulting –Neurona Comunidad– para las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019.

En su declaración del 15 de marzo, Monedero negó que fuera falsa, atribuyendo los errores en la misma a que no es un experto en hacer facturas. Ese mismo día aportó unos ‘emails’ con Andrea Edlin López –socia mexicana de Neurona–, con los viajes realizados y las horas de trabajo imputables a cada uno, y un documento adjunto llamado ‘factura’. También dio un historial de los billetes emitidos a su nombre por Iberia en 2018 donde figuran vuelos a México, Colombia y Argentina.

Escalonilla pidió a la UDEF que comprobara las fechas de los correos electrónicos, al tiempo que solicitó a Iberia que entregara los billetes de avión que constan en el historial de vuelos, mientras que al propio Monedero le reclamó el contenido de los ‘links’ de los actos en los que participó durante sus viajes de trabajo para Neurona.

Como respuesta, el cofundador de Podemos, además de aportar el contenido de dichos ‘links’, presentó un recurso de reforma ofreciéndose a volver «personalmente» a Plaza de Castilla para abrir su correo electrónico delante del juez o del letrado de la administración de justicia con la finalidad de que puedan confirmar las fechas de esos ‘emails’, proponiendo igualmente que la propia Neurona diga si esos mensajes fueron recibidos y enviados en las fechas que constan.

Y todo ello, según expuso el profesor universitario en su escrito al juzgado madrileño, con el propósito de «agilizar esa constatación, evitando una sobrecarga de trabajo a la ‘fuerza actuante’ (la UDEF), y una mejor garantía de fe pública judicial», así como «colaborar con la labor del instructor».

La Fiscalía se posicionó en contra del recurso de Monedero, misma postura que adoptaron las acusaciones populares de Vox y Pro Lege y la acusación particular de la ex senadora de Podemos Celia Cánovas, y que finalmente ha seguido Escalonilla.

DESCARTA INDAGAR EN LA SANCIÓN DE LA UCM

El juez también ha rechazado, en otro auto del 30 de abril, una petición de Vox con la que el partido de Santiago Abascal pretendía que reclamara al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Madrid una copia íntegra del procedimiento abreviado que acabó ratificando la sanción que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) impuso a Monedero por realizar una «actividad privada retribuida sin autorización».

«No serviría para aportar dato alguno en relación con los presuntos servicios de consultoría llevados a efecto por Juan Carlos monedero en el año 2018, justificativos de la factura aportada», ha esgrimido el instructor.

A este respecto, ha recordado que el caso señalado por Vox se refiere a hechos ocurridos en 2014 que llegaron al cauce judicial en 2016 concluyendo con dicha sentencia el 12 de enero de 2018.

NUEVO TESTIGO

Por otro lado, en otro auto de la misma fecha, el juez ha citado a la ex senadora de Podemos Celia Cánovas, que ejerce de acusación particular en esta causa, para que declare como testigo el próximo 25 de mayo.

De esta forma, Escalonilla ha accedido a la petición que le hizo Vox de escuchar a Cánovas argumentando que era «imprescindible». Escalonilla ha coincidido con el partido en que, «por su condición de ex senadora Podemos, puede tener conocimiento directo de los hechos objeto de investigación en la presente causa».

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, con la lupa puesta en el contrato por 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política para las elecciones generales de 2019.

El instructor sospecha que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas de Podemos, por lo que las pesquisas se centran en determinar si Neurona hizo realmente el trabajo para el que fue contratada por la formación política.

El Gobierno revisará en el 2022 los impuestos de matriculación y circulación

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El Gobierno revisará durante el primer trimestre de 2022 los impuestos de matriculación de los vehículos y de circulación, según se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia publicado este miércoles por el Ejecutivo.

El documento incorpora así el objetivo de realizar una revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de los vehículos, con la intención de adaptar estas tasas a estándares medioambientales. En el primer trimestre del año que viene se analizarán las propuestas del comité de expertos en este ámbito.

El Plan del Gobierno, remitido el pasado viernes a Bruselas y publicado este miércoles por primera vez al completo, incluye la intención de revisar estas dos figuras, que desde el sector del automóvil reclaman que se unifiquen y se enfoquen hacia el uso de los vehículos y no a la adquisición.

En la actualidad, la tasa de matriculación, que está transferida a las comunidades autónomas, grava con entre un 4,75% y un 14,75% la adquisición de vehículos en España que emitan entre 120 y más de 200 gramos de dióxido de carbono por kilómetro.

De su lado, el impuesto de circulación (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) lo recaudan los ayuntamientos y se abona por parte de los conductores una vez al año, en función, en el caso de los turismos, de la potencia fiscal de los mismos.

La unificación de la fiscalidad del automóvil es una reclamación histórica del sector del automóvil, principalmente enfocada a eliminar la figura del impuesto de matriculación, al considerar que, junto con el IVA, suponía una doble imposición a la compra de un vehículo.

Desde las asociaciones Anfac (fabricantes), Faconauto (Concesionarios) y distribuidores (Ganvam) solicitan que la nueva fiscalidad del automóvil se oriente hacia el objetivo de que el que más use el coche y más contamine, más pague. Además, desde el sector también se aboga por impulsar una reducción del IVA para los vehículos híbridos enchufables y una supresión de dicha tasa para los modelos eléctricos.

La recaudación pública por impuesto de matriculación de vehículos finalizó el año pasado con un importe total de 372,99 millones de euros, un fuerte retroceso del 39,4% en comparación con los 616,13 millones de euros contabilizados en 2019, mientras que en 2019 se ingresaron 2.925 millones de euros por el impuesto de matriculación, un 0,7% más.

Deniegan suspender cautelarmente el plan de actuación que asigna al juez Vilaplana las macrocausas

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El Tribunal Supremo (TS) ha denegado suspender cautelarmente el plan de actuación aprobado respecto al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, mediante el cual la magistrada titular del mismo, María Núñez Bolaños, se encarga de las tareas ordinarias de dicha instancia y el juez de refuerzo José Ignacio Villaplana continua al frente de la investigación de las macrocausas incoadas por este juzgado.

En un auto fechado el pasado 22 de abril, el Tribunal Supremo aborda un recurso contencioso administrativo interpuesto el pasado mes de marzo por cuatro investigados en piezas derivadas de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por su papel como miembros de CCOO, contra el acuerdo adoptado días antes por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desestimando los recursos de alzada formulados contra la decisión de la Sala de Gobierno del propio TSJA de aprobar el mencionado plan de actuación propuesto por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número seis, María Núñez Bolaños.

En dicho recurso contencioso administrativo, según este auto del Supremo, los promotores del mismo habían solicitado la medida cautelar de «suspender» del acuerdo relativo al mencionado plan de actuación, exponiendo que durante la tramitación de la macrocausa de los ERE, el Juzgado de Instrucción número seis ha contado con dos jueces titulares distintas, –Mercedes Alaya y María Núñez–, con jueces de apoyo y jueces sustitutos, «pero siempre han sido las titulares las que han tramitado las macrocausas y los asuntos anteriores al nombramiento de los jueces de apoyo».

El mencionado plan de actuación, mediante el cual el juez de refuerzo de Instrucción Seis José Ignacio Vilaplana continúa con las macrocausas depositadas en dicha instancia cuya juez titular es María Núñez, «altera» así la realidad antes descrita, según los recurrentes, implicando que «la magistrada titular es apartada del conocimiento y decisión de las causas que tramitaba mientras el juez de refuerzo, no de sustitución, continúa tramitando las causas correspondientes a la titular».

«UN JUEZ AD HOC»

Para los recurrentes, tal extremo es contrario al derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la Ley, pues «significa ser investigados en unas diligencias previas tramitadas por un juez determinado por el beneplácito de algunas de las partes, en definitiva por un juez ad hoc».

En el marco de dicho recurso contencioso administrativo, estos investigados en piezas de la macrocausa de los ERE solicitaban así la suspensión cautelar del citado plan de actuación aprobado para el Juzgado de Instrucción número seis, para que la resolución del litigio en cuestión «no sea inoperativa» en caso de ser atendidas sus pretensiones, pues de lo contrario «pueden verse obligados a soportar la apertura de un procedimiento abreviado, escritos de acusación y apertura de juicio oral con los correspondientes daños morales y económicos».

El abogado del Estado, no obstante, se oponía a su petición de suspensión cautelar del citado plan de actuación del Juzgado de Instrucción número seis, al implicar dicha medida «la estimación anticipada del litigio», convirtiendo en «inútil» la sentencia que se dicte respecto al mismo. Además, el abogado del Estado avisaba de que los cuatro promotores de este recurso contencioso administrativo «no son los únicos interesados en las macrocausas, de manera que antes de acordar la suspensión, en el improbable caso de que se considerase procedente, deberían ser oídos los demás».

«LA AFIRMADA DIFERENCIA» ENTRE NUÑEZ Y VILAPLANA

Dado el caso, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo considera que la medida cautelar solicitada no tiene «apariencia de buen derecho», pues el hecho de que el acuerdo de la comisión permanente del CGPJ avalando el plan de actuación contase con un voto particular discrepante de uno de sus vocales o «la afirmaba diferencia de criterios que pueda haber» entre María Núñez y el juez Vilaplana «no determinan ni mucho menos tal apariencia».

Además, el Supremo expone que «ser investigado en unas actuaciones penales, ser objeto de una acusación o verse sometido a juicio oral no son, por sí mismas, circunstancias determinantes a efectos irreversibles, pues en caso de que no terminen su condena, el sobreseimiento o la absolución por sí mismos revertirán los inconvenientes morales que pueda conllevar el proceso».

Finalmente, el Supremo recuerda que «el interés público que reside en la Administración de Justicia debe prevalecer en principio sobre el interés privado», señalando además que no consta «la irreversibilidad de las situaciones derivadas de la aplicación del plan de actuación» impugnado. De esta manera, el Supremo deniega la suspensión cautelar solicitada y condena en costas a los recurrentes.

En uno de sus autos, recordémoslo, el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana exponía que «ni el acuerdo cuestionado ni el reparto de asuntos derivado del plan actuación se dictan en consideración a argumentos irracionales o arbitrarios, sino justificados en el devenir de la situación procesal de las causas, del órgano judicial y de los propios magistrados concernidos; sin que exista indicio alguno de que tales argumentos pretendiesen ocultar una supuesta finalidad de ‘apartar’ a la magistrada titular del conocimiento de las denominadas macrocausas».

Las CCAA critican el decreto del Gobierno para el fin de la alarma

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Un importante número de Comunidades Autónomas se han posicionado en contra del decreto que está preparando el Gobierno central para el fin del estado de alarma y con el que el Tribunal Supremo tendrá 5 días para resolver sobre las medidas adoptadas por las autonomías. «Trasladan la responsabilidad a los jueces», proclaman regiones como Cataluña, una idea con la que coinciden varios presidentes autonómicos, que acusan al Ejecutivo central de «judicializar» este asunto.

En concreto, las autonomías gobernadas por el PP, además de Cantabria, País Vasco y Cataluña, han criticado que el Gobierno central se exima de sus responsabilidades políticas asegurando que estas decisiones no corresponden a los tribunales. No obstante, comunidades lideradas por el PSOE, como Extremadura, sí que ha considerado acertada la decisión de unificar doctrina.

Así, a las 14.15 horas de este miércoles 5 de mayo esta es la posición que han expresado desde las Comunidades Autónomas:

ANDALUCÍA

El Ejecutivo andaluz ha criticado que el Gobierno central no haya planteado «un plan B» que facilite a las CCAA herramientas, sino que pretenda pasar la «pelota» al Tribunal Supremo. La Junta se encuentra trabajando en una «transición andaluz hacia la normalidad» y está a la espera de si el Gobierno central pone sobre la mesa algún plan y «arroja luz» sobre la situación a la que se van a tener que enfrentar las comunidades.

ARAGÓN

El presidente de Aragón, Javier Lambán, no se ha pronunciado explícitamente sobre la decisión del Ejecutivo central, si bien considera un problema que no se pueda aplicar el toque de queda una vez decaiga el estado de alarma, a partir del proximo domingo.

ASTURIAS

Por su parte, el presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, se ha mostrado prudente ante la decisión del Ejecutivo central. «No tenemos nada que objetar» aseguraba Barbón sobre este asunto, que ha tildado de «novedad» desde el punto de vista jurídico.

BALEARES

Tampoco se ha pronunciado el Gobierno de Baleares, aunque esta misma se ha conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha declarado inadmisible la petición del Govern para una autorización de las medidas sanitarias que pretende adoptar a partir del 9 de mayo, debido a que se trata de un conjunto de propuestas y no de medidas ya adoptadas.

CANARIAS

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este miércoles que el Gobierno regional está valorando y estudiando desde el punto de vista «jurídico, técnico y científico» el Real Decreto (RD) aprobado por el Ejecutivo central que «da cobertura jurídica» a las comunidades tras el fin del estado de alarma, previsto para el 9 de mayo.

CASTILLA Y LEÓN

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, «de negligencia y dejación» de sus funciones por no aprobar «una legislación intermedia» o aprobar algún instrumento al servicio de las comunidades, ya que a partir del 9 de mayo se elimina el toque de queda y el cierre perimetral de la Comunidad.

«Ayer el Gobierno de España no aprobó ninguna medida, ningún instrumento al servicio de las comunidades autónomas, lo único que hacía era posibilitar un cauce de recurrir al Tribunal Supremo, pero el 9 de mayo concluye el estado de alarma», señalaba Mañueco.

CASTILLA-LA MANCHA

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha indicado este martes que será «muy importante» la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial de Salud (CISNS) para plantear «algunos» criterios homogéneos entre las comunidades autónomas y espera «esas soluciones» que el Gobierno de España puedan plantear en el escenario en que decae el estado de alarma.

CANTABRIA

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que la decisión del Gobierno «no soluciona el tema» por el problema de los plazos. «Yo creo que para cuando el Supremo en un tema de casación pueda dar o quitar razones espero que lo de la pandemia sea un recuerdo porque todos sabemos cómo está el tema judicial. Lo que actúa con rapidez son los tribunales superiores de justicia», ha afirmado.

CATALUÑA

La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán en funciones, Meritxell Budó, ha acusado al Ejecutivo central de «trasladar la responsabilidad de la gestión de la pandemia a los estamentos judiciales» tras el estado de alarma, que se levanta este fin de semana. «Nos gustaría que la gestión de la pandemia quedara en manos de las autoridades sanitarias, y no de los estamentos judiciales», subrayaba Budó.

EXTREMADURA

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha considerado «buena» la decisión adoptada este pasado martes de «unificar doctrina» por parte del Tribunal Supremo tras el estado de alarma por la Covid-19 en España.

EUSKADI

El Gobierno del País Vasco es uno de los más críticos con la decisión de Sánchez de no prorrogar el estado de alarma. En este contexto, insisten en reclamar que se mantenga esta norma y han afirmado, en boca del vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, que hacer frente a la pandemia «no es el papel de los tribunales», sino que es «principalmente una responsabilidad política».

GALICIA

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, también se ha mostrado disconforme con la aprobación del decreto ley para permitir a las comunidades recurrir al Tribunal Supremo si los tribunales superiores autonómicos tumban sus restricciones frente a la pandemia una vez decaiga el estado de alarma el próximo sábado por la noche.

Al respecto, ha señalado que la «tutela efectiva» de jueces y magistrados es «un principio constitucional», pero ha insistido en que él no considera que «para gestionar una pandemia» tengan que ser «jueces y magistrados los que concuerden con las propuestas del comité clínico y los epidemiólogos».

LA RIOJA

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, ha anunciado que, el próximo viernes, tendrá lugar un Consejo de Gobierno con carácter extraordinario para decidir en qué nivel del nuevo Plan de Indicadores se situará la comunidad autónoma a partir del domingo, 9 de mayo, una vez que decaiga el estado de alarma.

MADRID

Las recientes elecciones en la Comunidad de Madrid han imposibilitado que el Ejecutivo madrileño en funciones se haya pronunciado sobre este anuncio del Gobierno central.

