El presidente del PP, Pablo Casado, defenderá este miércoles en el Pleno del Congreso la "alternativa" del PP al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que son "garantía de ruina" para España y que ve "papel mojado" porque se basan en unas previsiones económicas "falsas".

Casado subirá a las 15.00 horas a tribuna de oradores a defender la enmienda de totalidad a las cuentas públicas que ha presentado el Grupo Popular. Por la mañana, será la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la encargada de detallar el proyecto de PGE del Ejecutivo.

Aparte del PP, se han presentado otras seis enmiendas de totalidad que piden la devolución de las cuentas al Gobierno: Vox, Cs, Junts, la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria. El debate de totalidad es el primer examen de las cuentas y el Gobierno lo afronta con los votos suficientes para superarlo, tras cerrar acuerdos con Esquerra Republicana y el PNV, y tener comprometido en este primer 'test' el voto de EH-Bildu y el PDeCAT.

"HAY OTRA FORMA DE HACER LAS COSAS"

Fuentes del PP han avanzado que en su intervención en el Congreso Casado va a "desmontar con datos" que los PGE "son papel mojado" después de que organismos nacionales e internacionales hayan señalado públicamente que las previsiones económicas del Gobierno "no se sustentan".

"Va a dejar claro que hay otra forma de hacer las cosas en materia económica. Hay una alternativa económica al desgobierno de Sánchez", han destacado las fuentes consultadas, que han señalado que Casado hará hincapié en la bajada de impuestos de más de 10.000 millones de euros que su partido va a presentar en la tramitación de las enmiendas a los Presupuestos.

Casado quiere demostrar en su discurso que el Partido Popular "tiene un plan de reformas preparado para ponerlo en marcha en cuanto sea presidente del Gobierno", que incluye desde una reforma energética que abarate el precio de la luz, una reforma educativa o mantener la legislación laboral.

En los últimos días, tras anunciar la enmienda a la totalidad del PP, Casado ha hecho hincapié en el mensaje de que los Presupuestos "nacen muertos" y las previsiones macroeconómicas son "papel mojado". Es más, ha recalcado que las cuentas públicas son "garantía segura de la ruina en España" porque hay que "hacer exactamente lo contrario".

"El Gobierno hace los PGE al revés. Primero ve cuántos gastos hay que tener para comprar votos y luego a martillazos, intenta cuadrar y mentir sobre los ingresos", afirmó hace unos días en la Cope, donde denunció además que el Ejecutivo se dedique incluso "hacer política penitenciaria" con Bildu a cambio de su apoyo a las cuentas públicas.

El juez José María Escribano, a cargo del denominado 'caso niñera', tomará declaración este miércoles a las 11.30 horas en calidad de testigo a Elena González, ex escolta de la ahora ministra de Igualdad Irene Montero cuando era candidata a las elecciones generales de 2019.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid fijó la fecha de comparecencia de González después de que el pasado 27 de abril acordara su citación en calidad de testigo y librara oficio a la Policía Judicial para que aportara "a la mayor brevedad" el domicilio actual de la exempleada de Podemos para llamarle a declarar.

La citación de González se suma a la serie de testificales que ha estado practicando el magistrado instructor desde que abrió las diligencias contra Montero --que no figura como investigada en la causa-- y Teresa Arévalo, empleada de la formación 'morada' por un presunto delito de administración desleal.

El juez intenta determinar si hubo delito alguno en el viaje que hicieron a Alicante el 20 de octubre de 2019 la entonces candidata Irene Montero, su hija menor, Arévalo --en calidad de jefa de gabinete-- y el resto del equipo electoral. Hasta el momento, investiga el pago de dos billetes de tren por parte de Unidas Podemos a Arévalo y a la menor.

TESTIFICALES DE LA CAUSA

De acuerdo con el relato de la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, cuya denuncia dio inicio a la investigación, Montero usaba a "una persona a sueldo del partido", en referencia a Arévalo --actual asesora ministerial--, "como cuidadora de sus hijos".

El pasado 27 de julio, sin embargo, Carmona aseguró en sede judicial que no podía aportar pruebas a la causa porque al ser cesada de su cargo dentro del partido no pudo seguir investigando los hechos.

También han comparecido ante el juez instructor la gerente de Podemos, Rocío Esther Val, y el tesorero del partido, Daniel de Frutos. Ambos acudieron a los Juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigados a petición de la Fiscalía de Madrid.

Val y De Furtos ratificaron que Arévalo no ejercía de niñera de los hijos de Montero, recalcando que era una responsable política de la formación 'morada' que en esa época cobraba del grupo parlamentario, no del partido, y que el gasto electoral del viaje a Alicante fue avalado en su momento por el Tribunal de Cuentas.

El juez Escribano lleva a cabo las pesquisas después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, a cargo del denominado 'caso Neurona', ordenara en marzo "incoar procedimientos independientes" sobre los hechos señalados por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona al estimar que "podrían ser constitutivos de delito". Aunque las partes recurrieron, el 'caso niñera' fue enviado por turno al Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "hoy" ha planteado derogar la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en 2012 pero ha recordado que también ha llegado a decir "lo contrario", algo que, a su juicio, se debe a que "miente siempre a todos".

El Gobierno ha emitido un comunicado, tras la reunión de hoy del presidente del Gobierno con las vicepresidentas primera y segunda, en el que asegura que está "comprometido con la derogación de la reforma laboral en los términos del acuerdo de coalición y del Plan de Recuperación" enviado por el Ejecutivo a la Comisión Europea. Esto significa que Sánchez ha aceptado "derogar" la reforma laboral de 2012 como ha defendido hasta ahora Yolanda Díaz.

Casado ha criticado que Pedro Sánchez hable "hoy" de derogar la reforma laboral que ha creado tres millones de empleos y los ERTE. "Ayer dijo en Glasgow lo contrario, igual que en Bruselas, días después de decir en Valencia que la tumbaría", ha afirmado Casado, para aludir a los vaivenes en las declaraciones que ha realizado el jefe del Ejecutivo sobre este asunto.

Según el jefe de la oposición, "no puede mentir siempre a todos a costa de los parados y de los fondos UE". Hace una semana, ya avisó que el PP está dispuesto a movilizarse en las instancias europeas para mantener esa reforma laboral de 2012.

RODRÍGUEZ: "ES MUY MALA NOTICIA"

Este martes, la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha afirmado que, si no se trata de "un nuevo engaño con las palabras", es "muy mala noticia" el anuncio del Gobierno de que sigue adelante con la derogación de la reforma laboral.

"Es muy mala noticia para los trabajadores que tienen trabajo y para los que están buscando", ha subrayado, para añadir que a falta de ver en qué se concreta el anuncio se aleja de lo que pedía Europa en flexibilidad para desbloquear la recepción de los fondos de Reconstrucción.

"No es lo que pedía Europa para desbloquear los fondos de reconstrucción, que seguía pidiendo flexibilidad y desde luego no retroceder sino seguir avanzando. Ya veremos en los próximos días o en las próximas horas, pero desde luego no es una buena noticia", ha concluido.

Los servicios jurídicos del Congreso se inclinan por que la Mesa de la Cámara rechace este miércoles la pretensión de Unidas Podemos de que el órgano de gobierno revise el caso del ya ex candidato de Podemos Alberto Rodríguez, que perdió su escaño como consecuencia de la condena que le impuso el Tribunal Supremo.

Así consta en la nota que han redactado los letrados ante la petición cursada por el grupo confederal. En concreto, los servicios jurídicos concluyen que "la competencia para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales es propia de la Presidencia de la Cámara" y que, por tanto, "no existe vía reglamentaria" para que la Mesa revise la ejecución de la sentencia contra Alberto Rodríguez decidida por la presidenta, Meritxell Batet.

En el escrito que remitió a la Mesa el pasado viernes, Unidas Podemos solicitaba al órgano de gobierno de la institución que dejara sin efecto el acuerdo de Batet por el que dio cuenta a la Junta Electoral Central (JEC) de la ejecución de la sentencia del Supremo para que el organismo arbitral procediera a cubrir la vacante dejada en el Congreso por Rodríguez.

El grupo confederal también solicitaba que el órgano de gobierno reconociera que la competencia para decidir los efectos parlamentarios correspondía a la propia Mesa. En este contexto, pedía que el asunto volviera a ser tratado por este órgano para que, previo dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, dictara una nueva resolución.

LA DECISIÓN ERA DE BATET

A este respecto, los servicios jurídicos subrayan que "es preciso poner de relieve que tanto la sentencia del Tribunal Supremo y su auto de ejecución como el resto de escritos subsiguientes remitidos a la Cámara por el Tribunal Supremo están dirigidos a la Presidencia, a los efectos de que por la misma se proceda a la ejecución material de lo dispuesto por el tribunal".

Además, destacan que "en el presente caso se ha procedido de la misma forma que en las ocasiones precedentes de condenas a diputados que comportaban la privación del cargo".

En este sentido, añaden que "los pronunciamientos que ha habido por parte de la Mesa traen causa de los escritos presentados por diversos diputados y grupos parlamentarios, sin que de ello quepa inferir una competencia de la Mesa para decidir en relación con el asunto de fondo, que no es otro que dar cumplimiento a una resolución judicial, lo que le corresponde hacer a la Presidencia de la Cámara".

En conclusión, los letrados plantean que en su reunión de este miércoles la Mesa del Congreso comunique a Unidas Podemos que "la competencia para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales es propia de la Presidencia de la Cámara" y que "no existe vía reglamentaria para que por la Mesa se revisen las decisiones adoptadas por aquella".

LA JEC YA INICIÓ LOS TRÁMITES

Además, se da la circunstancia de que la Junta Electoral Central (JEC) ya inició la semana pasada los trámites para sustituir a Rodríguez tras tomar conocimiento del escrito que en su día le remitió Batet y que ahora Unidas Podemos pide dejar sin efecto.

Después de que las dos candidatas que siguieron a Alberto Rodríguez en la lista por Santa Cruz de Tenerife que él encabezó en las generales de noviembre de 2019, el organismo arbitral va a proceder a expedir la credencial de diputada a la persona que ocupó el número cuatro de esa candidatura: María del Cristo González del Castillo, quien, según apuntan desde Unidas Podemos sí va a aceptar el escaño.

La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, reconoció ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --que instruye el 'caso Popular'-- que tuvo conversaciones con el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, unos días antes de la resolución de la entidad.

