El Gobierno no ha recibido aún la comunicación formal de la decisión de Bruselas sobre el plan de ayudas a la expansión de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en zonas remotas de España y, cuando la reciba, analizará cuáles son las bases de la decisión para determinar si presenta recurso contra la misma, «como ya se hizo con la primera decisión en 2013».

Así lo han explicado este jueves fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, después de la Comisión Europea haya realizado una nueva investigación sobre el plan de ayudas a la expansión de la TDT en zonas remotas de España y haya concluido que las empresas beneficiadas deben devolver los fondos recibidos porque disfrutaron de una ventaja selectiva incompatible con las normas europeas.

Es la segunda vez que el Ejecutivo comunitario obliga a España a recuperar estas ayudas. La primera decisión, tomada en 2013, fue tumbada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) cuatro años después tras estimar los recursos presentados por las autoridades españolas y las compañías beneficiadas.

En esta ocasión, Bruselas no detalla cuánto dinero tendrá que ser devuelto a las arcas públicas, algo que deberán calcular las autoridades españolas en función del número total de empresas afectadas y de las ayudas que recibió cada una de ellas en virtud de este plan. La cifra estimada en el primer procedimiento ascendía a 260 millones de euros.

Así, la «nueva y detallada» investigación ha concluido que «la ayuda recibida por los operadores terrestres para la digitalización y la ampliación de la red de televisión terrestre en zonas remotas de España es contraria a las normas sobre ayudas estatales de la UE», ha explicado en un comunicado.

A juicio de la Comisión Europea, los operadores de plataformas terrestres «recibieron una ventaja selectiva incompatible» frente a competidores que usan otras tecnologías a través de las medidas adoptadas entre 2005 y 2008, lo que infringe el principio de neutralidad tecnológica.

Las ayudas «no eran neutrales» desde el punto de vista tecnológico porque «partían de la TDT como única tecnología para la conversión digital subvencionada» y otras como el satélite «quedaron excluidas de las ayudas. Por tanto, «solo beneficiaban a los operadores de TDT, aunque esta última tecnología y la de satélite se encontraban en una situación comparable de hecho y de derecho».

La investigación se centra exclusivamente a la que fue determinada en el régimen como zona II, constituida por zonas remotas con alrededor del 2,5% de la población y en la cual «los organismos de radiodifusión no tenían ningún interés comercial en prestar el servicio». Por eso, las autoridades españolas optaron por compensar a los operadores por los costes de conversión.

Las pesquisas que derivaron en la primera decisión se iniciaron en 2010 a raíz de una denuncia presentada por el operador de satélite SES Astra. Sin embargo, fue anulada por el TUE «por lo inadecuado de la justificación de la selectividad de la medida».

Bruselas y España tienen abierto además un procedimiento paralelo relacionado con la aplicación de transición digital en Castilla-La Mancha, cuyas ayudas también fueron declaradas incompatibles en 2014. En este caso, la Justicia europea confirmó la conclusión de Bruselas y la recuperación de las ayudas está en curso.

El Gobierno de España ofertará el próximo curso académico 38.000 nuevas plazas de Formación Profesional en todo el territorio nacional y ha asegurado que espera bajar del 40 por ciento del paro juvenil al 7,5 por ciento con la FP de Grado Medio.

Así lo ha indicado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante la jornada dirigida a la captación de talento en la Administración Pública que se ha celebrado este jueves en Cuenca y en la que ha estado acompañada por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.

En su intervención, Isabel Celaá ha afirmado que el Ejecutivo central está trabajando en una FP «muy diferente», destacando la digitalización como «gran escenario de oportunidades» y «palanca de transformación crucial». Así, ha añadido que todos los títulos incorporan un módulo de digitalización.

Todo ello, ha añadido, en un sistema «único» que se va consolidar en la Ley de la nueva FP «en pocas fechas», dirigido no solo a los alumnos sino también a los trabajadores por medio de la cualificación y la recualificación, con el fin de que la población activa tenga acreditaciones suficientes para ser competitiva con el resto de países.

«Por eso, vamos a acreditar la experiencia laboral de tres millones de personas en cuatro años, vamos a ofertar 38.000 nuevas plazas de FP para el próximo curso, vamos a incorporar una legua extranjera progresivamente a los ciclos formativos gradualmente hasta lograr tener unos módulos que sean bilingües y vamos a incorporar cursos de especialización después de un ciclo de grado medio», ha señalado.

Un escenario que se abre, ha continuado la ministra, «muy transitable» y con muchas relaciones entre ciclos de grado superior y la universidad; momento en el que ha afirmado que si en este momento hay en España «un drama insoportable» de casi un 40 por ciento de demandantes jóvenes de empleo, con FP de Grado Medio esa magnitud desciende al 7,5 por ciento.

