El Defensor del Pueblo ha advertido de la «excesiva demora» de algunas autonomías, como la valenciana, para asumir la tutela de menores extranjeros no acompañados.
Así se desprende del ‘Informe Anual’ de la institución relativo al ejercicio 2020, en el que recoge que según los datos facilitados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a 31 de diciembre de 2020 se encontraban inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados 9.030 menores –869 niñas–.
Andalucía con 2.507 menores, Canarias con 1.849 y Catalunya con 1.168 eran las tres comunidades autónomas con más menores, seguidas por Melilla, con 798; Ceuta, con 496; y la Comunitat Valenciana, con 473.
En su informe, el Defensor indica que al igual que en años anteriores, han continuado las intervenciones con los distintos servicios de protección de menores en relación con la falta de declaración de desamparo y asunción de la tutela, o la «excesiva demora» en su adopción.
En este sentido, pone el ejemplo de que se ha reiterado a los servicios de protección de la Generalitat Valenciana dicho deber legal de declarar el desamparo y asumir la tutela de los menores a su cargo.
Así mismo, a la vista del «elevado» número de menores afectados en la autonomía por esta situación, se dio traslado de este asunto a la Fiscalía General y se solicitó información sobre las medidas adoptadas por dicho organismo.
Además, el Defensor señala que han sido «numerosas» las quejas recibidas procedentes de jóvenes extutelados en la Comunitat que no han podido acceder a un recurso de la red de apoyo a la emancipación tras su mayoría de edad.
Al respecto, señala que en las actuaciones iniciadas con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, tanto en relación con las medidas adoptadas en cada uno de los casos como sobre la suficiencia de las plazas ofertadas, este órgano valenciano informó de que su red para jóvenes extutelados disponía de un total de 122 plazas en hogares de emancipación que contaban con una ocupación del 100 por cien, así como con jóvenes en lista de espera.
Cuentan también –según se trasladó– con las oficinas mentoras desde las que se realiza acompañamiento a los jóvenes hasta los 25 años, de carácter ambulatorio, que abarca la atención legal y administrativa, residencial, solicitud de la renta valenciana de inserción, orientación hacia otras alternativas habitacionales y recursos, así como apoyo psicológico, asesoramiento y acompañamiento sociolaboral en la búsqueda de empleo.
El Defensor indica que han continuado las actuaciones con la Conselleria «dando cuenta de la insuficiencia de plazas para dar respuesta a las necesidades de estos jóvenes». A 31 de diciembre de 2020, eran 473 los menores extranjeros no acompañados dados de alta en el Registro.
En relación con las cuestiones relacionadas con las autorizaciones de residencia, en el informe se indica que se observa «con preocupación» el elevado número de menores que acceden a la mayoría de edad sin contar con la autorización.
La mayoría de actuaciones por esta cuestión se concentran en cuatro comunidades autónomas: Madrid, Andalucía, Valencia y Canarias. Durante 2020 se les ha tenido que recordar en varias ocasiones el deber legal de instar la tramitación de la autorización de residencia de los menores a su disposición. Así mismo, se ha dado traslado a Fiscalía de este asunto.
CIE DE VALENCIA
Por otro lado, el informe recoge un aparto al Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia (CIE) y alude al caso del fallecimiento de un joven marroquí que se suicidó en el centro en 2019.
Al respecto, recuerda que la Audiencia de Valencia sobreseyó las actuaciones al considerar que ni el personal sanitario ni de custodia del centro tenían responsabilidad penal por esa muerte. Sin embargo, se señalaba en la resolución que ello no significaba que la atención recibida por el interno fuera intachable ni que pudiera derivarse alguna clase de responsabilidad como consecuencia de esa atención o de su fallecimiento. Por este motivo, se han reabierto las actuaciones, de cuyo resultado se dará cuenta en el próximo informe anual.
Por otro lado, el informe recoge que con motivo de la repatriación de varios internos, el 29 de febrero de 2020 se produjeron varios incidentes. Una asociación formuló una queja en la que exponía que dos de los internos se habían autolesionado, con múltiples cortes en cabeza y barriga, y que su intención era provocar su traslado al hospital y evitar, así, su repatriación.
Sin embargo, alegaban que fueron asistidos por los servicios médicos del CIE y, finalmente, fueron repatriados. En la respuesta recibida, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras comunicó que las lesiones fueron de carácter leve y que los servicios médicos estimaron que no era necesario la derivación de los autolesionados al hospital de referencia por tratarse de cortes superficiales. En el momento de elaboración de este informe no constaba que se iniciaran actuaciones judiciales por estos hechos.