Así consta en la traducción de su declaración ante el magistrado del pasado 30 de septiembre, en la que Calama le interroga sobre el contenido de esas charlas. Según König, se trató de un intercambio de información fluido y por vía telefónica que sirvió para "tomar la temperatura" de la situación.

En esta causa, el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017. El juez comenzó su interrogatorio abordando a König sobre la primera de las cuestiones.

En este contexto, la presidenta de la JUR también explicó que mantuvo conversaciones con el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, aunque fue imprecisa a la hora de concretar la fecha y el objeto de las mismas. Según König, no se reunió con él ni trató de forma directa la problemática del Popular, sino que ambos coincidieron en el marco de los Consejos de Estabilidad Financiera.

El trabajo en casos complejos, según señaló, es mantener un intercambio de información con los previsores e incluso con los ministros. Para la presidenta de la JUR, sin embargo, no había "nada que remarcar" en este caso porque se trata de procedimientos estandarizados y que se siguen habitualmente en otras situaciones.

MANTUVO UN ENCUENTRO CON SARACHO EN 2017

Por otro lado, König también reveló al juez que mantuvo un encuentro con el expresidente del banco Emilio Saracho a finales de marzo de 2017. Se trató de un encuentro solicitado por él mismo y que también pidió al BCE, con el objetivo únicamente de exponer sus ideas, los pasos y la visión sobre el Popular.

Ante las reiteradas preguntas del magistrado sobre esos encuentros, König respondió con numerosas evasivas y escudándose en que tendría que revisar su diario personal para concretar qué reuniones mantuvo en los meses que precedieron a la resolución. "Tengo que decir que no me he preparado una lista con cada encuentro", reconoció.

La declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 fue muy trabada y con continuos cortes y repeticiones de las cuestiones por parte del magistrado y del intérprete. La propia König se quejó de un "eco terrible" y Calama tuvo que insistir varias veces sobre las mismas ideas ante la imposibilidad de conseguir la respuesta completa de la presidenta de la JUR.

Fue entre abril y mayo de 2017, según explicó, cuando desde la JUR comenzaron a preocuparse más sobre la situación del banco, todo ello por la información que comenzó a publicarse en la prensa española y por la que les era remitida por el Banco Central Europeo. En aquel entonces, la liquidez del Popular era "muy justa" y se estaba "deteriorando".

SUS DECLARACIONES A LA PRENSA "PARA NADA" ALARMARON AL MERCADO

Otro de los puntos clave del interrogatorio realizado por Calama a König versó sobre las declaraciones que la funcionaria europea hizo el 23 de mayo de 2017 a Bloomberg indicando que el Banco Popular era uno de los casos que estaban estudiando.

"Mi respuesta fue muy poco comprometedora, dije que el Banco Popular es uno de los bancos que estamos supervisando o vigilando, pero no es el único", matizó König, subrayando que siempre están "observando" bancos, por lo que "es de esperar" que se "vigile de cerca un banco que tenga una evolución significativa de los precios o cualquier otro problema".

Sin embargo, el juez insistió planteando directamente a König si "el decir que se están ocupando del Banco Popular o que lo están monitorizando no supone una alarma para el mercado". "Para nada", contestó tajante ella.

En la misma línea, el magistrado quiso la preguntó sobre una noticia de Reuters del 31 de mayo de 2017 en la que, citando a fuentes de la JUR y específicamente a König, ya se habla de que el Banco Popular podría necesitar una resolución ordenada, para saber si hubo una investigación interna sobre tal filtración.

"ORGULLOSA" Y CONVENCIDA DE QUE SU EQUIPO NO FILTRÓ NADA

"Puedo asegurarle que la declaración (...) no debe atribuirse a mí", responde para recalar que hubo investigación interna pero "no hay ningún indicio de que esta declaración que hizo el periodista de Reuters provenga de la JUR", por lo que recomendó a Abascal que preguntara sobre ello al informador.

Así, preguntada sobre si alguien de su equipo pudo realizar las filtraciones a la prensa, König se mostró "orgullosa" y convencida de que ninguno de sus colaboradores facilitase ese tipo de información. "¿Podrías presumir que alguien hizo algo? Creo que es algo muy hipotético", respondió.

Además, descartó que la retirada de dinero que se produjo tras la publicación de la noticia de Reuters --de más del 200%, conforme preciso el instructor-- tuviera que ver con esas informaciones. "La fuga de depósitos del Banco Popular comenzó mucho antes", subrayó, concediendo como a lo sumo "pudo haberse acelerado".

LA ALTERNATIVA A LA OFERTA, EL RESCATE BANCARIO

En su intervención, König también se refirió al proceso de resolución del banco y a detalles sobre las horas previas a que el Banco Santander adquiriese el Popular por un euro. La presidenta de la JUR reconoció que la noche que recibieron esa oferta -fuimos "afortunados" de que la enviaran-- ella misma se quedó en la oficina para asegurarse de que la transacción pudiese ser completada.

En este contexto, König explicó que el equipo tomó la decisión de vender el banco por esa cantidad después de amortizar las acciones y los tenedores de bonos de deuda subordinada. Y se hizo, señaló. Y lo hizo siguiendo el formato pertinente: mediante sesión ejecutiva junto con el FROB y el Banco de Portugal.

Esa operación, a su juicio, fue de especial trascendencia porque, de no haber adquirido la entidad el Santander, el banco "no podría haber abierto sus puertas al día siguiente estando en quiebra o a punto de quebrar". En ese momento, el Popular "no tenía liquidez".

Ante las preguntas del magistrado, König reconoció que la única alternativa de no haber llegado la oferta habría sido "un rescate bancario abierto". "Tendríamos que rescatar a los accionistas, a los tenedores de bonos sénior de deuda subordinada y después reestructurar el banco", una solución que no habría evitado que la entidad "pudiera abrir sus puertas".

Lluvia, viento y olas pondrán este miércoles en riesgo a siete provincias en una jornada marcada por un descenso de las temperaturas en todo el país, así como por precipitaciones fuertes y/o persistentes en el litoral del norte de Galicia y del Cantábrico, chubascos fuertes en Cataluña y Baleares, viento fuerte en el Cantábrico, Ampurdán, Baleares y Alborán y nevadas de cierta importancia en Pirineos, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en riesgo por fenómenos costeros estarán Almería, Granada, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa y Vizcaya mientras que por precipitaciones también se activarán los avisos en Asturias, Cantabria, Guipúzcoa y Vizcaya. Además, Tarragona estará en riesgo por viento.

Este miércoles se esperan cielos nubosos o cubiertos en Galicia, Cantábrico y Pirineos occidentales, más abundantes y acompañados de tormentas en el litoral cantábrico, donde es probable que sean localmente fuertes y/o persistentes.

Los cielos también estarán nubosos o cubiertos en el Estrecho y Melilla con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en la prinera mitad del día. En el resto de la Península y Baleares, un frente pasará de noroeste a sureste durante el día, dejando precipitaciones en el este de la Meseta, interior de Andalucía, sistema Ibérico y área pirenaica, sin descartar zonas aledañas.

Por la tarde, caerán en forma de chubascos y tormentas, en Cataluña y Baleares, sin descartar que lleguen a ser localmente fuertes en el noreste de Cataluña, Menorca y norte de Mallorca. Tenderán a remitir gradualmente o al final del día, manteniéndose quizá en forma dispersa en áreas montañosas y en Baleares.

En el caso de Canarias, se esperan cielos nubosos, con lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve, sin que se descarten en las más orientales.

La cota de nieve se situará en Pirineos entre los 1.400/1.600 metros bajando a 1.200 metros; y en el Cantábrico occidental, Montes de León, sistema Central y norte del Ibérico, en los 1.200 metros. Habrá niebla en áreas montañosas, tendiendo a remitir durante el día.

Se espera un descenso generalizado de las temperaturas en la Península y Baleares, que será notable en el caso de las máximas en el Cantábrico oriental y el interior del sureste peninsular, con pocos cambios o en descenso en Canarias. Heladas débiles en los sistemas montañosos de la Península, más intensas en Pirineos.

Por último, predominarán vientos de componentes oeste y norte en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en litorales del Cantábrico, Alborán, Ampurdán y Baleares. En Canarias, alisio flojo.

La Plataforma por la Libertad de Información (PLI) ha expresado este martes su rechazo a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que "afectará a derechos fundamentales como la libertad de expresión en Internet y la libertad de prensa".

"Hoy se ha aprobado, mediante Real Decreto-Ley, la transposición de una Directiva mediante la cual se establece la censura algorítmica para los contenidos en Internet y la posibilidad de que un robot tome decisiones sobre derechos fundamentales que deberían tomar los humanos: se podrán retirar contenidos bajo la única actuación de un robot. Esta Directiva se va a trasponer sin la adecuada transparencia y sin diálogo con la sociedad civil", denuncia Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PLI, en referencia al artículo 17 de esa norma.

La Plataforma, muy crítica con la norma europea "por su impacto en las libertades en Internet", ha recordado que presentó en diciembre de 2019 un documento de alegaciones ante el Ministerio de Cultura "en el único trámite de participación" abierto por el departamento de José Manuel Rodríguez Uribes "cuando, supuestamente, estaba preparando un anteproyecto para llevar la reforma de la LPI a las Cortes. "Sin embargo, aquel trámite se interrumpió y a fecha de hoy aún no se conoce el articulado de la nueva ley, a pesar de su alcance", ha criticado.

En concreto, entre los aspectos que la PLI considera "irrenunciables", se encuentra que "cualquier retirada de contenidos de Internet cuente con las mismas garantías en el ámbito digital que analógico".

Además, la PLI viene reclamando que esta transposición sea "coherente" con lo que ya contempla la Directiva sobre comercio electrónico que prohíbe la monitorización generalizada de las comunicaciones (contenidos) en Internet, "algo que vulneraría igualmente la libertad de expresión". Un principio que también está presente en el proyecto de la futura Ley de Servicios digitales ('Digital Service Act').

Respecto al artículo 32.2. de la actual Ley de Propiedad Intelectual --anulado de facto por el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) que lo declaró inapelable-- por el que se establecía el llamado 'canon' contemplado como una compensación irrenunciable, la PLI entiende que es "incompatible" con el artículo 15 de la Directiva.

"La PLI viene sosteniendo junto con expertos y responsables y editores de periódicos digitales que esa fórmula dañó la libertad de prensa y el pluralismo informativo y fue mala para medios, para anunciantes y para los usuarios", ha concluido.