«Estamos dibujando una FP única, reconocible, capitalizable y que es un camino ascendente que va de las de la certificación profesional hasta los módulos, los títulos, doble titulación y el máster profesional, y yo os animo a recorrerla porque con ese recorrido vais a tener un excelente futuro», ha concluido la ministra.

«OS NECESITAMOS»

De su lado, el ministerio de Política Territorial ha querido trasladar a los alumnos del IES Pedro Mercedes el mensaje de que el Gobierno y la Función Pública española les necesita. «Necesitamos gente joven bien formada con una visión distinta en su relación con la Administración», ha añadido

En este punto, ha afirmado que en los próximos diez años se van a jubilar el 51 por ciento de los empleados públicos del país y que solo el 12 por ciento del total tienen menos de 40 años y solo el uno por ciento menos de 30 años. «Esto es lo que hay», ha dicho.

De este modo, ha señalado que la Administración se va a tener que renovar y ello ha a implicar el ingreso de mucha gente con sensibilidades y conocimientos «muy distintos» a los dominantes y conocimientos más adaptados a una sociedad en evolución.

En este punto, ha explicado que el empleado público no es solo aquella persona que ofrece servicios administrativos, sino que es el profesor, la enfermera, el militar, la doctora, el policía o el agente forestal. «Hay tal variedad que merece la pena explicarlo un poco».

Iceta ha afirmado que la Administración necesita «de todo». Sin vosotros, esta gran empresa que se llama España no va a salir«, ha manifestado, para enumerar empleos funcionariales en campos como la transición energética y cambio climático, cooperación al desarrollo, el sector cultural o el sanitario.

A ello ha añadido que el Gobierno quiere de los nuevos trabajadores públicos mayor creatividad y gente con iniciativa, capaz de trabajar en equipo e imaginar formas distintas de hacer las cosas. «Cuento con que muchos de vosotros veáis en el empleo público una posibilidad», ha concluido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo mandatario estadounidense, Joe Biden, se reunirán el próximo lunes aprovechando la asistencia de ambos a la cumbre de la OTAN en Bruselas, según han confirmado fuentes del Ejecutivo, sin que por ahora haya confirmación de la Casa Blanca.

Según estas fuentes, el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, habló por teléfono con su homologo estadounidense, Ron Klain, y ambos cerraron el encuentro entre los dos líderes para que puedan conocerse.

Además, las fuentes resaltan que dicho contacto es «importante» también porque cabe la posibilidad de que España sea el país anfitrión de la cumbre de la OTAN en 2022.

El encuentro será el primer contacto entre ambos, ya que Sánchez aún no ha hablado por teléfono con Biden, que llegó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, y ni siquiera hubo un primer contacto después de su victoria frente a Donald Trump en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

Este hecho ha generado no pocas críticas desde la oposición, incluido el PP, que ha puesto en tela de juicio la solidez de la relación con Estados Unidos y la pérdida de relevancia en general de España en la escena internacional.

Desde el Gobierno se ha venido defendiendo en los últimos meses que no había ningún problema con Washington y que la relación entre los dos países era fuerte y fluida con contactos en múltiples niveles.

Si la llamada no se había producido, dijo la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a finales de abril, era porque Biden estaba «volcado en su agenda doméstica» ante la «herencia» que le dejó Trump.

Como resultado de ello, está limitando sus contactos con los líderes de otros países «a lo que es más urgente o imprescindible», agregó, asegurando que el Gobierno entiende «muy bien» que se haya centrado en afrontar de forma urgente las «cuestiones de urgencia».

En una respuesta parlamentaria en el Senado a una pregunta del PP conocida esta misma semana, el Gobierno había asegurado que Sánchez «celebrará un encuentro con su homólogo estadounidense cuando sus respectivas agendas lo hagan posible».

En 2017, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el primer contacto formal con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se produjo el 7 de febrero. No obstante, ambos ya habían hablado previamente en diciembre de 2016, después de que el republicano ganara las elecciones.

Por el momento, la Casa Blanca no ha confirmado el encuentro. En la última actualización de la agenda del presidente para el próximo lunes sigue apareciendo solo la cumbre con los líderes de la OTAN y su reunión prevista en los márgenes de esta con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para hablar de la relación bilateral y de la región.

El Gobierno quiere aumentar la conciencia colectiva de la ciudadanía sobre seguridad nacional. Para ello, ha aprobado un plan integral que incluye un amplio abanico de medidas, como su inclusión en los currículos educativos, la formación contra la desinformación o un elenco de acciones orientadas a aumentar la imagen exterior de España como país «íntegro, seguro y comprometido con el mantenimiento de la paz y la estabilidad internacionales».

Así consta en el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, aprobado este mes por el Consejo de Ministros y publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de mano de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

El objetivo es apuntalar una acción «coordinada e integral» del Estado que genere una «amplia» conciencia y cultura de seguridad, de manera que la ciudadanía sea consciente de «los esfuerzos» que requiere su salvaguarda y de la necesaria «corresponsabilidad social.