MURCIA

Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado los problemas generados «porque el Gobierno central ha estado seis meses sin tomar una sola decisión; sin establecer un plan b jurídico alternativo para dar herramientas a las comunidades autónomas para que puedan seguir protegiendo a la población».

NAVARRA

El Gobierno de Navarra flexibilizará a partir del 9 de mayo las medidas preventivas para hacer frente al COVID-19, una vez decaiga el estado de alarma.

COMUNIDAD VALENCIANA

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este martes que «hay que ver la letra» del nuevo decreto anunciado por el Gobierno que permitirá al Tribunal Supremo tener la última palabra sobre las restricciones de las CCAA porque «puede tener muchas aristas», y al respecto, ha insistido en que la instancia del Consell será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, del que ha destacado su actitud de prudencia y «sensibilidad» con la situación de la pandemia con la autonomía.

PSOE Aragón indica que los resultados de Madrid «son malos»

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El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, ha afirmado este miércoles que los resultados de las elecciones autonómicas de Madrid, celebradas este martes, «son malos» y ha apostado por «trabajar y reflexionar en cómo una opción progresista y socialdemócrata, centrada en la igualdad y el sentido común, necesita visibilizarse y hacerse espacio en una Comunidad como la de Madrid».

Villagrasa no está «satisfecho» con el resultado del PSOE ni de la izquierda en general. Ha considerado que «todo lo que se acerca al extremismo acaba perjudicando a todas las fuerzas políticas y a toda la sociedad».

«No me aventuraría a extrapolar los resultados» porque «en los últimos procesos electorales todos los partidos están obteniendo resultados muy distintos en determinados territorios», ha declarado Villagrasa.

En la Comunidad de Madrid «el foco se había puesto en el PP liderado por Díaz Ayuso, que ha captado la confianza mayoritaria de los ciudadanos, pero no es extrapolable y menos a Aragón», ya que al ser «de otro carácter u otro tipo de tradiciones» los ciudadanos se comportan «de manera distinta».

Ha manifestado su «afecto y solidaridad» por los socialistas madrileños porque «si compartimos los éxitos, las derrotas también», y ha emplazado a analizar «qué papel queremos que juegue el PSOE en un contexto muy determinado como es Madrid».

Darío Villagrasa ha apostado por «seguir profundizando en un espacio moderado, sensato, progresista, garante de la igualdad y la justicia», también para propiciar un debate político «mucho más sosegado», observando que «en un contexto de tantísima crispación y agresividad verbal el PSOE no ha conseguido ser decisivo».

El dirigente del PSOE Aragón ha recordado que el PSOE defiende los valores de «la solidaridad y el federalismo», por lo que ha rechazado «las visiones reduccionistas de los territorios», apoyando un modelo de gestión «autonómica y de país», lamentando que «se ha perdido una oportunidad, en medio de la campaña no se ha podido trasladar lo que nos hubiera gustado».

Darío Villagrasa ha recordado que las elecciones autonómicas de Madrid han llegado precedidas de una convocatoria electoral, dos mociones de censura, la expulsión de un partido –Ciudadanos– del Consejo de Gobierno, para pasar de 26 escaños a un tres por ciento de votos, y al hecho de que «determinados partidos, como Podemos, hayan competido con líderes de trascendencia nacional, como ha sido Pablo Iglesias», una suma de «elementos diferenciadores». Los electores «han confiado en otros partidos de manera mayoritaria».

Sostenibilidad y digitalización, focos principales para modernizar el turismo

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El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno envió a Bruselas el pasado viernes incluye una inversión total estimada para el ‘Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico’ por valor de 3.400 millones de euros, poniendo el foco en la sostenibilidad y en las inversiones en digitalización con el objetivo de que el sector turístico nacional gane en competitividad y salga reforzado de la crisis tras la pandemia.

El plan tiene varios ámbitos de actuación: transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad (1.923 millones de euros), el programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico (337 millones de euros), estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares (220 millones) y actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad (1.460 millones).

Las inversiones previstas en el ámbito de transformación del modelo turístico a la sostenibilidad ascienden a un total de 1.923 millones, de los cuales 681 millones están previstos para 2021, otros 745 millones para 2022 y otros 497 millones para 2023.

Dentro de este primer ámbito se incluyen cuatro submedidas: la elaboración de la estrategia de turismo sostenible España 2030, planes de sostenibilidad turística en destinos (en unos 165 destinos urbanos, de sol y playa o rurales), planes de sostenibilidad social del sector turístico, así como la creación del sistema de sostenibilidad turística integral.

Respecto a las inversiones previstas en el programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico se prevé un coste de unos 337 millones de euros (40 millones en 2021, 185 millones en 2022 y otrs 112 millones en 2023).

También incluye varias submedidas: plan de transformación digital de destinos turísticos y plan de transformación digital de empresas de la cadena de valor turística a través de la inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras.

Por lo que respecta a estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares, el Gobierno tiene previsto invertir en los próximos tres años un total de 220 millones de euros (46 millones en 2021, 110 millones en 2022 y 64 millones en 2023), según el plan enviado a Bruselas.

Las inversiones o reformas que conllevarán una inversión específica en actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad supondrán un total de 1.460 millones de euros (382 millones en 2021, 746,9 millones en 2022 y 331,1 millones en 2023).

Entre las diferentes inversiones se incluyen el desarrollo de producto turístico y modernización del ecosistema turístico, la financiación de proyectos de eficiencia energética y economía circular (reducción, reutilización y reciclado de residuos) en empresas turísticas, la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico y el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia turística.

Arrimadas aguanta al frente de Ciudadanos

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La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no ha puesto sobre la mesa la dimisión de ningún dirigente del partido tras el resultado en las elecciones de este martes en la Comunidad de Madrid, sino que se ha propuesto «relanzar» el proyecto «de centro liberal» que representa y ha anunciado un «proceso participativo» con la militancia que desembocará en una convención política en el mes de julio.

En su intervención ante los miembros del Comité Permanente de Cs, reunidos este miércoles en la sede del partido, Arrimadas ha señalado que Ciudadanos seguirá siendo la voz de quienes han decidido darle su voto pese al contexto de «polarización» política actual y ha defendido que es una formación «absolutamente imprescindible». «Seguimos trabajando porque este proyecto merece la pena y, sobre todo, porque España merece mucho la pena», ha manifestado.

Además, ha agradecido al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, su «entrega» durante la campaña electoral –tras lo cual Bal ha recibido un aplauso de sus compañeros– y ha anunciado su nombramiento y el de Daniel Pérez Calvo, secretario de Comunicación del partido y portavoz en las Cortes de Aragón, como vicesecretarios generales.

«Por su compromiso, por cómo han demostrado su capacidad y porque realmente representan los valores de Ciudadanos y han demostrado un liderazgo y un compromiso con el proyecto político incuestionables», ha argumentado.

Durante la reunión que la Ejecutiva mantuvo el 15 de marzo, Arrimadas amplió el Comité Permanente y aceptó que Carlos Cuadrado y José María Espejo-Saavedra renunciaran a seguir siendo vicesecretarios, pero no encargó a nadie sus funciones.

La presidenta de Cs tomó aquellas decisiones ante el malestar interno por los acontecimientos en Murcia, donde impulsaron sendas mociones de censura contra el PP en la Región y en el Ayuntamiento de Murcia, la primera de ellas fallida, que provocaron que Isabel Díaz Ayuso (PP) rompiera con Cs en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y convocara elecciones anticipadas.

«PROCESO PARTICIPATIVO» CON TODA LA MILITANCIA

La consecuencia de eso ha sido un nuevo revés para el partido, que ha perdido 500.000 votos en los comicios autonómicos de Madrid y se ha quedado sin representación en la Asamblea al obtener solo el 3,57 % de las papeletas, tras haber conseguido 26 diputados en 2019 y haber gobernado dos años con el PP.

Pero Arrimadas ha asegurado que Ciudadanos es un partido de «personas valientes, que no tiran la toalla», y ha recordado que hace solo un año que se celebró la última Asamblea General, en la cual «se inició una nueva etapa» con «un nuevo rumbo y unos nuevos Estatutos», tras la dimisión de Albert Rivera como presidente en noviembre de 2019 tras el hundimiento de Cs en las elecciones generales.

Sobre el «proceso participativo» con la militancia, que en principio estaba previsto para el año pasado, ha explicado que se llevará a cabo ahora que se acaban de renovar las estructuras orgánicas del partido y que se acerca el final de la pandemia del coronavirus.

El Comité Permanente visitará las 17 comunidades autónomas con el objetivo de construir el partido «de abajo a arriba» y plantear que, tras una campaña electoral en Madrid enfocada en «los insultos y los gritos», el debate político «se vuelva a centrar en los programas, las propuestas, las ideas y las soluciones a los problemas reales» de los ciudadanos. Las conclusiones de este proceso se reflejarán en una «convención política» en julio, según ha indicado.

RELANZAR EL CENTRO LIBERAL EN ESPAÑA

«Es el momento de relanzar el centro liberal en España, que es difícil de defender, pero que siempre es necesario y que ahora es absolutamente imprescindible», ha subrayado Arrimadas, convencida de que la política española necesita las ideas de «concordia y libertad» y el carácter «reformista» de la formación naranja.

Para conseguir ese objetivo, ha pedido el apoyo de todos los dirigentes de Ciudadanos y de todos los afiliados: «Vamos a por todas, vamos a cumplir la responsabilidad histórica» de «trabajar para que haya acuerdos de Estado en España, para que haya reformas, para que la guerra de bandos no vuelva a robar las oportunidades de nuestros hijos».

Por otro lado, ha felicitado a Díaz Ayuso por su victoria en las elecciones del 4 de mayo y ha dicho que ha hablado por teléfono tanto con ella como con el presidente del PP, Pablo Casado, para darles la enhorabuena. A la candidata le ha deseado «suerte y aciertos» porque eso, a su juicio, «será bueno para todos los madrileños y para el conjunto de los españoles».

En cuanto al resultado de la formación naranja, ha admitido que ha sido «malo», pero ha agradecido a los candidatos, a la militancia de Madrid y a los miembros de la Ejecutiva nacional, entre los que ha mencionado a la secretaria general, Marina Bravo, a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y a Pérez Calvo, por su trabajo durante la campaña.

«Sabíamos que era muy difícil en este ambiente de polarización, pero lo hemos hecho con mucha ilusión y convicción y con los valores que representa Ciudadanos», ha afirmado.

Gamarra y Maroto: El triunfo de Ayuso confirma la alternativa de Casado a Sánchez

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Los portavoces del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y del Senado, Javier Maroto, ha subrayado que la victoria de la presidenta de la Comunidad de Madrid en las elecciones de este martes, Isabel Díaz Ayuso, confirma que el presidente de su partido, Pablo Casado, es una alternativa «real y posible» para sacar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, y auguran que «no habrá dos sin tres».

A su llegada a la reunión Comité Ejecutivo Nacional del PP, Gamarra ha puesto de relieve la importancia del triunfo de Díaz Ayuso pues, a su juicio, evidencia que Casado puede «hacer frente» a Sánchez para que salga de La Moncloa «cuanto antes» y España tenga «un buen Gobierno».

La dirigente ‘popular’ ha aplaudido que la presidenta madrileña haya asumido la victoria con cautela al admitir que sumó «mucho voto prestado» porque, en primer lugar, demuestra «humildad» y agradecimiento por cada voto, y en segundo, porque es consciente de que la confianza hay que ganársela día a día.

VAN A GANARSE LA CONFIANZA DÍA A DÍA

«Y nosotros esa confianza estamos dispuestos a seguir ganándonosla para que los españoles tengan muy claro que hay una alternativa real y posible que se materializa en el centro derecha cuando concentramos el voto y no estamos divididos», ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que el PP es un partido «abierto» y de centro derecha «sin exclusiones» que busca sumar voluntades en torno a Casado para ofrecer «la alternativa que necesita España», y se ha mostrado convencida de que el «hito» de este martes en Madrid se repetirá. «El PP es un partido muy grande que quiere seguir abriendo sus puertas y ventanas para que quepan muchísimos más españoles», ha concluido.

«No hay dos sin tres», ha respondido, por su parte, su homólogo del Senado, Javier Maroto, cuando se le ha preguntado sobre las posibilidades que se le abren a Casado tras la victoria de Díaz Ayuso.

Maroto ha defendido que aunque los votantes de centro derecha puedan pensar distinto hay una cosa que une a todos, que es sacar a Sánchez del Gobierno, algo por lo que, a su juicio, merece la pena aglutinar el voto en torno al PP. Una posición que, según ha recordado, su partido viene defendiendo desde hace tiempo: «Si votamos divididos, Sánchez se queda».

ALGUIEN QUE «ODIA» MADRID NO PUEDE GOBERNARLA

Y el refrán de que «un ejemplo vale mas que mil palabras» se puso de relieve este martes con la victoria de Díaz Ayuso. «Cuando votamos juntos la alternativa es tan infalible que se puede también hacer esa alternativa viable para sacar a Sánchez del Gobierno», ha reiterado.

En clave estrictamente madrileña, Maroto ha defendido que era «evidente» que un partido que «odia» Madrid, como cree que es el PSOE, no podía gobernarla. «Sánchez y sus ministros han dado todas las pruebas posibles de que con ellos no va la fiesta, o mejor dicho, que la fiesta del PSOE es castigar a los madrileños con impuestos o con todas la trabas posibles», ha comentado.

Y prueba de ello es que, «por primera vez en mucho años», el PP ha conseguido no sólo reagrupar a los votantes de centro derecha moderados sino también sumar a «miles y miles» de ciudadanos que en otras ocasiones habían depositado su confianza en el PSOE y que ahora han dicho «no aguantamos a Sánchez más».

La Fiscalía mantiene su petición de cinco años de cárcel para Bárcenas por la caja ‘B’ del PP

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El fiscal anticorrupción Antonio Romeral ha descartado aplicar alguna atenuante al extesorero del PP Luis Bárcenas a la hora de hacer definitiva su solicitud de pena por el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la caja ‘b’ y ha confirmado este miércoles su petición de cinco años de cárcel para el exdirigente ‘popular’.

El Ministerio Público no tiene en cuenta así la predisposición mostrada por Bárcenas en los últimos meses para colaborar con la Justicia, quien antes de iniciar la vista oral remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción reconociendo los hechos de acusación y explicando el funcionamiento de la contabilidad paralela de la formación política. Unas ‘confesiones’ que reiteró en su declaración como acusado.

El fiscal Romeral –este martes se conoció la propuesta de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para ascenderle a ‘número dos’ de Anticorrupción– ha explicado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que en su escrito de calificación se han introducido breves modificaciones.

El «principal» cambio, ha apuntado, es la atenuante de la reparación del daño para la firma de arquitectura Unifica –responsable de las reformas–, ya que ha realizado el pago de la responsabilidad civil que preveía Fiscalía. «Apreciamos así atenuante con la repercusión que tiene en la penalidad», ha dicho.

Además, Romeral ha indicado que ha realizado otras modificaciones relativas a los hechos fruto de la prueba practicada a lo largo de las sesiones del juicio oral, pero ha añadido que no afecta a la responsabilidad penal de los procesados.

Así, la Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de cinco años de prisión para Bárcenas –quien ya ha sido condenado en firme a 29 años y un mes de cárcel por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005)– por los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública; y un año y medio de cárcel para el que fuera gerente del PP Cristóbal Páez por los mismos delitos salvo el de apropiación indebida.

No obstante, debido a la modificación planteada para los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, su petición de pena puede verse reducida, aunque no ha concretado el representante del Ministerio Público. En su escrito de acusación provisional solicitó para cada uno de ellos la pena de tres años y 10 meses de prisión.

CONCLUSIONES DEL RESTO DE ACUSACIONES

Anticorrupción no ha sido la única en trasladar al tribunal sus conclusiones definitivas tras la práctica de todas las pruebas durante la vista oral, pues también lo han hecho el resto de acusaciones, como la Abogacía del Estado y las acusaciones populares.