La dirección nacional del PP considera que el "enfrentamiento" que, a su juicio, está instigando la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, entorpece y complica su candidatura para presidir el PP de Madrid, según han señalado fuentes de la cúpula del PP, que dan alas a la opción del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en esta batalla por liderar a los 'populares' madrileños.

En 'Génova' están dispuestos a aguantar el pulso y no ocultan su malestar con Díaz Ayuso por "dividir" el partido en Madrid a raíz de su exigencia reiterada de fijar cuanto antes la fecha de celebración del congreso regional madrileño, añaden las fuentes consultadas.

"No vamos a aceptar presiones. Los plazos marcados se van a cumplir", repiten en la dirección del PP ante los intentos de Ayuso de poner fecha ya al cónclave regional porque, según subrayan, la Junta Directiva Nacional aprobó hace meses un calendario de congresos y contó con el visto bueno de la propia Ayuso.

De acuerdo con ese calendario, una vez celebrados los congresos provinciales, tendrían lugar los congresos autonómicos, empezando en primer lugar por las comunidades pluriprovinciales. Después, a partir de enero de 2022, se celebrarán los de las CCAA uniprovinciales, como es el caso de Madrid.

AFEAN A AYUSO QUE HAYA APOSTADO POR EL "ENFRENTAMIENTO"

En 'Génova' "no entienden" las "prisas" de Ayuso por fijar ya ese congreso y presidir el PP de Madrid. "¿Qué más le da a ella que sea en abril, mayo o junio? No tiene ningún sentido", exclaman fuentes de la dirección nacional del partido.

Es más, responsabilizan a la presidenta madrileña de provocar "una división interna" en el partido que se visualizó en la Junta Directiva regional del pasado viernes cuando el "sentir mayoritario de todo el partido de Madrid", destacan, es que sus gobernantes en Madrid se centren en los "problemas del día a día" de los ciudadanos.

"Así es muy difícil que sea presidenta del PP de Madrid", aseguran en la cúpula del partido, que critican duramente que Ayuso haya apostado por la vía del "desafío" y del "enfrentamiento" para liderar el partido en Madrid.

EL PP POTENCIA EL PAPEL DE SUS ALCALDES

En medio de esta guerra interna en Madrid, y después de que Ayuso esgrima como argumento que ella quiere presidir el PP de Madrid como hacen otros presidentes autonómicos como Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo o Fernando López-Miras, desde la dirección nacional del PP están potenciando el papel de sus alcaldes como candidatos a presidir la formación en distintos territorios.

Es el caso del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que será previsiblemente el candidato a presidir el PP de Aragón, y el de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que podría también tomar las riendas del PP de Cantabria.

Sobre la posibilidad de que Almeida sea candidato a presidir el PP de Madrid, fuentes de la dirección del PP han admitido que es "una posibilidad" y que tendrá que ser él el que aclare si da o no finalmente ese paso.

"Todo está por escribir", añaden estas fuentes, que advierten además que si Ayuso apostase por una candidatura de consenso para el partido en Madrid no difundiría en los medios que su apuesta es que Alfonso Serrano sea el secretario general de los 'populares' madrileños porque eso cierra la vía del acuerdo.

Almeida, que hasta ahora había apostado por la llamada 'tercera vía' con Ana Camís como la candidata mejor situada para tomar las riendas del PP de Madrid, no ha descartado competir en esta batalla por el PP de Madrid pero que ahora "no toca" hablar de este tema. "Las decisiones a tomar serán en el momento que correspondan, cuando se convoque el Congreso. Los madrileños no entenderían que estuviera más centrado en temas de partido", ha remarcado este martes.

AYUSO SE MANTIENE FIRME EN SU CANDIDATURA

Sin embargo, desde el entorno de la presidenta madrileña ya advierte de que ella no se va a mover "ni un milímetro", que acatará lo que se decida pero que no se echará atrás con su candidatura a presidir el PP de Madrid.

Además, fuentes próximas a Ayuso han señalado que seguirá reclamando que el congreso regional debe celebrarse cuanto antes para ponerse a preparar cuanto antes las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo.

Este martes, en un acto en Pinilla del Valle, Ayuso ha asegurado que quiere poner el PP de Madrid "a punto" para hacer campaña con el objetivo de que Pablo Casado llegue a La Moncloa. Además, ha negado discrepancias con Almeida y ha defendido que son "dos compañeros" que se entienden y respaldan.

En la última semana, fuentes del equipo de Ayuso han señalado que que detrás de retrasar al máximo la fecha de ese cónclave puede estar la intención de 'Génova' de "desgastar políticamente" a la presidenta madrileña, algo que ven "fuera de toda lógica" porque fue ella la que "resucitó" a Pablo Casado tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo.

LA POLÉMICA DEL BLOQUEO EN WHATSAPP

En 'Génova' no ocultan su asombro ante el hecho de que la presidenta madrileña pueda tener bloqueado en su teléfono al secretario general del partido, Teodoro García Egea. "Tendrá que explicarlo. Me parece que esto retrata a la persona que lo hace", han señalado fuentes de la cúpula del PP.

A raíz de la polémica por este bloqueo en WhatsApp, Ayuso envió el siguiente mensaje a dirigentes del PP, según publicó El Mundo este fin de semana: "Como hay afán de confundir, me veo obligada a explicar a los que me habéis escrito al otro teléfono, que es para emergencias, que es en éste donde sigo hablando con todos. Un abrazo".

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este martes en el Senado que "el grueso" de la migración que llega a España lo hace de forma "reglada" y ha criticado la "realidad ficticia" que, a su juicio, presenta Vox sobre el país en esta materia.

Escrivá ha respondido así a una pregunta parlamentaria realizada por el senado de Vox, Jacobo González-Robatto, en la que ha reprochado al Gobierno que "promueva" la inmigración ilegal a España en medio de una situación de "crisis" y "desempleo" como "la actual".

El representante del partido de Abascal ha criticado el "optimismo" del Gobierno sobre la economía y que intente "maquillar" los datos del paro "contabilizando" a las personas en ERTE "como no parados" o creando "empleo público ineficiente".

A esta cuestión, el ministro ha respondido que, "en este momento", la Seguridad Social recauda por cotizaciones sociales "más que nunca en la historia". Según ha explicado, eso quiere decir que "hay mucha más gente activa trabajando y cotizando y muchas más horas". "Hemos superado ampliamente los niveles prepandemia de empleo", ha apuntado.

Además, ha indicado que "al mismo tiempo" que el Gobierno va "creando empleo" los ERTE están "practicamente desapareciendo". El ministro ha apuntado que este miércoles saldrán datos al respecto.

"No por mucho replicar falsedades como esta van a llegar a ningún sitio. El contraste con la realidad es brutal", ha declarado el responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

POLÍTICAS "IRRESPONSABLES"

Para Vox, la situación en España es desesperanzadora para los españoles que, ha indicado, se "empobrecen" al "pagar más por lo básico" y mientras el Gobierno lleva a cabo "políticas irresponsables" que crean "un desastroso efecto llamada". "España no puede acoger alegremente a quien quiera venir", ha apuntado González-Robatto, que ha acusado al Ejecutivo de "crear falsas esperanzas" a los migrantes.

A su juicio, esta situación genera "frustración" en la ciudadanía española que, ha apuntado, registra "inseguridad en sus barrios" y que si denuncian esta situación son calificados de fascistas o xenófobos.

Para Escrivá, esta intervención es un "conjunto de elementos completamente falsos" y ha acusado a Vox de presentar una "realidad ficticia" con "elementos sacados de aquí y allá" cuando "la evidencia contundente" es que "el grueso de la migración a España es regular y reglada".

Como ejemplo, el ministro ha puesto el acuerdo aprobado este martes en Consejo de Ministros para reglamentar la entrada de migrantes regulares para ejercer la actividad en el sector audiovisual; o los acuerdos existentes con Marruecos para el trabajo en el campo para la recogida estacional y que, según ha apuntado, se ha extendido también a Ecuador y se va a ampliar a otros países de centroamérica.

Unidas Podemos y PSOE han acordado ampliar una semana más el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', para tratar de cerrar las enmiendas conjuntas que plasmen su derogación.

Esta nueva extensión del plazo, hasta el 10 de noviembre, ha motivado una nueva crítica del portavoz del PNV, Aitor Esteban. "La Ley Mordaza sigue amordazada. Otro día de la marmota", ha ironizado en Twitter con una clara referencia a la afamada película 'Atrapado en el Tiempo', cuyo título original en inglés es precisamente 'El día de la marmota'.

Según han explicado fuentes del grupo confederal, en las últimas fechas los socios de coalición han conseguido "avances muy importantes" para derogar las medidas más lesivas del texto aprobado en su día por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, y ahora han acordado otro plazo adicional para así poder terminar de consensuar enmiendas conjuntas al articulado de la normativa.

Concretamente, los avances que negocian ambos grupos se dirigen a reducir el importe de las multas "que son excesivas" y aplicar en la definición de las cuantías criterios de "proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado".

"OMITIR" DE LA NORMATIVA LAS REFERENCIAS A EXTRANJERÍA

También trabajan para "omitir" cualquier mención a los asuntos de extranjería y fronteras en dicha ley, con vistas a remitirse simplemente a la legislación específica en la materia (Ley de Extranjería) "siempre conforme a los establecido en los convenios internacionales suscritos" por España.

Precisamente este es uno de los puntos que persigue la formación morada para llegar a un acuerdo, al entender que de esta forma se elimina dentro de esta normativa a las llamadas devoluciones 'en caliente' de migrantes, aunque el Ministerio del Interior niega que esta práctica haya tenido lugar en los últimos tres años.

Cabe recordar en este punto que el año pasado el Tribunal Constitucional determinó que entraba dentro del marco dispuesto por la Carta Magna la práctica de retorno de los migrantes que entren ilegalmente por Ceuta y Melilla, siempre que se respeten las garantías legales.

Otro ámbito es la delimitación de los cacheos corporales, que tendrán que estar "siempre circunscritos" a indicios "concretos y comprobables" de actividad susceptible de sanción. Además, se intenta definir que cuando impliquen "dejar a la vista parcialmente el cuerpo", deberán realizarse en lugares donde se "preserve la intimidad" del administrado, "fuera de la vista de terceros".