«Sin seguridad es imposible cimentar la libertad, el progreso y el bienestar de la ciudadanía y la sociedad, que son la base esencial sobre la que se construye y asienta el Estado», sostiene el Ejecutivo en el documento.

El Gobierno asume así como «prioritario» incrementar la cultura de Seguridad Nacional aunando las acciones de toda la administración pública, respetando las competencias de las comunidades autónomas y entidades locales pero «a través de la cooperación y el trabajo conjunto».

Para el desarrollo del plan, el Ejecutivo establece cuatro ámbitos de actuación: formación, comunicación pública y divulgación, relevancia en el exterior y participación. El primero de ellos es el que incluye el propósito de «fomentar» la inclusión en los currículos educativos «de un conocimiento amplio sobre la seguridad humana y sobre las diferentes herramientas de las que dispone el Estado para preservar los derechos, las libertades y el bienestar de la ciudadanía.

También se propone proporcionar conocimientos para evitar la manipulación a través de campañas de desinformación y promover en el sistema educativo «los valores propios de una educación y una cultura para la paz, los valores democráticos, de no violencia, tolerancia, solidaridad, igualdad y justicia».

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Además, quiere llevar este mensaje de seguridad nacional a los medios de comunicación a través de campañas de divulgación con el objetivo de «fortalecer una opinión pública consciente del carácter imprescindible e irrenunciable de nuestra seguridad».

Y apunta también una labor directa con los corresponsales de medios extranjeros «para concienciarles sobre la prevalencia de la Seguridad Nacional, y también del compromiso de España con la seguridad y la estabilidad internacionales».

Para articular todas estas actuaciones decreta la constitución de un grupo interministerial de seguimiento «como principal órgano garante de la ejecución, impulso, seguimiento y evaluación delas líneas de acción» recogidas en el plan.

Sus Majestades los Reyes Don Felipe y Doña Letizia han visitado la Alhambra, en el marco de la inauguración de su nueva exposición, ‘Odaliscas. De Ingres a Picasso’, y antes de dirigirse al Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, donde han presidido la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2020.

En el famoso Patio de los Leones, turistas que han podido contemplar el paso de los Reyes desde un lateral han lanzado vítores a Don Felipe, a Doña Letizia y a España, en el marco de una visita a la que asisten el alcalde de Granada, Luis Salvador, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, entre otras autoridades.

El Patronato de la Alhambra y Generalife presenta en la sala de exposiciones temporales del Palacio de Carlos V esta nueva muestra ‘Odaliscas. De Ingres a Picasso’, la cual reflexiona sobre la creación del mito de la odalisca y cómo su figura se convirtió a lo largo de los siglos XIX y XX en uno de los grandes tópicos de la historia del arte y en un tema clave que recorre de manera transversal el siglo y medio de mayores transformaciones estéticas de la pintura occidental, mostrando la vigencia e importancia del tradicional desnudo femenino.

A través de 48 piezas de artistas como Ingres, Delacroix, Chasseriau, Gérôme, Constant, Bernard, Matisse y Picasso, entre otros, la exposición, organizada por el Patronato de la Alhambra y Generalife y comisariada por María López Fernández, también explica cómo la odalisca representaba una imagen soñada, mitificada y, por tanto, incomprendida de la mujer oriental sobre la que se proyectaron «buena parte de los prejuicios que la sociedad del siglo XIX y principios del XX sentía hacia el género femenino, siempre camuflados bajo la piel de las más rotundas experimentaciones plásticas», según la información facilitada por este organismo dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

‘Odaliscas. De Ingres a Picasso’, que se podrá visitar hasta el 10 de septiembre, se distribuye en tres salas. En la primera, y a través de 18 dibujos de Ingres procedentes del Musée Ingres-Bourdelle de Montauban y la icónica pintura ‘Petit Harem’ del Musée du Louvre, se ilustra la manera en la que el artista francés formuló un modelo plástico de odalisca, que renovaría el tradicional desnudo académico a través de la deformación del cuerpo a favor de una nueva belleza. Por su parte, y desde un lugar casi opuesto, Delacroix desplaza el interés pintoresco del tema hacia la experimentación cromática, tal y como muestra el estudio para ‘Mujeres de Argel’ prestado por el Musée de Rouen. Estos modelos pervivirán y serán objeto de sucesivos homenajes por parte de los artistas posteriores, que irán sumando significados a las formulaciones plásticas de estas figuras.