El turno de las defensas será este jueves, ya que algunas de ellas han solicitado tiempo para preparar sus conclusiones tras conocer los cambios introducidos por las acusaciones. Después de cumplimentar esta fase, el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene previsto comenzar con la exposición de los informes de las partes.

La acusación popular Observatori Desc, representada por el abogado Gonzalo Boye, ha sido la única que ha tenido en cuenta la actitud de colaboración del extesorero ‘popular’. El letrado ha anunciado que entre las modificaciones de su escrito de acusación provisional se incluye la aplicación de la atenuante analógica de arrepentimiento tardío para Bárcenas, «en virtud de su declaración en este juicio oral».

Se da la circunstancia de que las acusaciones populares de este procedimiento son las que provisionalmente solicitaron penas más elevadas para Bárcenas. En el caso de la ejercida por Izquierda Unida (IU), también se ve rebajada su acusación, puesto que ha anunciado que retira los delitos de organización criminal, que se sustituye por el de asociación ilícita, tráfico de influencias y delito electoral.

En lo que sí han coincidido todas las acciones populares es en retirar la acusación contra la trabajadora de Unifica Laura Montero, para quien ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado dirigieron acusación.

REDUCIDA LA CUOTA DEFRAUDADA

Por su parte, la Abogacía del Estado ha modificado también su escrito de calificación provisional con respecto a la cuota que entiende defraudada correspondiente al Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2007. De tal modo, ha rebajado las cantidades que creen que los acusados deben indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública.

En este sentido, ha apuntado que si se tiene en cuenta la diferencia de los importes de las certificaciones finales –documentos que sirven para facturar los trabajos– que Unifica emitió con respecto a las obras en la sede del PP, la cuantía impagada es de 931.240 euros; mientras que si se toma como referente los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, donde el extesorero apuntó las entradas y salidas de la caja ‘b’ del partido, los acusados deberían abonar 920.501 euros.

Cabe recordar que el PP se encuentra presente en este procedimiento como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.

El juez pide facturas de las empresas del hermano de Puig y datos fiscales a Hacienda

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El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha solicitado facturas físicas de las empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus socios, los Adell Bover, así como datos fiscales a Hacienda y subvenciones otorgadas por los gobiernos de Aragón y Cataluña.

Así se desprende de un nuevo auto, en el que el juez admite los requerimientos efectuados por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (Valencia) y por la Fiscalía en el procedimiento abierto por un presunto fraude de subvenciones a Francis Puig y sus socios.

El juzgado pidió en febrero del pasado año a la Guardia Civil que investigara la querella presentada contra Francis Puig y sus socios por la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat Catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018.

Recientemente la Guardia Civil remitió un escrito al juez en el que le alertaba de que para completar su solicitud debía tener acceso a una serie de datos y documentos con los que no contaba.

Ahora, el juez ordena que se le faciliten. En concreto, requiere a las empresas Mas Mut, Comunicacions dels Ports, Canal Maestrat y Kriol Produccions para que aporten las facturas físicas relacionadas en las cuentas justificativas aportadas para la obtención de las subvenciones recibidas entre los años 2015 y 2018.

Así mismo, requiere a Hacienda que remita el listado de cuentas bancarias de las que son o han sido titulares las empresas de Francis Puig y sus socios; así como el Modelo 347 correspondiente a los ejercicios 2015 a 2018 de las empresas investigadas.

También pide a la AEAT que aporte a la unidad investigadora de la Guardia Civil los datos que obren en sus registros de los comuneros que formen parte de la comunidad de bienes de otra mercantil más.

El juez, además, pide al Registro Mercantil de Castellón copia del Libro Diario correspondiente a los ejercicios 2015 a 2018 de Comunicacions dels Ports; y al Registro de Teruel, los datos de Mas Mut.

Junto a ello, el magistrado acuerdo librar un oficio al departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya para que remita una relación de las subvenciones concedidas a Canal Maestrat en los años 2016 a 2018 y, en su caso, los expedientes administrativos correspondientes.

También requiere a la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón que certifique si la información publicada en el Portal de Subvenciones y Ayudas del Gobierno y Entidades Locales de Aragón relativa a los expedientes administrativos de las dos subvenciones concedidas a Mas Mut es correcta y, en caso afirmativo, le reclama el expediente de concesión de las ayudas a esa empresa.

Por último, el juez reitera a la Dirección General de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana que remita una copia íntegra de diferentes expedientes administrativos y el cumplimiento de oficio librado a la TGSS para que envíe la identidad de los empleados que constaban dados de alta en las sociedades investigadas.

El Rey inaugura el Museo Foro Romano Molinete de Cartagena

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Su Majestad el Rey, Felipe VI, ha inaugurado este miércoles el Museo Foro Romano Molinete de Cartagena, un complejo de tres plantas que ofrece una inmersión en 2.300 años de historia de la ciudad a través de la muestra de 350 piezas y objetos arqueológicos.

Felipe VI ha sido recibido entre aplausos, vítores y gritos de «¡viva el Rey!» por parte de los vecinos congregados y asomados a los balcones.

A continuación, ha saludado a las autoridades que le esperaban, entre los que se encontraban el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes; el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras; el delegado del Gobierno, José Vélez; el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo; y la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.

El Rey ha recibido el bastón de mando de Cartagena de manos de la alcaldesa del municipio y ha intercambiado unas palabras con el ministro. A continuación, ha descubierto la placa redonda conmemorativa de la inauguración situada en la fachada del Museo y que reza: ‘Su Majestad el Rey inauguró el Museo Foro Romano Molinete. Cartagena, 5 de mayo de 2021’. Acto seguido, se ha acercado a saludar a los profesionales del centro de salud del casco antiguo situado junto al lugar, llevándose una mano al pecho.

El Rey, acompañado por el director de la excavación, José Miguel Noguera, ha recorrido las plantas del Museo donde se exponen las piezas encontradas en el Molinete, distribuidas en 600 metros cuadrados. En concreto, el Rey ha podido ver las pinturas de las musas que representan el baile y la poesía, otra del dios Apolo y una cornucopia que representaba la Pax Romana y que fue encontrada en las termas romanas. Precisamente, las termas son el final del recorrido en el Foro del barrio Romano. Asimismo, el Rey ha visitado el santuario de Isis y el edificio del Atrio.

El Templo de Isis albergaba la estatua de esta diosa egipcia y contaba con una escalinata que ha sido reconstruida. En la fachada había cuatro columnas jónicas de las que solo se conservan dos, y contaba con tres capillas abiertas para las ceremonias en honor a la diosa. Además, contaba con cuatro cisternas en las que se recogía el agua de lluvia para los rituales de purificación.

Por su parte, el edificio del Atrio es el más grande del complejo, con 2.000 metros cuadrados, y allí se celebraban comidas con comensales recostados en lechos para realizar ceremonias de adoración a Isis. En este entorno se exponían, precisamente, las pinturas de las musas. El Museo también muestra un cuadro de Apolo y una placa conmemorativa de la reforma del edificio en el año 218, así como pinturas de máscaras femeninas rodeadas de guirnaldas.

La entrada al Barrio Romano, a partir de ahora, será a través del nuevo Museo. De momento, un total de 1.400 personas serán los primeros en visitar el Museo este fin de semana gratuitamente gracias al Ayuntamiento, que ofreció la visita con motivo de la inauguración.

El Rey ha finalizado su visita con una dedicatoria en el libro de honor del museo en el que ha saludado «con todo afecto y consideración» al Ayuntamiento de Cartagena. «Me alegra especialmente venir a la ciudad para ser testigo de una gran proeza arquitectónica y de recuperación del patrimonio histórico de tantos siglos», ha manifestado.

«Es emocionante comprobar el trabajo esmerado y minucioso de arqueólogos y arquitectos y la colaboración de todas las instituciones para sacar adelante un proyecto tan ambicioso como es el Museo Foro Romano Molinete y hoy para mí es también un honor poderlo inaugurar», ha señalado Su Majestad.

Muchas felicidades y mis mejores deseos para que Cartagena y la Región de Murcia sigan recuperando el patrimonio histórico, cuidando la cultura y promoviendo el desarrollo económico para todos en esta tierra que es también orgullo de España. Muy afectuosamente, Felipe R.», concluye la dedicatoria.

EL MAYOR PARQUE EN ENTORNO URBANO DE ESPAÑA

López Miras ha destacado que esta nueva visita del Rey es un nuevo «motivo de orgullo» para toda la Región, y ha puesto en valor que se trata del parque arqueológico en un entorno urbano más importante de toda España», así como una «referencia clave» para conocer la Carthago Nova de hace más de 2.000 años.

«Además del aporte cultural que va a suponer no solo para Cartagena, sino también para la Región y para España, también va a ser un elemento clave en la capitalidad turística que ostenta Cartagena en toda la Comunidad», según López Miras, quien ha señalado que va a ser fundamental para atraer a turistas y que puedan llenar los cruceros que llegarán a la ciudad portuaria a partir de junio gracias al protocolo sanitario aprobado.

Ha dado las gracias a la colaboración público-privada, de la mano de la Fundación Repsol, del Ayuntamiento y de la Comunidad. «Cuando se unen fuerzas, cuando el objetivo es común y bueno para el interés general, tenemos proyectos de largo recorrido que trascienden a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos», ha manifestado.

UN «ANTES Y UN DESPUÉS» EN LA OFERTA TURÍSTICA

La alcaldesa ha valorado que se trata de un «hito histórico» y «un paso importantísimo en la política de reactivación, de socialización y de recuperación del patrimonio» que va a ser «un antes y un después en la consolidación de Cartagena como esa gran oferta turística a nivel regional y de todo el levante español».

Castejón ha dado las gracias a todas las personas que han hecho posible que este proyecto sea una realidad. Asimismo, ha puesto a Cartagena como un «ejemplo» de cómo todas las instituciones –Gobierno regional, Gobierno de España, ayuntamientos e instituciones privadas como la Fundación Repsol en este caso– «somos capaces de ir de la mano para recuperar nuestro patrimonio arqueológico.

Ha destacado que la Fundación Repsol ha aportado casi 5 millones de euros, que ha hecho posible que, desde el año 2008, en diferentes legislaturas y etapas políticas, «todos los que hemos tenido responsabilidades de gobierno hayamos tenido muy clara la apuesta decidida por poner en valor esta nueva joya de la corona». Desde el jueves hasta finales de semana, el Museo va a estar abierto para que toda la sociedad cartagenera pueda conocerlo.

UNA INMERSIÓN EN 2.300 AÑOS DE HISTORIA

El director de las excavaciones, José Miguel Noguera, ha expresado su agradecimiento a todo el equipo técnico que ha trabajado en este proyecto del Molinete y, en particular, en el Museo; así como a «todas las instituciones que han hecho posible que, después de 13 largos años de trabajo hoy hayamos podido culminar un nuevo hito dentro de este proyecto».

El Museo va a servir, según Noguera, para mostrar la historia de Cartagena con todos los materiales recuperados en los últimos 13 años de excavaciones. No solo va a mostrar la historia de Cartagena en la época romana, sino también en época Tardorromana, Bizantina, Moderna y Contemporánea. En definitiva, el Museo resume 2.300 años de historia desde el punto de vista arqueológica, es decir, los 23 siglos que ha cumplido la ciudad.

Así, se convierte en un nuevo «paradigma de tipo patrimonial, pero también para el turismo cultural de calidad que visita la ciudad», según Noguera, quien ha señalado que el Museo contiene 350 piezas elegidas por su grado de representatividad histórica y su buen estado de conservación.

Además, se ha puesto en valor una nueva fase del parque que corresponde al Foro, es decir, el centro de la vida política, religiosa, administrativa y económica de la ciudad. «Aquí, hace 2.000 años, se dirimían todos los asuntos de interés para los ciudadanos de la colonia», ha señalado.

El responsable de la Fundación Repsol, Antonio Mestre, ha destacado cómo una colaboración público-privada «puede generar valor para una ciudad».

Cantabria prevé batir récord de vacunación esta semana

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Cantabria batió ayer, martes, récord diario de vacunación contra el coronavirus al administrar 7.758 dosis, y prevé cerrar la semana con 36.000 puestas, la de mayor volumen hasta ahora.

Así lo ha señalado este miércoles, en rueda de prensa, el director general de Salud Pública del Gobierno de Cantabria, Reinhard Wallmann, quien ha afirmado que aproximadamente un 30% de la población de Cantabria tiene «algún tipo de protección» frente al covid, bien por haber sido vacunada (29%) o por haber pasado la enfermedad.

Wallmann ha señalado que se trata de un porcentaje «todavía bajo» que impide que, «bajo ningún concepto» pueda relajarse la población.

PLANES DE VACUNACIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Respecto a la evolución de la vacunación por grupos de edad, ha señalado que «ya se ha concluido prácticamente» el de mayores de 80 y el de 70 a 79 años.

Esta semana se prevé cerrar ya el grupo de 60 a 65 y se iniciará la vacunación de las personas entre 66 a 69 años.

Dentro de estos bloques, los más jóvenes –empezando desde los 60 hacia arriba– recibirán AstraZeneca, y a los más mayores (de 69 para abajo) se les administrará la de Pfizer o Moderna «hasta que se encuentren a medio camino».

También, según Wallmann, se podría empezar a usar la de Janssen –de una sola dosis– en este grupo de edad (hasta ahora se le está administrando a personas dependientes inmovilizadas en sus casas y también se puede usar en el grupo de 70 a 79 años).

Además, en los próximos días se comenzará a vacunar a aquellos integrantes de los colectivos esenciales que quedaron pendientes, encuadrados en el grupo 6, y también de los del grupo 3 de la Estrategia de Vacunación.

Cuando se inicie la vacunación a menores de 60 años está previsto que se haga con Pfizer o Moderna, ya que la de AstraZeneca no se puede utilizar y en el caso de la de Janssen aún se está analizando, aunque su ficha técnica lo permite.

Además, a preguntas de los medios, el director general de Salud Pública ha señalado que esta semana se va a vacunar a los médicos que ejercen la actividad privada.

Respecto a este colectivo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ordenó a Sanidad vacunar a todos los médicos cántabros, tanto los de la actividad pública como en la privada. Tras el auto, Wallmann ha explicado que se solicitó el listado al Colegio de Médicos y éste ya se lo ha entregado.

ASTRAZENECA

Wallmann también ha sido preguntado acerca de lo que ocurrirá con las personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y en qué plazos podrían recibir la segunda.

Al respecto, ha precisado que a aquellos que la recibieron y que tienen más de 60 años se les pondrá la segunda dosis a las 12 semanas, no así en los que tienen menos de esa edad, a los que se les vacunará a las 16, según decidió la Comisión de Salud Pública, que amplió en 4 semanas el plazo inicial.

Además, en el caso de los menores de 60 años que hayan recibido la primera de AstraZeneca, aún se está examinando qué marca de la vacuna van a recibir en la segunda dosis.

La última entrega de AstraZeneca, por ahora, a Cantabria se produjo el pasado 30 de abril, cuando llegaron 19.400 dosis y aún no se sabe cuántas se van a recibir en la próxima remesa ni cuándo van a llegar.

Respecto a las vacunas de ARN mensajero, el viernes pasado llegaron 3.800 dosis de Moderna y el lunes 22.230 de Pfizer, las mismas cantidades que se prevé que lleguen la próxima semana.

Ayuso pide al PP intentar no frenar «la ilusión» que comenzó en Madrid

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La presidenta en funciones de la Comunidad y ganadora de las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este miércoles al Partido Popular intentar no frenar «la ilusión» que comenzó en Madrid y ha recalcado que los comicios autonómicos han hecho que «el tablero» haya cambiado.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde ha hecho hincapié en que quiere que la «tremenda» ilusión que se ha vivido en Madrid durante la campaña «siga por toda España».

Ayuso apuesta por que desde el partido se lleve a todos los rincones de España el ser alternativa de una forma de gobernar con «opulencia», como es «el sanchismo» que «ha roto todos los puentes» y ha desbancado «al socialismo convencional», que incluso le ha llegado a dar su «apoyo» en esta campaña.