INTENTAN QUE LA IDENTIFICACIÓN EN COMISARÍA SEA "EXCEPCIONAL"

A su vez, uno de las áreas donde con consenso avanzado se circunscribe al tiempo de identificación en comisaría, de cara a que sea un "máximo de dos horas" salvo causa "excepcional debidamente alegada y verificable".

También se trabaja para que la identificación en sede policial "sea excepcional" y que una vez concluida, la persona afectada sea devuelta al lugar desde el que fue conducida a comisaría.

Junto a ello, Unidas Podemos y PSOE tienen un principio de acuerdo sobre otros dos puntos claves: cambios en el articulado referidos a las sanciones sobre reuniones no comunicadas que se desarrollen sin incidentes y respecto a la toma de imágenes durante manifestaciones e intervenciones policiales.

MÁS DE UN AÑO DE ESPERA PARA LA REFORMA

Así, el PSOE y Unidas Podemos vuelven a darse otra semana más para intentar negociar las enmiendas conjuntas, que deberían permitir derogar esta legislatura la Ley de Seguridad Ciudadana, que data de 2015.

El Congreso aceptó reformar esa norma, nacida del Gobierno de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, en septiembre de 2020, cuando dio luz verde a la tramitación de la proposición de ley presentada con este objetivo por el PNV.

Ha pasado más de un año desde entonces, pero la reforma no ha avanzado porque la Mesa del Congreso, donde PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, ha ido prorrogando constantemente el plazo para la presentación de enmiendas parciales a la misma. No obstante, la formación morada ya pidió la semana pasada cerrar ya el plazo de enmiendas para acelerar un acuerdo para la derogación.

El pasado 17 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó en la clausura del 40º Congreso Federal del PSOE la intención del Gobierno de "poner fin" a la 'Ley Mordaza', lo que llevó a sus socios de Unidas Podemos a exigir que la Mesa pusiera fin a las prórrogas y los grupos pudieran presentar ya sus enmiendas parciales.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, ha defendido este martes la "compatibilidad" que existe entre unas "relaciones transatlánticas tan fuertes como hasta ahora" y la "autonomía estratégica" como "concepto transversal" en el seno del futuro de la UE.

En un debate organizado este martes por el Real Instituto Elcano, la Fundación Carlos de Amberes y el Instituto Clingendael, González-Barba ha defendido que a pesar de que se trata de un concepto que empieza en el ámbito de la política común de seguridad y defensa, la pandemia ha puesto de relieve que también afecta "a la política comercial y a la industrial, incluso a la fiscalidad y el papel del euro como moneda de refugio y valor seguro".

Además, "toca aspectos como la sanidad, la energía, el multilateralismo (...) casi todo, ya que se trata de un concepto transversal", por lo que ha defendido esta autonomía estratégica por ser "perfectamente compatible con unas relaciones transatlánticas que sigan tan fuertes como hasta ahora", mientras que ha subrayado que no se trata de "hacer una apuesta por el proteccionismo".

En este contexto, ha detallado que es "analizar cuál es el valor añadido que aporta la Unión Europea a los ciudadanos europeos en el mundo".

En el debate 'España, Países Bajos y el futuro de Europa', representantes de los gobiernos de ambos países y de la academia española y neerlandesa han abordado las relaciones entre Madrid y Ámsterdam, que "no habían sido particularmente intensas en los últimos años", ha matizado el presidente Real Instituto Elcano, Juan José Ruiz.

No obstante, se trata del "inicio de una nueva fase de colaboración entre ambos países", ha explicado. "Dos socios comprometidos con la UE dispuestos a colaborar para abordar los retos que están por delante", ha indicado Ruiz.

En referencia a las relaciones bilaterales, González-Barba ha explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, han apostado por "una reflexión conjunta después de un par de años en los que habían estado en posiciones separadas".

González-Barba ha sostenido que, aunque aparentemente España y Países Bajos "están en las antípodas" y "son dos países que se suelen asociar con dos grupos distintos: 'frugales' y cohesión --en referencia a las negociaciones para otorgar los fondos europeos a los países de la UE para la recuperación tras el coronavirus--", finalmente se ha logrado "un acuerdo con trascendencia", un "ejercicio que ha tenido un impacto positivo".

Por su parte, la directora general de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Anita van den Ende, también ha coincidido en las "diferencias" que existen entre las dos naciones, "pero también existen muchas similitudes", así como con las prioridades de la autonomía estratégica, entre ellas la defensa y economía.

Más de 60 entidades feministas han firmado un manifiesto en el que proponen al Congreso una veintena de cambios que, a su juicio, mejorarían el impacto de género del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), para que se tengan en cuenta en la futura tramitación de este texto en el Parlamento.

El texto realizado por estas organizaciones, bajo el nombre de 'Impacto de Género Ya', recuerda que, según el informe de impacto de género que acompaña a los PGE, estas cuentas tienen un impacto alto en un 22% de los programas y el 11% de los presupuestos; un impacto medio en el 33% de los programas y el 61% de los presuestos; bajo en el 45% de los programas y 25% de los presupuestos; y ninguno en el 8% de los programas y 3% del gasto.

Además, si se analiza solo el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) --que distribuye en 4 ejes: digital, verde, social y feminista-- la plataforma señala que son más de dos tercios de la inversión los que se dedican a la transformación verde (39%) y digital (29%), en detrimento de las políticas sociales y de igualdad de género, como Salud (1,5%), Educación (2,4%) y Nueva economía de los cuidados (3,6%)

"En el PGE 2022 los fondos transversalizan la igualdad de género en los procedimientos, la contratación y subvenciones públicas para ejecutarlos", apunta el escrito, antes de señalar que, sin embargo, "son minoritarios los programas que la especifican".

RATIFICAR EL CONVENIO 189 DE LA OIT

Por eso, estas entidades llaman a Hacienda a desglosar por sexo el Sistema Integrado de Información del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma que haya esta información sobre las personas beneficiarias, tanto en la fase de selección como en la de ejecución de proyectos.

También quieren que se cree una estadística pública anual delRegistro retributivo de empresas, que se incluye en el decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; así como que se "equipare a las empleadas hogar en la protección por desempleo y seratifique el Convenio 189 de la OIT; o que se amplíen a 20.000 los contratos laborales subvencionados de víctimas violencia de género, como medidas de protección a las mujeres ante la crisis de empleo generada por la pandemia.

En este sentido, también piden la Gobierno "prudencia" a la hora de eliminar prestaciones como la Renta Activa de Inserción (RAI), "ahora que la estaban conociendo los servicios sociales", apunta.

Como medidas frente a la brecha de género en pensiones, el manifiesto llama a que la reforma de las pensiones en trámite tenga en cuenta las medidas presentadas por las feministas en marzo de 2020 en Congreso y Senado y que tenían como objetivo "no seguir alimentando la desigualdad en los salarios y tiempos cotizados con tiempo parcial", poner solución a las "lagunas de cotización" y que "más mujeres tengan pensión propia suficiente y dependan menos de la de viudedad.

MEJORAS EN EL IMV

Las entidades también creen que la creación, en 2022, de 200.000 empleos públicos en sanidad, educación de 0 a 3 años y atención a la dependencia, para sustituir trabajo no pagado de cuidados, es otra solución a este problema.

Pero además, proponen reducir la jornada laboral general a 35 horas semanales; contrarrestar la doble discriminación en la Seguridad Social de las empleadas de hogar y trabajadoras agrarias; o que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sea un derecho individual, no de la "unidad de convivencia". A su juicio, este concepto "enmascara el rol patriarcal de 'cabeza de familia'.

Estas entidades también quieren que el IMV asegure la compatibilidad de procedimientos y prestaciones con los subsidios de las CCAA, que esta prestación incluya a las personas solicitantes de asilo o protección internacional y que sea "realmente accesible" a las víctimas de trata y las mujeres extranjeras víctimas de violencia machista.

"Que en vez de seguir reduciendo la cobertura de la Protección a la familia, se establezca una prestación universal de 100 euros al mes por hijo a cargo, como en casi todos los estados de la UE", apunta también el texto.

DUPLICAR LA PLANTILLA DE IGUALDAD

Por otra parte, las entidades reclamar personal público estable para las políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género, para ello, quieren que "se duplique, en dotación y oferta de empleo público ágil", la plantilla del Ministerio de Igualdad que, según explican, actualmente cuenta con 71 funcionarios y 17 laborales.

En relación a la labor del departamento que ahora dirige Irene Montero, quieren que las transferencias que se realizan a las CCAA y ayuntamientos, en particular las del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y las del Plan Corresponsables, sean programas plurianuales "con objetivos e indicadores de ejecución claros" para una mejor medición, seguimiento y evaluación de las mismas.

Además, no quieren que se hable de "desinstitucionalizar a las personas en situación de dependencia" estigmatizando a las residencias, de forma que "en vez de mejorar su calidad y su gestión pública" se dé a entender que "todas las personas pueden ser cuidadas en casa".

Para las entidades esto "supone un retroceso en el reparto de su cuidado entre el Estado y las familias, volviendo a cargarlo sobre las hijas, esposas y mujeres de la familia".

MEJORAS EN RESIDENCIAS

En este sentido, ponen una ley marco con ratios mínimos de cobertura e intensidad de los servicios y de personalen las residencias y servicios sociales de un trabajador social por cada 1.700 habitantes, en base a la profesionalización de las personas cuidadoras y condiciones laborales decentes, no al 30% de prestación para cuidadores familiares o para personas en situación de precariedad laboral, inmigrantes en su mayoría.

Mantener los contratos realizados para la Covid-19 como inicio delreforzamiento de los servicios de sanidad, educación y servicios sociales con 1 millón de empleos adicionales de aquí a 2030, como propone la OIT, es otra de las peticiones que se incluyen en este manifiesto.

En materia educativa, estas entidades piden al menos 400 millones de euros para sumar a las 65.000 nuevas plazas de educación infantil otras 78.000 en el resto del territorio del Estado.

Además, se han mostrado "preocupadas" por la inversión "en sectores altamente masculinizados como el de la energía. A su juicio, esto se hace "sin prever suficientemente planes de igualdad, medidas de fomento del empleo verde en mujeres o una apuesta decidida por las Comunidades energéticas".

POCA PRESENCIA EN SANIDAD

Por otra parte, denuncian que los PGE para Sanidad solo contemplan el enfoque de género de manera específica en 2 epígrafes, una partida presupuestaria de 100.000 euros para incluir el enfoque de género en la política de reducción de desigualdades y el Observatorio,del que se menciona su composición desde 2019.