A lo largo del siglo XIX, la pintura orientalista llenó el comercio de piezas de exquisita factura, cuyo imaginario populariza la representación de odaliscas vestidas con ropas extraordinarias o voluptuosamente desnudas, custodiadas en sus lugares privados. La sala central de ‘Odaliscas. De Ingres a Picasso’ aborda la ensoñación orientalista frente a la alteridad y la diferencia, y presenta piezas extraordinarias de Constant, Gérôme o Seel, que contribuyeron a recrear y difundir las fantasías, tópicos y prejuicios misóginos en torno al harén. De forma paralela, las excepcionales pinturas de Emile Bernard y el viaje a oriente que supuso para algunos artistas como Emile Bernard o Fernand Lantoine, procedentes del Musée Quai Branly de París, ejemplifican el interés etnográfico y la búsqueda explícita de la alteridad asociada a un cambio de lenguaje pictórico, que se desarrolló a través de la figura de la odalisca.

Los modelos propuestos por Ingres y Delacroix fueron sometidos a una profunda relectura y a continuos homenajes por parte de los artistas de vanguardia y particularmente por Matisse y Picasso, y así se recoge en la tercera y última sala. Junto con una excepcional odalisca de Matisse, perteneciente a una colección privada estadounidense, se presenta un conjunto de obras excepcionales de Picasso. Destacan, entre otras, ‘La femme au tambourin’ del Musée de l’Orangerie, con una clara mirada hacia Renoir y Matisse; y ‘Femme couché’ del Centre Pompidou, que reconsidera las deformaciones ingrescas del icónico baño turco. Finalmente, ‘Femme au bonnet turc’ del Centre Pompidou, junto con varios estudios para ‘Femme d’Alger’ del Musée Picasso de París, rememoran el homenaje de Picasso a Delacroix.

La directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rocío Díaz, ha subrayado que «la Alhambra se convirtió en uno de los escenarios más prestigiosos de la modernidad a lo largo de los siglos XIX y XX», en el lugar en el que los grandes artistas de la vanguardia soñaron a sus odaliscas. Su cualidad única como lugar que albergó hasta el siglo XV esta realidad del Reino Nazarí, evocada e imaginada por los escritores y artistas en los siglos XIX y XX, hace del monumento granadino, en palabras de Rocío Díaz, «un espacio mágico y privilegiado para presentar esta exposición».

Este conjunto de piezas excepcionales, procedentes de prestigiosas instituciones y colecciones privadas entre las que destacan el Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Musée de l’Orangerie, Centre Georges Pompidou, Musée Picasso de Paris, Musée Ingres-Bourdelle de Montauban y Musée de Rouen, se presentan junto a algunos objetos que formaron parte de los harenes nazaríes del mundo oriental, procedentes del Museo de la Alhambra, así como fotografías y un audiovisual sobre las odaliscas reales y soñadas del siglo XIX y XX en la danza y el cine, que pondrán de manifiesto y visibilizarán su vida cotidiana, haciendo hincapié en las diferencias que existen entre la realidad de las fuentes históricas y la ensoñación creada por los artistas en su construcción de la modernidad.

La exposición se puede visitar todos los días, de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas, y se acompaña de un catálogo científico, que incluye ensayos de diferentes especialistas, y visitas guiadas todos los sábados, a las 10,00 y las 11,00 horas previa reserva. Con el apoyo de CaixaBank y la Fundación ‘la Caixa’, también se han programado visitas especiales que permitirán el acceso a diversos colectivos en riesgos de exclusión social de la provincia de Granada.

El pleno del Parlamento europeo ha pedido este jueves negociar en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) la suspensión de las patentes de las vacunas desarrolladas contra el coronavirus para asegurar que llegan a los países pobres, al tiempo que han señalado a Estados Unidos y Reino Unido por impedir la exportación desde sus territorios de vacunas o sus componentes.

La Unión Europea se ha resistido hasta ahora a esta opción porque considera que la respuesta urgente para garantizar un reparto asequible y equilibrado de vacunas contra el coronavirus debe pasar por favorecer las exportaciones, ayudar a los laboratorios a mejorar su capacidad de producción y donar vacunas a los países más pobres.

La Comisión Europea, por boca de una portavoz, ha reiterado tras conocerse el voto de la Eurocámara que no está «convencida» de que levantar temporalmente la protección intelectual de los sueros contra el virus sea «la mejor opción» para afrontar de manera inmediata esta pandemia, aunque «toma nota y analizará» la posición de los eurodiputados.

En su propuesta para negociar en el marco de la OMC, el Ejecutivo comunitario considera que la suspensión de patentes debe abordarse en un debate más a largo plazo y apunta entre las opciones inmediatas explorar la de las licencias obligatorias a precios asequibles.

En la resolución adoptada este jueves, la Eurocámara aboga también por acuerdos voluntarios para la concesión de licencias y reconoce la importancia de la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos a los países con capacidad de producir, pero insisten en la conveniencia de suspender las patentes para favorecer el acceso global a sueros asequibles.