Para la dirigente regional, «había una zozobra hasta que han llegado estas elecciones» que han devuelto «la ilusión a la mayoría de ciudadanos que quieren ser libres» y que creen en el mensaje «de la libertad, de la responsabilidad, del empleo, de la familia, de la pluralidad y de la convencida». Ayuso ha sostenido, ante el presidente del PP, Pablo Casado, que se abre ante su formación un futuro «prometedor» para el cambio.

«UN GOBIERNO AUSTERO»

En cuanto a la gestión que tiene por delante, ha insistido en que quiere hacer un gobierno «más austero pero muy eficaz» y para ello tiene «a los mejores». A partir de ahora, tendrá «una misma dirección porque cuando cabeza, boca y corazón no están alineados se generan muchas distorsiones», como han visto en el pasado.

«De aquí para adelante el poder estar unidos en una misma estrategia nos va a permitir flexibilizar mucho la administración, acompañar a las personas», ha dicho, para continuación incidir en el reto de la pandemia que aún tienen por delante, con los problemas sociales y económicos que han derivado de ella.

Ayuso, que ha manifestado que seguirá ahondando en rebajas fiscales, ha detallado que en el Debate de Investidura quiere marcar «un perfil ideológico claro», con su apuesta «por la libertad, por la vida, por las familias, por el futuro, por el autónomo y por el empresario», es decir, «donde la sociedad madrileña se vea reflejada».

En este punto, ha sostenido que la sociedad madrileña se encuentra ahora «muy unida» a pesar de que la han querido «fragmentar de una manera torticera enfrentando lo público con lo privado, el hombre con la mujer o el empresario con el empleado». «La sociedad madrileña no está así compartimentada: se puede ser creyente y de izquierda, se puede ser de izquierda y ser taurino, se puede ser de una ideología o de la otra. La sociedad española, y en concreto la que vive en Madrid, es muy plural», ha trasladado.

Para la ‘popular’, lo que hay que hacer es «gobernar bajo un criterio claro de políticas liberales», porque si se «bizquea» se obtienen los resultados que han tenido «otros», así como hacerlo para el que te vota y también para el que «te tiene que tener delante como gobernante cuando no lo ha elegido».

La presidenta se ha mostrado orgullosa del resultado y ha insistido en la idea de que este voto es «prestado», tanto por parte del que votaba por primera vez como por parte de personas que jamás les habían mirado y ahora les han visto como una formación que «ha antepuesto sus intereses» y sus desvelos a los suyos».

APOYO DE CASADO

Por otra parte, ha recordado que convocó estas elecciones por los «constantes ataques» que recibía desde Moncloa que tenían el objetivo de «desestabilizar al Gobierno de Madrid». Ayuso ha agradecido a Casado su apoyo en esta decisión porque él también vio que debían quitarse «tantas dificultades» que no les permitían «gestionar las cosas más complicadas».

«Si nos hubiéramos quedado de brazos cruzados ahora estaríamos lamentándonos porque Moncloa tenía un plan evidente y claro. Les hemos cambiado el paso y nos han demostrado que, salvo demoscópico, de político no hay nada en ese Gobierno», ha señalado, al tiempo que ha incido en que ahora es el momento que el Ejecutivo central debe demostrar «cómo sacar España adelante» cuando quedan pocos días para que acabe el estado de alarma.

Calvo asume la derrota del PSOE en Madrid

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La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asumido la derrota «sin ambages» que sufrió el PSOE en las elecciones autonómicas de Madrid de este martes, pero ha restado trascendencia nacional a estos resultados, porque se trata de unos comicios «territoriales» y porque, según ha remarcado, la triunfadora fue al actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y no el líder del PP, Pablo Casado.

Es más, Calvo ha afirmado que en la noche electoral se vio que Casado «es el número dos del PP». «Ha permitido que Ayuso lleve al discurso los contenidos más radicales de la derecha. No sé cómo va a funcionar eso en el resto de España», ha apostillado, en declaraciones a los medios antes de participar en un acto en homenaje y recuerdo de las víctimas españolas del nazismo.

De este modo, al igual que ya hizo este martes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, la vicepresidenta ha tratado de distanciar tanto al Gobierno como al partido a nivel federal de las consecuencias que pueden tener los resultados cosechados por los socialistas madrileños, con Ángel Gabilondo a la cabeza.

En este sentido, recalcado que «Madrid es España, y es muy importante, pero el resto de España importa y existe, y es conveniente que se empiece a respetar no sólo la diversidad territorial sino todo lo que comporta el conjunto de la nación, que es mucho más grande».

«UNA DERROTA QUE NO ESPERÁBAMOS»

«Quiero decir con total claridad que el PSOE de Madrid, y en estas elecciones de Madrid, hemos sufrido una derrota que no esperábamos, pero nosotros somos un partido que pronto tiene casi siglo y medio, y hemos pasado por todo tipo de avatares, incluidas cárceles, fosas comunes y el exilio», ha recordado.

Por ello, ha asegurado que como organización saben «leer cada acontecimiento» que les ocurre, y sabrán «salir«, como siempre lo han hecho, «con reflexión y con trabajo. «Esta vez también lo haremos», ha apostillado.

«Nuestra está ahí, y saldremos adelante como lo hemos hecho siempre, con reflexión crítica de lo que hayamos podido hacer mal, y mucho trabajo por delante. Queda una legislatura que para el Gobierno es muy importante porque que hay que sacar a España un futuro tras la pandemia. Nosotros estamos en eso, otros están en otras cosas», ha defendido.

A este respecto, ha hecho hincapié en que, al margen de los comicios madrileños, el Gobierno sigue trabajando y que totalmente centrando en luchar contra la pandemia del coronavirus y la crisis económica y social derivada de esta, ahora mediante la vacunación y la gestión de los fondos europeos.

Sobre los motivos de la derrota «del PSOE de Madrid» –tal y como ha matizado–, Calvo ha argumentado que su formación no puede ir a una campaña «a hablar de cañas» y «de una libertad que por lo visto no existía pero era Díaz Ayuso la que gobernaba».

CAÑAS, EX Y BERBERECHOS

«Para un socialista es difícil hablar de cañas, de ex y de berberechos. Estamos acostumbrados a jugárnosla con programas, gestión y trabajo», ha defendido, tras señalar también «no existe una vida a la madrileña ni nada», y asegurar que la candidata del PP ha recurrido a frases que se le han escuchado «a movimientos independentistas de este país».

En este sentido, ha criticado que en la campaña se han escuchado «cosas inentendibles» y «esperpénticas», mientras el país está recuperándose de una crisis y una pandemia. Además, ha criticado que Ayuso «no ha rendido cuentas», aunque ha admitido que «si hay un electorado que es capaz de entender eso», ellos lo tienen que «respetar».

Eso sí, ha insistido en su crítica a una campaña que «ha consistido en cañas, en no encontrarte con tu ex, y en recibir abrelatas de berberechos», y ha avisado de que «España no está para eso» y de que, por su parte, «el Gobierno está en lo que tiene que estar, que es en la estabilidad política y en los fondos de recuperación».

«EL GOBIERNO ESTÁ EN EL REALISMO»

«Acostumbramos a proteger el realismo. En ese realismo está hoy el Gobierno, compartiendo un dato de desempleo y centrando en la creación de puestos de trabajo, que me parece que es la política con mayúsculas», ha enfatizado.

Además, ha recalcado que el triunfo en Madrid ha sido de Ayuso, y que ahora Casado «tiene que plantearse si el discurso de ultraderecha de Madrid es el discurso de la ultraderecha del PP en España». «Eso es un problema para la derecha», ha aventurado.

«Han sido unas elecciones en un territorio. Todo tiene trascendencia, evidentemente, pero son elecciones territoriales que las ha ganado el PP con el discurso de Vox. Es la realidad que tenemos, independientemente de la derrota que el PSOE de Madrid ha tenido sin ambages», ha insistido.

NO OPINA SOBRE LA MARCHA DE IGLESIAS

Preguntada sobre la marcha de la política del exvicepresidente y líder de Podemos Pablo Iglesias, Calvo ha afirmado que ella no es quién para decirle «cuál tiene que ser su decisión y su estrategia». «No tengo nada que decir», ha señalado.

«Para el Gobierno de España hay solo dos cosas importantes: la estabilidad política que España necesita, y que esa estabilidad consiste en gobernar como lo hacemos, con leyes en el calendario, con una agenda. Le ponemos foco a las cosas que de verdad importan», ha apostillado.

En todo caso, ha garantizado que la coalición de gobierno del PSOE y Unidas Podemos va a seguir trabajando porque se basa en el acuerdo que firmaron para conformar ese Ejecutivo conjunto, «en los contenidos» de ese programa y en el día a día de sus decisiones políticas y su producción normativa.

«Somos el gobierno progresista de las reformas que necesita España», ha zanjado, tras destacar además que el Gobierno se sustenta en los 120 escaños del PSOE, y está liderado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El Teatro de la Abadía traza la anatomía de un abuso sexual en ‘Sucia’

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‘Sucia’, protagonizada por Bàrbara Mestanza y Nacho Aldeguer, llegará a partir de este jueves de mayo al Teatro de La Abadía con el relato de una historia real, la de la agresión sexual que sufrió la propia Mestanza hace cinco años en el barrio de La Latina de Madrid.

«Esta obra de teatro nace con la voluntad de responder a la pregunta de ‘¿por qué no hiciste nada?’ Es una respuesta a la pregunta que nos hacemos todas las víctimas de abusos», ha explicado en una entrevista con Europa Press la protagonista de la obra, además de creadora.

En este sentido, Mestanza ha lamentado que aún hoy en día «cuesta mucho aceptar que la víctima no es una chica que está perdida, confusa o que va borracha, sino que las víctimas son todas». «Se trata de visibilizar la realidad y dejar de ser doncellas perdidas en el campo: hay que enseñar que la víctima podría ser tu hermana», ha indicado.

‘Sucia’ busca hablar de estos actos delictivos no desde la perspectiva de la víctima, sino proponiendo un cambio de roles. Así, Aldeguer será el hombre que esté en escena «viviendo lo que vive siempre una mujer, las 24 horas». «Así se generan preguntas y sensaciones que apelan a un sector de la sociedad masculino que se siente bastante lejos de poder llegar a imaginar todas estas cosas», ha resaltado.

«Hay una voluntad de dejar de ser un titular o unos números y pasar a mostrar la realidad de un cuerpo agredido sexualmente. A partir de lo particular, se habla de lo que fomenta esta sociedad y se muestra a una mujer agredida como si fuera una película de aventuras, sin dejar de mostrar el cinismo, el humor, la crudeza o el autodio que generan estos casos», ha resaltado.

El planteamiento escénico de Mestanza para esta propuesta es el de crear un «show de los horrores» con los referentes de la autora, que giran en torno a finales de los años 80 y principios de los 90. Por eso, hay un predominio del color rosa que «tanto se ha impuesto» a las mujeres y que «tan secretamente lo han terminado odiando».

«Se va a ver todo un camino de lo que sucede desde que pasa el abuso hasta que la víctima se decide a denunciar o no», ha señalado la actriz, quien además ha añadido que la escritura de esta pieza no responde a una suerte de terapia, sino que lo ha hecho «por la necesidad de visibilizar estos casos a nivel político».

«También soy consciente que a través de este trayecto he ido sanando de las heridas que me causó el abuso. Ojalá todas las mujeres pudieran hacer una obra de teatro de su abuso. He aprendido a perdonarme y a conocerme mejor, porque hace un año no estaba donde estoy ahora», ha resaltado.

EL MACHISMO «MÁS ENCUBIERTO», EN LA CULTURA

Mestanza ha querido resaltar cómo los abusos y la violencia sexual en general han crecido tras la pandemia de coronavirus –«se habla demasiado poco de esto y fue uno de los motivos para escribir la obra», ha indicado– y también ha apuntado al propio mundo cultural como caldo de cultivo de estos casos.

«El machismo mejor encubierto de la historia está en el mundo de la cultura. Ahora han salido casos de abusos en la Escuela de Lleida y en el Institut del Teatre de Barcelona, pero ojalá se rompan las estructuras y salgan los nombres grandes y se señalen», ha concluido la actriz.

Andalucía sitúa su tasa por debajo de 200, suma 1.222 casos y 15 muertos

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Andalucía ha registrado este miércoles 5 de mayo 1.222 casos de coronavirus, 210 más que la víspera, pero la cifra más reducida en las semanas anteriores hasta el lunes 12 de abril (1.207), según los datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 15 fallecidos, siete menos que este martes y cuatro menos que hace una semana.

Además, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma baja por décimo quinta jornada y se sitúa en 197,8 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 8,7 puntos menos que este martes y 25,2 puntos por debajo de la registrada el miércoles pasado.

La tasa de la región no estaba por debajo del umbral de 200 desde el 9 de abril, cuando tenía 190.

Los 1.222 contagios de este miércoles se registran tras los 1.012 contagios del martes, los 1.706 del lunes y domingo, los 1.356 del sábado, los 1.604 del viernes, los 1.698 del jueves y los 1.484 del miércoles anterior.

Por provincias, Sevilla ha sumado nuevamente la mayor cifra de contagios con 372, seguida de Granada con 276, Málaga con 184, Jaén con 96, Córdoba con 89, Cádiz con 88, Huelva con 71 y Almería con 46.

En cuanto a los fallecidos en las últimas 24 horas, Almería es la provincia que más muertes suma con un total de cinco, seguida de Sevilla con cuatro, Córdoba con dos, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga con una cada una y Huelva con ninguna.

BAJAN LOS HOSPITALIZADOS

Andalucía registra este miércoles una bajada de hospitalizados hasta los 1.319 –28 menos en un día– después de dos días consecutivos subiendo, mientras que los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) también descienden en cuatro personas y se sitúan en 343 tras subir este miércoles después de cuatro días sin cambios.

Granada es la provincia con más hospitalizados con 352 y también con más pacientes en UCI con 96, seguida de Sevilla con 285 y 79 en UCI; Málaga con 149 y 30 en UCI; Cádiz con 122 y 31 en UCI; Jaén con 118 y 15 en UCI; Córdoba con 113 y 40 en UCI; Almería con 111 y 41 en UCI; y Huelva con 69 y once en UCI.

CASI 490.000 HAN SUPERADO EL VIRUS

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 554.152 casos confirmados –1.222 más en 24 horas– y ha alcanzado las 9.796 muertes tras sumar 15. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 45.165, 131 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 4.885, tras sumar 12, y el número de curados es de 489.702 después de añadir 2.894.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 9.796 fallecidos desde el inicio de la pandemia –15 más–, Sevilla con 1.942 –cuatro más– se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.694 –uno más–; Málaga con 1.628 –uno más–; Cádiz con 1.454 –uno más–; Jaén con 960 –uno más–; Córdoba con 940 –dos más–; Almería con 814 –cinco más– y Huelva con 364.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 554.152 desde el inicio de la pandemia –1.222 más–, liderados por Sevilla con 119.434 casos –372 más–, seguida de Málaga con 95.149 –184 más–, Granada con 82.662 –276 más–, Cádiz con 78.748 –88 más–, Almería con 53.149 –46 más–, Córdoba con 50.055 –89 más–, Jaén con 46.473 –96 más– y Huelva con 28.482 –71 más–.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 45.165 –131 más–, con Sevilla a la cabeza con 9.846 –25 más–, seguida por Málaga con 7.798 –once más–; Granada con 7.537 –49 más–; Cádiz con 5.467 –cinco más–; Córdoba con 4.353 –15 más–; Jaén con 4.360 –nueve más–; Almería con 3.725 –once más– y Huelva con 2.079 –seis más–.

De ellos, 4.885 han pasado por la UCI en Andalucía –12 más–, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 952 –tres más–, seguida de Granada con 916 –cuatro más–; Málaga con 724; Almería con 615 –uno más–; Cádiz con 607; Córdoba con 532 –dos más–; Jaén con 398 –uno más– y Huelva con 141 –uno más–.