A su juicio, son aspectos "testimoniales" en un Ministerio que, apuntan, tiene "tanto impacto sobre la salud de las mujeres y en un sector en que la presencia de mujeres es mayoritaria". "No aparece mención a la Salud Sexual y Reproductiva (SSR)", apunta también el texto en el apartado sobre Salud.

Finalmente, las organizaciones feministas llaman a incrementar los recursos destinados a ayuda humanitaria hasta que alcancen, al menos, los 120 millones de euros, incluyendo partidas destinadas a salud sexual y reproductiva, violencia de género y protección y seguridad para las mujeres, adolescentes y niñas; y piden la creación de una Oficina de Cooperación Feminista en coherencia con la Política Exterior Feminista a la que se refiere el Gobierno en estos PGE.

La comisión del Congreso encargada de investigar la gestión de las vacunas contra el Covid en España tiene previsto cerrar este miércoles el listado de los comparecientes que desfilarán por este órgano, aunque no espera recibir a los primeros hasta mediados o finales de noviembre.

La citada comisión, que preside el socialista Guillermo Meijón, tiene programada una reunión donde los distintos grupos parlamentarios pondrán en común las personas a las que quieren llamar, después de que hace unos días concretaran el plan de trabajo que llevarán adelante en los próximos meses.

Un esquema en que el que el PSOE y el PP coinciden en no poner el foco sobre los cargos públicos y políticos que se vacunaron saltándose el orden de prioridad establecido por las autoridades sanitarias, que fue precisamente la razón que llevó a Más País-Equo y Compromís a solicitar la apertura de esta comisión el pasado mes de febrero.

LOS CASOS PUNTUALES NO SON RELEVANTES

Mientras que en el PSOE apuntan que este órgano parlamentario debe centrarse en conocer con detalle la estrategia de vacunación con el fin de aprender para futuras pandemias o crisis sanitarias, y no tanto en los casos puntuales, el PP defiende que la mayor parte de los políticos señalados por saltarse la cola de vacunación han dimitido y que, por tanto, la comisión debe estudiar retrospectivamente lo que se hizo mal con el fin de que se puedan extraer lecciones de cara al futuro.

Esta posición de los dos partidos mayoritarios llevó a Ciudadanos a presentar una enmienda al borrador del plan de trabajo impulsado por el PSOE reclamando que se investigara a los cargos públicos y políticos que se vacunaron indebidamente, pero ese texto acabó derivando en que la comisión analizará las "incidencias reseñables" registradas durante el proceso de vacunación, con el voto en contra de los 'naranjas'.

LÓPEZ MIRAS Y LAS INFANTAS ELENA Y CRISTINA

Previendo lo que pasaría, los de Inés Arrimadas decidieron incluir en el listado de comparecientes que quieren que desfilen por la comisión a una treintena de cargos públicos de uno y otro signo que se pusieron la vacuna contra el Covid de forma irregular, así como del presidente de Murcia, Fernando López Miras, por ser ésta la comunidad donde, dicen, se registraron más irregularidades.

De su lado, Compromís quiere que el Congreso llame a las infantas Elena y Cristina después de conocerse en marzo que se habían vacunado en Emiratos Árabes en una de las visitas que realizaron a su padre, Juan Carlos I.

También reclaman a la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, y a la presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE y ex ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, después de los diversos casos de políticos de uno y otro partido que se pusieron la vacuna, así como al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, uno de los señalados por 'colarse' en el orden de vacunación, y al presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, Juan Carrión.

EL PP PIDE A ILLA, SIMÓN Y CONSEJEROS

En el PP quieren ver por la comisión a un total de 40 personas, entre ellas al exministro de Sanidad Salvador Illa, a diversos cargos del Ministerio de Sanidad, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, así como a los consejeros de Sanidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla, todos ellos del PP.

En su listado también figuran, entre otros, la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, los presidentes de distintas sociedades o federaciones médicas o de pacientes, el delegado de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato policial Jucil, pero también al máximo responsable de Farmaindustria y representantes de Astra Zeneca, Pfizer, Moderna y Janssen.

Por su parte, el PSOE ha presentado una lista con una docena de nombres, entre ellos responsables de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios o del Instituto Carlos III, a la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, a los responsables de la Estrategia de Vacunación de los gobiernos de Asturias y Extremadura, y a distintos miembros de sociedades científicas.

De su lado, Vox sugiere los nombres de los presidentes del Comité de Biotética de España, Federico de Montalvo, y de la Asociación Española de Vacunología, Amós García; a la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas; al presidente del Comité del Covid del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Emilio Bouza; o a la eurodiputada del PSOE y presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha explicado este martes que la reunión que se ha celebrado este martes, encabezada por el presidente Pedro Sánchez, para encauzar la crisis abierta entre los socios de la coalición por la reforma laboral, ha sido "constructiva", y ha reconocido que ha sido oportuna, "después de los acontecimientos de la semana pasada".

En todo caso, ha destacado que lo importante, más allá de "debates nominalistas" sobre el término "derogar", es llegar a un acuerdo con los sindicatos y los empresarios, no solo para acabar con los "errores" de la reforma laboral del PP sino para diseñar un nuevo marco de relaciones laborales; algo sobre lo que se ha mostrado optimista.

"Tienen discrepancias pero se esta avanzando y eso es lo importante", ha asegurado Montero en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Senado, al ser preguntada en concreto sobre la posibilidad de sumar a la patronal al acuerdo.

En cuanto a la reunión de este martes en el seno del Gobierno, Montero ha afirmado que "después de los acontecimientos de la semana pasada, era bueno" que se produjera un encuentro en el que "cada uno pudiera expresar aquello que quisiera". Asimismo, ha destacado el hecho de que haya estado presidido por Sánchez.

La ministra, que ha estado presente en la reunión junto a las dos protagonistas de la disputa --las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz--, ha asegurado que el presidente "es quien se pone al frente de todas las reformas importantes". "La reunión nos ha servido a todos", ha afirmado.

Eso sí, Montero no ha querido entrar en el detalle, y ha restado peso al hecho de que en el comunicado que ha enviado Moncloa tras el encuentro se el Gobierno se haya comprometido de nuevo a "derogar" la reforma laboral del PP de 2012, a pesar de que Sánchez, Calviño y el resto de ministros socialistas lleven semanas evitando usar ese término.

"Siempre hemos dejado claro que el debate no es nominalista", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que ese debate versa sobre "superar los errores de la reforma laboral" pero también ir más allá y diseñar un nuevo marco de relaciones laborales.

La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha negado que exista "adoctrinamiento" en los libros de texto que utilizan los escolares en los centros educativos de España.

Así lo ha sentenciado este martes en el Pleno del Senado en respuesta al senador 'popular' Alberto Catalán --al que ha acusado de lanzar "soflamas injustas" y "temerarias"--, quien ha preguntado a la ministra su opinión sobre "el adoctrinamiento, el incumplimiento de la legalidad y del currículo educativo en los libros de texto que se utilizan en centros escolares".

Catalán ha denunciando en la Cámara Alta que en Navarra hay libros de texto que "incumplen el currículo escolar y la realidad institucional de la Comunidad", al incluir "contenidos referidos a Navarra en el contexto de esa quimera que el independentismo denomina Euskal Herria". El senador ha puesto de ejemplo que en algunos de esos libros, se dice que en 1280, en la Península Ibérica había una zona denominada Nafarroa en la que estaban incluidas las tres provincias vascas, lo que considera "una auténtica aberración histórica", "una manipulación burda sin ningún rigor científico".

En respuesta, la ministra ha señalado que su pregunta versa sobre "algo que sencillamente no existe". "No existe incumplimiento de la legalidad, ni existe adoctrinamiento en los libros de texto que se utilizan en los centros escolares de nuestro país", ha sentenciado.

Justo después, el senador del PP ha acusado a Alegría de esta forma: "Miente usted como una bellaca". Y ha insistido en que hay incluso sentencias, como la de 2011, según ha precisado, que "deja muy claro que hay libros de texto que presentan a la Comunidad Foral de Navarra en un contexto que distorsiona la realidad natural, histórica, jurídica, política y geográfica", al referirse a Navarra como Euskal Herria.

Además, Catalán ha denunciado que esa misma sentencia recoge que "se está vulnerando de manera manifiesta, palpable y clara, normas del bloque constitucional orgánico, ordinario y reglamentario". "¿Va a mirar para otro lado, como hace el Gobierno de Navarra de la señora Chivite para no mosquear ni cabrear ni enfadar a los independentistas, a los que les debe la presidencia y los que son sus socios?", le ha preguntado.

En su turno de réplica, la ministra ha reprochado al senador que lance afirmaciones "injustas" y "temerarias", recordándole que en España los libros de texto que se utilizan en los colegios e institutos no necesitan ningún tipo de autorización y son elegidos libremente por los profesores en los distintos centros educativos.

La ministra también ha echado en cara al senador su pasado como consejero de Educación en la Comunidad Foral de Navarra. "Que yo sepa, durante su Gobierno, siendo usted consejero, no se retiraron esos libros de texto que a usted le parecen que les molesta tanto", ha criticado Alegría, que ha pedido "algo más de mesura" a la hora de realizar este tipo de "consideraciones" o "soflamas" que "desprestigian" la educación española, según ha dicho la ministra.

Y es que, para Alegría, estas afirmaciones son "doblemente graves" al provenir de un exconsejero de educación de una comunidad autónomas, en su caso, la de Navarra.

"Usted, como muchos otros diputados, señorías, senadores de los partidos de la derecha de este país, hablan muy alegremente de que en la escuela española se adoctrina --ha afirmado--. Yo cada vez que los escucho hacer este tipo de afirmaciones, me pregunto qué es lo que realmente están queriendo decir ustedes: ¿que durante todos los días, más de 750.000 profesores y maestros que prestan sus servicios en las escuelas distribuidas en el territorio español, adoctrinan a nuestros estudiantes y a nuestros alumnos? ¿Es eso lo que ustedes están queriendo decir?".

La ministra, por tanto, ha pedido al PP que deje de referirse a la "cantinela excesivamente manida" del adoctrinamiento: "Todo aquello que esté fuera de sus ideas y sus ideales, ustedes le llaman adoctrinamiento".