Es la tercera vez que el pleno se pronuncia sobre las patentes en algo más de un mes. En la primera votación cayó el intento por reclamar la suspensión temporal de la protección intelectual de las vacunas, en mayo el pleno aprobó una enmienda en este sentido con un margen de nueve votos y, ya en esta sesión, la Eurocámara ha adoptado una resolución con 355 votos a favor, 263 en contra y 71 abstenciones.

El texto también reclama eliminar rápidamente las barreras a la exportación y pide a la UE que sustituya su propio mecanismo de autorización de las exportaciones por obligaciones de transparencia. Además, reclaman a EEUU y Reino Unido que «supriman inmediatamente sus prohibiciones a la exportación de vacunas y materias primas necesarias para la producción de vacunas».

Otra clave apuntada por los eurodiputados es que la gran mayoría de los 1.600 millones de dosis de vacunas producidos se han quedado en los propios países industrializados que las fabricaron, de modo que apenas el 0,3% de las dosis llegaron a los países considerados más pobres, por lo que reivindican un apoyo más firme de la UE a la producción de vacunas en África.

Según los datos de la Eurocámara, se necesitan 11.000 millones de dosis para vacunar al 70 % de la población mundial, pero sólo se ha producido una pequeña parte de esa cantidad.

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que España está dando una «imagen lamentable al mundo concediendo indultos a delincuentes confesos, que además dicen que lo volverían a hacer», y ha reclamado magnanimidad para quienes han tenido que abandonar Cataluña.

En declaraciones a los medios de comunicación, a la entrada de la presentación en Madrid del libro ‘Libertad o Igualdad’, de Daniel Lacalle, ha remarcado que España está «soportando un verdadero fracaso como país». Además, ha lamentado «profundamente que ese interés político lo único que está provocando es una desbandada, un éxodo de empresas, de estudiantes, de ciudadanos».

«Cuando el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) habla de magnanimidad me gustaría saber si va a haberla para todas las personas que han tenido que abandonar su tierra, que son acosados en las escuelas por defender el castellano que es su lengua constitucional. Me gustaría saber si cuando habla de magnanimidad se habla de todas las injusticias que se están provocando en España para que el presidente se mantenga en Moncloa», ha remarcado.

También durante su intervención en el acto, la presidenta madrileña se ha referido al concepto de magnanimidad, al que ha apelado «Sánchez desde Argentina», y se ha preguntado si también la hay con «las víctimas del terrorismo cuando están viendo cómo se están alcanzando los fines que pretendía el terrorismo en España ahora mismo», con los parados de España y personas que se quedan sin empleo por políticas trasnochadas y que ven cómo el Gobierno se preocupa de 1936 a 2050 según conviene» o con «los alumnos de la EBAU que se están examinando estos días en España y no tiene dos pruebas iguales en todo el país».

«Magnanimidad tiene que ser, precisamente, para todos aquellos que cumplimos la ley, la Constitución, porque es de todos porque precisamente no nos pertenece a nadie. Magnanimidad hay que tener con los padres de nuestra Carta Magna, con los ciudadanos que en el 78 la votaron, todos por igual. Magnanimidad hay que tener con la historia de España y tiene que haber con el empresario español que trabaja por y para su país como un verdadero motor y embajador», ha subrayado.

Preguntada por el hecho de que algunos de los presidentes autonómicos de su formación no vayan a acudir a la manifestación de Colón este domingo, ha indicado que si ella misma hubiera tenido algo en la agenda institucional, habría atendido primero dicha actividad porque tiene prioridad.

Tanto ella como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del PP, Pablo Casado, tienen «la oportunidad de ir» y manifestarse frente a lo que está pasando en Cataluña, «que todo el mundo sabe que es una auténtica barbaridad, un atropello judicial» que «da la espalda a las decisiones tanto de los tribunales como el trabajo realizado por los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Todo el mundo sabe que esto es catastrófico», ha dicho.

Así, ha incidido en que el PP, «principal partido de la oposición en España y primera fuerza política en Madrid», irá con su presidente y con muchas personas que forman parte del mismo. «Luego cada partido que quiera acercarse, ahí estaremos porque es un derecho. Aquellos que defendemos la constitucional vemos esto de la misma manera», ha manifestado.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha manifestado este jueves que es «absolutamente insuficiente» la distancia mínima de separación, de 150 metros, fijada recientemente por el Gobierno andaluz vía decreto, que debe haber entre salones de juego de nueva apertura respecto de colegios e institutos.

«Ciento cincuenta metros no se parece ni de lejos a los 500 que están poniendo otras comunidades autónomas», ha advertido en esa línea el ministro en una atención a medios en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, en Sevilla, antes de mantener un encuentro con la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados.

El ministro de Consumo ha puesto de relieve que se está hablando de distancia que debe haber entre locales de juego y «centros educativos» que imparten clases de Bachillerato y Educación Secundaria, donde «las personas jóvenes empiezan a normalizar un tipo de consumo», el del juego, «después de salir del instituto».