LA TASA DE GRANADA DOBLA LA MEDIA

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 489.702 en toda la región, 2.894 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 102.789 –645 más–, seguida de Málaga con 88.405 –409 más–; Cádiz con 71.450 –447 más–; Granada con 69.280 –462 más–; Almería con 48.642 –232 más–; Córdoba con 43.898 –282 más–; Jaén con 40.974 –269 más– y Huelva con 24.264 –148 más–.

Según los datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 197,8 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Granada a la cabeza con 374,4. Detrás se sitúan Jaén con 247,4; Sevilla con 220,9; Huelva con 213,0; Almería con 180,4; Córdoba 176,4; Cádiz con 121,5 y Málaga con 125,3.

POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL

Andalucía ha registrado 16.719 casos en los últimos 14 días con una tasa de 197,52 cada 100.000 habitantes –inferior a la media nacional de 205,52–, y 6.921 en los últimos siete días con una tasa de 81,77, inferior a la nacional de 87,37.

El Ministerio de Sanidad contabiliza 1.283 pacientes Covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 7,09 por ciento de camas, algo por debajo de la media nacional, situada en el 7,26 por ciento, y 334 en UCI, que registran una ocupación del 17,62 por ciento de las camas, inferior a la media nacional del 22,25 por ciento. Además, registra 164 ingresos por Covid en las últimas 24 horas y 210 altas.

El grupo BigMat crece en España tras adquirir a Saint-Gobain

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BigMat, el grupo de distribución especialista en productos y soluciones de construcción y bricolaje, crece en España tras firmar un acuerdo con Saint-Gobain para la compra de ‘La Plataforma de la Construcción’, según ha informado la firma en un comunicado.

En concreto, esta operación está sujeta a un periodo de ‘due-dilligence’ que se desarrollará en mayo y culminará en el traspaso operativo definitivo el próximo 1 de junio.

De esta forma, BigMat se hará con los seis establecimientos más el centro logístico que ‘La Plataforma de la Construcción’ opera en Madrid, además de los seis locales y el centro logístico que la compañía adquirida posee en Barcelona.

El presidente del Grupo BigMat, Pedro Viñas, ha subrayado que esta operación llega para «reforzar su posición de liderazgo dentro del sector de los materiales de construcción y bricolaje para profesionales y particulares, en un mercado con gran presencia de grupos verticales».

«Creemos que ‘La Plataforma de la Construcción’ tiene un modelo de gestión extraordinario y que ha alcanzado grandes logros, por lo cual nosotros queremos seguir apoyando esta magnífica gestión e inyectarle más confianza, respetando sus esquemas y buscando sinergias», ha explicado Jesús Prieto, director general del Grupo BigMat.

El grupo ha subrayado que dentro de esas sinergias figura la notoriedad y presencia de BigMat con un mayor número de tiendas, así como incrementar su presencia en las dos mayores poblaciones de laPenínsula, y la entrada futura y paulatina en Portugal de la compañía adquirida.

La compra, que se ha realizado con financiación aportada por los socios, acelerará el ritmo de crecimiento del grupo a lo que sería elequivalente a tres años dentro de su plan estratégico.

El Grupo BigMat aumentó sus ventas el 10% en 2020, hasta superar los 1.000 millones de euros, mientras que cuenta con más de 500 operadores del sector, entre socios de la cooperativa BigMat -221- y sus empresas filiales -Divendi, Mas Obra (50), Bigwin, BigLog y Yo Reformo-, las compañías integradas en la central Divendi -240- y los seis socios de la cooperativa canaria Coarco. Lo que supone un total de más de 700 puntosde venta en España.

Calviño ve la reforma laboral «urgente»

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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles que la reforma del mercado de trabajo es «urgente» y debe estar lista «de aquí a finales de este año» para que el proceso de creación de empleo previsto para el segundo semestre y, sobre todo a partir de 2022, cuente ya con esta nueva regulación y dé lugar a puestos de trabajo de mayor calidad.

En rueda de prensa para ofrecer algunos detalles del Plan de Recuperación remitido a Bruselas el pasado viernes, Calviño ha apuntado algunos de los cambios en el mercado laboral contemplados en dicho Plan, cuyo calendario y contenido ha sido establecido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Dichos cambios consisten en la simplificación de los contratos, la modernización de la negociación colectiva, una «adecuada» regulación de las subcontratas, la revisión de las bonificaciones a la contratación y la puesta en marcha de un mecanismo de estabilidad en el empleo a partir de la experiencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la pandemia.

Respecto a la modernización de la negociación colectiva, aunque Calviño ha afirmado que «no se puede prejuzgar» el resultado de la mesa de diálogo social sobre el mercado laboral, ha señalado que los cambios en esta materia comprenderían cómo articular los convenios y sus distintos niveles de negociación y el tratamiento de la ‘ultraactividad’, cuestiones «que ya se vienen trabajando» con los agentes sociales.

Precisamente estas materias forman parte de los cambios que vienen reclamando CCOO y UGT y que supondrían modificar la reforma laboral de 2012 con el objetivo de no limitar la ‘ultraactividad’ y de que el convenio de empresa no tenga preferencia sobre el convenio sectorial.

Estas cuatro o cinco reformas «de calado» mencionadas por Calviño se negociarán con sindicatos y empresarios y se desarrollarán en paralelo a otras medidas que ha ido adoptando el Ejecutivo o que tiene previsto adoptar próximamente, como la regulación del teletrabajo, la modernización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la llamada ‘Ley de Riders’, de la que ha dicho que próximamente se llevará al Consejo de Ministros tras haberse pactado con los agentes sociales.

PARTE DE LA REFORMA DE PENSIONES, TAMBIÉN ESTE AÑO

En materia de pensiones, la vicepresidenta segunda ha explicado que, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, los objetivos de la reforma contemplados en el Plan de Recuperación y que se quieren conseguir este año pasan por culminar la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social; aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal; asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y diseñar un sistema de cotización de autónomos en función de sus ingresos reales para su entrada en vigor en 2022.

Asimismo, y ya como objetivos a lograr en 2022, la reforma del sistema incluye el acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad; el impulso a los sistemas complementarios de pensiones; la reforma de la base y la pensión máxima, y la adaptación del periodo de cómputo de las pensiones «a las nuevas realidades del mercado laboral», según ha apuntado Calviño.

En todo caso, la vicepresidenta segunda ha afirmado que las vicepresidentas y ministros explicarán más en detalle los componentes de su competencia en próximos encuentros con los medios de comunicación, y no ha querido concretar nada más al respecto.

Más de 8.300 migrantes han llegado a España de forma irregular en 2021

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Un total de 8.340 migrantes han llegado a España de forma irregular en los primeros cuatro meses del año, según los datos que este miércoles ha facilitado el Ministerio del Interior. De ellos, 4.411, es decir, un 47,1%, han entrado en el país a través de las Islas Canarias.

Hace un año, España se encontraba en pleno estado de alarma. Entonces, habían llegado a España en el primer cuatrimestre 6.123 personas, un 36% menos de las que se contabilizan un año más tarde.

Con respecto al año pasado, han aumentado tanto las entradas por la costa de la Península y Baleares, como a través del archipiélago Canario. Las primeras, en un 9%, al pasar de las 2.963 en 2020, a las 3.250 que se han registrado entre los meses de enero y abril de este año.

En cuanto a Canarias, son 4.411 las personas llegadas en estos cuatro primeros meses, frente a las 1.886 que lo hacían en el mismo periodo del año anterior. Es decir, un 133,9% más.

CANARIAS: EN ABRIL MENOS LLEGADAS QUE EN MARZO

Por tramos mensuales, las llegadas a Canarias han registrado en abril una bajada con respecto a los datos de marzo, cuando los migrantes llegados sumaron 1.095. Este último mes, las personas que viajaron en patera a España a través de la ruta Canaria, fueron 980 (544 en la primera quincena del mes y 431 en las últimas dos semanas).

Precisamente, en este mes de abril, se ha registrado en Canarias una de las llegadas más dramáticas de los últimos años, cuando Salvamento Marítimo tuvo que remolcar un cayuco, hallado al suroeste de la isla de El Hierro, en el que viajaban tres hombres y 17 cadáveres de migrantes que no pudieron sobrevivir al trayecto.

Por otra parte, las llegadas por vía marítima también han registrado un aumento en Ceuta, a donde, desde el 1 de enero de este año, han llegado 76 personas, 31 más que en el mismo periodo de 2020. Por el contrario, el contador de las llegas por la costa a Melilla se mantiene en 0.

En las ciudades autónomas, las entradas por la frontera terrestre han bajado con respecto al primer cuatrimestre de 2020. En total, son 603 los migrantes que, según los datos de Interior, han cruzado la frontera en estos puntos, frente a los 1.229 que lo hicieron en 2020. De ellos, 321 lo han hecho a través Ceuta, frente a los 282 que lo hicieron en Melilla.

La Xunta vuelve a lamentar que el Gobierno «judicialice» la pandemia

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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y en la misma línea su número dos, Alfonso Rueda, se han pronunciado de nuevo en contra de los pasos dados por el Ejecutivo central para la gestión post pandemia tras el fin del estado de alarma, después del anuncio de que las comunidades tendrán la vía de acudir al Tribunal Supremo (TS) si sus tribunales superiores autonómicos tumban alguna medida de restricción.

Así, en un acto en Lugo, Feijóo ha acusado al Gobierno que dirige Pedro Sánchez de «desetenderse» de la pandemia. Así, ha vuelto a censurar «la falta de decisión» del Ejecutivo estatal y ha insistido en que, con la decisión que hizo pública este martes, se confirma que «se desentiende» de la pandemia y opta por «judicializarla».

«Los presidentes autonómicos vamos a intentar gestionar sin instrumentos jurídicos, más allá de la Constitución. Es evidente que la Constitución pone límites para la limitación de derechos fundamentales y como no hay ninguna legislación específica para gestionar la compatibilidad de los derechos fundamentales con la situación de pandemia que padece España, el propio Poder Judicial va a tener muchas dificultades para poder atender todas las propuestas de los presidentes autonómicos», ha advertido.

En este sentido, ha aludido al Consejo Interterritorial de la Salud que va a celebrarse. «No sabemos después de la falta de decisión del Gobierno central de ayer si el Consejo va arrojar alguna luz. Nosotros, que somos respetuosos con sus decisiones, nos vamos a reunir mañana en el comité clínico y en función de la situación jurídica vamos a adoptar aquellas decisiones que entendemos que el ordenamiento jurídico ampara», ha reflexionado.

Entre las cuestiones que ha avanzado se ha referido a que «probablemente» en Galicia se autorice «más amplitud de horarios» porque «la situación epidemiológica lo permite» y hay que estar «preparados» para el fin del estado de alarma.

«LA PEOR DE LAS DECISIONES»

Por su parte, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, en un acto en Porto do Son (A Coruña), ha incidido en que la decisión de la pasada jornada solo refuerza lo que, bajo su punto de vista, supone una evidencia: «que el Gobierno central se estaba lavando las manos en todo lo que tiene que ver con la pandemia y dejaba toda la gestión en manos de las comunidades».

«Ya vimos que el presidente (Pedro) Sánchez solo aparecía cuando creía que podía dar una noticia positiva, aunque muchas veces no fuese así. En la gestión del día a día y en las dificultades, si hasta ahora no estaba presente, ahora lo va a estar mucho menos», ha reflexionado y ha criticado el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley gallega de salud.

Ahora, ha lamentado que la «solución» que dé a las comunidades es que, cuando tengan que adoptar una medida, haya que «judicializar esa decisión y plantearlo delante de un tribunal». «Si ese tribunal no nos diese la razón, tendríamos otra vez que plantearlo delante del TS. Estamos remitiendo todo a una falta de agilidad, a unos plazos, y a poner unas decisiones que son de carácter clínico en manos siempre de las instancias judiciales que, probablemente, ni las instancias judiciales lo hayan pedido ni es lo que necesitan las comunidades», ha avisado.

«Necesitamos agilidad y necesitamos un entorno jurídico para poder tomar decisiones rápidas porque la pandemia, aunque esté mejorando, sigue entre nosotros. Es la peor de las decisiones que podía tomar el Gobierno central. Se lava las manos todavía con más intensidad que ahora y demuestra que las dificultades del día a día de la pandemia no van con el gobierno del señor Sánchez», ha contrapuesto.

El Consejo Nacional del Agua aprueba la modificación de las reglas de explotación del trasvase

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El Consejo Nacional del Agua ha aprobado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, con 43 votos a favor, 19 en contra y otros 19 en blanco.

Según el acuerdo de votación de dicho órgano, han sido 81 votos los votos emitidos en este procedimiento, por escrito, celebrado la semana pasada de forma telemática y con dos turnos de votación.

No obstante, hay que recordar que se trata de un posicionamiento que se le ha pedido a este órgano consultivo, de forma que esta decisión la tendrá que ratificar el Gobierno de la nación con un Real Decreto.

Esta modificación supone una reducción del máximo mensual trasvasable de los 38 hectómetros cúbicos (hm3) actuales a 27 hm3 y según el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Hugo Morán, beneficiarán tanto a la cuenca cedente como a la receptora y obedece «estrictamente» a una recomendación técnica.

En esta reunión, el Pleno del Consejo Nacional del Agua expresó su parecer al proyecto de ‘Real Decreto por el que se modifica el RealDecreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras de trasvase por el acueducto Tajo-Segura’, dándose por finalizado el procedimiento con resultado favorable.

Además de la ministra, el secretario de Estado de Medio Ambiente y directores generales, los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Segura, Miño, Cantábrico, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Ebro han votado a favor.

Por comunidades, sólo cinco han votado en contra, las del levante español (Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía), así como Madrid y Castilla y León; y Baleares, Galicia y País Vasco lo han dejado en blanco. Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Navarra y La Rioja han emitido su voto a favor.

Los votos en blanco han sido emitidos por el subdirector general de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras; subdirector general de Programas Presupuestario; el consejero de Medio Ambiente y Territorio de Islas Baleares; la consejera de Infraestructuras y Movilidad de Galicia; el director general de la Agencia Vasca del Agua del Gobierno vasco; el presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua ySaneamiento (AEAS); vicesecretaria general de Recursos Hídricos UPA; el jefe de Área de Industria, Energía y Medio Ambiente Secretaríade la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (CEOE); secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad CCOO y secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, entre otros. En organizaciones ecologistas, WWF y SEO/BirdLife han votado en blanco, Ecologistas lo ha hecho en contra.

Fenacore y COAG votaron en contra, así como los presidentes de Sindicato Central del Embalse Barrios de Luna (Duero), de la Comunidad de Regantes de Canal de Montijo (DH Guadiana), de la Asociación Feragua de la Comunidades de Regantes de Andalucía (DH Guadalquivir), del Sindicato Central de Regantes Acueducto Tajo-Segura (DH Segura) de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar (DH Jucar), de la Comunidad General de Regantes del Alto Aragón (DH Ebro) y el presidente de la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense de la Junta de Andalucía.

Descienden a 109 los casos de Covid-19 en Navarra, que suma un fallecimiento

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Navarra detectó en la jornada de este martes 109 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.115 pruebas (2.018 pruebas PCR y 1.097 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 3,5%.

Por otro lado, 180 pacientes permanecían ayer ingresados por Covid-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, tres menos que el día anterior. Ayer se produjeron diez ingresos relacionados con el coronavirus, ninguno de ellos en la UCI, y se notificó un fallecimiento de días previos, una mujer de 86 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se sitúa en 1.173.

Sobre los nuevos contagios, por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 46% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 11% y en el área de Estella, el 4%. Los demás positivos (39%) se reparten por otras zonas de Navarra.