El Gobierno ha nombrado a Ramón Santos Martínez como nuevo encargado de negocios en Venezuela en vísperas de las controvertidas elecciones regionales y municipales que tiene previsto celebrar el país el próximo 21 de noviembre.

El nombramiento de Santos como encargado de negocios con cartas de gabinete se publicó este sábado en el BOE pero su designación por el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, se produjo el 22 de octubre según consta en el boletín. No obstante, el Gobierno no ha precisado si ya se ha producido su incorporación o cuándo está prevista.

Santos se convertirá así en el máximo representante de España en Venezuela, donde desde la salida de Jesús Silva como embajador en noviembre de 2020 el Gobierno optó por rebajar la relación a nivel de encargado de negocios como muestra de su disconformidad con la situación en el país.

El nuevo encargado de negocios vendrá a ocupar un puesto que quedó vacante a finales de julio pasado tras el nombramiento del anterior, Juan Fernández Trigo, como nuevo secretario de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo.

Diplomático de carrera, Santos ha sido embajador en Panamá entre 2015 y 2019 y en Bolivia entre 2008 y 2012. Además, ha estado destinado en la Embajada en Estados Unidos y en la Representación española ante la UE, entre otros.

Dentro del Ministerio, ha sido embajador en misión especial para las Cumbres Iberoamericanas y Asuntos Multilaterales de Iberoamérica así como subdirector general de Países de la Comunidad Andina, subdirector general de países del MERCOSUR y Chile y subdirector general de Cooperación con Países de América Central y Caribe.

Con Arancha González Laya como ministra de Exteriores, Santos había ejercido en los últimos tiempos de asesor, centrado principalmente en todo lo relativo a Cataluña y los esfuerzos de la Generalitat para lograr respaldo internacional.

ELECCIONES EN TRES SEMANAS

Su llegada a Caracas como encargado de negocios se produce en un momento particularmente importante, ya que el país celebra elecciones regionales y municipales el 21 de noviembre a las que, pese a las reticencias iniciales, concurrirá la oposición que encabeza Juan Guaidó si bien considera que no se dan todas las garantías.

Además, el Gobierno abandonó recientemente el diálogo entablado con la oposición en México en respuesta a la extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde de Alex Saab, considerado como el testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Albares mostró su "decepción" por este paso al tiempo que ha dejado claro en repetidas ocasiones que el Gobierno apuesta por el diálogo como "única forma" para resolver la crisis en la que está sumida Venezuela.

En este sentido, el ministro ha mantenido en las últimas semanas contactos tanto con el Gobierno venezolano, con cuyo nuevo canciller Félix Plasencia se reunió en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, así como con dirigentes opositores como Leopoldo López, que reside en España, y con el excandidato presidencial Henrique Capriles.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha completado este martes la renovación de la cúpula del departamento que inició tras acceder al cargo el pasado 12 de julio con el nombramiento del titular de la nueva Dirección General del Español en el Mundo.

El Consejo de Ministros ha aprobado la designación de Guillermo Escribano Manzano para este puesto de nuevo cuño que se engloba dentro de la recuperada Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe, a la que Albares ha incluido también el Español en el Mundo y cuyo titular es Juan Fernández Trigo.

Este era el último alto cargo en el Ministerio que aún no había sido designado, después de que en los últimos meses el nuevo ministro haya procedido a cambiar a los directores generales que nombraron sus antecesores, algunos de los cuales ya estaba previsto que dejaran sus cargos para ocupar puestos de embajadores en el extranjero.

Por el momento, el único alto cargo que continúa es el director general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Juan Duarte, nombrado en octubre de 2018 por el entonces ministro, Josep Borrell, y cuyo departamento desempeñó un papel fundamental en la evacuación de afganos el pasado agosto.

Escribano es licenciado en Derecho y miembro de la Carrera Diplomática desde 2002 y desde hace solo un mes era vocal asesor en el gabinete de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

En sus casi 20 años de trayectoria ha sido jefe de servicio en la Subdirección General de Oriente Próximo (2003-2004), secretario en la Embajada en Berlín (2004-2008), consejero cultural en la Embajada en Rabat (2008-2012) y jefe del departamento de Cooperación y Promoción Cultural (MAEC-AECID) (2012-2015).

Posteriormente fue secretario en la Embajada en Manila (2015-2018) y ocupó la segunda jefatura en la Embajada en Varsovia (2018-2021) antes de convertirse en subdirector general de Coherencia de la Acción Exterior.

NUEVO EMBAJADOR EN COLOMBIA

El Consejo de Ministros también ha aprobado el nombramiento de Joaquín María de Arístegui Laborde como nuevo embajador en Colombia en sustitución de Marcos Gómez, a quien Albares nombró hace unas semanas embajador en Rusia.

De Arístegui es licenciado en Derecho y entró en la Carrera Diplomática en 1992. Hasta junio pasado era director general de Deportes, en la Secretaría de Estado para el Deporte, después de haber formado parte del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona (COOB 92) en el inicio de su carrera.

En 2018 fue nombrado director general de la Oficina de España Global, en la Secretaría de Estado para la España Global. Asimismo, ha estado destinado en las embajadas en Rumanía, El Salvador, Tailandia, Países Bajos y ante los organismos de la ONU en Ginebra, donde posteriormente fue embajador. También ha sido embajador en Trindad y Tobago, Barbados, Santa Lucía, Granada, Surinam, Guayana, San Vicente y las Granadinas y ante la Comunidad del Caribe (CARICOM) de 2010 a 2014.

El Museo Virtual de las Mujeres Combatientes (MVMC) ha recibido desde su 'apertura' al público, en abril, y hasta el mes de septiembre de 2021, un número aproximado de 61.000 visitas y ha generado 124.000 impactos/eventos, según ha informado este martes el Instituto de las Mujeres, departamento dependiente de Igualdad que patrocina esta iniciativa.

La directora del Instituto, Antonia Morillas, hapresidido este martes la presentación de este museo que cuenta con 3.226 fichas de mujeres combatientes y que tiene como objetivo crear un lugar de referencia histórico, visual y educativo respecto a la participación de las mujeres como combatientes en la Guerra Civil.

Junto a Morillas, también han participado en este acto Gonzalo Berger y Tania Balló, director y directora del proyecto y Pilar Toboso, directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad autónoma de Madrid, junto con representantes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la Fundación Rosa Luxemburg.

En su intervención, Morillas ha destacado "el riguroso y minucioso trabajo del equipo investigador, así como el carácter abierto para ampliar los fondos del museo, que contará con aportaciones particulares para contribuir a la recuperación colectiva de la memoria democrática".

RESCATE DEL OLVIDO

Igualmente ha señalado "la importancia de rescatar del olvido esta participación femenina directa en la defensa de los derechos democráticos", así como "las consecuencias que afrontaron por su condición de mujeres".

Morillas cree que, "sin duda", las combatientes "sabían que luchaban contra un sistema que cercenaría sin contemplaciones los avances que la República había traído para las mujeres en el ejercicio de sus derechos, como así fue" y que "luchaban para impedir" que ellas fueran "nuevamente sometidas al control masculino, a la minoría de edad civil, a no disponer de sus vidas y sus bienes, a encerrarlas en el ámbito doméstico o a privarlas de la patria potestad sobre sus hijos e hijas, como así fue".

Para la directora del Instituto de las Mujeres, rescatar la memoria de estas mujeres implica un doble ejercicio: "poner nombre a esas mujeres que, como las combatientes antifascistas, representaban la ruptura con los roles de género, también en el campo de batalla; y valorar los trabajos de asistencia que, por estar atribuidos a las mujeres y relacionados con los cuidados, ocupan aun hoy en su reconocimiento un lugar secundario".

Según ha explicado, los registros incorporados al museo aportan información sobre quienes fueron las combatientes, su afiliación, en qué frentes lucharon, cómo fue su retirada del frente o su destino final (muchas desaparecieron en los frentes, fueron encarceladas, exiliadas o maltratadas).

EXPOSICIÓN PERMANENTE Y TEMPORALES

Por su parte, el apartado de información colectiva, apunta el Instituto, incluye porcentajes de afiliación política, su distribución territorial y los frentes en que combatieron. Además, el museo cuenta también con una sección de exposición permanente, bajo el nombre 'La mujer en la Guerra de España'.

Esta muestre incluye apartados como 'República y nueva ciudadanía'; 'La sublevación de los militares'; 'El conflicto armado (1936-1939)'; 'Las combatientes'; 'Milicianas: voluntarias en las milicias antifascistas'; 'Mujeres soldado: el Ejército Popular de la República'; 'Las milicias femeninas', y 'El final de la Guerra: exilio, represión y resistencia'.

Del mismo modo, cuenta con otra sección para exposiciones temporales, que estarán relacionadas con la memoria democrática con perspectiva de género.

Toda esta información obtenida procede de archivos nacionales, provinciales y locales, y también de fondos privados o familiares. La búsqueda también se ha realizado en aquellos países donde fue activa la participación de mujeres brigadistas.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que acuerde interrogar como imputados al ex dirigente 'chavista' Luis Carlos de León Pérez y su mujer, Andreina Gámez, después de que la Policía haya conseguido localizarlos en Estados Unidos, situando al matrimonio entre las personas que habrían cobrado comisiones para favorecer a la empresa española Duro Felguera en sus contratos con el Gobierno venezolano.

En un escrito de 11 de octubre, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa interesan al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 que reclame la cooperación de las autoridades estadounidenses para tomar declaración a De León y Gámez una vez que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha averiguado que viven en Houston.

Moreno investiga presuntos delitos de organización criminal, corrupción internacional y blanqueo de capitales en torno al contrato que Duro Felguera firmó en 2009 con la empresa venezolana EDC, una filial de la entidad pública Corpoelec, para construir una central de ciclo combinado por un importe de más de 1.500 millones de euros con el objetivo de atender la creciente demanda eléctrica de Caracas y su área de influencia.

Para ello, según exponen los fiscales, Duro Felguera firmó una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas relacionadas con el Gobierno de dicho país que "tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil".

Anticorrupción indica que Duro Felguera habría entregado a través de una supuesta empresa pantalla al menos 105 millones de dólares al ex viceministro de Energía Nervis Villalobos para que "usara su capacidad de influencia en la administración venezolana" en beneficio de la empresa española.