El ministro ha comentado que «para una parte importante de jóvenes ya mayores de edad no es problemático» el apostar, pero «hay una parte de esos jóvenes que sí es problemático y puede iniciar una serie de patologías que son muy peligrosas dentro de una normalización del juego como la que hemos vivido en los últimos años, en la que cualquiera que pusiera un partido de fútbol» en televisión «veía la marca de una casa de apuestas» o «podía apostar en cualquier momento, incitado por la publicidad» que le incitaba a «gastarse dinero, a seguir escalando en una dinámica compulsiva».

Garzón ha incidido en que esto afecta a «personas vulnerables, de 18 a 25 años» de edad, que «es el sector que más ha crecido en los últimos años», y ha insistido en que «eso es enormemente peligroso».

Por eso, ha subrayado que «poner 150 metros de distancia» entre colegios y casas de apuesta es «absolutamente insuficiente y, de hecho, otras comunidades autónomas están poniendo una distancia mucho mayor porque entienden que, de hecho, al referirse esto a siguientes instalaciones, es una forma de frenar» la proliferación de nuevos locales de juego.

«No es una forma de solucionar de manera profunda el problema de origen, pero desde luego es una forma de frenar», ha defendido Alberto Garzón, que ha subrayado que «algunos ayuntamientos que han discrepado con la Junta se encuentran ahora en una disputa de naturaleza prácticamente jurídica relacionado con esto».

LA JUNTA ESTÁ SIENDO «MUCHO MÁS LAXA» QUE OTRAS CCAA

En esa línea, ha lamentado que la Junta de Andalucía «está siendo mucho más laxa de lo que están siendo otras comunidades autónomas» en esta cuestión, y desde el Gobierno de España quieren «invitar a las comunidades autónomas a que se tomen más en serio la lucha contra las consecuencias del juego compulsivo de los juegos de azar, particularmente de las apuestas, porque se dan siempre siguiendo criterios de mercado y maximización de beneficios de esas empresas».

El ministro ha sostenido que esto es una cuestión política, en la que hay que aclarar «si vamos a priorizar los beneficios de las casas de apuestas, que son legítimos, por otra parte, porque la actividad de juego es legal, o la salud pública». «Y yo creo que aquí hay que encontrar un equilibrio que siempre priorice la salud pública», ha puntualizado.

Por ello, ha instado a las comunidades autónomas a ser «rigurosas» enlos cambios normativos necesarios para frenar la expansión de losestablecimientos destinados al juego de azar y apuestas, y ha pedido concretamente a la Junta de Andalucía que «permita» a los ayuntamientos modificar sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) para establecer distancias entre los centros educativos y las casas de apuestas.

El ministro ha insistido en que, en este momento, varios consistorios andaluces, como el de Málaga o el de Cádiz, se encuentran con un litigio jurídico con la Junta de Andalucía para poder «proteger a sus vecinos».

Por el contrario, el ministro ha expresado su «satisfacción» por la línea de trabajo emprendida por otras comunidades autónomas que están desarrollando normativas que permiten preservar la salud pública y a las familias vulnerables frente al problema del juego compulsivo.

Así las cosas, el ministro ha enmarcado su reunión con la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fajer), y también con el presidente de la Asociación Sevillana de Jugadores de Azar Rehabilitados (Asejer) en la preocupación de su departamento «por los fenómenos de ludopatía y de trastornos del juego que se generan como consecuencia de una práctica compulsiva», según ha explicado.

De esta manera, estas reuniones forman parte de los contactos que el ministro mantiene con afectados por los efectos del juego problemático y con las que pretende conocer la realidad de cada territorio ante la expansión de los locales de juegos de azar, especialmente en las grandes ciudades, según han explicado desde el Ministerio en una nota.

DECRETO DE PUBLICIDAD

El titular de Consumo ha aludido igualmente al Real Decreto de publicidad de casas de apuestas y juegos ‘on line’ que «entrará definitivamente, ya en su última fase, en vigor el 31 de agosto», fecha a partir de la cual, por tanto, «definitivamente no habrá ningún tipo de publicidad de casas de apuestas en eventos deportivos, en la televisión, en la radio, mientras estamos viendo un partido de fútbol» o «cualquier competición deportiva», según ha puesto de relieve.

Además, «los jugadores no podrán llevar en su camiseta la marca de las casas de apuestas respectivas», ha añadido el ministro, que ha lamentado que esta reforma «ha sido recurrida por algunos actores que se sienten afectados, como es la Liga de Fútbol, como son algunos medios de comunicación o incluso las propias casas de apuestas.

«Pero nosotros entendemos que lo que estamos haciendo es preservar la salud pública, los intereses de las familias más vulnerables, que son particularmente aquellas a las que están más dirigidas este tipo de publicidad», ha argumentado el ministro.