Respecto a los profesionales sanitarios del Sistema Público de Salud afectados por Covid-19, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en la actualidad hay 15 positivos activos y en la última semana se ha producido seis nuevos contagios. La plantilla está compuesta por casi 13.000 profesionales.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de 30 a 44 años, con un 29%, y el de menores de 15 años, con el 22%. A continuación, se sitúan los grupos de 45 a 59 años y el de 15 a 29 años, ambos con un 19%. Finalmente, los grupos de 60 a 75 años, con el 7%, y el de mayores de 75 años, con el 4% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 34,2 años. Con respecto al género, el 56% de los casos son hombres y el 44% restante, mujeres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), tras el balance de ingresos y altas, 180 personas permanecen ingresadas con y por Covid-19 (tres menos que ayer), 31 de las cuales se encuentran en puestos UCI (una menos que ayer) y otras 22 en hospitalización domiciliaria (cinco más que ayer). Los demás, 127 pacientes, están en planta (siete menos que el día previo). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios Covid-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 60.146 confirmados.

Castilla y León afirma que la situación determinará el próximo curso

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La consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha explicado que la situación epidemiológica de la COVID-19 determinará las medidas que haya que tomar el próximo curso escolar, pero ha pedido esperar a avanzar un poco más en el presente para abordar los planteamientos que permitan establecer los protocolos necesarios.

Lucas, tras la constitución de la mesa científico-técnica de coordinación de los fondos Next Generation de la UE, ha recordado cómo se planteó el actual curso, con la determinación de las medidas en función de la situación epidemiológica y de la mano de las autoridades sanitarias, para lo que se celebró el pasado año en mayo una reunión de la Mesa Sectorial de Educación con el Ministerio y las consejerías para establecer protocolos.

Lucas ha incidido en que no todas las comunidades cumplieron lasmedidas y la única que lo fue haciendo, en cuestiones como la mascarilla y la distancia de metro y medio, que provocó desdobles, fue Castilla y León, y eso motivó por ejemplo los desdobles de clases para garantizar que los alumnos estuvieran todos los días con los profesores.

Asimismo, ha señalado que se establecieron los equipos COVID-Colegios, que test de COVID se hicieran desde Educación en coordinación con Sanidad y que hubiera medidores de CO2 en las 17.000 aulas, donde se van a mantener, ya que no es cuestión de «un curso», si las autoridades sanitarias determinan que se sigue necesitando mantener la ventilación.

Sin embargo, de cara al protocolo para el próximo año, considera que hay que esperar a que avance un poco más el actual curso lectivo para plantear las reuniones en las que se puedan coordinar medidas, como se hiciera el año pasado.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD

De no haber este tipo de coordinación en el conjunto del Estado, la consejera ha afirmado que se hará con la Consejería de Sanidad para ver qué elementos tendrán que seguir existiendo para garantizar seguridad en las aulas y siga la presencialidad, «pero con seguridad».

Por otro lado, en cuanto a la evaluación y promoción de los alumnos, para lo que el año pasado se tuvo en cuenta los meses de confinamiento total y la falta de presencialidad en las aulas, la consejera ha recordado que el trimestre aquel «sólo sumaba, no restaba», pero ahora «todos puntúan igual».

Aunque en los criterios de evaluación y promoción se tendrá en cuenta la puntuación del alumno, Rocío Lucas ha aclarado que también ha sido un mecanismo «un poco más flexible» respecto a cursos en los que no ha habido confinamiento, teniendo en cuenta que ha habido aulas cuarentenadas y eso determina que la capacidad de aprendizaje puede que no sea «idéntica a un curso ordinario».

Aún así, ha señalado que se valora el esfuerzo, la capacidad y el trabajo de profesores, docentes y alumnos para que se tenga el esfuerzo de todos los trimestres.

La CONACEE piden al Gobierno igualdad de oportunidades para trabajadores con discapacidad

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La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) ha reclamado este miércoles, ante la directora general de Economía Social del Gobierno, Maravillas Espín Sáez, «mayor igualdad de oportunidades» en la contratación pública para poder beneficiar a más de 60.000 personas con discapacidad que trabajan en un modelo determinado de centros especiales de empleo.

Esta reclamación coincide con las conclusiones hechas públicas por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE, en las que advierte de restricciones en la legislación española reguladora del acceso a los contratos reservados.

Este pronunciamiento se ha producido como consecuencia de un contencioso interpuesto por CONACEE ante una situación que consideraba discriminatoria: la expulsión de más de la mitad de los Centros Especiales de Empleo existentes en España del acceso a los contratos reservados.

«Crear condiciones igualitarias en la contratación pública para todos los centros especiales de empleo, es esencial para que el empleo de las personas con discapacidad evolucione hacia modelos más competitivos en los mercados ordinarios, de forma que los apoyos y subvenciones actúen como verdaderos motores para normalizar esta vía de empleo e integración para las personas con discapacidad», ha subrayado el presidente de CONACEE, Ángel Luis González Olivares.

Desde 2018, en España se contemplan dos modelos de centros especiales de empleo en función de su orientación y de su estructura, diferenciando los denominados de iniciativa social respecto a los considerados de carácter empresarial.

Según explica CONACEE, todos ellos comparten porcentajes de empleo de personas con discapacidad superiores al 70% y compiten abiertamente en el mercado, con la diferencia de que los primeros deben estar promovidos o participados en más de un 50% por una entidad sin ánimo de lucro y reinvertir sus beneficios en el propio proyecto o en proyectos que tengan como fin la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Para CONACEE, que representa tanto a entidades empresariales como a entidades sociales, el problema es que «esta diferencia en su origen justifica que se mantengan salarios y condiciones laborales para las personas con discapacidad sensiblemente inferiores en las entidades catalogadas de función social que en las iniciativas empresariales».

IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO

En el ámbito empresarial, la patronal destaca el impulso que está teniendo el fomento del emprendimiento en este ámbito de centros especiales de empleo, «liderado en muchos casos por personas con discapacidad, que compiten abiertamente en mercados tan diferentes como el de los servicios auxiliares, componentes de automoción, transporte de personas y mercancías, gestión de residencias, jardinería, embalaje o manipulación de alimentos, entre otros».

Para muchos de estos proyectos, según precisa, «quedarse fuera» de un porcentaje «importante» de la contratación pública, supone una «limitación importante» para su propia evolución como empresa.

El Gobierno establece 2024 como el año en el que entrarán los peajes

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El Gobierno baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: «quien contamina paga» y «el que usa paga».

Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de «concienciación y sensibilización» sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, según lo asegura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.

Basándose en la experiencia internacional, el Ejecutivo cree que el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional es de entre dos y tres años.

No obstante, el Gobierno insiste en que buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad.

Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte.

En este sentido, el Gobierno se escuda en varios elementos para justificar esta medida, siendo la minorización de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficiencia del transporte algunos de ellos.

DÉFICIT DE 8.000 MILLONES

Sin embargo, la principal razón es el abultado déficit que arrastra la conservación de las carreteras. Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios», señala el texto.

El Gobierno también aclara que el sistema podría ser «escalable y progresivo», es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje.

Esta progresividad en la aplicación de la medida responde al esperado rechazo que causará en la población. Por ello, defiende que se determinarán tarifas «asumibles pero que garanticen la financiación».

Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras.

SITUACIÓN EN EUROPA

Tras la directrices apuntadas por Europa en el marco de la última gran crisis financiera, Portugal introdujo peajes en toda su red de alta capacidad, no solo para vehículos pesados, como requería Bruselas, sino en todos ellos, incluidos los ligeros, es decir, a todos los ciudadanos.

En España, lejos de introducir peajes, las políticas han ido en sentido contrario, en no renovar las concesiones que llegaban a su fin, lo que ha permitido liberar de peajes varias autopistas que ahora son gratuitas. Además de en Portugal, en Francia e Italia prima el pago por uso, mientras que en Alemania todas las autopistas son gratuitas.

La implantación de un peaje medio en España de 4 céntimos por kilómetro supondría un pago de 9 euros para ir desde Madrid a Burgos, de 12 euros para viajar entre la capital y Zaragoza, de unos 14 euros para ir hasta Valencia, 15 a Córdoba, 16 euros a Badajoz o 22 euros a La Coruña.

El TSJIB rechaza examinar las medidas sanitarias de Baleares a partir del 9M

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El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha declarado inadmisible la petición del Govern para una autorización de las medidas sanitarias que pretende adoptar a partir del 9 de mayo, cuando se levante el estado de alarma, debido a que se trata de un conjunto de meras propuestas y no de medidas ya adoptadas.

La Sala de lo Contencioso del TSJIB ha notificado este miércoles el auto, que contiene dos votos particulares, de dos magistrados que discrepan, Gabriel Fiol y Pablo Delfont.

El Govern balear que preside la socialista Francina Armengol había remitido al Tribunal la propuesta de acuerdo que pretende aprobar en el Consell de Govern, estableciendo medidas excepcionales y de carácter temporal en Baleares para contener la expansión del COVID.

Estas medidas incluían una limitación de la circulación en horario nocturno -toque de queda- y restricciones a los encuentros familiares en espacios privados, a las que se opuso la Fiscalía por considerar que carecen de cobertura legal sin el estado de alarma.

El dictamen de la mayoría de la sala descarta entrar en el fondo de la cuestión debido a una cuestión formal. Señalan que el texto de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa marca que los tribunales pueden atender dos tipos de solicitudes, autorizaciones y ratificaciones, pero en cualquier caso respecto a «medidas adoptadas.

En este sentido, la Sala considera que al no haberse aprobado las medidas en el momento de solicitar la autorización, por lo que, interpretando la ley en sentido literal, concluye que no cumple los requisitos para el procedimiento.

DISCREPANCIAS ENTRE MAGISTRADOS

Dos magistrados discrepan de esta decisión. El magistrado Gabriel Fiol considera en su voto particular que con esta interpretación literal los miembros del Tribunal «huyen del problema real, no lo afrontan».

Fiol entiende que la cuestión se trata de «dar respuesta adecuada a lo que es el leit motiv de la autorización», es decir, analizar la proporcionalidad de unas medidas restrictivas y la necesidad de adoptarlas en función de la situación de la pandemia. «Entiendo que el Tribunal tenía que haber tomado la decisión en función de lo que se solicitaba sin interpretaciones formalistas», señala.

El magistrado apunta que es necesario ver «qué interpretación resulta más coherente con el resto del sistema jurídico» y le parece «más que evidente» que «dado el espíritu de la norma» que regula la jurisdicción contenciosa habría que interpretar que la petición del Govern «está bien formulada».

Fiol añade que «no es razonable» la interpretación mayoritaria «dadas las circunstancias del caso y la inmediatez a la que nos aboca la actual situación». Concluye que «la Sala tenía que dar respuesta, en un sentido u otro, a la problemática de fondo» y «no adoptar una decisión puramente formalista».

En cuanto al segundo magistrado discrepante, Pablo Delfont, reprocha a la Sala que el auto no contribuye «ni siquiera mínimamente» a una mejor cumplimentación de las funciones de los jueces. «Vivimos con una pandemia que pone en riesgo casi todo. Esa realidad no deroga nada, pero llama a promover las soluciones más eficaces y prósperas para todos, empezando por la salud pública. Interpretar, en general, es comprender», razona.

Delfont también apela al «espíritu y finalidad» de las normas a la hora de interpretarlas y concluye que la Sala debería haber examinado el contenido de la autorización.

EL GOVERN CONVOCA UN CONSELL EXTRAORDINARIO

El auto del Tribunal recuerda que el gobierno autonómico puede volver a solicitar su intervención una vez que haya aprobado las medidas por el órgano correspondiente.

Por ello, según han confirmado fuentes del Ejecutivo, tras notificarse el auto el Govern ha convocado un Consell de Govern extraordinario para este mismo miércoles, para remitir de nuevo el acuerdo con el objetivo de que se pueda resolver la cuestión de fondo.

LA FISCALÍA SE OPUSO

La Fiscalía de Baleares se opuso a prolongar el toque de queda y limitar las reuniones privadas al finalizar el estado de alarma este domingo.

Según explicó el fiscal superior, Bartolomé Barceló, la Fiscalía entiende que estas medidas vulnerarían derechos fundamentales que no se pueden limitar sin el paraguas legal del estado de alarma.

En cambio, no se opone al aforo establecido para bares y restaurantes, ni tampoco a los límites de la reuniones en espacios públicos -pero sí privados, al entender que afecta al derecho de reunión, a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio-.

Si el TSJIB tumbase las medidas deel Govern, éste aún podría recurrir al Tribunal Supremo.

El Gobierno eleva los requisitos de solvencia para las empresas de servicios de inversión

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El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha dado a conocer la reforma del Real Decreto sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, en la que eleva las obligaciones de solvencia para que puedan operar.

Así se desprende del paquete legislativo que ha sometido el Gobierno a audiencia pública y que incluye la reforma de la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, así como tres reales decretos de desarrollo relativos a las empresas de servicios de inversión, los instrumentos financieros, el régimen de registro de valores negociables y las infraestructuras de mercado, y las potestades de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, sobre los nuevos requisitos exigidos a los servicios de inversión, el Real Decreto sobre el régimen jurídico de estas empresas detalla que las sociedades de valor tendrían que disponer de un capital inicial de 750.000 euros (frente a los 730.000 euros establecidos anteriormente) como fondos iniciales.

Las agencias de valores autorizadas a prestar los servicios de gestión de un sistema multilateral de negociación (SMN) o un sistema organizado de contratación (SOC) tendrán un requisito de fondos iniciales de 150.000 euros, mientras que las agencias de valores deberán disponer de 150.000 euros de recursos propios (frente a los 125.000 euros del anterior real decreto).

De su lado, las agencias de valores no autorizadas a tener en depósito fondos o valores mobiliarios de sus clientes necesitarán 75.000 euros de fondos propios (frente a los 50.000 euros anteriores).

Las sociedades gestoras de carteras y las empresas de asesoramiento financiero que sean personas jurídicas deberán disponer igualmente de un capital inicial de 75.000 euros (frente a los 50.000 euros anteriores).

Además, el capital inicial de las empresas de servicios de inversión se constituirá con arreglo al artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2033. Dicho capital inicial deberá estar totalmente desembolsado en efectivo, cuando se trate de nueva creación. En el caso de transformación, deberá ser en efectivo el desembolso de la diferencia entre el capital social mínimo y el patrimonio neto de la entidad que solicite la transformación.

LA CNMV PODRÁ EXIGIR UN NIVEL DE LIQUIDEZ

También se incluye la obligación de que los servicios de inversión dispongan de fondos propios y se da potestad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para establecer y exigir el nivel de requisitos específicos de liquidez. Se contempla, asimismo, un régimen más flexible para empresas muy pequeñas y que no entrañan riesgo sistémico, manteniendo la protección de los inversores.

Por otro lado, se incorporan a la normativa española los recientescambios aprobados en la directiva Mifid II, con el objetivo de que los servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas europeas, así como las inversiones en la economía real.

Con este fin, la reforma propuesta por el Gobierno ajusta los requisitos y obligaciones administrativas que, en el contexto actual, pueden resultar redundantes para facilitar la canalización del ahorro hacia la financiación, salvaguardando también la protección e intereses de los inversores.

Asimismo, ajusta la limitación de las posiciones en determinados derivados y el correspondiente régimen de exención de cobertura con el fin de dar un impulso a los nuevos mercados denominados en euros, y se incluyen modificaciones puntuales del Reglamento de la Unión Europea sobre el folleto a publicar en emisiones de valores o el Reglamento de la UE de titulizaciones, entre otros.

Finalmente, se simplifica el proceso de emisión de valores de renta fija y se propone la eliminación de determinadas obligaciones de información aplicables a los participantes del mercado en el proceso de compensación y liquidación de valores.

Los 7 mejores detergentes de lavavajillas en pastillas para la OCU

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Los informes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre los diferentes productos que compramos día a día suelen ser de gran utilidad para la mayoría de la población, y el que hoy te traemos en QUÉ! acerca de la calidad de los detergentes de lavavajillas en pastillas no va a ser menos.

Y es que muchas veces, por desconocimiento, nos estamos dejando un dinero suficiente en productos que no dan la talla. Para conocer cuáles son los mejores entre los comercializados en España, la OCU ha promovido un estudio que combina el análisis del funcionamiento y el impacto ambiental en 115 detergentes para el lavado de la vajilla, de los cuales 36 eran españoles.