De León habría sido uno de los receptores de ese dinero por ostentar en ese momento "puestos de total capacidad de decisión dentro del sector energético para la contratación de empresas". En concreto, el Ministerio Público apunta que habría recibido 3,8 millones de dólares en una transferencia bancaria entre sociedades.

INVERSIONES EN ESPAÑA

En el caso de su mujer, Anticorrupción afirma que Gámez "aparece como una colaboradora de su marido, no solo en el disfrute de los beneficios de las comisiones cobradas de forma fraudulenta, sino en la participación en la creación de sociedades, en contratos y en la recepción de transferencias para introducir los beneficios económicos en España y otros países" mediante la compra de inmuebles, valores y otros títulos y operaciones societarias.

En este sentido, los fiscales llaman la atención sobre una casa que el matrimonio compró en 2014 en la urbanización de lujo La Moraleja (Madrid) realizando una inversión superior a los 4 millones de euros.

También ponen el foco en una ampliación de capital por 3 millones de euros en una sociedad de la que era socia única Gámez y que se realizó a través de la aportación de un inmueble en Madrid cuya adquisición se hizo mediante transferencias ordenadas desde cuentas vinculadas a la pareja.

En su escrito, avanzado por Vozpopuli, aluden a una tercera operación que habría consistido en crear una SICAV en España donde Gámez poseía el 100% de las acciones y con cuya disolución obtuvo más de 4,5 millones de euros.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal integrado por 33 personas que se dedicaban, presuntamente, a incorporar víctimas falsas a los expedientes de accidentes de tráfico de una compañía aseguradora habiendo llegado a defraudar más de 1,2 millones de euros.

Los detenidos han sido acusados de "fraude, falsedad documental, intrusismo y blanqueo de capitales" y habrían llegado a alterar 41 expedientes de accidentes de tráfico, según ha informado Policía Nacional en un comunicado.

Una treintena de las detenciones se han llevado a cabo en la localidad madrileña de Getafe, dos de ellas en Madrid capital y una en Murcia. Además, durante la investigación, se han realizado tres entradas y registros en domicilios, dos de ellas en Madrid y una tercera en la localidad madrileña de Morata de Tajuña. En estas actuaciones policiales se intervinieron 8.995 euros en efectivo, teléfonos móviles, equipos informáticos y documentación.

Las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia interpuesta por la aseguradora afectada, quien alertó de la "actividad fraudulenta" que habían detectado en una de sus empleadas.

Las irregularidades se encontraban en una serie de expedientes de accidentes de tráfico indemnizados por la compañía, todos ellos tramitados o supervisados por la misma empleada, que incorporaba víctimas falsas a expedientes de accidentes de tráfico reales para, posteriormente, cobrar la correspondiente indemnización.

Esta empleada, beneficiándose de los cargos que fue ocupando en la empresa, introdujo en los aplicativos de la compañía a personas que se hacían pasar por presuntas víctimas de accidentes de tráfico, los cuales cedieron sus datos bancarios y de identidad.

Para dar veracidad a las supuestas víctimas y superar los controles internos, esta empleada incorporó documentos falsos de todo tipo en los expedientes, como partes médicos, atestados policiales y facturas de servicios de fisioterapeutas, entre otros.

Para justificar estos últimos, los relacionados con servicios de fisioterapeuta, la empleada contactó con el otro principal investigado de la trama, quien emitió a su nombre numerosas facturas, presuntamente falsas, que fueron incorporadas en los expedientes tramitados por la empleada de la compañía.

Además, esta persona consta en uno de los accidentes como presunta víctima. Ambos idearon la operativa defraudadora, y fueron ellos mismos quienes se dedicaron a captar a las víctimas falsas de los accidentes.

Los 41 expedientes se han tramitado durante los años 2019 y 2020 y se ha identificado a 43 personas como presuntas víctimas falsas, algunas de ellas menores de edad, generándose un fraude de 1.201.999,10 euros.

El Juzgado Penal 8 de Barcelona ha absuelto al fotoperiodista de 'El País' Albert Garcia de un delito de resistencia y de lesiones leves a un policía cuando fue detenido mientras cubría los altercados tras la sentencia del 1-O.

La sentencia, declara que no han quedado probadas las acusaciones contra Garcia, según las cuales supuestamente no hizo caso a la Policía cuando los agentes le pidieron que se fuera de la plaza Urquinaona, como tampoco se ha probado que intentara evitar su detención empujando a un policía.

Entre los hechos probados de la sentencia el juez expone que esa noche García trabajaba cubriendo las protestas para el diario 'El País', algo que la acusación puso en duda en el juicio.

El juez explica que su decisión se basa en la declaración de Garcia, las de seis policías que intervinieron ese día y las de varios testigos que presenciaron la detención del fotoperiodista, además de siete vídeos del momento y los informes médicos de García y del policía que denunció lesiones.

Respecto a la declaración del agente que denunció el empujón, el juez reprocha "varias frases de su testimonio, como la de que recuerda lo ocurrido en el vídeo 1 de otra forma, pretendiendo desmentir una prueba videográfica que el resto de testigos han reconocido como válida".

El juez también señala que no haya prueba videográfica de que lo apercibiera y que el policía declaró que no pudo detener él mismo a Garcia y pidió ayuda a otros agentes a causa de la lesión que supuestamente le había provocado, y sin embargo no fue al médico hasta una semana después.

El juez afirma que "estar de alta laboral, interviniendo en una actuación tan compleja y expuesta como la de los disturbios consecuencia de la sentencia del 'procés', con la violencia existente, es ciertamente incompatible con una lesión" como la que relató el policía.

TESTIMONIO DE OTRO AGENTE

La sentencia no da valor a la declaración de un policía que testificó "cosas que ninguno de los declarantes vio, incluso el agente lesionado, y que no se encuentran en los vídeos", como que Garcia supuestamente dio un puñetazo al agente.

El juez también descarta el testimonio de otro policía que dijo que vio como Garcia empujaba al agente lesionado y forcejeaba con él, pero que estaba de espaldas, mientras que otro testigo declaró que en ese mismo momento estaba de cara y vio que el policía empujaba al fotoperiodista y no al revés.

"Respecto del forcejeo, pese a lo que refieren los agentes, no es tal, más bien es un agarrón de un agente de la autoridad a una persona con el fin de proceder a su detención", y el juez concluye que existen serias dudas, en sus palabras, de que ocurriera lo que relataba la Fiscalía en su escrito de acusación.

FISCALÍA PIDIÓ PRISIÓN

En el juicio, la Fiscalía pidió multarle con 4.800 después de rebajar su petición de pena, ya que al principio pidió condenarle a nueve meses de prisión también por un presunto delito de atentado, pero cambió de criterio al ver las grabaciones del día y constatar que algunas afirmaciones del atestado policial "pueden ser un tanto exageradas".

Esa fue la segunda vez que la Fiscalía rebajó la petición de la pena en esta causa: al principio, atribuía a García un segundo delito de atentado por otro incidente con otro policía unas horas antes, pero la Audiencia de Barcelona ordenó archivar esa parte del caso al no haber indicios suficientes para mantener la acusación al fotoperiodista.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha "compartido" la preocupación de los habitantes del medio rural que le ha trasladado la senadora del PP María Pilar González, por el impacto del despliegue de las energía renovables y le ha adelantado que posiblemente "no todos acaben de fructificar".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Ribera ha confiado en que "muchos de los proyectos presentados "no acaben de fructificar" porque en términos de presentación de ideas "los números están muy por encima de los objetivos que el Gobierno se ha marcado para 2030.

"Hay que planificar bien", ha respondido a la pregunta de la senadora sobre las decisiones que va a adoptar el Gobierno para regular los parques fotovoltaicos para evitar el daño ambiental.

Ribera ha admitido que "en efecto" comparte las consideraciones manifestadas por la senadora popular a la que ha emplazado a "dialogar" sobre estos temas "muy interesantes".

No obstante, ha adelantado que "muy probablemente, si las cosas se plantean bien" el Gobierno quiere conseguir más de 500.000 techos con paneles solares fotovoltaicos, 2.500 comunidades energéticas, así como aumentar el autoconsumo y buscar facilidades para que plantas de menos de 5 megawatios puedan operar "prontamente".

La ministra ha valorado la colaboración en esta tarea de herramientas cartográficas, del refuerzo del apoyo de las diputaciones provinciales y con las comarcas para que puedan responder y participar en la planificación renovable en la que el Gobierno ha buscado un "sistema diferente" para que la evacuación de energía a la red tenga en cuenta el suministro con un impacto económico positivo y busque la "máxima" compatibilidad de las comunidades y evitando el impacto paisajístico.

Precisamente, ha insistido en que comparte las "consideraciones" formuladas por la senadora y ha asegurado que el Gobierno se esfuerza para aplicar la legislación vigente, de modo que la aplicación de la legislación vigente pueda calmar la preocupación de los ciudadanos por el impacto ambiental del despliegue de las renovables.

Ribera ha situado el contexto de la reciente Cumbre del G-20 y la COP26 que se celebra en Glasgow el objetivo de acelerar la acción pero fundamentalmente hay que "hacer las cosas bien". En ese sentido, ha apostado por aumentar la eficiencia, la electrificación, los techos solares y las comunidades energéticas con una planificación bien ordenada y con "diálogo en el terreno" para que se pueda "dar respuesta" a las preocupaciones de las personas.

ORDENAR LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL DUERO

Además, en la sesión de control al Gobierno, el diputado popular Luis Alberto Plaza, ha interrogado a Ribera sobre la tramitación del Plan Hidrológico de cuenca que está tramitando la Confederación Hidrográfica del Duero puede calificarse como un plan sostenible y adecuado para la vida y la riqueza de la zona afectada.

"Por supuesto", ha espetado la vicepresidenta, que ha respondido a Plaza en un tono muy diferente al empleado con la también senadora popular Pilar González.

El senador ha afirmado que el PP apuesta por una regulación del recurso y no por una restricción y ha acusado a Ribera de estar "tremendamente" alejada del mundo rural y de actualizar el plan hidrológico de cuenca "a espaldas de todos los vecinos del mundo rural".

Además, ha acusado a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, Cristina Danés, de "arbitrariedad" en la resolución de las alegaciones presentadas a las que, según ha añadido, no ha respondido.

"Necesitamos regulación, no restricción", ha defendido el senador que a nivel económico ve "fundamental" generar riqueza en el medio rural.