Los abogados Jordi Pina y Francesc Homs han presentado este jueves en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) el recurso del exconseller Jordi Turull contra la sentencia del 1-O, por considerar que vulnera derechos fundamentales.

En declaraciones a TV3, han argumentado que el recurso se basa en que el juicio se tendría que haber celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y no en el Tribunal Supremo (TS), consideran que los «jueces han sido parciales, que ha habido injerencias por parte del Estado español», y que se ha vulnerado el derecho a manifestación y a la libertad de expresión.

El recurso de Turull se produce un día después del presentado por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que lo entregó en catalán y acompañado de unos 60 informes que ocupan 2.009 páginas, entre ellos los pronunciamientos de organismos internacionales que han pedido la liberación de Cuixart y resoluciones de otros tribunales europeos sobre el caso.

Junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Pina, que también es el abogado de la defensa de Jordi Sànchez y de Josep Rull, ha confiado en que en Europa encuentren «los éxitos» que no han tenido en los tribunales españoles.

En el recurso, según Pina, se han centrado en los agravios que, a su juicio, han sufrido por parte de la justicia española durante los últimos cuatro años, empezando por considerar que el juicio del 1-O «nunca se debería haber celebrado ante el Tribunal Supremo» sino en el TSJC.

«Así como el Supremo se saca las pulgas de encima y dice no ser competente para judicializar determinados asuntos, en el caso del proceso ha querido ser, capitaneado por Manuel Marchena, el que dirija un procedimiento con la voluntad de hacer, más que de jueces, de salvadores de la patria española», ha lamentado.

Para Pina, se hace una errónea interpretación del artículo 57.2 del Estatut, y cree que está «cogido con pinzas que se quiera llevar la competencia al TS, no por el delito de sedición o rebelión, sino por una interpretación muy alejada de los principios básicos del derecho penal sobre el delito de malversación de caudales públicos».

El segundo de los puntos en los que inciden en el recurso es que el procedimiento ha sido dirigido por «jueces parciales», y para argumentarlo recuerdan que en el auto de procesamiento el juez instructor Pablo Llarena habló del ‘acoso que sufrimos’, situándose como víctima en primera persona de lo ocurrido, añade Pina.

También exponen que el magistrado del Supremo hasta 2019, Francisco Monterde, que era el encargado de los recursos que se hacían vía penal, era el vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, «que se reía y hacía chiste en las redes sobre la situación procesal y la prisión de los presos políticos».

Otro de los puntos que incluyen es el Whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó, en el que presumía de un supuesto control futuro «desde detrás» de la sala penal del Supremo, así como las injerencias que, según la defensa de Turull, llevó a cabo el Gobierno a través de la secretaría de España Global, que encabezó Irene Lozano.

Con relación al principio de legalidad, y vinculado con el derecho de reunión y el de libertad de expresión, el recurso recoge el voto particular de los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) al resolver el recurso de amparo de Turull contra la sentencia del 1-O.

«TERRENO NEUTRAL»

Para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el recurso en el TEDH supone entrar «en una nueva etapa, en la que los árbitros son independientes, no están comprados y el terreno de juego es neutral».

«Es la primera vez que los presos políticos podrán disponer de un entorno en el que, no esté ya predeterminado no el juez, sino la sentencia. Esto nos abre un periodo de esperanza para la restitución de derechos que se han violado. Juntos en Europa es donde y cuando podremos librar mejores batallas con más posibilidad de éxito», ha recalcado.

Así, está convencido de que Turull y el resto de presos del 1-O se sumarán a este camino y remarán «en la misma dirección», y todo ello sumado a las causas que él mismo y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí tienen en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El abogado Francesc Homs ha defendido que «sólo a partir de la justicia europea se podrá restablecer la democracia en el Estado español», y ha asegurado que con el recurso buscan evidenciar que la sentencia del TS sobre el 1-O es injusta y vulnera derechos fundamentales.

INDULTOS

Para Homs, con los indultos a los presos del 1-O no se acaba el conflicto, porque «la Abogacía del Estado y la Fiscalía continúan presentando demandas, denuncias y recursos para llevar a la cárcel a otros responsables políticos de la Generalitat», y por ello ha defendido la amnistía como única solución.

Sobre la citación del Tribunal de Cuentas el próximo 29 de junio a exaltos cargos de la Generalitat –entre ellos Puigdemont, Homs y Turull– por presunto desvío de fondos para la acción exterior catalana, Homs ha asegurado que asistirá y ha criticado que se pretenda «la muerte civil y la aniquilación de cualquier ingreso» para los afectados.

Gobiernos autonómicos como la Comunidad Valenciana y Canarias y profesionales de la justicia se han mostrado este jueves a favor de modernizar el sector para «mejorar el servicio público» y aliviar la carga de trabajo de los juzgados y tribunales.