LAVAVAJILLAS ‘FINISH ALL IN 1 MAX POWERBALL’, 7º MEJOR PARA LA OCU

El primer lavavajillas en aparecer en este Top-7 de la OCU es el Finish ‘All in 1 Max Powerball’, que llega en un paquete de 50 dosis y tiene un coste de 9,98 euros. Está encuadrado en los de ‘calidad media’ por la OCU.

Este producto obtiene de la Organización de Consumidores y Usuarios un 55/100, ya que no presenta tanta eficacia como otros ni en el lavado ni en el secado. Si tiene algunas cosas buenas, como la apariencia final de la vajilla que consigue.

El Finish Power Ball All In 1 Max, Lavavajillas En Pastillas.

‘ECOVER ALL IN ONE PASTILLAS’, EL MÁS CARO DE LA LISTA

El ‘Ecover All In One Pastilllas’ es el lavavajillas más caro de entre los doce que mejor puntuación han sacado en el análisis de la OCU. Este en concreto ha obtenido una puntuación de 56/100 atendiendo a los baremos anteriormente descritos.

Hay que destacar que este detergente, que cuesta 15 euros, es de los mejores en cuanto a impacto ambiental y posee unas instrucciones claras. Como aspectos negativos: tiene una eficacia media en el lavado y en la apariencia final de su vajilla.

Ecover All In One Pastilllas, El Sexto Mejor Lavavajillas Para La Ocu.

‘FROSCH BICARBONATO DE SODIO’, TOP 5 DE LAVAVAJILLAS PARA LA OCU

Este producto de Frosch es el que obtiene mejor puntuación entre los lavavajillas de ‘calidad media’ y además abre la lista con los cinco mejores de entre los analizados por la OCU. 

Ha obtenido una puntuación de 58/100 gracias, principalmente, a las instrucciones en su etiquetado, el apartado en el que han obtenido mejor nota. Cuesta 5,41 euros y vienen 30 pastillas en cada paquete. 

'Frosch Bicarbonato De Sodio', Top 5 De Lavavajillas Para La Ocu

EL LAVAVAJILLAS EN PASTILLAS DE LIDL, UN DESTACADO

El siguiente detergente de este tipo en la lista de la OCU es el ‘W5 de pastillas de lavavajillas all in 1’ de Lidl. Ya encuadrado entre los lavavajillas de gama alta y etiquetado con el calificativo de ‘compra maestra’, aúna calidad y buen precio.

Este producto cuesta 3,99 euros y presenta unos resultados de eliminación increíbles, pero la calidad de secado y el impacto ambiental le han imposibilitado entrar en el top-3 de mejores lavavajillas en pastillas del mercado.

W5 De Pastillas De Lavavajillas All In 1’ De Lidl, Compra Maestra Para La Ocu.

MEDALLA DE BRONCE ENTRE LOS LAVAVAJILLAS

El ‘Seventh Generation All In One’ es un lavavajillas al que la OCU le otorga una puntuación de 67 sobre 100 y lo incluye dentro de sus artículos de «buena calidad» y «compra ecológica”, lo que ya clarifica que tipo de producto es.

Cuesta 7,50 euros y contiene 24 pastillas. Su fuerte es, como podía intuirse, el excelente impacto medioambiental, pero la falta de según qué agentes químicos hace que sea mejorable la apariencia final de la vajilla y el brillo. En algunas ocasiones aparecen motitas blancas.

Seventh Generation All In One, Pastillas Para El Lavavajillas Muy Ecológicas.

LAS SEGUNDAS MEJORES PASTILLAS DE LAVAVAJILLAS PARA LA OCU

En el segundo puesto de este ranking aparece el lavavajillas en pastillas ‘Fairy Platinum Plus All In One Limón’, que obtiene la misma puntuación que el producto anterior, cuesta 10,69 euros y contiene 37 dosis en cápsulas.

Es mucho más eficaz para borrar todo tipo de rastro de tu vajilla y otorga un gran brillo, pero presenta un elevado impacto ambiental que le penaliza y le hace no ser el mejor de la lista. 

Fairy Platinum Plus All In One Limón’.

L’ ABRE VERT, EL MEJOR DE TODOS

Según el estudio citado de la OCU, el mejor detergente de lavavajillas en pastillas de todos los analizados es el de la marca L’Abre Vert, que ha obtenido un 73/100, lo que le sitúa con cierta ventaja por encima del resto de aspirantes.

Es un jabón “de muy buena calidad” con el que la vajilla sale perfectamente limpia y seca y que no daña el medioambiente. Este lavavajillas francés cuesta 9,05 euros y viene con 30 pastillas en cada paquete.

L Abre Vert

La OCU considera, por tanto, que «la elección sostenible debe ser la más fácil (y no precisamente la más cara) para los consumidores», de ahí que estas pastillas de L’Abre Vert obtengan tanta puntuación. «Afortunadamente ya hay productos en el mercado que tienen un buen rendimiento y son menos perjudiciales para el medio ambiente. El cambio a una fórmula con menos riesgo para el medio ambiente está en manos de los fabricantes y la decisión no debería implicar productos más caros para el consumidor», añade en su página web.

PSOE-A pide un «análisis» interno del «triste» resultado en Madrid

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El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Fiscal, ha enviado este miércoles la «solidaridad» del PSOE-A a la federación socialista madrileña por el resultado alcanzado en las elecciones en la Comunidad de Madrid de este pasado martes, que provocaron una noche «triste» para los socialistas cuyas circunstancias cree que se deben «analizar» en los «órganos pertinentes» del partido.

Así lo ha señalado José Fiscal en una rueda de prensa en el Parlamento en la que, al abordar el resultado de las elecciones en Madrid, donde el PSOE ha caído de primera a tercera fuerza política en la Asamblea autonómica en relación a los comicios de 2019, ha comenzado por trasladar todo el «apoyo», la «solidaridad» y el «cariño» del PSOE andaluz al PSOE madrileño y al «compañero» Ángel Gabilondo, que ha sido su candidato en esos comicios, subrayando que han realizado «un esfuerzo enorme en unas circunstancias difíciles».

De igual modo, el portavoz parlamentario del PSOE-A ha manifestado la «preocupación, inquietud y desazón» de los socialistas andaluces «ante el avance de la derecha» en la Comunidad de Madrid, donde, según ha abundado José Fiscal, «todos hemos sido testigos de cómo la mayoría de los partidos, empezando por el PP, se ha entregado a la polarización en la campaña», que ha sido «extrema en muchos casos», y donde «ha habido insultos, violencia verbal», y que ha estado «alejada de los intereses de los ciudadanos», según ha opinado.

En esa línea, ha apelado «a la lealtad y la unidad del PSOE para, entre todos, frenar el avance de la derecha en el conjunto de España, en todos los territorios».

«Hay que impedir que lo sucedido en la Comunidad de Madrid traspase fronteras y afecte al resto de territorios de España», ha aseverado José Fiscal antes de añadir que «también creemos razonable» los socialistas andaluces, «y seguro que los compañeros de la Ejecutiva federal lo están haciendo», realizar «un análisis detenido de lo ocurrido» en dichos comicios, «de por qué ha ocurrido y por qué anoche vivimos una noche triste y grave para el conjunto de la izquierda».

José Fiscal ha señalado que «tenemos que estar todos unidos y tenemos que seguir trabajando de manera conjunta» en el PSOE, «con lealtad y solidaridad entre todos para recuperar posiciones y evitar que la derecha avance en el conjunto de España».

«Todos tenemos que remar en la misma dirección», y así lo «va a hacer el PSOE-A, con unidad y lealtad entre todos los socialistas y con un análisis en los órganos pertinentes de la situación triste y grave que ayer se produjo en Madrid por los resultados electorales», ha añadido.

José Fiscal ha puntualizado que cada comunidad autónoma «tiene su idiosincrasia», pero ha insistido en que «tenemos que trabajar todos en el conjunto de la organización para evitar» que lo ocurrido en Madrid «suceda en otro territorio de España», y trabajar «todos unidos para recuperar posiciones» para el PSOE, según ha zanjado.

Galicia ampliará horarios con el fin del estado de alarma

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El comité clínico que se reúne de forma extraordinaria en la mañana de este jueves tiene encima de la mesa la ampliación de horarios, actualmente restringidos especialmente en la hostelería, una vez decaído el estado de alarma el próximo domingo día 9 de mayo. Está previsto que este mismo jueves se anuncien las medidas y que entren en vigor a partir del sábado.

Lo ha avanzado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones a los medios en Lugo, en las que también ha precisado que la asesoría jurídica trabaja ya en la fórmula que se seguirá para adoptar medidas de restricción en aquellos municipios que estén en riesgo extremo.

Actualmente, Galicia cuenta con cuatro niveles de actuación (extremo, alto, medio alto y medio bajo). En el caso de los municipios en riesgo extremo, se decreta el cierre perimetral y de la hostelería, que únicamente puede servir para llevar a domicilio o recogida, al tiempo que no están permitidas las reuniones de no convivientes.

Con el fin del estado de alarma, la Comunidad gallega se prepara para el levantamiento del cierre perimetral, que actualmente ya tiene abierto el paso fronterizo con Portugal aunque también está vigente la prohibición de desplazamientos que no sean por causa justificada, y decae el toque de queda, fijado a las 23 horas.

En días pasados, el propio Feijóo sostuvo que la situación epidemiológica de Galicia permitía «ir dejando» atrás medidas como el toque de queda y el cierre perimetral, pero el comité clínico que asesora a la Xunta, y así lo avalan también las palabras pronunciadas este miércoles por el mandatario autonómico, se inclinan por medidas más severas de restricción para los ayuntamientos en riesgo extremo.

MEDIDAS PARA EVITAR EXTENSIÓN DE BROTES

De este modo, y ante la «falta de legislación específica» que ha vuelto a afear al Gobierno central, Feijóo ha indicado que los letrados de la Administración autonómica estudian «qué se puede hacer sin estado de alarma y sin legislación específica en aquellos ayuntamientos de riesgo extremo» para «evitar» que «brotes» localizados «se conviertan en un problema provincial o autonómico».

Además, la Xunta también está pendiente de las decisiones que adoptará el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este miércoles, del que forman parte las comunidades autónomas y el Gobierno central. «Somos respetuosos con el consejo, nos vamos a reunir mañana y en función de la situación jurídica, vamos a adoptar las decisiones», ha explicado Feijóo.

En todo caso, se espera que el comité clínico apueste por «una mayor amplitud de horarios, porque la situación epidemiológica lo permite» y «hay que estar preparados para un levantamiento del estado de alarma, que se va a producir el domingo, y para el levantamiento del toque de queda», que con carácter general también se va a producir ese día en toda España.

«El problema que vamos a tener son los ayuntamientos con una incidencia muy alta, qué hacemos con los ayuntamientos con un riesgo extremo y esa es probablemente la gran cuestión epidemiológica y jurídica», ha apuntado. Feijóo ha advertido que el hecho de que no haya «estado de alarma no significa que haya comunidades o ayuntamientos que estén en riesgo extremo».

Por su parte, el comité clínico avanzó que la idea general es seguir aplicando medidas concretas en los municipios en los que haya una alta incidencia, como los cierres perimetrales y restricciones de horarios cuando la incidencia esté alta.

Massanell al juez de Tándem: Quien seleccionó a la empresa de Villarejo fue Repsol

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El que fuera director general de Medios de Caixabank Antonio Massanell ha señalado este miércoles, ante el juez que investiga el contrato en 2011 por parte de esa entidad y Repsol de los servicios del comisario José Manuel Villarejo, que quien seleccionó a Cenyt –el grupo empresarial del policía– fue Repsol, y por tanto a ellos les vino impuesto.

Fuentes jurídicas indican que Massanell sí que ha apuntado que la empresa de Villarejo estaba registrada como proveedor, puesto que si no habría sido imposible el pago de las facturas, y ha confirmado que el Área de Seguridad de la entidad estaba bajo su responsabilidad.

Al hilo, también ha reconocido que firmó una factura de 75.000 euros para Cenyt pero lo ha justificado señalando que fue debido a un fallo en el proceso automatizado de contabilidad del banco, motivo por el que firmó de manera manual, aunque ha matizado que entra dentro de sus funciones. Con todo, ha apuntado que él no verificó en ningún momento los servicios prestados.

Estas fuentes presentes en la declaración indican además que Massanell ha negado que él ordenara al que fuera jefe de Seguridad de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño que despachara directamente con el actual presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé sobre los trabajos de Villarejo.

Sobre Fainé ha añadido que entiende que sí conocía la contratación de la empresa del comisario dado que era lógico que lo supiera en calidad de consejero de Repsol –Caixabank era accionista de peso en la petrolera–. No obstante, después de que el instructor Manuel García-Castellón le inquiriera si eso lo sabía de primera mano, ha reconocido que lo conoce por la declaración de Rancaño y que le da credibilidad.

EL PROYECTO WINE

En esta pieza separada número 21 del caso ‘Tándem’, el magistrado investiga el ‘encargo’ presuntamente ilícito por parte de Repsol y de CaixaBank al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero, y a su entorno. El comisario lo habría realizado a través del Grupo ‘Cenyt’ en 2011, fecha en la que aún era funcionario de la Policía.

En el auto por el que el juez imputaba a los directores de seguridad de la entidad bancaria y de la petrolera, explicaba que esos servicios «tendrían como objetivo salvaguardar los intereses de ambos clientes, que aparecen como aliados empresariales, en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF SA para tomar el control de la compañía».

El objetivo sería evitar que Sacyr se hiciese con el control de Repsol mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, por el que querían alcanzar «un tercio del total de las acciones».

En ese auto de abril, García-Castellón indica que a Villarejo se le habría encargado a finales de 2011 y la primera mitad de 2012 espiar al círculo de confianza de Del Rivero y obtener información de Pemex, la petrolera mexicana que antes de conocerse la estrategia de sindicación compró un elevado número de acciones en Repsol YPF.

URIS NO SABÍA NADA DE VILLAREJO

Este miércoles también ha declarado en calidad de investigado el que fuera director corporativo de Gestión Patrimonial de Repsol Joaquín Uris. Las fuentes consultadas indican que ha explicado al juez que nunca conoció la contratación de la empresa de Villarejo y que desconoce si el responsable de Seguridad Rafael Araujo despachaba sobre el encargo a Villarejo con otro de los directivos imputados, Suárez de Lezo.

No obstante, y a pesar de negar que a él le reportaran sobre el asunto, cabe recordar que el magistrado en su auto de imputación apuntaba que indiciariamente así era, ha admitido que Araujo le contó que estaba llevando un trabajo de inteligencia para recabar información sobre Pemex y su relación con del Rivero.

Además, habría declarado que no tuvo ninguna instrucción por parte del Consejo de Administración al respecto, y que no habló sobre Villarejo con nadie ni sabía quien era. Aunque sí ha apuntado que en su día le enseñaron una fotografía relacionada con la segunda contratación a la empresa del comisario y que consistía en un seguimiento a un directivo de Pemex que asistió a un partido de fútbol.

Cantabria descarta un fallo en la cadena de frío de las vacunas de la residencia Quijas

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El director general de Salud Pública de Cantabria, Reinhard Wallmann, ha descartado que fallara la cadena de frío de las vacunas administradas en la residencia de Quijas (Reocín), donde ha habido un brote, con un número de afectados que ya se eleva a 16 personas, de los que 13 son residentes y 3 trabajadores.

El último caso que se ha conocido hoy mismo es el positivo de uno de los trabajadores, ya que hasta ese momento eran dos los profesionales afectados.

Respecto a las causas que explican este brote, y después de que ayer, martes, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, afirmara que se estaba estudiando si se había producido algún «fallo» en el mantenimiento de la cadena de frío de las vacunas de Pfizer que se administraron, Wallmann lo ha descartado.

Así, ha afirmado que ni en el transporte de la vacuna desde Bélgica a Cantabria, ni desde que éstas fueron recepcionadas por el Servicio Cántabro de Salud y custodiadas hasta ser descongeladas para ser empleadas se ha producido «ninguna incidencia» respecto a la cadena de frío.