Al mismo tiempo, ha acusado a Ribera de "falta de capacidad de escuchar y de falta de empatía total". Así, le ha manifestado que "no se puede conocer las cosas" desde el Paseo de la Castellana o desde el Ave Madrid a Valladolid sino "desde el campo", por lo que le ha pedido que escuche a los regantes, y que no se olvide de los agricultores del medio rural.

A continuación, la vicepresidenta le ha respondido que "si hay algo" que le importa a su departamento son las personas y por eso está tratando de atender a las distintas sensibilidades sin hacerse trampas al solitario.

En concreto, ha asegurado que las principales preocupaciones en esta materia de su departamento son la extracción del agua por encima de las posibilidades del recurso, la contaminación difusa por nitratos y el buen estado de los ríos y de las masas de agua.

Por último, ha recordado las cifras económicas de desembolso "importante" marcadas en el próximo ciclo de planificación hidrológica que contempla 2.700 millones de euros para el Duero hasta 2027, además de otros 140 millones de inversión entre 2022 y 2023 procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia.

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, instó este martes a todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias a "unir fuerzas" para impedir que las prospecciones autorizadas por Marruecos afecten lo más mínimo a Canarias.

El líder de los nacionalistas canarios anunció el acuerdo adoptado este martes por el Comité Ejecutivo Nacional que planteará a los nacionalistas canarios a registrar en todos los ayuntamientos y cabildos de Canarias mociones e iniciativas en este sentido para lograr un "respaldo unánime" en un asunto en el que "está en juego" el presente y el futuro de Canarias, las relaciones con Marruecos, tras la ampliación unilateral de las fronteras marítimas y el impacto que podría tener las extracciones de gas e hidrocarburos sobre la biodiversidad marina en el archipiélago.

Fernando Clavijo acusó al presidente canario, Ángel Víctor Torres, de "tomarse un asunto de extrema gravedad como el de este nuevo paso de Marruecos a la ligera" y apuntó que hay que "impedir que el Estado permanezca de brazos cruzados".

El dirigente nacionalista recordó también que "este no es el primer intento de Marruecos por explorar las bolsas de petróleo y gas que podrían encontrarse en esta zona", sin embargo, señala "la diferencia radica en que el área que ha delimitado Marruecos para hacer las prospecciones de 109.000 kilómetros afecta a aguas del Sáhara Occidental y del Sur de Canarias", afectando a la Zona Económica Exclusiva (200 millas).

El secretario general de CC calificó de "inaudito" que el Gobierno del Estado "se enterase por los medios de comunicación" de la autorización que dio a conocer la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos hace apenas unos días a la empresa israelí Ratio Petroleum Partnership y que "afecta de forma directa a Canarias.

Al respecto, señaló que la política internacional del Ejecutivo de Pedro Sánchez "hace aguas", concretamente, se refirió "al fracaso de las relaciones bilaterales España-Marruecos que, como siempre, terminará pagando las islas".

Fernando Clavijo reiteró al presidente canario, Ángel Víctor Torres, que "en este asunto no caben partidismos, ni subordinación a Madrid, ni otros colores que no sean los de Canarias" y le recordó que "los canarios y canarias hablaron alto y claro y dijeron no a las prospecciones que pretendía autorizar el Gobierno de España en su momento, un no que, por supuesto, es extensivo a que esas catas las haga un tercero, en este caso Marruecos en alianza con Israel, y que no solo pondrá en riesgo el ecosistema y la biodiversidad marina de las islas sino que supondrá un atropello de Marruecos que podría acabar en un conflicto internacional, que puede evitar el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que, la ampliación de fronteras marítimas aprobada por Marruecos no tiene ninguna validez jurídica, puesto que, no se ha acordado con España ni la ampliación de la plataforma continental ha sido autorizada por la ONU".

NO CABE LA DIVISIÓN NI LA DEJADEZ

El líder de los nacionalistas canarios apuntó, en este punto, que ya el pasado año el Estado quitó hierro a la citada ampliación de las aguas territoriales aprobado por Marruecos y publicado en su Boletín Oficial, sin embargo, "hoy estamos recogiendo los frutos de la inacción del Estado, y no será porque no lo advertimos los nacionalistas tras conocer la noticia desde el minuto uno".

Clavijo, que también registró hace unos días la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Senado para instarle a informar de la autorización de las prospecciones de Marruecos y de los "pasos que ha dado España para garantizar que no afecten a las aguas Canarias ni directa ni indirectamente", advirtió de que "en este asunto no cabe la división pero tampoco la dejadez que está demostrando el presidente Torres".

"Este es un asunto muy grave y debe ser abordado como tal", destacó, y por eso insistió en la necesidad de ante la falta de respuestas y de gestión del Gobierno del Estado "Canarias lidere un frente común de forma inmediata para garantizar que las autorizaciones otorgadas por Marruecos cumplan con la legislación internacional vigente y, en ningún caso, pongan en peligro directa o indirectamente, por el tipo de actividad, a las islas".

Moderna y Metagenomi han iniciado una colaboración estratégica de investigación y desarrollo centrada en el avance de nuevos sistemas de edición de genes para aplicaciones terapéuticas humanas 'in vivo', con el objetivo de desarrollar terapias curativas para pacientes con enfermedades genéticas graves.

La colaboración utilizará las nuevas herramientas de edición de genes de Metagenomi y aprovechará la plataforma de ARNm de Moderna, así como las tecnologías de entrega de nanopartículas lipídicas (LNP). "Metagenomi ha demostrado el poder de su enfoque metagenómico patentado que extrae el entorno natural de la Tierra para descubrir herramientas de edición de genes de próxima generación y ha desarrollado capacidades de descubrimiento con el potencial de abordar múltiples enfermedades", ha señalado Eric Huang, gerente General y Director Científico de Moderna Genomics (mGx).

"Su plataforma de descubrimiento y su experiencia expandirán los esfuerzos continuos de Moderna Genomics para desarrollar terapias innovadoras de edición de genes in vivo para abordar una necesidad médica significativa no satisfecha. Esta colaboración representa otro hito en nuestro viaje para crear medicamentos transformacionales basados en la ingeniería del genoma", ha añadido.

"La edición de genes tiene el potencial de proporcionar una cura para millones de pacientes que viven con enfermedades genéticas. Nuestra asociación con Moderna está diseñado para acelerar la creación de medicamentos genéticos utilizando los sistemas de edición de genes de Metagenomi, compactos, modulares y precisos de origen natural. Esta asociación mejorará nuestra visión compartida de forjar terapias transformadoras para los pacientes", ha explicado Brian C. Thomas, PhD, CEO y Co-Fundador de Metagenomi.

"Desbloquear el potencial terapéutico de la edición de genes requiere un compromiso a largo plazo para desarrollar las mejores tecnologías tanto para la entrega in vivo como para la reparación de genes. Compartimos el objetivo de Moderna de desarrollar medicamentos basados en ARNm y estamos encantados de asociarnos con ellos", ha afirmado Jak Knowles, MD, CBO en Metagenomi.

Según los términos de la colaboración, Metagenomi y Moderna promoverá una serie de terapias de edición de genes in vivo contra objetivos no revelados. Metagenomi utilizará la gran cantidad de herramientas de sistemas de edición de genes en combinación con las tecnologías de ARNm y LNP de Moderna, para ofrecer terapias de próxima generación para enfermedades genéticas.

Metagenomi recibirá un pago en efectivo por adelantado y es elegible para recibir ciertas tarifas de ejercicio de opciones objetivo, así como pagos por hitos comerciales, regulatorios y de desarrollo, además de regalías escalonadas sobre las ventas netas de cualquier producto que sea comercializado porModerna. Moderna también ha acordado realizar una inversión de capital en Metagenomi en forma de pagaré convertible.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha reivindicado este martes que el Gobierno está cumpliendo con su compromiso de "no dejar a nadie atrás" y sigue trabajando para conseguir sacar de Afganistán más colaboradores afganos, si bien no ha aclarado qué se está haciendo en concreto.

En respuesta a una pregunta formulada por el senador de ERC Robert Masih sobre qué está haciendo exactamente el Gobierno, Albares ha vuelto a sacar pecho por la operación de evacuación realizada en agosto que permitió traer a España a más de 2.000 colaboradores afganos y sus familias así como a otras "personas especialmente vulnerables" como periodistas, activistas de Derechos Humanos o miembros de minorías.

España fue "de los primeros en llegar" para proceder a las evacuaciones tras la caída de Kabul en manos de los talibán el pasado 15 de agosto y "está en el pelotón de los últimos en salir", ha dicho Albares, subrayando que el esfuerzo no se quedó aquí sino que en una segunda fase, con apoyo de Pakistán, se consiguió traer el 11 y 12 de octubre a otros 244 afganos.

Masih le ha replicado que sus palabras "suenan bien" pero a día de hoy, ha añadido, aún hay cientos de personas que continúan en el "infierno" de Afganistán a las que el Gobierno se había comprometido a evacuar, que viven "con miedo a morir en cualquier momento".

Algunos familiares de estas personas, ha indicado, están hoy presentes en el pleno del Senado "con la esperanza que usted les dé alguna respuesta concreta", algo que el senador ha pedido también en nombre de su grupo, reclamando al Ejecutivo que cumpla con su responsabilidad.

"LO QUE EL GOBIERNO DICE LO CUMPLE"

Albares ha asegurado en su réplica que se reunirá con esas familias y ha reiterado el compromiso del Gobierno. "Lo que este Gobierno dice lo cumple", ha afirmado tajante, en medio de los aplausos por parte de algunos senadores.

"Dijimos que no íbamos a dejar a nadie atrás y no estamos dejando a nadie atrás", ha añadido. No obstante, ni en su respuesta al senador de ERC ni a la pregunta formulada a continuación por el PSOE también sobre Afganistán, Albares ha ofrecido detalles sobre los esfuerzos concretos que se están realizando, más allá de remitirse a los viajes que realizó a Pakistán y Qatar el pasado septiembre.

"Hay muchas cosas que no se pueden contar de cómo lo estamos haciendo pero se sigue haciendo", se ha limitado a señalar el jefe de la diplomacia.

Por lo que se refiere a la defensa de los Derechos Humanos en el país que ahora gobiernan los talibán, ha reivindicado que España ha estado a la "vanguardia" como lo demuestra el hecho de que promovió una declaración de los derechos de mujeres y niñas adoptada por la UE y promovida por el Gobierno y la declaración sobre esta misma materia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, coesponsorizada con Australia.