En el marco del ‘Justice Virtual Summit’ organizado por Fujitsu, la directora general de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet, ha insistido en la necesidad de fomentar la inteligencia artificial en el sistema judicial al considerarla una herramienta para «mejorar el servicio público».

Bonnet ha asegurado que la administración de justicia «no puede quedar ajena a la transformación digital» y ha destacado que en Canarias ya han puesto en marcha el sistema de identificación remoto con tecnología biométrica y la textualización de los procedimientos judiciales gracias a ‘AstreIA’, el sistema de inteligencia artificial de Fujitsu.

Paula González, consultora de justicia de la tecnológica japonesa, ha destacado los beneficios de esta «nueva solución 100% digital». Según ha precisado, ‘AstreIA’ «pone al ciudadano en el centro» al ofrecer atención personalizada y resolver las dudas específicas para cada caso.

Este sistema de inteligencia artificial permite al usuario interactuar con un chat de voz que delimitará el problema y señalará la «vía ideal» para su resolución, ya sea la mediación o la vía judicial.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En el encuentro también ha participado la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, quien ha hecho hincapié en la incidencia que ha tenido la pandemia en la judicatura.

A su juicio, este último año se «ha demostrado que la tecnología debe estar integrada en la justicia» para ser «más accesible» al ciudadano y permitir la reducción de costes, de ahí que considere vital que se haga una apuesta por la digitalización y que participen «unidas» todas las comunidades autónomas.

Antonio Lorenzo, magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia de Oviedo, también se ha mostrado a favor de la modernización de la administración de justicia y ha asegurado que sistemas como ‘AstreIA’ –a través de la automatización y la inteligencia artificial– permitirán agilizar los procedimientos y descongestionar juzgados como los especializados en cláusulas suelo.

APUESTA POR LA MEDIACIÓN

En el marco del ‘Justice Virtual Summit’ se han abordado, a su vez, las ventajas de la inteligencia artificial para favorecer los procedimientos de mediación. Según ha precisado Daniela Almirón, abogada, mediadora y docente convocada al acto, el nuevo sistema de Fujitsu permite la reunión ‘online’ de las partes en conflicto a través de ‘e-mediación’, una plataforma virtual «sencilla y fácil de usar» que cumple con las garantías de confidencialidad, seguridad y privacidad.

El exministro de Justicia y actual presidente del Centro Español de Mediación, Rafael Catalá, ha participado en el encuentro y ha dicho estar convencido de que la utilización de este tipo de sistemas alternativos son claves para «adecuar» las cargas de trabajo en los juzgados y tribunales y «evitar la excesiva judicialización de los conflictos.

Antonio Garrigues, presidente de honor del despacho de abogados que lleva su apellido, ha asegurado que «no hay otro futuro» que la digitalización y ha aplaudido el esfuerzo de las nuevas generaciones para mejorar, a través de la tecnología, el servicio de la justicia.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido hoy el regreso a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido en Bélgica, y que los independentistas puedan plantear en la mesa de diálogo el autogobierno y un referéndum pactado, porque lo ve «enormemente legítimo».

En una entrevista en Rac1, ha defendido el regreso tanto del expresidente de la Generalitat como de los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín, porque esto supondría, en su opinión, acabar con la judicialización: «Que ellos puedan regresar es normal, no es normal que no estén en España».

Belarra ha afirmado también que los indultos a los presos por el referéndum ilegal del 1-O son un buena media porque su libertad es «condición necesaria para que el diálogo fructifique» y ha apostado por acabar con la vía de la judicialización para solucionar el conflicto.

No obstante, no ha precisado cuál podría ser la fecha en la que se produzcan, al ser preguntada por si la medida de gracia se aprobaría antes de San Juan. En este sentido, ha señalado que no se puede anticipar un calendario porque la concesión de los indultos «requiere trabajo».

LA VÍA UNILATERAL, AGOTADA

Preguntada por cómo ve la vía unilateral por la independencia, Belarra ha señalado que es una vía «agotada», pide por poner fin a la judicialización del conflicto y apostar por el diálogo para construir una reconciliación, en sus palabras.

De hecho, la ministra se ha mostrado favorable a que el independentismo pueda defender en la mesa de diálogo el autogobierno y un referéndum pactado, porque lo ve «enormemente legítimo», y ha urgido al Gobierno central a hacer una apuesta profunda por el autogobierno.

VISTALEGRE IV

Belarra ha confirmado que el exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias no asistirá a Vistalegre IV, la Asamblea Ciudadana de Podemos que se celebra este fin de semana, y en la que los militantes deben ratificar a Belarra como sucesora de Iglesias al frente del partido.

La ministra ha venido este jueves a Barcelona para conocer el espacio Konsulta’m, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona que consiste en un servicio para detectar y atender de forma preventiva el sufrimiento psicológico y los problemas de salud mental en los jóvenes, y que Belarra ha tildado de «pionero».