Además, ha señalado que «se ha cumplido perfectamente» el protocolo que hay que seguir con estas dosis una vez que se programó la vacunación en la residencia de Quijas: se sacaron de los congeladores donde se habían mantenido, se descogelaron durante 2 horas, abriéndose un plazo de 6 horas para ser administradas.

WALLMANN PIDE «NO RELAJAR» LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS RESIDENCIAS

Según Wallmann, del brote de Quijas se pueden sacar dos principales conclusiones, una de ellas que el virus se puede transmitir en personas vacunadas –incluso con las dos dosis, como son los usuarios y trabajadores de este centro– por lo que es «muy importante» no relajar las medidas de prevención en las residencias.

Así, ha hecho un llamamiento a que aquellas personas que visiten a usuarios de las residencias usen la mascarilla y mantengan las distancias y una precaución «alta».

MÁS ASINTOMÁTICOS QUE EN OTROS BROTES EN RESIDENCIAS

La otra conclusión es que, analizando lo ocurrido en Quijas con otros brotes anteriores en residencias, la proporción de asintomáticos entre aquellos contagiados que están vacunados es «bastante más alta».

En concreto, en el caso de Quijas el porcentaje de asintomáticos es del 77 por ciento, sobre el total de casos en los propios residentes, mientras que habitalmente es alrededor de un 50%.

«El riesgo de que una persona vacunada acabe hospitalizada ha dismuido en este escenario alrededor de un 50%. Sí que las vacunas son efectivas».

Entre los residentes de Quijas que se han contagiado, hay 10 que se mantienen en el centro y 3 están hospitalizados, dos con neumonía bilateral. Respecto al otro, Wallmann ha señalado que las complicaciones que tiene no son relacionadas con el Covid.

OTROS CASOS COVID EN RESIDENCIAS

Además de la situación en Quijas hay otras cuatro residencias con casos de Covid en estos momentos, según la información publicada por el Instituto Cántabro del Servicio de Salud.

Así, hay un usuario de la residencia La Loma de Castro Urdiales que está hospitalizado y, además, hay tres contagios entre trabajadores de otros tres centros (uno en la de Los Robles, en Mortera (Piélagos), otro en la residencia Orpea Santander de Camargo, y el último de la Virgen del Faro de Santoña).

La Guardia Civil recupera un cañón de bronce del siglo XVI

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La Guardia Civil, en una investigación conjunta llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Noia (A Coruña) y la Sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa (UCO), ha recuperado un cañón de bronce del siglo XVI expoliado en Punta de Espiñeirido.

Esta investigación comenzó tras la desaparición de uno de los tres cañones, encontrado por mariscadores de la zona el pasado 14 de abril. Las autoridades de la Xunta de Galicia, apoyadas por la Armada, recuperaron solo dos de los cañones localizados inicialmente y sospecharon que el tercero podría haber sido expoliado.

Las primeras actuaciones de los agentes se centraron en la existencia de un vídeo en el que aparecían las imágenes del cañón siendo expoliado cuando todavía se encontraba sumergido.

Este hecho, junto a las contradicciones del relato ofrecido por algunos de los investigados y la denuncia de la Xunta de Galicia, posibilitó que la Guardia Civil identificara a quienes podrían haber participado en la desaparición del cañón y esclarecer si pudiera estar escondido en alguna de las propiedades de los investigados.

UN INVESTIGADO QUERRÍA CONSERVAR EL CAÑÓN COMO OBJETO DECORATIVO

Alguno de los investigados entregaron finalmente la pieza en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Boiro (A Coruña). El Instituto Armado sospecha que el expolio se debe al capricho personal de alguno de los investigados, al ver el cañón como un objeto de decoración.

Desde la Guardia Civil han señalado que, más allá del valor que se podría obtener de la fundición del mismo, su mayor importancia radica en la valiosa información histórica y arqueológica que aporta, la cual se pierde cuando se extrae la pieza de su contexto y ubicación.

En coordinación con el Servicio de Arqueología de la Xunta, se decidió trasladar el cañón al Museo del Mar de Vigo (Pontevedra), donde se iniciarán los trabajos para tratar de estabilizar el metal del que está compuesto el cañón.

Los técnicos tratarán de recomponer «el puzle» del que forma parte este cañón junto a los dos que fueron extraídos inicialmente, los cuales aportarán, según han destacado, una información de gran valor histórico.

La Convención de 2001 de UNESCO, del Patrimonio Arqueológico Subacuático, prima la conservación in situ de estos elementos arqueológicos y deja la intervención de urgencia para casos en los que exista riesgo de expolio o deterioro.

Maroto ve en Ayuso «la palanca en el giro que España necesita»

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El portavoz del PP en el Senado, el parlamentario por Castilla y León Javier Maroto, ha destacado que Isabel Díaz Ayuso ha sido «una palanca en el giro que España necesita». «Ayuso ayer hizo historia y Pablo Iglesias es ya historia», ha proclamado en una entrevista en la Cadena Ser.

Tras recordar que Díaz Ayuso fue una apuesta personal dePablo Casado, ha explicado que una de las claves de la victoria es que a la candidata del PP ha recibido el voto de muchas personas que antes se habían decantado por otras opciones del centroderecha «y miles de personas» que antes habían votado al PSOE y que han dicho «hasta aquí hemos llegado, no nos gusta Sánchez».

Maroto ha indicado que los dirigentes del PP han repetido en campaña el mensaje de que si votaban divididos «Sánchez se queda» y ha subrayado que en estos comicios se confirmó que si se vota en torno al PP, «la alternativa es absolutamente irrevocable y un ejemplo indiscutible».

«Lo que sucedió ayer en Madrid es el primer ejemplo de lo que debesuceder en España: si votamos unidos Sánchez dejará de ser presidente», ha reivindicado para recordar que el PP es un «proyecto político de amplio espectro» que está abierto «a miles y miles de socialistas» y a otras personas que habían votado a otras opciones.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es uno de los «grandes derrotados» de las elecciones madrileñas de este 4 de mayo y ha recalcado que Ciudadanos se ha quedado fuera de la Asamblea de Madrid por «echarse en brazos del sanchismo.

«Lo que ayer corroboramos es que todas aquellas formaciones políticas que urdieron la fracasada moción de censura en Murcia, esas tres formaciones políticas han sido las grandes derrotadas», ha resaltado Montesinos en una entrevista en TVE.

Montesinos, que ve estas elecciones como un «punto de inflexión», ha emplazado al jefe del Ejecutivo a «dar la cara ante la opinión pública» y «asumir los resultados» que ha cosechado el PSOE, que ha sufrido un revés electoral que pasa de 37 a 24 escaños, los mismos que Más Madrid.

El dirigente del PP ha subrayado que Sánchez «se echó a la espalda la campaña electoral» pero cuando vio que «las cosas iban muy mal» para el PSOE «quiso apearse». «Pero la estrategia la ha marcado sin ningún tipo de duda, Moncloa», ha enfatizado, para insistir en que debe asumir «la responsabilidad» y el «coste electoral».

De la misma manera, Montesinos ha recalcado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, es otro de los «derrotados» y ha advertido de que «no se va de la política» sino que «le han echado los madrileños por radical».

En el caso de Ciudadanos, ha señalado que el partido que dirige Inés Arrimadas «no ha sacado ningún representante» en la Asamblea de Madrid porque «los madrileños han censurado su actitud y que se echara en brazos del sanchismo».

«LA CUENTA ATRÁS PARA EL SANCHISMO HA COMENZADO»

Montesinos ha asegurado que «hoy los españoles saben perfectamente que si se reunifica el voto de centroderecha en torno al PP», Sánchez tendrá «un pie fuera de la Moncloa». «Se ha lanzado un mensaje de optimismo y de ilusión al resto de españoles porque si vamos unidos y juntos el Gobierno de la mentira y la ineficacia en la gestión económica y sanitaria tiene los días contados», ha proclamado.

En este sentido, ha afirmado que «la cuenta atrás para el sanchismo ha comenzado» y «el kilómetro cero ha sido la Comunidad de Madrid». A su entender, el «tándem Casado-Ayuso» va a dar «muy buenas alegrías» como las de anoche en la Comunidad de Madrid y a nivel nacional.

Tras asegurar que fue una noche electoral de «muchísimas alegrías», ha recordado que en campaña el PP pedía una «amplia» confianza para «gobernar en solitario y con las manos libres» y ha añadido que eso es «lo que va a hacer Isabel Díaz Ayuso».

En cuanto a si ahora Ayuso será la presidenta del PP madrileño, Montesinos ha señalado que ella es «un referente incontestable» para el partido pero ha añadido que el PP «tiene sus tiempos». «Somos un equipo en el que todos sumamos», ha agregado, para señalar que lo importante es «remar todos juntos en la misma dirección».

Al ser preguntado si Casado elegirá ser más parecido al PP de Ayuso o al PP de Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, ha reiterado que son un partido de «puerta ancha» en el que tiene que «caber todo el mundo».

«Aquí no hay un Partido Popular de unos o de todos, aquí hay un PP que abarca a una inmensa mayoría de los españoles, al constitucionalismo en su conjunto y que tiene un presidente, Casado, que ha marcado el rumbo hacia Moncloa», ha señalado, para subrayar que antes en el centroderecha había tres formaciones políticas y ahora «solo hay dos» porque Cs ha «desaparecido de la ecuación electoral».

Se abre la convocatoria de los 39 Premios Literarios Ciutat de València

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El Ayuntamiento de València abrirá, desde este jueves y hasta el próximo 16 de junio, el plazo de presentación de trabajos a la 39 edición de los Premios Literarios Ciutat de València.

Este año, la convocatoria incorpora dos novedades: no hay requisito de edad y las obras se pueden enviar por correo electrónico. El objetivo es duplicar la cantidad de textos presentados y consolidar la vocación internacional de los galardones, dotados con 72.000 euros.

La concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Glòria Tello, destaca que «estos premios que llevan el nombre de la ciudad son uno de sus baluartes culturales que, además, demuestran el compromiso del gobierno local con el talento y la creatividad».

«De hecho, a lo largo de los de las últimas ediciones, se han presentado más de mil textos procedentes no solo de las distintas comarcas valencianas y del resto de España, sino también de países hispanoamericanos (como Argentina, Chile, Cuba, México o Uruguay), y otras naciones, como Estados Unidos, Francia o Israel», ha añadido Tello en un comunicado.

La edil recuerda que «el año pasado, a pesar del confinamiento, el número de originales que se presentaron a alguna de las ocho modalidades aumentó hasta la cifra de 527, la más alta de toda la historia de los galardones; y, de nuevo, con textos procedentes de varios países de Europa y de América, un indicador del prestigio de estos premios en el ámbito internacional.

En la convocatoria de 2021 se ha eliminado la condición de la mayoría de edad para que los autores y autoras que todavía no llegan a los 18 años tengan la posibilidad presentarse. Además, se introduce la opción de hacer llegar los originales por correo electrónico, lo que facilita el envío de los textos. Con estas medidas se pretende aumentar la participación en el certamen.

Toda la información sobre la 39 edición de los Premios Literarios Ciutat de València está disponible en la web municipal. El importe destinado a estos galardones asciende a 72.000 euros, repartidos entre ocho modalidades: premio de narrativa en valenciano Isabel de Villena (12.000 euros), premio de narrativa en castellano Vicente Blasco Ibáñez (12.000 euros), y premio de poesía en valenciano Maria Beneyto (6.000 euros).

Completan la lista el premio de poesía en castellano Juan Gil-Albert (6.000 euros), premio de teatro en valenciano Eduard Escalante (8.000 euros), premio de teatro en castellano Max Aub (8.000 euros), premio de ensayo en castellano Celia Amorós (10.000 euros) y premio de ensayo en valenciano Josep Vicent Marquès (10.000 euros).

El diputado que dejó Cs pide una votación en el Grupo Mixto para tener voz en el Congreso

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Pablo Cambronero, el diputado que abandonó las filas de Ciudadanos en el Congreso para pasar al Grupo Mixto, ha pedido una votación a los partidos de la agrupación parlamentaria para poder tener voz en la Cámara en igualdad de condiciones que los demás componentes del Mixto, y, en caso contrario, está dispuesto a llevar su situación ante el Tribunal Constitucional.

Tras abandonar Ciudadanos, Cambronero pasó al Grupo Mixto del Congreso, donde hay nueve diputados de siete formaciones diferentes: la CUP (dos diputados), UPN (otros dos), Coalición Canaria (una), Nueva Canarias (uno), Foro Asturias (uno), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) (uno), y Teruel Existe (uno).

Pero la canaria Ana Oramas ya le comunicó, en nombre de los demás partidos, que tendrá limitadas sus funciones parlamentarias porque va a ser tratado como un ‘diputado no adscrito’, una figura que existe en corporaciones locales y asambleas autonómicas pero que el Congreso aún no ha regulado en su Reglamento. Y es que Cambronero recaló en el Mixto no por pertenecer a un partido minoritario, sino tras haber abandonado la formación con la que fue elegido.

Eso implica, según se le remarcó, que no podrá entrar en el reparto de tiempos de intervención, presencia en comisiones y cupos de iniciativas en igualdad de condiciones, ya que supondría restar a los demás. Sólo le cabe registrar preguntas escritas al Gobierno –por ser éste un derecho individual de cada diputado– y estar adscrito a una comisión menor, concretamente la de Peticiones, cuyas reuniones son a puerta cerrada y casi nunca hay votaciones.

SIN DESPACHO PROPIO, MÁS DE UN MES DESPUÉS

Cambronero, policía de profesión y que ejercía como portavoz de Interior de Ciudadanos, ya ocupa un escaño en la parte alta del hemiciclo del Congreso, donde se encuentran ubicados los integrantes del Grupo Mixto, pero más de un mes después sigue sin despacho ni ordenador de sobremesa para poder acceder al registro telemático del Congreso. En las redes sociales llegó incluso a ofrecer la cafetería del Congreso para mantener reuniones con los colectivos con los que venía trabajando en Ciudadanos: Fuerzas de Seguridad, funcionarios de prisiones, interinos y pensionistas.

Ahora Cambronero ha remitido una carta al actual portavoz del Grupo Mixto, Isidro Martínez Oblanca, de Foro, para que organice una reunión en la que todos los partidos se pronuncien sobre su situación.

En la carta, pide un pronunciamiento formal sobre si va a poder intervenir en el Pleno y en la comisiones, si va a ocupar alguna portavocía de comisión como los demás diputados del Mixto o si va a poder asistir a la Junta de Portavoces en representación del grupo.

El diputado quiere una «comunicación por escrito» del resultado de esa reunión o votación para, en caso de desacuerdo, poder recurrir ante la Mesa del Congreso que preside Meritxell Batet y, si no logra amparo, llevar el caso ante el Tribunal Constitucional.

NI DEJAR ES ESCAÑO NI PASARSE A PP O VOX

Y es que, a diferencia de los otros exdiputados del PP y del PSOE que en legislaturas anteriores pasaron en silencio al Grupo Mixto, Cambronero ha decidido emprender una batalla para defender sus derechos dejando claro que no piensa abandonar el escaño ni adscribirse a otro grupo parlamentario, aunque desde el PP o Vox ya le han ofrecido ayuda.

En cualquier caso, Cambronero sigue cobrando mensualmente 3.050,62 euros de salario base como diputado, a lo que suman los 1.959,62 euros que reciben todos los parlamentarios de fuera de Madrid en concepto de dietas para gastos de la actividad parlamentaria.

También se le ingresó la subvención de algo más de 1.700 euros brutos mensuales, que era la que el Congreso abonaba a Ciudadanos por cada uno de sus escaños y que con su marcha ha perdido el partido ‘naranja’. La Cámara da además a cada grupo una ayuda fija mensual de 30.000 euros para cubrir los gastos de funcionamiento ordinario, que en el caso del Mixto se reparte entre los partidos.

Cambronero ha renunciado a la parte de la subvención fija que le correspondería en el grupo, para no mermar los recursos de sus compañeros del Mixto, e incluso no descarta ceder al Congreso esos 1.700 euros de ayuda por diputado, subrayando que su reivindicación no tiene motivos económicos.

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