Sergei Tarasov, reclamado por Rusia por un presunto delito de estafa, ha asegurado este jueves, durante al vista de extradición que se ha celebrado en la Audiencia Nacional, que huyó por miedo a la mafia, no a la justicia, una tesis que ha abonado su defensa sosteniendo que en su caso confluyen intereses económicos y políticos que posibilitan que sea víctima de torturas si es entregado a Moscú.
Detenido en diciembre de 2020 en virtud de una orden internacional de captura emitida por un juzgado moscovita, está acusado de un delito de fraude –calificado como estafa en España– como presunto miembro de un grupo criminal que entre octubre y noviembre de 2013 falsificó documentos mercantiles para lograr fraudulentamente el control de determinadas sociedades y hacerse con un patrimonio inmobiliario.
Tarasov, que ha intervenido por videoconferencia con la ayuda de una intérprete, se ha declarado «completamente inocente», enfatizando que fue él quien denunció los hechos. Después, ha contado, fue perseguido por la mafia, a la que ha culpado de las muertes de su jefe y un compañero. A él le dieron una paliza con un bate de béisbol y sufrió un ataque con arma de fuego, ha detallado.
De acuerdo con su versión, no encontró ningún apoyo en las autoridades rusas, ni en la Policía ni en la Justicia, porque también estarían infiltradas por el hampa, de modo que en septiembre de 2015 decidió huir del país, no por miedo a la ley, sino a la mafia, ha dicho.
UN MERO «PEÓN»
Tarasov ha explicado que su caso adquirió connotaciones políticas cuando se vio implicado Georgi Shuppe, yerno del empresario y opositor ruso Boris Berezovski –que fue hallado muerto en 2013 en su casa de Londres, donde vivía asilado–.
El fiscal, sin embargo, ha rechazado que haya una persecución política contra Tarasov, al que ha descrito en todo caso como un mero «peón» en el juego de intereses que ha descrito la defensa.
El abogado del acusado ha coincidido con el Ministerio Público en que su cliente «no es un personaje político importante», si bien al mismo tiempo ha advertido de que «lo importante es que se va a hacer un uso político» del mismo.
En este sentido, ha augurado que, si vuelve a Rusia, podría pasar de investigado a testigo protegido, apuntando que ya ha sucedido con otros acusados en esta causa, mediante una confesión forzosa.
«Existen indicios racionales de que pueda haber sometimiento a torturas con la finalidad de conseguir lo que se pretende», ha alertado. «Existe un riesgo real para su vida y para sus derechos fundamentales», ha remachado.
INMUEBLES POR 99 MILLONES DE EUROS
El Ministerio Fiscal, en cambio, ha insistido en que Tarasov debe ser extraditado porque, en todo caso, el interés político de las autoridades rusas se centraría en la persona de Shuppe.
Así, suscribe las tesis rusas, conforme a las cuales el grupo empresarial para el que trabajaría Tarasov se apoderó irregularmente de mercantiles que ostentaban la propiedad de hasta 21 inmuebles valorados en 9.000 millones de rublos, 99 millones de euros al cambio.
Según el escrito de acusación, esto habría sido posible gracias a la intervención de Tarasov, que como empleado del grupo empresarial dirigido por Mineyev A.A. tenía acceso a la documentación de las compañías que lo integraban.
En un proceso de ampliación de las sociedades que poseían dichos inmuebles, se cambió al director general de cada una, con lo que Mineyev A.A. acabó perdiendo su patrimonio inmobiliario. Cuando éste se dio cuenta y quiso emprender acciones legales fue asesinado en enero de 2014.
